UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
ELEMENTOS PARA EL ANALISIS Y LA DISCUSIÓN
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ante la opinión pública nacional e internacional plantea para su análisis y discusión los siguientes elementos. 1.
La crisis que hoy vive Guatemala tiene profundas raíces estructurales, las cuales han dado sustento y soporte al Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal, en donde los grupos de poder económico oligárquico tradicional, han ejercido el poder en beneficio pleno de sus intereses, sobre la base del control del Estado a partir de la institucionalización de la corrupción. Esta situación se agrava por el empoderamiento y entronización que el crimen organizado y el narcotráfico han logrado en el seno del Estado principalmente. Estos grupos de poder, en algunos momentos entran en pugna por el control del Estado y en otros coinciden para salvaguardar y preservar sus intereses y necesidades, marcando así el contenido, las dinámicas, la magnitud y alcances de cada una de las políticas, y diversas formas de conducción del Estado a lo largo de la historia.
2.
La institucionalización de la corrupción como la forma principal para el ejercicio del poder, se perfecciona y profundiza en Guatemala, a partir de la implantación de la estructura de poder contrainsurgente, la cual para su asentamiento y proyección desarrolla e implanta el proceso de militarización del poder oligárquico, por algo más de cuarenta años. Para el efecto compra la incondicionalidad de jefes militares y políticos civiles, creando los mecanismos institucionales, para que estos se apropien de manera ilícita de los recursos del Estado. A estas alturas la estructura de poder ya no es la misma, sin embargo continúan y se acrecientan la corrupción, la compra de incondicionalidades a expensas de ésta y los mecanismos institucionales que garantizan el desarrollo y reproducción de la corrupción con plena impunidad.
3.
Los aparatos represivos clandestinos creados por el Estado, han estado integrados por personas incondicionales que ejecutaron la represión como política de Estado, quienes son ahora las y los operadores del crimen organizado y dentro de éste el narcotráfico en el seno del Estado y de la sociedad. En vez de haber sido disueltos a partir de 1997 como está establecido en los Acuerdos de Paz, el sistema de impunidad les ha permitido su reproducción y que se incorporen como nuevos integrantes. Es sabido que en muchos de los casos provienen especialmente de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y otros que laboran dentro del sistema de seguridad y justicia.
4.
El crimen organizado necesita no sólo de la impunidad con que cuenta a nivel institucional, sino que, igualmente necesita de impunidad operativa. Para lograr esto masifica la inseguridad ciudadana a partir de la delincuencia en general, y fundamentalmente con las ejecuciones
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criminales perpetradas principalmente contra el gremio de los pilotos del transporte público, así como en otros hechos, para así distraer y dislocar la atención de la fuerza pública de por sí penetrada por ellos, la cual dada la magnitud de la realidad se encuentra rebasada e incapacitada. 5.
La institucionalidad del Estado en su totalidad vive de manera simultánea y permanente momentos de crisis. Hoy los tres organismos del Estado atraviesan conjuntamente uno de esos períodos críticos, manteniendo como factores desencadenantes de estos, el incremento de la pugna por el control del Estado por los grupos de poder, y por la improvisación e irresponsabilidad en la conducción de esos organismos por los intermediarios políticos, tecnócratas civiles y militares, que los grupos de poder han colocado como operadores en cada uno de estos organismos.
6.
Es evidente el colapso del sistema de seguridad y justicia, así como también lo es que, como producto de esa pugna por el control del poder, los grupos descritos prolongan arbitrariamente los procesos de renovación en la conducción de este sistema. Los casos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Policía Nacional Civil, y otros, son ejemplo de esta situación. El grado de descomposición dentro de esta parte del sistema es tal, que la sociedad guatemalteca de manera acelerada pierde la confianza en estas instituciones, generándose tensiones psicosociales y políticas que de seguirse reproduciendo tendrán efectos desastrosos e imprevisibles.
7.
La pugna por instrumentalizar al Estado de parte de los grupos de poder señalados llega al Organismos Legislativo, el cual resulta ser el soporte político de la situación, al prestarse a implementar las maniobras dilatorias, que han impedido la aprobación de una serie de instrumentos legales, que al cumplirse podrían crear las condiciones políticas y jurídicas para iniciar el proceso del rescate nacional. En este organismo de manera clientelar algunos grupos políticos, se plantean de manera superficial, sin sustento, y por lo tanto irresponsables, muchos procesos legislativos, uno de ellos está alrededor de la pena de muerte, la denuncia del Pacto de San José y la reedición de los tribunales de fuero especial bajo la figura de jueces sin rostro. También se plantean salidas fascistas a través de guardias nacionales y otros aparatos represivos que la historia de Guatemala registra como los grandes ejecutores de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la contrainsurgencia.
8.
Estos procesos son impulsados dentro de un afán clientelar y propagandístico como un fin en sí mismo. La irracionalidad llega a tal extremo, que no ven o no quieren ver los riesgos a los que someten al país, pues de llegar a ser realidad sus propuestas, a Guatemala se le aislaría completamente dentro del concierto mundial de las naciones al convertirse en un país que niega a través de su régimen legal, la preeminencia de los derechos humanos. Automáticamente Guatemala quedaría excluida del sistema interamericano de derechos humanos, así como del sistema universal
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sobre la misma materia. En lo político, lo económico, lo comercial y la cooperación, también Guatemala estaría sujeta a sanciones severas de consecuencias incalculables, las cuales arriesgarían nuestra viabilidad como país. 9.
El Gobierno de la República bajo la conducción del Ing. Álvaro Colom y el Dr. Rafael Espada han sido incapaces de cumplir con la agenda social que prometieron y que los llevó al poder. Han concentrado los recursos del Estado en el programa de Cohesión Social, manejado de manera improvisada y clientelar. El gobierno se ha empleado a fondo priorizando y haciendo prevalecer los intereses económicos y políticos del poder oligárquico, los cuales van desde la imposición de la alianza público y privada, la exoneración de impuestos de importación a los propietarios del transporte urbano y extra urbano, la renuncia al impulso de la reforma fiscal, la liberación de precios de la canasta básica y otros productos, la aplicación de políticas en contra de la clase trabajadora tanto en el seno del Estado como en el sector privado (amenazándolos además con la aprobación del Convenio 175 de la OIT), la entrega de los recursos naturales renovables y no renovables a las transnacionales, y la creación de condiciones para la imposición de megaproyectos energéticos y del turismo para beneficio de los inversionistas extranjeros principalmente. Todos, son parte de los negocios del ejecutivo. El caso de la laguna del Tigre y el Proyecto Cuatro Balam son elocuentes.
10. La improvisación, las ambivalencias y el manejo clientelar en los aspectos de Estado son constantes y evidentes. Atender y satisfacer las demandas populares no son parte de la agenda de gobierno. Al contrario la administración Colom-Espada ha privilegiado los intereses de las transnacionales del petróleo, del servicio eléctrico, la exploración y explotación minera y la ampliación de la frontera agrícola a favor de los cultivos para biocombustibles en severo perjuicio de la seguridad alimentaria y nutricional. La respuesta a las protestas populares en San Marcos, San Juan Sacatepéquez y otras regiones, han sido la represión y los estados de prevención, en donde la criminalización de las luchas sociales se constituye en respuesta rutinaria para garantizar los intereses de las empresas nacionales y transnacionales, generadoras de los conflictos. Simultáneamente y de forma mañosa aplican el diversionismo y la manipulación política a través de los equipos de negociadores del gobierno que se dedican a prolongar arbitrariamente los procesos de diálogo. 11. Esta situación ha llevado ya a la población guatemalteca a extremos del deterioro de sus condiciones de vida, alejándola cada vez más de la posibilidad de gozar de una vida digna. La desnutrición en menores de cinco años, como causa básica o fundamental de la mitad de las muertes de estos niños que ocurren en el país, el sistema y el gobierno los ven como parte del paisaje, utilizando esta dramática situación para el manipuleo demagógico público y privado de la población sumergida en la creciente categoría de la extrema pobreza. Esto contrasta con el hecho
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de que la oligarquía guatemalteca dentro de la crisis económica mundial, aumentó sus ganancias empresariales a partir del incremento del precio del azúcar a nivel mundial. Pero la estructura económica vigente no permite que esos beneficios también sean para el país. A todo esto se suma el afán desmedido y avorazamiento del llamado sector privado, para conseguir la privatización ya no sólo de los servicios estatales, sino incluso de toda nueva institución que nazca. Impulsan e imponen que se garantice su presencia en instancias de toma de decisiones de políticas nacionales, llegando así a privatizar la gestión y conducción del Estado. 12. La pugna por el control partidista con fines políticos y económicos del Registro Nacional de Personas-RENAP, para cubrir deudas políticas, ha llegado a tal grado de descomposición que para las próximas elecciones se identificará a los electores a partir de dos documentos. Los daños ocasionados al incipiente proceso democrático, así como a la institucionalidad del país son incuantificables. Son problemas importantes que causan gran daño a la población, sin embargo no se vislumbra ninguna acción tendiente a la identificación y deducción de responsabilidades tanto a nivel público como en lo privado. 13. Como parte de la crisis, y buscando aprovecharse de ella, aparecen documentos apócrifos y anónimos orientados a su profundización por medio de la incitación al desorden social, la manipulación de las luchas sociales, la desobediencia civil y hasta expresiones organizadas para la toma del poder a través de un golpe de estado. Buscan incrementar en la población, la incertidumbre, ansiedad y angustia, que ya de por sí está en niveles altos y crecientes de tensión por la desestabilización propia del sistema, y por la situación de inseguridad ciudadana que asciende de manera permanente. 