Aproximaciones feministas sobre derechos sexuales y reproductivos en la cooperación al desarrollo by ACSUR Las Segovias

Aproximaciones feministas sobre derechos sexuales y reproductivos en la cooperaciรณn al desarrollo Discursos y prรกcticas en materia de derechos sexuales y reproductivos desde las ongds y organizaciones de mujeres y feministas en El Salvador, Nicaragua y Bolivia Soraya Gonzรกlez Guerrero y Lorena Pajares Sรกnchez

Diseño interior, cubierta y maquetación: P. Rimada, M. Gómez (Tórculo Artes Gráficas) Fotografías de cubiertas: Autoria Grupo Venancia Nicaragua (foto capitulo 1); Felipe Carrasco Guzmán (foto capítulo 2); ORMUSA. El Salvador (foto capítulo 3); Carmen Crespo (foto capítulo 4) Edita: ACSUR-LAS SEGOVIAS, 2012 Asociación para la Cooperación con el Sur ACSUR-LAS SEGOVIAS Plaza Doctor Laguna 10, local C. 28009 Madrid Tel. +34 914291661 · Fax. +34 914291593 http://www.acsur.org/ ISBN: 978-84-695-3039-9 Depósito Legal: C 2148-2012

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Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de ACSUR-Las Segovias, y de sus autoras, Soraya González Guerrero y Lorena Pajares Sánchez, y no refleja necesariamente la opinión de la AECID. Se ha mantenido íntegramente el texto de las autoras, tanto en su redacción, como en el uso del lenguaje y la ortografía.

ÍNDICE

Agradecimientos............................................................................................... 9 Presentación ACSUR...................................................................................... 11 Introducción................................................................................................... 13 Capítulo 1: Metodología................................................................................. 14 1.1. Bloques temáticos.......................................................................................... 16 1.2. Trabajo de campo.......................................................................................... 16 Capítulo 2: Marco teórico y conceptual de los derechos sexuales y derechos reproductivos.................................................................................................. 18 2.1. Aproximación teórica y conceptual: Trayectoria del concepto de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos .............................................................. 20 2.2. Un punto de partida: el Enfoque de Derechos............................................... 23 2.3. Aportaciones desde el feminismo................................................................... 25 a) El enfoque de derechos desde la ciudadanía y el laicismo........................... 25 b) La autonomía como eje vertebrador del discurso....................................... 26 c) La visión sistémica..................................................................................... 26 d) La visión procesual: relación autonomía – empoderamiento..................... 27 e) El enfoque integral de la salud................................................................... 28 2.4. Trayectoria de la cooperación oficial.............................................................. 29 2.5. Principales nudos críticos.............................................................................. 33 a) Los fundamentalismos religiosos............................................................... 33 b) La salud reproductiva con enfoque intercultural........................................ 34 c) El sujeto político de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos................................................................. 36 d) La articulación del movimiento feminista................................................. 38 e) El no posicionamiento político de las ONGs y la despolitización del feminismo........................................................................................... 39 Capítulo 3: Estudio de casos por países.......................................................... 42 3.1. Bolivia........................................................................................................... 44 3.2. El Salvador.................................................................................................... 66 3.3. Nicaragua...................................................................................................... 79 Capítulo 4: Reflexiones finales: aprendizajes feministas y propuestas............. 92 Glosario de siglas.......................................................................................... 100 Bibliografía................................................................................................... 102 Anexo: Listado de personas y entidades entrevistadas................................... 106

AGRADECIMIENTOS

Este informe no hubiera sido posible sin la generosa colaboración de todas las personas entrevistadas. Queremos agradecer a las compañeras de los tres países visitados el regalo de su tiempo, que sabemos valioso y sobrecargado; el apoyo con los contactos, recomendaciones y otras informaciones más allá de lo compartido en las entrevistas, y en algunos casos hasta la apertura de sus propias casas. Gracias a todas ellas. También a las personas que en el Estado Español nos han ayudado a situarnos un poco mejor en este océano y que día a día siguen luchando en nuestro propio panorama político por conseguir que el libre ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean una realidad y no solo una declaración.

PRESENTACIÓN

Esta publicación responde al compromiso de ACSUR-Las Segovias en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y, en concreto, de los Derechos Sexuales y Reproductivos que garantizan y reconocen el pleno ejercicio de las mujeres a tener el control de su sexualidad sin coerción, sin discriminación ni violencia. Estos principios -que constituyen la base de las reivindicaciones históricas de los movimientos feministas de todo el mundo-, se encuentran amparados en numerosos Acuerdos Internacionales, como el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994), la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing (1995), la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Acuerdos, que han sido asumidos por la Comunidad Internacional y ratificados por numerosos Estados, entre ellos el Estado español. La Cooperación Española recoge el espíritu de las mencionadas convenciones internacionales en su Plan Director y, en concreto, en el tercer objetivo específico de su Política Sectorial de Género en Desarrollo1, donde se recoge el compromiso del Estado español de: “difundir y promover el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y reproductivos de las Mujeres en los diferentes países, regiones y culturas, como parte integrante de los derechos humanos”. )” 2. En este sentido ACSUR como declarada organización feminista además de recoger en su estrategia (2009 – 2012), la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la obligación de integrar la perspectiva de género en todas sus acciones; dispone, a su vez, de un documento específico3 en el que se compromete a promocionar y defender los DDSSRR de las mujeres como parte inherente e insede sus Derechos Humanos. “Aproximaciones feministas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en la Cooperación al Desarrollo” se enmarca dentro de un proyecto “Estrategias feministas para el desarrollo: defensa de los Derechos Humanos de las mujeres”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. El enfoque del mencionado proyecto parte de la innegable realidad que los derechos económicos y los derechos sexuales y reproductivos son inseparables e indivisibles, formando parte de corpus único. En el marco del proyecto Ascur ha producido otros materiales vinculados a la presente publicación como : “Guía práctica sobre derechos sexuales y reproductivos en la cooperación al desarrollo” ideada como una herramienta para profesionales vinculados a la cooperación. A su vez el proyecto aglutina una serie de actividades destinadas a la investigación, sensibilización y formación que pretenden favorecer la aplicación de la perspectiva de género desde el enfoque de Derechos Humanos en las actuaciones de la Cooperación al Desarrollo. Todo este trabajo ha sido realizado con la colaboración de algunas mujeres y organizaciones cuyas aportaciones han sido fundamentales. Queremos reconocer y agradecer especialmente el apoyo de Justa Montero, Amaia Pérez Orozco, María Eugenia Callejón de Economistas Sin Fronteras, Sara Cuentas de la Fundación Indera y, por último, la inestimable colaboración de Begoña San José, integrante de las ACSURAS y vicepresidenta de Acsur, que desde el Grupo Asesor del proyecto nos han guiado y acompañado en la elaboración de este documento. Esperamos que este documento, que recoge el contexto, las actuaciones y las reivindicaciones de las organizaciones feministas y de las ONGDs de tres países de América Latina, aliente y proporcione instrumentos para proteger y garantizar los derechos ya conquistados así como para avanzar en su pleno ejercicio tanto en el Sur como en el Norte Especialmente, en el Estado español, en el que l sistema económico neoliberal y la ideología más conservadora pretende cercenar y recortar los Derechos Humanos de las mujeres, limitando su autonomía y libertad en el ejercicio de sus DDSSRR. ACSUR – LAS SEGOVIAS 2011

Plan Director de la Cooperación Española (2009 – 2012), Pág. 153.

Plan Director de la Cooperación Española (2009 – 2012), Pág. 237.

Manifiesto sobre ejes de actuación de ACSUR en materia de derechos sexuales y reproductivos su apoyo y defensa. http://acsur. org/Manifiesto-sobre-losejes-de,1626

INTRODUCCIÓN

Muchas son las dudas y cuestiones que surgen a la hora de afrontar un trabajo de investigación, análisis y sistematización sobre un tema tan amplio, vivo y conflictivo como el de los derechos sexuales y reproductivos, comenzando por el hecho de no encontrar una única definición de lo que son e implican y cómo los enfoques no sólo varían, sino que pueden llegar a ser completamente diferentes y por tanto con implicaciones políticas y concretas sobre los cuerpos de las mujeres radicalmente opuestas. El objetivo principal del presente documento es ofrecer a las ONGD españolas una aproximación teórica sobre cómo se contextualizan los derechos sexuales y reproductivos desde movimientos feministas de Nicaragua, El Salvador y Bolivia y desde algunas ONGs del estado español que están trabajando este tema, así como lanzar algunas claves que expliquen que cualquier proyecto de desarrollo puede estar relacionado con los mismos, ya que como nos cuentan las compañeras latinoamericanas, no solo hablamos de derechos humanos, sino de las más humanos de todos los derechos. Otro de los objetivos es tratar de abrir una pequeña ventana a la situación de los derechos sexuales y reproductivos en los tres países de América Latina analizados. Por otro lado, reflexionábamos también sobre el hecho innegable de que los contextos determinan las estrategias y en este sentido la situación concreta de los países estudiados, con realidades tan diferentes en temas como el aborto (completamente penado en l salvador y en Nicaragua sin excepciones) o como la salud intercultural en Bolivia, hacen complicadas las comparaciones y la búsqueda de estrategias comunes. Sin embargo no hay que perder de vista que todos estos distintos escenarios se insertan en un contexto global donde sí pueden plantearse reflexiones paralelas. En este sentido igual que Diana Sojo, Presidenta de Red Activas nos explicaba cómo “en España en los últimos años hemos tenido importantes avances en derechos sexuales y derechos reproductivos como el reconocimiento de derechos de personas homosexuales, derecho al aborto y la gratuidad de sistemas anticonceptivos, pero paralelamente ha crecido el movimiento anti derechos sexuales y reproductivos”. En toda Latinoamérica es evidente también el avance de fuerzas neoconservadoras o “anti-derechos”, frente a las que es necesario articular discursos comunes y estrategias de denuncia y sensibilización que expliquen sus nexos y diferencias en el panorama político global. “Los derechos sexuales y reproductivos están en la mira de los fundamentalismos (religiosos, económicos y sociales), son como un patrimonio que hay que defender pues cada derecho que conquistamos es puesto en duda; hay un intento continuo de fragilizarlos. Requieren cuidado político y social para no perderlos, estar alerta. Hay una embestida contemporánea para eliminar los derechos sexuales y reproductivos, después de Beijing no se ha hecho otra conferencia mundial en la ONU”, advertía Marcela Lagarde en un Congreso celebrado en Donosti en junio de 20114 En este sentido, la Educación para el Desarrollo5, un enfoque adoptado por muchas ONGDs para hacer sensibilización y reflexión transformadora, puede ser un espacio estratégico para que las agencias y organizaciones de desarrollo se articulen con las organizaciones feministas en sus países de origen y aborden los derechos sexuales y reproductivos.

Congreso “Fundamentalismo político, económico, religiosos y culturales en los derechos sexuales y reproductivos”, organizado por Medicus Mundi Guipuzcoa.

La Educación para el Desarrollo, también llamada Educación para la Ciudadanía Global, se consolida en los ‘90; uno de sus ejes es la inclusión de la perspectiva de género, y cada vez más ONG realizan proyectos de sensibilización y formación en sus países de origen con este enfoque.

Metodología

GRUPO VENANCIA NICARAGUA

Metodología

El proceso en el que se integran los resultados aquí presentados comienza con la selección de los países en los que se realizaría el trabajo de campo, ya que sus contextos han determinado los temas en los que se centra la investigación. Nos parece importante dejar constancia de que tales resultados son solo el reflejo de una pequeña parte de sus realidades: ésa que hemos conocido. De modo que aquí reflexionamos sobre esa parte, conscientes de que lo que hemos conocido no es todo lo que hay. En este sentido, la metodología se integra más en un modelo de estudio de caso que en uno de investigación cuantitativa. La pretensión del informe no es, por tanto, un diagnóstico exhaustivo de cada país ni un rastreo sistemático de todas las organizaciones y estrategias que están trabajando derechos sexuales y reproductivos, sino apuntar algunas claves contextuales para enmarcar y entender algunos de los discursos y prácticas feministas, indígenas y de la cooperación en relación a algunos de los derechos sexuales y reproductivos, con especial atención al aborto en El Salvador y Nicaragua y a la salud intercultural en Bolivia. Dentro de esta modalidad cualitativa, los métodos utilizados han sido el análisis documental, la entrevista semi-estructurada, el grupo de discusión y la observación participante. Por lo que respecta al perfil de personas entrevistadas, hemos cubierto un elenco que incluye principalmente las visiones de movimientos feministas autónomos, organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, pero también las ONG de desarrollo, la cooperación oficial (a través de representantes de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID) y cooperación multilateral (a través del UNFPA).

1.1. Bloques temáticos Para el diseño de las herramientas seguimos un esquema basado en los siguientes bloques temáticos: 1. Definición y trayectoria de los derechos sexuales y los derechos reproductivos: Qué son, cómo se han conceptualizado y desde qué enfoques. Aportaciones y reivindicaciones desde el feminismo. 2. Vinculación entre la agenda feminista y la agenda de la cooperación: Trayectoria y papel de la cooperación para el cumplimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en los tres países. Temas principales de trabajo por país, estrategias y enfoques. Alianzas de la cooperación con el movimiento feminista y principales nudos críticos. 3. Experiencias: Avances y dificultades. Criterios constitutivos de Buenas Prácticas. Propuestas de cara a la cooperación. Las temáticas comunes que se desarrollan en los tres países son: aborto, diversidades sexuales, embarazo no deseado y acceso a métodos anticonceptivos. En el caso particular de Bolivia también se aborda la salud intercultural.

1.2. Trabajo de campo Desde su origen este trabajo puso el foco en América Latina. Los países elegidos para llevar a cabo el trabajo de campo fueron Bolivia, El Salvador y Nicaragua, todos ellos con contextos políticos y situaciones sociales determinantes para centrar los temas de estudio dentro del amplio abanico temático que configura el espectro de los derechos 16

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Metodología

sexuales y reproductivos. En la región, uno de los puntos más controversiales y confrontados de la agenda es el tema del aborto: El derecho al aborto seguro y legal ha sido una demanda del movimiento de mujeres desde hace décadas. A pesar de ello, la región de América Latina está viviendo graves retrocesos con la aprobación de nuevas legislaciones que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. En la actualidad, sólo Cuba permite el aborto libre. En el otro extremo, Chile, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua no permiten el aborto, aún en los casos en los que la vida de la mujer embarazada corre peligro6. En el caso de Bolivia fue el trabajo en salud intercultural y sus especificidades como estado plurinacional e indígena lo que delimitó el ámbito de estudio. El trabajo de campo en estos países se completó con la realización de entrevistas en profundidad a ONGDs en el Estado Español y con la asistencia a diversos foros temáticos y jornadas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de los que hemos transcrito y utilizado ponencias y analizado la documentación recabada en los mismos. De los tres países visitados, Bolivia ha sido del que más información se ha obtenido, ya que pudimos dedicar el doble de tiempo al trabajo de campo que en Nicaragua y El Salvador. A pesar del breve tiempo de trabajo de campo en cada país y conscientes de las limitaciones que esto suponía, intentamos aprovechar al máximo nuestra estancia para visitar un número amplio de organizaciones y realizar el mayor número posible de entrevistas, de las cuales puede encontrarse un listado detallado como anexo a este documento. El resultado final se estructura en torno a los diferentes discursos encontrados. Por último, es importante resaltar que no siempre se nombra a las personas que hay detrás de las citas utilizadas, lo cual obedece a razones estrictas de respeto y confidencialidad en la mayor parte de los casos, así como a que en ocasiones desde varias personas y/u organizaciones obteníamos un mismo discurso y se ha escogido uno de ellos como representativo del conjunto.

Más información en el portal de América Latina Genera http://www. americalatinagenera.org/es/index. php?option=com_content&view=artic le&id=378&Itemid=188

Marco teórico y contexto

general de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos

FELIPE CARRASCO GUZMÁN

Marco teórico y contexto general de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos

En este apartado definiremos distintos conceptos que conforman nuestro marco teórico y conceptual. Sin embargo, es importante señalar de entrada que nuestro enfoque se ha vertebrado de manera transversal desde la perspectiva de la teoría feminista. Poner las “gafas” de la teoría feminista, significa tal como lo explica Celia Amorós, partir de “un paradigma, un marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución como hechos relevantes de fenómenos que no son pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la atención”7. Consideramos la teoría feminista como un enfoque integral, interpretativo, multidimensional y transformador/ ideológico, más que como una alternativa teórica o una subdisciplina. Desde sus orígenes, la teoría feminista ha sido capaz de poner de manifiesto las contradicciones y paradojas de ciertos discursos, declararlos como ilegítimos por su pretensión a autoinstituirse en norma universal y actúa como un filtro crítico, tanto hacia fuera como hacía dentro. Como señala Amorós, la teoría feminista no es un paradigma más al lado de otros, sino que “se constituye en el Pepito Grillo de los demás paradigmas en cuanto sexistas o patriarcales” 8. Por ello, hay que hacer del feminismo “un referente necesario si no se quiere tener una visión distorsionada del mundo ni una autoconciencia sesgada de nuestra especie” 9.

2.1. Aproximación teórica y conceptual: Trayectoria del concepto de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos

AMORÓS Celia, “El punto de vista feminista como crítica”, en Carmen Bernabé (Dir.), Cambio de paradigma, género y eclesiologia, Verbo Divino, Navarra, 1998, p. 22, citada en Cobo Rosa, “Sociología Crítica y Teoría Feminista”, p.6

AMORÓS Celia, “Presentación (que intenta ser un esbozo del status questionis), en AMORÓS Celia (eds.), Feminismo y Filosofía, Editorial Síntesis, Madrid, 2000, p.99

AMORÓS Celia, op.cit, p.101

Uno de los grandes logros del feminismo ha sido situar en la agenda política asuntos que hasta hace poco tiempo se recluían en la esfera privada y doméstica. Decir que lo personal es político rompe con el paradigma que separa el mundo en polaridades estancadas: la esfera reproductiva versus la esfera productiva, lo doméstico versus lo público, lo individual versus lo colectivo y lo personal versus lo político, para transferir los principios de igualdad y justicia tanto a la esfera política como a la personal y privada. 10

Definir qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DS y DR) es una tarea compleja. Estos derechos hacen referencia a aspectos relacionados con la vida sexual y reproductiva, afectan al propio cuerpo y por ello se han considerado como algo privado. Que lo personal es también político10 y que estos derechos no son un asunto ‘de mujeres’, ha sido una de las primeras aportaciones de la teoría feminista al nombrar y politizar estos derechos. En el análisis sobre la difícil denominación de estos derechos, Marcela Lagarde, de Red de investigadoras por la vida y la dignidad de las mujeres, apunta una clave: la significación de estos derechos es relativamente nueva, su conceptualización nace ligada al reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídicos y, por tanto, con los derechos humanos de las mujeres: “somos sujetos nuevos, inaugurantes, estamos viendo cómo se hace para hacer realidad estos derechos”. Nombrar estos derechos ha supuesto una ruptura epistemológica, mirar el mundo con otra óptica. “Se trata de apropiarse de algo que nos fue expropiado a las mujeres. Construir cuerpos para sí”. Para esta apropiación, las leyes son importantes pero no suficientes, es preciso que dejen de ser derechos en ley y pasen a ser “derechos sentidos”. Los derechos sexuales y reproductivos no se pueden, por tanto, imponer. El derecho a decidir es una de sus piezas claves, éste marca una diferencia entre ser sujeto de derecho o ser objeto de sexualidad. Los movimientos feministas tienen una larga trayectoria de trabajo para nombrar los derechos sexuales y reproductivos y de incidencia política para posicionarlos como tema del debate público y político y para incorporarlos como parte de los derechos humanos. A través del cuestionamiento de la dicotomía público/privado y partiendo de que el cuerpo es clave para entender el dominio masculino, el movimiento feminista incorpora en los años setenta en la agenda política una serie de cuestiones relacionadas con la sexualidad y la reproducción, definiendo los derechos sexuales como el derecho a controlar el cuerpo y a decidir sobre su capacidad reproductiva sin imposiciones,

Marco teórico y contexto general de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos

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coerciones o violencia por parte de los hombres así como la exigencia de que éstos asuman responsabilidades. El derecho al placer ha sido también, desde 1975, núcleo central de estas reivindicaciones. Esta agenda se ha ido ampliando y enriqueciendo con los debates de los movimientos feministas en torno a la familia, la reproducción y la maternidad, las identidades de género, la interculturalidad y la sexualidad, incluyendo nuevas exigencias como el derecho a decidir quién quieres ser, cómo y con quién quieres convivir, el reconocimiento de las prácticas en la salud reproductiva de las mujeres en pueblos originarios y otra serie de debates que surgen al calor de las nuevas tecnologías reproductivas, el proceso de globalización y los cambios en los modelos de convivencia. En los años noventa, dos conferencias marcan un hito en la conceptualización internacional de los derechos sexuales y reproductivos. El primer instrumento internacional que explícitamente incorpora la protección a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos es el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994). Aunque en esta Conferencia solo se consiguió incluir alguna alusión a los derechos sexuales, fue muy relevante la afirmación del “derecho inalienable de las mujeres y los hombres al libre ejercicio de la sexualidad y reproducción como ámbitos de autonomía y autodeterminación, donde la violencia y la coerción no tienen cabida”. Esta conferencia dio forma a algunos temas clásicos que abarca la Salud Sexual y Reproductiva: planificación familiar, educación sexual, salud materna y protección frente a ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) incluido el VIH/SIDA. Pero deja fuera otros como: la despenalización del aborto, la garantía de los estados laicos y democráticos, la plena vigencia y reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos o el reconocimiento de las diversidades sexuales. Un año después, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), a pesar de las limitaciones propias de este tipo de encuentros para que los gobiernos suscriban acuerdos y del bloqueo de grupos conservadores que tomaron posiciones en la Conferencia, una alianza de mujeres conseguía incluir el párrafo 96 en la Plataforma de Acción de Beijing: “Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer control sobre su cuerpo y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. Una relación de igualdad entre mujeres y hombres en temas de relaciones sexuales y reproducción, incluyendo respecto absoluto por la integridad de la persona, requiere respeto mutuo y responsabilidad consentida y compartida del comportamiento sexual y sus consecuencias”. A pesar del avance que representan estas cumbres gracias al papel de las organizaciones feministas y el marco de exigibilidad que siguen representando para la sociedad civil los derechos, no hay que olvidar que no son jurídicamente vinculantes, lo que hace que sean derechos jurídicamente débiles, además del hecho de que la esencia de las mismas no deja de tener limitaciones por su carácter gubernamental, frente a las posibilidades de trabajar sobre una agenda propia del movimiento feminista. En estas cumbres, se han producido también fracturas entre lo que se ha dado en llamar un feminismo más institucional y otro más autónomo. María Galindo, de la organización Mujeres Creando de Bolivia, denuncia que la ‘oenegeización’ del movimiento feminista y su institucionalización han supuesto que la dinámica de movimiento social se perdiera y que el protagonismo y representatividad sobre el feminismo pasara a ocuparse por las ONG, con una dinámica vertical que no tenía capacidad de actuar sino en base a mandatos de la cooperación internacional. 21

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Por último, también se ha criticado que los enfoques de estas cumbres han sido sesgados y han dejado fuera una serie de reclamaciones. Entre las barreras a la conceptualización y desarrollo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la presión de los grupos conservadores es una de las más importantes. Los temas sobre sexualidad, particularmente orientación sexual, control de las mujeres de su propio cuerpo y aborto seguro, han desencadenado los debates más controvertidos y una fuerte contraofensiva de los grupos más conservadores. El Vaticano y los estados conservadores musulmanes y católicos, con el respaldo de algunos países africanos y latinoamericanos, reaccionaron al avance de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en estas cumbres y han continuado haciéndolo. Si en los noventa hubo una apuesta política por integrar los derechos sexuales y derechos reproductivos, aunque con muchas dificultades y sesgos, en la última década la situación se ha estancado. Esta constatación fue una constante durante el congreso El impacto de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y culturales en los Derechos Sexuales y Reproductivos (Donosti, junio de 2011), donde acudieron mujeres feministas organizadas de distintos puntos del planeta. Marcela Lagarde era rotunda en su ponencia de apertura: “Hoy se nos convoca a renunciar a estos derechos, pero no es cualquier recorte, son derechos humanos, se nos pide que haya una involución sexual. Esto sería una catástrofe democrática, cultural y civilizadora”. Según Pinar Ikarkkan, de la Coalición Sexual and Bodity Rights in Muslim Societies “hay una guerra global contra la salud sexual y reproductiva, la educación sexual, los derechos LGTB, el aborto libre y seguro... El caso de la ONU es un espejo de lo que está ocurriendo ahí fuera (…) El año pasado fuimos a Beijing +15 para evaluar éxitos y fracasos. Fue un fracaso total de reunión. No ha habido avances desde 1994. No pudimos hablar. La administración de Obama sacó una propuesta sobre mortalidad materna que no incluía nada sobre salud sexual y reproductiva. Si se niega el derecho a la educación sexual y al aborto libre y seguro, la mortalidad materna era difícil de entender. Teníamos esperanzas en la administración de Obama pero ha heredado cosas de Bush”. Las diversas organizaciones entrevistadas en Bolivia, Nicaragua, El Salvador y el Estado español coinciden en este diagnóstico pesimista. Según Rosa María Mengívar, trabajadora de Cooperacció en El Salvador, “el futuro de estos temas se va poniendo en riesgo a futuro. No creo que se dejen de trabajar, pero el enfoque es el que corre riesgo”; Eliana Cano, de Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, advierte el peligroso giro discursivo del enfoque pro-vida del fundamentalismo religioso: “los grupos conservadores han pasado de un enfoque divino a otro basado en los derechos humanos”, y de cómo opera: “los poderes religiosos no actúan aislados, existen otros grupos laicos y religiosos que acompañan a las jerarquías religiosas, hay todo un andamiaje. Expanden sus tentáculos en la educación, comités de bioética, salud, se han oenegeizado, han invadido los medios de comunicación y las redes virtuales, donde usan tres elementos: la mentira, el ataque y la difamación”. Algunas feministas hablan de derecha religiosa para referirse a la coalición de países cristianos y musulmanes y el uso de la religión como herramienta política de poder y control de la sexualidad: “En ella está el Vaticano, la administración de Bush heredada por Obama y, desde 2006, un nuevo actor: la Organización de Países Islámicos (OPI). La OPI se fundó para apoyar el comercio económico entre países musulmanes pero han fracasado en temas económicos y se han reorientado hacia los derechos de las mujeres. En temas económicos son progresistas, no hablan de Islam, sólo hablan de religión cuando se refieren a las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos”. 22

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Ante este panorama, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir refuerzan el convencimiento de que los compromisos asumidos en 1994 continúan siendo importantes instrumentos de exigibilidad para la sociedad civil. “No hay que perder lo poco que hemos ganado, estamos trabajando para no perder lo avanzado pero no necesariamente estamos avanzando, por eso hace falta una reflexión política para preguntarnos hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado. Desde la sociedad civil tenemos que seguir pensando nuevas formas para seguir validando los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué más tenemos que hacer para hacerlos atractivos?; ¿con quién estamos trabajando?; ¿Podemos hablar con un tono triunfalista a estas alturas del partido?” Otras tratan de rescatar las fortalezas actuales: “No diría que tenemos un panorama totalmente adverso pero tampoco totalmente favorable a los derechos sexuales y reproductivos. Hay más conciencia en la gente, sobre todo en el movimiento feminista, pero todavía nos falta articulación, debatir más sobre dónde están las posiciones de cada quien y cómo lograr hacer esfuerzos más complementarios”.

2.2. Un punto de partida: El enfoque de Derechos Los derechos sexuales y los derechos reproductivos han avanzado como derechos fragmentados y hoy se incluyen bajo el paraguas de los Derechos Humanos, gracias al esfuerzo local e internacional de incidencia por parte de las organizaciones feministas y de mujeres. Pero, no existe, a pesar de los esfuerzos, una definición consensuada de los mismos. Un buen punto de partida para interconectar la agenda feminista y la de la cooperación, es la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos realizada por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)11, ya que introduce nuevos avances a la definición más ampliamente consensuada y utilizada de la OMS. Esta carta define diez derechos: 1 Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género (Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y deben gozar de la misma protección de la ley contra la discriminación con base en su sexualidad, sexo o género). 2 El derecho de todas las personas a la participación, sin importar su sexo, sexualidad o género a un ambiente que les permita participar y contribuir activa, libre y significativamente en los aspectos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos de la vida humana, a nivel local, nacional, regional e internacional; y a través de cuyo desarrollo puedan hacerse realidad los derechos humanos y las libertades fundamentales. 3 Los derechos a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal (a vivir libres de tortura y de un trato cruel, inhumano y degradante; y, especialmente cuando la causa de ello sea su sexo, edad, género, identidad de género, orientación sexual, estado civil, historia o comportamiento sexual, real o imputado o su estatus de VIH/SIDA; así mismo, tendrán el derecho de ejercer su sexualidad de manera libre de violencia o coerción). 4 Derecho a la privacidad (a no ser sujetas a la interferencia arbitraria de su privacidad, familia, hogar, documentos o correspondencia, así como al derecho a la privacidad que es esencial para ejercer su autonomía sexual). 5 Derecho a la autonomía personal y al reconocimiento ante la ley (a ser reconocidas ante la ley y derecho a la libertad sexual, la cual abarca la oportunidad de los indivi-

La carta fue Adoptada por el Consejo de Gobierno de IPPF el 10 de mayo de 2008. En España la Federación de Planificación Familiar (FPFE) utilizó esta declaración para elaborar una carta propia que recoge, con algunas mejoras en el enfoque, estos mismos derechos. Disponible en http://www.fpfe.org/ files/t_pdf/carta_de_derechos.pdf 11

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duos para tener control y decidir libremente sobre asuntos relacionados con la sexualidad, para elegir sus parejas sexuales y para experimentar su potencial y placer sexual a plenitud, dentro de un marco de no discriminación y con la debida consideración a los derechos de otras personas y a la capacidad evolutiva de las y los niños). 6 Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión; derecho a la asociación (a ejercer su libertad de pensamiento, opinión y expresión en relación con sus ideas sobre la sexualidad, orientación sexual, identidad de género y derechos sexuales, sin intromisiones o limitaciones basadas en las creencias culturales dominantes o ideología política, o en nociones discriminatorias del orden público, moralidad pública, salud pública o seguridad pública). 7 Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico (a gozar del más alto estándar posible de salud física y mental, que incluye los determinantes esenciales de la salud, y el acceso a la atención de la salud sexual para la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las inquietudes, problemas y trastornos sexuales). 8 Derecho a la educación e información (a la educación e información de manera general y a la educación integral en sexualidad, así como a la información necesaria y útil para ejercer plenamente su ciudadanía e igualdad en los dominios privados, públicos y políticos). 9 Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos (a elegir si casarse o no hacerlo, si formar y planificar una familia o no hacerlo, cuándo tener hijos y a decidir el número y espaciamiento de sus hijos de manera responsable y libre, dentro de un ambiente en el cual las leyes y políticas reconozcan la diversidad de las formas familiares, incluyendo aquellas no definidas por ascendencia o matrimonio. 10 Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños (a medidas efectivas, adecuadas, accesibles y apropiadas de tipo educativo, legislativo, judicial y de otros tipos para asegurar y exigir que quienes tengan el deber de garantizar los derechos sexuales sean plenamente responsabilizados de hacerlos cumplir. Esto incluye la capacidad de monitorear la implementación de los derechos sexuales y de tener acceso remedios por violaciones a los derechos sexuales, incluyendo el acceso a una reparación de daños completa a través de la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, garantía de no reincidencia y cualquier otro medio). La carta de Derechos Sexuales y Reproductivos parte de que los derechos sexuales están constituidos por una serie de beneficios relativos a la sexualidad que emanan de los derechos a la libertad, igualdad, privacidad, autonomía, integridad y dignidad de todas las personas. La Carta contempla además, cuatro principios, que permiten tener un enfoque más integral: • La sexualidad es una parte integral de la personalidad de cada ser humano. Por esta razón, debe crearse un medio ambiente favorable, en el cual cada persona pueda disfrutar de sus derechos sexuales como parte del proceso de desarrollo. • Los derechos y protecciones garantizados para las personas menores de dieciocho años difieren de los de los adultos y deben tomar en cuenta las capacidades evolutivas de las personas menores como sujetos para ejercer sus derechos en su propio nombre. • La no discriminación es subyacente a la protección de todos los derechos humanos 24

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• La sexualidad y el placer derivado de ella es un aspecto central del ser humano, independientemente de si la persona elige reproducirse o no hacerlo. La garantía de los derechos sexuales para todas las personas incluye un compromiso con la libertad y la protección del daño. Todos estos derechos están reconocidos en los instrumentos legales internacionales sobre Derechos Humanos (cartas, convenciones y pactos de Naciones Unidas) y, por tanto, para muchas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la Carta constituye una herramienta para el análisis, la medición de avances y retrocesos y la vigilancia de las violaciones a tales derechos. Esta Carta, aunque no es jurídicamente vinculante, constituye un punto de partida para un debate abierto. Además del enfoque de los derechos humanos, encontramos otros enfoques y aportaciones desde el movimiento feminista que son fundamentales para seguir nombrando y apropiándonos de estos derechos.

2.3. Aproximaciones desde el feminismo A) El enfoque de derechos desde la ciudadanía y el laicismo La confluencia de las tendencias neoconservadoras con los procesos globalizadores de afilado corte neoliberal ha supuesto graves recortes al estatuto de ciudadanía de las mujeres, por lo que la defensa y redefinición de los principios que lo articulan se han convertido en una de las principales aportaciones feministas al debate. Como explica Saskia Sassen12, tal estatuto describe una trama de elementos que interrelacionan la instancia individual y el ordenamiento político, con dinámicas de afirmación de derechos y aspiraciones que van más allá de la definición formal de los códigos legales. Así, para el feminismo, el punto de partida sobre el que construir la ciudadanía de las mujeres es reivindicarlas como sujetos políticos activos y con capacidad de decidir sobre sus opciones personales -su cuerpo, su sexualidad, sus deseos-. Geni Gómez, del Grupo Venancia en Nicaragua, partía de esta concepción cuando nos explicaba: “nos sumamos al concepto novedoso de que el ámbito de la sexualidad también es ámbito de reconocimiento de derechos y que se considere asunto público y no privado. Es un tema de responsabilidad y ciudadanía, ya tenemos claro que no somos víctimas, porque si lo somos sigue estando la solución afuera y es traer más control a nuestras vidas.” Con estos argumentos los movimientos feministas vierten una crítica contundente a las agencias y organizaciones de cooperación que trabajan derechos sexuales y derechos reproductivos, ya que no suelen concebir tales derechos vinculados al ejercicio de la ciudadanía y otros conceptos políticos relacionados: “aborto, ciudadanía, democracia, estado laico... eso no forma parte del discurso de las ONG”. Aquí en el Estado Español algunas organizaciones se han sumado a este enfoque, y desde espacios como Red Activas entienden que “todo esto pasa por la lucha por un estado laico. No puedes hablar de derechos sexuales y reproductivos en América Latina sin abordar el tema de la construcción de los estados, de la democracia, ciudadanía y laicidad del estado. Esto se traduce en un escenario en el que las feministas hablan de fundamentalismos: económico, religioso, político... y estos temas desde las ONGD españolas les suena a que no tiene nada que ver...” En cualquier caso, no hay que olvidar que la propuesta feminista supone tomar el enfoque de derechos como punto de partida pero no de llegada. De modo que no se caiga en un enfoque “light” o vacío de contenido, pero también para evitar un posicionamiento utilitario y dicotómico de este enfoque, donde se utiliza el conflicto entre

Sassen, Saskia. Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Traficantes de Sueños, Madrid, 2003.

