La privatización del sectpr energético by Revista Albedrio.org

Guatemala Informe de coyuntura Enero – Abril del 2010

La privatización del sector energético: Multinacionales y las viejas prácticas de un orden político deteriorado Por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de Guatemala del Observatorio Social de América Latina OSAL/CLACSO

En las vísperas de las celebraciones cristianas de finales de diciembre del 2008, específicamente el día 24 en horas de la noche, varios municipios del sur del departamento occidental de San Marcos pasaron de la celebración familiar a la molestia, y de ésta a la irritación. Sus celebraciones

iban

tener,

allí

adelante,

una

carencia

fundamental: la luz eléctrica. La respuesta de decenas de comunidades de los municipios de San José El Rodeo, Malacatán, Catarina y San Pablo fue inmediata. Al siguiente día, desde las primeras horas de la mañana, numerosas rutas de tránsito, entradas principales a sus municipios, pasos fronterizos y carreteras internacionales se encontraban bloqueadas por miles de pobladores que exigían que se les reinstalara el servicio de luz eléctrica. A las pocas horas de iniciados los cortes de ruta, las fuerzas públicas que el Estado utiliza para responder a este tipo de acciones, miembros del ejército y fuerzas antimotines, se encontraban en los principales puntos del conflicto. En la entrada de Malacatán, después de presenciar la captura de cuatro dirigentes que se ubicaban hasta el frente del bloqueo, los manifestantes se abalanzaron contra las fuerzas estatales, tomando ahora ellos a tres agentes policiales. Después de tensas horas, se realizó el intercambio de las siete personas capturadas. Las negociaciones que siguieron lograron levantar los bloqueos. Los comunitarios se

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL comprometían a ceder en la paralización del tránsito como forma de presión, mientras las autoridades accedían a establecer una mesa de diálogo con la empresa distribuidora. Lo que siguió fue un despliegue policial dentro de las comunidades y municipios, allanando las viviendas de los líderes políticos y capturando, sin previa autorización judicial, a treinta de ellos. Después de ocho días en la cárcel, finalmente 27 de los 30 dirigentes fueron dejados en libertad. El resto se encuentra ligado a proceso penal, pese a que el Ministerio Público no contó con elementos suficientes de investigación, solicitando entonces al Juez que decretara la figura de Clausura Provisional, con el fin de reunir suficiente pruebas para inculpar a los dirigentes. En el proceso judicial, además, aparecieron la multinacional Unión Fenosa, encargada de distribuir la energía eléctrica a los municipios afectados, y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), empresa estatal que provee el servicio de transmisión a las distribuidoras del país, solicitando ser querellantes adhesivos1. Casi un año y medio después, dos de los líderes continúan en la cárcel. El tercero de los líderes, Víctor Gálvez, logró salir de la cárcel, siendo asesinado, luego de múltiples amenazas2, a fines del 2009. El precedente para este tipo de respuestas de parte de la población, de esta manera, estaba sentado. Según los comunicados y declaraciones de parte de los diferentes municipios y sectores que se han visto afectados por la distribución de la energía eléctrica, los primeros problemas comenzaron a surgir desde el 2002. El uso de más de 300 millones de quetzales, provenientes de la venta de la mayor parte del INDE y de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) a manos privadas, se usó para expandir la electrificación a las 1

UDEFEGUA. 2010. Violencia. Respuesta a 10 años de lucha. Guatemala. Guatemala, UDEFEGUA. Pág. 45. 2 Según los informes de UDEFEGUA y de la organización FRENA, Gálvez había sido amenazado de muerte por agentes del narcotráfico y, con respecto a la lucha que estaba desplegando en contra de Unión Fenosa, por el hijo del diputado al Congreso de la República por San Marcos.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL diferentes regiones del área rural que no contaban con este vital servicio. La cobertura se expandió rápidamente. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), desde que se implementó la reforma en electricidad, en 1996, se ha pasado de un poco más de un millón de usuarios a casi 2 millones cuatrocientos mil en la actualidad, alcanzando una cobertura de casi el 85% de la población. Específicamente en San Marcos, la cobertura alcanza el 88%. El precio político que tendrían que pagar por recibir este servicio, sin embargo, no era el que las expectativas de cambio les hacían ver. A pocos años de la llegada de la nueva distribuidora de electricidad al departamento, comenzaron a surgir las primeras críticas de parte de los usuarios, haciendo ver que tenían problemas con la facturación, al recibir cobros exorbitantes para sus bajos niveles de consumo; servicios interrumpidos sin notificación previa; variaciones de voltaje; exigencia de parte de la empresa Distribuidora de Energía de Occidente, S.A. (DEOCSA), filial de Unión Fenosa, de ofrecer mano de obra gratuita como condición para la electrificación de sus comunidades; cobro en factura de alumbrado público, pese que éste es inexistente; cambio y compra obligatoria de transformadores como condición a seguir recibiendo el servicio; estafas3, y otros. Los dirigentes comunitarios narran que poco a poco fueron reuniéndose voces que tenían los mismos problemas. Después de años de solicitar 3

