El Gobierno estatal “pagó rescate” para liberarse 13 retenidos en Pavencul La Delegada de SINFRA Cruz Areana Accidentada al Dirigirse a la Zona Alta Tapachula, Chis., 8 de noviembre. La Delegada de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, Lisset Cruz Areana, grave después de que fue impactado su vehículo que conducía cuando se dirigía a cumplir compromisos consecuencia de que antier campesinos e indígenas tomaron la Unidad Administrativa Estatal. Lo anterior fue informado por agentes de Tránsito del Estado, quienes precisaron que la funcionaria estatal conducía una Dodge blanca propiedad del Estado y alrededor de las 14 horas, a las altura de Malpaso, la embistió el vehículo Toyota placas DB71439 conducido por un campesino de la zona alta. Señalaron, la funcionaria estatal por la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de emergencia para su atención en el hospital Ciudad Salud, mientras que el conductor responsable se detectó que conducía en total estado de ebriedad y al resultar lesionado igualmente lo trasladaron al hospital civil. El Estado pago por funcionarios retenidos. Por otra parte, personal policiaco reveló que el Gobierno del Estado les impidió rescatar a 7 funcionarios y 6 de sus compañeros que fueron retenidos en Pavencul desde el pasado domingo y a cambio como rescate dispuso el pago de 300 mil pesos, ya que los inconformes exigían casí millón y medio de pesos por trámites. Afirmaron, la Subsecretaria General de Gobierno en la costa, Rosalinda Orozco Villatoro acompañada de una patrulla y sus elementos se trasladó al ejido Progreso, en donde a eso de las 19 horas de ayer miércoles, se reunió con una comisión de campesinos, a los que les hizo la entrega del dinero. Señalaron, con ese recurso los inconformes cerraron el pacto con este gobierno que esta por terminar y no les pudo satisfacer sus demandas de obras camineras, salud y otros abandonos, y esperarán a que llegue la próxima administración estatal para plantearlas y se les cumplan sus exigencias.
Recordaron, en dos anteriores ocasiones en que otros inconformes campesinos e ind铆genas de la zona alta, retuvieron a funcionarios estatales y municipales, la negociaci贸n fue pagar unos 500 mil pesos para liberarlos. Esos hechos son constitutivos de delitos; pero no se procedi贸 y guardaron hermetismo igual que ahora. (EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar)