MAGA: REESTRUCTURACIÓN Editorial
SIN TRANSFORMACIÓN
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as notas oficiales ubican 1994 como el año de inicio de la restructuración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, proceso que en aquella ocasión se proponía el desarrollo tecnológico del sector, fomento competitivo, investigación, mejora en la productividad, un correcto manejo de los recursos naturales, y adecuarse a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio. Una vez definida la reestructuración, se decide poner en marcha la misma -durante 1997- cuyo proceso se soporta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el amparo del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria. El proceso de reestructura continúa en el año 2004; se trata, afirma la administración de la época, de un seguimiento a lo iniciado en 1997. Para 2004 los énfasis se colocan en: modernización de la agricultura con equidad, competitividad en una economía globalizada y ampliación y mejora de la producción. Es sin embargo, la reestructura un proceso permanente –eso a juzgar- por el cierre del ciclo de reestructuración administrativa en noviembre 2010. Y que se sintetiza en el Acuerdo Gubernativo 338-2010 que contiene el “Reglamento Orgánico Interno”, que da cuenta de cambios a la estructura del Ministerio, en donde destaca la creación del Vice Ministerio de Desarrollo Económico Rural, y la re-creación de la extensión agrícola. Los resultados de este proceso de reestructura tan prolongado no son, sin embargo, de grandes logros, ni significativos para el pueblo de Guatemala. Lo más obvio del proceso es la privatización de algunos de sus servicios, la supresión de los servicios de asistencia técnica y en general el debilitamiento de lo que en su momen-
to se denominó Sector Público Agrícola. Es decir, que pese a la recurrencia de los cambios, no se ha logrado dotar al país de un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con capacidad rectora sobre el proceso agrícola y materias vinculadas. Lejos de ello la importancia político/estratégica de esta institución, es cada vez menor. Su debilidad financiera acompasa su fragilidad institucional. La política pública agrícola y agraria parece dictada desde el Ministerio de Economía, que a su vez se rige por parámetros extra nacionales, contenidos en las recomendaciones de las Instituciones Financieras Internacionales y en la última década por el contenido de los tratados comerciales y las normas de la Organización Mundial del Comercio, en lo aplicable. Un indicador de lo anterior está en la dotación de recursos estatales al MAGA. Durante los últimos diez años el presupuesto ha decrecido en ¡mil millones de quetzales¡ Seiscientos en la actual administración. En estas condiciones es evidente que “las reiteradas reestructuras”, no corresponden a los enormes desafíos, que presenta la agricultura ahora y que requieren de un esfuerzo nacional sostenido; que implica recursos y poder político; cuestiones fundamentales, para la sobrevivencia social: protección de la biodiversidad, tecnología ecológica, pesca, alimentos inocuos, recursos naturales, particularmente el agua, las cuales simplemente no se atienden.
ministerio, el riego es un programa aislado y pequeño para la demanda real. Requiere revertir la condición de postración, en que por más de tres décadas, ha permanecido la institucionalidad agropecuaria en el país. Esta comprobado que los esfuerzos asistencialistas, no dinamizan la economía campesina. Cuestiones como la extensión agrícola, recién puesta en marcha, es un paso correcto, sin embargo, con debilidad de recursos de apoyo y una política de desarrollo rural impulsada por toda la institucionalidad pública, no habrán –de nuevo- más que escasos y aislados resultados. En materia de impacto socio económico sobre la población, no se “cosechará” mayor cosa, es decir sin medidas profundas, habrá hambre para rato. Es imperativo revertir la situación. Es necesaria una institucionalidad estatal fuerte para el impulso de la agricultura; se requiere además, un actor social movilizado –el campesinado- y medidas de protección para la producción nacional. GUATEMALA, 27 MARZO 2011
El reto del desarrollo rural en condiciones de cambio climático, recursos productivos concentrados sujetos a las “condiciones del mercado”, sin investigación agrícola, con magras estadísticas, sin dinámica de mercados agroalimentarios, ni vínculos con entidades de crédito vitales en la producción no están dentro de la acción del Fotografía: Caracol Producciones.
La concentración de la propiedad de la tierra y los recursos productivos no debe prevalecer sobre el Derecho a la Vida y la Alimentación. ¡No a los desalojos en el campo!