En octubre del 2008 se dio a conocer que personal de la empresa transnacional Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA), filial también de Unión Fenosa, estafó a varios usuarios por una cifra que asciende a los Q. 1.7 millones. El personal se las ingenió para recibir cada mes pagos en efectivo a cambio de proporcionar un descuento por el desembolso. Según una nota de prensa, el personal ofrecía un 30% de descuento si el pago por el servicio de energía eléctrica se hacía en efectivo. Posteriormente los empleados involucrados les brindaban a los usuarios el recibo de pago con el sello de un banco del sistema. Este resultó ser falso. Mes a mes el personal repitió tal práctica y se las idearon para que la siguiente factura de energía eléctrica impresa llegara con el nuevo monto y no registrara saldo moroso. La sorpresa fue que después de varios meses DEORSA envió a los usuarios cartas de cobro. En las judicaturas del Ramo Civil ya se han tramitado 12 acciones de amparo por clientes que aseguran haber sido estafados. Con la resolución, DEORSA no puede cortar el suministro de energía hasta aclarar la situación. (elPeriódico, 20/10/2009)

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL respuestas a DEOCSA, a través de sus oficinas regionales, y a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), encargada de velar por el servicio que ofrecen las distribuidoras, las acciones de la población, ahora más y mejor organizadas, fueron subiendo de tono. Las exigencias quedaron todas las veces insatisfechas, pese a que se establecieron mesas de diálogo entre la empresa y los líderes comunitarios. Un líder de la organización FRENA afirma que ellos desean el servicio, y como es obvio pagar por él, pero no a los precios, arbitrarios según parecen, que muestran en las facturas4. Del 2002 al 2007, según números de las mismas organizaciones sociales que acompañan el conflicto, se realizaron decenas de reuniones5 con la empresa. En ninguna de ellas se llegó a un acuerdo satisfactorio. La respuesta de mucha de la población, ante este visible marasmo, fue dejar de pagar sus facturas. La empresa reaccionó saboteando líneas y tirando postes. Otros vecinos, tomando acciones más beligerantes ante la amenaza de la empresa de dejarlos sin luz si no pagaban, se conectaron directamente a la línea de transmisión del Estado. Cerca de un año después de las movilizaciones de diciembre del 2008, con estos precedentes, la historia parecía repetirse. El 21 de diciembre del 2009 se emitía un comunicado de parte de una de las organizaciones nacionales que acompaña el proceso de lucha contra Unión Fenosa, el Frente Nacional de Lucha (FNL), en el que se hacía saber que las poblaciones de los municipios de Malacatán, San Pablo, Catarina, y poblados de Ocós y Nuevo Progreso, todos parte del departamento de San Marcos, llevaban diez días sin luz eléctrica. La respuesta de las casi 30 mil familias que se quedaron sin el servicio fue la toma, nuevamente, de las rutas que comunican a México con Guatemala, impidiendo así el paso. La intervención de la Diócesis de San Marcos, del Gobernador Departamental 4 5

Inforpress, 1832, 29/01/2010. Ibid.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL y los alcaldes municipales, quienes apoyaban en un principio la posición de los vecinos, contribuyó finalmente a que Unión Fenosa cediera temporalmente y conectara de nuevo el servicio. Parecía que esta vez la solución iba a ser pacífica. Lo que vendría, sin embargo, sería otro capítulo de los largos abusos represivos con los que cuenta la historia del país. Un día después aparecían públicamente miembros del INDE y de Unión Fenosa exigiéndole al Estado la captura de 130 líderes comunitarios, acusándolos de sabotaje a las líneas de distribución, y el pago inmediato de las facturas vencidas. Pese a las millonarias ganancias de la empresa6, ésta alegaba haber dejado de recibir por el servicio prestado más de Q. 80 millones7. El eco de las demandas de las empresas tenía ya un previo apoyo gubernamental, como se hizo ver un día después, al decretarse Estado de Prevención en todo el departamento. El mismo 22 se había reunido el gabinete de gobierno y se establecía la necesidad de la medida, dentro de un contexto político que tenía a la batalla por la reforma fiscal y el presupuesto estatal como batallas perdidas del gobierno8. El impacto de éste no se hizo esperar. Ese mismo día, en la capital del país, los alcaldes de los municipios en pugna y Unión Fenosa, sin contar con la presencia de representantes comunitarios, acordaban convenios de pago para la cancelación de las deudas de éstos. Ninguna palabra pública se hizo

Según un estudio de la CEPAL, para el 2001 DEOCSA no declaraba aún sus ganancias al Estado, pese a que éste era socio menor de la empresa. Los estimados decían que la empresa tenía utilidades por US$ 2.2 millones y un rendimiento anual de 7.3%. Para el 2006, los márgenes de utilidad que aplica Unión Fenosa superan el 60%; se incrementaba el valor de sus acciones en 30% de agosto de 2005 a abril del 2006. Las ganancias de la firma a nivel mundial, en el 2005, aumentaban en 114% respecto al año anterior, llegando a US$ 1, 005 millones. Véase Inforpress, 1657, 26/05/2006 y CEPAL. 2002. Istmo Centroamericano: La regulación de la distribución de energía eléctrica en los países con empresas privadas. Naciones Unidas. 85 pp. 7 Prensa Libre, 22/12/2009 8 Al respecto, véase el documento realizado por este Comité en: http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccionacademica/analisis-de-coyuntura/guatemala/2009/informe-de-coyuntura-de-guatemala-deseptiembre-a-diciembre-de-2009/view

