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LA DEMOCRACIA ARGENTINA como escenario de disputa hegemónica
Oscar Madoery Erika Beckmann Franca Bonifazzi Alejandro Castagno Diego Copello María Florencia Díaz Rojo Marisol González Hernán Letcher Fabricio Loja María Belén Ordoñez Julia Strada
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INDICE Presentación Primera Sección: Aportes conceptuales para repensar la democracia argentina
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Diez tesis para una lectura política de la democracia argentina Por Oscar Madoery
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Rol del estado en la consolidación de un proyecto nacional y popular Por Oscar Madoery y María Belén Ordoñez
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Apuntes sobre la Democracia, la Política y el Estado en perspectiva Nacional – Popular Por Fabricio Loja
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La noción de trabajo en dos proyectos políticos: el peronismo de 1943-1955 y el kirchnerismo Por Franca Bonifazzi
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Segunda Sección: Miradas de coyuntura
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La crisis “del campo”: pretensiones hegemónicas y disputas por el sentido Por Diego Copello
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La autonomía de la política económica como profundización democrática. La reconstitución del frente devaluacionista durante la postconvertibilidad Por Julia Strada y Hernán Letcher
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Tercera Sección: Reflexiones en torno a las políticas públicas
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Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina: agendas y políticas en los años democráticos Por Marisol González
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Políticas Públicas destinadas al desempleo juvenil. Estudio de caso, Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo en la ciudad de Rosario (2008-2013) Por Alejandro Castagno y María Florencia Díaz Rojo
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Política Social, Seguridad Social y la nueva centralidad del Estado Por Erika Beckmann
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PRESENTACION Este libro reúne reflexiones desarrolladas en el marco del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT) de la ciudad de Rosario. El CEDeT ha sido concebido como un espacio de producción y difusión de nuevos conocimientos multidisciplinarios acerca del desarrollo –en especial de su dimensión territorial– y de sus posibilidades y límites en el actual contexto latinoamericano. Fue pensado como un ámbito orientado a integrar las distintas dimensiones –políticas, económicas, sociales, geográficas y culturales– del desarrollo, articulando propuestas de investigación y formación; y recuperando las distintas corrientes de pensamiento crítico latinoamericano que intentaron pensar desde nuestra particular realidad, las posibilidades de un desarrollo diferente al occidental, moderno-colonial. Fue creado en el ámbito de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) en el año 2003. Bajo su órbita funcionaron importantes iniciativas académicas, tales como la Maestría en Desarrollo Local (dictada en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid, de doble titulación), Diplomaturas Universitarias en Desarrollo Local y diversas actividades de formación de agentes de desarrollo local, desarrolladas en conjunto con distintos gobiernos locales u organizaciones públicas. En el año 2009, se firmó un Convenio de Colaboración Académica por el cual la UNSAM y la UNR comparten la gestión del CEDeT, atendiendo a que la UNR participó activamente de la creación y dictado de la mencionada Maestría en Desarrollo Local, así como de numerosas actividades realizadas conjuntamente desde la creación del Centro. A lo largo de su historia, el CEDeT ha organizado su trabajo en torno a dos áreas principales: docencia e investigación (con tareas de formación e investigación); y vinculación territorial y comunitaria, a través de tareas de consultoría, asistencia técnica, difusión. 5
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Propiamente en el área de investigación, se han llevado a cabo los siguientes proyectos y actividades: • Proyecto de investigación “Nuevos instrumentos de políticas de desarrollo en el Gran Rosario. El desafío de crear una Agencia para el Desarrollo Regional”. Año 2003. Director: Oscar Madoery. • Proyecto de investigación “La formación de actores de desarrollo, desde la perspectiva endógena”. Año 2004. Director: Oscar Madoery. • Programa de Estudios Metropolitanos, dirigido por el Dr. Pedro Pírez, con proyectos sobre servicios públicos y configuración metropolitana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. • Proyecto de investigación “Metodologías de intervención territorial para el desarrollo local en el Partido de San Martín (1999-2005)” a cargo del Mg. Oscar Madoery, en el marco del Proyecto Prioritario de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM “Política y gestión en el Conurbano Bonaerense” dirigido por el Dr. Marcelo Cavarozzi. • Proyecto de investigación “Políticas, agenda y coaliciones en el Municipio de San Martín: El caso de las gestiones Ivoskus (19992006).”, a cargo de la Lic. María Pía Vallarino, en el marco del proyecto “Política y gestión en el Conurbano Bonaerense”. • Desarrollo de tesis de maestría y doctorado de becarios investigadores. • Presentaciones de paneles y ponencias en congresos y seminarios. Particularmente, el CEDeT Rosario participó en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la SAAP en Paraná, Entre Ríos, con un panel propio denominado: “Democracia argentina como escenario de disputa hegemónica”. Varios de los artículos que componen este volumen han sido elaborados justamente para este último Congreso, ámbito que nos sirvió casi de excusa para exponer nuestras inquietudes a la revisión y crítica de colegas y compañeros. Pero recogen largos debates y reflexiones que hemos compartido en el Centro y en las aulas. Las discusiones y los escritos en los que las hemos plasmado tienen, quizás, un origen y denominador común: el inconformismo y la búsqueda. Inconformismo frente a las interpretaciones y discursos hegemónicos en la Ciencia Política actual, que reducen los intercambios y argumentos –y con ellos, el campo de reflexión– a ciertos aspectos de la vida democrática, tales como los mecanismos de funcionamiento, la calidad institucional y 6
