Marruecos, Argelia y Túnez bajo acusación
EEUU denuncia las violaciones de derechos humanos en el Magreb
El Departamento de Estado se muestra implacable en su Informe anual, sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en los tres países del Magreb. Argel, Túnez y Rabat son acusados de violar sistemáticamente las libertades y los derechos de sus ciudadanos. Pedro Canales. Rabat 16-03-2010 En los tres países del norte de África, el departamento que dirige Hillary Clinton señala “la inadecuación entre los textos legales — que en general son conformes o muy cercanos a los estándares internacionales — y su aplicación en el terreno, plagada de clara vulneración a los derechos humanos”. Si en Argelia, en lo referente a la lucha antiterrorista, Washington denuncia que las Autoridades “comunican raramente el número total de terroristas, civiles o agentes de seguridad que resultan muertos”, en los otros dos países, Marruecos y Túnez, el pretexto del combate contra el terrorismo permite a menudo las detenciones arbitrarias, los allanamientos de casas y locales de asociaciones, y el recurso a la tortura en los interrogatorios sin ningún respeto por el derecho a la presunción de inocencia. Llama particularmente la atención la
denuncia que hace el Informe de las amenazas de agresión sexual contra mujeres y jóvenes en prisión en Túnez por parte de sus carceleros. El número de “prisioneros políticos” es particularmente desconocido en Túnez. Las organizaciones de derechos humanos lo situaban en 2000 en los últimos cinco años, mientras que el ministro de Justicia Bechir Tekkari acepta que sólo han sido 300 los condenados en aplicación de la Ley antiterrorista. En los tres países, EEUU da cuenta de “desapariciones forzosas” según informes independientes, aunque cita el desmentido correspondiente de los gobiernos. Las administraciones de la Justicia son fuertemente criticadas en todo el Magreb por su flagrante violación de “los derechos de la defensa”, de “la presunción de inocencia”, la existencia de un alto nivel de “corrupción”, la falta de independencia de la Justicia, los jueces “fácilmente influenciables” y el “exceso de población carcelaria”, muy por encima de los niveles internacionales máximos. El Departamento de Estado señala como uno de los sectores en los que la vulneración de libertades y derechos es mayor, el de la libertad de expresión y de prensa. “La arresto sistemática de periodistas en Túnez”, la presión que ejercen los gobiernos sobre la prensa por medio de la “publicidad”, la “censura”, son otros tantos medios de una “política represiva” que se aplica tanto a la prensa nacional como internacional. En el caso de Marruecos, el Informe norteamericano señala la media docena de periodistas condenados en los tribunales por sus ideas, así como los diarios clausurados y las multas millonarias contra los mismos. En el caso de Túnez, el Informe relata en detalle las detenciones de un gran número de periodistas críticos con el régimen de Ben Ali, y las torturas sufridas por varios de ellos en las comisarías de policía. El acceso al país de la prensa internacional además es particularmente difícil en el caso de Túnez y Argelia, donde es necesario un visado que las Autoridades niegan a menudo, o postergan sin motivo.
El informe pone particular atención en el acceso a Internet, herramienta de conocimiento y de comunicación cada día más imprescindible. Si bien en Marruecos, el acceso del gran público es mucho más abierto, en Túnez y en Argelia, los gobiernos “controlan el correo electrónico, el acceso a páginas web y los foros de discusión”, estableciendo una censura de facto. Las organizaciones de la sociedad civil que no siguen las directivas del Estado o que se muestran críticas con el poder político, son a menudo reprimidas en su legítimo derecho “de reunión” y “de manifestación”. En Argel, la Liga de Derechos Humanos, tiene prácticamente prohibido realizar manifestaciones fuera de su local. La demanda de autorización es sistemáticamente denegada. La excusa que las Autoridades blanden siempre son los “motivos de seguridad”, lo que les lleva a prohibir además la constitución de movimientos o partidos políticos que no son del agrado de los regímenes. En Marruecos, el Partido Democrático Amazigue sigue sin ser legalizado, y están prohibidos los partidos de índole regional o de coloración religiosa. En Argelia, el Partido de la Libertad y la Justicia del ex candidato presidencial Mohamed Said, y la Unión por la Democracia y la República, no han recibido aún el visto bueno de las Autoridades desde hace seis años. En Túnez el Partido comunista de los obreros, también está prohibido. Otro aspecto señalado de la represión de los gobiernos a los derechos sindicales y a los derechos de los trabajadores, es la prohibición de sindicatos autónomos, fuera de las centrales tuteladas por el Estado. En general los sindicatos de obediencia islamista o cercanos a la oposición, no reciben la autorización para constituirse, y las huelgas que organizan son declaradas “ilegales” y reprimidas. En cuanto a la libertad religiosa y de culto, el Informe señala importantes insuficiencias en los tres países. Aunque en Túnez existe una cierta tolerancia hacia la confesión israelita, lo mismo que en Marruecos, los derechos de las minorías cristianas son severamente reprimidos. En Argelia con juicios y condenas a penas de prisión y en
Marruecos con expulsiones de decenas de personas acusadas de “querer hacer proselitismo”. En los tres países, el Islam es la religión del Estado y la ciudadanía nace “obligatoriamente musulmana”, no pudiendo abrazar otra religión bajo pena de cárcel. Argel cerró 27 iglesias protestantes en 2008. También las corrientes heterodoxas del Islam son reprimidas. En el período que contempla el Informe, el gobierno argelino destituyó a 53 imanes y clausuró 42 mezquitas. Los imanes que dirigen las plegarias en las mezquitas en el Magreb son asalariados del Estado y, a menudo, reciben los textos de las prédicas. Otro aspecto de la libertad de expresión en Marruecos, es la represión contra toda crítica hacia la posición oficial sobre el conflicto del Sahara Occidental. El Informe del Departamento de Estado, que dedica un documento aparte a la cuestión del Sahara, es concluyente y recoge los testimonios de organizaciones internacionales de derechos humanos, unánimes en considerar que toda posición crítica hacia la posición de Rabat es reprimida severamente. Decenas de saharauis han sido detenidos, maltratados, torturados y media docena esperan comparecer ante un tribunal militar por “atentar contra la seguridad del Estado”, lo que les puede acarrear fuertes penas de cárcel.