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL sobre las exigencias de la población, ni por las más de 90 mil denuncias que tiene la empresa acumuladas en los archivos de la CNEE9. El Estado de Prevención10, con duración mínima de quince días, se volvería la regla de vida para la población desde esa fecha hasta la actualidad (Mayo 201011). En las constantes ampliaciones de la medida, saldrían a luz las posturas y los desenlaces que ella propició. Los alcaldes municipales ahora expresaban públicamente su postura a favor de continuar el Estado de Prevención, bajo el pretexto de que era ésta la única manera de garantizar el pago de la deuda a la empresa. En ninguna de las ampliaciones por decreto se han mencionado las violaciones de los derechos humanos y asesinatos de líderes comunitarios que se oponían a Unión Fenosa. En sus decretos, el gobierno ha afirmado la necesidad de continuar con la medida ya que “los problemas y conflictos” no se han resuelto aún. A cuatro meses de tomada la medida, se tiene contabilizado, según el FNL y UDEFEGUA, ocho asesinatos a líderes comunitarios. Todos libraban una lucha en contra de lo que ellos consideraban un abuso de parte de la multinacional. Todos ellos figuraban, además, en una lista de 250 líderes que entregó el FNL junto a otras organizaciones sindicales al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, parte de Naciones Unidas) para exhibición personal, ante la amenaza que corrían sus vidas. Su listado no encontró eco dentro del Estado. Los grupos de intereses, antes que la formalidad de la ley, prevalecieron. 9

Prensa Libre, 23/12/2009; UDEFEGUA, op. cit. La Ley de Orden Público, decretada en tiempos de las dictaduras militares, tiene como objetivo paralizar a la población movilizada. Entre los medios de los que se vale para realizar esto está militarizar los servicios públicos, fijar las condiciones bajo las cuales se pueden ejercitar los derechos de huelga o paro, reuniones y manifestaciones públicas, e impedirlas cuando tengan móviles políticos, e intervenir los órganos de información si a juicio de las autoridades las publicaciones contribuyen a alterar el orden público. 11 La última de las ampliaciones se realizó a fines de abril, con la significativa diferencia que se hizo para un mes, y no por quince días, como lo dicta la ley. 10

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL El proceso de privatización de la energía eléctrica aplicado catorce años atrás, dados sus vicios y su particular carácter, unido a un proceso político más amplio y complejo, desembocaba en esta tragedia.

Proceso de privatización Anterior a 1996, el sector eléctrico estaba casi por completo a cargo del Estado de Guatemala. En 1959 el Estado asumió el rol de regulador y operador del sector; creó el INDE como entidad descentralizada con el fin de generar y transmitir energía eléctrica a los usuarios, además de concederle el monopolio de la distribución en todo el país. La distribución de energía en el área central del país estaba a cargo de la Empresa de Energía Eléctrica, propiedad de una empresa norteamericana hasta 1972, cuando el Estado militar adquirió el 92% de sus acciones. La historia del INDE estuvo marcada por un alto subsidio, sobre todo después de las dos crisis del petróleo en la década de los setenta, y por la corrupción rampante. A finales de los ochenta e inicios de noventa, el sector entró en crisis, reportando pérdidas de hasta el 1% del Producto Interno Bruto (PIB)12. Como parte de esta crisis, la gestión de Serrano Elías, en 1993, entró en escándalo público por el contrato de barcazas, donde se estipulaba el pago a las generadoras privadas por la capacidad instalada y no por la energía

que

compraba,

través

cual

compañía

norteamericana ENRON había empujado a la en ese momento estatal EEGSA a la quiebra13. Este viciado panorama se presentaba como la mejor de las justificaciones para realizar una más de la serie de reformas de privatización que se habían venido dando en el país, sobre todo bajo el gobierno del Partido 12

Urízar, Carmen. 2002. “Un marco conceptual para la regulación económica en Guatemala” en Estudios Sociales [Guatemala, IIES] IV Época, No. 69. Págs. 89-145 13 Las críticas, según Inforpress, fueron respaldadas por el Senado de EEUU, que diez años después emitió un informe en el que afirmaba que ENRON había usado fondos de préstamos del Banco Mundial para pagar US$ 17 millones en sobornos a cinco empresarios guatemaltecos para facilitar el acceso al presidente Serrano. Inforpress, 1654, 01/07/2005.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL de Avanzada Nacional (PAN), ubicado a la derecha del espectro político guatemalteco, a cargo del ahora alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, y de los sectores que lo respaldaban. Este tipo de medidas, riesgosas como eran y perjudiciales para amplios sectores como en la mayoría de los casos resultaron siendo14, encontraban poca oposición política y social por el carácter del estado de las fuerzas sociales en pugna en ese momento. Volcadas las incipientemente resurgidas fuerzas de izquierda, militar y social, al proceso de pacificación que venía impulsando el gobierno panista, con fuerte y largo apoyo internacional, era poca la capacidad de éstas para reaccionar a los procesos de reforma y reestructuración del Estado que se profundizaron en ese gobierno. El proceso de pacificación creó un escenario político que hizo pensar a las fuerzas sociales, populares y al partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antigua guerrilla, que un verdadero cambio de fondo iba a ser posible dentro del orden político pactado en 198515 por los sectores políticos y económicos que adversaban, por el fin o por los medios, los procesos revolucionario de cambio que se había dado años antes. En su primer año de gobierno, el PAN decretaba la nueva Ley General de Electricidad16, que venía a modificar la estructura del sector eléctrico en el país. El objetivo de la reforma era liberalizar una buena parte del servicio eléctrico, por lo que se pasó a un proceso de desintegración vertical por segmentos, comenzando por la introducción de la competencia en los mercados

producción

gran

consumo,

pasando

por

comercialización, la apertura de los sistemas de transmisión, hasta llegar a la privatización de los sistemas de distribución. Específicamente en este 14