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derechos (p.e. falso debate entre derecho a la vida vs. derecho a decidir) para defender posiciones que erosionan la ciudadanía de las mujeres: “A veces el concepto de derechos también es problemático porque necesitamos enfatizar más el concepto de ciudadanía”. B) La autonomía como eje vertebrador del discurso Dentro del amplio enfoque de derechos, por tanto, no es inocuo incidir más en unos conceptos u otros para articular nuestro discurso, muy especialmente en el ámbito de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Conscientes de esto, muchas organizaciones de mujeres y feministas en América Latina, al igual que desde el movimiento feminista español, defienden como elemento nuclear de sus discursos las posiciones desde la autonomía, tanto en sus reivindicaciones de incidencia política como en el trabajo de base con grupos de mujeres. América Romualdo, de la organización salvadoreña Las Dignas, lo incluía como uno de los logros del movimiento feminista en estos temas: “cada vez más mujeres hablan del aborto desde la autonomía”. Por otro lado, aunque desde los movimientos feministas se haya conseguido profundizar mucho en el debate de la autonomía, “el derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres es un tema que desde la cooperación es poco abordado y uno de los reclamos que el movimiento feminista hizo a la cooperación española en los Diálogos Consonantes”, tal y como nos explicaba Sandra Guevara, una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes en El Salvador y actualmente trabajadora de Mundubat. Las implicaciones de este discurso y su articulación vertebradora del enfoque de ciudadanía nos la terminaba de explicar Geni Gómez: “Lo que le da fuerza (al enfoque) es el derecho a decidir, porque sin eso todo lo demás... es importante, pero por ejemplo información hay mucha, pero eso no se traduce en la posibilidad de toma de decisiones, entonces al fondo de la cuestión está eso, y tanto con que tengas capacidad como con qué tipo de decisión tomas, que sea consciente, pensada, habiendo valorado consecuencias... tiene que ver con la noción de ciudadanía, con la autonomía, porque sino tampoco es derecho a decidir”. C) La visión sistémica Si a la trayectoria de conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y a los conceptos de ciudadanía y autonomía le sumamos el cuestionamiento de la dicotomía público-privado, logramos colocar el debate en un nuevo paradigma donde las mujeres ya no permanecen adscritas a lo privado y a las designaciones vinculadas a ello (por ejemplo mujeres víctimas) y se incorporan a la agenda política una serie de cuestiones relacionadas con la sexualidad y la reproducción. Este nuevo enfoque tendrá una visión integral de lo personal como político que nos permite relacionar los derechos sexuales y derechos reproductivos con cualquier proyecto de desarrollo con enfoque de derechos humanos, defendidos desde el cuerpo como primer territorio de ciudadanía. Como explica Deysi Cheyne, Directora del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) de El Salvador: “(Hay que trabajar) el marco de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de derechos, enfoque de género y enfoque de desarrollo. Si no se abordan los derechos sexuales y reproductivos no hay desarrollo”. Esta visión sistémica es la que posibilita hacer crítica feminista a las agencias, los proyectos de cooperación y los gobiernos: “La misma agenda de los ODM, que es nece26

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saria, nadie dice que no, pero no va a tener ni el éxito, ni la sostenibilidad, ni los grados de eficiencia, si no tenemos un enfoque más sistémico, más estructural... nadie va a conseguir que una chavala adolescente no se embarace si no hablas antes con ella en profundidad del cuerpo y de los derechos del cuerpo y de la libertad y de la conciencia personal, nadie”. Este enfoque del que nos hablaba Teresa Blandón permite el tránsito coherente entre diferentes temáticas para abordarlas de manera integral, frente a la práctica habitual de pensar los proyectos como acciones vinculadas a temáticas estancas. En palabras de Deysi Cheyne: “siento que nos enfrascan en temas en lugar de tener una visión integral, ¿cómo desvinculamos violencia de aborto? si te obligan a parir es violencia”. Al hilo del tema de la violencia, Geni Gómez hacía una reflexión similar: “hay más mujeres con conciencia, que se están organizando, que están defendiendo públicamente su derecho a vivir sin violencia.... el tema de violencia moviliza mucho, y lógicamente está vinculado con la sexualidad y el cuerpo, aunque no siempre se hace la relación, pero si quieres se puede, defender que lo que defiendes es tu integridad, tu voluntad, tu deseo. Pero eso es lo más elaborado, aún sigue siendo que lo grave es la muerte, los golpes”. Esta práctica de la fragmentación temática y ausencia de comprensión sistémica se da también en el resto de los temas, como el de la diversidad sexual “Está bien que se reconozca (la diversidad sexual) pero eso no puede estar fuera de contexto, ¿cómo puedo hablar del reconocimiento de la diversidad si no puedo hablar del derechos de las mujeres a su propio cuerpo, de qué estamos hablando?”. D) La visión procesual: relación autonomía – empoderamiento Otro elemento importante dentro de este enfoque es el concepto de empoderamiento y su comprensión como proceso, en paralelo a los procesos de desarrollo y al concepto de desarrollo mismo. Muchos discursos desde el feminismo en los distintos países coinciden con lo que expresaba la nicaragüense María Teresa Blandón: “Es una necesidad vital para hablar de empoderamiento y de procesos de desarrollo, si no pasa por la agenda del cuerpo no hay tal empoderamiento”. La autonomía no solo forma parte del proceso de empoderamiento, sino que es un proceso en sí mismo, gradual y relacional, y los proyectos de desarrollo pueden tener diferentes grados de impacto o contribución al reconocimiento de estos derechos y su ejercicio. Según Helen Dixon “no puedes trabajar sexualidad y salud sexual y reproductiva si no trabajas conciencia de género, una visión de autonomía personal y política. Solo vas a lograr programas asistencialistas o políticas del gobierno que beneficien a las mujeres pero no que logren que las mujeres se empoderen, se movilicen y actúen en favor de sus derechos y sus necesidades”, afirmación a la que se pueden sumar las palabras de Eliana Cano cuando explica que “no se trata de contar siempre la historia de la mujer víctima, pienso que las mujeres en América Latina tienen procesos de empoderamiento autobuscado, no impuesto. Por ejemplo, en mi país, las mujeres con grandes necesidades han hecho procesos políticos desde sus propios cuerpos y vidas. Cuando nosotras, las ONG venimos a hablarles de que hay que empoderarlas, hay mucho adentro que ya se gestó”. Desde La Corriente Feminista, en Nicaragua, nos daban la última píldora para la autorreflexión desde las ONG y las agencias de cooperación, a través de la siguiente interpelación: “(La cooperación) necesita una especie de alfabetización de la importancia que estos temas tienen para el empoderamiento de las mujeres, de las jóvenes, de los jóvenes, en todas sus expresiones e identidades, en su diversidad. Es importante entender la importancia que tiene. No se puede pensar en participación ciudadana, en defensa de derechos, en creación de nuevas formas de organización, al margen del cuerpo y de los desafíos cotidianos que cada persona enfrenta con su cuerpo, con sus sentimientos, con su placer, con sus miedos, con sus dudas de cómo quiere vivir la vida. Para mí redimensionar esto es un criterio claro. Reposicionar entonces el tema de los derechos sexuales en la agenda 27

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del desarrollo es crucial y eso pasa por compresión, pero también por dinero, no pueden seguir siendo financiados estos temas marginalmente.” E) Enfoque integral de la salud Muchos programas de educación sexual y de atención sanitaria enfocan la sexualidad desde la prevención y la enfermedad y esto puede conducir a una asociación conservadora de la sexualidad con un peligro que hay que prevenir (ITS, VIH, violencia sexual...). El enfoque de la salud en clave feminista pretende transcender un enfoque más limitado de la salud proponiendo un concepto integral de la misma: la salud como algo asociado al bienestar y a la calidad de vida y no a la ausencia de enfermedad, donde la sexualidad se integra con naturalidad en nuestras vidas, es algo que nos pertenece y forma parte de nuestros deseos, el bienestar y el placer de cada cual. Desde este enfoque, la Conferencia del Cairo definió la salud reproductiva como: “Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. De esta forma, la salud reproductiva incluía como reto no sólo disminuir la mortalidad materna sino también la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y el derecho de las mujeres a determinar libremente si quieren o no tener hijos e hijas y, en su caso, cuándo y con qué frecuencia. El enfoque de salud integral incluye no sólo la salud reproductiva, sino la salud sexual, entendida como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad y donde se incluiría también la autonomía sexual para expresar y manifestar los deseos, el placer, las prácticas sexuales, así como orientación e identidad sexual. Además, el enfoque integral entiende la salud como un proceso complejo, determinado por factores biológicos, sociales, del medio ambiente y de acceso a los servicios de la salud, en el que las relaciones de género, por su interrelación con todos ellos, tienen un papel importante. Por ejemplo, a la hora de realizar un diagnóstico sobre el difícil acceso a los métodos anticonceptivos, el enfoque bio-psico-social y sensible al género permitiría tener en cuenta factores ambientales (entornos rurales aislados donde los servicios de salud no llegan), también barreras socioculturales (como los mitos sexistas en torno al uso de anticonceptivos por parte de las mujeres o las relaciones de poder dentro de las familias y la división sexual de las responsabilidades a la hora de usar métodos anticonceptivos) o cuestiones biológicas (los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos en los cuerpos sexuados), entre otros factores. Para evitar estos sesgos androcéntricos en la salud, desde el feminismo se reivindica la necesidad de una ciencia de la morbilidad diferencial, ésta pasa por “revisar las literatura que rompa con los estereotipos y proponga bases que tener en cuenta en un diagnóstico diferencial de las enfermedades y del malestar de las mujeres, la formación de profesionales bajo enfoque bio-psico-social y sensible al género, y la atención primaria con derecho a la participación de las mujeres” (Carme Valls Llobet: “Mujeres, Salud y Poder”, Cátedra, 2009). 13

Al incluir la perspectiva de género, este enfoque bio-pisico-social tiene en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en la salud y esto permite no incurrir en una mirada androcéntrica que tome como patrón de referencia universal el cuerpo y las necesidades de los hombres”13. Por esa razón, este enfoque es imprescindibles en cualquier diagnóstico y especialmente si se apuesta por servicios de salud sexual y reproductiva que sean justos y accesibles, de ‘calidad’ y ‘calidez’. Para algunas feministas el enfoque de los derechos no tiene por qué ser necesariamente más estratégico, especialmente cuando hablamos de despenalizar el aborto: Bonnie Shepard, de Católicas por el derecho a decidir, considera que la perspectiva de derechos humanos puede llevar a un terreno de lucha baldío entre derechos (de la madre) contra otros derechos (embrión), por esa razón considera que es mejor el discurso de la salud pública y la equidad, asentado en un enfoque integral de la salud.

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2.4. Trayectoria de la cooperación oficial Como hemos visto, los movimientos feministas tienen una larga trayectoria de trabajo en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Por lo que respecta a la cooperación, los logros relativos a este tema, si bien aún limitados, se deben al esfuerzo de feministas que dentro de las diferentes estructuras han luchado por su incorporación a las agendas de desarrollo, tomando como punto de partida las Conferencias de El Cairo de 1994 y la Declaración y Plataforma de acción de Beijing de 1995. En la Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000), se consigue un reconocimiento explícito a la relación existente entre las desigualdades de género y la salud reproductiva y sexual; sin embargo, pese a que había expectativas en la priorización de los derechos sexuales y reproductivos dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la realidad es que ha supuesto un retroceso respecto a las conferencias de El Cairo y Beijing en la incorporación del enfoque feminista: “a diferencia de lo que pasó en El Cairo y Beijing e incluso un poco antes en Viena en Derechos Humanos, donde sí se contó con el protagonismo de la sociedad civil y el movimiento feminista estuvo presente desde el principio, en los ODM fueron 4 países donantes que decidieron hacer lo que les parecía, retrocediendo del tema de derechos sexuales y reproductivos al tema de nuevo de salud materno-infantil”. Esto supuso un paso atrás, ya que será la agenda y enfoques de los ODM los que se incorporen a las agendas nacionales de desarrollo. La cooperación española con una agenda de contenidos marcada por El Cairo y Beijing, ha ido incorporando paulatinamente el enfoque de derechos sexuales y reproductivos en los documentos estratégicos y operativos de la cooperación oficial. Con una evolución paralela a la trayectoria seguida en los acuerdos internacionales, comienza hablando de salud reproductiva, sin incorporar los discursos del enfoque feminista sobre los derechos sexuales y reproductivos. El Plan Director 2005-2008 incorpora una primera mención a la temática pero no en su línea estratégica para el “aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres” ni como parte de las áreas de acción del sector Género y Desarrollo, sino en la estrategia para el “aumento de las capacidades humanas”, dentro del punto de salud del sector “cobertura de las necesidades sociales básicas”. Con un enfoque de la salud como derecho fundamental del ser humano, establece como línea estratégica la mejora de la salud sexual y reproductiva y la reducción de la mortalidad materna. No será hasta el último Plan Director (2009-2012), cuando se incorpore en la prioridad sectorial de género en desarrollo el objetivo específico de promover el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en los diferentes países, regiones y culturas, como parte integrante de los derechos humanos, estableciéndose este enfoque como la posición oficial de la cooperación española en los foros multilaterales. Esta incorporación se hace manteniendo la temática también dentro del sector de salud como objetivo específico y estableciendo en este caso que el posicionamiento en foros internacionales será siempre “La promoción de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo la desigualdad de las mujeres en el acceso y utilización de los servicios de salud que muchas veces está ligada a la falta de autonomía en la toma de decisiones en relación a su salud, sexualidad y su función reproductiva y a que la evidencia demuestra que la igualdad es clave para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” La estrategia sectorial de salud incorpora entre las líneas estratégicas de intervención sobre condiciones y problemas de salud, una para la mejora de la salud y derechos sexuales y reproductivos con un enfoque que contribuya a la reducción de la carga de 29

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enfermedad derivada de estos problemas, contemple y promueva el desarrollo pleno de los derechos en este ámbito en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y se articule e integre con los otros programas y servicios de salud en el contexto del fortalecimiento de los sistemas de salud. La estrategia de género en desarrollo da un paso más e incorpora los derechos sexuales y reproductivos dentro del sector prioritario de género en desarrollo y efectividad de la ayuda, con especial énfasis por la relevancia que este “derecho humano ha adquirido en las reivindicaciones feministas en todo el mundo, al manifestarse, de manera muy especial, la opresión y discriminación contra las mujeres en el ejercicio de este derecho”. A nivel operativo, como documentos estratégicos se encuentran los Planes de Actuación Sectorial (PAS) de salud y de género, vigentes desde el 2011 hasta el 2013. El PAS de salud incorpora dentro de la línea estratégica 2 de “Impulso a los programas prioritarios con especial atención a su integración en los sistemas de salud” una línea de acción para el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, línea de acción con un enfoque de derechos y que se plantea en coherencia con las acciones del PAS de género. Éste incorpora los derechos sexuales y reproductivos como línea estratégica 3, con tres líneas de acción: apoyo a la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, atención en salud sexual y reproductiva y apoyo a organizaciones de mujeres en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y define los derechos sexuales y reproductivos como el derecho de todas las mujeres a controlar su propio cuerpo, regulando su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones o violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos asuman su responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad. Incorpora también una línea de acción específica sobre el derecho a la identidad sexual de las lesbianas y otros colectivos LGTB. La gradual incorporación del enfoque de derechos sexuales y reproductivos en los documentos estratégicos y operativos de la cooperación española refleja que algunas demandas feministas se han incorporado por lo menos a nivel de discurso y han tenido como consecuencia el aumento de recursos económicos destinados al sector género en desarrollo y a la salud sexual y reproductiva desde el año 2004 hasta la actualidad, sin embargo las organizaciones feministas plantean críticas muy claras a las posturas de la cooperación internacional y es interesante reflexionar sobre por qué se produce esta distancia entre el movimiento feminista y la cooperación internacional y cuáles son los puntos de encuentro y de crítica. Una crítica importante, compartida también por parte de las ongds respecto al modelo dominante de cooperación, es el empeño de tal modelo en los resultados y en las actividades, dejando al margen los procesos de debate y reflexión sobre la autonomía del cuerpo en los que el movimiento feminista quiere hacer énfasis. Los tiempos y las metodologías de trabajo vienen impuestas por los donantes y no al contrario. Según América Romualdo, de Las Dignas, “en lugar de potenciar el activismo crítico de feministas hay una cooptación de feministas para que no hagan activismo y se dediquen a hacer proyectos de cualquier cosa y se desmovilicen. Es una lógica bien perversa instalada entre el patriarcado del norte y el patriarcado del sur.” Esta visión crítica era ampliamente compartida también en otros países, así en Nicaragua nos decían que “siempre vienen con eso de ‘canalizar’ nuestros recursos, pero sería mejor tener una metodología más participativa, hacer diagnósticos para que todo el mundo tenga posibilidades 30

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de hacer feedback y decir no necesitamos eso sino esto, y necesitamos que entiendan esto...”. Esta crítica en el espacio de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental, ya que la despolitización de las actuaciones que vienen de la mano de estos modelos es crucial para determinar no sólo el impacto de las mismas, sino el nivel de apropiación y empoderamiento de las mujeres. Otra crítica planteada desde el movimiento feminista es que pese a la existencia de documentos tanto de la cooperación española como a nivel internacional para la defensa de un enfoque de derechos y una mirada integral de la problemática, persisten los enfoques reduccionistas de salud materno infantil: “ha predominado un enfoque más de salud sexual y reproductiva que un enfoque de derechos. Y ese enfoque limitado ha sido muy funcional a los intereses de la cooperación, ha sido más viable, más sencillo y ha sido menos transgresor o menos complicado, pues no arriesgan nada, porque están apoyando a organizaciones de mujeres para que den atención ginecológica o promuevan el uso de condones y anticonceptivo, para campañas de VIH, ... todo esto es funcional a las prioridades de las Naciones Unidas, a las prioridades de los gobiernos también, de una manera totalmente funcional y creo que eso es lo que ha predominado en la relación de la cooperación”. “Todavía, a pesar de lo que diga el plan director, se ha seguido al menos en El Salvador, financiando convenios clásicos materno-infantil sin ninguna vinculación a los derechos sexuales y reproductivos, ni visión global del ciclo de vida de una mujer, etc. el clásico binomio madre-hijo. (…) sigue habiendo práctica de no dar seguimiento al plan sectorial, ni lo que está escrito en el plan director, ni tampoco alineado con la agenda de las mujeres ni el movimiento feminista”. La agenda de la eficacia de la ayuda establece nuevos instrumentos de cooperación que plantean una asociación con los países y un establecimiento negociado de prioridades entre los países donantes y receptores. Para esta negociación se dan ciertos espacios de identificación y negociación que obligan al movimiento feminista a establecer nuevas estrategias para posicionar el sector género en desarrollo en la agenda. Los procesos de firma de los Marcos de Asociación País está evidenciando la dificultad de que este sector sea priorizado, y por tanto obliga a que se establezcan otras medidas -como intentar asegurar fondos específicos para el movimiento feminista o medidas para transversalizar el género en todas las áreas con mecanismos de seguimiento por parte de la sociedad civil de los países socios y de la española- para asegurar el cumplimiento de los compromisos de igualdad de género asumidos tanto desde la cooperación como desde los países socios. De los tres países estudiados en este trabajo, en Bolivia y El Salvador ya han sido firmados los Marcos de Asociación País (MAP) y en ambos aparece el sector género en desarrollo como elemento transversal sin priorización sectorial. En el caso de Nicaragua, sigue vigente el documento de Estrategia País (2005-2008) que incorpora en el ámbito de Salud, la línea estratégica para la mejora de la salud sexual y reproductiva y la reducción de la mortalidad materna. Esto ejemplifica los riesgos que presenta la agenda de la eficacia para las demandas feministas. Ante estos riesgos, es interesante destacar que la cooperación española ha publicado un documento con las directrices para la integración del enfoque de género en el desarrollo en los MAP, marcando las pautas a seguir para que los MAP sean coherentes con los documentos estratégicos y las medidas que se deben tomar para no correr el riesgo de eliminar la doble prioridad de la cooperación española transversal y sectorial. Las directrices plantean la importancia de incorporar en los espacios de decisión y negociación de los MAP tanto a los mecanismos gubernamentales para 31

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la promoción de la igualdad de cada país, como a las organizaciones de mujeres y feministas y a personal especializado en género en desarrollo. La cuestión es, una vez más, el nivel real de difusión y aplicación de estas recomendaciones, a las que desde algunas organizaciones se les ve el potencial pero no sin ciertas reservas: “Hay una guía que ha sacado la AECID sobre cómo hacer los MAP, que incluye cómo integrar el enfoque de género, que no es lo mismo que el feminista, pero algo hay, aunque cada quien lo va haciendo con quien me llevo o me sale mejor, con quién lo hago más rápido... pero ahí podrían salir temas de derechos sexuales y reproductivos”. De momento y como primer paso, el reto es comenzar por dar a conocer estas directrices, pues muchas organizaciones las desconocen y por tanto no pueden reclamar su implementación. “Cada país lo hace como ellos creen, porque no hay unos elementos claros de cómo hacerlo...” Una de las posibilidades que abrirían estos instrumentos sería la condicionalidad de la ayuda al respeto a los derechos de las mujeres, sin embargo en los países estudiados esta cuestión no se encontraba en el centro del debate ya que no se consideraba posible, especialmente con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, según manifestaciones tanto del movimiento feminista como de ongds españolas. Opuesto a la posibilidad de la condicionalidad se mencionaba el discurso mantenido tanto por instancias gubernamentales como por organizaciones pro-vida, de que tal hecho podría ser considerado injerencia y actitud neocolonial, especialmente en la cuestión de revisar las legislaciones punitivas respecto al aborto en todos los supuestos. Las alianzas del movimiento feminista son necesarias, tanto dentro de los países como a niveles regionales e internacionales, para defender un posicionamiento común de exigencia de priorización de los derechos de las mujeres en las agendas políticas o del planteamiento de condicionar la ayuda al establecimiento de compromisos respecto a los derechos de las mujeres. En los Diálogos Consonantes, un espacio para el debate entre redes feministas de América Latina y el Caribe y la cooperación española, desde diferentes ponencias se defendía la importancia de que en este contexto de crisis, de reducciones presupuestarias y de nuevos espacios de negociación, es necesaria la alianza del movimiento feminista y de las feministas que trabajan en los organismos internacionales y la cooperación para tener una postura común, superando las diferencias. Sin embargo, en la práctica se producen incoherencias por las dinámicas de trabajo de las agencias donantes: “uno de los temas que salieron en los últimos Diálogos Consonantes es el tema de la perversión de los procesos de la cooperación. Estamos sentadas con el movimiento feminista pero lo que conseguimos es convertir al movimiento en pequeñas organizaciones que compiten entre sí por los recursos. El tema de no poder apoyar directamente a un movimiento.... un movimiento no tiene por qué ejecutar proyectos, podríamos apoyar procesos de incidencia política más estratégicos.” Es un nudo crítico con varias cuestiones en conflicto; Como se planteó en el foro “Eficacia de la ayuda, salud, género y derechos sexuales y reproductivos”, organizado por la Red Activas, este contexto de crisis económica global es un argumento muy recurrente para reducir los recursos destinados a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. El acceso a la información, los recursos y los espacios de negociación son clave y mientras el movimiento feminista no participe o no lo haga con toda la información y con unidad es probable que la capacidad de incidencia sea poca. Por último, sin una voluntad real por parte de las agencias donantes de establecer los derechos de las mujeres como una prioridad estratégica, más allá de los discursos y los documentos es muy difícil que los derechos sexuales y reproductivos se conviertan en una prioridad de los países socios, por tanto requiere incorporar al debate la posibilidad de condicionar la ayuda al compromiso de los estados a garantizar estos derechos. 32

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2.5. Principales nudos críticos A) Los Fundamentalismos religiosos “El principal nudo crítico es la iglesia, que permea todo, cualquier tipo de población.” (Colectiva de Mujeres de Masaya) Como explica Alicia Miyares, hace unas décadas se confiaba en que los gobiernos y la política estuvieran libres de la influencia de las élites religiosas, sin embargo a finales del siglo XX y comienzos de este, la religión se ha convertido en una fuerza central y fuente nada desdeñable de movilizaciones políticas14. En el contexto específico de América Latina, es evidente el afianzamiento de una estrategia ideológica y política de proselitismo religioso dirigido a los gobiernos y partidos, más que a las bases católicas. Una estrategia rentable, dado el amplio segmento de voto garantizado que representa la Iglesia, y que hace que en contextos inciertos de amplias brechas de desigualdad, altos índices de violencia y escenarios económicos vulnerables, la estabilidad o continuidad política termine siendo dibujada por los programas doctrinales unitarios de las Iglesias frente a propuestas seculares plurales de la izquierda y la sociedad civil. Este auge en la región de ideologías religiosas conservadoras, absolutamente contrarias a la ampliación de los derechos humanos hacia espacios de autonomía sobre el propio cuerpo y la sexualidad, se concreta en recortes de derechos y en cifras lamentables de aumento del número de muertes de las mujeres. Según Nirvana González, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, “si bien la CEDAW dice que todos los estados tienen que garantizar los derechos de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva no está garantizado. Se subordina la ciudadanía laica a fundamentalismos religiosos”. Este contexto ha de ser inevitablemente tenido en cuenta por las organizaciones de desarrollo que trabajan el tema: “no es posible en sociedades como las nuestras trabajar una agenda de derechos sexuales y reproductivos si no se abordan los problemas derivados del fundamentalismo religioso como la principal referencia en la construcción de ideas sobre el cuerpo y la sexualidad”; de este modo, si las ONGD quieren constituirse en agentes de cambio y promover la defensa de los derechos humanos de las mujeres, desde un paradigma de ciudadanía y laicismo, tendrán que debatir con los movimientos feministas y sociedad civil de los países las estrategias a adoptar. El debate está abierto y los enfoques varían, ninguno sin dificultades: “Siendo el enfoque de derechos sexuales y reproductivos nuevo en Centroamérica como enfoque y todavía con limitaciones, se enfrenta a muchos obstáculos. Uno de los más importantes, es este tema de trabajarlos en sociedades, donde no hemos logrado avanzar en la construcción de una cultura y de un pensamiento laico, esto es un problema estructural”. En organizaciones como Católicas por el Derechos a Decidir, presente en muchos países de la zona, tienen clara la importancia de “tener una voz desde dentro para romper con el discurso hegemónico del control. Politizamos una identidad católica, donde libertad de conciencia y derecho a decidir son fundamentales. Hay dos elementos para formular estas rupturas con el discurso hegemónico: el feminismo es un requisito identitario para nosotras, despierta sentimientos de valentía, permite rastrear historias silenciadas, preguntarnos por qué sentimos culpa cuando se vive la sexualidad, cuál es el papel de la mujer en el interior de la Iglesia Católica, que el aborto no es un pecado... La teología feminista permite reinterpretar los textos de la religión”, nos explicaba Eliana Cano. En este enfoque se insertan quienes comienzan a basar sus campañas pro-despenalización del aborto en una filosofía de “despenalización de las concien-

Miyares, Alicia: Derechos sexuales y reproductivos en América Latina, en Pensamiento Iberoamericano nº9: Feminismo, Género e Igualdad. Marcela Lagarde y Amelia Valcárcel, coords. Madrid, septiembre 2011. Disponible en http://www.pensamientoiberoamericano.org/xnumeros/PensamientoIbero9.pdf

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cias”, ya que como explica María López Vigil, “aun cuando las leyes despenalicen el aborto, en la conciencia de muchas mujeres, en su pensar, en su sentir, el aborto sigue penalizado15”. Este abordaje por otro lado no obstaculiza que, dependiendo del contexto concreto de cada país, se trabaje también el marco más amplio del estado laico, a través de la articulación con la sociedad civil y las diferentes confesiones, como explica Teresa Lanza en Bolivia: “Hicimos un trabajo de incidencia, de estrategia y nos concentramos en dos aspectos: ¿cuál es el primer obstáculo para que los derechos sexuales y reproductivos se cumplan? La Iglesia Católica. ¿Qué papel juega la Iglesia en el país? De mucha influencia. Por eso vimos que había que cambiar el estatus del país, de un Estado confesional a un Estado Laico. Se trabajó en articulación con organizaciones de DDHH, también con iglesias (…). Redactamos el artículo y lo presentamos, y nos preguntaban si era lo mismo si poníamos que el Estado estaba separado de la religión y nosotras les decíamos, ‘claro’. Y se quedó así en la constitución, se aprobó”.

López Vigil, María. Para despenalizar el aborto hay que despenalizar la conciencia. Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua e IPAS Centroamérica, 2010. Disponible en http://sidoc. puntos.org.ni/isis_sidoc/documentos/13192/13192_00.pdf 15

Los derechos culturales son entendidos como el derecho y la libertad a elegir tu identidad sin discriminación, practicar tu religión sin represión, hablar tu propio idioma, practicar tradiciones religiosas y culturales, participar en la vida cultural de tu comunidad y tener acceso al patrimonio cultural, entre otras libertades, sin ser por ello discriminada o aislada. El problema no resuelto es si estos derechos culturales tienen límites y quién los establece. 16

Como los DDHH se definen como individuales (el individuo como sujeto de derecho) y los derechos culturales tienen una dimensión colectiva (se ejercen colectivamente o en interacción con otros individuos y algunos grupos vulnerables o minorías necesitan una protección especial), esto genera una tensión. Y ésta ha llevado a un debate polarizado entre una postura universalista de los DDHH, que sostiene que existen unos derechos y libertades fundamentales que son los mismos para todas las personas, que son universales, individuales y no pueden ser limitados por Estado ni comunidades, y otra postura en el otro extremo que incurre en un relativismo cultural, donde no hay límites para los derechos culturales.

Un tema sin duda conflictivo y tradicionalmente generador de resistencias, pero que como advierte María Teresa Blandón, no debe ser utilizado para los enfrentamientos dicotómicos: “estoy consciente de que hay que trabajar el tema de una espiritualidad laica, pero eso no me obstaculiza a mí como feminista ni a mi organización a trabajar una agenda de derechos, lo que no puede hacer la cooperación es dicotomizar eso”. Sea cual sea el posicionamiento o enfoque que se adopte, lo que es necesario es conocer sus implicaciones y tener en cuenta este nudo crítico en el análisis que se haga como parte de la fundamentación del posicionamiento de la organización o agencia. Tal y como lo ejemplificaba África Sanchís, “nosotros con la iglesia tenemos cero diálogo. Son procesos en los que la cooperación no tiene que meterse, tenemos que hablar con sociedad civil y Estados, pero sabiendo que tienen mucho peso en los países. (…) el peso de las iglesias no se puede no tener en cuenta”. B) Derechos culturales, derechos de las mujeres y salud intercultural El debate sobre salud intercultural que abordamos específicamente en el estudio de caso de Bolivia, se enmarca en otro debate de mayor calado, que es el de los derechos culturales16. Entender los DSDR desde un enfoque intercultural implica tener en cuenta los usos y costumbres de pueblos originarios, así como los diversos códigos socio-culturales que existen, y esto puede generar tensiones entre los derechos culturales y los derechos humanos, especialmente cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres. Esta tensión entre DDHH y derechos culturales es compleja y ha conducido a debates polarizados donde los derechos de las mujeres se han instrumentalizado a costa del control del cuerpo de las mismas. No es casual que las más flagrantes contradicciones entre las demandas de los grupos para preservar sus identidades tradicionales y los derechos humanos universales emergen en cuestiones que atañen a los derechos humanos de las mujeres, especialmente a los derechos sexuales y reproductivos. Como advierte Pinar Ikarkkan, de La Coalición Sexual and Bodity Rights in Muslim Societies (CSBR), existe un peligro cuando se afirma la identidad cultural a costa del control del cuerpo de las mujeres, cuando a través de la cultura y la religión se legitima la violación de los derechos humanos de las mujeres. Pero tampoco es casual que los derechos de las mujeres se hayan instrumentalizado para criticar culturas como la islámica, como ocurrió con la imagen de la mujer afgana, donde el burka sirvió para justificar la guerra contra Afganistan desde un discurso islamófobo, como han denunciado desde el feminismo islámico.

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En esta compleja tensión entre derechos de las mujeres y derechos culturales, la feminista Seyla Benhabib17 considera que la pregunta no es qué derechos humanos son compatibles con todas las cosmovisiones, pues esta búsqueda lleva a un debate polarizado entre “indiferencia e intervencionismo”. Ella propone desviar la pregunta: ¿las minorías vulnerables tienen fundamento para reclamar derechos culturales y cuáles son? El debate es quién define los derechos y cómo. Propone tres normas para que los derechos culturales sean compatibles con un modelo universalista: la reciprocidad igualitaria (las minorías no pueden tener menor grado de derechos que la mayoría por el hecho de ser minorías); la adscripción voluntaria (el estado legal y civil de un individuo no debe ser asignado directamente por el Estado en función de su origen religioso, lingüístico o etnocultural, sino que debe ser una autoadscripción); y la libertad de salida y asociación (libertad del individuo para abandonar el grupo). Benhabib también considera que no hay que caer en una visión idealizada de las cosmovisiones, tradiciones religiosas, culturas y naciones, como si fuesen un todo coherente y unívoco. Esta homogeneización de las tradiciones y culturas niega que hay muchas diversidades y formas de interpretar y practicar una misma cultura, y por otra parte niega que existen muchos feminismos, incluso dentro del feminismo islámico y el católico, que están tratando de releer y reconstruir la tradición religiosa, haciéndola más compatible con la equidad entre hombres y mujeres. La tensión entre derechos culturales y derechos sexuales y reproductivos (especialmente de las mujeres) que plantea un debate intercultural atraviesa desde el ámbito jurídico, al educativo, pasando por la salud. Este informe aborda en concreto el debate en torno a la salud intercultural que se está produciendo en Bolivia, un tema que comienza a priorizarse en países plurinacionales como Bolivia, donde los pueblos originarios cada vez tienen más peso político. El interés por los códigos culturales de los pueblos indígenas dentro de la salud ha sido agendado por la cooperación y la propia Organización Mundial de la Salud, no solo por el papel activo de los pueblos originarios, sino porque diversos estudios han advertido un fuerte relación entre barreras culturales y los bajos índices de salud reproductiva. El manual sobre Humanización y Adecuación cultural al Parto (FCI/Ecuador), por ejemplo, concluye que “a lo largo de la región, las barreras culturales y las actitudes poco respetuosas de los proveedores de salud limitan el acceso de las mujeres a la atención calificada. Las mujeres, especialmente indígenas, rechazan el tratamiento que reciben en los hospitales”. Dentro de este interés por tener en cuenta los usos y las costumbres de los pueblos originarios, hay una tendencia creciente al reconocimiento del trabajo de las parteras indígenas porque se ha demostrado que pueden ser un puente de articulación entre medicina occidental y tradicional para lograr disminuir altos índices de mortalidad materna en países en desarrollo. Para las mujeres indígenas, la libertad cultural en salud sexual y reproductiva significa poder elegir la forma más adecuada de dar a luz y en condiciones de salud seguras. Una reivindicación que también existe en los movimientos por un parto natural, humano e individualizado en países del Norte. La memoria del primer encuentro Nacional Salud y pueblos indígenas (México, 2002) define la salud intercultural como “la capacidad de moverse entre los distintos conceptos de salud y enfermedad, los distintos conceptos de vida y muerte, los distintos conceptos de cuerpo biológico, social y relacional (…) en el plano operacional se entiende la interculturalidad como potenciar lo común entre el sistema occidental y el sistema médico indígena (…) respetando y manteniendo la diversidad”. No se trata de una definición de contenidos cerrada, sino de una propuesta formal de diálogo y convivencia.

Seyla Benhabib: “Cultura, derechos humanos y minorías vulnerables. una modesta propuesta”, Ceremonia de Investidura como Honoris Causa en la Universidad de Valencia, 8 de Noviembre de 2010.

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El reto, por tanto, es cómo articular la medicina tradicional y la medicina occidental de una forma que no sea ni muy intervencionista ni muy relativista. Justa Cabrera, presidenta de la organización indígena de mujeres de tierras bajas, CNAMIB, nos explica qué persiguen con el reconocimiento de las parteras dentro del plan que está haciendo el gobierno sobre derechos sexuales y reproductivos: “Que ellas también lleven un registro de cuántos niños han nacido en la comunidad y que esa partera pueda beneficiarse con una apoyo mensual o cada seis meses, y que además esos niños que han nacido puedan ser registrados y esas mamás embarazadas puedan tener también una buena atención. Muchas mujeres se mueren. Y si hay un parto complicado, que esas parteras puedan venir al hospital y tener un reconocimiento, distintivo y que nos atiendan inmediatamente, porque muchas veces venimos de las comunidades con nuestros enfermos y nos dicen ‘si no tienes plata, a qué vas a entrar’, ¿con qué vas a pagar tu remedio?, ¿con qué vas a pagar tu cama?’ La cooperación esta incluyendo en sus diagnósticos sobre DS y DR las cuestiones culturales que afectan a las mujeres indígenas pero muy ligadas a la salud reproductiva; la disminución de la mortalidad materna es una de las prioridades que dejan en segundo plano derechos sexuales como el placer y el disfrute. Estos proyectos sobre salud reproductiva con mujeres indígenas adolecen de un enfoque homogeneizador de las mujeres, que en el caso de Bolivia no tiene en cuenta las diferencias entre las mujeres aymaras y quechuas y las mujeres indígenas de Tierras Bajas. Por otro lado, la defensa de los derechos culturales en la salud sexual y reproductiva no significa solo tener en cuenta las condiciones culturales dentro del marco de la salud intercultural, sino también el derecho a exigir un papel activo en la planificación de políticas y programas sobre estos temas. Darle un lugar protagónico a todos los grupos indígenas, y concreto a las mujeres, para que definan las políticas de salud intercultural de forma participativa es un reto de los proyectos de salud reproductiva con mujeres indígenas para no generar dinámicas muy dependientes y asistencialistas. C) El sujeto político de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos Una de las principales críticas a las mujeres que trabajan en cooperación y también a las que están organizadas en movimientos que se autodenominan feministas es que son blancas, de clase media, con estudios y urbanitas (o sin serlo, adoptan esta mirada normativa) lo que lleva a una óptica reduccionista en la luchas por los derechos sexuales y reproductivos, pues no tiene en cuenta las necesidades específicas de las mujeres atendiendo a su clase, etnia, orientación sexual y otras variables. ”Yo creo que desde las ONG no se hace reflexión crítica desde dónde se hace lo que se hace. No se reconocen los privilegios, por ejemplo una mujer de una ONG tiene la posibilidad de colocarse un anticonceptivo permanente y otra compañera de la zona sur puede que ni siquiera tenga acceso a esa información. Hay muchos factores que no se reflexionan al interior”, objetan desde la asamblea feminista de Cochabamba.

Dentro del feminismo postcolonial, diversas autoras como Bell Hooks, Gayatri Chacravorty Spivak o Trinh T.Minh-ha han escrito sobre este tema. El libro las Otras Inapropiables, de la editorial Traficantes de Sueños (2004), reúne las reflexiones de varias de éstas y otras autoras. 18

Esta visión homogénea sobre las necesidades de las mujeres, especialmente de mujeres de países del Sur y particularmente en lo que atañe a los derechos sexuales y reproductivos, genera el distanciamiento de muchas mujeres con las organizaciones feministas, cuya agenda les resulta en gran medida ajena. También ha supuesto el cuestionamiento de un feminismo global homogeneizador y excluyente que bajo la opresión de género iguala a todas las mujeres18. Chandra Talpade Mohanty, en un artículo que fue revelador, denunció el feminismo hegemónico de occidente y su discurso colonizador cuando se refiere a las mujeres del Tercer mundo: “Es en la producción de la diferencia de Tercer Mundo donde los feminismos occidentales se apro-

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pian y colonizan la complejidad constitutiva que caracteriza la vida de las mujeres de estos países. Es en este proceso de homogeneización y sistematización del discursos sobre la opresión de la mujeres en el Tercer Mundo donde se ejerce poder en gran parte del discurso feminista reciente, y este poder requiere ser definido y nombrado” 19. Así, la necesidad de atender a las complejas intersecciones constitutivas de las relaciones de subordinación a las que se enfrentan mujeres concretas: respondiendo no sólo a las relaciones de género o de clase, sino también al racismo, la lesbofobia y transfobia, los efectos de la colonización, la descolonización y las migraciones transnacionales, es uno de los retos planteados dentro del feminismo y que tiene que ser planteado en las distintas fases de la elaboración de un proyecto de cooperación, máxime cuando se centra específicamente en DS y DR. Otro de los temas polémicos en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos que han aparecido en el trabajo de campo es si incluir a hombres. “hay organizaciones que no están de acuerdo con que la lucha se amplíe y entren sujetos hombres. Nosotras creemos que hay que darle la oportunidad a otras personas de expresarlos y que mucha más gente pueda aportar herramientas para la lucha”, opina Ariadna Tovar, de Women’s Link-Bogotá. Respecto a incluir a los hombres como beneficiarios de los proyectos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, muchas feministas opinan que aunque siguen siendo importantes las políticas específicas con mujeres (especialmente en temas como violencia machista), consideran que hay que responsabilizar también a los hombres en estos temas, por eso se plantean talleres mixtos sobre derechos sexuales y reproductivos. “Ha habido una inversión enorme en las mujeres pero no nos dimos cuenta en su momento que hacer crecer a las mujeres en derechos, en empoderamiento, pasaba por educar al hombre”, explican desde la organizaciones feminista nicaragüense La Corriente. La polémica se agudiza cuando las partidas son limitadas y hay que quitar de un lado para poner en otro, y reducir los programas específicos con mujeres no es una opción barajable cuando los indicadores sobre salud sexual y reproductiva están empeorando y los fondos de cooperación se están recortando. Como nos explican desde Colectiva de Mujeres de Masaya: “Por un lado hay presión de donantes por el trabajo con los hombres, pero si no nos hemos aclarado las mujeres de cuál es nuestro clavo, ¿qué vamos a hacer con los hombres?”. Colocar en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos las diversidades sexuales también ha supuesto distintas polémicas y rupturas. Dentro del propio movimiento LGTB, las mujeres lesbianas critican la visibilidad que acaparan los varones gay: “Nos hemos dado cuenta de que la cooperación ha sido beneficiosa en la medida en que nuestra población ha empezado a recibir formación, pero no toda la población, los gays han usado ese dinero, se han empoderado y los espacios de mujeres han sido usurpados por las ONG”, expresa una activista lesbiana de Bolivia. Por esa razón, las mujeres lesbianas, transexuales y travestis tratan de articularse y definir una agenda propia para tener autonomía y favorecer la ‘diversidad al interior de la diversidad’. Por otro lado, algunas feministas ven a los grupos LGTB como competidores y consideran que se han convertido en una moda de la cooperación internacional: “Desgraciadamente la cooperación internacional se mueve por modas, olas. En este momento el gran descubrimiento que han hecho son las diversidades sexuales. Obviamente afectan a un 10% de la población y es importante la reivindicación de sus derechos, pero no les compromete temas más de fondo como el aborto o la trata. Comprobamos que en los

El artículo en cuestión es “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales”, de Chandra Talpade Mohanty, publicado en el libro “Descolonizando el feminismo”, ediciones cátedra, 2008. La cita aparece en la página 122.

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eventos internacionales hay un impulso muy grande para visibilizar a las diversidades, a mí me parece bien visibilizarlas”, opina una jurista feminista de Bolivia. La emergencia de nuevas identidades (transgénero y transexuales) han puesto en cuestión el binomio sexo (biológico)/ género (cultural) arrojando interrogantes en el movimiento feminista que trascienden a los proyectos de cooperación y de forma muy sensible a los relacionados con los DS y DR: ¿quién es el sujeto político del feminismo?, ¿Se puede hablar de ‘mujeres’? ¿Quiénes se pueden/quieren considerar mujeres? ¿No se corre el riesgo de diluir ese sujeto político que nos une? Ésta es una de las encrucijadas comunes del movimiento feminista de países del norte y del sur. “Por ello se abren nuevos retos sobre cómo seguir construyendo un terreno común. Si no podemos presuponer identidades y por tanto tampoco luchas, ¿cómo seguir elaborando problemas a partir no ya de la unidad, sino de la certeza de que habitamos diferentes y complejas situaciones?” 20. Dentro de la cooperación existe una responsabilidad a la hora de no favorecer la fragmentación dentro de movimiento feminista y conviene respetar estos debates abiertos sin acelerar procesos e imponer modas. D) La articulación del movimiento feminista Podemos señalar tres niveles de articulación: entre las propias organizaciones que se autodenominan feministas; entre éstas y los grupos de mujeres de base y finalmente, entre las organizaciones feministas y las instituciones y gobiernos. En primer lugar, la articulación para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos entre las propias organizaciones feministas, de base y más institucionales, es en sus propios países y entre regiones, una de las grandes carencias, especialmente en el momento actual de regresión global de estos derechos. Los espacios de diálogo entre feminismos del norte y feminismos del sur para crear agendas comunes que incidan en las políticas de cooperación suelen quedar relegados a las organizaciones más institucionalizadas. Desde la Asamblea Feminista de Madrid se observa que a los espacios de diálogo que se abren desde la cooperación oficial sólo se convoca a un tipo de organizaciones, generalmente ONG del estado español y a un tipo concreto de organizaciones feministas de países del Sur. Articular una agenda común cuando no está claro el sujeto del feminismo es una tarea complicada, aunque hay temáticas que aún siguen formando parte de las reivindicaciones comunes. “La violencia contra las mujeres es un tema aglutinador. No es una convocatoria de la cooperación ni de una ONG ya existente”, matiza Victoria Aldunate, de la Asamblea Feminista de La Paz. Otro elemento que marca la articulación es el contexto político. La articulación de las organizaciones feministas en defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con las instituciones y los gobiernos en sus países viene marcada por el contexto político y la correlación de fuerzas. En Nicaragua y el Salvador, donde hay una criminalización del movimiento feminista, el diálogo es para muchas implanteable, para otras un reto. “Ese es el gran desafío que tenemos acá, que no hay espacios de diálogo del estado con movimiento de mujeres y feminista. Eso está rotundamente cerrado a nivel nacional”. 20 Reflexión de Silvia L. Gil a raíz del 30 aniversario de las jornadas de la Coordinadora Estatal de organizaciones feministas españolas, publicada en el periódico Diagonal, nº119.

“No hay cauce directo entre movimiento feminista y gobierno, las feministas entraron en estos otros espacios y las mesas de trabajo. Pero la agenda feminista está neutralizada dentro de estas agendas, no han permeado en absoluto. Sí, hay diálogo entre movimiento feminista y el ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer) con dis-

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tintos momentos. (...) pero la salud sexual y reproductiva no está en la política nacional de la mujer, es la asignatura pendiente”, opina África Sanchís, responsable de programas de Gobernabilidad y Género de la Oficina Técnica de Cooperación española de El Salvador. En el caso de Bolivia, para muchas feministas y organizaciones de mujeres, así como grupos indígenas y otros movimientos sociales, el denominado ‘proceso de cambio político’ despertó muchas esperanzas para cambiar relaciones de poder patriarcales, coloniales, discriminatorias y de explotación de las personas y la naturaleza. Pero en los últimos años, la lucha contra la colonización, capitalizada por el gobierno de Evo Morales, ha generado nuevas exclusiones y retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, una nueva ‘colonialidad del poder’, como ha sido denominada por varias mujeres entrevistadas, donde la familia heteronormativa es el centro. Para algunas organizaciones feministas y que trabajan en la defensa de los DS y DR el proceso de cambio político que vive Bolivia es una oportunidad, para otras un obstáculo infranqueable con el que no están dispuestas a alinearse. Finalmente, también existe una dificultad para establecer vínculos entre las organizaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos que se denominan feministas y las organizaciones sociales de mujeres que no se autodefinen como feministas, y concretamente en temas relacionados con la sexualidad y el control de los cuerpos. Esta falta de articulación viene de una estigmatización mutua. Por ejemplo en Bolivia, un país con una historia de lucha anticolonial, el feminismo se ha interpretado muchas veces como algo que viene de fuera, una nueva forma de colonialidad, incluso por mujeres con una larga trayectoria política en defensa de los derechos de las mujeres. “La visión que tienen las organizaciones de aquí es que el feminismo ha llegado de afuera, de las gringas, que nos han lavado el cerebro, queriendo dividir las organizaciones porque llegaron en un época de dictadura y se asociaron con la CIA. Se ha satanizado. La compañera minera Chungara, tiene ese estigma del feminismo, lo asocia a cosas que ella cuestiona mucho, yo creo que fue por la época en la que ella vivió, el feminismo se asoció con cosas del exterior”, explica una joven activista de la Asamblea de Cochabamba. Existe una fuerte autocrítica dentro del propio movimiento feminista. Algunas expresan con desazón esta falta de articulación: “Yo no creo que haya un movimiento feminista, creo que hay mujeres en movimiento pero no tenemos agendas articuladas. Hay mucho cuestionamiento de mujeres periurbanas rurales al movimiento de mujeres y a la agenda feminista. Tenemos un discurso tan académico que no hemos podido calar ni siquiera en las mujeres de clase media. En la medida en la que no podamos articular una agenda de mujeres más clase medieras con una agenda de mujeres rurales e indígenas, no podemos hablar de un movimiento de mujeres. Este proceso es muy duro porque las mujeres del área rural tienen otro tipo de demandas que no necesariamente se ajusta con las nuestras” (Cecilia Enríquez, del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en El Alto). El reto es cómo tejer estrategias de acción conjunta para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos partiendo de lo que une a las mujeres y no de lo que las separa, creando agendas comunes que tengan en cuenta las necesidades concretas de cada mujer. E) El no posicionamiento político de las ONG y la despolitización del feminismo La oenegeización del movimiento feminista, a partir especialmente de Beijing, es uno de los malestares expresados por las entrevistadas, que consideran que muchas 39

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activistas feministas han rebajado su práctica y discurso al entrar en ONGs por diferentes circunstancias. También ligado a las políticas de igualdad se apunta un auge de tecnócratas del género (como han sido denominadas muchas personas, sobre todo mujeres, con un currículo académico en cuestiones de género potente pero sin una visión política sobre el feminismo). Esto ha generado una fractura entre el movimiento feminista autónomo y el feminismo más institucional. Aunque en América Latina, el feminismo institucional y las ONG que trabajan derechos sexuales y reproductivos tienen un gran compromiso, encontramos críticas muy demoledoras. “El análisis político que yo veo en feminismos como el italiano, el español o el alemán está extraviado. Ha perdido la vocación de interpelar al poder y a los partidos políticos, ha perdido la iniciativa. Están en una crisis profunda, la gente ha sido absorbida por las subvenciones estatales y sobretodo ha perdido capacidad de propuesta y capacidad de imaginación. No se puede decir que existe una relación porque los espacios de relación están sujetos a los tejidos estatales y oenegistas donde de ambos lados intervienen mujeres adormecidas y cooptadas. En esos espacios las europeas juegan a matriz civilizatoria y juegan a modelo y las mujeres del sur juegan a beneficiarias de esos modelos, pero en ambos casos se trata de un juego de roles poco o nada vital”, denuncia María Galindo, de Mujeres Creando21, que se considera parte del movimiento feminista autónomo y critica la falta de voluntad para articularse con el feminismo más institucional durante las cumbres de las mujeres de la ONU, concretamente en Beijing, donde se produjeron varias rupturas en el movimiento latinoamericano. Según Helen Dixon “muchas ONG, no acompañan la construcción de mensaje con la organización de sujetos organizados, de redes locales, de movimiento, entonces queda mucho en el discurso sin espacios de acción. Como son un cuerpo legal que tiene que rendir cuentas ante el Estado, cuando hay potencial de conflicto político, tienden a retirarse, a adoptar una distancia discursiva muy naif; y esto no es una propuesta de negociación sino retirada de posicionamientos. No se puede hablar de derechos sexuales y reproductivos sin ir a las marchas, sin hablar de aborto, no puedes echarte para atrás o no asumir lo que implica en términos de confrontación política. Otra cosa es cómo haces la confrontación política”. A pesar de estas limitaciones que marca la cooperación, muchas entrevistadas consideran que se pueden adoptar distintas estrategias para no perder el enfoque feminista de los derechos sexuales y reproductivos. “Se trata de seguir buscando estrategias para nombrar, colocar y dar visibilidad a los derechos sexuales y reproductivos. Desde la sociedad civil seguimos pensando cómo colocar los derechos sexuales y los derechos reproductivos en escenarios formales, y dar una voz alternativa a los reportes del Estado”, explica Eliana Cano, de Católicas por el Derecho a Decidir- Perú, que acaban de publicar un manual22 para incluir los derechos sexuales y los derechos reproductivos dentro del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

21 Entrevista realizada en el blog Conciencia Feminista, 2008.

El manual se titula “Informe Alternativo de organizaciones de la sociedad civil al comité de derechos económicos, sociales y culturales, sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en Perú” y fue publicado en abril de 2011. 22

Para María Teresa Blandón, “no se puede pensar en participación ciudadana, en defensa de derechos, en creación de nuevas formas de organización al margen del cuerpo y de los desafíos cotidianos que cada persona enfrenta con su cuerpo, con sus sentimientos, con su placer, con sus miedos, con sus dudas de cómo quiere vivir la vida. Para mí redimensionar esto es un criterio claro. Reposicionar entonces el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la agenda del desarrollo es crucial y eso pasa por compresión pero también por dinero, no pueden seguir siendo financiados estos temas marginalmente”. La tensión que genera la financiación internacional es un debate más embrionario en el movimiento LGTB. El Colectivo Nacional Trans Lesbianas Gays y Bisexuales

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de Bolivia, que ha recibido por primera vez dinero de la cooperación internacional para un proyecto con continuidad, hace esta reflexión sobre las consecuencias de la cooperación en el movimiento: “Hay grandes organizaciones que reciben desde hace 15 años dinero para temas LGTB, pero ha habido una ruptura entre esas ONG y los colectivos de base en el último congreso internacional (el año pasado) porque seguían captando los recursos y no veíamos los resultados, veíamos un carro inmenso alquilado por la ONG más grande y un montón de voluntarios heterosexuales con su ponchillo; no estaba nuestra población LGTB. La diferencia está en los procesos y cómo se plantean las cosas. Una ONG está dirigida por un directorio y su asamblea está invitada, en los colectivos de base tenemos un espacio nacional donde los representantes de los grupos, de las familias, asociaciones, participan donde hacemos nuestra agenda política. Tiene que haber una devolución. Nuestra premisa es que la información sea lo más horizontal posible”.

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por países

ORMUSA. EL SALVADOR.

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3.1. Bolivia A) El contexto Cuando nos aproximarnos a las estrategias que se están articulando desde la cooperación y el movimiento feminista en el desarrollo de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos (DSyDR) en Bolivia conviene reconocer tres singularidades que marcan el escenario de actuación en este país, generando retos y tensiones: • La llegada al gobierno del indígena aymara Evo Morales ha abierto un nuevo escenario de participación política y ha supuesto un nuevo marco de exigibilidad para los derechos sexuales y reproductivos que tiene muchos matices. • Los indicadores relacionados con salud sexual y reproductiva se han estancado e incluso empeorado y esto marca prioridades en las agendas de la cooperación. • La diversidad étnica y cultural del país, que marca la necesidad de un enfoque intercultural en los derechos sexuales y reproductivos. En 2006 Evo Morales Ayma se convierte en el primer presidente indígena con una mayoría de votos aplastante, dando un vuelco político en un país que durante veinte años estaba gobernado por partidos tradicionales. La Asamblea Constituyente Fundacional abre un proceso de esperanza entre los sectores tradicionalmente excluidos. Durante dos años se discute y redacta una Carta Magna que es promulgada mediante un referéndum el 7 de febrero de 2009. Esta nueva Constitución Política del Estado (CPE) reconoce sobre el papel los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y otros derechos fundamentales para poblaciones específicas (mujeres, adolescentes, indígenas) en el contexto de un Estado laico. Otras normativas vigentes declaran un compromiso por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la equidad de género y la no discriminación. Cabe resaltar el artículo 66 de la CPE que “garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos” y el artículo 58 que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas con derechos específicos para garantizar sus intereses, aspiraciones y necesidades específicas. Es importante señalar, también, la existencia de un Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud, como parte de este desarrollo normativo y la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, promulgada en octubre de 2010, que sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esta apertura legislativa es considerada como una fortaleza por las personas y organizaciones entrevistadas en cuanto a que la constitucionalización de los derechos permite crear las condiciones de partida para su exigibilidad por parte de la población. Sin embargo, las personas entrevistadas también apuntan limitaciones e incluso incongruencias a nivel formal con algunas normativas. Por ejemplo, sobre el artículo 66 de la nueva constitución que “garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”, Teresa Lanza, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir matiza que “está en un capítulo que no debería ser, donde se habla de temas de familia”. La población LGTB (lesbianas, Gays, Transexuales, transgénero y bisexuales) objeta por su parte que la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación no reconoce el derecho a formar la familia de propia elección y que el artículo 63 de la CPE cierra la libre elección al definir el matrimonio exclusivo entre hombre y mujeres. 44

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En los últimos quince años en Bolivia, se han producidos avances legislativos en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Se han desarrollado normativas y distintos mecanismos que pretenden revertir los indicadores sobre salud sexual y reproductiva en el marco de los compromisos internacionales suscritos por el Estado boliviano (desde la CEDAW, la Plataforma de Acción Mundial de Beijing a los ODMs). Sin embargo, recientes diagnósticos mencionan un estancamiento e incluso empeoramiento de los indicadores en salud sexual y reproductiva. • Mortalidad materna: La mortalidad materna en el país es de 310 muertes por 100 mil nacidos vivos (Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDSA- 2008). El riesgo de morir por una causa vinculada con el embarazo, parto o post-parto es muy alto: 45% de las mujeres embarazadas presentaron complicaciones frente a la media internacional (que no alcanza al 15%). Las mujeres indígenas rurales presentan cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones del embarazo, parto y posparto en relación a las urbanas (64.3% y 15.3%). • Embarazo no deseado: Bolivia es una de las regiones en el mundo que presenta una tendencia ascendente en cuanto a embarazo adolescente. El porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas era del 14% en 1998, del 16% en 2003 y del 18% en 2008. Según el plan nacional para la salud integral de la adolescencia y juventud de 2009, la necesidad insatisfecha de anticoncepción es más alta en las adolescentes (38%) y las mujeres jóvenes de 20 a 24 años (27%) que el promedio nacional (20%). • Aborto: es la tercera causa de muerte materna, contribuyendo con un 9.1% de estas muertes (MDS 2009), por lo que es considerado un problema de salud pública. No hay cifras oficiales sobre el número de abortos, dado que la mayoría son clandestinos, aunque hay investigaciones que señalan que se producen en el país unos 100 abortos clandestinos cada día, en condiciones que ponen en grave riesgo la salud de las mujeres. La principal causa es el embarazo no deseado (Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna, Perinatal, y Neonatal 200-20015). • Cáncer de Cuello uterino (CACU): Bolivia tenía el 2002 la segunda tasa de incidencia (55 x 100.000 mujeres) y de mortalidad (30,4 x 100. 000 mujeres) de CACU, la más alta de toda América (Plan Nacional de Cáncer de Cuello Uterino -2009-2015). • Violencia machista hacia las mujeres: no hay datos a nivel nacional pero se sabe que en el año 2000 se registra un incremento en el número de casos de violencia física y sexual hacia mujeres atendidos en establecimientos de salud, alcanzando aproximadamente un 85%. Según el Observatorio Manuela de CIDEM, durante 2010, 145 mujeres fueron asesinadas, 89 víctimas de feminicidio. Los casos de transfobia y homofobia no están registrados. • Homofobia y transfobia: A penas hay datos, pero según un estudio de 2001 el 70% del colectivo gay, bisexual y trans sienten la homofobia del personal que atiende los centros departamentales de vigilancia, información y referencia. Varias personas y organizaciones entrevistadas son conscientes de este retroceso y hablan desde la frustración: “Los estudios en 2008 sobre salud sexual y reproductiva en Bolivia dan resultados espantosos, se ha disparado la mortalidad materna, el embarazo adolescente está en ascenso, las infecciones de transmisión sexual (ITS) se han expandido a poblaciones donde no estaba tan presente: como mujeres heterosexuales con parejas estables, y ha bajado en edad, hay chiquillos de hasta 14 años portadores 45

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de VIH. Y esto por descuido de las políticas de salud (…). Estamos muy bien en el discurso, en el plan nacional de derechos humanos, en el plan nacional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero resulta que en la práctica, quienes estamos luchando, vemos con mucho dolor que hemos retrocedido, inclusive más allá de los noventa cuando no se hablaba de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Eso nos causa mucha frustración, sentimos que todo el trabajo que hemos hecho, toda la inversión de la cooperación internacional en promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en realidad han quedado en nada”, nos relata Julieta Montaño, de la Oficina Jurídica de la Mujer. Diversas feministas entrevistadas, especialmente de colectivos LGTB, advierten el sesgo de las políticas públicas sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos hacia la salud reproductiva, dejando fuera los derechos sexuales y las mujeres que no son madres. El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) ha permitido el acceso a servicios de salud (acceso a métodos anticonceptivos y control de cáncer de cuello uterino) eliminando barreras económicas pero sólo para un determinado grupo de mujeres: las embarazadas desde el inicio del embarazo hasta los seis meses posteriores al parto y las niñas y niños desde su nacimiento hasta los 5 años. En la misma línea de salud reproductiva, el Bono Juana Azurduy es un subsidio para las mujeres gestantes, en lactancia y con niños y niñas menores. “Tienes que estar embarazada o ser prostituta para acceder a una salud, digamos, moderada. Si no eres ni lo uno ni lo otro no te atienden”, nos explicaba Mildret, activista lesbiana en EL Alto desde los 13 años e integrante de la asamblea feminista de La Paz. Rosario Aquim, directora de la Fundación Enlace, opina sobre la política de género del gobierno del MAS lo siguiente: “vemos que su política de género, y las que tienen que ver con mujeres, subjetividades, no son más que un refuerzo de las políticas liberales de control biopolítico. Todos los bonos que Evo ha instalado en relación a las mujeres son dispositivos de control del cuerpo, y de lo más atroces, ya los hemos peleado en los ‘50 y Evo los ha retrotraído al presente haciendo óbice de todas las luchas feministas que han habido. Las mujeres hemos peleado para salir del espacio de la casa, de las triples jornadas y él lo que hace es fomentar que vuelvas otra vez al espacio privado, es una repatriarcalización para consolidar la familia patriarcal burguesa”. Otra de las singularidades que marcan el contexto boliviano es la diversidad étnica y cultural del país. Una parte importante de la población boliviana (el 65%) conserva su lengua originaria y en gran medida su herencia cultural. Además del castellano, están los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (36 pueblos), siendo el quechua, el aymara y el guaraní los mayoritarios. Esta diversidad cultural determina la necesidad de partir de una mirada intercultural de los derechos económicos, políticos y sexuales de la población, donde los pueblos indígenas, y concretamente las mujeres, tengan un papel protagónico, y donde se reconozca que no todas las comunidades indígenas tienen los mismos códigos culturales y estructuras de convivencia, existen grandes diferencias entre los pueblos de habla quechua y aymara, en la zona andina, y los pueblos indígenas de Tierras Bajas. No es casual que en Bolivia existan organizaciones indígenas muy potentes: El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que comprende el Chaco y la Amazonía, lo que técnicamente se conoce como Tierras Bajas. Dentro de las dos últimas encontramos grupos específicamente de mujeres: la Confederación Nacional de mujeres indígenas originarias de Bartolina Sisa (popularmente conoci46

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das como Las Bartolinas), que vienen siendo el brazo femenino del gobierno de Evo Morales, y la Confederación Nacional de Mujeres indígenas de Bolivia (CNAMIB). En su historia de resistencia al colonialismo, los derechos sexuales y derechos reproductivos no se han considerado relevantes dentro de las agendas de las organizaciones indígenas mixtas. Han sido las organizaciones específicamente de mujeres las que se han mostrado más sensibilizadas por estos derechos y las que, con muchos matices, los han incluido en sus agendas. Esto, en cierta forma, produce una división sexual dentro de las luchas indígenas, como ocurre en tantos grupos mixtos, donde los derechos sexuales y los derechos reproductivos se ven como una cuestión ‘de las mujeres’ y que, por tanto, son ellas quienes tienen que responsabilizarse de estos derechos. Pero esta mayor sensibilización de las organizaciones de mujeres no implica necesariamente que dentro de sus agendas se prioricen los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Aquí encontramos fuertes diferencias entre las Bartolinas y la CNAMIB, que además de por códigos culturales diferentes (las primeras fundamentalmente aymaras y quechuas y las segundas guaraníes) vienen determinadas por su relación con el gobierno. Para Julia Ramos, presidenta de las Bartolinas, las prioridades de su agenda son los derechos políticos y las cuotas de poder. Cuestiones como la anticoncepción oral de emergencia y otras demandas feministas son para ella “una agenda de mujeres de clase media urbana que no se hace eco de la realidad de las mujeres periurbanas”. Justa Cabrera, la presidenta de esta organización de mujeres indígenas de la CIDOB, una organización que, articulándose con la cooperación, ha trabajado ampliamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos apropiándose de ellos reconoce que “al principio ha sido muy difícil hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en los ‘95 y ‘96 cuando empezamos era algo de hablar a escondiditas, pero con el tiempo ha sido más fácil… En el 2007 la CNAMIB surge para que ya no se camuflen los derechos de las mujeres, poder hablar libremente de ellos, que tenemos derecho a decidir sobre la salud, cuántos hijos queremos tener”. Están haciendo partícipes también a los hombres: “Ahora hemos hecho una vuelta con la salud sexual y reproductiva, los mismos compañeros han pedido ser incluidos en los talleres de capacitación. Estamos pidiendo a las instituciones que nos apoyen para que los talleres sean mixtos”. Justa ha participado activamente en el programa ‘Cuídate’ desde el ‘97, por lo que tiene familiaridad con la terminología de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que maneja la cooperación. Alexia Escobar Vásquez, actualmente coordinadora nacional de la ONG Family Care International (FCI) en Bolivia, lleva desde más de una década trabajando con mujeres indígenas de Tierras Bajas con un vínculo de confianza muy fuerte. Según su experiencia hablar de sexualidad es más fácil con mujeres de Tierras Bajas que con mujeres de tierras altas y su relación con sus cuerpos es distinta: “En el 2006 hemos hecho una investigación en Tierras Bajas sobre el rol de los hombres en la salud perinatal para ver cómo se involucran en los cuidados prenatales, porque encontramos a muchas mujeres solas en el momento del parto. Hicimos muchas entrevistas en profundidad y las mujeres te decían que han tenido cinco hijos y le han hecho sacar tres, o sea en total han sido ocho embarazos. No necesitan indagar más, estas mujeres tienen otra relación con la fecundidad, el derecho a decidir, y entienden que no puedes tener todos los hijos, que cuando te embarazas puedes optar si continuas con embarazo o no. Hay muchos conocimientos sobre herbolaria. Hablan libremente del aborto, y sobre sexualidad en general. Con los cuidados en el embarazo te preguntaban ¿podemos tener relaciones sexuales en el embarazo? Sí claro, ¿y cuáles son las posiciones más adecuadas? Hablan mucho del placer, 47

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un motivo importante para los métodos anticonceptivos es tener relaciones sexuales, disfrutarlas y no andar preocupada por quedarse embarazada. La relación con sus cuerpos es distinta”. Guadalupe Pérez, del Colectivo Rebeldía en Santa Cruz y activista feminista en diversas plataformas, realiza una apreciación respecto la adopción de la agenda feminista por parte de las mujeres indígenas organizadas: “Adoptar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres indígenas tiene un precio. Por eso, aún cuando las mujeres comparten todo esto, se lo callan en sus estructuras mixtas. Eso dificulta que en este estado plurinacional ellas tengan la voz más alta, y eso no es ninguna novedad le pasa a todas las mujeres con la agenda de los derechos sexuales y los derechos reproductivos pero aquí es una emergencia. Comparten el derecho al aborto, comparten todo pero no se atreven a decirlo en público”. Finalmente, destacamos que el debate dentro del movimiento feminista de cómo articularse con las instituciones se complejiza en Bolivia con la llegada de Evo Morales. La institucionalización del MAS y las políticas públicas encaminadas a reconocer los usos y las tradiciones de los pueblos originarios, ha generado posturas encontradas y el surgimiento de nuevas corrientes dentro del feminismo autónomo boliviano23. •D esde el Feminismo comunitario se propone recuperar el sentido original de nociones que pertenecen a la vida tradicional andina pero considerando que han sido tergiversados por siglos de dominación del patriarcado, no sólo colonial sino también indigenista. Considera, por ejemplo, que el concepto de pareja heterosexual complementaria (chacha/warmi-hombre/mujer) ha sustituido a la noción originaria de par complementario, un principio básico de la cosmovisión aymara que permitiría ampliar efectivamente la representación social, política y simbólica de una comunidad. A diferencia de las posturas indigenistas gubernamentales para las que el patriarcado es algo que comienza con el colonialismo, el feminismo comunitario considera que las relaciones patriarcales también estaban en las culturas originarias pero que, no obstante, con la colonización se agudizaron.

El feminismo autónomo surgió después de la IV Conferencia Mundial de la mujer donde Maria Galindo, por entonces de la organización Mujeres Creando junto con Julieta Paredes critica que “los organismos internacionales, utilizando a las oeneges, instalaron en todo el continente una visión tecnocrática de los horizontes que las feministas y las mujeres debíamos plantearnos”. En ese momento Mujeres Creando jugó un importante papel en la resistencia a esas políticas, en el develamiento de su contenido ideológico y en la conformación del feminismo autónomo latinoamericano. (Las declaraciones de M. Galindo están extraídas de una entrevista realizada en 2007 para el blog Conciencia feminista).

Las Asambleas Feministas Bolivianas de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Potosí y Oruro se enmarcan en esta corriente. Una de sus ideólogas es Julieta Paredes, de Comunidad Mujeres Creando Comunidad (CMCC), que ha participado como asesora del Gobierno de Evo Morales en políticas de género. Leni, de la asamblea de Cochabamba, define el feminismo comunitario como un movimiento que hace política del cuerpo. “Para construir un movimiento hay que tener una propuesta política del cuerpo de nosotras, que por supuesto no difiere tanto de la experiencia de mujeres de otras partes del mundo pero sí tienes cosas particulares que tienen que ver con lo étnico y nuestra sexualidad”. Considera que el feminismo tradicional en América Latina, al insistir en la equidad de género y en el reconocimiento de los derechos individuales de las mujeres, ha dejado a un lado los derechos colectivos por lo que hay que recuperar el sentido de la comunidad. También critica al feminismo de élite y de vanguardia que articula un discurso desconectado de las bases sociales. Y considera que el Estado Plurinacional y la nueva Constitución es un punto de partida. •D esde un enfoque más contestatario con todos los gobiernos e instituciones, incluido el gobierno de Evo Morales y el MAS, tenemos a la otra escisión de Mujeres Creando, cuya principal cara visible es María Galindo. Mujeres Creando plantea una ruptura con el Estado y cuestiona a los movimientos sociales masivos como el MAS porque para legitimarse tienen que interpelar al Estado estableciendo una relación clientelar, y porque adoptan un lenguaje muy masculinista.

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B) Los temas principales de trabajo y nudos críticos Usos y costumbres de pueblos originarios y salud intercultural

Mirar los DS y DR desde un enfoque intercultural se torna cada vez más fundamental24, especialmente en países con la diversidad étnica de Bolivia, donde la interculturalidad implica tener en cuenta los usos y costumbres de pueblos originarios. Con la llegada de Evo Morales al gobierno los usos y costumbres de los pueblos originarios han pasado a ser una prioridad y esto ha marcado un desafío. El problema es cómo se está dando este debate y qué puede arrollar a su paso. Diversas personas entrevistadas advierten que al erigirse como portavoz de la interculturalidad un gobierno indígena que representa a un sector indígena, lo que se pone en el centro son los usos y las costumbres de la cultura indígena (y de una cultura concreta)25 y que esto está generando nuevos sesgos y discriminaciones, una nueva colonialidad que muchas grupos califican ya como “aymaracentrismo”. La Dirección de Descolonización y Despatriarcalización que ha creado el gobierno del MAS ha despertado muchas tensiones entre las organizaciones que están trabajando por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Uno de los primeros actos de esa Dirección fue el matrimonio colectivo de 300 parejas bajo la cosmovisión aymara en la Paz, en cuyo acto de celebración Evo Morales expuso que “la familia es lo central de una comunidad; por tanto, nuevas familias serán el eje del Estado Plurinacional (…) a partir del matrimonio empezaremos a descolonizarnos, empezaremos a recuperar nuestra identidad, empezaremos a recuperar todo lo que es el pueblo indígena originario”. Las organizaciones entrevistadas que trabajan en favor de los derechos sexuales y reproductivos, en general, son muy escépticas con esta Unidad porque de momento se está primando una cosmovisión, la aymara, y con un enfoque muy conservador que excluye otras formas de unión más allá del matrimonio heterosexual. También denuncian un sesgo muy poblacionista de las políticas sobre derechos sexuales y reproductivos. “Yo creo que lo de despatriarcalización es una impostura, nos han arrebatado a las organizaciones feministas, activistas, el concepto de despatriarcalización. Lo primero que ha hecho esa Dirección es organizar un matrimonio colectivo, yo me quería cortar las venas, con el gancho de que les iban a dar casa, algún tipo de apoyo. Esas políticas de gobierno, que a veces son iniciativas de algún individuo que anda por ahí, yo creo que desdicen todos los logros que ha habido incluso en la constitución” (Alexia Escobar, Family Care International -FCI-). “Lo que están haciendo en esa lucha por la descolonización es volver a jerarquizar culturas y meter mitos fundantes culturales como el chacha warmi26 para todas, y lo hacen de manera solapada, manipulada… Pedirme que me armonice con los matrimonios colectivos es una paranoia ¿me puedo armonizar con un gobierno que quiere que la gente se case en el mundo andino y que pide como requisito que sean heterosexuales y que si no se casan en ese matrimonio no pueden ser dirigentes comunitarios? Yo no puedo armonizar con semejante código patriarcal, parece que esta historia de armonizarse y alinearse con el Estado es para no discutir,... Y al mismo tiempo promover los derechos humanos, la democracia y el beneficio de la ciudadanía, yo creo que es un código paranoico”. (Guadalupe Pérez, Colectivo Rebeldía). “Hay un brazo muy conservador dentro del gobierno que es el sector indígena, que no entiende de equidad de género, no entiende de género porque dice que afecta a sus usos y costumbres, y eso lo que hace es afianzar prácticas totalmente coloniales y totalmente

El debate sobre la interculturalidad y las tensiones entre derechos culturales y derechos de las mujeres se aborda de forma más genérica en el apartado “Principales nudos críticos”. 24

25 Conviene recordar que en Bolivia existen distintos códigos culturales y diversas etnias y que existe una gran diferencia entre el Altiplano y Tierras Bajas. 26 Desde una perspectiva biológica Chacha Warmi es: Chacha = hombre; v/armi = mujer. Desde una perspectiva sociocultural es matrimonio: Unión de dos seres humanos opuestos, que rigen el modelo aymara como esposa y esposo (citado en “Chacha-warmi paradigma e identidad matrimonial aymara en la provincia de parinacota”, Manuel Mamani, Revista de Antropología Chilena, volúmen 31, nº2, 1999, pág- 307-317).

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conservadoras sobre los cuerpos de los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos. En nombre de los usos y costumbres se cometen una cantidad de atropellos a la dignidad de las personas (…) Este asunto de la cosmovisión indígena es muy romántica. El incario era bastante machista y no vamos a tapar el sol con un dedo. El chachawarmi no más es un sistema patriarcal, donde los hombres participan de la toma de decisiones y las mujeres les sirven la comida, y esa es la complementariedad”. (Janina, colectivo LGTB). Otras organizaciones con una trayectoria feminista y de articulación en el barrio, como el Centro de la Mujer Gregoria Apaza, en El Alto, consideran que el discurso de la despatriarcalización del gobierno es positivo, “se crea una tensión que es positiva porque ha hecho a muchos grupos de mujeres cuestionarse cosas, como la tensión entre derechos individuales y los derechos colectivos”, explica Cecilia Enríquez, de la dirección ejecutiva. Esta organización ha encontrado en los matrimonios colectivos una puerta de entrada para trabajar violencia, paternidad responsable, trabajo con padrinos. Respecto a las críticas desde el feminismo a la visión patriarcal de los matrimonios colectivos, Cecilia objeta: “si se está reivindicando matrimonio LGTB ¿por qué no matrimonio indígena?” Respecto a la edad temprana con la que muchas niñas se casan, Cecilia matiza que hay que contextualizar el concepto de juventud y adolescencia en comunidades rurales indígenas, donde el ciclo de vida es de 43 años: “son realidades distintas y no podemos verlas desde la mirada occidental”. Las tensiones entre los usos y las costumbres (los derechos culturales de los pueblos originarios) y los derechos sexuales y reproductivos entendidos como derechos humanos se agudizan en ámbitos como el jurídico, donde algunas entrevistadas señalan que el derecho comunitario puede ser muy sexista y entrar litigo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Julieta Montaño, que además de presidir la OJM habla como aymara, considera que el el Gobierno tiene que responsabilizarse de que la justicia llegue a todos y todas las ciudadanas, especialmente en asuntos de integridad, la interculturalidad en la justicia no es no intervenir: “En realidad los pueblos indígenas han tenido que aprender a resolver sus problemas porque el Estado republicano los ha abandonado, y cuando se hace el reconocimiento de la justicia indígena campesina, en realidad no se está haciendo porque se está revalorizando únicamente, sino por quitarse el peso de encima, ¿cómo hago para que la justicia llegue también a esos ciudadanos? creando juzgados. Pero lejos de crear juzgados móviles, fiscales móviles, les han dado el regalo de la justicia indígena comunitaria, cuando en realidad la usan los pueblos indígenas para resolver problemas de tierra, límites de tierra, distribución de agua, daños por animales, pero para temas que atentan contra la vida y la integridad, demandan de la justicia ordinaria. Pero ahora el Estado se ha desprendido de todo esto. Para mí es otra forma de discriminación, yo lo llamo la consolidación del aparheid de la justicia”. La mayor parte de las organizaciones indígenas del oriente, la CSUTCB, el CONAMAQ, la Confederación de Colonizadores de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Movimiento Sin Tierra, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Organización del Pueblo Mojeño y la Asamblea del pueblo Guaraní constituyeron el Pacto de Unidad para impulsar conjuntamente sus demandas como pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente Soberana.

