Revista AJM Nº 6 OCTUBRE 2021 . MONOGRÁFICO VACUNAS COVID-19
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ORIGINAL
Las vacunas contra la COVID-19: un bien público al que no hemos garantizado el acceso global Irene Bernal Responsable del área de Acceso a Medicamentos e Innovación de Salud por Derecho.
La COVID-19 ya acumula más de 4,7 millones de fallecimientos y más de 230 millones de casos notificados[i] y nos ha dejado unas consecuencias sanitarias y socioeconómicas de las que muchos países y personas tardarán años en recuperarse, especialmente las más vulnerables. Una situación dramática que en los países más ricos hemos dejado de percibirla como tal, principalmente gracias a la llegada de la vacuna. Sin embargo, en los países de rentas más bajas, lejos del acceso a la vacuna del que hemos gozado aquí, la situación sigue siendo insostenible y más que nunca son necesarias medidas urgentes que garanticen la inmunización de la población.
En los primeros meses de la pandemia hubo un consenso mundial acerca de la necesidad de impulsar el desarrollo de productos para prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19 reconociendo que las vacunas debían ser un bien público global, disponibles para toda la h u m a n i d a d (1). C o n e s a s p a l a b r a s pronunciadas por los principales líderes mundiales se lanzaba un mensaje al mundo de responsabilidad, solidaridad y equidad que hoy, casi un año y medio después, dista mucho de haberse hecho realidad.
Preguntas tan sencillas como, si hay vacunas, ¿por qué no producirlas para que haya para todas las personas?, parece no tener una respuesta institucional acorde con los compromisos adquiridos. Pero quizás, las respuestas a estas cuestiones deberían buscarse en el modelo de innovación y desarrollo de medicamentos y vacunas del Irene Bernal
que partimos. Un modelo roto y fallido que con esta crisis de salud global ha hecho emerger a la superficie las enormes fisuras que arrastra y que, ni siquiera en un contexto como el actual, hemos sido capaces de darle la vuelta. Las barreras que generan la propiedad intelectual, la falta de voluntad de transferir el conocimiento y know-how detrás de las vacunas autorizadas a países de menos ingresos, y la falta de transparencia en procesos de adquisición y en las negociaciones con la industria farmacéutica, son algunas de ellas. La financiación pública como principal incentivo El 4 de mayo de 2020, la Comisión Europea, la OMS, CEPI y GAVI, entre otros, impulsaron una respuesta coordinada sin precedentes que ha conseguido movilizar desde entonces cerca de 16.000 millones de euros procedentes de actores públicos y privados en el marco de la «Respuesta Global a la Pandemia» para la inversión en vacunas, medicamentos, diagnósticos y sistemas sanitarios, entre otros (2). Dicha financiación sentó las bases del Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), mecanismo de gobernanza cuyo objetivo es el de responder a la pandemia y cuyo pilar de vacunas está gestionado por GAVI, CEPI y la OMS. Tanto CEPI en su misión de identificar posibles futuros productos, como los distintos Estados e instituciones filantrópicas han inyectado una gran inversión pública a