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los avatares de la representación y la legitimidad, entre otros que no podemos enumerar pero que responden a un mismo patrón. Y búsqueda de paradigmas alternativos, que nos permitieran enfocar otros procesos, hechos y condicionantes de nuestras democracias del sur, abrir otros interrogantes y a la vez habilitar otras respuestas. Proponemos una línea de investigación que no reduce la democracia netamente a la dimensión institucional y procedimental, sino que recupera la riqueza analítica que aportan los nuevos gobiernos de la región, la participación de actores no estatales y no electorales, los movimientos y organizaciones populares que ponen a luz que los sentidos de la democracia están enmarcados por las disputas de poder de distintos proyectos políticos. A saber, el resurgimiento de tradiciones políticas como la nacionalpopular-democrática busca construir una nueva hegemonía basada, primero, en la ampliación de los derechos efectivos de las mayorías, y luego, en la definición de un renovado frente de disputa. En toda la transición democrática y fundamentalmente en la construcción de hegemonía popular, la calle (la movilización social) se configura como un espacio políticodemocrático relevante, dónde los actores no sólo son movilizados por una racionalidad de intereses sino también por un sistema de creencias plausible de recuperar desde la matriz nacional-popular. En tal sentido, podemos inferir una tensión entre una democracia de privilegios, donde los intereses de las mayorías se subordinan a los poderes corporativos, o una democracia de derechos, donde las necesidades del conjunto de la población –y especialmente de las mayorías populares– son prioritarias. Parafraseando a Ricardo Forster, es el litigio por la igualdad lo que caracteriza hoy los procesos de transformación tanto en nuestro país como en otros países latinoamericanos, y el sentido que asume en nuestros días la lucha por el contenido y los desafíos de la democracia. Como expresa Oscar Madoery, “La política siempre refiere a las prácticas sociales orientadas a producir un orden social y lo político refiere a las condiciones de posibilidad de ese orden, cómo se produce. Es tensión por el ensanchamiento de lo público y la conquista de derechos. Es lucha por el sentido. Por tanto, es cupular, pero también popular. Es deliberación, pero también confrontación. Es ruptura, pero también sutura. Es consenso pero también conflicto. Es conflicto, pero también convivialidad. Es voluntad de poder pero también voluntad de vivir. La política oligárquica tiende 7
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a restringir y legitimar un orden dado. La política democrática tiende a interrogar el poder, entendiendo que solo es posible modificar lo dado si la praxis de interrogación está en manos de sujetos populares. Y éste es precisamente el desafío mayor hacia el futuro, el de sostener y profundizar desde la primacía política, un proceso abierto y contradictorio de corrimiento permanente de los límites de lo posible y lo deseable.” *** La presentación de los artículos que componen esta publicación ha sido ordenada en tres secciones, de acuerdo a los contenidos, temáticas o ejes de discusión que cada uno de ellos plantea. A la primera la hemos denominado “Aportes conceptuales para repensar la democracia argentina”, ya que ella reúne contribuciones en torno a la necesidad de enriquecer las herramientas conceptuales con las cuales abordamos desde las ciencias sociales las reflexiones sobre las características de nuestras democracias, y la voluntad de hacerlo desde una perspectiva situada en nuestro continente, crítica a las matrices de pensamiento desde las cuales se la ha abordado tradicionalmente, pero a la vez propositiva de nuevos lineamientos y perspectivas. El artículo de Oscar Madoery con que comienza, nos interroga acerca de los modos dominantes en que se fueron estructurando las reflexiones en torno a la democracia, al calor de la transición desde la dictadura militar pero con vistas recuperación institucional. Según el autor, en estas deliberaciones se privilegiaron los enfoques institucionalistas en detrimento de aquellos que incorporan en el análisis la dinámica del régimen de acumulación instaurado, que siguió –y sigue– operando como un fuerte condicionamiento democrático. Sin embargo, este debate no se reduce al ámbito académico, sino que puede ser traducido al sistema político, encarnado en “una disputa política entre proyectos opuestos de sociedad, que se diferencian en términos de patrones de acumulación, perfiles institucionales y modelos culturales predominantes y por el rol que asumen los principales protagonistas del sistema social y político”. A partir de este posicionamiento, el autor nos propone reflexionar en torno a diez tesis políticas para el debate democrático, que pretenden superar el estrecho enfoque institucional e iluminar los grandes focos de tensión que atraviesan nuestra vida democrática, los sec8
