LA TAPISCA Boletín de análisis y discusión de la realidad rural guatemalteca Enero de 2013 No. 3
Desnutrición crónica y aguda en el Valle del Polochic está por encima de cifras promedio de niñez del departamento y de niñez indígena Juan Pablo Ozaeta Torres
Colectivo de Estudios Rurales IXIM Somos un colectivo de investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas. Tenemos una trayectoria de trabajo común en investigaciones y procesos de incidencia vinculados al tema agrario, la economía campesina y el desarrollo rural.
Objetivo general El Colectivo de Estudios Rurales Ixim contribuye a la transformación de la realidad agraria y rural en Guatemala para lograr el pleno goce de los derechos humanos, mediante la generación de conocimiento estratégico y propuestas políticas. ______________________________ 29 calle 17-37 zona 12, Condominio El Rosario No. 26, Guatemala, Centroamérica
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En octubre y noviembre de 2012, el Colectivo de Estudios Rurales Ixim (CER-Ixim), elaboró un diagnóstico de peso y talla, y de consumo de alimentos, en dos de las comunidades donde actualmente viven algunas de las casi 800 familias que fueron desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, en el marco de un conflicto con la empresa “Chabil Utzaj”.
De ellos el 75% (n=49) presenta desnutrición crónica, el 9%(n=6) desnutrición aguda y el 23% (n=15) estado nutricional normal. El porcentaje de desnutrición aguda en ambas comunidades está por encima del 1.4 que reportó la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2008/2009). En las comunidades existe una prevalencia de alta a muy alta de desnutrición aguda, que requiere atención inmediata de las entidades del estado encargadas de proporcionar medidas de asistencia social. En relación a la desnutrición crónica, la comunidad “Inup Agua Caliente” está en un 75% (n=49). En comparación con los datos de la ENSMI 2008/2009 este valor es 9 puntos superior al porcentaje en niñez indígena a nivel nacional que se encuentra en 65.9%; 15.6 puntos mayor a la prevalencia en el departamento de Alta Verapáz (59.4%) y 25 puntos por encima del porcentaje nacional de 49.8%.
Fueron evaluados un total de 77 niños y niñas de 0 a 5 años, de las comunidades “8 de agosto” y principalmente a “Inup Agua Caliente”. Los datos de la comunidad “8 de Agosto” fueron recolectados por personal de la Cruz Roja, mientras que en “INUP Agua Caliente” un equipo del CER Ixim, midió a toda la niñez de 0 a 5 años.
Aunque no puede afirmarse que todos los casos de desnutrición crónica se atribuyen a la situación reciente de las comunidades desalojadas, sí es posible relacionar las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional de estas comunidades, con el problema histórico de falta de acceso a los recursos productivos, principalmente la tierra, para producir alimentos. Ahora bien, los casos de desnutrición aguda sí podrían estar vinculadas al contexto de los desalojos, derivado que la población perdió la tierra y la vivienda en la que se encontraban, y en este proceso le fueron quemados o destruidos sus cultivos alimenticios. Principalmente maíz y fríjol. Y al quedarse sin cosecha y sin trabajo redujeron su consumo de alimentos.
En la comunidad “8 de Agosto” se evaluó el indicador de peso para la talla en un total de 12 menores de cinco años, de los cuales el 83 % (n=10) presentaron estado nutricional normal, y el 17% (n=2) desnutrición aguda. Por carecer de las fechas de nacimiento exactas no se determinó el indicador talla para la edad que permite identificar la desnutrición crónica. En las comunidades “Inup Agua Caliente” se tomaron datos de peso, talla y fecha de nacimiento de 65 niños menores de cinco años, con los cuales se realizó una evaluación del estado nutricional presente y pasado.
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En marzo de 2012, tras la realización de la Marcha Campesina, Indígena y Popular, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina se comprometió a adjudicar tierras a las familias afectadas, pero a la fecha no ha sido cumplido este compromiso. Y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó unas medidas cautelares, para que fuera atendida la situación alimentaria de estas familias, el Estado dejó de entregarles alimentos desde el 18 de mayo de 2012. A la fecha, son más de ocho meses que tienen de no recibir asistencia alimentaria. Respecto a la aplicación de los programas gubernamentales, solamente tres de 25 familias encuestadas forman parte de estos programas. Y estas familias señalan que han sido beneficiados del programa “Bono Seguro”, y que se ha traducido en dos entregas de dinero (entre enero y noviembre de 2012), por un valor de Q300.