En otros ámbitos, como el de la salud, la política del gobierno de crear un sistema único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural ha despertado interés en cuanto que podría reforzar un sistema de salud universal accesible para comunidades que hasta ahora han estado excluidas. Con el objetivo de integrar las prácticas y saberes en materia de salud de las comunidades y pueblos originarios se creó un Ministerio de Medicina Tradicional y las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad27 están elaborando un anteproyecto de la Ley sobre derechos sexuales y reproductivos. El concepto de salud intercultural se ha incluido, por tanto, en la agenda pública tanto por parte del gobierno como de la cooperación, generando nuevos retos dentro de la cooperación y del movimiento feminista.

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Para Cecilia Cossío, presidenta de Marie Stopes, una ONG que presta servicios de planificación familiar de calidad y un coste por debajo del mercado y llega a zonas rurales a través de unidades móviles, considera que el hecho de que la constitución hable de salud como un derecho y se apueste por la interculturalidad es una oportunidad donde “las organizaciones sociales, de mujeres, autoridades, Organizaciones Territoriales de Base... tienen que cumplir un papel protagónico en la institucionalización de la salud intercultural y sin que el respeto a la cultura niegue dinámicas patriarcales”. Para incluir un enfoque intercultural en los servicios que brinda Marie Stopes, la estrategia que está adoptando esta organización es una mayor aproximación del personal de servicio con la comunidad: “Primero, tienen que conocer la comunidad cómo es, cuáles son sus prácticas en esta temática, cómo piensan y se ven. En este afán estamos confirmando que las desigualdades se encuentran en las culturas también, y es intentar que esas diferencias y desigualdades se acorten buscando equilibrios, el respeto de derechos frente a posiciones de machismo y patriarcado que las hay en todas las culturas. Estamos en ese proceso”. Desde la Oficina Jurídica para la Mujer, su presidenta Julieta Montaño también considera que este enfoque en la salud es un acierto para garantizar servicios de salud universales y accesibles. “En la salud hablar de interculturalidad tiene mucho sentido, porque efectivamente en el pasado las mujeres tenían que adaptarse a las necesidades de médicos y enfermeras y no estos comprender las vergüenzas, miedos y creencias de la gente. Por darte un ejemplo mío (mi madre y padre son de origen quechua): yo tuve mi primer hijo en una clínica solo con una matrona, pero mi madre lo primero que hizo fue pedirle la placenta a la matrona para que hiciera todo el ritual, y como era en un pueblo, la matrona comprendía y se lo entregó. En otras partes no era posible eso porque los médicos tenían una estructura cuadriculada donde no tienen cabida esas creencias de la gente que pueden parecer absurdas pero que tienen que ver con la subjetividad de la gente, lo mismo en cómo tenían que parir las mujeres. Yo creo que ahora es un avance eso de la interculturalidad”. Julieta apunta, sin embargo, que no se pueden sacralizar los usos y las costumbres y habla de un diálogo intercultural entre la medicina tradicional y la medicina moderna. Desde la organización indígena de mujeres de Tierras Bajas, la CNAMIB, su presidenta Justa Cabrera opina que para que exista un enfoque de salud intercultural es fundamental que se reconozca el trabajo de todas las parteras: “¿Qué perseguimos con el reconocimiento de las parteras? Que ellas también lleven un registro de cuántos niños han nacido en la comunidad y que esa partera pueda beneficiarse con una apoyo mensual o cada seis meses, y que además esos niños que han nacido puedan ser registrados y esas mamás embarazadas puedan beneficiarse del bono28 y puedan tener también una buena atención”. Plantea una relación más cercana entre parteras y hospitales: “Si hay un parto complicado que esas parteras puedan venir al hospital y tener un reconocimiento distintivo y que nos atiendan”. Reconoce que en las comunidades hay partos complicados y habla de la necesidad de trabajar coordinadamente con el sistema público: “En conjunto, con parteras y médicos tradicionales, se trata de hacer una coordinación entre parteras y médicos para que se nos pueda atender a los pueblos indígenas como a la gente”. Sin embargo, esta líder indígena considera que este proceso de reconocer las prácticas indígenas relacionadas con la salud sólo se está teniendo en cuenta la cosmovisión aymara y quechua, excluyendo a las comunidades indígenas de Tierras Bajas. “Hemos hecho como pueblos indígenas una propuesta integral de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en la elaboración misma no hay más consulta, solo nos llaman a las reuniones para aprobar la ley, no participamos en la revisión”. Recomienda que las ONG que se alían con el gobierno tienen que realizar un análisis crítico y reconocer las diversidades entre los pueblos originarios. Caer en una homogeneización de las mujeres indí-

Se refiere al Bono Juana Azurduy de Padilla que entrega una pequeña partida económica a las madres desde los primeros días de embarazo hasta que el menor cumpla dos años. Para recibir el bono, la madre y niño/o deben asistir a sus controles médicos en centros de salud más cercanos a su barrio.

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genas en los programas de derechos sexuales y reproductivos ha sido una constante, por eso es pertinente que la cooperación reconozca la diversidad entre los propios pueblos originarios y tenga en cuenta los diferentes estatus de poder. Alexia Escóbar, actualmente directora nacional de la ONG Family Care International, lleva muchos años trabajando con comunidades indígenas de Tierras Bajas desde un enfoque de la maternidad segura, pero también desde el empoderamiento de las mujeres: partiendo de que tiene que ser una maternidad voluntaria y que para ello hay que brindar información sobre salud sexual y reproductiva. “No podíamos hablar de derechos sexuales y reproductivos en abstracto, así que partimos del principal derecho reproductivo que es decidir cuántos hijos tener y cuándo”, explica. Alexia considera crucial trabajar los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde el enfoque del empoderamiento y los derechos políticos para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. “Derechos sexuales y reproductivos, así como derechos políticos están absolutamente relacionados, fortalecer sus capacidades para hacer incidencia en salud materna y el ejercicio de sus derechos sexuales y los derechos reproductivos es crucial”. Fortalecer los grupos de mujeres ha sido un primer paso para poder trabajar los derechos sexuales y los derechos reproductivos en las comunidades indígenas, por eso Alexia ha acompañado, desde las ONG donde ha trabajado, el proceso de constitución de una organización específicamente de mujeres dentro de la CIDOB: la CNAMIB, con quien trabajan de forma orgánica. La propias mujeres de la CNAMIB han liderado programas de cooperación29.

El Proyecto con el Fondo Población de las Naciones Unidas “Género, organizaciones indígenas y salud reproductiva ”fue pionero en el trabajo directo con organizaciones indígenas, en él, lideresas de la CIDOB, que más tarde conformarían la CNAMIB. Se trata de un proyecto sobre maternidad segura en el que las líderes indígenas recorrieron la Amazonía. Después UNFPA aprobó un proyecto más a largo plazo, con más fondos, donde FCI se coordina con la CIDOB, organizaciones regionales y los dirigentes indígenas que ayudan en la traducción.

Respecto al nuevo escenario que se abre para la salud intercultural con el gobierno del MAS, Alexia es escéptica, no sólo por los pocos recursos que están destinando, sino por el enfoque sesgado de la interculturalidad, que visibiliza la cosmovisión Aymara pero no las culturas indígenas de Tierras Bajas. Para tratar de equilibrar ese debate, FCI, conjuntamente con la UNFPA, ha creado algunos espacios de diálogo entre gobierno y la CIDOB, así como la CNAMIB, para que puedan participar en la definición de políticas públicas interculturales. Un ejemplo fue el taller “El rol de las parteras tradicionales de Tierras Bajas” (Santa Cruz, 27 de julio de 2011). El objetivo era: “Aportar elementos conceptuales teórico/prácticos para la incorporación del enfoque intercultural en la atención de salud materna, tomando en cuenta los conocimientos y sabidurías ancestrales de las parteras tradicionales”. Parteras de más de veinte comunidades de Tierras Bajas, pertenecientes a la CNAMIB, hicieron un diagnóstico sobre su trabajo en las comunidades, especialmente en los partos, visibilizando sus usos y costumbres, sus saberes y aporte a la comunidad, así como sus dificultades. El FCI y la UNFPA se comprometían a sistematizar este diagnóstico participativo con el fin de establecer protocolos de acreditación y remuneración para las parteras y encontrar vías de articulación y transvase de saberes entre las parteras y el personal de los hospitales. El gobierno, representado en el encuentro por dos personas del viceministerio de medicina tradicional e interculturalidad, se comprometía a incluir las demandas del encuentro en el Plan Estratégico de Salud Sexual y Reproductiva. Otra de las prácticas en cooperación a la que hemos accedido y con un gran aprendizaje sobre interculturalidad y trabajo con pueblos originarios sobre sus espaldas es la del Colectivo Rebeldía de Santa Cruz. Este colectivo, que se autodefine como feminista y que fue fundado por activistas feministas en 1995, plantea su trabajo en derechos sexuales y reproductivos con mujeres indígenas desde el enfoque expresamente de derechos políticos con el objetivo de que los pueblos originarios sean interlocutores a la hora de definir las políticas públicas en materia de DS y DR. “Con un enfoque de derechos las mujeres indígenas tienen que romper todos los mitos culturales igual que las mujeres que compartimos la cultura occidental, de apropiación de nuestros

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cuerpos y de la capacidad reproductiva de las mujeres, es lo mismo, ya sea de un mito fundante judeocristiano o de una teoría de la complementariedad, las mujeres siguen estando en una posición de subordinación y de que la reproducción, por cualquier mito que fuera, no depende de ellas”. Partiendo del reconocimiento de que hay diferencias, Guadalupe habla de construir “pactos y rebeldías comunes” entre mujeres blancas, urbanitas y mestizas, como las que integran el colectivo y las mujeres indígenas de Tierras Bajas con las que están realizando diversos proyectos. Esto permite no homogeneizar a las mujeres indígenas y no tratarlas como sujetos desasistidos. Para ello, hacer “diálogos lo más horizontales posible” y que “el discurso sea dicho en sus propios códigos” es fundamental: “que ellas tengan una vocería que no la tienen, porque no han podido acceder a los foros de educación, que ellas se den cuenta de cuánto pueden aportarme a mí. Este tipo de potenciamiento es lo que estamos haciendo pero es todo muy micro y muy atravesado por el acceso a los recursos, al final nosotras gestionamos recursos y se establece una relación perversa”. En la línea con un enfoque sistémico y procesual, una de las estrategias del Colectivo Rebeldía son los diagnósticos de la realidad de la comunidad: “mirar con ellas, y también con ellos, lo que obstaculice la vida digna de las mujeres, de la comunidad, eso nos ha dado muy buenas resultados. Son cosas de pequeños impactos, pero en términos de construcción de poder y de sostenibilidad, de lo que la gente construye auténticamente”. También destacan, que a partir de temas concretos, como el VIH, se pueden trabajar derechos sexuales desde un enfoque que no sea solo la prevención. En el proyecto de prevención de VIH con el pueblo chiquitano que ha realizado Rebeldía, “había un miedo de los pueblos sobre el VIH, nosotras temíamos la construcción de un nuevo mito para controlar la sexualidad, y desde la prevención del VIH han podido hablar de temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres y machismo, contra los mitos de la sexualidad. Nos ha demostrado que cosas concretas permiten sentarse a discutir de otra manera, como la relación entre hombres y mujeres. Ha permitido aperturar el diálogo sobre la violencia que llevábamos tanto tiempo tratando de hacerlo, había un no pasarán de los hombres, y se ha relativizado. Hemos usado la VIH como una puerta”. En este proyecto han formado investigadores indígenas en comunidades donde previamente habían trabajado participación política. “Ellos han hecho el diagnóstico, la propuesta, los materiales de difusión y nosotras hemos hecho de técnicas, y se ha colocado en la agenda el debate, y sobre todo desde el territorio corporal, así que ha sido muy enriquecedor, se han roto muchos tabúes. Son investigaciones participantes que se hacen por comunidades, luego se hacen públicas y se convocan a las autoridades, se hacen planes de acción y materiales para difundir y se hacen lobbys e incidencia para que los servicios funcionen mejor. Los jóvenes y las jóvenes investigadores los elige la comunidad, respetamos las estructuras de sus decisiones, los jóvenes deciden y los dirigentes luego aprueban lo que hacen”. El aborto

En Bolivia, el aborto es considerado ilegal, salvo en los casos estipulados en el artículo 266 del Código Penal: por violación a menores y cuando la salud de la madre corre riesgo. Las organizaciones feministas denuncian que estas dos causales son insuficientes y que ni siquiera se cumplen porque hay retardación de justicia: “tienes que demostrar que has sido violada, hasta que el juez de orden al centro de salud para que puedas acceder a un aborto en buenas condiciones. Nos hemos enfrentado a una doble moral, los jueces lo que hacen es excusarse en base a creencias religiosas hasta que el tiempo del embarazo sobrepasa los cinco meses y ya no se puede hacer nada. Cuando la orden judicial sí ha llegado al centro de salud los médicos han actuado de igual manera, excusándose, cuando sabemos que muchos de ellos en sus consultorios privados realizan abortos” (Patricia Brañez, CIDEM). 53

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Las mujeres entrevistadas también denuncian que el instituto médico forense no tiene recursos para comprar todos los insumos que se necesitan cuando se denuncia una violación, ni tienen suficiente capacitación para hacer una cadena de custodia de las pruebas, y que puede ocurrir que las pruebas por violación se contaminen. Denuncian una actitud premeditada por parte de jueces y el cuerpo médico para obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo por sus ideologías antiderechos o también por temor ante la polémica incendiaria que generan los grupos antiderechos: “En muchos de los casos en que ha salido a luz el embarazo no deseado de una mujer, la iglesia católica ha intervenido llamando a la conciencia, lo que pone más alerta a médicos y jueces”. Respecto a la anticoncepción de emergencia, además de ser difícil de encontrar y su elevado precio, su uso está muy estigmatizado. Además, “este año en Cochabamba, la fiscalía ha hecho redadas a algunos consultorios clandestinos, no sabemos si los han cerrado, si han ido a cárcel, pero en grandes titulares han salido las aborteras”, explica Cecilia, de Marie Stopes, para quien sería importante realizar un diagnóstico de cuántos casos hay de mujeres en la cárcel por abortar y si hay prestadores de salud en la cárcel por haber realizado abortos. En este contexto, el aborto se ha convertido en una práctica clandestina y por lo tanto insegura y de alto riesgo para la salud de las mujeres, que está relacionada con un alto índice de mortalidad materna, especialmente de mujeres con menos ingresos. Aunque no hay estadísticas de abortos clandestinos, se estima que en este país existen entre 50.000 y 60.000 abortos por año, que dos mujeres mueren cada día por un motivo que podría ser prevenido, lo que equivale a 650 muerte al año (datos de la guía de Red Activas, “Más allá de la cooperación al desarrollo”, 2011). No es casual que el aborto en Bolivia sea considerado como un problema de salud pública, siendo la tercera causa de muerte materna (9,1% de esas muertes), especialmente de mujeres adolescentes. El aborto clandestino se ha convertido en un negocio que mueve mucho dinero, hay clínicas tapadera en diversas ciudades, conocidas por la población, donde se puede abortar de forma más segura o con más riesgo dependiendo de los ingresos. Ante estas estadísticas, los Informes Sombra que documentan la violación de los DDHH de las mujeres siguen siendo una herramienta muy necesaria para ONG y organizaciones feministas. Los movimientos feministas y organizaciones de mujeres que trabajan este tema se centran en dos estrategias principales. La primera sería aquella que considera más estratégico defender el aborto terapéutico, desarrollando sus discursos en torno a la causal salud con un enfoque integral de la salud. Dentro de esta postura, se persigue mantener el actual artículo 266 del Código Penal, aprobando un protocolo que permita ejercer efectivamente este derecho. Dado que con la nueva constitución hubo temor a que se eliminase este artículo, como ha ocurrido en Nicaragua, muchas feministas consideran que el mero hecho de se haya preservado la despenalización en los dos supuestos ha sido una batalla ganada. La segunda postura opta por la defensa del aborto libre y gratuito, dentro de un enfoque de derechos. Para ello, su reto es despenalizar completamente el aborto sacándolo del Código Penal, de esta forma no sería necesario el permiso del juez para que una mujer pueda ir al servicio de salud pública a hacerse un aborto. El contexto boliviano actual, en el que el Código Penal esté siendo discutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha generado que algunas organizaciones estén 54

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trabajando a través de la cooperación internacional en la reforma del Código Penal. “Se abrió la presentación de propuestas de sociedad civil, y se presentaron varias, y católicas decidimos apostar porque se despenalice el aborto. Están bien las tres causales, pero dijimos ‘vamos a hacer que salga del sistema judicial y que pase al sistema de salud o a otro sistema’, no sé, pero que esté descriminalizado y salga del círculo de penalización. Esa fue nuestra propuesta ante la comisión revisora del código penal”, nos explica la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir desde su oficina en La Paz. Paralelamente, IPAS30 presentó una propuesta para el aborto médico y La Coordinadora de la Mujer31 presentó otra de ampliación de causales al artículo 266. Este boom de propuestas de ley financiadas por la cooperación ha sido criticado en cuanto que se duplica el trabajo y no se trabaja de forma sinérgica. Desde un ámbito más activista, la campaña 28 de Septiembre, que aglutina a organizaciones feministas y organizaciones de mujeres a nivel latinoamericano, lleva desde 1996 haciendo presión en Bolivia para reglamentar el artículo 266 del código penal: “se ha hecho articulado para que se agilice la autorización del juez y que en centros de salud se pueda cumplir con esto. Ha entrado en los diferentes gobiernos bolivianos pero en el parlamento nunca ha prosperado”. También han acompañado a algunas mujeres a abortar, “hemos tenido que trasladar a unas mujeres de un departamento a otro para abortar debido al retardo. Incluso niñas de 9 años embarazadas por violación las hemos tenido que trasladar a otros departamentos, porque la iglesia monta guardia con los familiares. Pero cada una actúa de acuerdo a su institución... Ha habido rupturas entre activistas para ver qué se hace, son rupturas políticas”, nos explica Patricia Brañez, Coordinadora de Proyectos e incidencia política del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). Otras feministas, aunque están en contra de la penalización del aborto, no consideran que el aborto sea una prioridad dentro la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Bolivia. Para Julieta Montaño de la Oficina Jurídica de la Mujer, ONG feminista radicada en Cochabamba, “que esté ilegalizado es jugar a la ruleta, el Estado no se hace cargo de eso, me parece una hipocresía y una barbaridad, es como decir háganlo debajo de la alfombra, que yo no vea. Finalmente, penalizando el aborto no se ha logrado evitar un solo aborto, pero sí se ha conseguido que mueran muchas mujeres y que se enriquezcan quienes viven de la ilegalidad. Esta ley de penalización del aborto es la más discriminatoria de todas las leyes porque sólo está criminalizando a las pobres y no a las que tienen recursos, una mujer de clase media, qué van a estar yendo a comadronas o a consultas de cuarta, van pues a un buen médico y se hacen el legrado y ahí no hay ningún problema psicológico, ni de ningún tipo. En cambio, las pobres llevan el estigma que les afecta psicológicamente, y por otro el riesgo para su salud”. Sin embargo, para esta jurista, la lucha por la despenalización del aborto no tiene que ser la prioridad: “Creo que uno de los problemas en los que caemos, y aquí hago autocrítica al movimiento de mujeres, es que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos nos centramos en el aborto. Y el aborto es uno más de los elementos, pero no es el fundamental, ni el único”. Este Centro tiene 28 años de trayectoria y coordina a nivel regional y estatal esta campaña. Lo que buscan es abrir a la opinión pública el tema del aborto, denunciando alta mortalidad materna ligada al aborto y a otras causas evitables. Para ello difunden datos sobre la alta mortalidad materna, el alto índice de aborto clandestino a través de boletines y otras campañas de incidencia política. Patricia nos cuenta como en las movilizaciones del 28 de septiembre se ha usado el propio parlamento para hacer las conferencias y denunciar alto índice de aborto clandestino, y nos aclara que “aunque estamos personas que pertenecemos a instituciones, en realidad somos activistas feministas”.

30 Fundada en 1973, Ipas es una organización internacional no gubernamental dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro. Con alianzas locales, nacionales e internacionales, Ipas trabaja para asegurar que las mujeres puedan obtener servicios de aborto seguros, respetuosos e integrales, que incluyan consejería y anticoncepción para evitar futuros embarazos no intencionales.

La Coordinadora de la Mujer es una red conformada por 26 organizaciones no gubernamentales con cobertura a nivel nacional, que desde 1984, genera procesos de interaprendizaje, de investigación y de comunicación, orientados a desarrollar estrategias de incidencia política, para promover acciones de movilización pública, control social, exigibilidad y justiciabilidad que influyan en un cambio de condiciones de vida de las mujeres, en el ejercicio de sus derechos y en la generación de propuestas de marco normativo y de políticas públicas. 31

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A pesar de que el contexto boliviano es totalmente diferente al salvadoreño y el nicaragüense en lo que respecta a la penalización del aborto y la represión del movimiento feminista, muchas ONG que trabajan directamente en planificación familiar o con Casas de Acogida donde llegan jóvenes embarazadas por violación, no se posicionan políticamente respecto al aborto. Algunas de ellas participan en la Mesa Nacional sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, como el Centro de Salud Sexual y Reproductivo (CIES), y cuando se les pregunta sobre su posición sobre el aborto mantienen una posición que llaman ‘neutral’: “damos información sobre en qué consiste, pero no cargamos en ningún sentido, hacemos que sean ellas quienes decidan. No les decimos que vayan a lugares concretos, porque ya hay riesgo legal para la organización, pero sí les decimos que hay lugares donde hemos escuchado que va la gente y que controle que se haga en condiciones médicas aceptables”, nos contesta Gido Cossío, educador sexual en este centro. El Colectivo Rebeldía, que tiene varios proyectos con mujeres indígenas de Tierras Bajas, explican cómo abordan el tema del aborto con ellas: “Nosotras sí hablamos del aborto con las mujeres. Te voy a decir honestamente que antes no lo hacíamos porque teníamos miedo a romper los vínculos, pero hace mucho tiempo revisamos que esa era una actitud bien patriarcal y colonial, que si se rompían los vínculos se rompían. Nosotras tenemos una agenda pública en defensa de la despenalización del aborto y ellas lo sabían, entonces callar eso con ellas era muy utilitario de parte nuestra para no romper los vínculos y seguir teniendo legitimidad. El aborto es un tema que debatimos pero no hacemos campaña, invitamos a las indígenas que quieran estar en la campaña, y han ido muchísimas a muchísimas reuniones, están de acuerdo pero no pueden hacer su posición firme y pública. Pero eso les pasa a muchas mujeres urbanas también, se juegan su trabajo, la entrada a su casa… En los foros siempre invitamos a dirigentes indígenas, incluso aunque no compartan la despenalización, a los actos que hacemos”, admite Guadalupe. Las ONG que trabajan con mujeres indígenas y que tienen una larga trayectoria reconocen que es más fácil hablar del aborto con mujeres indígenas en Tierras Bajas que en otras zonas del país. Julieta Cabrera, presidenta de la CNAMIB, habla expresamente del derecho a la autodeterminación reproductiva “nuestra organización surge para que ya no se camuflen los derechos de las mujeres, poder hablar libremente de los derechos de las mujeres, que tenemos derecho a decidir sobre la salud, cuántos hijos queremos tener...”. Las parteras indígenas realizan acompañamiento para el parto y para la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo de esta práctica no habla el gobierno ni las organizaciones que se articulan con él cuando hablan de reconocer los usos y costumbres de los pueblos originarios en el sistema único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. El acceso a métodos anticonceptivos y embarazos no deseados

Uno de los principales problemas apuntados por las organizaciones entrevistadas cuando hablan de embarazos no deseados es el difícil acceso a métodos anticonceptivos (definitivos y temporales). Varias organizaciones que ofrecen servicios de planificación reproductiva reconocen, de forma extraoficial, haber tenido problemas para la distribución de anticonceptivos y métodos definitivos. Las mismas organizaciones que pertenecen a la Mesa Nacional de los derechos sexuales y reproductivos, nos comentan que existe un bloqueo de los métodos anticonceptivos en las aduanas. “Se ha trabado en la aduana los métodos anticonceptivos, especialmente la inyección. Según se explicó era cuestión de aduana, pero estamos vigilantes en la mesa departamental, que se cumpla el acceso a métodos”, explica 56

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Guido, del CIES, una ONG financiada fundamentalmente por USAID. “Hace un par de años, en la ciudad de Sucre, han tenido que desechar millones de condones porque la autoridad de la época no estaba de acuerdo con su uso, ni lo devolvieron a los donantes, simplemente dejaron que caducaran”, nos comenta una abogada reconocida de la Mesa. “Con el anterior plan de salud sexual y reproductiva se consiguieron grandes partidas de anticoncepción pero el proceso de desaduanización ha sido tan largo que al final creo que se han caducado. También ha habido problemas en mismos centros de salud donde sí había métodos pero no los suministran”, reconoce otra organización de La Paz. Respecto a la anticoncepción de emergencia como el misoprostol (reconocido por la OMS), supuestamente no prohibido en Bolivia pero que no es fácil encontrar en las farmacias cuyo precio no es accesible: “No es de fácil acceso, no hay en las farmacias, se supone que existe un protocolo de atención donde el centro médico te lo puede dar pero hay mercado negro”. Las organizaciones de la Mesa entrevistadas conectan este bloqueo a los métodos anticonceptivos con una política pro-natalista del gobierno encubierta. “En una reunión con SEDES [Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia] se nos ha dicho ‘ustedes, ¿por qué están viniendo a los barrios a dar información de que pueden usar métodos anticonceptivos? Aquí se necesita gente’. Y se nos ha dado una charla de Mcnamara, sobre la necesidad de repoblar Bolivia. Dicen que la población es poca para la superficie que tenemos y que necesitamos gente para trabajar”, nos comenta el educador de un centro de salud sexual y reproductiva, que también matiza que no se trata de una línea política del CEDES, sino de personas concretas dentro de esta institución. También nos cuenta, que el CEDES les cerró hace dos años un quirófano donde el CIES practicaba intervenciones relacionadas con métodos anticonceptivos definitivos. El argumento era legal, aunque según nos explica no está del todo claro, pero les ha obligado a externalizar las ligaduras a otras clínicas, con costes alrededor de 800 bolivianos, un precio que no es accesible para la gran mayoría de la población. A pesar de alertar sobre esta situación, la Mesa no tiene un plan de acción ni un monitoreo sistemático. El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) cubre ligaduras pero con requisitos como tener 30 años y 4 hijos, excluyendo así a muchas mujeres jóvenes y que no son madres, como denuncian muchas feministas. Organizaciones entrevistadas también denuncian que las mujeres que entran dentro del SUMI también tienen dificultades: “sabemos por información extraoficial que hay muchas trabas, como no tener marido, todavía están con que el esposo debe autorizar”, nos explica una activista feminista. Además de poco accesibles, los métodos anticonceptivos están estigmatizados, el Gobierno considera que son métodos colonialistas, especialmente cuando vienen de USAID, como denuncian varias organizaciones relacionadas con la cooperación. Como nos explica una activista de la Asamblea Feminista de Cochabamba, existe un estigma de la planificación familiar por parte de la cooperación, especialmente la estadounidense, que viene de los estragos que hicieron las esterilizaciones forzadas en América Latina durante los ochenta: “Aquí hay una resistencia a las ONG con un suceso con el Cuerpo de Paz, como en los ochenta, llegaron a Bolivia como lo hacían antes para hacer actividades como voluntariado, llegaron a unas comunidades con alimentos como donación, y en los alimentos estaban incluidos anticonceptivos que las dejaban a las mujeres estériles”. Otra cuestión relacionada con los embarazos no deseados y el embarazo adolescente es el imaginario cultural. “Todo se mueve en un contexto cultural, yo he podido percibir desde un consultorio médico que muchas mujeres están obligadas a tener más hijos por presión de la pareja y todavía no hay un uso real de su autonomía para decidir qué nú57

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mero de hijos quieren tener. Lo otro es el tema de cómo yo siendo mujer no voy a seguir teniendo hijos, en el imaginario de muchas mujeres se sienten mujeres cuando son madres, no se asumen sin hijos. Aquí es poco frecuente que una mujer sea madre por primera vez a los 30 años, todo lo distinto a Europa. Yo tenía tres hijos a los 30 años”, explica una médica del centro de Salud Canata, en el distrito IV de Cochabamba. Patricia Brañez, del CIDEM, apunta en esa línea que existe mucho prejuicio respecto a métodos anticonceptivos: “con el condón es conocido que los hombres dicen que no sienten nada; en caso de la T de cobre o la inyección, las mujeres piensan que al perder la menstruación no son mujer completa...; todo está muy ligado al rol de madre. En el caso de T de cobre piensan que puede provocar cáncer, no hay información real sobre beneficios o no beneficios. Los hombres tienen prejuicios ligados a la infidelidad, que si una mujer se pone una T de cobre se vuelve más caliente y se está guardando para otro, esto dicen también con el método de la abstinencia, y ahí es donde se cometen violaciones dentro de la pareja”. Justa Cabrera, presidenta de la CNAMIB, nos habla del derecho de las mujeres a decidir, pero advierte que son los hombres de sus comunidades los que sí tienen miedo y constituyen una barrera: “por ejemplo cuando la mujer ya no quiere tener más hijos y dice que nos cuidaremos el hombre se piensa que le va a engañar con otro hombre. Hoy en día todavía hay hombres que no nos permiten tomar anticonceptivos, dicen que sino van a tener sexo libremente con otros hombres y él no se va a dar cuenta”. Para romper con ese imaginario cultural, una de las líneas de trabajo es la información sobre anticonceptivos a través de centros de salud y materiales didácticos, especialmente para adolescentes. Sin embargo, muchos de los materiales educativos analizados adolecen de un enfoque de salud no integral, enfocado a la prevención de enfermedades, especialmente de ITS y prevención del VIH, que vinculan la sexualidad con un peligro y no parten de ella desde la naturalidad y el placer derivado de ella, independientemente de si la persona elige reproducirse o no hacerlo. También escasean materiales didácticos sobre educación sexual destinados a población adulta. La diversidad sexual

El reconocimiento de las diversidades sexuales y la lucha contra toda forma de discriminación en la agenda pública y normativa del país es reciente. Se observa un avance en la inclusión de las temáticas de las diversidades sexuales e identidades genéricas en leyes clave, un auge de estudios e investigaciones sobre diversidades y un creciente número de proyectos relacionados con la cooperación destinados a este fin. En este avance ha sido clave la emergencia de grupos LGTB (Lesbianas, Gays, Transgénero y Bisexuales) como sujetos políticos que ha construido una agenda de reivindicaciones y han puesto en marcha una estrategia muy clara de incidencia política: participando en la formulación del marco normativo y de políticas públicas del Estado Plurinacional. Janina, coordinadora del proyecto de fortalecimiento y de incidencia política del colectivo nacional trans lesbianas gays y bisexuales de Bolivia, nos explica que su enfoque es la exigibilidad de los derechos civiles para la comunidad LGTB. La estrategia es: el trabajo en red (se coordinan entre sí a nivel nacional y con otras coordinadoras como OTRAF, (Organización de transgéneros femeninas de Bolivia), participan en espacios híbridos como la Mesa Nacional de derechos sexuales y derechos reproductivos, para visibilizar sus agendas e integrarlas en las nuevas normativas. Janina considera fundamental no perder una organización de base social y para lo que es 58

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importante el trabajo horizontal “El manejo de la información es muy importante para nosotros que trabajamos con grupos de base: nos interesa que la información fluya, y que las personas decidan qué cosa quieren y cómo lo quieren”. Este énfasis en la incidencia política de los grupos LGTB ha obligado al Estado a reconocerles: “Somos voto, tomadores de decisión, estamos trabajando en incidencia, el gobierno tiene que mirarnos”, explica Janina, que por otro lado denuncia la falta de una política clara al respecto por parte del Gobierno. Además de que la homofobia aún está presente en las instituciones, la falta de una política clara también se debe al hecho de que es reciente el abordaje de estos derechos. Distintos grupos con identidades específicas (mujeres lesbianas, grupos trans) han decidido conformar sus organizaciones autónomas, buscando focalizar su atención hacia sus intereses y reivindicaciones particulares, pero apostando también por alianzas estratégicas entre distintas instancias y su participación en espacios como la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, para fortalecer la incidencia política orientada hacia el reconocimiento de otros derechos y la exigibilidad en el cumplimiento de la normativa vigente. En concreto, desde las organizaciones LGTB se está tratando de impulsar una legislación que reconozca la unión civil o matrimonio entre personas del mismo sexo. Un diagnóstico sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, realizado en Bolivia, destaca que “de manera creciente los colectivos TLGB son liderados por mujeres lesbianas y trans. El progresivo potenciamiento de las mujeres lesbianas, transexuales y travestis, su articulación y definición de una agenda propia también constituyen logros en términos de autonomía y respeto a la “diversidad al interior de la diversidad”. La población de mujeres lesbianas, por su parte, considera que históricamente ha estado a la sombra del movimiento gay, con su situación y problemáticas invisibilizadas, y siendo víctimas de relaciones de poder machistas y patriarcales 32”. Rosario Aquim, de la Fundación Enlace, habla desde una corriente colonialista : “Tratamos de desmontar todo el sistema patriarcal a partir de la descolonización que es lo que el gobierno está llamando la despatriarcalización. Llevamos diez años en torno a estas cuestiones. No nos posicionamos en las corrientes de los grupos LGTB de asimilación, yo no creo para nada que nuestra lucha tenga que ver con asimilarse al mundo heterocentrado, cuestionamos todas esas pseudo identidades que los sujetos se colocan para armar más guettos. Nuestro enfoque es contestatario y radical, eso nos lleva a criticar los derechos de unos sobre otros, la salud sexual y reproductiva como forma de control biopolítico sobre el cuerpo.... Apoyamos redes, colectivos departamentales LGTB, no en el sentido de que logren sus incidencias políticas, sino en el sentido de convocarlos a reflexionar, ese es nuestro rol. El hecho de que yo no esté de acuerdo, no quiere decir que yo vaya a patear lo que haces porque esto son luchas muy largas y complejas que no se van a lograr por la buena voluntad de dos o tres, hay que sumar en esta lucha social, si el otro no te sigue, paciencia y buen humor. Eso no quita que trates de seducir al otro en el horizonte de visibilidad que quieres, eso es lo que hace Enlace, da cursos a todos los colectivos, si me sigues bien, si decides reafirmarte en lo que pensabas, ¿qué voy a hacer contigo?” (Rosario, Fundación Enlace). La violencia sexual

La jurista Julieta Montaño considera que donde campea más la impunidad es en la violencia sexual: “se hace cada vez más difícil para las mujeres acceder a la justicia: primero porque todo el aparato de justicia está desordenado, el ministerio público está plagado de improvisados, de gente que no tiene ni la menor idea de lo que tiene que hacer, los servicios forenses no tienen espacios públicos, un poco más y van a llegar a la acera

32 Diagnóstico sobre el Estado actual de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia, por Silivia Salinas Mulder y María Dolores Castro Mantilla, marzo 2011).