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tores –pero también los proyectos– políticos en pugna, y el carácter siempre abierto, contingente, inestable, de tales disputas. El artículo de Oscar Madoery y Belén Ordóñez centra su reflexión en las discusiones acerca del Estado, su diferente rol en las sociedades centrales y las periféricas, y su significación histórica en la consolidación de proyectos políticos concretos. A partir de una distinción clásica propuesta por Atilio Borón, proponen una interpretación del Estado como “producto histórico que expresa una relación social, una regulación pública y una representación simbólica”. A continuación, sitúan las reflexiones en el contexto latinoamericano, en el cual la dinámica de mutua constitución y articulación del Estado y la Sociedad Civil ha adquirido características peculiares; y analizan el rol del Estado a lo largo de treinta años de democracia argentina, tensionado entre la consolidación de un orden social de privilegios y excepciones, y la ampliación de márgenes para construir una sociedad de igualdades. Luego, Fabricio Loja nos ofrece un ensayo que propone recuperar las tradiciones nacional populares en las reflexiones sobre la política, la democracia y el Estado. Diferenciándose tanto de quienes encuentran una sustancia autoritaria en las tradiciones nacional populares (que, desde una óptica procedimentalista, habría obturado la consolidación de dinámicas y mecanismos institucionales “auténticamente” democráticos), como de quienes buscan en tales tradiciones una “esencia nacional” y abonan a un tradicionalismo conservador, el autor propone resignificar las tradiciones políticas argentinas desde la matriz nacional popular, que concibe la democracia “como un proceso de integración social mediante la conquista, participación y ocupación de espacios de decisión, sobre los diversos recursos de poder social.” Frente a la corriente liberal republicana que reduce la democracia al formalismo procedimental y exige limitar el poder del Estado sobre la libre iniciativa individual, Fabricio expone otra tradición, que asume como inescindibles la Democracia Social y la Soberanía Popular en la construcción del proyecto político nacional, y donde hay un fuerte peso del factor cultural en la estructuración del devenir político. Y cerramos la primer parte de esta publicación con el aporte de Franca Bonifazzi, quien reflexiona sobre uno de los ejes centrales del proyecto político en marcha, que es el lugar que ocupa la noción de trabajo como 9
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categoría política, comparando la experiencia actual con el gobierno peronista clásico (1943-1955). La autora intenta situar los estudios en torno al trabajo en el marco de la comprensión de los procesos políticos –con sus matices, desafíos y contradicciones– entendiendo que esta perspectiva aporta una riqueza analítica mayor a aquellas centradas sólo en el análisis de las dinámicas de relacionamiento del Estado con el movimiento obrero. Su hipótesis es que los dos períodos analizados “dan cuenta de una nueva perspectiva desde los gobiernos y el Estado hacia la constitución de la forma del trabajo, del mundo del trabajo y de las organizaciones del trabajo en el centro de la política argentina. A saber, se transfigura la problematización sobre la cuestión social hacia el problema del trabajo como un derecho a garantizar”. A diferencia de quienes lo conciben un recurso o factor de importancia fundamentalmente económica, la autora propone recuperar la dimensión política de la noción de trabajo, ya que ello permite vislumbrar las consecuencias del ciclo neoliberal y sus posibilidades de reversión a partir de la revalorización de la política y la democracia desde una perspectiva sustantiva, que pone en el centro de la atención los necesarios procesos de ampliación de derechos. La segunda sección la hemos titulado “Miradas de Coyuntura”. Allí encontrarán análisis que intentan arrojar luz sobre algunos acontecimientos de nuestra historia reciente, realizados desde esta perspectiva que presentamos, y que es la que ha animado nuestro debate y nuestras reflexiones en los distintos ámbitos por los que transitamos. El primero de los artículos que componen esta parte, escrito por Diego Copello, analiza el conflicto desatado en marzo de 2008, a raíz de la propuesta de cambio en el régimen de retenciones agropecuarias hacia un sistema de retenciones móviles plasmado en la Resolución del Ministerio de Economía nº 125/2008. El anuncio de esta medida generó una enérgica reacción de las entidades patronales agropecuarias, reunidas en la “Mesa de Enlace”, que incluyó lockout patronales, bloqueos de rutas, paralización de los transportes, con las lógicas consecuencias de desabastecimiento y alza del precio de los productos alimenticios. Según nos apunta el autor, “la 125” se convirtió en el catalizador de una protesta agraria sin precedentes en el país, en torno a la cual distintos acto10