Equipo voluntario de CER-Ixim en la medición: Lucy Cruz, en la medición de peso, y Luis Pedro Castañeda en medición de talla.
Pese a todo, el Gobierno anuncia que ha reducido en más del 50% la desnutrición en el país, obviando que sólo en el 2012 fallecieron en Guatemala 175 niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda, según datos del Ministerio de Salud.
En la comunidad “Inup Agua Caliente” se realizó una encuesta de consumo de alimentos a 25 familias, seleccionadas aleatoriamente de un total de 78. La base de la alimentación de la población estudiada es el maíz y el fríjol, pues son los productos más consumidos, según la encuesta. Aunque sólo el maíz puede ser consumido diariamente, varias personas señalaron que a veces sólo lo pueden consumir una o dos veces al día.
Luces y sombras del Plan Hambre Cero Byron Garoz, y Susana Gauster Publicado en boletín de prensa del 13 de enero de 2013, en el marco de la Campaña Vamos al Grano
De los tres pactos que conforman el programa de gobierno del Partido Patriota: Fiscal y de Competitividad; Seguridad, Justicia y Paz; y Hambre Cero, este último es el que mayor cobertura mediática ha tenido. A un año de su lanzamiento hacemos el siguiente balance de su funcionamiento. Más allá del porcentaje de ejecución presupuestaria –que ascendió al 92%, es decir, Q 4,084,580,968.55 de Q 4,648,114,544.36, asignado a 8 ministerios, 4 secretarías y FONAPAZ -, es necesario identificar aspectos positivos y negativos en su desempeño.
pocas excepciones, políticas y prácticas innovadoras. En cuanto a los programas de mayor inversión dirigidos al área rural, específicamente nos referimos en este informe a los siguientes: “Mi Cosecha Segura” (entrega de fertilizantes) ejecutado por el MAGA a través de FONADES: Muestra las mismas deficiencias ya observadas en los Programas de Fertilizante anteriores: beneficio a grandes productores, venta de cupones, robos impunes en bodega, trato poco serio a potenciales usuarios, llegada tarde y con fórmulas inadecuadas para los diferentes tipos de suelos. No se han demostrado los impactos positivos de este programa para los ususarios, más bien desde su introducción se han prestado al manejo clientelar y partidario.
En términos generales el primer año de gobierno ha estado principalmente orientado a rearmar equipos (contrataciones, capacitaciones) debido al despido de mandos altos, medios y operativos, un problema general de la política pública que en este Gobierno se ha repetido: se desechan capacidades ya creadas lo que dificulta el arranque y tiene un alto costo para el Estado. La atención a la desnutrición evidencia una situación de deficiencias institucionales, improvisación y recortes presupuestarios. Los casos de desnutrición aguda se han incrementado, en comparación con el año anterior. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología hasta la semana 43 ya habían fallecido 123 menores de 5 años por desnutrición; considerándose un retroceso a la tendencia que se venía generando en el gobierno anterior: 236 en 2007; 193 en 2008; 160 en 2009; 105 en 2010; 125 en 2011 (datos oficiales del MSPAS). A la semana 43 el número de casos de desnutrición aguda ascendió a 10,432.
Arrendamiento de Tierras ejecutado por FONTIERRAS: También siguió en la misma línea que en años anteriores. Hubo participación de 76 mil usuarios en este Programa, de los que 54 mil están ubicados en los 166 municipios priorizados por el PHC; el 60 por ciento son mujeres. El monto total de Q 2,210 fue más bajo que en años anteriores y constaba de un subsidio de Q 380, otros Q 300 por pronto pago y el resto en calidad de préstamo, Q 1,530. La selección de usuarios no responde a criterios claros de situación de pobreza (extrema) y depende en alto grado de las organizaciones acompañantes, dado que no hay personal suficiente para verificar la situación socioeconómica de las familias usuarias. Para el futuro se plantea un programa de cuatro años de participación, en el que luego los usuarios podrán ser incluidos en el componente de acceso por compra venta, un programa que no ejecutó ninguna compra en este año.