La única diferencia se dio con el ahora paradigmático caso de la privatización de las telecomunicaciones. Para un análisis comparativo de este proceso con otros de la región del istmo, véase Benedicte Bull. 2008. Globalización, Estado y privatización: Proceso de las políticas de reforma de telecomunicaciones en Centroamérica. San José, FLACSO-Costa Rica. 15 Con la Constitución de 1985 y la vuelta formal de los gobiernos civiles. 16 Ley General de Electricidad. Decreto No. 93-96.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL último segmento del sector, la parte distribuidora del INDE (DEOCSA y DEORSA) fue vendida a Unión Fenosa. Según el Sindicato de Trabajadores del INDE (STINDE), citado por Solano17, la venta fue de US$ 101 millones, cuando el valor real de la empresa era de US$ 400 millones. De esta manera se le otorgaba el monopolio de distribución a Unión Fenosa para el área de occidente, norte y oriente del país, mientras que la EEGSA, de nuevo en manos privadas, ahora españolas -Iberdrola-, se encargaría del amplio y demandante sector central (Ver mapa). El mercado en el que Unión Fenosa se debía desempeñar, cautivo como gustan llamarlo los economistas, se caracterizaba por su poco dinamismo, bajos consumos, y escasa cobertura. Como se dijo, con la venta de ambas empresas el Estado de Guatemala destinó un fondo de US$ 335.5 millones para electrificación rural. Las políticas en materia energética quedaban a manos del MEM, y la regulación de las tarifas y del servicio en general a cargo de la formalmente autónoma Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). De manera resumida el sector quedaba establecido de la siguiente manera18: En el nivel más bajo del sector están las generadoras de electricidad -que las hay públicas y privadas-, con total libre acceso al mercado para nuevos ofertantes; las generadoras privadas venden por bloques a las comercializadoras o directamente a las distribuidoras, y las públicas, a través del INDE, directamente a las distribuidoras; estas últimas transacciones se dan en un mercado libre de regulaciones; todas esta cuotas de energía son llevadas por la empresa estatal transportista; las distribuidoras, por su parte, venden la energía, en mercado libre también, a los grandes usuarios -consumidores de más de 300 MV por mes-, y en un

Solano, Luis. 2009. “El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos” en El Observador No. 16, año 3, diciembre 2008-enero 2009 Págs. 3-34. 18 Para una descripción más detallada consúltese el ya citado informe de la CEPAL, o en información oficial del MEM.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL mercado con tarifas reguladas y subsidiadas a los pequeños y medianos usuarios, que se ubican al final de la cadena.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2009.

Deterioro y nueva etapa A seis años de implementadas las medidas de reforma en el sector eléctrico, varios analistas consideraban que, pese a que había notables avances, varios segmentos del sistema se encontraban en crisis, provocando el pobre desempeño del sector, y afectando principalmente

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL a los pequeños usuarios19. En términos económicos, la evolución del mercado mayorista mostraba un satisfactorio dinamismo, pese a una preponderancia de solamente dos comercializadoras -una de ellas de la misma firma que EEGSA- con el control de gran parte de las transacciones. La disposición del Estado, a través del INDE, en proveer contratos y condiciones

favorables

era

también

aspecto

destacar.

comparación con el resto de países centroamericanos, la amplitud de la oferta de energía era notable; y la electrificación rural era bastante aceptable. Donde el proceso de privatización parecía reprobar era en la evolución de los precios en los mercados minoristas, léase, en los pequeños y medianos usuarios. Esto se debía, en parte, a la alta dependencia de la oferta en hidrocarburos y sus precios en el exterior, y a problemas con la aplicación adecuada de las tarifas reguladas. Los altos precios hacían que el INDE tuviera que subsidiar a una buena parte de los consumidores20, pese a que uno de los objetivos de la reforma era evitar estos gastos, suponiendo un mejor desempeño de las fuerzas del mercado. La calidad del servicio, además, era un tema que se destacaba a mejorar, pero que la poca regulación y las diminutas penalizaciones que se aplicaban de parte de la CNEE -cuando se hacían- no permitían corregir. Alrededor de tres años después del informe, con la más reciente crisis del petróleo, estos problemas descritos se agudizaban y hacían necesaria una reevaluación del sector. Entre las primeras reformas de segunda generación que se quisieron aplicar está la propuesta del nuevo 19

CEPAL, Op. Cit. Pág. 52 y ss. Ya para 1999 se tiene el registro del primer subsidio implementado dentro de la etapa de reforma, cubriendo el 98% de los usuarios de baja tensión -pequeños y medianos usuarios-. Un años y medio después se cubría al 92% -usuarios desde O kwh/mes a 300 kwh/mes-, gastando en subsidios más de US$ 59 millones en menos de un año (CEPAL, Op. Cit. Pág. 46). Con el actual gobierno de Álvaro Colom, buena parte de la clase media -usuarios de entre 100 kwh/mes a 300 kwh/mes- quedaba fuera del subsidio, cubriendo ahora sólo a los usuarios de O kwh/mes a 100 kwh/mes y añadiendo la Tarifa Solidaria, un subsidio extra a los usuarios de menos de 50 kwh/mes (Solano, Op. Cit. Pág. 21).