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res políticos y sociales (desde la ciudadanía hasta los partidos políticos y los sectores del poder económico más concentrado) fueron tomando posición, y que significó un duro golpe al gobierno que recién se iniciaba. Pero, lo más importante, es que las consecuencias de este conflicto, los actores que contribuyó a aglutinar, y los “ánimos destituyentes” que instauró siguen operando en estos días. Porque lo cierto es que el conflicto no se dio “sólo por la captación de una renta extraordinaria, de un excedente económico, sino que terminó disputándose la imposición de una hegemonía que implicaba toda una concepción de la política y un proyecto de país”. Más cercano a estos días, el segundo de los artículos que componen esta sección focaliza su atención en uno de los debates públicos insinuado ya en el anterior, pero desarrollado aquí en profundidad: el que opone a los sectores económicos concentrados vinculados al mercado externo, que bregan por la devaluación de la moneda nacional como estrategia de transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores y valorización financiera del capital, frente a la estrategia gubernamental que propone medidas heterodoxas alternativas a la devaluación drástica. Lejos de toda consideración simplista, Julia Strada y Hernán Lechter sitúan las disputas económicas en el centro de los desafíos democráticos nacionales, ya que se vinculan con aquello que veíamos como la gran ausente de las discusiones en torno a las condiciones de posibilidad (de existencia y también de consolidación) de nuestras democracias; esto es, la definición del tipo de patrón de acumulación dominante, con la relevancia que tiene en cuanto a la generación de riquezas y distribución de excedentes. Desde esta perspectiva, se analizan diversas decisiones de política económica del primer mandato de Cristina Fernández, entendiéndolas como formas de incremento de la autonomía relativa del Estado frente a las fracciones de clase dominante. Y para ello, se recurre también al estudio de la reconstitución del frente devaluacionista en dicho período, con semblanzas a aquella alianza político-social constituida en 2002, que pugnó por la devaluación como salida a la crisis para conformar un nuevo patrón de acumulación excluyente. Pero la razón –y la importancia– de este análisis radica en que el accionar de estos grupos concentrados lejos está de haberse agotado, al contrario, hoy en día seguimos observando con claridad “el deseo de subsumir el poder político a los intereses económicos, a partir de la tentación de devaluar como mecanismo para insertar “competitivi11
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dad” en las fracciones exportadoras y de mayor rentabilidad en el nuevo esquema macroeconómico”, lo que confronta con la voluntad del gobierno de evitar lo que, de realizarse, supondría un duro golpe al bolsillo de los trabajadores. Finalmente, en la tercera sección se analizan algunas políticas públicas, de las muchas que hemos visto implementarse en estos últimos diez años y que merecerían ser también difundidas, analizadas, debatidas y enriquecidas, no menos que aquellas que aquí hemos escogido considerar. Marisol González nos ofrece una exhaustiva revisión de las agendas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) desde el retorno a la democracia, relevando las principales características de las políticas implementadas en el área. La autora estudia las políticas de CTI a partir de una concepción dinámica, donde intervienen actores y agentes públicos –imbuidos de lógicas no sólo diferentes sino a veces contradictorias–, y actores extra-estatales pero con capacidad de incidencia en la conformación de las agendas, tales como movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Y entiende que su evolución ha sido marcada tanto por las distintas circunstancias político-económicas que han signado los gobiernos (de las cuales, la capacidad de financiamiento de tales políticas no es un dato menor), como fundamentalmente por las concepciones político-ideológicas de cada uno de ellos gobiernos, que hizo que durante los años de hegemonía liberal este sector se viera relegado, favoreciendo la iniciativa privada y contribuyendo a crear un mercado privado de ciencia y tecnología. Desde 2003, por el contrario, se han registrado avances importantes en las políticas que buscan intervenir en el área de CTI, se han realizado ejercicios de prospectiva novedosos, se han elaborado planes de mediano plazo que sirven de marco para las acciones específicas a ser implementadas y además, a partir del 2007, nuestro país posee un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), lo que da cuenta de la importancia que el gobierno le asigna al área. Y desde un posicionamiento que refuerza la necesidad de situar los planteos y decisiones de política en el área de ciencia y técnica en el marco de los problemas y urgencias propios de nuestra realidad nacional y regional, Marisol nos alerta acerca de los riesgos de “importar” soluciones pensadas para otros contextos, y nos invita también en este campo, a reinventar 12
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los marcos teóricos en función de los imperativos locales: “En ese sentido –dice– formular teorías autóctonas, que pongan en evidencia las relaciones de poder y puedan situar los fenómenos actuales en perspectiva histórica es un esfuerzo que merece el compromiso intelectual y político. Es, en última instancia, una forma de contribuir a la permanente construcción y consolidación democrática.” A continuación, María Florencia Díaz Rojo y Alejandro Castagno realizan un análisis de la implementación del Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo en la ciudad de Rosario. Reflexionando a partir de las particularidades de la siempre difícil inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo, y de la complejidad aún mayor que esto asume cuando se trata de poblaciones que han sufrido privaciones y desafiliaciones de todo tipo, recorren las principales características de las políticas que se han implementado desde la década del ’90, que es cuando esta problemática se configura como tal y se instala en la agenda pública. Sobre esta base, describen minuciosamente los componentes del Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo, programa