El campesinado y las políticas públicas en América Latina: Del sujeto económico al sujeto social
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o sólo en Guatemala sino en casi toda América Latina, en los últimos 50 años la relación del campesinado con el Estado ha tenido diferentes expresiones, de acuerdo a los modelos de desarrollo económico priorizados. La lógica de la época de la sustitución de importaciones implicaba incluir al campesinado, bien bajo condiciones desfavorables, al modelo. Esto se debía a que el éxito del modelo dependía no sólo de la disponibilidad de alimentos baratos que los campesinos proveían y que permitían que los salarios de los trabajadores urbanos aumentaran en términos reales, sino de la existencia de consumidores para los productos generados en las industrias domésticas. Mientras tanto, en la época del neoliberalismo el campesinado – en su gran mayoría – va quedando excluido del modelo de desarrollo económico y reducido a un sujeto social que se va compensando con transferencias públicas de diferente índole. Después de varias décadas de un modelo de sustitución de importaciones basado en supuestos modernizantes, a inicios de los años 1970 se realizó un cambio conceptual en la teoría de desarrollo (del Banco Mundial). Se generó consciencia que el crecimiento económico por sí solo no había contribuido a la reducción de la pobreza (rural) y se empezó a cuestionar la relación entre pobreza y distribución, y su vinculación con estructuras de poder y propiedad. Derivado de ello se planteó la estrategia de necesidades básicas, que pone en el centro del desarrollo al ser humano y sus necesidades. En el ámbito rural esta estrategia se tradujo en el concepto denominado Desarrollo Rural Integral (DRI). Consideraba vital para la reducción de la pobreza rural la inclusión del campesinado a los procesos de desarrollo nacional. Por tanto se planteaba fortalecer el sector rural de tal manera que por su propia fuerza pudiera generar los ingresos necesarios para superar la pobreza (a la par de proveer a las ciudades con alimentos). Aspectos clave de esa estrategia eran la implementación de una política agraria estructural (reformas agrarias) para permitir un uso óptimo de los suelos; una política de intervención de precios a favor de los agricultores o mediante la elevación (mediante subsidios) o estabilización (mediante precios de garantía) de los precios de los productos agrícolas; una política comercial protectora de bienes agrícolas básicos así como el fortalecimiento del comercio intraregional y nacional; el rescate y desarrollo de recursos locales ante la introducción de recursos externos (en tecnología, personal etc.); la asistencia técnica; la provisión de créditos con criterios de aplicación adaptados al contexto de los campesinos. Producto de lo anterior se realizaron inversiones fuertes para las áreas rurales, y se organizó la actividad pública alrededor de este fin. No necesariamente con éxito, pues la corrupción y el mal gasto de
los gobiernos militares de la época no contribuyó a que estas inversiones siempre llegaran a su fin. En Guatemala, en sintonía con el paradigma de la década, fue una época de mucha inversión en el sector rural. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 1971-75, se definió prioritaria la reforma del aparato estatal para constituir al Estado como el ente promotor del desarrollo nacional. En el marco de esta reforma se crearon los denominados Sectores Públicos, para fortalecer la coordinación de las actividades relevantes de cada sector. El Sector Público Agrícola (SPA), fue el que tuvo mayor capacidad institucional al crearse la Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA), el Banco de Desarrollo Agrícola (BANDESA), el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), e integrarse el Instituto de Transformación Agraria (INTA), creado anteriormente. En esa época el país no sólo fue autosuficiente en granos básicos sino se convirtió en el granero de Centroamérica. Sin embargo, fue ensombrecido su impacto por formar parte de una estrategia contrainsurgente, de control a las poblaciones rurales, quienes constituyeron la base de la guerrilla guatemalteca. A partir de los años 1980 cambió la concepción de desarrollo. La crisis de la deuda dio lugar a la