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pública para hacer los exámenes ginecológicos, las víctimas tienen que comprarse desde el espéculo de plástico, los guantes, los isopos, los vidrios para sacar muestras...Hay un abandono total”. Esta impunidad es precisamente la que más ha aglutinado al movimiento feminista y de mujeres. La Organización Autónoma contra la Violencia y la Impunidad de Cochabamba se creó para dar respuesta a las agresiones que quedan impunes. Como nos cuentan varias de sus integrantes, denuncian la ineficiencia y la violencia de las instituciones públicas y privadas que burocratizan las denuncias de abusos. “Nos revictimizan, culpándonos, cuestionándonos, juzgándonos y obligándonos a cubrir con los gastos de trámites, laboratorios, movilidad, viáticos, a revivirlos hechos, a peregrinar de oficina en oficina sin obtener orientación, apoyo ni resultados, señala la organización”. En su denuncia a la violencia machista incluyen toda forma de discriminación a lesbianas, trabajadoras del hogar, madres solteras, madres solas, niñas… Consideran que el sistema judicial no funciona, sus procesos son demasiado largos y poco conscientes de las presiones psicológicas, emocionales y económicas y esto da lugar a que el 99 por ciento de los agresores no sean juzgados. Frente a eso, su estrategia es crear redes de apoyo entre mujeres a partir de acciones concretas en la calle, como la marcha del 25 de mayo de 2011. También realizan acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia en su proceso de denuncia. Se trata de acompañamiento solidario que refuerza el empoderamiento de las mujeres a la hora de asesorarse sobre sus derechos. Y en este acompañamiento algunas de sus integrantes nos cuentan que han tenido dificultades para articularse con ONG que brindan asesoría jurídica a víctimas de violencia de género porque consideran que entorpecen su trabajo. En Santa Cruz, se ha creado otra plataforma contra la violencia hacia las mujeres donde hay 20 organizaciones…. “Creada para impulsar la ley contra la violencia, después para difundirla, implementarla y que se cumpliera y ahora para cambiarla. Pero es una plataforma que articula todos los asuntos de la mujer, no sólo la violencia”. Guadalupe distingue entre estos espacios de otros más institucionales, como la mesa nacional de derechos sexuales y reproductivos, donde cree que hay que estar aunque tiene muchas críticas. Queda pendiente la elaboración de una ley integral contra la violencia a las mujeres, que incorpore aspectos como el feminicidio y el acoso sexual, convirtiéndola en un instrumento punitivo. Dentro de las estrategias de prevención de la violencia sexista a través de la incidencia política podemos destacar propuestas como el Observatorio Manuela33, del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, y que trata temas de violencia, feminicidio y mujeres en riesgo a través el boletín feminista La Escoba, entre otras herramientas. Este Centro también ha impulsado la campaña Punto Final a la Violencia Contra las Mujeres, donde han elaborado una serie de spots audiovisuales. 33 Se denomina Manuela “en honor a Manuela, una mujer alteña que decidió dar fin a las agresiones de su esposo separándose. Este al no aceptar y menos respetar esta decisión, contrata un sicario y la manda a matar Después de cuatro años de juicio todavía los asesinos se encuentran libres por supuesta falta de “pruebas”. Asi como este caso existe cientos de asesinatos de mujeres en nuestro país que quedan en la impunidad”, explica el Observatorio en su web http://cidem.org.bo/

Desde la cooperación, se han puesto en marcha algunas casas de acogida, como la casa de acogida de Infante en Cochabamba, que acoge a mujeres víctimas de ‘violencia intrafamiliar’, y ofrecen un acompañamiento psicológico y judicial. Aunque discursivamente parten de un enfoque integral de la violencia, no hablan de violencia machista ni de violencia específica hacia las mujeres. El enfoque que trabajan con las menores es el de los derechos de la niñez, y para hacer incidencia política han creado los Comités por la autodefensa de los derechos de la niñez. La chilena Victoria Aldunate, afincada en la Paz e integrante de la Asamblea Feminista de esta ciudad, considera que muchas de las casas de acogida que existen en Bolivia

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son “estigmatizadoras, asistencialistas y clasistas”. Junto con otras compañeras de la Asamblea Feminista de Cochabamba están armando una casa de acogida a largo plazo y con una estrategia feminista. Entienden la violencia más allá de la violencia intrafamiliar, lo que incluye a madres adolescentes que viven la violencia de su madre, padre o novio. Plantean la acogida en dos líneas: una primera acogida, donde articula la red social de las mujeres, y una segunda acogida, donde ya se les brinda una atención individual y grupal. El acceso a estas mujeres sería a través de sus redes sociales, también de algunas instituciones que derivarían a las mujeres. Contemplan la desviación de las mujeres a través de una red consultiva de organizaciones de base de mujeres, pero también a través de instituciones que trabajan con mujeres, ONG y otras como el Ministerio de Salud o el VIO (a través de alianzas con gente concreta que trabaja allí). En ese sentido, contemplan un proceso de diálogo, de discusión y de consulta con el personal de esas instituciones. Su estrategia parte del enfoque de la autoconciencia: “provocar cambios desde dentro, dejar de depender de amores que nos violentan, autorresponsabilizarse de nuestras vidas –no autoculpabilizarnos”. Aunque contemplan el acompañamiento jurídico, su premisa es no obligar a denunciar, a diferencia de lo que sucede en las casas de acogida: “Es una realidad jodida que les presionen para hacerlo, no es fácil denunciar a tu novio, marido, al padre de tus hijos, y si te presionan luego no vuelves. Por eso no queremos la obligación de la denuncia, queremos ver cómo enfrentamos cada proceso con cada mujer, si no quiere denunciar es su derecho. Diversas mujeres que viven violencia se deciden a pedir apoyo, pero no necesariamente quieren denunciar, algunas quieren un tiempo para fortalecerse, un espacio sin el agresor. Cada una tiene su proceso, generalmente ellas saben lo que necesitan, no se equivocan”. Para Victoria no hay fórmulas de acogida, lo máximo a lo que aspiran es que “las mujeres puedan organizarse autónomamente”. La capacitación con enfoque feminista del personal es imprescindible, para ello, mientras construyen la casa, el equipo de mujeres que la inaugura se está formando organizando encuentros con organizaciones feministas de otros países para un transvase de saberes. C) El papel de la cooperación y la articulación con el movimiento feminista: enfoques y estrategias Como en muchos países, la equidad entre hombres y mujeres sigue considerándose en Bolivia como algo privado y no prioritario dentro de las políticas públicas. ”Los Estados prestan atención relativa a la salud sexual y reproductiva: como si estuviesen haciendo el favor y con porcentajes ínfimos dentro del presupuesto”, observa Julieta Montaño. Esto ha supuesto que el desarrollo de recursos, servicios, campañas relacionadas con el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, haya sido relegado por parte del Gobierno a la cooperación internacional. Así, a pesar de las críticas al enfoque reduccionista de los proyectos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, la mayor parte de las personas entrevistadas parten de un reconocimiento al papel de la cooperación: ”Yo creo que la cooperación se ha hecho cargo de ese tema en Bolivia, lamentablemente, porque el Estado ha estado ausente siempre, y hoy está ausente también, sobre todo en las políticas de igualdad. Y por eso tengo mucho respeto por ese trabajo de la cooperación”, expresa Guadalupe Pérez, del Colectivo Rebeldía. La cooperación, con toda su diversidad, tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos por lo que muchas personas que trabajan dentro del gobierno valoran como necesario el transvase de los saberes 61

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en relación a la salud sexual y reproductiva de algunas ONG a las instituciones públicas. La apertura legislativa de la última década en Bolivia ha ido acompañada del aumento de instituciones y organizaciones, tanto estatales como de la sociedad civil y de la cooperación internacional, que trabajan específicamente derechos sexuales y derechos reproductivos desde diversos enfoques. El proceso de cambio (primero la constituyente, y el debate sobre las autonomías) ha abierto procesos de diálogo entre gobierno y sociedad civil (donde entrarían ONG, organizaciones y colectivos sociales, así como personas a título individual) para desarrollar e implementar un marco legislativo de los DDHH, entre ellos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Destaca el proceso de incidencia política de la Mesa Nacional sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Con la reelección de Evo Morales en 2010, la Mesa se ha vuelto a articular con el objetivo de influir en una Asamblea Constituyente “más estable” y con el objetivo de que los derechos sexuales y los derechos reproductivos34 se reconozcan jurídicamente en la Carta Magna. Esta iniciativa no parte del gobierno, sino de organizaciones que vienen trabajando sobre el tema en el marco de la cooperación, sin embargo la Mesa está haciendo un trabajo de acercamiento con la asamblea legislativa y ha conseguido que se cree una plataforma de mujeres asambleístas del MAS que ha puesto en su agenda los derechos sexuales y los derechos reproductivos. “Estamos en ese movimiento de tender puentes con los movimientos sociales, para que los derechos sexuales y los derechos reproductivos tengan una base social. Queremos que nos escuchen, hacer alianzas, no imponer, sino darles insumos para hacer una construcción común”, explica Teresa Lanza, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, la organización que en 2011 está liderando el proceso de la Mesa Nacional. Desde esta Mesa se están definiendo colectivamente una Ley Marco sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero es pertinente recordar que ya se elaboró en el año 2004 una Ley Marco sobre derechos sexuales y derechos reproductivos , en un proceso liderado por la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM). La presidenta de la OJM, Julieta Montaño, considera una pérdida no haber retomado la ley marco de 2004 y que se tenga que elaborar una Ley nueva. Esta jurista considera que los argumentos del gobierno del MAS para no retomarla son nefastos: “El nuevo gobierno ha tenido un argumento muy fácil para no tocar el tema: que esa ley fue aprobada y sancionada por un parlamento neoliberal derechista y que por tanto no se va a promulgar. En el fondo supone que no están de acuerdo con el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Una actitud esquizofrénica porque en la Constitución política, por presión de las organizaciones sociales, logramos introducir el reconocimiento de estos derechos, pero la operatividad de esta declaración está precisamente en la ley marco que no la quisieron promulgar”.

En abril de 2004, las cámaras de los Diputados y Senadores aprobaron por unanimidad la Ley Marco nº 180 sobre DsyDR. Pero finalmente el presidente de la República interrumpió su promulgación tras las presiones de la jerarquía de la iglesia católica y evangélica. 34

También se han creado mesas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel departamental en el contexto del debate de las autonomías: “Cada departamento va a elaborar sus propios reglamentos, cartas orgánicas, y queremos incidir en que se tome en cuenta los derechos sexuales en la nueva normativa departamental. El objetivo es que el departamento se vea como un todo y no como el área urbana y rural, y que todos se involucren en esta línea”, explica Cecilia, activista feminista y con un cargo directivo en Marie Stopes. “Estamos trabajando en diferentes niveles: bases (con organizaciones de mujeres), autoridades de las comunidades y ahora nos hemos aliado las ONG para impulsar encuentros con asambleístas”, añade Julieta Montaño. Las mesas nacionales y departamentales de derechos sexuales y derechos reproductivos constituyen espacios de articulación entre la agenda feminista, la de la cooperación y la del gobierno. Sin embargo, cada organización trata de incluir su agenda y

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es complicado ceder y crear una agenda común. Además, ser un espacio abierto a las instituciones y a las organizaciones que no tienen un enfoque feminista y no perder el rumbo político es una tensión no resuelta que hace que algunas feministas tiren la toalla. “Llaman a instituciones que nunca han trabajado en la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos y que están porque tienen plata, así que yo he renunciado. Lo que se pone en el debate son miserias (...). Las ONG somos sociedad civil, somos activistas, las instituciones son técnicos. Ellos trabajan para la ciudadanía de los otros y nosotras trabajamos para nuestra ciudadanía (...) Aún así pensamos que es un espacio que no se puede romper.”, reconoce honestamente Guadalupe Pérez, del Colectivo Rebeldía en Santa Cruz. Las organizaciones feministas de base que se autofinancian no participan, por lo general, en estas mesas. Los espacios de articulación entre el feminismo más institucional y el más autónomo se dan en torno a la violencia machista y el aborto, a través de plataformas y campañas concretas para la reflexión conjunta y la movilización en la calle, como la plataforma autónoma de mujeres contra la violencia y la impunidad o la histórica campaña 28 de septiembre para la despenalización del aborto. Las feministas que participan de forma activista critican, no obstante, una participación poco comprometida por parte de las ONG. Barreras /Dificultades

A pesar de que la cooperación internacional ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Bolivia, el movimiento feminista autónomo y organizaciones de mujeres de base son muy críticas con el enfoque de la cooperación gubernamental, también las propias ONG. Exponemos algunas de esas críticas y autocríticas: • Uno de los principales problemas que destacan las mujeres feministas entrevistadas es que la cooperación no parte de las necesidades de la población destinataria, especialmente de las mujeres: “El problema es que otros deciden por nosotras porque hay un financiamiento condicionado. Siempre es la misma forma en la que trabajan. Me molesta cómo se manejan a los grupos de mujeres, de la zona sur con condición económica vulnerable, no parte de las necesidades de ellas, hacen un taller y se financia todo, no te permite decidir qué es lo mejor para ti porque piensas que te están haciendo un favor. Es una cultura asistencialista que hace que las mujeres dependan más y no parte de las necesidades concretas de ellas”, observa Leni, de la Asamblea Feminista de la Cochabamba. Las mujeres beneficiarias de los programas relacionados con salud sexual y reproductiva consideran que se les está haciendo un favor, lo que conduce a la misma visión que tiene el Estado de los derechos sexuales y los derechos reproductivos: es algo que se da por caridad y no un derecho legítimo. • Para las organizaciones feministas autónomas, como la asamblea feminista de Cochabamba o el grupo de mujeres Imillas, la vinculación entre pobreza y planificación familiar es un punto crítico. “Lo que molesta es que las ONG vengan y digan aquí hay pobreza, porque estas mujeres se reproducen como conejas y hay que combatir la pobreza y supuestamente ahí está el problema, eso es algo muy grave. Si partimos de que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no puede ser que una ONG venga y decida cuántos hijos tienes que tener, tiene que partir de las mujeres”. Esta crítica está conectada a las esterilizaciones forzadas que se dieron en la época de los 80 y al suceso de los Cuerpos de Paz en Bolivia. • Se considera igualmente como una barrera la instrumentalización de las mujeres, especialmente de los colectivos más desfavorecidos. Muchos proyectos relacio63

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nados con derechos sexuales y reproductivos aterrizan con fardos de ayuda humanitaria, sin contar con las necesidades de las mujeres, algo especialmente visible con las mujeres indígenas. Julieta Ramos, de las Bartolinas, comenta que en el último año tienen muchas ofertas de ONG para que las mujeres de las Bartolinas reciban talleres relacionados con empoderamiento, educación sexual... que se multiplican, “algunas ONG están bien, pero otras nos utilizan, así aseguran su salario”. Para esta dirigente sería importante que las ONG comenzasen a compartir la gestión de los recursos con las organizaciones beneficiarias. Hay que puntualizar que esta instrumentalización también está relacionada con la forma organizativa dentro de las propias organizaciones indígenas, si se organizan verticalmente y no fomentan un trabajo de toma de decisiones compartidas por parte de las mujeres integrantes, reflejan que parten de un uso muy funcional de las mujeres. • Una de las críticas a las organizaciones feministas, tanto las más autónomas como las más institucionales, es su carácter mestizo, urbanita y la falta de conexión con organizaciones populares y de base, especialmente con las organizaciones indígenas que no se autodenominan feministas. Esta tensión se complejiza en un país multiétnico, donde se ha abierto un proceso de cambio liderado por sectores indígenas y que en su lucha anticolonial la agenda feminista es vista como algo colonial, especialmente en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, y el acceso a los métodos anticonceptivos definitivos y de emergencia. Por ese perfil del feminismo y de las ONG, Leni, de la Asamblea Feminista de la Paz, considera necesario un análisis crítico desde dónde se mira y un reconocimiento de los privilegios: ”Yo creo que desde las ONG no se hace reflexión crítica sobre desde dónde se hace lo que se hace. No se reconocen los privilegios, por ejemplo una mujer de una ONG tiene la posibilidad de colocarse un anticonceptivo permanente y otra compañera de la zona sur puede que ni siquiera tenga acceso a esa información. Hay muchos factores que no se reflexionan al interior”, explican desde la asamblea feminista de Cochabamba. • La duplicidad de proyectos, protagonismos y modas de la cooperación se han identificado como factores de limitación: “hay poca consciencia de la importancia de sumar, cada cual jala por su lado y al final acaba sacrificando a la gente. Con esto de los talleres, por ejemplo: la coordinadora de la mujer organiza un taller con la CNAMIB del 3 al 5 de mayo, y luego nosotras con el UNFPA organizamos un taller del 7 al 10, por eso muchas veces las dirigentas van y vuelven. Les hemos propuestos 20 veces hacer una agenda conjunta, incluso para ahorrar recursos pero sólo lo logramos en 2009”. Las organizaciones tratan de diversificar sus áreas y entran en terrenos con pocos vínculos y poco conocimiento previo, especialmente en proyectos con organizaciones indígenas, que es una de las modas en Bolivia. “Ahora hay un interés de la cooperación por las organizaciones indígenas... bueno nosotras mismas hemos empezado a trabajar con las Bartolinas en 2008 porque tienen mucho peso... Creo que hay una aproximación funcional a estas organizaciones”. Sumarse a las modas puede llevar a muchas organizaciones a perder su estrategia política y su especificidad, a no reconocer, ni respetar el trabajo previo hecho por otras organizaciones con las que podrían aliarse. • La duplicidad de proyectos también está relacionada con la falta de coordinación entre las organizaciones y entre las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) y las agencias de cooperación. Alexia lo explica con este ejemplo “Tienes a AECID financiando al UNFPA un proyecto regional para trabajar derechos sexuales y reproductivos con organizaciones de mujeres indígenas, y tienes también a la AECID financiando a otra ONG haciendo el mismo trabajo en los tres mismos países. Y eso se lo hemos hecho notar, pero ahí no había nada que hacer, la decisión se había tomado en Madrid. 64

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Hay como poca comunicación de las OTC con Madrid, para dar un feedback, sobre qué trabajo se está haciendo...Y ahí la cooperación internacional también tiene una responsabilidad, tú tienes que ver a quién financias y para qué temas, me parece tan absurdo que financies a tres organizaciones para que hagan lo mismo, con las mismas mujeres”. Vínculos/Factores de potenciación

• Los proyectos con más sostenibilidad son los que se articulan a partir del tejido social y están enfocados a temáticas específicas de DS y DR (educación sexual, prevención de violencia de género y atención a mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual en todas sus formas, salud sexual y reproductiva -cáncer de cuello uterino, prevención VIH, ITS, prevención de embarazos no deseados, aborto seguro...). En Bolivia existe una variada y rica organización social que permite llegar a población beneficiaria concreta (madres, jóvenes, mujeres indígenas, población LGTB, mujeres en prostitución, empleadas del hogar, familias...). Cada vez más ONG e instituciones públicas tratan de trabajar articuladamente con el tejido social de los barrios, distritos y comunidades (sindicatos como el de empleadas del hogar, grupos de base LGTB, asambleas feministas, organizaciones indígenas de mujeres, comités de salud de las OTB). • Fortalecer las organizaciones indígenas y específicamente los grupos de mujeres para trabajar DS y DR desde el enfoque del empoderamiento. En Bolivia las organizaciones indígenas tienen un peso importante como sujetos políticos y una estructura organizativa por todo el país. Dentro de ellas encontramos grupos específicamente de mujeres, que son las que se han mostrado más sensibilizadas por estos derechos y las que, con muchos matices, los han incluido en sus agendas. Las organizaciones de mujeres han demostrado que son una puerta de entrada en sus comunidades para trabajar los derechos sexuales y los derechos reproductivos con mujeres y también con hombres, permiten no sólo llegar a mujeres que de otra forma no sería posible, no sólo porque son un referente en las comunidades sino porque conocen los diferentes códigos culturales entre las distintas etnias y permiten diseñar estrategias que aterricen en las necesidades y deseos de las comunidades. •E l Proceso de cambio político que se está experimentando a partir de la legislatura de Evo Morales abre un nuevo marco de exigiblidad para los DS y DR, aunque con matices. Se ha dado una apertura legislativa que es considerada como una fortaleza por las personas y organizaciones entrevistadas en cuanto a que la constitucionalización de los DS y DR permite crear las condiciones de partida para su exigibilidad por parte de la población, aunque varias organizaciones entrevistadas también apuntan limitaciones e incluso incongruencias a nivel formal con algunas normativas y algunas prácticas pronatalistas. Es importante que las ONG y la sociedad civil organizada participen en los espacios multisectoriales como la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos para seguir avanzando en la constitucionalización de estos derechos desde un enfoque que integre a todas las diversidades, y que estas organizaciones trabajen de forma articulada con el gobierno pero sin alinearse con sus directrices, que pueden en muchas ocasiones ser contrarias a los DS y DR. • Una oportunidad para las organizaciones que llevan tiempo trabajando para el desarrollo de los DS y DR es el trasvase de saberes y prácticas a las instituciones públicas, desde las que se observa una demanda en este sentido. La brecha entre el marco legislativo y la práctica de los DS y DR está, en parte, relacionada con esta falta de recursos humanos y económicos de las instituciones públicas y se observa interés y una demanda en personal público por formarse y asesorarse. Daisy 65

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Rocabado, médica responsable del centro de primer nivel de la red de servicios del ministerio de salud en el distrito V, ante el aumento de ITS, embarazos no deseados y cáncer de cuello uterino en su distrito demandaba la necesidad de apoyo por parte de organizaciones con experiencia en servicios de salud sexual y reproductiva y con un enfoque de derechos de las mujeres, por esa razón contactaron con Mary Stopes: “ Aquí tenemos una población flotante que no ha sido atendida en salud, es un distrito muy numeroso con sólo tres centros de salud de los que sólo dos prestan atención hasta medio día. En las adolescentes hay mucho riesgo de embarazo y no podemos hacer nada sin el apoyo de instituciones como Mary Stopes que nos va a facilitar la atención con talleres en la comunidad, donde estarían adolescentes, las familias..., queremos que haya una acercamiento amigable con Mary Stopes, y que los vecinos puedan mirarla como una institución más de atención a su salud en este caso concreto de las enfermedades sexuales”. La formación del personal público en el ámbito de la salud, la educación, las políticas públicas y el ámbito jurídico en materia de DS y DR es una oportunidad para las organizaciones que apuestan por el desarrollo estos derechos y más en un contexto político de voluntad de cambio y fortalecimiento de lo público. • Es una gran oportunidad el hecho de que Bolivia esté articulando, por primera vez, un sistema único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural con el objetivo de eliminar las formas de exclusión y favorecer el protagonismo de la población indígena. Una baza para las organizaciones de cooperación es capacitar a organizaciones indígenas, especialmente a las mujeres con papeles importantes en las comunidades (como las parteras), para que puedan participar en igualdad de condiciones como sujeto político en la puesta en marcha de este sistema de salud, dedicando así insumos a este proceso para que sea lo más equitativo posible. • En el tema de violencia hacia las mujeres existen iniciativas de autoayuda y acompañamiento entre grupos feministas en diversas ciudades que favorecen que mujeres se atrevan a denunciar abusos. Sería importante no sólo reconocer el trabajo de estos grupos, que permiten un primer acceso a mujeres víctimas de violencia machista, sino articularse con ellos para derivar a las mujeres a servicios jurídicos, psicológicos que ofrecen organizaciones como la OJM, Mary Stopes, etc, de tal forma que el trabajo activista y de cooperación sea sinérgico y no competitivo.

3.2. El Salvador A) El contexto El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado de la región centroamericana, y también el que cuenta con un mayor porcentaje de población emigrada: a sus 6,8 millones de habitantes hay que sumarle los más de 2,5 que están viviendo fuera de sus fronteras y cuyas remesas suponen la primera fuente de ingresos del país con una variable de entre el 16 y el 18% del PIB. Tras la guerra vivida en los convulsos años 80, el país firma los Acuerdos de Paz en 1992. El Salvador firma la CEDAW en Noviembre de 1980 y la ratifica en agosto de 1981; el protocolo opcional se firma en abril de 2001, pero aún no ha sido ratificado. En 1995 firma la Convención Belém do Para, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las elecciones de 2009 cambiaron el partido gobernante tras más de 20 años de gobiernos de ARENA, partido conservador. El nuevo gobierno del FMLN tuvo que dar 66

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respuesta a algunas de las exigencias de los movimientos feministas, que mayoritariamente habían apoyado su campaña electoral. Este cambio ha facilitado varios avances normativos; El pasado 25 de noviembre de 2010 fue aprobada la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que reconoce y tipifica las violencias contra las mujeres. En marzo de 2011, fue aprobada la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación en contra de las Mujeres. Pese a que la propuesta fue elaborada por el movimiento feminista, durante la redacción definitiva del texto y el debate de la Asamblea Nacional previo a su aprobación, el texto sufrió modificaciones criticadas desde el movimiento feminista: • Los partidos políticos se opusieron a la obligatoriedad del establecimiento de cuotas en los cargos de elección popular. • Modificaron el artículo que promovía y garantizaba la laicidad en la educación sustituyéndola por una enunciación ambigua sobre “educación que se base en valores y principios y que permita la formación con responsabilidades, prevención de riesgos y auto cuidado en salud integral”. • Eliminaron del texto lo referido a la existencia de diversidades en la población salvadoreña, que como explicaron las organizaciones feministas, lo que pretendían “era omitir las garantía constitucional y los derechos que tenemos las personas a un trato sin discriminación y libre de prejuicios, independientemente de la opción sexual que elijamos.” • Pese a las críticas realizadas, el movimiento feminista manifestó que la aprobación de ambas leyes representa un avance importante para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el país cuenta con una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas del mundo: la legislación salvadoreña fue modificada en el año 1998 para eliminar cualquier supuesto para permitir el aborto, siendo un retroceso que eliminó las excepciones de violación, malformación fetal grave y de riesgos para la vida de la madre. No solo penalizó la interrupción del embarazo, sino que conformó todo un dispositivo para hacer cumplir la ley, con la policía y la fiscalía presentes en los hospitales del país para denunciar y procesar a las mujeres sobre las que recaiga una mínima sospecha. Este retroceso legislativo culminó en 1999 con la reforma del artículo 1 de la Constitución, el cual confiere rango constitucional a la noción de que la vida comienza en el momento de la concepción. Con altos índices de violencia y de embarazo adolescente y cifras inciertas sobre el número real de muertes maternas causadas por abortos inseguros37, el debate sobre la legislación del aborto no está abierto y no se encuentra en la agenda política del partido en el gobierno. Como ejemplo del poder y la influencia en el gobierno de las posturas más patriarcales, conservadoras y religiosas que no permiten ni tan siquiera debatir la cuestión en ningún foro y convierten el aborto en un absoluto tabú, es simbólico destacar el conflicto desencadenado por la participación salvadoreña en la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En julio de 2010, la entonces directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, firmó en esta conferencia el documento resultante conocido como Consenso de Brasilia38. Este documento comprometía a El Salvador a revisar las leyes que penalizan el aborto y suscitó una importante polémica en el país. El Presidente Mauricio Funes emitió un comunicado inmediato en el que aclaraba que la directora 35

Pueden consultarse datos estadísticos sobre las diferentes formas de violencia ejercida contra las mujeres en el Observatorio contra la Violencia puesto en marcha por ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz): http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/. Incluye información sobre feminicidios, violencia intrafamiliar, violencia social, violencia sexual y violencia y medios de comunicación. 35

Tasa de fecundidad entre adolescentes (la cantidad de partos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años): 82.7

Para obtener información más específica sobre la situación general de las mujeres en el país puede consultarse el diagnóstico elaborado por la Concertación Feminista Prudencia Ayala: http://www.concertacionfeministapru denciaayala.org/Publicaciones/diag nostico%20mujeres%202009.pdf

Documento completo disponible en http://www.eclac.org/mujer/noticias/ paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ ESP.pdf

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del ISDEMU no estaba autorizada para firmar en nombre del país este documento. La polémica fue tan fuerte que pasados tres meses la funcionaria fue destituida del cargo por la “falta de confianza” en ella. Ejemplos como este suponen un claro aviso para el movimiento feminista y un aprendizaje político para las mujeres con cargos públicos que quieran hablar del tema, pero no solo eso: mientras tanto todas las mujeres salvadoreñas sufren las consecuencias. “Las parlamentarias utilizan el enfoque de no hablar de despenalización sino trabajar las causas que llevan a las mujeres a embarazos precoces, etc., pero sin atreverse a plantear el tema de despenalizar. Lo que se traduce en violaciones brutales de derechos de las mujeres, como el caso de Verónica, que tuvo un aborto natural y la condenaron 30 años de cárcel. Entró en la cárcel y salió pero ha vuelto a entrar por un recurso de los grupos sí a la vida”, tal y como nos explicaron en varias organizaciones feministas. No hay datos cuantitativos pero existen multitud de historias similares que reflejan el grave impacto que tiene este tipo de legislación en la vida de las mujeres, conocidas tanto por la organizaciones feministas que hacen trabajo de base como por ongds y organismos multilaterales: “no se sabe cuántas mujeres están muriendo por abortos mal practicados, o llegan mujeres que quedan diagnosticadas de otra cosa para que no vayan presas. Pero hay personal de salud muy conservador, que si tienen sospecha de que una mujer ha abortado, llaman a las autoridades y hay mujeres con penas de hasta 30 años de cárcel aplicándole homicidio en primer grado. Pero nadie pregunta quién la embarazó, ni por qué se llegó a ese punto. También se están registrando suicidios de adolescentes embarazadas que no encontraron otra solución por la culpabilización, no tenían apoyo.” En otros temas como la diversidad sexual, pese a pequeños avances como la creación de la unidad de diversidad sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social, las discriminaciones a las mujeres lesbianas aún son latentes y van desde la falta de reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta las expulsiones de mujeres jóvenes de sus centros de estudio sólo por su opción sexual. Las demandas sobre la autonomía del cuerpo y la sexualidad de las mujeres es uno de los retos más importantes y prioridades del movimiento feminista salvadoreño. En este contexto, uno de los principales referentes del movimiento feminista es la Concertación Feminista Prudencia Ayala, espacio de articulación del movimiento feminista salvadoreño organizado desde 1997, que aglutina a más de 20 organizaciones feministas y de mujeres, así como a unas 70 feministas independientes tanto a nivel local como nacional. De este espacio surge lo que han denominado Plataforma Feminista (2009-2014)39 que plantea la agenda de demandas y prioridades consensuadas en un largo proceso de diagnóstico y análisis. Desde esta agenda exigen la despenalización del aborto y exponen una serie de datos sobre la salud de las mujeres para explicar la problemática del país:

39 http://www.concertacionfeministapr udenciaayala.org/Publicaciones/plataf orma%20feminista%20cfpa.pdf

La edad media del primer embarazo para las mujeres salvadoreñas es de 17 años, el 18% de las mujeres entre 15 y 19 años tienen al menos una hija/o viva/o y en el caso de las mujeres entre 20-24 años asciende al 56%. Dos de cada tres mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación de sexo coital, el motivo en el 15% de los casos es que no conocían ninguno y en 8% por resistencias de su pareja. La mortalidad materna es alta y las cifras varían según las fuentes entre 172 y 71,25 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacimientos, entre estas muertes el 26,8% es de mujeres entre 15 y 19 años. El VIH-SIDA tiene un crecimiento mayor entre las mujeres de un 41.5%, y afecta mayoritariamente a las mujeres jóvenes. Las mujeres embarazadas presentan una prevalencia de anemia del 20,7 %, una de cada cinco mujeres embarazadas de hogares con bajos ingresos no tuvieron control prenatal y

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ocho de cada diez mujeres usan métodos de planificación familiar sin seguimiento ni control médico. La plataforma feminista expone estos datos, y algunos más, con el objetivo de demandar la responsabilidad de las instituciones y exigir políticas públicas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Frente a estas cifras y ante la dificultad de abordar el tema públicamente, el movimiento feminista afronta un enorme reto de articulación de estrategias, no sólo entre las organizaciones y personas que lo conforman, sino también con el resto de la sociedad civil y otros actores importantes como las agencias y organizaciones de cooperación, sobre todo de cara a la incidencia política. La movilización es más evidente de cara a los problemas urgentes relacionados con asistencia médica y legal: “la penalización ha obligado al movimiento feminista a organizarse para la denuncia de casos de mujeres encarceladas, que han sido detenidas en los propios hospitales y sin tener pruebas de que los abortos hayan sido inducidos. Han conseguido importantes éxitos de excarcelaciones y revisiones de penas”. Como respuesta a esta situación general una de las estrategias del movimiento feminista fue el intento de mejorar la educación sexual, sin embargo las resistencias han sido muy fuertes, principalmente por la influencia del poder de la iglesia. En el año 2000, se prohíbe en las escuelas públicas por la presión de la iglesia católica el uso del manual “Adolescentes para adolescentes”, elaborado por el Ministerio de Salud con colaboración de distintas personas especialistas y que explicaba aspectos básicos de sexualidad. En el año 2005 el Ministerio de Educación prohibió la entrada en las escuelas públicas a las organizaciones no gubernamentales que plantearan en sus proyectos algún componente de educación sexual para jóvenes. Además de las Concertación Feminista Prudencia Ayala (CPA), dentro de los espacios de articulación que también están trabajando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos40 en el país destacan la Alianza por los derechos sexuales y reproductivos y la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico41, que trabajan la sensibilización y la reflexión sobre la situación de las mujeres respecto al tema del aborto desde diferentes ámbitos, jurídico, médico y teológico. Un grupo de trabajo donde confluyen actores de la sociedad civil, instituciones, poder legislativo y judicial, agentes de cooperación y movimiento feminista, es el Consejo por la igualdad y la equidad (CIE), sin embargo, en espacios como éste el tabú sobre los derechos sexuales y reproductivos rige el orden del día de las reuniones. La cooperación española tiene un hueco aquí, donde nos explicaban que participan “dos representantes de la CPA, la universidad pública directora del centro de estudios de género, dos diputadas una del Frente y una de Arena, la ex ministra de trabajo recientemente destituida, el procurador de DDHH y la procuradora adjunta de derechos de la mujer, el presidente de la corte de cuentas, las dos principales asociaciones de mujeres políticas pluripartidarias, y como secretaría técnica estamos PNUD, ONU Mujeres, UNFPA y AECID y agencia andaluza. Tenemos 4 líneas de trabajo: violencia de género, mujeres en situación de pobreza, fortalecimiento de políticas públicas y salud, sin salud sexual y reproductiva porque no hubo consenso, toca tímidamente la salud materna, muerte materna”. Desde el 2008 funciona también la Alianza Feminista Centroamericana para la transformación de la Cultura Política Patriarcal, un espacio de activismo feminista que posiciona la integración desde la ciudadanía de las mujeres y que han publicado varios trabajos donde aportan elementos para la reflexión sobre los diferentes mecanismos de opresión de las mujeres. En ella participan organizaciones de la región como la Colectiva feminista, las Mélidas, el Grupo Venancia, el Centro de

http://www.alianzassr.org/presentaci on.php 40

http://agrupacionporladespenalizaci on.blogspot.com/ 41

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Estudios de la Mujer de Honduras o la Organización de Mujeres Tierra Viva de Guatemala. B) Los temas principales de trabajo y nudos críticos El aborto

Uno de los temas más controvertidos y largamente debatidos de la agenda feminista de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a nivel regional es el aborto. En el Salvador, dado el complicado contexto actual con respecto al mismo, este tema se ha convertido en el punto central de las agendas y reivindicaciones, las cuales se insertan en un extenso debate en torno al alcance que deben tener y las estrategias a seguir para alcanzarlas, desde los sectores que abogan por el aborto terapéutico hasta quienes defienden una despenalización total de todas las formas de aborto y la reivindicación de que éste sea libre y gratuito. Pero aparte de las necesidades estratégicas del movimiento de encontrar puntos de unión en el debate y articular los intereses comunes en la ardua labor de incidencia política en un contexto donde las consecuencias son graves42, las organizaciones con las que hemos hablado han de enfrentar también el trabajo diario de defensa de mujeres que han sido detenidas, o de mujeres que sufren las consecuencias en sus cuerpos de abortos mal practicados, tal y como explicábamos más arriba, y del que no pueden hablar abiertamente. Todos los testimonios coinciden: “Aquí el tema tabú es el aborto. Y no es que no haya, sabemos que hay, clandestinamente hay, pero sabemos que no puede figurar, hay que proteger a la mujer”. En este amplio recorrido de trabajo que cubre desde la atención a las necesidades más inmediatas de las mujeres hasta la labor estratégica de construcción de discursos y alianzas para la incidencia política, la diferencia de posiciones en torno al enfoque desde el que todo ello se trabaja constituye uno de los nudos críticos del debate.