desarrollado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y llevado adelante en conjunto con Municipios, Comunas, Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil a largo de todo el territorio Nacional. Y luego centralizan su atención en el caso de la ciudad de Rosario, intentando visualizar las peculiaridades que su implementación asumió aquí, sus problemas de aplicación, sus alcances, logros y limitaciones. Y por último, Erika Beckmann propone retomar los debates en torno a aquello que llamamos “la cuestión social”, su definición, su contenido, y la importancia que tiene esta disputa –siempre abierta– por su sentido en la estructuración de la Política Social. Para pensar este campo de las intervenciones sociales del Estado, propone recuperar algunas de sus nociones fundantes, como son las de trabajo, necesidades y derechos. Luego, sobre esta base, analiza las transformaciones que sufrieron las políticas sociales a partir de la hegemonía neoliberal, que quebraron la lógica y patrones bajo las cuales se habían desarrollado históricamente, y redundaron en una remercantilización de las necesidades (y con ellas, de la vida) y una desuniversalización en su cobertura. Este derrotero comienza a ser revertido a partir del año 2003, cuando empiezan, paulatinamente, a recomponerse las capacidades e iniciativas 13
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sociales del Estado, inaugurando un nuevo período que pondrá énfasis en la necesidad de recomponer los mecanismos de protección social para los sectores más vulnerables, afectados no sólo por la pobreza sino también por la informalidad laboral. En este marco, la autora analiza dos de las medidas más importantes: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y el Plan de Inclusión Previsional, que incorporaron a la Seguridad Social a vastos sectores de la población hasta el momento excluidos, justamente, por haber estado erigidos sus mecanismos sobre una lógica contributiva, y atados a la formalización del trabajo. Sin embargo, la incorporación de la universalidad –o su pretensión– convive con la lógica contributiva y la apelación al trabajo y sus derechos asociados, lo que opera aún hoy –según la autora– como un fuerte condicionante de la financiación y cobertura de la protección social, o al menos un interrogante acerca de su futura evolución. *** Como hemos mencionado, el planteo de este libro es resultado de largas reflexiones que hemos desarrollado fundamentalmente en el CEDeT y en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, institución en la cual nos formamos y por la cual –como estudiantes, graduados o docentes– transitamos cotidianamente. A todos nuestros interlocutores, a nuestros compañeros y alumnos, a nuestros docentes, con quienes hemos intercambiado puntos de vista; y a todos aquellos que con sus comentarios, preguntas u observaciones nos ayudaron a profundizar la reflexión, mejorar nuestros escritos o ahondar nuestras convicciones; a todos ellos y ellas, les queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Y finalmente, queremos agradecer también a la Facultad y a la Universidad, la posibilidad que nos brindaron de editar de esta publicación. Sin su apoyo “La Democracia Argentina como Escenario de Disputa Hegemónica” no hubiera sido posible.
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Diez tesis para una lectura política de la democracia argentina Oscar Madoery 1 Introducción Al inicio del ciclo democrático argentino en 1983, las Ciencias Sociales concentraron su atención en la transición hacia sistemas institucionales estables que pudieran reemplazar los regímenes dictatoriales del pasado. La calidad de las instituciones, el clientelismo, las ciudadanías pasivas o de baja intensidad fueron temas recurrentes al evaluar las condiciones de posibilidad de la democracia. Sin embargo, la focalización institucional pasó por alto la profundización de un régimen de acumulación concentrador y excluyente, durante los años de la dictadura cívico-militar, que ha operado como un fuerte condicionamiento democrático. Ese sesgo ha estado presente en los treinta años de nuestra renovada democracia. Y se traduce en una disputa política entre proyectos opuestos de sociedad, que se diferencian en términos de patrones de acumulación, perfiles institucionales y modelos culturales predominantes y por el rol que asumen los principales protagonistas del sistema social y político. Proyectos que no están plenamente conformados, ni son siempre visibles, sino que expresan construcciones sociales que pueden avanzar no sólo por su fuerza interior, sino también en función de circunstancias de contexto. Que reflejan una tensión abierta entre una democracia de privi-
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Postdoctorado en Ciencia Política (UFRGS). Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Master en Ciencias Sociales, Facultad
Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO). Docente titular de la cátedra “Espacio y Sociedad” y del Seminario “La Economía Social en los Proyectos Políticos Latinoamericanos”, Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Director de la Maestría en Desarrollo Local de la UNSAM y del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT, UNSAM-UNR). aoscarmadoery@gmail.com
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legios, donde los intereses de las mayorías se subordinan a los poderes corporativos, o una democracia de igualdades, donde los derechos y las necesidades del conjunto de la población y especialmente de las mayorías populares son prioritarias. Para avanzar en esta línea argumental, se proponen diez tesis políticas para el debate democrático, que abren caminos interpretativos e invitan a la discusión.