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL Reglamento de la Ley General de Energía Eléctrica y del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, en el 2007, que vino a destapar muchos de los vicios que las primeras políticas habían dado cabida. El reglamento buscaba una mayor capacidad de regulación de parte de la CNEE, tratando de evitar los monopolios ineficientes. La opinión pública hizo fuertes críticas al entonces ministro del MEM, argumentando que había otorgado demasiada libertad a los distribuidores de combustibles, quienes se habían beneficiado del alza de los precios del petróleo; incluso el derechista diario Siglo XXI le criticó por su sospechosa inclinación al sector privado que genera electricidad con altos costos y con servicios deficientes. La respuesta del ministro, después de algunos intentos de justificación, fue su renuncia. El respaldo del ministro -o, mejor dicho, de sus medidas-, como era de esperarse, vino a través de campos pagados por parte de asociaciones de generadores, generadores de energías renovables, comercializadores, distribuidores, y la gremial de grandes usuarios. Argumentaban que con los cambios propuestos se le otorgaban privilegios extraordinarios a la CNEE en relación a regularización y contratación. La respuesta de esta entidad fue expresar que lo único que deseaban era evitar lo que parecía la conformación de un monopolio en el mercado energético, mientras se volvía a su organismo en un adorno institucional21. Pero las propuestas de cambio, dada la crisis energética, fueron más allá con el gobierno de la GANA y, continuando con esa línea, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al querer ampliar y diversificar la producción de energía y constituirse en líder regional del sector energético. Sin profundizar en las propuestas en la modificación sustancial de la matriz energética, ya que la excelente labor de Luis Solano y la

Inforpress, 1692, 16/02/2007.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL revista el Observador lo han planteado ya de forma minuciosa22, gustaría simplemente resaltar un elemento analítico importante de estos planes: el cómo entender estos procesos y en dónde se enmarcan las luchas desencadenadas en el occidente del país.

Estado y orden político Desde este espacio se concibe a la sociedad como un conjunto de sectores, clases y grupos sociales, cada uno de ellos ubicando una posición particular en la forma social y económica que se ha desarrollado históricamente hasta la actualidad. Esta formación social y económica no es estática ni eterna, como lo suponían las líneas más duras del marxismo, sino que es tratada de perpetuar, modificar o erradicar por esos mismos sectores, clases y grupos sociales que interactúan entre sí, en pugnas y conflictos, primordialmente por el intento de obtener cuotas de control de la forma estatal -y de su mejor posición en el proceso político, en general-. La oposición de intereses crea alianzas y pugnas entre los diferentes sectores que son parte del conflicto analizado, con el fin de lograr llevar a cabo el establecimiento de sus proyectos políticos. Como herencia de la debatida teoría de la dependencia, creemos necesario enfatizar, sobre todo para países como el guatemalteco con una industria poco desarrollada y una gran necesidad de masivas inversiones extranjeras, la dependencia subordinada de las dinámicas internacionales -que varían de carácter según el momento y son a su vez relacionadas con el orden interno del país también variando según el momento y la coyuntura-,

Véase, en este tema en particular, el ya citado documento de Solano y el que aparece en otra edición de la revista (Año 5, No. 22 y 23) bajo el título La política energética y el negocio de la electricidad. Pág. 3-34; este último está disponible en: http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservadorNos2223febrero%202010.pdf. Además pueden consultarse los planes de la agencia gubernamental Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa (Invest in Guatemala).

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL De esta manera se privilegia el análisis de las pugnas y conflictos sociales de los distintos sectores y clases para entender, de manera dinámica y cambiante, la forma que va tomando la sociedad en la actualidad y el carácter de las luchas que se desatan. Así, el énfasis en el proceso histórico y político, y de la “estructura”, vistos de manera conjunta, logra evitar las visiones que enfatizan en el análisis de las estructuras de manera estática y, por ende, sin capacidad de ser modificadas por los diferentes grupos que conforman la sociedad; la visión del proceso político aislado en sí mismo, a la vez, sin ninguna mención a los rasgos históricos y estructurales y la razón de sus movilizaciones y acciones políticas, se complementa. No está de más decir que con este análisis se supera el recurrente tema de la “determinación en última instancia”, ya que en el mismo terreno político es posible divisar pugnas ideológicas, tradiciones y formaciones culturales que moldean muy particularmente el entorno analizado. En este sentido, los cambios propuestos para modificar la matriz energética y las reticencias que estos generan, mencionados arriba, deben verse como parte de alianzas y pugnas más amplias y de oposición con otros sectores que no han salido beneficiados de la forma como se han llevado las políticas implementadas y en general de la forma como está organizada la sociedad. En pocas palabras, es necesario buscar un carácter de clase o de conjunto de sectores dominantes -cada uno con diferentes grados de beneficio- en las políticas y planes aplicados en materia energética. Como lo ha planteado el mismo Presidente de la República, las políticas de expansión de la producción energética y su énfasis

producción

renovable

-especialmente

partir

hidroeléctricas y de carbón- buscan abaratar los precios para que las industrias y servicios locales puedan tener mejores condiciones de competencia a nivel regional, y, de manera paralela, que los inversores locales se aparejen con los extranjeros para llevar a cabo los nuevos

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL proyectos energéticos23. Que la mayoría de la proyectada nueva energía producida esté dirigida a su venta en mercados regionales o que esté directamente canalizada a las grandes industrias no resulta ninguna sorpresa ni necesita estar acompañada de una indignación de algún tipo. Las propuestas en materia pública las diseñan funcionarios públicos aliados con sectores de interés, y no burócratas parte de un Estado neutral, como supondría la teoría liberal, acá fuertemente contrastada por la realidad. A la vez, estas propuestas en materia energética deben verse como parte de un proceso de política económica más amplio, que ha tenido dos fuertes impulsos con la Firma de los Acuerdos de Paz y la gestión de la Gran Alianza Nacional (GANA), con fuertes vínculos que tenía ese gobierno con sectores económicos prematuramente globalizados -en términos relativos a la región del istmo-. La pacificación deseaba, entre otras cosas, crear mejores condiciones para atraer inversión extranjera directa. El gobierno de la GANA vino a darle un nuevo impulso a estas iniciativas. Según datos del Banco de Guatemala, después de la llegada de la GANA al Estado y, sobre todo, la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), la inversión extranjera directa aumentó como nunca antes se había visto en el país. En el 2002 apenas rebasaba los US$ 100 millones; en el primer año de gobierno de la GANA aumentó a US$ 296 millones y para el primer año del siguiente gobierno ya llegaba a los US$ 837.8 millones. Esto ha venido a constituir lo que el reconocido economista guatemalteco Alfredo Guerra Borges24 cataloga como una reconstrucción de la forma en que se organiza la producción y los servicios. Uno que ha tendido a beneficiar significativamente, desde la 23

No es sorpresa, como lo muestra Solano (Op. Cit.), que la mayoría de los inversores locales en los nuevos proyectos hidroeléctricos sean de los reconocidos grandes capitales -o estén en alianzas en otros espacios con éstos- del país. Con respecto a los inversos extranjeros en las nuevas hidroeléctricas y plantas energéticas es notable que se hagan ya en alianzas con distribuidoras y otros negocios de multinacionales (Jaguar Energy y Unión Fenosa; Duke Energy y la Compañía Guatemalteca de Níquel) para proveerles de energía. 24 Guerra-Borges, Alfredo. 2006. Guatemala: 60 años de historia económica. Guatemala, PNUD y USAC.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL implementación del Programa de Modernización Financiera, a la banca privada; el aumento del peso económico de los agentes que realizan las exportaciones de los productos no-tradicionales25 y la caída paulatina pero aún poderosa al menos en el sector azucarero- o transformación de los sectores agro-exportadores tradicionales; aumento en el comercio sobre todo de las importaciones- y en los sectores que proveen servicios; la alta

presencia

inversionistas

multinacionales

locales

acaparamiento

y la

política

nueva

riqueza

sectores

económica producida

estratégicos

para

imperante,

por

unas

pocas

corporaciones locales. Pero, como dijimos, la implementación política de estas transformaciones en la formación económica y social, debe tener un correlato. Este es, a nuestro parecer, el de amplios sectores de la población (urbano-populares, organizaciones urbanas de izquierda, pequeños productores campesinos, campesinos sin tierra, asalariados rurales, organizaciones campesinas y populares, comunidades indígenas y población no organizada en general) que no han encontrado en estas políticas mayores beneficios. Esto nos sugiere que el orden político actual, pactado en una carta magna por diferentes sectores económicos y partidos políticos desde el centro a la derecha hace 25 años, les da a este conjunto de grupos capacidad para implementar con tantos de soltura26 las políticas que puedan llegar a

No es casualidad, entonces, que en la última feria realizada por este sector (AGEXPORT) la bienvenida al evento la haya dado el mismo Presidente del país, enfatizando la conversión energética para abaratar los precios de estos productores. 26 Esto no niega, como es obvio, que existan dentro de estos sectores dominantes facciones y pugnas internas. O que dentro de las alianzas económicas algunos grupos puedan salir menos beneficiados que otros, como es el caso de la implementación del TLC, en donde sectores industriales vieron llegar competencia en un mercado que antes habían dominado sin mayor esfuerzo. O su contrario, grupos que se vieron fuertemente beneficiados con esta apertura comercial dada su cómoda posición. Los choques entre partidos políticos, o la lenta transición del ejército a un actor secundario en el escenario político, también se enmarcan en esta problemática. Pero pese a estos posibles desavenencias, los grupos comparten un acuerdo en cuanto a un orden político inalterable por ninguno de los otros grupos que no forman parte de esa alianza y que buscarían modificarlo para tener una mayor participación en las decisiones que se toman sobre su vida.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL beneficiarlos. Una dominación tan marcada y cruda sólo puede sostenerse de dos maneras: una, con el despliegue de consensos nacionales, es decir, en donde más sectores, antes marginados del juego político, entren en esta alianza creyendo tener oportunidad de llevar al Estado, instrumento de cambio por excelencia, sus particulares intereses; el ejemplo histórico más reciente de esto fueron los Acuerdos de Paz. Esta manera, claro está, tiene un tiempo limitado. Y esta limitación se va a definir por la percepción que esos grupos marginados políticamente tengan de ese consenso y alianza. Si estos sectores no creen sacar los beneficios que tenían previstos, se alejaran del consenso y se establecerán, como ocurrió en el país con varios de estos sectores de manera marcada a partir del 2005, dentro de la oposición. Terminado el consenso, no importando que haya sido imaginado o real, el otro elemento para lograr estas medidas económicas sin el menor peligro político es el tan recurrido método de la fuerza, pública o privada. El surgimiento de numerosas protestas, movilizaciones, y nuevos sujetos políticos en los últimos cinco años nos muestra, precisamente, un deterioro en el proyecto político iniciado con la pacificación del país, una bastante obvia negación en la inclusión de vastos sectores en la política económica -pese a que terminan siendo afectados por ésta, como con la minería a cielo abierto, las reconcentraciones de tierra con la palma africana, las hidroeléctricas, etc.-, y una incapacidad del orden político actual para dar una respuesta satisfactoria a las demandas que plantean los diversos sectores movilizados. Éstos han ido en aumento y han surgido a partir de problemáticas puntuales que han tenido, principalmente, con capital multinacional y gran capital local. Pensar que sus reivindicaciones, en ese sentido, son simplemente sobre las problemáticas que los vieron surgir sería erróneo. La rápida movilización y radicalización de estos sectores se debe, además, a una percepción acerca de ese orden político y social que los