Los programas implementados en el marco del PHC, además de sus nombres nuevos, no muestran por el momento, con
Triangulo de la Dignidad ejecutado por el MAGA y FONTIERRAS: Inicialmente planteado como una estrategia
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que vinculaba capital semilla, asistencia técnica para la producción de alimentos básicos (maíz y fríjol) y compra de excedentes por el Estado a un precio garantizado para la creación de reservas alimentarias nacionales, quedó reducido a la dotación de préstamos blandos y asistencia técnica. A diferencia del programa de arrendamiento que se dirige a productores de infra subsistencia que no cuentan con tierra propia, la dotación del crédito del triángulo está dirigido a personas poseedoras o propietarias de tierra que ya produzcan alimentos y que puedan potenciar su producción en una manzana de terreno. Fueron aprobados 50,500 créditos (de 56,515 planificados). Un componente clave del programa, la compra de granos por el Estado para la creación de reservas alimentarias nacionales fue descartada, lo cual le quita el elemento fundamental e innovador al Programa. En lugar de ello el MAGA organiza “mesas de negocios” con las grandes empresas alimentarias transnacionales, lo cual profundiza la estrategia de mercantilización de las reservas alimentarias, y le veda al Estado la posibilidad de actuar en momentos de crisis, lo cual en estos tiempos de inestabilidad de precios es más estratégica que nunca.
“Mi Bono Seguro” ejecutado por el MINDES: Si bien se ha hecho el intento de mejorar técnicamente las fallas de Mi Familia Progresa (depuración de usuarios, bancarización del proceso, mayor transparencia y mejor coordinación interinstitucional), no se ha logrado superar la mayoría de las deficiencias anteriormente criticadas del programa. Bajó el número de usuarias de 871 mil a 757.7 mil. Preocupa particularmente la falta de presupuesto asignado para cubrir los 12 pagos mensuales para el padrón de usuarias, tanto en el 2012 como en este año, lo cual genera inestabilidad e incertidumbre en las usuarias; la total ausencia de información en campo (sobre la selección de usuarias, el monto a recibir); la falta de acompañamiento del programa a las mujeres para contribuir a un uso óptimo de las transferencias monetarias; y la incapacidad del Estado de responder a la creciente demanda de los servicios de salud y educación, producto de la falta de una estategia de política social coherente.
El debate de fondo lo constituye la visión del desarrollo impulsada por el gobierno a través de la estrategia de las dos puertas –apoyo a la economía campesina y promoción de inversiones privadas en territorios rurales, puesto que hasta el momento han mostrado ser contradictorias; además el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, a cargo del MAGA, aún no da señales de comenzar a ser ejecutado.
Conclusiones:
estrategias municipales de SAN como para garantizar una vigilancia a los desempeños institucionales. Es necesario que las Comisiones Municipales de SAN monitoreen las entregas de alimentos, medicinas, insumos agrícolas y transferencias monetarias condicionadas, para evitar prácticas clientelares, corrupción y la imposibilidad que las familias más necesitadas logren alcanzar estos apoyos. El cambio de los nombres de los diferentes programas (SNER, Mi Bono Seguro, Mi Cosecha Segura, Triángulo de la Dignidad) y de casi todo el personal, no han ido de la mano con la implementación de nuevos programas o estrategias. Las ideas innovadoras iniciales fueron descartadas en el proceso (generación de reservas alimentarias) Existe una falta de información y consulta sobre los programas. No existen criterios claros sobre la focalización de los usuarios y usuarias, y cuando sí existen (Mi Bono Seguro) no son socializados. Los programas siguen implementándose de manera poco participativa, por lo cual en muchas comunidades generan incertidumbre, malos entendidos y conflictos. Debe reflexionarse sobre la estrategia de género de los programas analizados. Si bien constituye un avance la inclusión de las mujeres como usuarias, al no atacar las causas de las relaciones de poder intrafamiliar, les termina sumando una carga más (acividad productiva para el pago de préstamos; capacitaciones en el marco de “Mi Bono Seguro”, etc.). En tal sentido, es necesario que la institucionalidad pública formule e incorpore a su actuar estrategias de género que contemplen las diferentes dimensiones de la discriminación y exclusión de las mujeres para lograr mayor libertad, equidad y justicia.
Si bien se ha avanzado en la creación y consolidación de Comisiones Municipales de SAN, es importante promover y/o reforzar la participación social en dichas Comisiones, tanto para participar activamente en las
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