aplicación de medidas rígidas de ajuste estructural y sectorial que para el sector rural ha tenido tres repercusiones principales: el desmantelamiento de los sectores públicos agrícolas que hasta esos momentos habían apoyado la producción (campesina) alimentaria, la liberalización de los mercados agrícolas y la apertura comercial. Todas esas medidas, que repercutieron en una total marginación de las familias campesinas, luego se convirtieron en “ley” mediante el Consenso de Washington, cuyas principales características se han mantenido hasta la fecha. Si bien en el marco del Consenso Post-Washington en los 1990 los temas del desarrollo rural y del combate a la pobreza regresaron a la agenda de los estados y de las instituciones (financieras) internacionales, las premisas de este desarrollo rural así como las estrategias de combate a la pobreza se vincularon fuertemente con la visión neoliberal predominante. Cambió de fondo el papel que se le asignaba al campesinado. Con excepción del pequeño sector que logró la transición hacia la producción y comercialización de cultivos rentables (de exportación no tradicional) y aquel grupo que poseía suficiente tierra para seguir reproduciéndose mediante la venta de los excedentes de la producción de alimentos básicos, los campesinos tenían que diversificar sus sistemas de sustento dada la rentabilidad limitada de su producción alimentaria. De esta manera no desaparecieron como campesinos pero limi-
taron la producción agrícola a las necesidades alimenticias de sus hogares. Transformaron su relación con el mercado. En lugar de productos agrícolas, vendieron su fuerza de trabajo. La semiproletarización es un fenómeno atractivo para los capitales pues permite la venta de la fuerza de trabajo por debajo de los costos de reproducción familiar, dado que una parte de estos costos es absorbida por la producción de subsistencia de los campesinos. Para mantener condiciones de semiproletarización aún bajo la tendencia de reconcentración de la tierra, que afecta la producción de subsistencia campesina, las transferencias sociales pueden jugar un papel importante, en cuanto cubren parte de los costos de la vida campesina. Y son esas transferencias que en la práctica constituyen aportes cada vez más significativos a los ingresos rurales. Desde la óptica de la relación Estado-campesinado queda evidente entonces cómo el campesino se ha ido convirtiendo de sujeto económico, parte fundamental de la estrategia de desarrollo y receptor de apoyos a su producción que a su vez sostenía la economía doméstica, en un sujeto social, receptor de transferencias sociales para garantizar gobernabilidad y aceptación de las reformas económicas, e integrado a la estrategia de desarrollo nada más como vendedor de fuerza de trabajo barata. La inversión y la política pública se limitan a apoyar los intereses de los capitales. Esta situación que se da de manera muy similar en toda América Latina, se ve con particular claridad en Guatemala. Después del desmantelamiento del Sector Público Agropecuario bajo el Gobierno de Álvaro Arzú y la ratificación de acuerdos comerciales en el marco de la Organización Mundial de Comercio y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el sector agrícola, particularmente en lo referente a la agricultura campesina ha quedado altamente marginado. Si bien bajo el Gobierno socialdemócrata de Álvaro Colom se ha ido consensuando la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, con componentes que rescatan elementos claves del concepto de Desarrollo Rural Integral fomentado en los años 1970 - a la par de incorporar aspectos que han ganado importancia en las últimas décadas como los vinculados al medio ambiente -, y que apuntan a convertir al campesinado en el sujeto (económico) de la política, ésta no ha sido implementada. Por tanto las políticas de apoyo a la economía campesina siguen marginales en aspectos de fortalecimiento productivo y destacan por concentrar los esfuerzos en las transferencias sociales, concretamente en las transferencias monetarias condicionadas del programa “Mi Familia Progresa”.
Los asesinatos, la quema de cultivos y viviendas campesinas, violan el Derecho a la Vida y la Alimentación. 2
Las políticas de apoyo a la Economía Campesina, entre la precariedad y la focalización.