Primera: la noción de orden político como pauta metodológica Las sociedades conforman órdenes políticos, en una amalgama de aspectos económicos, culturales, institucionales, axiológicos, ambientales, etc. Las temporalidades largas van más allá de las coyunturas, y expresan una combinación de variables y dimensiones que no presentan los mismos ritmos y que provocan desenlaces diferentes, cambios en los contextos, climas de época que marcan prioridades y tendencias. Algunas teorías enfatizan una dimensión de lo real como factor explicativo de las capacidades de desarrollo de una sociedad: o son las estructuras económicas, o las reglas institucionales o las pautas culturales las que predominan. Cada uno de esos campos, define un nivel sobre el que se estructura un orden político: un nivel estructural, que remite a las pautas de apropiación/acumulación/distribución social; un nivel institucional que remite a las reglas de juego vigentes y el entorno institucional que regula lo social; y un nivel situacional que remite a las pautas de acción social predominantes en la sociedad. Todas estas categorías ostentan un fuerte potencial analítico, aunque pueden resultar insuficientes tomadas individualmente, porque reconocen un nivel de la organización social condicionando a otros, como señalan, entro otros, Alford y Friedland (1991) y Wallerstein (2003). Como aquí es entendido, el orden político pretende ser una categoría comprehensiva, que atiende las variadas dimensiones de análisis en los que se expresa la realidad social en cada momento histórico y que condicionan el campo de lo posible. Sus pilares básicos tienen que ver con la respuesta a interrogantes sencillos y a la vez profundos: qué hace una sociedad para darse sustento y cómo reparte los frutos de ese esfuerzo; cómo se organiza para vivir colectivamente y para qué se organiza, cuál es su sustrato valórico. Por ejemplo, si un orden favorece la concentración/centralización del capital en contra de la redistribución y la 18
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inclusión social, si la acción pública se basa en negociaciones prebendarias y en intercambio de beneficios económicos y réditos políticos entre grupos (corporativos) y no en la representación y protagonismo de las mayorías junto al respeto de las minorías; si los valores individualistas se impone a los solidarios y el egoísmo triunfa sobre el compromiso y la solidaridad, si el esquema de premios y castigos protege privilegios y genera exclusiones, entonces ese orden político inviabiliza el desarrollo entendido como bienestar del conjunto social. Una lectura de la democracia argentina en base a ese criterio, permite analizar ciclos largos y tiempos (etapas) marcados por alguna especificidad. Por ejemplo, el ciclo neoliberal (1975-2001) comienza en 1975 con medidas de ajuste y persecución política, abarca la dictadura cívico-militar y las primeras décadas de la transición democrática; contiene una etapa republicana (1983 - Circa, 1987), una etapa desreguladora y socialmente desintegradora (1987-2000) y una etapa abismal (2000-2002). Más allá de momentos y fases en lo económico, y de un proceso inestable de reforzamiento institucional, hay una característica más permanente que es una matriz económica concentradora y rentista, de exclusión social creciente, y una matriz cultural signada por descompromisos, egoísmos, censuras, de anulación de la actividad política, de cooptación partidaria por parte de los sectores económicos concentrados. Luego de una fase de transición 2002-2003 que implica la salida de la convertibilidad, se inicia un ciclo nacional-popular y democrático (20032013), que tuvo una etapa de reparación (recuperación económica con empleo e inclusión, 2003-2008), un punto de inflexión en el año 2008 y un nuevo período signado por la tensión política creciente, donde la disputa por la consolidación/profundización de ese proyecto permanece abierta. El nuevo tiempo representa el fin de la valorización financiera como mecanismos prioritario de acumulación, la recuperación de centralidades estatales en el sistema institucional y regulatorio y de movilización política en alza. Aunque permanecen rasgos fuertes del ciclo anterior, como la alta concentración económica, los desequilibrios estructurales, ejemplos recreados de transformismo político, debilidades institucionales, fobias sociales, acciones destituyentes. Los párrafos siguientes profundizan los aspectos señalados. 19
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Segunda: La ilusión de la democracia subordinando al capitalismo No es posible analizar los primeros años de gobiernos democráticos sin considerar los condicionamientos corporativos, a partir de la conformación de un nuevo patrón de acumulación de valorización financiera (Basualdo, 2011), que con desregulaciones, desindustrializaciones y privatizaciones, y un protagonismo creciente del mercado como espacio ordenador de las relaciones económicas fundamentales, se había iniciado en años anteriores y se consolidará en las primeras dos décadas democráticas, hasta estallar en la crisis de 2001. A partir del golpe de 1976, se producirán importantes cambios en nuestro país, dentro de un marco de fuertes transformaciones en el escenario internacional. Las nuevas condiciones de dominación imperantes se caracterizaron por la represión generalizada, constante degradación del nivel de vida popular, desindustrialización y achicamiento del mercado interno, que provocaron graves secuelas en los sectores subordinados, como mayor marginación social y desocupación. El nuevo patrón de acumulación modificó tanto las relaciones técnicas como las relaciones sociales de producción vigentes. Ello implicó importantes cambios en los sectores dominantes, con el advenimiento de un nuevo bloque social, compuesto por las fracciones más concentradas y diversificadas de la burguesía local y extranjera. Ese bloque tenía origen en diferentes etapas históricas: durante la vigencia del modelo agroexportador, durante la sustitución de importaciones, durante la segunda etapa sustitutiva, o durante el ciclo neoliberal; y estaba compuesto por una diversidad de sectores y procedencias: negocios agropecuarios, negocios industriales, inmobiliarios, servicios financieros, capitales nacionales, capitales extranjeros, etc. Pero el dato más relevante es que había logrado diagramar una nueva relación Estado-economía que vinculaba estrechamente el funcionamiento estatal a sus propias necesidades y dinámicas, a través de diferentes esquemas de transferencias públicas: cesión y adjudicación de tierras, mecanismos de promoción industrial, privatizaciones, política de compras públicas, nacionalización de deudas privadas, etc. No obstante ello, su comportamiento fue históricamente paradójico: proclamaban un discurso monetarista, antiestatista, al tiempo de expresar una modalidad de reproducción parasitaria del Estado, y una cultura demandante y especulativa, 20