Hace escasos meses leíamos la noticia de cómo la policía salvadoreña hizo un uso violento y desproporcionado de la fuerza contra un grupo de 15 personas que se manifestaban pacíficamente en las afueras del edificio donde tuvo lugar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, llamando la atención sobre el tema de la necesidad de la despenalización del aborto terapéutico para el pleno respeto de la vida y la salud de las mujeres. (disponible en http://reproductiverights.org/ es/centro-de-prensa/polic%C3%ADasalvadore%C3%B1a-reprime-violentamente-una-manifestaci%C3%B3npac%C3%ADfica-por-la-despe-0) 42

El común denominador es el enfoque de derechos, pero cuando ahondamos en su significado, ¿qué implica este enfoque? Según María Teresa Trejo, de Las Dignas, “un enfoque interesante es el tema de la autonomía del cuerpo, no como discurso vacío sino para verlo como el eje fundamental de todo, de la parte política, económica, cultural, social... es todo. (…) Respetando todas las estrategias, si una apuesta es el aborto terapéutico, perfecto, pero para mí el tema es el discurso de la autonomía del cuerpo. No está en nuestro chip, no miramos nuestro cuerpo como nuestro, antes de cualquier decisión sobre mí, lo tengo que consultar. Para mí la clave es esa línea y las barreras más grandes no están en la política, ni en el gobierno, las barreras más grandes están en la cabeza de todas nosotras”. Frente a esto, en lo que sí son unánimes es en la crítica al enfoque con el que el tema de Derechos Sexuales y Reproductivos se aborda desde la cooperación, un “enfoque de derecho a la salud, no a la autonomía de las mujeres”, lo cual provoca que al igual que sí se han desarrollado estrategias en otras líneas de cooperación, no se haya conseguido en ésta “por el tema del aborto”, tal y como se reconoce desde la propia cooperación española. En la coyuntura actual, más allá del enfoque desde el que se trabaje, la decisión de trabajarlo o no constituye per se un nudo crítico. En cualquier caso, las organizaciones de mujeres y feministas son conscientes del esfuerzo que aún hay que hacer por articular el trabajo en este tema, ya que como nos contaba Deysi Cheine, “es el tema más atrasado en la agenda feminista de El Salvador, el último que se retoma. El IMU lo retoma en el 2000, a pesar de que desde Beijing y El Cairo estaban ahí. Aquí en el 94 una plataforma llamada mujeres 94 presentó una agenda a los partidos políticos y no aparece este tema”. Pocas eran las organizaciones que antes de la penalización de todas las formas de aborto en el 98 lo trabajaban, por

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lo que tuvieron poca capacidad de respuesta e incidencia ante los grupos del “sí a la vida” que lograron llevar la drástica reforma legal hasta el ámbito constitucional. Desde la Colectiva Feminista tienen clara esta necesidad de articulación, así como la importancia de compatibilizar el trabajo diario de información, educación sexual y asistencia jurídica a las mujeres con la visión más estratégica de incidencia política, denuncia y sensibilización. “Desde la Colectiva cambiamos la estrategia para tener un espacio abierto donde no sólo se vean las feministas, sino que vean que hay otras y otros. Combinamos el tema legal con la movilización social, tratamos de articularnos con el movimiento de mujeres y feminista, y hemos logrado que las compañeras de organizaciones locales, no necesariamente feministas, en localidades donde el tema es muy tabú, se solidaricen con las presas. Esas sinergias permiten abrirse al debate desde otra experiencia y hacia otros espacios donde no estamos”. Esto lo coordinan desde cuatro áreas (comunicación, jurídica, incidencia y comunicación) y con un enfoque feminista de ciudadanía “desde la conceptualización de derechos, un ámbito de derechos que implica una apropiación por parte de las mujeres y una exigibilidad hacia las instancias públicas. También un concepto de desarrollo basado en derechos, partiendo de que las instancias públicas tienen la responsabilidad de garantizar ciertas condiciones para que las personas podamos ejercer esos derechos. Es la doble idea de que derechos implica ciudadanía y otra de obligatoriedad de las entidades públicas. Por otro lado, lo vinculamos con la conceptualización del cuerpo como territorio de opresión de las mujeres, una opresión que tiene dimensión en la sexualidad y en las decisiones reproductivas”. Los anticonceptivos de emergencia y el embarazo en adolescentes

Otros temas fundamentales en la actual agenda feminista en el país son el de la anticoncepción de emergencia y la preocupación por los altos índices de embarazo adolescente. Con respecto al primero, las compañeras de Las Dignas nos explicaban cómo “en términos de servicios hay oferta de planificación familiar, distribución de preservativos... pero la brecha aquí es que no son accesibles para gente joven, dicen que si no va con la mamá no le dan pastillas, si no pasas por consulta no te dan condones. (…) Y la respuesta más débil es la respuesta a la violencia, porque por ejemplo en el cuadro básico de atención a violencia no están disponibles las pastillas de anticoncepción de emergencia”, a pesar de que su uso está permitido y regulado legalmente. Pero el terreno ganado por los grupos antiderechos en este ámbito hace que se den situaciones como la recientemente vivida en la negociación multilateral del Convenio para la Implementación del Modelo Interinstitucional e Intersectorial de Atención Integral a la Violencia Sexual43, donde la Corte Suprema de Justicia expresamente introdujo una cláusula según la cual el Instituto de Medicina Legal no administrará ningún tipo de medicamento a las víctimas de violencia que lleguen al mismo, evitando así también la entrega de las pastillas de anticoncepción de emergencia. Las estrategias para trabajar este tema desde las organizaciones comienza por la más básica reivindicación del derecho a la información, ya que las población no conoce la anticoncepción de emergencia y la confunden con un método abortivo, ni tampoco conocen su derecho a recibirla: “No hay acceso libre a pastilla de anticoncepción de emergencia, por ley se puede pero si no la conoce la mitad de la población, no se pide”. Y en un contexto en el que desde las instituciones no se facilita esta información a ningún nivel, el reto no es solo que la información llegue a las usuarias, sino que permee todos los niveles del circuito de la información y atención, pasando por el propio personal de salud, “la gente en los lugares incluso urbanos desconocen que existen manuales, procedimientos, normas de planificación... hay personal de salud que cree que la anticoncepción de emergencia es aborto. Esos son los grandes retos” según Nilda Ríos, consultora en juventudes y salud sexual y reproductiva.

Firmado el 31 de agosto de 2011 entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil, el Fondo Solidario para la Salud, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con asesoramiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Documento disponible en http://lac.unfpa.org/webdav/site/lac/ shared/DOCUMENTS/2011/El%20 Salvador%20-AECID%202011/ Documentos%20por%20pais%20 y%20regional/El%20Salvador/CON VEN~1.PDF

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El segundo de los temas mencionados constituye uno de los puntos comunes de la agenda en varios de los países de la región, donde comparten los altos índices de embarazo adolescente y otros problemas relacionados, como el aumento de los índices de suicidio adolescente. Varias organizaciones de mujeres nos hablaban de que “hay un problema horrible de embarazos adolescentes, por la falta de negociación de las niñas, además de por violencia”. Muchos de los programas y campañas de sensibilización que hemos conocido se centran en éste ámbito y sector poblacional, abordándolo desde la educación sexual como principal medida de prevención y como base para trabajar el resto de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud. Una de las dificultades principales, junto al tema de la violencia, la encuentran en los tabúes para hablar del derecho a decidir, en este caso, a decidir no ser madres: “Aquí las mujeres no aceptan que por decisión propia una mujer decida no ser madre. Las mujeres y adolescentes tienen muchos problemas para decir que no”. El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) lleva desde el 2004 implementando campañas de educación sexual orientadas específicamente a jóvenes, considerándolo tema estratégico. “Se desarrolló un proceso de formación en salud sexual y salud reproductiva desde un enfoque de género, e intentando incorporar prácticas no adultistas44 en las acciones”. “Cuando empezamos a trabajar el tema partíamos de que los jóvenes no quieren hablar de ello y no es cierto, quienes no quieren son los adultos”. Además es una de las pocas organizaciones que tiene publicado un documento de sistematización de la experiencia, lecciones aprendidas y conclusiones tras los 4 primeros años de la campaña, de modo que otras organizaciones que quieran trabajar el tema puedan beber de su experiencia y aprender, replicar o evitar los aciertos y errores identificados, así como mejorar o complementar enfoques. Tal sistematización sirvió también como identificación de nuevas necesidades y constató la urgencia de seguir trabajando con este sector poblacional –no en vano la salud sexual y reproductiva es uno de los ejes prioritarios de su plan estratégico 2008-2012-. El enfoque utilizado es el de compaginar la educación e información con capacitación para el liderazgo e incidencia política a jóvenes. “Hemos promovido organización juvenil, no sólo capacitación. En las comunidades surgieron grupos de distinto tipo y nombres, comités de desarrollo juvenil, cuyo tema principal ha sido el de derechos sexuales y reproductivos y han construido una red que influyó para que su alcaldía aceptara tener una política de salud sexual y reproductiva, es decir que los jóvenes han intervenido en la política pública.” La diversidad sexual

Según la Fundación Puntos de Encuentro, de donde toman este concepto, el adultismo se basa en la creencia de que las personas adultas son el modelo de lo que debe ser una persona, y en el convencimiento de que sólo por la edad, todas las personas adultas son maduras, saben más y tienen más derechos. El adultismo nos hace creer que quienes aún no son personas adultas valen menos o sólo valen porque van a crecer.

Por último, los esfuerzos se reparten también en el trabajo sobre la diversidad sexual, tema sobre el que siguen existiendo muchos tabúes y muy diferentes perspectivas. En una de las organizaciones que trabajan en diferentes comunidades en zonas rurales del país nos explicaban cómo es un tema difícil de abordar: “aquí nunca se habla, a veces lo hacemos entre las que tenemos algo más de sensibilidad o que lo hemos tocado en otros espacios, pero para que haya sensibilización y coraje para poder abordar el tema aquí está complicado a nivel de comunidad”. Dentro de esta dificultad general es importante visibilizar la que enfrentan de forma específica las mujeres lesbianas, tal y como denuncia una de ellas “las lesbianas no existimos, no hay estadísticas de nada, de la violencia contra nosotras, vas a un centro de salud y no puedes decir nada, no estamos y no podemos visibilizar de lo que somos objeto”. La crítica feminista una vez más visibiliza cómo dentro de cada sistema de desigualdad y de cada colectivo los derechos de las mujeres siguen estando un paso por detrás de los del resto. Algunas organizaciones, como Las Dignas, han comenzado a trabajarlo desde lo interno: “Aquí internamente le estamos metiendo al tema del lesbianismo, o sea que vaya

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más allá del discurso y de lo que el plan estratégico dice, sino cómo yo, trabajadora de Las Dignas vivo y siento estos temas, me siento identificada o no con estos temas y aporto al posicionamiento colectivo. (…) Estamos debatiendo en el sentido de que todas veamos y toquemos el tema y este debate interno nos permite construir posicionamiento, igual que con el aborto”. En un país donde aún hay muy poco movimiento lésbico feminista, la intención es desde el área de comunicaciones potenciar espacios de debate con los que impulsar la reflexión y creación de colectivos, trabajar con las jóvenes y abrir puentes con instituciones como la universidad. Objetivos para los que aún hacen falta muchos esfuerzos, ya que como explicábamos al hablar del contexto del país, aunque ha habido cierta apertura del gobierno que creó una secretaría de diversidad sexual, “eso no se ha traducido en políticas públicas, no están cambiando las situaciones de discriminación y exclusión. Son avances tímidos en sociedades muy conservadoras”. C) El papel de la cooperación y la articulación con el movimiento feminista: enfoques y estrategias En cuanto a los enfoques desde los que mirar todos estos temas, y retomando la pregunta de qué subyace bajo el comúnmente aceptado “enfoque de derechos”, Morena Herrera nos explicaba que tal enfoque “implica una apropiación por parte de las mujeres y una exigibilidad hacia las instancias públicas. Un concepto de desarrollo basado en derechos, partiendo de que las instancias públicas tienen la responsabilidad y obligatoriedad de garantizar ciertas condiciones para que las personas podamos ejercer esos derechos. La idea de que derechos implica ciudadanía”. Pero a su vez, este concepto de ciudadanía, continúa, implica “la conceptualización del cuerpo como territorio de opresión de las mujeres, una opresión que tiene dimensión en la sexualidad y en las decisiones reproductivas”. Y no sólo eso. La visión sistémica que como explicábamos al inicio ha aportado el movimiento feminista al trabajo en derechos sexuales y derechos reproductivos, permite también que las organizaciones embarcadas en la defensa de estos temas los conciban como parte de un proceso y vinculen el pleno ejercicio de tal ciudadanía a los propios procesos de empoderamiento de las personas, empoderamiento para tomar conciencia de qué son los derechos sexuales y reproductivos, a qué ámbitos de mi vida afectan, y empoderamiento para defenderlos. En palabras de una joven educadora de una comunidad: “es un proceso, por eso es importante la educación sexual para poder decidir. Desde ahí se trata la prevención de embarazos, la planificación, para que no repercuta en un aborto que cause la muerte... (…) es central ahí el derecho a decidir, qué hago y qué no con mi cuerpo, pero para eso tengo que estar empoderada”. Reforzando este discurso e hilo argumental de vinculación de la ciudadanía con el cuerpo y el empoderamiento, la directora del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer lo define como “una cuestión estratégica; si una piensa seguir hablando de empoderamiento sin incluir en los procesos el tema del cuerpo, estamos muy limitadas. Es tan importante como los derechos económicos y políticos”. En Suchitoto, encontrábamos otra clave del enfoque que vincula autonomía y empoderamiento en la práctica de la Asociación de Parteras Rosa Andrade, una organización que lleva trabajando desde el año 93 en más de 40 comunidades del municipio. “Llevamos el control de mujeres embarazadas en las comunidades, tenemos parteras capacitadas en las comunidades, damos seguimiento, consejería... llevamos el programa de planificación familiar, trabajamos la atención, la prevención y la educación, tres áreas fundamentales. (…) Nuestra fuerza es que fuimos las primeras trabajando en esta área. Tenemos mujeres mayores, y jovencitas, 3 generaciones de mujeres en la asociación. Lo más relevante que vemos es tener el programa de planificación 73

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familiar, que es donde vemos también la prevención, y valoramos que hemos ganado mucha confianza de las mujeres para esto, porque al inicio no fue fácil, por la iglesia, los tabúes... (…) Hemos logrado que el ministerio avale el meternos en las escuelas a hablar con los jóvenes porque no nos dejaban. Otro es cuántas mujeres tenemos en planificación familiar. Ha disminuido el embarazo en adolescentes, y también las mujeres multíparas, que corren grandes riesgos, hemos logrado que planifiquen. Algunas deciden esterilizarse a escondidas de los hombres”. En casos como este, es importante el reconocimiento del impacto que este tipo de asociaciones tiene sobre la vida de las mujeres y sobre sus distintos grados de autonomía y decisión. En su estrategia organizativa no están trabajando tanto en la incidencia política o la construcción del discurso teórico, pero están consiguiendo sostener procesos individuales de empoderamiento que en el largo plazo tendrán un indudable valor e impacto colectivo. Lo fundamental aquí es la articulación de las organizaciones que trabajan en los diferentes niveles político y operativo, algo que en este caso están haciendo a través de la Concertación de Mujeres de Suchitoto. Ante esta agenda feminista y el enfoque propuesto con la misma, ¿qué hace la cooperación en el país, y cómo? La posibilidad de articulación entre los diferentes actores de cooperación y sus enfoques con las organizaciones de mujeres y feministas y los suyos, suscita diferentes dudas. En primer lugar, el ya explicado enfoque de salud que aún prima en la mayoría de las actuaciones en el país, a pesar del fomento de un cambio de paradigma por parte de los documentos estratégicos de cooperación, conlleva una serie de implicaciones políticas de posicionamiento y estrategia de abordaje. Desde lo más básico, que es la financiación, a lo más delicado, que es la construcción de discursos y conceptos claros y efectivos y el papel que éstos juegan en los procesos de apropiación y reivindicación de los derechos. Alguna de las pocas organizaciones españolas trabajando estos temas en el país con enfoque de derechos y desde un discurso de la autonomía se enfrentan a la necesidad de elaborar dobles agendas, una estrategia que a corto plazo permite conseguir financiación pero a largo plazo contribuye a la fragmentación de los discursos y a la incapacidad de hacer incidencia política clara y articulada. Así nos lo explicaba Rosa María Mengívar, salvadoreña trabajando con Cooperacció: “nosotras estamos trabajando los Derechos Sexuales y Reproductivos desde la autonomía del cuerpo y eso implica ver quién te va a financiar un proyecto con estas palabras... ahí hay que jugar con la doble agenda, meterlo como un problema de salud pública, cuando podríamos en las actividades abordar otras cosas de incidencia que van más allá. Pero estrategia clara no hay (…); como problema de salud pública perfectamente te van a aprobar dos y tres convenios, pero como Derecho de las mujeres a decidir... ahí es un mayor problema y donde no se moja la cooperación. Alguna cooperación sí, pero es más de grupos de mujeres feministas”. Actualmente en el Salvador los convenios financiados por la Cooperación Española relacionados con este tema mantienen un enfoque de salud, y dentro de este enfoque la responsable de salud de la Oficina Técnica de Cooperación en el país nos explicaba que “todavía, a pesar de lo que diga el Plan Director, se han seguido financiando convenios clásicos materno-infantil sin ninguna visión global ni vinculación a los Derechos Sexuales y Reproductivos, el clásico binomio madre-hijo. (…) Sigue habiendo práctica de no dar seguimiento al plan sectorial ni lo que está escrito en el Plan Director ni tampoco alineado con la agenda de las mujeres ni el movimiento feminista”, razón por la que las pocas organizaciones que pretenden trabajar el tema desde otros enfoques, más alineados con el movimiento feminista del país, han de recurrir a alguna cooperación descentralizada, más sensible al tema y con otras herramientas de financiación. 74

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La financiación multilateral a través del UNFPA constituye una de las principales líneas de financiación española vinculada a este tema, pero sus programas están principalmente centrados en violencia, sin una visión global que la relacione con la reivindicación del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos y sin un posicionamiento político feminista explícito. Desde el movimiento feminista critican lo que desde la propia cooperación reconocen, que “es en la agenda feminista donde menos nos hemos podido meter en la región (…). Se ha empezado a trabajar tímidamente de forma bilateral con el ministerio de salud. En los otros espacios de diálogo y articulación con el país la salud sexual y reproductiva no es tema de agenda”. Esta evidencia pone en cuestión varias cosas, a saber: la coherencia de políticas públicas en el Estado Español, la capacidad y el papel de las propias ONGD españolas a la hora de exigir tal coherencia, comenzando por posicionarse ellas mismas; y el impacto que todo ello tiene sobre la capacidad de articulación e incidencia del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres en el país. Desde el movimiento feminista se critica que “la cooperación española ha tenido poco aporte de manera explícita. En algunos casos, como el de Euskal Fondoa, que de manera indirecta plantean que los programas que se apoyen sean de derechos sexuales y reproductivos. A través del financiamiento multilateral como el UNFPA, pero es poco. Eso también ha influido en las dificultades del propio movimiento feminista. En este terreno no siento que haya habido un gran aporte. Por ejemplo todo el debate que ha habido en el Estado Español en relación a la ley del aborto, eso no ha repercutido en las ONG españolas en traducir información, formación”. Con ello se pone de manifiesto cómo la cooperación española aún se sitúa en una posición principalmente financiadora, con el enfoque que ello implica a la hora de establecer diálogos, construir vínculos y definir una visión de desarrollo. Todo ello no significa que las organizaciones y agencias de desarrollo no hayan contribuido en los avances que ha habido en el país, aunque han sido pocos o de poco calibre en comparación con el gran retroceso que supuso la penalización del aborto, pero que se han conseguido gracias entre otros factores al esfuerzo coordinado de la cooperación y la sociedad civil. Así por ejemplo Nilda Ríos nos decía, no sin ausencia de crítica, pero con ánimo de reconocimiento, que “la cooperación apoya más la incidencia legal, lo cual no está mal porque ahora tenemos algunos avances legales, la Ley Integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres, y la LEPINA (Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia), aunque casi no tiene dinero y está teniendo problemas para su implementación. La ley de igualdad es más declaratoria, así que veremos cuál es su aplique...”. A esto se une la constatación de que “muchos de los esfuerzos de la cooperación se han enfocado al tema de violencia, no ha habido una apuesta directa al tema de Derechos Sexuales y Reproductivos, siempre se han ido por las ramas, abordando la salud materna, la violencia sexual… nunca el tema como tal, sino otros problemas vinculados, pero no directamente. Sospecho que es por no entrar en conflicto con los estados”. Esta afirmación resume muchas otras opiniones que coinciden en lo que constituye uno de los nudos críticos de toda la investigación, tal y como hemos explicado en el punto sobre la cooperación oficial: la condicionalidad o no de la ayuda. Al respecto, y continuando con la reflexión sobre el papel de la cooperación para los avances y retrocesos en este tema, en la Colectiva Feminista nos decían que “su papel ha sido de no querer intervenir, pero en otros temas intervienen, marcan la agenda, entonces, si no tienen demasiado problema con eso en determinadas circunstancias por qué en este tema les cuesta tanto colocarse en decir aquí se necesita esto y esto. Con las tasas del país de embarazo adolescente, violaciones, pobreza que lleva a complicaciones en embarazos, 75

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abortos... con todos esos datos tienen suficiente para poder decir vamos por esta vía, pero ese papel tan pasivo en este caso te dice un montón”. Por último, las organizaciones feministas consultadas son muy conscientes también de la importancia de los vínculos, la creación de espacios de confianza de los que hablábamos al principio del informe. La experiencia les ha hecho comprobar que independientemente de lo que los documentos oficiales digan, el papel real de la cooperación en la consecución de avances en estos temas terminan dependiendo de la voluntad individual de quien en cada momento esté al frente de una organización, institución o proyecto. “El esfuerzo que muchas compañeras hacen es loable, pero a veces no trasciende del nivel personal, a nivel del espacio de la confianza. Y en ese nivel está la cooperación también.” Esta afirmación sobre la cooperación incluiría tanto a la cooperación oficial, donde la priorización y negociación de programas sigue estando sujeta a la persona al frente en cada momento, y a las ONG de desarrollo trabajando en el país, pues como decía una de las entrevistadas, “no olvidemos que nuestras organizaciones no son feministas y si cambian a las actuales directoras, se van al traste”. D) Factores de limitación y de potenciación Barreras / Dificultades

• Una de las principales barreras que en el contexto del país dificultan la coordinación de agendas entre la cooperación y el movimiento feminista es la inexistencia de estructuras o cauces de diálogo entre el movimiento de mujeres y feminista, como parte de la sociedad civil, y las instancias de gobierno. Y más allá de eso, el hostigamiento al que muchas veces se ven sometidas las activistas que se posicionan públicamente en estos temas, tal y como se refleja con noticias como a la que hacíamos alusión al hablar del contexto del país. Según la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, esto se debe “a que se considera que las defensoras cuestionan unas normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados acerca de la feminidad, la orientación sexual y el papel y la condición de la mujer en la sociedad 45”.

Informe de Margaret Sekaggya de 20 de diciembre de 2010, citado en Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, un diagnóstico en construcción, actualización 2010/2011. Publicación auspiciada por el Fondo Centroamericano de Mujeres e impulsada entre otras organizaciones por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Según este diagnóstico, las defensoras que luchan por los derechos sexuales y reproductivos están entre los grupos más vulnerables a la violencia.

A esto se une el hecho de que la opinión pública está copada por los grupos del “sí a la vida”. Todas las organizaciones y mujeres consultadas coinciden en que el país está sumido en un problema de doble moral y de fuertes resistencias fundamentalistas frente a las que el movimiento feminista no tiene visibilidad ni fuerza: “en general se ha avanzado en la opinión pública pero aún hay resistencias fundamentalistas muy fuertes y el movimiento a pesar de haberlo colocado en la agenda parece que es un tema que lo coloca a la defensiva y no tiene mucha fortaleza para la argumentación, hay muy pocas mujeres, contadas con los dedos, como Morena Herrera, que salen a la luz pública a posicionarse sobre el tema. En cambio la derecha sí tiene a varias mujeres que escriben en los diarios, están en la televisión con el discurso fundamentalista...” • A esta primera barrera hay que sumar el problema de falta de apropiación de los derechos y conceptos por parte de la población y una falta de creencia en el sistema, lo que a su vez es causa de la falta de demanda a las instituciones como responsables de la garantía de tales derechos. Nilda Ríos, consultora feminista en derechos sexuales y reproductivos, vincula esto con el papel de la cooperación y lo resume diciendo que “el problema es que la población salvadoreña no se reconoce como sujeta de derechos, como autónoma, como dueña de su cuerpo, y eso hace difícil la aplicabilidad, y además no creen en el sistema. Entonces el trabajar el cambio de actitud es una necesidad, pero también un problema, porque en la cooperación necesitas medir los resultados y cómo se miden los cambios de actitud (…) y ahí nos tenés viendo cómo se hacen las CAPS...”.

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• Otro de los factores de limitación para trabajar derechos sexuales y derechos reproductivos, ya tratado en el punto general de nudos críticos, es el no poder nombrar las cosas y basarse en estrategias operativas de dobles agendas, lo que dificulta centrar los esfuerzos en construcción de estrategias de incidencia comunes. Ante esto las ONG de desarrollo tampoco tienen una estrategia común. Desde la mesa de género que se ha puesto en marcha para trabajar los temas de género de manera coordinada entre las ONG españolas y la OTC en el país, se plantea que “nosotras podemos tener alianzas con organizaciones, con las que podemos trabajar determinados temas, pero luego no se puede decir esto en el informe. Y ahí tampoco las organizaciones que trabajamos el tema tenemos una estrategia colectiva, ni a nivel de país ni de región. Tenemos proyectos aprobados con enfoques de salud... Una cosa estratégica importante sería el cómo las organizaciones que trabajamos con organizaciones de mujeres, que nos llamamos feministas, podemos tener una estrategia colectiva en el marco de los derechos sexuales y reproductivos desde los diferentes enfoques.” La existencia de tal estrategia permitiría entre otras cosas evitar determinados problemas básicos operativos que actualmente enfrentan las organizaciones de mujeres que trabajan el tema, necesidades urgentes y puramente operativas, relativas por ejemplo a la compra de medicamentos o a la exigencia desde la cooperación de dar datos específicos. “Aquí si quiero interrumpir un embarazo y tengo que comprar determinadas medicinas no puedo acudir a ningún proyecto y ver dónde lo puedo cargar... nosotras aquí tenemos un fondo común, cosas que la cooperación no están en ello, pero claro, es verdad que si lo piensas pues es un delito, pero bueno…, tampoco te dicen que podemos trabajar derechos sexuales y reproductivos, comprar otros materiales, condones..., al no haber claridad en sus políticas, no forma parte medular de sus organizaciones, es difícil”. “Tenemos dificultad en la gestión porque es difícil dar datos, no podemos dar nombres, y en la cooperación lo necesitan todo específico y nosotras no podemos. Ética profesional. Les podemos dar algunos datos generales pero nada más, decimos el milagro pero no el santo, porque es un área con muchos tabúes... (…) a veces cuesta convencer a la cooperación de que es importante el trabajo que realizamos y explicar que lo hacemos a escondidas, arriesgamos, porque los hombres se enfrentan a una”. • En paralelo a esto, otras críticas se basan en la percepción de que independientemente de lo que se establece en las directrices de la cooperación, los derechos sexuales y reproductivos siguen sin ser una prioridad, causa final de que no se promueva la incorporación de enfoques feministas: “No ha sido tema prioritario de la cooperación, y cuando elaboras propuestas y ves los criterios de valoración, en muy pocos aparecen estos elementos. Eso ha hecho que si algo se hace con recursos de cooperación se tenga que meter como formación, programas de servicios, pero no programas estructurados en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, los ODM que sí son parámetro de la cooperación, recortaron la agenda de Beijing y El Cairo, y ese es el parámetro, materno-infantil y poco más.... esas son las dificultades en la relación entre cooperación y agenda feminista por los derechos sexuales y reproductivos” “Hay prioridades, el derecho a la tierra debe ser más importante que los derechos de las mujeres, porque si no estarían al mismo nivel... no priorizan, seguimos siendo prioridad número 10, esa es la brecha entre el discurso y las realidades”. • Se hace visible en el país también la incoherencia entre la postura oficial de la cooperación en estos temas y la práctica en la implementación y defensa de los mismos, y la realidad de que su consecución finalmente recae en la presencia o no de mujeres feministas en las organizaciones y organismos de cooperación. Es lo que 77

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Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista, califica como problema de la no institucionalización, de modo que “el vínculo que pueda llegar a existir entre la cooperación y los movimientos en este país hace más referencia a las personas que a una visión de la cooperación, hay gente que es nuestra aliada y eso es lo que pesa. Yo si tuviera que elegir haría un perfil y diría que aquí tiene que llegar la gente que esté comprometida y sea feminista”. Vínculos / Factores de potenciación

•D ado el contexto actual de dificultad para trabajar este tema, los posibles vínculos o factores de potenciación actuales sobre los que podrían construirse estrategias comunes de cooperación – movimiento feminista, se situarían en un consenso de mínimos de reforzar un enfoque derechos, con el enfoque de autonomía y derecho a decidir como base de la argumentación, dentro de la estrategia de salud y estrategia de género y en un intento por aglutinar a la mayoría de la sociedad civil y organizaciones de desarrollo. Así un sector de las organizaciones de mujeres y feministas consultadas abogarían por trabajar en “fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, no únicamente feministas sino otras organizaciones que trabajan en temas de salud y derechos, porque si no se ve que el tema de la salud sexual y reproductiva es un problema de las feministas y ellas lo que quieren es promover el aborto, así que descalifican. Entonces es importante buscar otros aliados (…) y saber que aunque no estés ocupando el término de derechos sexuales y reproductivos, cuando hablas de salud sexual y reproductiva tratar de entender que ahí tenés que meter el ejercicio de derechos, en la parte operativa, en cómo lo vas a negociar con el estado.” • Frente a las dificultades comentadas sobre la doble moral y la opinión pública, las organizaciones identifican algunos factores positivos. Desde la cooperación cada vez más organizaciones -aunque aún pocas- ven al movimiento feminista como interlocutor prioritario, también desde aquellas que no se nombran feministas ni tienen trayectoria de trabajo en estos ámbitos, de modo que se va estableciendo un nuevo terreno para las alianzas en el que el debate, las investigaciones, la formación, son elementos clave para conseguir una articulación con capacidad de incidencia desde nuevos paradigmas y enfoques. Según la visión de algunas de las organizaciones integrantes de la mesa de género OTC-ONGD, “el movimiento feminista está ganando peso en la última década, para que tenga mayor interlocución o fuerza en estas mesas debe haber investigaciones para construir argumentaciones sólidas y posturas comunes”. • Los esfuerzos por articularse a nivel regional desde los diferentes espacios feministas y de sociedad civil es otro de los indudables factores de potenciación: “un avance en este debate es que articulaciones de organizaciones mixtas a nivel latinoamericano han asumido con bastante nivel de apropiación ciertos elementos del discurso feminista. Hay un liderazgo latinoamericano bastante sensibilizado y abierto a asumir este discurso no como adicional sino como parte de sus planteamientos ante las instancias donantes. Y eso ha sido un esfuerzo de algunas feministas que han estado dale que dale con esas organizaciones”. • En consonancia con esto y como otro de los factores positivos identificados, varias de las organizaciones consultadas coinciden en que “actualmente la agenda es más clara, pero se requiere más debate sobre cómo colocarlo en la opinión pública. La cooperación tiene la fortaleza de tener recursos, pero se tendría que pactar una agenda y diseñar estrategias que permitan avanzar en los flancos más débiles. Se necesita mucha formación para que las mujeres podamos tener argumentos fuertes para enfrentarlo en la agenda pública. De otra manera el tema seguirá siendo de doble moral.” 78

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3.3. Nicaragua A) El contexto El estado de Nicaragua, con una población multiétnica de poco más de 5 millones de personas, es el país con el territorio más extenso de Centroamérica y con menor densidad de población. Tras un pasado reciente convulso, con años de conflicto armado que sucedieron al triunfo de la revolución sandinista en el 79, actualmente presenta un contexto político de república presidencialista con dos partidos hegemónicos, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El movimiento feminista, como toda la sociedad civil, se ve afectado por el contexto de su país, y vive los hitos internacionales relativos a derechos sexuales y reproductivos aún desde posiciones débiles: “si los puntos de partida son Cairo y Beijing, hay que ponderar en el análisis qué significó para un país como Nicaragua y en general para Centroamérica un proceso como ese. Cuando se dio la conferencia de El Cairo en el 94 y luego Beijing en el 95, habrá que entender que Centroamérica estaba saliendo de la posguerra, en realidad en el 89 se firman los acuerdos de paz en Nicaragua, (…), pero ya había un esfuerzo al menos por acabar con los aspectos más cruentos de la guerra y había un momento de emergencia del movimiento de mujeres que no llegaba a ser todavía un movimiento feminista o declaradamente feminista, tenía más toda esta perspectiva que ponía el énfasis en las mujeres pobres, en los temas de desigualdades de clase, bueno no teníamos un discurso elaborado sobre los derechos sexuales y reproductivos, Había un énfasis muy grande en una dimensión de los derechos sexuales y reproductivos, que era la salud sexual y reproductiva”. En el año 2006, gana las elecciones el FSLN; tras una sucesión de dieciséis años de gobiernos conservadores, Daniel Ortega fue elegido presidente y pese a su compromiso electoral de conformar un gobierno paritario, tan sólo el 29% de los ministerios fueron dirigidos por mujeres. El hecho más relevante para los derechos sexuales y reproductivos a partir de entonces fue la presión de la iglesia católica durante la campaña electoral a todos los partidos para posicionarse respecto a la penalización del aborto terapéutico. Finalmente, será este gobierno el que en 2007 apruebe definitivamente un nuevo Código Penal, en el cual se penaliza el aborto en todas sus formas e impone en su artículo 143 las penas de 1 a 3 años para las mujeres que consientan practicarse un aborto y una inhabilitación médica de 2 a 5 años para el médico o la médica que lo practique. Con sólo 5 votos a favor de mantener el aborto terapéutico, la Asamblea Nacional terminaba con más de 130 años de vigencia del mismo. La prohibición, aparte de lo que supone epistemológica y conceptualmente en el debate, tiene tres consecuencias inmediatas tangibles46: • denegación de acceso al aborto en casos en que peligran la vida o la salud de la mujer embarazada • denegación o tardanza en prestar otros tipos de atención obstétrica de emergencia • un fuerte temor a solicitar tratamiento por emergencias obstétricas Por otro lado, este gobierno es también responsable de campañas de desprestigio y hostilidad hacia las organizaciones feministas, anulando cualquier tipo de colaboración en la elaboración de estrategias comunes para mejorar la situación de las mujeres

Para más información sobre los efectos de la penalización puede consultarse el informe Los rostros detrás de las cifras. Los efectos trágicos de la penalización de aborto terapéutico en Nicaragua. IPAS, 2007. Disponible en http://www.ipas.org/Publications/as set_upload_file689_3316.pdf

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en el país. Estas posturas se atribuyen al deseo de los partidos políticos de captar el apoyo de las iglesias católica y evangélica. Nicaragua es el claro ejemplo de cómo el peso y poder de las iglesias son claves para entender muchas de las orientaciones del país en materia de derechos sexuales y reproductivos, tal y como avanzábamos en los nudos críticos expuestos al inicio del documento. “Excepto Costa Rica, todos los países de Centroamérica son laicos, pero lo cierto es que ni hay una cultura laica, ni hay un pensamiento ni unos gobiernos laicos,... apelando a la religión han penalizado el aborto terapéutico, mantienen esa actitud hostil hacia los derechos de los homosexuales y lesbianas, pero peor aún, apelando a la religión tienen una resistencia brutal, por ejemplo a la educación sexual”. Al respecto del hostigamiento que sufren las mujeres que se posicionan públicamente por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, varias declaraciones coincidían en que “el movimiento feminista está complicado por toda la persecución que está habiendo. Amnistía está elaborando informes sobre esto, tienen a varias mujeres bajo protección, son un actor importante en temas de derechos humanos y hace un par de años se han sumado al tema de derechos sexuales y reproductivos”. El Estado de Nicaragua a pesar de haber firmado y ratificado sin reservas la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), continúa sin ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención. Respecto a sus organismos de igualdad, varias organizaciones lamentaban que el Instituto de la Mujer nicaragüense es de las instituciones más débiles, sin presupuesto y sin personal. “Luego está la procuraduría de derechos humanos y las sub-procuradurías, una de la niñez, una de derechos de las mujeres, una de comunidades indígenas, otra de derechos ciudadanos y ahora se inventaron la de diversidad sexual, pero que no es más que nombraron a una persona”. Desde el 2008 el país cuenta con una Ley de Igualdad que el movimiento feminista denuncia que se ha quedado en papel mojado y no se cumple. Durante la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing el pasado 2010, las redes y articulaciones feministas nicaragüenses elaboraron un informe alternativo47 para dar a conocer las demandas y las críticas que consideran importante tener en cuenta en relación a los derechos de las mujeres. En este informe aportan datos muy reveladores sobre la temática:

Balance Alternativo. Plataforma de Acción Mundial, Bejing +15, Movimiento Feminista de Nicaragua y la Red de Mujeres con la Violencia, Nicaragua, Marzo 2010. Disponible en: http://movimientofeministanicaragua. org/index.php?option=com_rokdownl oads&view=file&Itemid=32&id=44:b eijing-15

En Nicaragua, las mujeres entre 15-49 años representan el 26% del total de la población. El 48% de las mujeres adultas jóvenes dieron a luz antes de los 20 años y el 45% de los nacimientos recientes de mujeres adolescentes fue no planeado. La tasa de fecundidad en mujeres adolescentes es la más alta en Centroamérica: 119 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Datos oficiales del Ministerio de Salud sobre la mortalidad materna indican que durante los últimos cinco años hay más de cien muertes maternas por año. De acuerdo con datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) a mayo del 2009 la mortalidad materna se incrementó de un 20% en relación al 2007. Del 100% de muertes maternas, el 20% corresponde a mujeres adolescentes. En 2007 se incrementó el número de suicidios en algunas regiones del país, un problema poco analizado en su relación con la violencia sexual, la violencia en la pareja y los embarazos no deseados. El 87% de las mujeres sexualmente activas de 15-24 años no desea tener un hijo o hija en los próximos dos años, independientemente de su estado marital. Los datos en torno al VIH, revelan un aumento mayor de mujeres que viven con VIH, el principal medio de transmisión, un 78% de ellos, son los contactos sexuales de tipo heterosexual y aunque el VIH afecta mayoritariamente a personas entre 20 y 34 años, el 5% de las nuevas infecciones en 2007 fueron del grupo de edad entre 0 y 4 años.