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL margina y excluye. La creación de instrumentos políticos -no legitimados por el Estado- que busquen legitimar sus deseos políticos -con las consultas comunitarias como el mejor de los ejemplos- o de reivindicaciones que busquen una mayor capacidad de decisión sobre su vida política -como expresa la demanda por el territorio- deben verse como parte del mencionado agotamiento y lo rebalsado que se encuentra el orden político consensuado por las elites ante este tipo de reivindicaciones tan básicas. Dentro de éstas cabe mencionar las que se realizan de parte de los sectores que se han visto afectados, dentro del área del departamento de San Marcos, por los problemas con Unión Fenosa y la implementación de varias hidroeléctricas en el territorio. Frente a estos, ya existen varias propuestas, unas más avanzadas en lo técnico que otras, sobre las alternativas que se pueden tomar. El FRENA, por ejemplo, ha mencionado en comunicados las cláusulas constitucionales y de la Ley General de Electricidad que dan cabida a una intervención estatal en el servicio. Una vez intervenido, siguiendo la línea de la propuesta, se puede pasar a municipalizar el servicio, o poner una nueva licitación para una empresa que realice el trabajo de distribución, pero esta vez articulado con las mismas comunidades y municipios. Otros sectores plantean la intervención para

una

posterior

nacionalización.

otros,

más

norte

del

departamento, plantean la búsqueda de financiamiento para construir pequeñas hidroeléctricas por todo el departamento que tengan como principal objetivo proveer de energía a distribuidoras regionales o municipales. En esta última propuesta, el problema que se ha dado por la proliferación de licencias para la construcción de hidroeléctricas y el de Unión Fenosa se ha resuelto en un proyecto que incluye ambos servicios y beneficia a la misma población. Los límites reales de estas propuestas, como el respeto a las cláusulas de inversión de tratados internacionales y

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL la presión de los Estados base de las multinacionales al condicionar su cooperación, parecen nublar el panorama. Los nuevos sujetos políticos tienen presencia, primordialmente, en el área rural del país y, en la mayoría de los casos pero no en todos, tienen como componente

principal

componente

campesino

minifundista

asalariado, tanto maya-indígena como mestizo. Aunque hay excepciones en este último aspecto, como el caso mencionado del sur de San Marcos, predominantemente mestizo. Pero estas son diferentes a la resistencia que se está dando en el altiplano de San Marcos, marcadamente maya-mam, o más al norte de la región, con amplias capas de movilización de diferentes

etnias

del

tronco

maya.

Otra

característica

estas

movilizaciones es su surgimiento local, no regional ni nacional. Desde la base es que surgen las movilizaciones y la organización, convirtiéndose en numerosos núcleos rebeldes expansivos que poco a poco han ido encontrando fuerza organizativa a nivel regional. Lo último que se ha sabido de los resultados en la población del Estado de Prevención es el aumento de la población organizada y la suma de más municipios, incluso en otros departamentos de occidente, que han dejado de pagar las facturas por el servicio. La formación estatal, por su parte, vista como representación primordial de sectores de intereses, ha reaccionado ante esta movilización. El Estado de Prevención en San Marcos, así como otros que se han dado en estos años, es parte de esta reacción27. Basándose en otros casos que se han dado en los últimos años28, es posible saber los modos en los que opera el 27

Para un análisis cuantitativo de las medidas de represión tomada por el Estado o particulares en contra de movimientos sociales, comunidades, o líderes comunitarios, puede consultarse el más reciente informe de UDEFEGUA (Op. Cit.), que cubre los últimos diez años. En él se puntualiza que en los últimos cinco años ha habido un total de 50 líderes asesinados, la mayoría en regiones con altos grados de conflictividad como Izabal, San Marcos, Huehuetenango y la ciudad capital. También se menciona, en lo que a San Marcos respecta, las 55 agresiones a líderes comunitarios que se han dado en los últimos cinco años. 28 Livingston, Izabal; Coatepeque, Quetzaltenango; San Juan Sacatepéquez, Guatemala; El Estor, Izabal; todos recopilados en otros Informes de Coyuntura realizados por este Comité. Véase la