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rentista y patrimonialista (Madoery, 1990). Tal fusión entre aparato estatal y monopolios económicos disolvió toda supuesta condición moderna de “autonomía relativa” del Estado respecto de fracciones, grupos, clases y sectores que componen la sociedad. La delimitación y el reparto de los mercados entre los grupos, implicaba que organismos públicos y aparatos estatales especializados funcionasen como espacios de realización y puja de intereses privados. El sector público operaba como un enorme espacio de disputa y reparto de parcelas de poder, donde el triunfo sectorial se consagra con el control de una porción del aparato estatal. El clima de época se completaba con un cuestionamiento ideológico a la legitimidad y eficacia estatal, y la presentación del déficit público como máximo responsable de los problemas que atravesaba la sociedad. Esta oleada neoliberal antiestatista, amplificada desde los medios de comunicación, logró penetrar en partidos políticos y en organizaciones sindicales, sintetizando un criterio predominante durante toda la transición democrática: cualquier reforma tendiente a garantizar mayor eficiencia en la economía argentina, pasaba por la reducción del rol del Estado. El gobierno radical inicia su gestión en 1983, con ciertos límites de apreciación respecto del papel de los sectores más concentrados de la economía, los medios de comunicación, las cúpulas empresariales, sindicales, clericales, militares, etc. Luego de la oscura noche militar, probablemente ningún sector político contaba con un diagnóstico adecuado de la situación real del Estado y la sociedad. La necesaria priorización en temas institucionales, no resultaba suficiente para disciplinar a actores de poder sin disposición a aceptar reglas de juego no impuestas por ellos mismos. Sin embargo, la relación que se establece con el bloque de poder económico/corporativo/comunicacional ofrece un cauce explicativo respecto de los condicionamientos de los gobiernos democráticos y de su disposición a confrontar para establecer nuevas bases democráticas y sociales. Toda la gestión radical estuvo envuelta en una tensión: la disputa entre el “interés general”, apriorísticamente situado en las instituciones de la república y los intereses autoritarios que se expresaban en diferentes grupos y corporaciones. La gran tarea reparadora abriría el tránsito desde una Argentina corporativa y autoritaria hacia otra democrática y pluralista. Pero en la Argentina post-dictadura, los intereses sectoriales no solo estaban situados a nivel de corporaciones sectoriales, sino enquistados en un Estado coop21
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tado por las fracciones más concentradas del capital, por los llamados poderes fácticos. Y ésta sigue siendo una de las principales tensiones de la democracia argentina. La relación del gobierno radical con el “nuevo poder económico” transitó por diferentes momentos: desde diciembre de 1983 hasta el Plan Austral (junio, 1985), hubo un período de autonomía declamada. La gestión económica de Bernardo Grinspun, intentó priorizar la distribución del ingreso y endureció la posición argentina en relación a la deuda externa. Su intento de aumentar los salarios reales tuvo una inmediata respuesta de estos grupos a través de una escalada inflacionaria, favorecida por una estructura monopólica en los principales mercados. El gobierno impulsó negociaciones patronales con cámaras empresarias (CAME, UIA), que no necesariamente expresaban el sentir de estos grupos, y que no dieron mayores frutos. Entre el Plan Austral y el Plan Primavera (setiembre de 1988), predominaron políticas acordadas. El gobierno viró su énfasis en la distribución hacia el problema de la acumulación de capitales. El nuevo equipo económico diseñó un modelo de modernización económica que contemplaba a estos grupos como la fracción más dinámica de la burguesía. Así, pretendió situar un espacio de negociación política con estos sectores (el Grupo María) y acordó una serie de políticas con los llamados Capitanes de la Industria: Plan Houston, integración con Brasil, primeras privatizaciones, compras del estado. Comienza a plantearse la necesidad de una reforma del Estado, basada en criterios de modernización, privatización y desregulación, abonando la idea de una “quiebra virtual del estado”, traducido en déficit público, exiguas reservas en el Banco Central, virtual cesación de pagos ante organismos internacionales, dificultades de recaudación impositiva, etc. Pero esto era visto predominantemente como un problema contable, más que como el emergente de un esquema de poder conformado a través de un conjunto de ramificaciones radiales con eje en el aparato estatal. Ello quedó plasmado en un proceso que no pretendió revertir esa situación de poder, sino ordenarla, legitimarla. De allí en adelante, hasta inicios del año 1989, se da un período de tensión entre el gobierno y el bloque de poder que se traduce en el fracaso 22
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de todo intento por detener la inflación y la imposibilidad de sentar las bases de un proceso de inversión y crecimiento económico. El gobierno apuesta a la apertura económica como un intento de limitar la capacidad de esos grupos para la fijación de precios internos. Se adoptan de los criterios de “ajuste estructural” sugeridos por los organismos financieros internacionales, en una fase ya de consagrado neoliberalismo, que generó un nuevo esquema de transferencias hacia los grupos económicos: capitalización de la deuda, modificaciones en la política de Compre nacional, Ley de Promoción Industrial; impulso a las privatizaciones de ENTEL, Aerolíneas Argentinas, donde los acuerdos primarios fueron con capitales extranjeros. La imposibilidad del gobierno de neutralizar el accionar de los sectores más concentrados, culminó en hiperinflación, estallidos sociales, saqueos, y adelantamiento del traspaso presidencial.