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Estos datos representan las claras deficiencias en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos en lo que se refiere al acceso a la información y la educación sexual, pese a los compromisos asumidos en varios documentos por el Estado nicaragüense, como la Estrategia en Salud Sexual y Reproductiva48, que recoge en su objetivo 2: Promover la sexualidad responsable y sana impulsando el acceso universal a la educación de la sexualidad integral y científica, en un marco de derecho y acorde con la edad y cultura. Sin embargo desde el movimiento feminista denuncian que “le han quitado prácticamente todo el apoyo a las casas maternas que era una de las prioridades de la estrategia para reducir la mortalidad materna sobre todo en el campo, pero han dejado casi en cero el apoyo estatal a las casas maternas. El manual de educación sexual fue una batalla tenaz hasta que lo aprobaron, sin embargo sacaron del manual toda referencia a la diversidad sexual y al aborto”. En 2003 se publicó un manual titulado “Educación para la Vida” dirigido a personal docente, en torno a sexualidad y que trata temas como la comunicación en la familia, cambios durante los periodos de adolescencia, paternidad y maternidad responsables, enfermedades de transmisión sexual y la prevención de la violencia y el abuso sexual. Este manual fue elaborado por un equipo conformado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Los grupos Provida y las iglesias evangélicas y católicas iniciaron todo una campaña de polémicas y difamaciones para evitar que la guía fuera utilizada en la currícula educativa, planteando que el objetivo del UNFPA era promover relaciones sexuales tempranas y el aborto. Pese al evidente problema de acceso a la información y educación sexual, estas críticas consiguieron que el ministerio revisara el contenido del manual para que tal y como indicó el ministro fuera “el reflejo de las costumbres, filosofía de la vida y naturaleza cristiana, principios éticos y morales que se deben impulsar en la juventud”. Tras la revisión del manual con el apoyo de la iglesia católica, organizaciones feministas tuvieron acceso al documento y las críticas principales que plantearon fueron que se destaca la promoción de la abstinencia como el único método seguro de prevenir embarazos e ITS, la reafirmación de la familia nuclear como el modelo universal al que todas las personas deben aspirar, el abordaje de la homosexualidad como una debilidad y/o enfermedad, las referencias al aborto como una ofensa a Dios, o la masturbación como una posible patología mental, entre otras49. Este hecho es sólo un ejemplo de cómo los intentos de desarrollo de programas de educación sexual en los centros públicos de enseñanza se han visto obstaculizados por el poder de veto de la jerarquía de la iglesia católica, la Asociación Nicaragüense Provida y la Alianza Evangélica Nicaragüense, en temas relativos a los derechos sexuales y reproductivos. B) Los temas principales de trabajo y nudos críticos El aborto

En este contexto político y social las coincidencias con El Salvador son amplias. También en Nicaragua el tema que ocupa de manera central las agendas del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres es el aborto, con sus problemas relacionados. E igualmente los enfoques y estrategias a la hora de abordar su defensa varían dentro del propio movimiento. Uno de los discursos con más visión autocrítica explicaba cómo “en la mayor parte de las organizaciones de mujeres e incluso feministas en Centroamérica, ha predominado un enfoque más de salud sexual y reproductiva que un enfoque de derechos”, lo que hacía que muchas veces este tema quedara fuera de las agendas y ha supuesto una limitación conceptual importante; un enfoque que ade-

http://www.unfpa.org.ni/publidoc/P oliticas%20P%C3%BAblicas%20 y%20Legislaci%C3%B3n/ENSSR 2daversion.pdf

Se puede consultar la guía para docentes de Educación de la sexualidad: http://www.unfpa.org.ni/publidoc/ SSR%20Estudios%20e%20Investig aciones/mined-unfpa%20%5B29-112010%5D.pdf

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más se reconoce como “funcional a los intereses de la cooperación, más viable, más sencillo y menos transgresor o menos complicado”. Frente al mismo y quizá como respuesta ante el grave empeoramiento de la situación de las mujeres y en concreto en este tema, “en los últimos años han empezado a emerger otros enfoques que van más allá de las salud sexual y reproductiva y que hablan de un tema más transgresor, de las libertades sexuales, del aborto”. Pero aquí también nos encontramos con diferentes estrategias definidas por el enfoque que se tome como punto de partida, sea para reivindicar el aborto libre, o para adoptar posiciones de defensa estratégica del aborto terapéutico por las posibilidades de establecer alianzas en otros estratos de la sociedad civil. Con esta intención surgía por ejemplo el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, una agrupación de ONG, organismos de derechos humanos, sociedades médicas, movimientos de mujeres y personas a título individual, unidas en la lucha por restituir el derecho a interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando el embarazo es resultado de una violación. “El grupo estratégico está trabajando la despenalización del aborto terapéutico, porque era algo que teníamos y lo perdimos en el 2007, por ejemplo se han sumado a ese grupo estratégico la sociedad de ginecobstetricia, que eso es inverosímil que el movimiento de mujeres estuviera aliado con las sociedades médicas...”. Dentro del espacio de lucha por la restitución del aborto terapéutico las diferencias estriban fundamentalmente en abordarlo desde un enfoque de salud o desde los discursos de la autonomía. Éste último es el defendido desde el Movimiento Feminista de Nicaragua, un espacio de concertación de 14 organizaciones feministas, nacido en el 2006 tras el cambio de gobierno, cuya agenda se centra en la visibilización de los aportes del movimiento feminista al ejercicio de los derechos de las mujeres, la maternidad voluntaria, los derechos sexuales y la restitución del aborto terapéutico, a través principalmente de campañas públicas de sensibilización. Las organizaciones de mujeres y feministas que creen que ante el avance de las posturas más conservadoras hay que fortalecer el discurso basado en un enfoque de derechos y autonomía tienen un posicionamiento claro y contundente: “No estamos solamente por el aborto terapéutico sino por el aborto por elección, y nuestro principio de trabajo es el derecho a decidir de las mujeres, que si quiere parir que para, pero si no quiere también”. Las pocas organizaciones que se colocan en estas posiciones son conscientes del poco apoyo con el que cuentan y los problemas que esto puede acarrearles, no solo por el rechazo y ataque de los sectores más conservadores de la sociedad, sino en muchos casos incluso por grupos de mujeres que, algunas de ellas habiendo abortado, no quieren que la realidad salga a la luz por las sanciones morales que lleva aparejada. Saliendo del maniqueísmo que antepone una opción como mejor a otra, es importante reconocer las aportaciones que en el recorrido de la defensa del tema puede hacer estratégicamente cada una. Así IPAS, organización centrada en un enfoque de salud, participante en numerosas redes a nivel nacional y regional, al hablar del Grupo Estratégico explicaba que “ha desarrollado un sinfín de acciones y son organizaciones que en su mayoría tienen conexiones a nivel local. Hemos estado en negociaciones con el grupo de parlamentarios pro ODM (…) La razón de ser del grupo de alguna manera ha sido mantener en la agenda pública el tema”. En un contexto político con tantas dificultades, el hecho de que efectivamente el tema se mantenga en la agenda política no es baladí y el papel de la cooperación para conseguirlo puede ser clave. Sin embargo, este tema aún se mantiene en las lindes del tabú, no solo para las instituciones y la clase política nicaragüense, sino también para muchos actores de la cooperación, como explicábamos al inicio del informe al hablar del no posicionamiento: “solicita82

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mos como movimiento feminista una propuesta a la cooperación española para trabajar con una campaña de información a la población y grupos de mujeres sobre la necesidad de restitución del aborto terapéutico como un derecho, lo aprobaron (…) Nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que no pusiéramos los logos porque no podían meterse en conflicto con el gobierno. Como no lo podían hacer de forma directa, nos mandaron el dinero a través de una organización y resultó que cuando les entregamos cuentas e informe narrativo, todo decía aborto, y nos mandaron cambiar todas las facturas, el informe, y quitar la palabra aborto de todos lados. Mira qué incoherencia.” En cualquier caso, en lo que prácticamente todas las personas entrevistadas coincidían es en que la articulación de un enfoque que reivindique el aborto desde discursos públicos de derechos es el gran reto pendiente del movimiento. Los anticonceptivos de emergencia y el embarazo de adolescentes

Por otro lado y al igual que en otros países de la región, el embarazo adolescente es también uno de los temas principales de preocupación en Nicaragua. Desde el movimiento feminista se critica la flaqueza del enfoque desde el que normalmente se aborda el tema. “Nicaragua tiene casi el 30% de embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años, el más alto de América Latina. Y se han hecho millones de talleres sobre métodos anticonceptivos, pero es que no es por ahí. Si no abordas ese nudo gordiano en el que las mujeres se construyen a sí mismas como cuerpo enajenado, como cuerpos que no les pertenecen… ¿cómo es que no han entendido eso?”. Reflexiones como ésta terminaban explicando la vinculación de este problema con el paradigma, aún arraigado, subyacente al enfoque de salud materno-infantil: el punto de partida de que “todas tienen que ser madres”. “La visión que todavía tenemos aquí es que hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar nada más de la maternidad, en general de la maternidad”. La transición desde este paradigma hacia uno nuevo que reconozca el derecho a la no maternidad es uno de los nudos críticos que mantienen el debate abierto en el país sobre cómo abordar la situación, sin que de momento haya un alineamiento mayoritario al respecto. “la única manera de que la maternidad sea voluntaria realmente es que se reconozca el derecho a la no maternidad, pero mientras el punto de partida es que todas tienen que ser madres, no hay maternidad voluntaria, hay maternidad compulsiva. (…) El UNFPA jamás ha trabajado eso, lo que dicen es que retrasen, anticonceptivos... y que cuando estén preparadas sean madres, y eso hacen un montón de organizaciones de mujeres.” Una de las organizaciones que trabajan de manera prioritaria los derechos sexuales y reproductivos y dentro de éstos el embarazo adolescente desde este enfoque de no maternidad es el Grupo Venancia. “Uno de los problemas que hemos trabajado es el problema de los embarazos adolescentes, muchos resultado de abuso sexual, otros de errores y riesgos que se corren y falta de conciencia de riesgo. Y muchos otros decididos. Y esos son los que más nos preocupan, porque lo otro se puede trabajar en la medida en que tienen más acceso a la información y a métodos anticonceptivos, pero el problema es cuando la decisión está tan mediatizada por los mandatos. Cuando no tienes más opciones en tu vida de realización que la maternidad, pues acabas tomando eso como opción elegida... nosotras algo vemos que las chavalas con las que trabajamos algunas al menos se embarazan más tarde, entonces el tema es el control de tu propio cuerpo como asunto de autoconocimiento, de claridad en tus metas y deseos, de poder analizar esos deseos que no son reales...”. No en vano esta organización lleva desde 2006 centrando sus campañas de sensibilización en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. La implementada durante el 2009, nacida a la luz de los resultados de la de 2007, se centraba precisamente en el embarazo adolescente. Bajo el título “Antes de hacerte cargo de otros, hacete cargo 83

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de vos”, tenía como metas “que las chavalas tengan mejor información para tomar decisiones en torno a su sexualidad y visibilizar la responsabilidad de los hombres en el embarazo, crianza y educación de hijos e hijas”. Otras organizaciones como la Colectiva de Mujeres de Masaya, que cuenta con un área y un plan estratégico específico para derechos sexuales y reproductivos, comienzan a ver resultados cuando trabajan el tema desde diferentes grupos poblacionales, además de las adolescentes: “en la campaña de prevención de embarazo adolescente nos ha sido útil trabajar con los docentes, que son los principales referentes de las chavalas, y ahora hay una modalidad de chavalas consejeras, hay que poder formarlas, sensibilizarlas y que puedan responder a las expectativas y dudas de las chavalas”. Continuando con el paralelismo evidente con la situación salvadoreña, la anticoncepción de emergencia ocupa también uno de los espacios principales de las reivindicaciones, siendo éste un tema que se viene trabajando desde hace más tiempo por algunas organizaciones, tanto feministas como otras que lo trabajan desde un enfoque estricto de salud sexual y reproductiva, dentro de programas generales de planificación familiar. El mantenimiento o no de este tipo de actividades insertas en programas de salud y planificación es criticado bajo la consideración de haber limitado la agenda: “lo que ha ocurrido en casi todos nuestros países es que la agenda de los derechos se ha visto recortada a las demandas de las salud sexual y reproductiva. No en balde en estos países crecieron tantísimo en la década de los 90 las clínicas alternativas de salud sexual y reproductiva manejadas por feministas, que resultaron ser insuficientes pese a su compromiso. La agenda del cuerpo y del placer ha estado casi ausente de la gran mayoría de organizaciones feministas de este país y de otros también”. Las demandas no sólo hacia las organizaciones de mujeres y feministas, sino también a la cooperación, son claras: “la cooperación debe dejar de ayudar a la anticoncepción y planificación familiar, que lo hagan los gobiernos, pero hay temas que no van a hacer los gobiernos que es donde tienen que apostar”. La diversidad sexual

Cada vez más organizaciones de mujeres y ONGDs, por otro lado, están enfocando sus esfuerzos hacia la defensa de la diversidad sexual, tendiendo puentes de articulación con otras organizaciones de la sociedad civil que le apuestan al tema y con los movimientos LGTB, si bien no todos se insertan en enfoques feministas de trabajo. El contexto a nivel gubernamental es relativamente favorable, habiendo una tendencia general de aceptación de las reivindicaciones fundamentales, asumidas en los discursos políticamente correctos de la Procuraduría ad hoc recientemente creada, aunque se sigue denunciando en la práctica una actitud hostil hacia los derechos de gays y lesbianas. “Acá con lo que nos va bien es con la diversidad y el gobierno. Porque el gobierno tiene una línea de que hay que apoyar y hay que trabajar con las organizaciones de la diversidad sexual. A nosotras en temas de diversidad no nos va a pasar nada en las calles, en las marchas, no vamos a tener agresiones porque ese es un tema que está en la agenda del gobierno. Con los otros temas no va a ser tan fácil”. “El movimiento feminista, además de la lucha del aborto por elección, también incluye la lucha con grupos por la diversidad sexual, que pocos se han ligado al movimiento feminista, pero tenemos compañeras de la diversidad”. Según nos contaban en la Colectiva de Mujeres de Masaya, organización miembra del Movimiento Feminista Nicaragüense, en el encuentro feminista de este año los tres ejes de trabajo fueron democracia, ciudadanía y laicidad y diversidad sexual. En este encuentro feminista, “los derechos sexuales y reproductivos se abordaban desde la ciudadanía y laicidad.” 84

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Una de las organizaciones del movimiento que más le está apostando a este tema es La Corriente Feminista, principalmente a través de campañas de comunicación y sensibilización que priorizan a la juventud como público objetivo. Así por ejemplo, han desarrollado campañas como “Es mi cuerpo y lo vivo con placer” o “decilo fuerte, decilo siempre”, ambas con apoyo de la cooperación, donde implementan la visión sistémica del abordaje feminista, incluyendo módulos formativos sobre identidades sexuales, aborto y maternidad voluntaria, violencia y placer. La violencia de género

Por último, la agenda feminista sigue manteniendo también entre sus prioridades la lucha contra la violencia, ante los alarmantes datos sobre diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. “En el 2009 y en el 2010, hubo más de 4000 mujeres violadas al año, de esas el 85% eran niñas menores de 17 años y la mayoría de ese porcentaje está entre niñas de 0 a 13 años”. Es el tema que más engarza las agendas de las organizaciones de mujeres y feministas nicaragüenses. Los enfoques, en debate permanente, también son variados y los mayores esfuerzos se están invirtiendo en conseguir una visión sistémica e integral sobre el problema. Durante las últimas dos décadas, las feministas nicaragüenses han invertido valiosas energías en la elaboración de un discurso que reconoce la violencia sexista como un problema de poder de dominación de los hombres sobre las mujeres. Como en otros ámbitos, las feministas han transitado del coraje y la denuncia pública, a la formulación de propuestas hacia las instituciones públicas y la provisión de servicios de apoyo a las mujeres agredidas50. En éste último punto las reflexiones intentan resolver la encrucijada de mantener una atención a las mujeres que debería ser proporcionada por el estado, definir el papel de la cooperación en esto y la capacidad de exigibilidad a las instancias públicas de enfoques y servicios eficaces y transformadores. Algunas organizaciones aprovechan una mayor sensibilidad institucional hacia el mismo para utilizarlo como puerta de entrada a fondos y a espacios de incidencia y sensibilización, y después vincularlo al resto de temas de la agenda de derechos sexuales y reproductivos. “…logramos entrar a los colegios con el tema de violencia a través del MINSA [Ministerio de Salud], ni siquiera fue directo. Eso fue como una puerta que aprovechamos, y ahora tienen ya unos 6 años que con el Ministerio de Educación firmamos un convenio que nos da margen a que avalen distintas actividades (...), y por otro lado las charlas escolares, les damos talleres a personal que ellos elijan, tanto técnicos como el área de educación de adultos, como directores y maestros de las escuelas de primaria. Ellos eligen a quién se le dan los talleres, pero lo importante es poder entrar en los colegios de manera oficial. Eso para nosotras se puede identificar como una buena práctica porque no en todos los departamentos del país se puede hacer eso a pesar de que en todos existe el problema de la violencia y de los embarazos de las chavalas... nosotras al principio hacíamos las charlas con las chavalas en los últimos años pero los directores nos decían que las que se estaban embarazando son las que llegan a primer año, con 12 o 13 años, y ahí es donde había que empezar según ellos, lo cual era una confianza, y además conseguimos tenerlo escrito y firmado. Las alianzas son estratégicas para poder tener resultado en este trabajo”. Uno de los nudos críticos del debate sobre cómo abordar globalmente todos estos temas es el de colocar la sexualidad en el centro, “ese debate de la sexualidad se está quedando atrás. Hay que seguir hablando de todo lo negativo, del aborto, la penalización, la violencia, pero trabajar más los aspectos positivos, el crecimiento humano, que

Los cuerpos del feminismo nicaragüense. Programa Feminista La Corriente, 2011.

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la sexualidad es una dimensión para el placer de las personas, queda atrás. Siempre los problemas y la urgencia de la violencia se cruzan con todo. Entonces la dimensión de la educación sexual de aprender a vivir en estos cuerpos de otra manera está lejos, lo tenemos como visión... por ahí tenemos un tallercito sobre el placer, pero si pudiéramos analizar cuánto de nuestros recursos van a qué...” C) El papel de la cooperación y la articulación con el movimiento feminista: enfoques y estrategias En Nicaragua, hasta la década de los 80, la cooperación internacional tuvo escasa presencia en el país y comenzó a llegar a la vez que muchas organizaciones feministas comenzaban a articularse. En ese momento el contexto facilitó los primeros lazos a través de la prestación de servicios alternativos a la carencia de asistencia pública. Sin embargo estos vínculos no fueron acompañados de procesos de reflexión y diálogo que impulsaran el papel del movimiento feminista en la construcción de agendas internacionales a nivel global, ni el empoderamiento de las mujeres para construir conciencia y ejercer autónomamente su ciudadanía a nivel local. Así, uno de los discursos más ampliamente extendidos sobre la trayectoria de la cooperación en Nicaragua es el que denuncia cómo hasta ahora el orden de prioridades de su actuación ha venido relegando lo importante frente a lo urgente. Esto a su vez va de la mano de los enfoques menos transgresores y más centrados en las necesidades inmediatas de salud, principalmente. “Hay ONG especializadas en derechos sexuales y reproductivos, con más énfasis en los reproductivos que en los sexuales. Partiendo que eso es un error de enfoque, también tiene que ver con qué posibilidades tienes de trabajar, cuáles son las urgencias, qué está pasando. Y está pasando que tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes (…). Ves que no hay en la concreta anticonceptivos, antes llegamos a un punto en el que los centros de salud brindaban a los jóvenes y a las jóvenes pastillas anticonceptivas, condones, todo eso... ahora no hay en los centros de salud”. “No arriesgan nada porque bueno si están apoyando a organizaciones de mujeres para que den atención ginecológica o promuevan el uso de condones y anticonceptivos, para campañas de VIH... todo esto es funcional a las prioridades de las Naciones Unidas, a las prioridades de los gobiernos también, de una manera totalmente funcional y creo que eso es lo que ha predominado en la relación de la cooperación”. Frente a este tipo de actuaciones, aquellas que defienden un enfoque basado en la ciudadanía plantean que “garantizar la salud es responsabilidad del estado, entonces quien tiene que hacer esa parte no es el movimiento de mujeres. No tiene que resolverle el problema abriendo clínicas y trasladando el centro de salud y haciéndole el trabajo al estado”. Un ejemplo lo encontrábamos en los principios de trabajo del Grupo Venancias, donde nos explicaban que “nosotras en los convenios dejamos claro que la salud es derecho de las mujeres y responsabilidad del estado. Es importante porque es la manera de devolverle a las mujeres el derecho a reclamar por su salud.”

Fondo para la Equidad de Género y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con fondos de Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Dinamarca, GTZ/Alemania y UNFPA. Más información en su página web: http://www.fed.org.ni/

Nicaragua es escenario de una experiencia de cooperación internacional en la que un grupo de agencias estatales de cooperación crean un fondo común de financiación de iniciativas específicamente relacionadas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos: El FED51 fue mencionado en varias de las entrevistas y reuniones como una de las pocas iniciativas en cooperación que ha contribuido a conseguir algunos avances en el trabajo en estos temas en el país: “Aquí en el 2005, crearon el Fondo para la equidad y los derechos sexuales y reproductivos, el FED, con ese nombre. Nació por ese vacío, porque no muchos otros donantes querían apostarle. Fue una iniciativa de distintos países europeos. Ese fondo dio recursos y visibilidad, ha permitido hacer mucho trabajo y sensibilización, y parte del trabajo contra la penalización del aborto fue gracias a ese

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fondo. También ha permitido que otras organizaciones que no trabajaban esa temática, como había fondos, se metieran...”. Alguno de esos avances en el trabajo nos lo ponían como ejemplo para contarnos cómo “para elaborar el informe sombra de la CEDAW tuvimos que buscar la manera para convencer de que tenía que hacerse ahora que le toca la evaluación a Nicaragua en septiembre. Al final lo conseguimos por el FED. El último informe que se presentó fue en el 2006, le tocaba el siguiente en el 2010 pero el gobierno de Nicaragua no lo ha hecho. Ahora la cooperación española le dio la bienvenida al documento y pidió que se presentara a la comisión interagencial, conformada por donantes de diferentes países, y al staff de la ONU, pero eso ha sido una reacción posterior, no se venía apoyando de antes”. Frente a este tipo de experiencias, la cooperación española aún es percibida como inexperta en las temáticas relativas a derechos sexuales y reproductivos y con poca capacidad de articularse con el movimiento feminista para la construcción de nuevos enfoques y estrategias de trabajo. “La cooperación española no ha sido un actor relevante en un enfoque más transgresor”. No sin dificultades, las personas que desde dentro siguen luchando por impulsar el trabajo en estos temas e implementar lo que en las políticas oficiales se nombra como prioridad, intentan encontrar estrategias que hagan plausible al menos un pacto de mínimos, en un país donde los derechos sexuales y reproductivos están vetados como punto de agenda. Estos intentos se visibilizan por ejemplo en la Comisión interagencial de género, donde están las agencias bilaterales, ONG internacionales y el sistema de Naciones Unidas, desde donde se trabajó con el gobierno en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva: “En la estrategia no hablan de derechos, pero es un avance en comparación con otras cosas. Se hizo en 2006 con bastante participación de sociedad civil en su momento y fue ratificada en 2008. Este es el que como cooperación española estamos apoyando porque es ministerio de salud”. Otro de los discursos críticos que hemos encontrado, también en relación con la definición de prioridades, tiene que ver con la alineación de la cooperación con “las modas” y cierta tendencia a la imposición de estrategias. Esto implica varias cosas respecto al papel de la misma en los avances y retrocesos en derechos sexuales y reproductivos; por un lado puede suponer un aumento de fondos a los proyectos vinculados a temáticas de género, como una de las líneas prioritarias de acción de la mayoría de la cooperación –con la crítica adyacente del riesgo de despolitización del género para ser concebido como mera herramienta técnica-, pero por otro puede suponer que tales fondos se desvanezcan en iniciativas que no todas las organizaciones de mujeres y feministas consideran prioritarias en la estrategia. Algunas nos lo explicaban con estas palabras: “tengo amigos que ahora trabajan masculinidad y de pronto tienen mucho más trabajo como consultores y mucho más acceso a encuentros internacionales, a fondos, porque como es la moda.... me alegra muchísimo pero es que no estamos en los tiempos postfeministas. Estamos apenas logrando algunos derechos pero perdiendo muchos otros, es un momento de retroceso”. En un informe elaborado por el movimiento feminista tras los Diálogos Consonantes del 201052 señalan como ejemplo la contraposición de enfoques y actores que trabajan en el ámbito de la violencia, jerarquizando el trabajo con hombres y la niñez en desmedro del trabajo que se ha venido realizando con mujeres. Con este ejemplo se ilustra otro de los nudos críticos en el debate sobre las estrategias a seguir en el camino de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas de las organizaciones ven fundamental el trabajo con los hombres y muchas de ellas lo centran en hombres jóvenes, a través de talleres de masculinidad, como IPAS o La Corriente: “Ha habido una inversión enorme en las mujeres, pero no nos dimos cuenta en su momento que hacer crecer a las mujeres en derechos, en empoderamiento, pasaba por

52 Reflexiones del movimiento feminista de Nicaragua: La relación con la cooperación al desarrollo para el empoderamiento de las mujeres. Diálogos Consonantes, Antigua, Guatemala, 2010.

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educar al hombre, sé que es un trabajo enorme, pero al final quienes tiran a las mujeres a la pobreza y a situaciones horribles son los hombres, que al final son los que tienen poder.” “Desde hace 2 años, empezamos el trabajo también con hombres jóvenes, porque vimos que también era necesario trabajar con ellos, aunque sus procesos son más lentos y más al suave”. “En el caso de los hombres, también se reflexiona sobre paternidad, violencia, machismo, identidades sexuales, hay un equipo de facilitación de hombres que reflexiona con hombres”. Otras, que aún ven que queda un largo camino que recorrer en el trabajo con las mujeres, sienten que va a suponer una indeseable reducción de fondos. “Por un lado hay presión de donantes por el trabajo con los hombres, pero si no nos hemos aclarado las mujeres de cuál es nuestro clavo, qué vamos a hacer con los hombres. Además si ellos quieren aclararse, tienen necesidad de debatir y resolver sus problemas, pues que se junten, que vean cómo le hacen, pero no vamos a quitar fondos a las mujeres... Pero nosotras hemos tenido desde insinuaciones hasta imposiciones de que hay que trabajar con hombres. Yo como mujer en la condición de desigualdad que tenemos no voy a decirle a un hombre cambiá, porque me va a ver como eso, pero si se lo dice otro hombre tiene más credibilidad y fuerza para ellos. Entonces si me dice un donante que hay que trabajar con hombres, yo no tengo nada que hacer con ellos”. Junto a este tema, un segundo nudo crítico debatido en los diferentes espacios visitados es la ya comentada práctica de importación de estrategias y la ausencia en las mismas de la participación del movimiento feminista y la sociedad civil, aunque poco a poco estos enfoques paternalistas van perdiendo vigencia. “En los 90 la cooperación tenía su agenda y la imponía. Ahora hay más espacios desde la cooperación que están revalorando los conocimientos que hay aquí. Porque recursos siempre ha habido, pero al inicio se valoraban mucho los convenios internacionales, la parte discursiva internacional, pero para hacer el trabajo de cambio de conciencia de las mujeres no es solo hacer políticas estatales, gobernanza, etc. La cooperación ha hecho un esfuerzo insuficiente por apoyar esfuerzos para construir movimiento. Después comenzaron a entender que en estas condiciones no había otra”. Lo que desde las organizaciones de mujeres y feministas se evidencia en la relación con la cooperación es que “para establecer un diálogo transparente y democrático con las agencias de cooperación necesitamos constatar si contamos con unos mínimos comunes en la comprensión de las desigualdades que queremos erradicar, o por el contrario, si existen diferencias sustantivas que entorpecen el establecimiento de relaciones de cooperación mutua 53”. “A la discusión con la cooperación aún hay que meterle mucho, es importante los diálogos porque así podemos llegar a juntar y tener vínculos en la agenda, llegar a acuerdos mínimos al menos de por dónde darle”. D) Factores de limitación y de potenciación Maite Ochoa, de IPAS, nos contaba que “los avances han estado más centrados en aspectos que tienen que ver con lo reproductivo. Hay organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos con más énfasis en los reproductivos que en los sexuales, y fundamentalmente hay más demandas que lo que el estado y los diferentes actores pueden ofertar a la población en general en cuanto a servicios, en cuanto a informaciones, en cuanto a hacer efectivos esos derechos.” Barreras / Dificultades Extracto del Informe “Reflexiones del movimiento feminista (...)”. Op. Cit.

•L as primeras dificultades están en el propio contexto socio-político del país, por el hostigamiento que sufren las mujeres que públicamente se identifican como

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feministas y se posicionan ante temas controvertidos o tabúes como el aborto: “Es muy difícil trabajar esos temas y las feministas que lo hacen se arriesgan mucho. Claro hay un montón de feministas que no se quieren arriesgar, porque nadie ya te va a estigmatizar por denunciar la violencia contra las mujeres, antes sí, ahora ya no. Pero sí te van a estigmatizar por reivindicar el aborto, la libertades sexuales... y claro las organizaciones tampoco quieren quedarse aisladas y eso también genera un cierto temor...” • En contextos como éste, hacer explícitos los compromisos y prioridades es fundamental para poder comenzar a tejer nuevas estrategias ante cuestiones enquistadas. “La cooperación debe dejar de ayudar a la anticoncepción y planificación familiar, que lo hagan los gobiernos, pero hay temas que no van a hacer los gobiernos que es donde tienen que apostar”. Sin embargo, a la cooperación española se le critica la no coherencia de políticas públicas y prioridades de los documentos oficiales con la práctica en el país (tanto por parte de la cooperación oficial como de la mayoría de las organizaciones). “Sabemos que es más fácil encontrar financiamiento para construir casas que para trabajar los derechos, no sólo los sexuales. También que es más fácil encontrar fondos para el tema de violencia que para el aborto o las opciones sexuales, o el placer, que te dicen que es algo superfluo.” “Te dicen que es más importante meterse en los cinturones de pobreza extrema y que las mujeres puedan tener su gallina y su chanchito, aunque el útero lo tengan desbaratado y estén pariendo un hijo cada año. Toda la propuesta del movimiento feminista del respeto a los derechos de las mujeres no entra porque suele verse lo práctico y no lo estratégico, y ahí no logramos coincidir a veces”. • Otra de las dificultades identificadas está relacionada con lo que describíamos como uno de los nudos críticos en el trabajo en estos temas, que es la falta de posicionamiento explícito y la práctica de no nombrar las cosas, no visibilizar, prácticas que muchas veces van acompañadas de falta de compromiso y ausencia de apuesta política por los temas más transformadores. “(Es difícil encontrar vínculos porque) la cooperación tiende a despolitizar las agendas”. Esto constituye un fuerte factor de limitación para la creación de discurso teórico que sustente la práctica, pero “si las organizaciones aquí no lo tenemos claro, las agencias de cooperación y las ONG de cooperación mucho menos todavía”.La necesidad de superar esta barrera es urgente y la interpelación a la cooperación para que se alinee con las demandas feministas es clara. “La cooperación debería sentar posición ante situaciones aberrantes que pasan en este país, y no por el hecho de que dan el dinero sino porque son actores del desarrollo, no es que venís y nosotros hacemos y usamos tu dinero, no. Vos sos parte de este país porque estás dando, estás aportando. En ese sentido al igual que das tendrías que exigir. Yo creo que ahí la cooperación tiene un poder que no han explorado, y el poder es decirle al gobierno de manera no confrontativa, pero sí en política. (…)En el caso del movimiento feminista podría ser un aporte significativo porque el problema está afectando principalmente a las mujeres: la violencia está jodiendo a las mujeres, la pobreza está fregando a las mujeres, no hay justicia para las mujeres, educación, salud... Las agendas se pueden cruzar ahí, hacer un diálogo entre sociedad civil y cooperación, y la cooperación y el Estado. Yo creo que la cooperación puede ser un puente fundamental para tratar de limar asperezas con el gobierno y tratar de avanzar, sobre todo en los proyectos que tienen que ver con el avance en derechos sexuales y reproductivos”. Vínculos / Factores de potenciación

• Tanto desde el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres como desde la propia cooperación tienen claros cuáles son los temas sobre los que la agenda de ambos puede establecer vínculos más fácilmente y sobre cuáles no: “violencia de género, participación social, tema de economía también, el tema de economía del cuidado, todas esas áreas. Salud sexual y reproductiva tiene que seguir el tema… es que por 89

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ejemplo España no va a financiar una campaña por la despenalización del aborto en Nicaragua abiertamente. Porque se sabe que es un tema que mueve muchas asperezas, no es un tema que se pone en agenda y lo he visto también desde el sistema de Naciones Unidas”. Lo que parece claro es que las vinculaciones se sitúan más en un ámbito temático no controvertido y no en la construcción compartida de nuevos enfoques y estrategias. “en la agenda hay algunos vínculos pero están más por proyectos asistencialistas, de generación de ingresos, de violencia pero en el sentido de atención y no de toma de conciencia. Son más peligrosas las propuestas de denunciar, salir a la calle, poner en evidencia al gobierno”. En este sentido el resto estaría en cómo redimensionar estos temas mínimos de agenda común para que constituyan la puerta de entrada a la posibilidad de trabajarlos desde otros enfoques más transgresores. • Aunque dentro del movimiento feminista prevalece una visión crítica ante las prácticas de la cooperación, algunas rescatan posibles vínculos en algunos conceptos en torno a los cuales centrar el debate: “Quizá en el concepto de ciudadanía puede haber coincidencias. Pero quizá el problema es que hay una apropiación de los términos pero no profundización en los mismos”; “(es difícil encontrar vínculos porque) la cooperación tiende a despolitizar las agendas. entonces me cuesta encontrar los vínculos por dónde ubico mi práctica, pero pienso que la cooperación puede ser importante en lograr que tengamos más diálogo e intercambio de conocimientos con otra gente”. • Por otro lado, la tendencia a dejar de lado los proyectos más cortoplacistas frente a actuaciones más integrales y a medio-largo plazo puede constituir un factor de potenciación, siempre y cuando se aborden desde un enfoque feminista de empoderamiento: “las agencias de cooperación al desarrollo deberían de pensarse más cuál es su aporte a los ODM, y en mi opinión tendría que ser apoyar procesos de este tipo, no de asistencia sino de deconstrucción de culturas que están atravesadas por ese montón de prejuicios y de tabúes y de estereotipos y de prácticas nocivas entre los chavales y chavalas. Yo por ahí digo que eso es apostar no a proyectitos, no a tallercitos sino a procesos de largo aliento que puedan hacerle frente a un problema tan grande como el peso que la cultura judeo cristiana tiene en la construcción de las nociones del cuerpo y de la sexualidad”.

