Erwin Colillanca, vocero de la comunidad Trafun Mapu:
D
esde marzo de este año la zona de Liquiñe, localidad precordillerana de la XIV región de Los Ríos, está plagada de policías. Comuneros Mapuche denuncian represión policial, heridos, tala ilegal de bosque nativo y la intervención de dos transnacionales en la zona. ¿Qué es lo que está pasando en su comunidad? Estamos cercados de policías, hay más de 300. Francisco Reinahuel, un abuelito de 84 años, está cagando y meando sangre producto de la golpiza que le dieron. Tenemos 4 citados a la fiscalía de Valdivia, hermanos arrancando por las montañas, gente baleada con perdigones. No podemos dormir tranquilos. La policía está haciendo emboscadas en las entradas de los caminos y persiguiendo a los miembros de la comunidad por Liquiñe, Villarrica, Licanray, Coñaripe y Panguipulli.
¿Por qué tantos efectivos policiales? El problema es que llegó un gringo, Eduardo Elberg, propietario de agrícola Las Vertientes, y se ha apoderado de 60 mil hectáreas, talando bosques de raulí milenarios. Nosotros necesitamos que el gringo se vaya del lugar y nos deje vivir en paz, pero él quiere que los indígenas
salgamos, que lo dejemos explotar el bosque con tranquilidad.
También hay un proyecto hidroeléctrico… Sí, es la Hidroeléctrica Trayenco, filial de SN Power, que pretende instalarse en la zona utilizando las aguas de nuestro lof. De hecho tienen todos los estudios, permisos, y la Agrícola Las Vertientes está vendiéndole la servidumbre de las aguas.
¿Qué piensan hacer? Seguir resistiendo, los jóvenes decidimos que si quieren sacarnos, muertos nos sacarán. En el lof somos más de 100 familias. Lo que quieren ellos es que nadie levante la voz para darle seguridad al capital transnacional. Pero están equivocados. Todos los días hay enfrentamientos con carabineros. Esto hace rato se transformó en una nueva Temucuicui.
ANA RODRÍGUEZ S.
De no cambiar la oferta de sus empleadores, los profesores del Sindicato de Instrucción Primaria de Santiago (SIP)- una corporación educacional fundada por la familia Matte, para mejorar la calidad de la educación en los sectores más pobres- comenzarán este viernes una huelga legal indefinida. Acusan rebaja en los montos de bonificación y prácticas antisindicales.
A última hora del martes, la Sociedad de Instrucción Primaria,
SIP, llamó a un grupo de sus trabajadores a un acto que se celebraría a la misma hora en que los 254 asistentes a la reunión del Sindicato Nº1 de trabajadores de la SIP votaban si se iban a huelga o no. Varios sindicalizados tuvieron que ir y no alcanzaron a votar porque estaban citados a la misma hora en la institución, acusa Ilse Auzián, presidenta del sindicato. Pero la medida, a toda luces una maniobra antisindical, no logró que 251 votantes aprobaran el paro en busca de reivindicación en las condiciones de trabajo y salariales de quienes,
actualmente, han logrado ubicar a los colegios de la SIP entre los mejores de cada comuna. Los profesores están cansados de tener cada día más exigencias sin aumento de sueldo y que sus demandas no sean escuchadas. Lo único que nos daban eran siete días para que alguien se casara. Antes teníamos cinco, pero hoy en día nadie se casa. Para peor, nos querían quitar todos los beneficios del contrato colectivo y adherirlos al contrato individual- cuenta Ilse Auzián. Entre las demandas de los 300 docentes está exigir que no les quiten las dos horas lectivas que tienen como profesores jefe para realizar actividades con los apoderados.
En esas horas nosotros hacemos entrevistas a los apoderados y quieren que ese tiempo lo demos de muto propio, después de nuestras horas de trabajo. En este punto no hay caso, no quieren dar nada - explica Ilse Auzián. Pero esa no es la única rebaja horaria. También las modificaciones contemplan disminuir las horas para dirigentes sindicales de 14 a 12 y, los días administrativos, de tres días a sólo quince horas. Los aguinaldos y bonificaciones también sufrirían recortes. El bono de Navidad pasaría de un 75% del sueldo - entre 300 y 500 mil pesos- a $70.000 para todos. Y, además, pretenden cambiar el sistema de calificación docente por uno que, de premiar a los mejores con $45 mil, ahora lo hará con un máximo de $20 mil. Todo mal.