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a agenda de la paz implicó la apertura de una institucionalidad que si bien mantiene una adecuada justificación y coherencia entre sus cuerpos, desde sus inicios tuvo que sufrir de un sesgo político opuesto que no le ha permitido desarrollarse para cumplir con sus objetivos generales. Básicamente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA, suscrito el 6 de mayo de 1996, estableció el conjunto de prioridades y compromisos para alcanzar el desarrollo socioeconómico de la población guatemalteca, particularmente de la población rural. Se basa en la solidaridad y la justicia social, y se enfoca en la atención de las necesidades de la población, con el objeto de superar la desigualdad social y política que obstaculizan el desarrollo social y económico del país. Sin embargo los tropiezos políticos que sufren la instalación y desempeño de las entidades institucionalizadas derivó en un abandono paulatino de las actividades comprometidas. El divorcio con las causas de las poblaciones campesinas empobrecidas, por parte de los diversos gobiernos que se han sucedido desde la firma de la paz, desvirtuó el papel de esta institucionalidad llevándola a la inestabilidad política, mediante la asfixia presupuestaria y el cambio de sus funciones. Pero además sirvió para generar el ambiente propicio para la llegada de una agenda pro empresarial en el campo. Como efecto directo de una década de transformaciones en el medio rural se tiene la ampliación y profunzación de la pobreza, que afecta especialmente a la población rural. La generación campesina e indígena nacida en la etapa de post conflicto supera niveles de desnutrición de hasta el 80%; mientras que las poblaciones campesinas se ven expulsadas de sus territorios por empresas agroexportadoras, con el aval del gobierno de turno. Evidentemente la población rural no es la prioridad del actual gobierno, mientras que se impone un modelo que busca la descampesinización de nuestro territorio. Las poblaciones campesinas empobrecidas no encajan en este modelo que se va imponiendo, por el contrario, se ven como un obstáculo que es necesario superar. En el marco del paradigma de la nueva ruralidad el campesino se convierte en una población que es necesario apoyar para que deje de serlo, para que abandone el
territorio a favor del avance de empresas agroalimentarias que no requieren de mano de obra campesina. Las remesas, ya sean estas de origen privado o público, se constituyen en el mecanismo más ágil para garantizar la sobrevivencia de estas poblaciones, mientras logran incertarse en otras actividades económicas. Es así como la mayor parte de las inversiones públicas vinculadas al combate a la pobreza rural se orientan a Transferencias Monetarias Condicionadas. Sin embargo otro tipo de acciones no son asumidas de forma seria, lo que evidencia que no existe un compromiso real por darle seguimiento. La aprobación por parte del gobierno de una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), no implicó un aumento de fondos ni para las políticas tradicionales de apoyo productivo al campesinado, mucho menos para las nuevas contempladas en la PNDRI. El desempeño de estas políticas ha evidenciado diversas tendencias que corren el riesgo de ser una constante en la acciones estatales. ● Precariedad en los recursos. Además que las asignaciones iniciales a los programas ya son débiles, en el transcurso de los meses se va deteriorando el presupuesto y se generan transferencias que dejan sin capacidad a las entidades para cumplir con sus funciones. El MAGA es uno de los ministerios que se ve más afectado en su presupuesto que viene en franco retroceso durante el actual gobierno. Este año el presupuesto cae de una asignación de Q827 millones en 2010 a Q631 millones en 2011. El desempeño de los funcionarios a nivel local se ve muy limitado y se condiciona a las posibilidades que existan en el espacio en que se desenvuelve. ● Focalización de las acciones. La focalización de las acciones no tiene como resultado una selección efectiva de las personas más empobrecidas, sino resulta arbitraria en zonas en las cuales la pobreza es generalizada. En el caso del Programa de Distribución de Fertilizantes hasta se ha llegado al extremo de rifar los limitados vales en las comunidades, en otros programas simplemente resulta incomprensible la selección de las y los usuarios y mucha gente la considera injusta.
● Debilidad de los procesos de información. Una debilidad grande de todos los programas de apoyo a la economía campesina es la falta de información que padecen las comunidades en las cuales se implementan y que se suma a la mencionada focalización. Existe total desconocimiento sobre los criterios de selección de las y los usuarios de los diferentes programas y relativo desconocimiento del monto de remesas recibidas (en caso de MIFAPRO), lo cual genera tensiones intracomunitarias. ● Falta de transparencia. La ausencia de explicación y justificación de los procesos no construye legitimidad, lo que además provoca la manipulación política, principalmente por parte de autoridades municipales y a veces por parte de las y los ejecutores de las políticas. Amenazas de abolición de programas si no se vuelve a votar por quienes ocupan los cargos son frecuentes, incluso cuando se trata de cargos ajenos a la implementación de las políticas. Esto, junto a amenazas de los mismos operadores de los programas (en caso de MIFAPRO) de depurar los listados de usuarios e usuarias si éstas se quejan de las irregularidades, afecta la ciudadanía, no solo en contextos electorales. Como punto favorable a estas tendencias se puede mencionar el papel que la mujer ha implicado para la ejecución de estas políticas, fundamentalmente campesinas e indígenas, el grupo con mayores rezagos. La decisión de darle más espacio a las mujeres en el manejo de los recursos transferidos se puede apreciar como una acción positiva, dado el mejor uso de los recursos y el avance en las relaciones de poder intra-familiares vinculadas al control de recursos económicos o productivos. En general estas tendencias traen como consecuencia un punto de quiebre en las políticas de apoyo a las Economías Campesinas, que trae la necesidad de debatir sobre el efecto que traen sobre el cumplimiento del Derecho a la Alimentación de la población guatemalteca. Es necesario puntualizar sobre las amenazas que hoy día ponen en riesgo la Seguridad Alimentaria en el mundo y que traerán un efecto mayor en los países empobrecidos.
Fotografía: Caracol Producciones.
Democratizar los recursos productivos y las oportunidades es la base del Desarrollo Humano. 3
¿La reestructuración del MAGA en la senda del Desarrollo Rural Integral?
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a aprobación en mayo de 2009 de la Política Nacional del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI, pudo constituirse en el hecho más relevante para las poblaciones campesinas de Guatemala, durante el gobierno de Álvaro Colom. Sin embargo la falta de voluntad por cumplir con el compromiso político de darle vida a la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (iniciativa de ley 4084) significa la mayor contradicción de la administración Colom. Sin una ley que le de vida la PNDRI solamente se constituye en un documento declarativo más, en tanto que no se institucionaliza su contenido. A dos años de este evento y menos de un año que finalice el gobierno de Álvaro Colom, las posibilidades de concretar una ley específica que institucionalice los planteamientos de la PNDRI parecen no tener cabida en la agenda política del gobierno socialdemócrata. Por el contrario evidencia el aprovechamiento de una causa a favor de las poblaciones campesinas para introducir una agenda que no solamente benefició a un grupo empresarial que le apoyó en la anterior campaña política, sino que además tergiversó totalmente el espíritu de la propuesta de PNDRI. El enfoque de Desarrollo Rural Integral parte de reconocer las características de la población campesina, sus principales problemas y obstáculos que le han llevado a una situación de pobreza generalizada; reconociendo la oportunidad que significa la riqueza cultural de los diversos pueblos que mantienen una relación profunda con la tierra, así como las formas de organización comunitarias. Propone la apertura de los caminos para que las mismas poblaciones puedan participar en la toma de decisiones sobre las problemáticas que obstaculizan su desarrollo. El planteamiento parte del abordaje integral de las temáticas que afectan al mundo rural. Se trata de generar la posibilidad de democratizar la estructura agraria, base de las inequidades en el país, e incluir en la vida económica y social a las comunidades campesinas y los pueblos, en la búsqueda de garantizar el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población campesina. La PNDRI plantea que el MAGA asuma y ejerza su papel tutelar en materia de política agrícola, mediante la Política agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica. Y en sintonía con las otras políticas, promover el acceso de las comunidades campesinas a los recursos necesarios para producir sus propios alimentos por sus propios medios y con la protección estatal de las amenazas de terceros. Mediante los principios de la Soberanía Alimentaria, se ejerce el derecho a participar en la vida económica nacional y a definir los medios de producción necesarios para desarrollar la agricultura en condiciones de dignidad. Por su parte el gobierno impulsó un planteamiento de política agrícola que significó tanto un debilitamiento más profundo del MAGA, y la entrada del programa presidencial ProRural, que se constituyó en la entidad por medio de la cual se implementaron las principales acciones orientadas a la población campesina, incluso con mayor presencia en le medio rural que el mismo MAGA. Sin embargo a pesar de presumir la aplicación del enfoque empresarial en el
campo que supone eficiencia y eficacia, su desempeño institucional no tuvo el efecto esperado. Su operativización se basó fundamentalmente en la entrega de fertilizantes que derivó en actos de corrupción, clientelismo político y conflictos dentro de las comunidades. Los otros ejes de trabajo del ProRural no tuvieron el mismo respaldo y a nivel comunitario no tuvieron mayor impacto. A finales del año 2010 el gobierno lanza una acción que compromete todo el proceso de abordaje de una ley con enfoque de derechos, la cual se propone la apertura de un Ministerio de Desarrollo Rural Integral. Se plantea un proceso de Reestructura del MAGA, basado especialmente en la incorporación del Programa ProRural dentro de su institucionalidad y la apertura del Sistema Nacional de Extensión Rural, SNEA, aunque las actividades de Extensión Agraria se venían realizando débilmente por el mismo ProRural. La administración Colom argumenta que se trata de rescatar las funciones del MAGA, después que sufrió un desgaste institucional, producto del cambio de orientación que sufre desde el gobierno de Álvaro Arzú y los siguientes gobiernos por abandonar sus responsabilidades constitucionales. Sin embargo lejos de plantear una agenda política estructurada a partir de compromisos en materia de Derechos Humanos, se impulsa una agenda que trata de adaptarse a una vida de carencias institucionales, bajo presupuesto y abandono del papel tutelar que en la materia tiene el MAGA. En su contenido el proceso de reestructuración se basa