4 y recomendaciones: claves feministas para la cooperaci贸n

CARMEN CRESPO

Reflexiones finales

Reflexiones finales y recomendaciones: claves feministas para la cooperación

La cuestión de los derechos sexuales y derechos reproductivos en cada uno de los países estudiados desvela problemáticas específicas al contexto, como es el caso de la salud intercultural en Bolivia o de la penalización incondicional del aborto en El Salvador y Nicaragua, por la presión de los grupos neoconservadores y fundamentalistas religiosos. Sin embargo, cada uno de estos problemas insertados en una visión global plantea reflexiones comunes que nos sirven de base para elaborar recomendaciones con claves feministas para la cooperación en el ámbito de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. A pesar de los esfuerzos de los movimientos feministas en distintos lugares del mundo para conceptualizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos e insertarlos dentro de nuevos enfoques cada vez más sistémicos e integrales, sigue persistiendo un enfoque mayoritario de salud reproductiva y sexual, que un enfoque de derechos en cada uno de los países estudiados y en la cooperación oficial. En la mayoría de los casos estudiados y a pesar de los compromisos internacionales al respecto, el reconocimiento de los derechos (en los casos en los que los haya) no se han traducido en marcos normativos y legislativos, lo que plantea el problema de la defensa y de la exigibilidad de dichos derechos en términos de medidas y de recursos destinados a su puesta en práctica real. Y por último, a pesar de que en alguno de los países estudiados identificamos unos cambios en este sentido, la cooperación oficial sigue muy desvinculada del movimiento feminista y prioriza a las ONG que no se posicionan políticamente sobre la cuestión de los derechos sexuales y derechos reproductivos, lo cual tiene el doble efecto, por una parte de excluir al movimiento feminista tanto del debate como de la práctica y de la intervención, y por otra parte de despolitizar al movimiento feminista con el riesgo de desarticularlo. Al respecto de todo lo aquí planteado, las organizaciones y personas entrevistadas plantean varios criterios que podrían catalogarse como constitutivos de buenas prácticas y que aquí recogemos en formato de propuestas agrupadas en torno a varios temas:

4.1. Conceptualización, diagnóstico, enfoque • Retomar los derechos reconocidos en la conferencia del Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing como mínimos y no basarse únicamente en los ODM. “Tener claridad conceptual sobre los derechos sexuales y reproductivos y sus implicaciones en la vida de las mujeres”. • Seguir visibilizando y validando los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero con una reflexión crítica. “No hay que perder lo poco que hemos ganado. Se trata de seguir buscando estrategias para nombrar, colocar y dar visibilidad a los derechos sexuales y reproductivos. Desde la sociedad civil tenemos que seguir pensando nuevas formas para seguir validando los derechos sexuales y reproductivos ¿Qué más tenemos que hacer para hacerlos atractivos? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Podemos hablar con un tono triunfalista a estas alturas del partido? Sumar, no competir. No perder la articulación desde mínimos, visibilizar esta articulación, para decir que los derechos sexuales y reproductivos no se han resuelto.” • Realizar investigaciones, diagnósticos de primera mano, conocer la realidad para contrastar con los informes oficiales. Los informes sombra sobre violación de derechos humanos por leyes como la penalización del aborto son una posibilidad: “Muchos países llevan informes sombra, realizados por la sociedad civil, a comités que monitorean los tratados de derechos humanos. Y muchas veces éstos emiten recomendaciones específicas a cada país abordando la vulneración de derechos humanos en relación a la sexualidad y la reproducción. Por ejemplo, Colombia tuvo antes de 2006, 94

Reflexiones finales y recomendaciones: claves feministas para la cooperación

CAPÍTULO

varias llamadas de atención porque la penalización total del aborto violaba los derechos fundamentales de las mujeres, el derecho a la vida y a la integridad personal y a la no discriminación, empujaba a las mujeres a buscar servicios inseguros y muchas morían, tenían muchas secuelas, y estaban penalizadas” • Evitar homogeneizar a las mujeres y caer en una mirada androcéntrica, urbanita y de clase media. “Tenemos que usar estrategias diferenciadas”. • Hacer reflexión crítica sobre los factores que pueden condicionar las intervenciones y las posturas adoptadas por parte de los organismos de desarrollo y las personas que los integran. “Por ejemplo una mujer de una ONG tiene la posibilidad de colocarse un anticonceptivo permanente y otra compañera de la zona sur puede que ni siquiera tiene acceso a esa información”. • Si se está hablando de servicios integrales de salud reproductiva para toda la población, prestar atención a quienes pueden quedar excluidos de los mismos: ¿están contempladas las que no son madres?, ¿las que no están casadas?, ¿las que son lesbianas o transexuales?, ¿las que viven en comunidades rurales?, ¿las personas que tienen alguna discapacidad?, ¿las niñas y las jóvenes? • Es crucial trabajar derechos sexuales y derechos reproductivos desde el enfoque del empoderamiento y los derechos políticos para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. “Derechos sexuales y reproductivos así como derechos políticos están absolutamente relacionados, fortalecer sus capacidades para hacer incidencia en salud materna y el ejercicio de sus derechos sexuales es crucial”. • Para la incorporación del enfoque intercultural en la atención de salud materna hay que tener en cuenta los conocimientos y sabidurías ancestrales de las parteras tradicionales, pero con un enfoque feminista. • Un primer punto de partida en la salud reproductiva es entender que la maternidad tiene que ser voluntaria y que para ello hay que brindar información sobre salud sexual y reproductiva: “No podíamos hablar de derechos sexuales y reproductivos en abstracto, así que partimos del principal derecho reproductivo que es decidir cuántos hijos tener y cuándo”. • El contexto determina la estrategia, no el enfoque. Para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente los más polémicos como el aborto, hay que analizar el tablero de juego en el que estamos, ver qué barreras y sobre todo, qué oportunidades se abren, y cuál es la forma más inteligente de conseguir nuestros objetivos sin tener que cambiar el enfoque feminista. • Generar información cualitativa: analizar los actores sociales, identificar los espacios de inversión para la transformación y analizar las capacidades: “analizar las capacidades para hacer alianzas desde un punto de vista más crítico y a largo plazo, invertir de manera más eficiente y estratégica para la transformación” . • La constitucionalización de los derechos sexuales y reproductivos permite crear las condiciones de partida para su exigibilidad por parte de la población. Pero una vez regularizados, hay que prestar atención a la brecha entre norma y aplicación práctica. • Prestar especial atención a las organizaciones receptoras de las ayudas para que cumplan con los criterios de reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos y concretamente los derechos sexuales y reproductivos, tanto en su misión como en su práctica. 95

Reflexiones finales y recomendaciones: claves feministas para la cooperación

4.2. Participación y apropiación • Cambiar el enfoque de intervención y pensar en la población como usuaria y sujeto activo, no como beneficiaria. • Se recomiendan metodologías participativas desde la identificación hasta el diseño y la implementación de los planes de acción dentro de las comunidades, implicando tanto a mujeres como a hombres e involucrando a las autoridades comunales para difundir las medidas y hacer incidencia: “Mirar con ellas y también con ellos lo que obstaculice la vida digna de las mujeres, de la comunidad, eso nos ha dado muy buenas resultados. Son cosas de pequeños impactos, pero en términos de construcción de poder y de sostenibilidad, de lo que la gente construye auténticamente es muy potente”. • En la misma línea, es importante que haya una devolución de todo el ciclo del proyecto a la población, desde la identificación hasta la evaluación final buscando los métodos participativos más apropiados para favorecer sus aportaciones al proceso. “Las ONG han hecho un lindo trabajo, pero a la hora de la verdad no se ha reflejado ese resultado, tú ves el resultado y tienes que verte reflejado, se supone que ha sido participativo. Cuando se saca un resultado, una propuesta y la miras y no te reflejas, algo está pasando. Yo no sé por qué ocurre, si es por los ejecutores, o la financiación, creo que es por ambos”. • La cooperación puede jugar un papel importante en el acompañamiento de iniciativas que surgen desde la propia población organizada, desde un consejo escolar o un consejo de barrio por ejemplo. • Para evitar toda instrumentalización de las mujeres, es importante que los grupos de mujeres participen en la estrategia. “Antes los talleres llegaban como mandato, era un correr, pero cuando nosotras nos hemos organizado hemos puesto nuestras reglas, hemos exigido el respeto de nuestra forma y cronograma de trabajo. Decidimos cuándo, cómo y con quiénes trabajamos. Somos un movimiento social de mujeres que buscamos el respeto y tenemos que empezar por nosotras”. • La población debe también participar en la definición de prioridades. “no tiene que ver necesariamente con los recursos disponibles sino con las prioridades de dónde se ponen los recursos, y es importante que las feministas participemos ahí, y quienes participen que tengan oportunidad de compartirlo con otras para que nos adelantemos a los acontecimientos.” • Las estrategias de desarrollo deben tener en cuenta qué implica para cada colectivo de mujeres poner en la agenda los derechos sexuales y derechos reproductivos polémicos como la despenalización del aborto. Por ejemplo, las mujeres de organizaciones mixtas, aunque lo apoyan, tienen dificultades para defenderlo en sus estructuras, hay que buscar los mecanismos para que participen en estos debates. • La cooperación debe buscar la construcción y consolidación de “pactos y rebeldías comunes” entre mujeres blancas, urbanitas y mestizas. Para ello es fundamental hacer “diálogos lo más horizontales posible” y que “el discurso sea dicho en sus propios códigos”. • Respetar los ritmos y los códigos culturales diversos. “Nos hemos impuesto otros ritmos de trabajo, las personas que trabajan con nosotras, nuestras aliadas, deben entender cómo son estos procesos, los ritmos son otros, los pensamientos son de otra manera. Los ritmos indígenas son más lentos, más lúdicos y disfrutables, ellos se agobian con nuestros ritmos, nos dicen que todo lo hacemos trabajo, horario”. 96

Reflexiones finales y recomendaciones: claves feministas para la cooperación

CAPÍTULO

4.3. Servicios de calidez y de calidad • Tener en cuenta la brecha entre ley y aplicación. “Una vez que se reconocen derechos llega una segunda etapa de implementación, por ejemplo que la anticoncepción sea gratuita, que el aborto sea en condiciones seguras garantizando que por ejemplo la red pública y privada garanticen el servicio; garantizando la regulación de la objeción de conciencia para que los profesionales de la sanidad que no se vean con la capacidad de practicar un aborto se retiren del proceso sin vulnerar los derechos de las mujeres” (Women’s Link) • Es importante fortalecer los sistemas de salud públicos que garanticen un acceso universal de calidad y con calidez, las organizaciones que trabajan salud sexual y reproductiva pueden fortalecer estos sistemas públicos de salud en los países donde operan a partir de la transferencia de saberes al personal de instituciones públicas y mediante una articulación orgánica. “Lo que hacemos de autocrítica es no haber trabajado más coordinadamente de mejor manera con los servicios de salud, trabajamos más con la demanda e hicimos muy poco con la oferta. Pero ahora estamos trabajando con oferta y con demanda, estamos trabajando con proveedores de salud y con las organizaciones de mujeres, nuestra política es trabajar orgánicamente, con la organización indígena”. • La cooperación, con toda su diversidad, tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, por lo que muchas personas que trabajan dentro del gobierno valoran como necesario el transvase de los saberes en relación a salud sexual y reproductiva de algunas ONG a las instituciones públicas. • Fortalecer el sistema público de salud y otros servicios del Estado, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil • El acceso a los métodos anticonceptivos es fundamental para la autodeterminación de los cuerpos. Aquí es fundamental que sean accesibles (en precio, lugares donde adquirirlos) y que no estén estigmatizados, ni considerados una responsabilidad de las mujeres.

4.4. Educación, sensibilización e información sexual • Contrarrestar los mitos conservadores con información científica: “Buscan argumentos para frenar todo tipo de educación sexual. “La anticoncepción de emergencia siempre tiene el contrargumento de que es abortiva, es importante fomentar la información científica, decir la anticoncepción de emergencia es distinta a un aborto y explicar donde funciona” • La educación sexual con personas adultas y jóvenes, varones y mujeres, es fundamental para romper con los roles de género y los distintos estigmas y mitos culturales asociados a los métodos anticonceptivos. • “ Tener en cuenta efectos a largo plazo. No es tan fácil de determinar el efecto de los informes sombra o de la educación sexual, es un proceso que toma mucho tiempo para tener resultados concretos” • Introducir el enfoque sistémico en la educación, sensibilización e información sexual. Por ejemplo, a través del VIH puedes hablar roles de género, de relaciones de poder, de los derechos humanos, etc. 97

Reflexiones finales y recomendaciones: claves feministas para la cooperación

• Prever distintas estrategias de sensibilización en función de la población usuaria. Por ejemplo, con las y los jóvenes se puede trabajar desde sus vivencias, desde sus gustos y dentro de estructuras específicas que les están destinadas. “Para que una campaña sea útil hay que segmentar y definir los diferentes colectivos a los que va dirigida, porque no es lo mismo derecho a la información para jóvenes, que gente adulta, inmigrantes o profesionales sanitarios, tiene connotaciones distintas.” • En el acceso a métodos anticonceptivos a todo tipo de mujeres es importante el trabajo con el imaginario cultural y trabajar la autodeterminación de las mujeres dentro de sus parejas, desmontando los mitos en torno las infidelidades y abriendo el abanico de roles de las mujeres, más allá de madres (CIDEM)

4.5. Apuesta política • Sistematizar buenas prácticas, identificar y distinguir buenas practicas de las prácticas nefastas, compartir experiencias que puedan ser replicadas, enriquecidas, mejoradas. • Apoyar / generar procesos de amplias alianzas. Encuentros regionales, intercambios internacionales. Promoción de participación para promover la apropiación. • Dar a los vínculos de la cooperación un sentido político, “donde nosotras dejamos de ser meras receptoras de recursos financieros y nos convertimos en voceras de los derechos sexuales y reproductivos, pero también con la posibilidad de influir en los agentes de la cooperación al desarrollo en el norte”. • La cooperación debe identificar las organizaciones feministas, dialogar con ellas, conocer sus enfoques y sus propuestas y priorizarlas como interlocutoras/ contrapartes en sus estrategias de desarrollo en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. La cooperación puede ser un vector de transmisión e intercambio de saberes y prácticas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos entre España y los países donde tiene presencia. La colaboración directa con el movimiento feminista podría contribuir a cambiar el enfoque de intervención de la cooperación oficial para transformarlo en un enfoque de derechos. • Los derechos sexuales y derechos reproductivos deberían ser transversales en cualquier proyecto de desarrollo. “Porque nadie puede salir de la pobreza ni empoderarse al margen de lo que le ocurre con su cuerpo”. • En lugar de rebajar discurso y reorientar estrategias buscar las agencias de cooperación más abiertas, más sensibles a los DS y DR. • Descentralizar y apoyar lo pequeño. “Como crítica para mejorar puedo decir que la cooperación está muy institucionalizada, muy centrada en la Paz, está muy cómoda, está haciendo proyectos grandes con gente que administra mucha plata, no escuchan… pero qué sentido tiene que tú hables de descentralización con un proyecto muy grande administrado desde la Paz, reproduciendo en la sociedad civil los males que tiene este país. No se apoya a lo pequeño”.

CACU: Cáncer de Cuello Uterino CDD: Católicas por el Derecho a Decidir CDN: Convención para los Derechos del Niño CEDAW: Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CIDEM: Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIE: Consejo por la igualdad y la equidad CIES: Centro de Salud, Sexual y Reproductiva CNAMIB: Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia CMCC: Comunidad Mujeres Creando Comunidad CMM: Colectiva de Mujeres de Masaya CONAMQ: El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CPA: Concertación Feminista Prudencia Ayala CPE: Constitución Política del Estado CPMGA: Centro de promoción de la Mujer Gregoria Apaza CSBR: Coalición Sexual and Bodity Rights in Muslim Societies CSUTCB: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia DS y DR: Derechos sexuales y Derechos Reproductivos FCI: Family Care International FED: Fondo para la Equidad de Género FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional IMU: Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IPAS: International Project Advisory Services IPPF: Federación Internacional de Planificación Familiar ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ITS: Infecciones de Transmisión Sexual

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GLOSARIO DE SIGLAS

IVE: Interrupción voluntaria del Embarazo MAP: Marcos de Asociación País MAS: Movimiento al Socialismo MINSA: Ministerio de Salud ODAC: Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana OJM: Oficina Jurídica de la Mujer OMS: Organización Mundial de la Salud OTC-AECID: Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. OTRAF: Organización de travestis, y transexuales femeninas de Bolivia PAS: Planes de Actuación Sectorial PIDESC PI: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PLC: Partido Liberal Constitucionalista SEDES: Servicio Departamental de Salud SUMI: Seguro Universal Materno Infantil TLGB/LGTB: Trans, lesbianas, Gays y Bisexuales. UNFPA: Fondo de Población de Naciones Unidas (siglas en inglés) USAID: Agencia de Desarrollo Internacional de los EEUU

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AMORÓS Celia, “El punto de vista feminista como crítica”, en Carmen Bernabé (Dir.), Cambio de paradigma, género y eclesiología, Verbo Divino, Navarra, 1998, p. 22, citada en Cobo Rosa, “Sociología Crítica y Teoría Feminista”, p.6 AMORÓS Celia, “Presentación (que intenta ser un esbozo del status questionis)”, en AMORÓS Celia (eds.), Feminismo y Filosofía, Editorial Síntesis, Madrid, 2000, p.101 Balance Alternativo. Plataforma de Acción Mundial, Bejing +15, Movimiento Feminista de Nicaragua y la Red de Mujeres con la Violencia, Nicaragua, Marzo 2010. Disponible en: http://movimientofeministanicaragua.org/index. php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=32&id=44:beijing-15 BENHABIB Seyla: “Cultura, derechos humanos y minorías vulnerables. una modesta propuesta”, Ceremonia de Investidura como Honoris Causa en la Universidad de Valencia, 8 de Noviembre de 2010. www.uv.es/iued/actividades/ benhabibdiscurso1.pdf Carta de Derechos sexuales y Reproductivos, IPPF, http://www.ippf.org/ NR/rdonlyres/782CFA13-BEF5-4370-B186-687606DB32E9/0/ SexualRightsShortSpanish.pdf Carta de Derechos sexuales y reproductivos, Federación de Planificación Familiar de España (FPFE), http://www.fpfe.org/files/t_pdf/carta_de_derechos.pdf Consenso de Brasilia, XI Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, julio del 2010, http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/ ConsensoBrasilia_ESP.pdf COOK Rebecca y DICKENS Bernard M., “Dinámicas de los derechos humanos en la reforma de las leyes del aborto”, http://www.gire.org.mx/contenido. php?informacion=151 Educación de la sexualidad: Guía Básica de consulta para docentes, Ministerio de Educación, Nicaragua, 2010, http://www.unfpa.org.ni/publidoc/SSR%20 Estudios%20e%20Investigaciones/minedunfpa%20%5B29-11-2010%5D.pdf DEL RÍO, Amaia y LLEÓ, Rocío (coords.) El Espacio Crítico feminista. Alianzas entre ongds y organizaciones de mujeres latinoamericanas. ACSUR – Las segovias y Hegoa, 2009. http://www.acsur.org/IMG/pdf/Espacio_Critico_Feminista-2.pdf GÓMEZ Sara, BLANDÓN Marta María, Los rostros detrás de las cifras. Los efectos trágicos de la penalización de aborto terapéutico en Nicaragua, IPAS, 2007. Disponible en http://www.ipas.org/Publications/asset_upload_file689_3316.pdf GONZÁLEZ VÉLEZ, Ana Cristina (coord.), Causal Salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos. 2008. http://www.despenalizaciondelaborto. org.co/IMG/pdf/libroCausalSalud.pdf Guía para programas y proyectos de Salud sexual y Reproductiva en África, Programa VITA, Programa de Cooperación al Desarrollo en Salud para África, 2005. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) http://fcsai.isciii.es/formacion/pdf/ Guia_para_Programas_y_Proyectos_Salud_Sexual_y_Reproductiva_en_Africa.pdf

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Listado de personas y entidades entrevistadas

Resumen trabajo de campo: Listado de personas entrevistadas, organizaciones visitadas y otras actividades. El Salvador Nombre

Puesto y organización

Bio organización

Comentarios

África Sanchís

Responsable de programas de gobernabilidad y género OTCAECID

Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Entrevista en profundidad

Beatriz Yarza

Responsable de programas de Salud, agua y acción humanitaria OTC-AECID

Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Entrevista / Reunión para conocer los programas en SSR de la cooperación española en el país.

América Romualdo:

Coordinadora área formación e investigación Las Dignas

Las Dignas es una organización política feminista que trabaja en El Salvador desde los acuerdos de Paz de 1990. Trabajan en investigación e incidencia política y también en formación y asesoría legal y psicológica a mujeres.

Grupo de discusión

María Teresa Trejo

Coordinadora área de Comunicación – Las Dignas

Grupo de discusión

Nilda Ríos

Consultora en juventudes y salud sexual y reproductiva. Pro-salud.

Grupo de discusión

Mª Elena Avarado (Kelly)

106

Coordinadora Concertación Prudencia Ayala CIE Mesa por la autonomía del cuerpo de las mujeres

La Concertación feminista Prudencia Ayala (CPA) es una coordinadora que aglutina a más de 20 organizaciones feministas y de mujeres, y a más de 70 feministas independientes. Trabajan desde hace más de 10 años por los DDHH de las mujeres.

Entrevista en profundidad

ANEXO

Morena Herrera

Coordinadora de La colectiva feminista (Fundadora de las dignas. Impulsora de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto).

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local es una organización dedicada a la construcción del movimiento de mujeres, con líneas de trabajo en Fortalecimiento asociativo, Derechos Sexuales, Violencia y Seguridad, municipalismo, economía feminista, participación política y fortalecimiento interno.

Entrevista en profundidad

Entrevista / Reunión para conocer los programas y estrategia de la Colectiva

Mariana Moisa

Comunicación La colectiva feminista

Deysi Cheyne

Directora del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer. Están en la CPA, en el CIE y la Alianza por los DSDR. Miembra de Católicas por el derecho a decidir

El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) es una asociación feminista que lucha por los derechos humanos de las mujeres desde 1986. Realizan investigación, procesos educativos-organizativos, proyectos de desarrollo, de intervención comunitaria y educación popular, así como procesos de incidencia política.

Entrevista en profundidad

Asociación de Parteras de Suchitoto

La Asociación de Parteras Rosa Andrade trabaja desde hace más de 20 años en la atención a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como en asesoría para la planificación familiar, derechos sexuales de las mujeres, violencia de género, derechos económicos de las mujeres y desarrollo local.

Grupo de discusión

Promotora Programa DSDR, Concertación de Mujeres Suchitoto

La Concertación de Mujeres de Suchitoto es un espacio de coordinación de organizaciones locales que trabaja desde 1991 en 4 áreas: Derechos sexuales y derechos reproductivos, área por una vida libre de violencia hacia las mujeres, fortalecimiento organizativo y desarrollo económico para las mujeres.

Grupo de discusión

Wilma Coreas

Marisol Flores

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Maria Dolores Hernández

Guadalupe Portillo

Coordinadora área de prevención de la violencia contra las mujeres, Concertación de Mujeres de Suchitoto

Coordinadora del Fondo España – UNFPA para el proyecto regional sobre violencia sexual

Entrevista / Reunión para conocer el trabajo en DSR de la Concertación de Mujeres de Suchitoto Desde 2006 el Fondo de Población de NNUU (UNFPA) y la AECID crearon un fondo de cooperación para América Latina con el objetivo de promover y proteger los derechos reproductivos, derecho a la salud y el derecho al desarrollo, con un programa basado en 4 ejes: género, derechos reproductivos y reducción de la pobreza; Migración y desarrollo; empoderamiento de mujeres indígenas; seguridad de las mujeres y erradicación de la violencia sexual.

ONGs españolas integrantes de la Mesa de Género con la OTC

Grupo de discusión

Cooperacció

Cooperacció es una ongd catalana feminista creada en 1994, para contribuir al empoderamiento de las mujeres, la defensa de sus DDHH y al logro de la equidad de género. Trabajan a partir de las propuestas de los movimientos feministas y de mujeres.

Grupo de discusión

Sandra Guevara Sofia Hernandez

Mundubat (Sandra fue fundadora de las Mélidas)

Mundubat es una ongd creada en 1988 en Euskadi centrada en la defensa de los DDHH y el desarrollo humano sostenible en los dos hemisferios, con atención especial a minorías étnicas y poblaciones vulnerables, y a los derechos económicos, sociales y culturales.

Grupo de discusión

Jorge Irazola

Medicos Mundi (tienen un convenio AECID específico en DSR)

Médicos Mundi es una red internacional de ongds que en España adopta la forma de Federación y cuenta con 16 asociaciones. Trabajan por la erradicación de la pobreza y el derecho a la salud.

Grupo de discusión

Rosa Mª Menjivar

108

Entrevista en profundidad

ANEXO

Laia Sarradell

Eduardo García (Guayo)

Paz y Desarrollo

Paz y Desarrollo es una ongd creada en 1991 que trabaja en cooperación al desarrollo, Grupo de discusión educacióny sensibilización, codesarrollo y acción humanitaria y que en los últimos años se ha especializado en género.

Grupo de discusión

ACSUR

La ongd internacionalista y feminista ACSUR – Las Segovias nació en 1986 para trabajar por el empoderamiento de comunidades, la transformación política y cultura de paz, el fortalecimiento de movimientos sociales y el desarrollo humano sostenible.

Grupo de discusión

Nicaragua Nombre

Puesto y organización

Bio organización

Comentarios

Carme Clavel

Responsable unidad de género OTCAECID

Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Entrevista en profundidad

Coordinadora Programa feminista La Corriente

El Programa Feminista Centroamericano La Corriente es una organización que promueve la concertación de espacios de mujeres para defender sus derechos. Tienen programas de formación en liderazgo, en derechos sexuales y derechos reproductivos, democracia y ciudadanía. También realizan investigaciones e incidencia política.

Entrevista en profundidad

Mª Teresa Blandón

Cristina Arévalo

Programa feminista La Corriente

Entrevista / reunión para conocer programas y estrategias de La Corriente

109

Klemen Altamirano

Directora Colectiva de Mujeres de Masaya Integrante del MAM

Carolina

Responsable programa DSDR Colectiva de Mujeres de Masaya (CMM)

Ericka Torres

Resp. Desarrollo organizacional CMM

Emma Valdecilla

Administración CMM

Sujei

Administración CMM

Mirna

110

Carolina

Estrategia DSDR CMM

Gabriela

Centro de documentación CMM

Darling

Estrategia Fortalecimiento a los liderazgos CMM

Marina Barros

Estrategia violencia contra las mujeres CMM

40 mujeres

(educadoras, lideresas locales, beneficiarias de programas de la CMM)

La Colectiva de Mujeres de Masaya (CMM) es una organización feminista que surge en 1994 para contribuir al fortalecimiento del movimiento de mujeres a través del trabajo de base en diferentes ejes: organización, autonomía, democracia y liderazgo, Derechos sexuales y derechos reproductivos, Salud sexual, salud mental, recuperación emocional, violencia contra las mujeres, alfabetización.

Entrevista en profundidad

Entrevista en profundidad / Reunión para conocer estrategia en DSR de la CMM

Grupo de discusión / Reunión para conocer el trabajo de la CMM [Organización integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua y de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV)]

Taller

ANEXO

El lema del Grupo Venancia es Comunicación y Educación Popular Feminista. El colectivo trabaja desde hace más de 20 años por el ejercicio pleno de la ciudadanía en procesos de formación, desarrollo local, generación de conocimiento, reflexión, investigación, sensibilización e incidencia política. Cuentan con un centro cultural feminista.

Geni Gómez

Coordinadora del Grupo Venancia (en Matagalpa)

Itzel Fajardo

Comunicación Grupo Venancias

Reunión para conocer la campaña con jóvenes sobre DSR

Helen Dixon

Consultora autónoma. Ahora trabaja en Puntos de Encuentro como guionista de la serie de tv. Fundadora del grupo Venancia

Entrevista en profundidad

Guadalupe Salinas (también del MAM)

Puntos de Encuentro

Entrevista por correo (no contestó)

Mayte Ochoa

IPAS

Patricia Orozco

Movimiento Autónomo de Mujeres

IPAS es una organización internacional que trabaja en la promoción de los derechos reproductivos. Nicaragua alberga su sede centroamericana, donde trabajan por la disponibilidad de servicios seguros de salud sexual y reproductiva, centrándose en garantizar el acceso a servicios de calidad de atención post-aborto.

Entrevista en profundidad

Ponencia en mesa redonda. Reunión informal.

111

Bolivia Nombre

Puesto y organización

Bio organización

Comentarios

Julieta Montaño

Directora de la Oficina Jurídica de la mujer (Cochabamba), lideró la creación de una Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos que fue tumbada por el gobierno de Carlos Mesa.

La Oficina Jurídica de la Mujer (OJM) es una ONG fundada en 1984 cuya especialidad es “la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva jurídica, psicológica, social y de género”.Tiene cuatro departamento: jurídico psicológico, promoción, investigación y documentación.

Entrevista en profundidad.

Investigador de Infante (Cocabamba)

Infante es una organización privada que impulsa programas de atención integral, prevención, promoción y defensa de los Derechos Humanos, en especial de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Tiene una casa de acogida para mujeres, otra adolescentes y otra para infancia.

Entrevista en profundidad.

Coordinadora del proyecto de fortalecimiento y de incidencia política del colectivo nacional tran lesbianas gays y bisexuales de Bolivia (Cochabamba)

El colectivo nacional TLGB es una organización de base social que se articula a nivel territorial en toda Bolivia y que está en proceso de tener su personalidad jurídica. Durante nuestra visita están en una pequeña oficina cedida por Mary Stops en Cochabamba donde están comenzando con su primer proyecto financiado por la cooperación internacional.

Entrevista en profundidad transcrita

Cuatro activistas.

El Colectivo de mujeres libertarias Las Imillas, es un colectivo de base social autogestionado, forma parte de la coordinadora autónoma contra la violencia y la impunidad de Cochabama y en 2011 abrió el del Centro social Camasa.

Entrevista coral

Miguel Gonzáles

Janina

Colectivo Feminista Imillas

112

ANEXO

Activista en la Asamblea Comunitaria feminista de Cochabamba y en otros colectivos como “Luchemos por nosotras” o el grupo de música autóctono Warmi Pachacuti

La Asamblea Comunitaria feminista de Cochabamba es una organización de mujeres autónomas que surge al calor de la Asamblea comunitaria feminista de La Paz, con quienes trabajan en red. Están en una fase de conformación y apuestas por la acción directa, la autogestión y la educación popular a partir de talleres con mujeres y otros formatos, como el cómic sobre la historia del feminismo en Bolivia que han publicado.

Entrevista en profundidad

Guido Cossío

Educador social en el Centro de salud sexual y reproductiva (CIES) de Cochabamba.

El Centro de salud sexual y reproductiva (CIES) lleva 23 años en Bolivia y 17 en cochabamba. Entre los servicios que ofrece están las consultas ginecológicas y los talleres formativos sobre sexualidad en zonas populares de Cochabamba Su principal financiador es la la agencia americana de desarrollo internacional.

Entrevista en profundidad

Líderes juveniles del CIES (chica y chico)

Centro de salud sexual y reproductiva (Cochabamba)

Ver apartado anterior.

Entrevista en profundidad

Directora Mary Stopes y activista feminista (Cochabamba)

Mary Stopes es una ONG que presta servicios de planificación familiar de calidad y a un coste por debajo del mercado en aborto seguro en los lugares donde esta práctica es legal (incluye atención postaborto), salud materno infantil y prevención de vihsida. Entró en Bolivia en 1994, y ofrece estos servicios a través de unidades móviles enáreas rurales y centros de salud en las principales ciudades.

Entrevista en profundidad corta

Leny Olivera

Cecilia Cossio

113

Josefina Quiroga y Daisy Rocabado

La primera es la presidenta del comité local de Salud de la Organización territorial de base (OTB) del distrito IV de Cochabamba) y la segunda es doctora en el Centro público de Salud “Canata”, de dicho distrito

El Centro de Salud público Canata fue inaugurado en febrero de 2011 y ofrece servicios de salud primaria en un distrito periférico con mucha población flotante de Cochabamba. La Organización Territorial de Base de este distrito, a través del comité local de salud, ha priorizado la prevención de embarazos adolescentes y de ITS, también de cáncer de cuello uterino y se ha puesto en contacto con Mary Stops para trabajar articuladamente.

Observación participante en taller sobre derechos sexuales y reproductivos organizado por la ONG española Solidaridad Internacional.

Bartolinas Sisa

Victoria Aldunate

Patricia Brañez

114

Entrevista coral en profundidad transcrita y visita al centro de Salud Canata

Activista autónoma, participa en Mujeres Creando Comunidad (La Paz) y enel proyecto de casa de acogida feminista en la Paz

El proyecto de casa de acogida feminista de la Paz pretende dar asistencia a mujeres que sufren violencia de género pero más allá del asistencialismo de las casas de acogida. Está en fasde obras y de formación del equipo feminista y ha recibido financiación holandesa.

Entrevista en profundidad

Coordinadora de Proyectos e incidencia política del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)

El CIDEM tiene una trayectoria de 28 años. Se reconoce como organización feminista. Trabajan DsyDR, especialmente aborto y violencia machista, desde el enfoque de DDHH y la participación política. El CIDEM aborda la prevención de violencia machista a partir de atención (con un servicio psicosociolegal en El Alto para mujeres que están en situación violencia y riesgo feminicidio) y de la incidencia (en escuela, con gobierno autónomo municipal de El Alto, con sector salud, ahora sobre feminicidio y también aborto).

Entrevista en profundidad

ANEXO

Teresa Lanza

Julia Ramos

Asamblea Feminista de La Paz

Directora de Católicas por el Derecho a Decidir (la paz)

Católicas por el Derecho a Decidir se creó en Bolivia en 1996, busca incidir en políticas públicas para el reconocimiento de los DSDR con un enfoque de derechos humanos y el derecho a decidir de las mujeres. Forma parte de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir compuesta por Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y México; del Foro Internacional “Voces Católicas”, de la Campaña “28 de Septiembre”, y en Bolivia lideran la Mesa Nacional de DsyDR.

Entrevista en profundidad

Presidente la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, conocidas popularmente como las Bartolinas, son el brazo femenino de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUT. Fundamentalmente son aymaras y quechuas y es la organización de mujeres con más peso en el gobierno de Evo Morales. Tienen sedes en todos los territorios, especialmente en el Altiplano boliviano.

Entrevista en profundidad

5 activistas

La Asamblea Feminista de la Paz es una organización feminista de base autogestionada que tiene su sede en el Café Carcajada. Existen Asambleas Feministas Bolivianas también en El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Potosí y Oruro y se inspiran en el feminismo comunitario, entre cuyas líderes más conocidas está Julieta Paredes, de Comunidad Mujeres Creando Comunidad (CMCC),

Charla informal

115

Maria Dolores Castro

Cecilia Enriquez

Alexia Escóbar Vásquez

Justa Cabrera

116

Trabajadora del CIDE (Posgrado de desarrollo, unidad de género)

El CIDE es un centro académico que realiza investigación y extensión, desarrolla innovaciones y propone soluciones educativas para Chile y América Latina. Uno de sus másters es “perspectiva de género y desarrollo”

Cuestionario por email

Directora del Centro de promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), en El Alto.

El Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una Institución Privada de Promoción y Desarrollo Social (IPDS) muy conocida por las y los alteños, dado que lleva afincada en El Alto desde 1983. Se define como una organización feminista.. Han venido trabajando por separado tres ejes: político, económico y social y ahora se están reestructurando para tener un abordaje interdisciplinar. La educación sexual se transversaliza en estos ejes.

Entrevista en profundidad y visita guiada al centro.

Directora Nacional Family Care Internacional, ha participado en varios proyectos con las mujeres indígenas de tierras bajas con las que mantiene un fuerte vínculo afectivo.

Family Care International (FCI) ha participado en estrategias de promoción y defensa, para fortalecer los programas y políticas de maternidad segura desde el año 1996. Es miembro activo de la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro y de la Mesa de Salud Intercultural del Ministerio de Salud y Deportes, apoya en la coordinación del Grupo Interagencial para la Reducción de la Mortalidad Materna.

Entrevista en profundidad

Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres indígenas de Bolivia CNAMIB (Santa Cruz)

La Confederación Nacional de Mujeres indígenas de Bolivia CNAMIB es el brazo femenino de la CIDOC (La confederación de pueblos indígenas de Bolivia). Se crea en 2007 para el fortalecimiento organizativo de las mujeres indígenas en los 7 departamentos del Chaco y la Amazonía.

Entrevista en profundidad

ANEXO

Encuentro parteras indígenas de Tierras bajas.18 parteras de distintas comunidades

Confederación Nacional de Mujeres indígenas de Bolivia CNAMIB (Santa Cruz)

Ver anterior

Observación participante del encuentro y participación en grupo de discusión

Directora de Fundación Enlace y activista LGTB

La Fundación Enlace está especializada la intervención social y la academia. Rosario Aquim la define como de izquierdas y feminista. Están enfocada a la lucha por las diversidades sexuales y los derechos económicos y políticos desde un enfoque queer y poscolonial.

Entrevista en profundidad

Guadalupe Pérez

Integrante del Colectivo Rebeldía (Santa Cruz)

El Colectivo Rebeldía fue fundado por activistas feministas y se autodenomina ‘feminista’ y opera como una ONG. Comenzó sus actividades en marzo de 1995 con un proyecto de capacitación y actualmente tienen varios proyectos de capacitación e incidencia política financiados por IvosHolanda relacionados con la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de empoderamiento y con comunidades indígenas de Tierras Bajas.

Entrevista en profundidad

Mildred

Activista en el Colectivo LGTB de El Alto, colectivo feministas lesbianas Las Carnales y la Asamblea Feminista de la paz

El Colectivo LGTB de El Alto es una organización autogestionada que a través de la acción directa y la acción política de base ha hecho presión para dotar de equipamientos sanitarios específicos para trabajadoras sexuales y lesbianas en El Alto.

Entrevista en profundidad y visita guiada por el Alto.

Rosario Aquim

117

Estado Español Nombre

Puesto y organización

Bio organización

Comentarios

Norma Vázquez

Consultora de género

Entrevista en profundidad

Ramón Torre

Responsable de incidencia política Red Activas. especializado en América Latina

Entrevista en profundidad

Diana Sojo

Presidenta Red Activas Junta directiva Médicos del Mundo

Entrevista

Gema Fernández

Abogada de la organización Women Link Worlwide

Asesoramiento, documentación y contactos

Otros Países

118

Nombre

Puesto y organización

Bio organización

Comentarios

Ariadna Tovar

Es una de las abogadas de Womens Link Worldwide que está trabajando la implementación de la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia.

Women’s Link Worldwide es una organización internacional de derechos humanos, sin ánimo de lucro, que trabaja por que la justicia con perspectiva de género Actualmente tenemos oficinas regionales en Europa (Madrid, España) y Latinoamérica (Bogotá, Colombia)

Entrevista en profundidad

Eliana Cano

Católicas por el derecho a Decidir Perú

Ver apartado Bolivia

Entrevista en profundidad

Sarai Alejandra Maldonado

Activista de la Coordinadora juvenil de equidad de género y colaboradora de la Fundación Desafío (Ecuador)

La Coordinadora juvenil de equidad de género es una organización feminista de jóvenes mujeres y hombres de 15 a 26 años con sede en Quito que se fundó en 1998 con una linea muy fuerte en derechos sexuales y reproductivos en la juventud.

Entrevista en profundidad

ANEXO

Otras actividades en Estado español Nombre / Actividad Asistencia al “Foro de intercambio de Buenas Prácticas y Experiencias en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos en España y África” organizado por Fundación Mujeres. Miércoles 29 de junio Participación en la lista de correo sobre Derechos Sexuales y Derechos reproductivos que funciona como intercambio de información y debates entre 24 organizaciones de España y América Latina y más de 40 personas. Participantes: FUDEN; Red Interuniversitaria de estudios de género y trabajo (Argentina); Federación de Mujeres Progresistas; Family Care International; Fundación Mujeres; Red ACTIVAS; ANESVAD; ACSUR Catalunya; ACSUR Las Segovias; AECID; Ersilia; Prosalus; Cooperacció; ACCD; Entrepobles – Catalunya; Creacion Positiva; Solidaridad Internacional; Enfermeras para el Mundo; Fundación Haurralde; Medicus Mundi – Gipuzkoa; OTC AECID (varios países); Fundación INDERA; Planned Parenthood Federation of Americas Asistencia a las Jornadas “Ayuda Eficaz para mejorar la salud, la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos en África”, organizadas por Red Activas. Martes 27 de septiembre de 2011 Asistencia Primeros Encuentros sobre el “Impacto de los diversos fundamentalismos religiosos, políticos, económicos y culturales, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, organizado por Médicus Mundi Guipuzkoa en Donosti. http://www.porlosderechossexualesyreproductivos.org/encuentros.php

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