EL ARZOBISPADO VS. LA CATOLICA El primer juicio parece darle la razon a la institucion religiosa

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GENTE JUDICIAL Uno de los procesos judiciales entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Arzobispado de Lima por la administración de los bienes de la herencia de José de la Riva-Agüero y Osma está ingresando a su etapa final. En las dos primeras instancias, la justicia ha dado la razón a los abogados que patrocinan a la institución religiosa y ahora se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por: Evi Cordel

La razón es del Arzobispado E

l litigio se inició hace algunos años cuando las autoridades del claustro universitario excluyeron al representante del Arzobispado en la administración de la universidad. El destacado abogado Vicente Walde Jáuregui, que patrocina al representante del Arzobispado en la junta de administración del legado Riva Agüero, afirma que esa decisión se contrapone a la voluntad del mecenas quien dispuso en su testamento, dictado en 1938, la conformación de una junta que se encargue de administrar los bienes. Ante tal situación, el representante de la institución religiosa, Wálter Muñoz Cho, envió dos cartas notariales a la PUCP solicitando la rendición de cuentas en torno al manejo de las propiedades heredadas, la venta del terreno donde fue construido el colegio Juan XXIII, la concesión del área en el que se levanta la Plaza San Miguel, entre otros bienes. La petición fue rechazada y, en respuesta, la universidad interpuso una acción de amparo arguyendo que la actitud de Muñoz Cho vulnera la autonomía de la universidad para gobernar y administrar sus propiedades. Para fundamentar su demanda, los abogados de La Católica sostienen que Riva-Agüero dispuso en su testamento la conformación de una junta de administra24

ción de los bienes que heredó la universidad hasta 20 años después de su deceso. Según ellos, si la casa de estudios seguía existiendo después de ese plazo, ésta adquiriría en propiedad absoluta dichos bienes. Bajo esas consideraciones, la PUCP inscribió a su nombre en los Registros Públicos los bienes recibidos en legado y dejó sin efecto la junta de administración. Fue allí que Muñoz Cho envió las cartas y se inició este primer proceso que está a punto de concluir.

La versión del Arzobispado Los argumentos de La Católica son rechazados por el Arzobispado cuyos abogados afirman que las autoridades universitarias han sorprendido a un anterior personero circunstancial suyo a quien le hicieron firmar –sin que tenga prerrogativas- un acuerdo bajo el supuesto que no era necesaria una doble contabilidad con lo que solo las autoridades universitarias quedaron facultados a supervisar los bienes. Ese es motivo de un segundo litigio. Asimismo, existe otro proceso sobre la interpretación del testamento iniciado por la propia institución religiosa. El Arzobispado asegura que el legado debe ser administrado a perpetuidad por ambas instituciones. “Así lo establece el testamento otorgado por Riva-Agüero en

1938, cláusula quinta que designa a una junta de administración del legado, con carácter perpetuo e insustituible”, señala Walde Jáuregui.

Etapa final Mientras tanto, la acción de amparo interpuesta por la PUCP, a raíz de las cartas enviadas por Muñoz Cho, fue declarada infundada en todos sus extremos en primera instancia por el juez Jaime Román Pérez del 20 Juzgado Civil de Lima. El equipo de abogados de la universidad, encabezado por Jorge Avendaño, presentó entonces una impugnación al fallo y el caso pasó a la Octava Sala Civil. Luego de un largo debate que requirió, incluso, la participación de cuatro vocales dirimentes, el recurso fue también declarado improcedente en segunda instancia. Walde Jáuregui ha sido informado de otro lado, que la PUCP interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, el cual fue desestimado por falta de fundamento. Ante los reiterados reveses judiciales, la universidad ha interpuesto recurso de Agravio Constitucional que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional dentro de los plazos de ley. Esa sería la última instancia en este primer proceso, aunque quedan pendientes los otros dos iniciados, uno por la institución religiosa y otro por la PUCP.


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