en la aplicación de acciones que promuevan la productividad agraria y la inserción en los procesos de globalización. Mediante el Acuerdo Gubernativo 338-2010, el Organismo Ejecutivo renueva el Reglamento Orgánico Interno del MAGA, basándose en la necesidad de “reorganizarse para responder a las necesidades del desarrollo rural integral;…”. La aplicación del nuevo reglamento implica la apertura de dos vice ministerios y una dirección con el objeto de que cumplan las actividades del desaparecido ProRural, además de otros cambios funcionales. La apertura del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural se explicita como la dependencia encargada de promover el desarrollo económico rural, especialmente mediante la reconversión y reactivación económica productiva de las economías campesinas, el cual a su vez se basa en la adopción de nuevos sistemas y procedimientos de producción y gestión empresarial para apoyar la competitividad del sector agropecuario y el uso de insumos. Además se plantea como mecanismos para desarrollar la infraestructura productiva como el riego y la promoción de la organización campesina para la producción y la comercialización. Se contempla que además impulse el desarrollo de infraestructura productiva como el riego y la promoción de la organización campesina para la producción y la comercialización. Para el año 2011 esta dependencia tiene una asignación presupuestaria de Q286.3 millones, sobre un presupuesto ministerial de Q631.4, es decir el 45.3% del mismo. El anterior Vice Ministerio de Normas y Regulaciones se
convierte en el Vice Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. Se concreta en promover acciones para el control de la inocuidad, así como para fortalecer la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial, para hacer frente al entorno de la apertura comercial y el proceso de globalización. Pretende dar seguimiento a las temáticas de Sanidad Vegetal y Animal, y estimular zonas de desarrollo agroindustrial. Por otra parte se crea la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural que tiene por objeto velar porque se proporcione a las familias rurales los servicios de asistencia técnica y de educación no formal, que le permitan adoptar tecnologías e innovaciones, que le brinden la oportunidad de la satisfacción de sus necesidades básicas, la generación de excedentes y el desarrollo integral. Mediante esta dirección que funciona directamente bajo la coordinación del ministro, se orienta el Sistema Nacional de Extensión Rural, SNEA, el cual trata de retomar las acciones de Extensión realizadas anteriormente por el MAGA; las cuales aún son consideradas el mayor aporte estatal a la población campesina empobrecida. Como aspecto positivo cabe mencionar que para las acciones de Extensión Rural se ha asignado un presupuesto de Q89.2 millones, presupuesto que hasta febrero se ha incrementado a Q91.7 millones. El Vice Ministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, sufre un cambio importante; antes del proceso de Reestructura asumía las funciones de coordinación de la Asistencia Alimentaria, de promoción de la producción de Granos Básicos y apoyo para el Almacenaje. El año 2010 VISAN sufre de un fuerte recorte presupuestario; de Q481.9 millones asignados inicialmente, finaliza el año con un presupuesto de Q275 millones, 43% menos. Los programas que se orientaban a estas tres funciones contaron con un presupuesto de Q144.7 millones, pero en 2011 el presupuesto es muy inferior, de Q46.8 millones. Varias dependencias del VISAN se trasladan al Vice Ministerio de Desarrollo Económico y Social, entre estas el Programa de Apoyo a la Producción de Granos Básicos que el 2010 sufrió de un fuerte debilitamiento presupuestaria, cuando se le recorta el 54% finalizando el año con Q6.3 millones. Si bien el 2011 inicia con un presupuesto de Q24.8 millones, al mes de marzo ya sufrió un recorte del 5%. Para el 2011 se configura un escenario de reorganización y adaptación institucional que supone el estancamiento de actividades y que además debe sortear los efectos del proceso eleccionario, que podría traer otras consecuencias. Por su parte para la propuesta de Desarrollo Rural Integral es previsible que tendrá que seguir esperando una coyuntura política favorable para su realización. En la medida que estas propuestas no encuentren cabida en la estructura estatal, persistirá el despojo de los recursos naturales que actualmente sufren las poblaciones campesinas, que conlleva la concentración de la riqueza y la desigualdad social. En la medida que el MAGA se convierta en una herramienta del enfoque de los grupos agroexportadores estas contradicciones se profundizarán, poniendo en riesgo el Derecho a la Alimentación de toda la población.
Esta es una publicación del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales -IDEAR- de la Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-.
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