14. En Guatemala el riesgo potencial de un golpe de Estado es permanente en tanto perduren las raíces y las estructuras de poder afines a este método. En la medida que los sectores de poder vean que sus intereses corren algún riesgo, aparece la amenaza del golpe de estado 15. La inestabilidad política con sus efectos en lo social y en lo económico, son la resultante de esta crisis. En ese sentido es obligado señalar que el modelo económico neoliberal ya demostró con creces lo nefasto que ha sido para Guatemala, así como la estructura y la forma del ejercicio del poder para la imposición de ese modelo. No es aventurado anotar que tanto el modelo económico neoliberal y la estructura de poder oligárquico nacional y trasnacional y la forma de su ejercicio del poder llegaron al punto más alto de su agotamiento. Sin embargo, el poder oligárquico por medio de unas pretendidas reformas constitucionales quiere borrar los derechos sociales, crear e institucionalizar una nueva estructura de poder oligárquica, que garantice de manera absoluta la perpetuidad de sus intereses sobre los mecanismos de control del Estado y sobre la sociedad, así como negando los principios básicos de la democracia participativa y la justicia social.
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16. A tono con esta situación el proceso electoral del 2011 se vislumbra lleno de violencia y de incertidumbres. El caso RENAP contribuye de manera significativa a ese escenario. El inicio anticipado de la campaña electoral, de manera solapada, para evadir el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, muestra por un lado la manipulación y también el derroche de dinero por parte de los partidos de la derecha que representan los intereses de los grupos de poder ya señalados. Pero en todo eso siempre está y estará la ausencia de una propuesta política para resolver los problemas que provocan la situación crítica descrita. Esto será la constante de las propuestas propagandísticas de la derecha, es decir la mentira, la demagogia y la manipulación populista. 17. Los llamados grupos de poder, pareciera que aún no han decidido su apoyo pleno por ninguno de los proyectos políticos que sus partidos de derecha hasta el momento les han presentado. Las alianzas promovidas por el partido oficial, en estos momentos le representan más debilidades que las fortalezas que pensaron, la mezcla resultante de esas alianzas de por sí generan más contradicciones, las cuales más temprano que tarde desarrollan procesos de desgaste y confrontación entre sus integrantes. A esta situación se suma el desgaste del gobierno de ColomEspada por la manera de conducir y tratar los asuntos de Estado. El costo político que ellos tienen que pagar ante la sociedad va en relación directa con el desgaste del gobierno, por lo que sus pronósticos son reservados. 18. Ante esta situación, desde la izquierda, las diferentes agrupaciones políticas y sociales, tienen ante sí una gran oportunidad, y también una gran responsabilidad. La de plantearle a la sociedad guatemalteca y al electorado una sola propuesta y un sólo proyecto político democrático y progresista, incluyente, y que genere certidumbres, sólido y preciso, para el rescate ético y moral de Guatemala, para detener y desterrar la descomposición de la sociedad y el Estado. 19. Para que esta propuesta sea fuerte y sólida es fundamental trabajar por la construcción de la unidad de la izquierda y también por la construcción de la alianza social que le dé perspectiva histórica a Guatemala, en donde tengan oportunidad de participar de manera beligerante y activa, todas las expresiones sociales posibles. En ese sentido el llamado es para todas y todos, es para los cuatro pueblos que integran la nación guatemalteca, es para mujeres y hombres, jóvenes, adultos y adultos mayores, campesinos, obreros, personas que trabajan por cuenta propia, pequeños y medianos empresarios, empresarios progresistas que están por la viabilidad de Guatemala como país, capas medias de la sociedad que aceleradamente se acercan a la frontera de la pobreza, sectores profesionales y académicos; para sumarse, incorporarse y sobre todo a participar en este proyecto político y social que puede y debe rescatar y a salvar a Guatemala.
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20. Con toda responsabilidad proponemos como punto de partida para la construcción y debate de la propuesta, la agenda social, política, económica, cultural y ética establecida en los Acuerdos de Paz sustantivos, que son planteamientos viables, objetivos y justos para las reformas al Estado, y dentro de él, al sector justicia, al fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, los aspectos socio económicos y situación agraria, la preeminencia de los derechos humanos, y sobre todo hacer realidad todo lo relacionado con la identidad y derechos de los pueblos indígenas. El programa político de URNG, también está a la disposición como insumo para el debate.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Guatemala 10 de Agosto de 2010.
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