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL Estado guatemalteco actual al enfrentarse con una oposición seria a las propuestas en materia de inversión que este ente respalda. De manera general, es posible diferenciar la manera en que el Estado actual trata la oposición política a como lo hacía el Estado militar durante el conflicto armado. Con contadas excepciones, las más de las veces cuestiones de momento, el Estado ya no desaparece directamente a los opositores políticos. Esto no quiere decir que no exista una fuerte represión, o que en casos -sobre todo como se ha visto en los desalojos de toma de tierras- las fuerzas

policiales

militares

ejecuten

extrajudicialmente

líderes

comunitarios y campesinos. Esto ocurre, pero ha dejado de ser la regla para todo el territorio y casos de conflictividad que el gobierno considere grave. De lo que se encarga el Estado ahora es de deshacer manifestaciones y cortes de ruta, intimidar y allanar viviendas de casas de líderes, permitir la impunidad, y, de manera más continua en los últimos años, el uso y la reformulación del código penal para hacer de los líderes políticos de oposición simples criminales que cometen abusos a la ley. Esta es una nueva modalidad, ya presente en otras regiones del subcontinente, de presos políticos. La diferencia radica en que no son encarcelados o acusados por ser opositores al régimen, sino que son encarcelados o acusados por cometer supuestos crímenes normales y corrientes. El propósito y los resultados, el miedo y el encierro de líderes en el auge del movimiento, pese a las diferencias, son los mismos. Tratando el tema específico de la represión en San Marcos antes descrita, se hizo visible una nueva modalidad de la represión estatal en su relación con la oposición. Al decretar Estado de Prevención, usualmente el Estado se encargaba, con el papel de árbitro que le concede la ley, de sofocar directamente los conflictos existentes que amenazaban su misma página de OSAL/CLACSO para encontrarlos: http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-detrabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/guatemala

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL constitución. En San Marcos, al igual que en otros casos como el de Coatepeque, el Estado decreta la medida en conflictos entre particulares privados y comunidades enteras y organizaciones populares, usualmente empresas, y se vuelve más en un agente lejano que se ha encargado, tan sencillo como se oye, de quitar los derechos básicos de la población en conflicto.

Decreta

abolición

temporal

estos

derechos

paralelamente realiza dos acciones. La primera es establecer mesas de diálogo, que en la mayoría son más formas de presión para que los comunitarios u organizaciones sociales cedan ante los puntos del Estado y de

empresa

parte

conflicto.

Este

ceder

tiene

como

condicionamiento la segunda acción: dejar total libertad e impunidad para que los actores locales en conflicto con los comunitarios realicen lo que crean conveniente para solucionar el problema. Esto generalmente viene a ser, como en todos los casos donde se ha implementado Estado de Prevención, el asesinato por fuerzas oscuras locales de los principales líderes del movimiento. Generalmente, sobre todo en el sur costeño de San Marcos, la presencia de fuerzas que actúan de manera paralela a la ley es usual. Narcotraficantes, sicarios, multinacionales bananeras, diputados con intereses en la región, terratenientes tradicionales, y una distribuidora eléctrica, pueden verse beneficiados de acabar con la organización comunitaria en la región. El hecho de que todos los asesinatos hayan sido a líderes que estaban ligados a la lucha contra el abuso de la energía eléctrica habla por sí mismo. La llegada de una prematura campaña electoral -las siguientes elecciones son a fines del 2011- parece acaparar la total atención de las elites y sectores de interés hacia ese proceso. La oposición social, desde la visión gubernamental, parece ser una pequeña piedra en el zapato que, de crecer, podría llegar a nublar sus expectativas de reelección. Las prioridades, una vez más, a todas luces parecen ser contradictorias.

Guatemala – Informe de Coyuntura Enero / Abril 2010 - OSAL

Glosario de siglas CICIG en Guatemala CNEE DEOCSA DEORSA EEGSA FNL GANA INDE MEM MP PAN PIB PRONACOM STINDE TLC UNE URNG

Comisión Internacional contra la Impunidad Comisión Nacional de Energía Eléctrica Distribuidora de Energía de Occidente, S.A. Distribuidora de Energía de Oriente, S.A. Empresa Eléctrica de Guatemala Frente Nacional de Lucha Gran Alianza Nacional Instituto Nacional de Electrificación Ministerio de Energía y Minas Ministerio Público Partido de Avanzada Nacional Producto Interno Bruto Programa Nacional de Competitividad Sindicato de Trabajadores del INDE Tratado de Libre Comercio Unidad Nacional de la Esperanza Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de Guatemala del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO). Relevamiento y sistematización a cargo de Rodrigo Véliz, bajo la coordinación de Simona Yagenova. Fuentes: diarios Prensa Libre (www.prensalibre.com.gt), El Periódico (www.elperiodico.com.gt), Diario de Centroamérica (oficial) (www.dca.gob.gt), Hora (www.lahora.com.gt), Revista electrónica Albedrío (www.albedrio.org), Centro de Estudios de Guatemala (www.cerg.org.gt), Inforpress (www.inforpressca.com/), y CERIGUA (www.cerigua.info/portal/).