Tercera: La capitulación del Estado social y de la sociedad organizada Basualdo (2011:71) ofrece una interpretación de la crisis hiperinflacionaria de 1989 que resulta muy clara para entender la disputa real de poder. El bloque que sustentaba la valorización financiera estaba integrado por los grupos económicos locales (GE), los conglomerados de empresas extranjeras (EE) y los acreedores externos (AE). El problema que se presentaba era que el orden emergente favorecía a GE y EE y relegaba a los AE. Estos últimos estaban postergados por las dificultades de pago de los compromisos externos por parte del gobierno nacional, que en 1988 declaró la moratoria de la deuda. Una serie de cambios de contexto en el gobierno de los Estados Unidos (el paso de Reagan a Bush) y en los principales organismos internacionales vinculados al tema de la deuda externa (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), permitieron orientar dos reclamos centrales: la normalización de los pagos y las reformas estructurales en los países deudores. Entre las distintas fracciones de capital de Argentina, gana consenso la idea de avanzar por los activos del Estado para establecer un nuevo equilibrio dentro del bloque de poder. Ello implicaba varias cosas: privatizar las áreas y empresas controladas por el Estado; modificar drásticamente la relación capital-trabajo, ya no solo con disminuciones de salarios, sino 23
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con desocupación; y homogeneizar un sistema bipartidista que convalidara e instrumentara estas políticas; los dos partidos centrales que conforman el sistema político se incorporan a la órbita de los sectores dominantes, descabezando, de esta manera, al resto de los sectores sociales (transformismo político) (Basualdo, 2011:73 y ss). La comunidad de negocios se amparaba en una mutua necesidad: los GE reconociendo la mayor capacidad económica y financiera de los agentes externos, y éstos reconociendo el mayor conocimiento local y la alta capacidad de penetración en las políticas públicas por parte de los GE (Ibidem, pág. 83). Durante los años de Menem continuaron los tradicionales esquemas de transferencia hacia el capital concentrado y surgieron nuevas variantes ligadas a los activos públicos. Y la convertibilidad monetaria supuso la necesidad de obtener superávit presupuestario o de buscar fuentes alternativas de financiamiento, para hacer frente a los compromisos de la deuda pública, aumentado aún más el endeudamiento. Estos factores influyeron en el aumento de la tasa de interés, disminuyendo la competitividad de la actividad productiva. Lo mismo ocurrió con la política tributaria, que pasó a tener un comportamiento procíclico, ya que la estructura tributaria se encontraba estrechamente ligada al nivel de actividad económica, por la importancia relativa del IVA. Esto ocurrió en el año 1995 y desde el año 1998 hasta 2001. Por su parte, los flujos financieros ingresados (excepto los destinados a adquisición de empresas públicas privatizadas y mercados cautivos) se caracterizaron por su alta volatilidad (naturaleza cortoplacista), emigrando ante variaciones al alza de la tasa de interés internacional, como ocurrió en 1994. Argentina no implementó instrumentos de monitoreo, control o reaseguro sobre los movimientos de capitales internacionales, aumentando su vulnerabilidad ante presiones especulativas, y aumentado consecuentemente el “riesgo país” y la dependencia de los organismos financieros internacionales. El resultado fue la pérdida de capacidad autónoma para definir nuestras propias políticas financieras (Cafiero, 1995:120). Otro aspecto importante de la valorización financiera tuvo que ver con la resignación del ahorro interno. Como gran parte de la operatoria del sistema financiero en la Convertibilidad se encontraba desregulada, existía libertad absoluta de cambiar pesos por monedas extranjeras y no existía ningún tipo de barrera al ingreso y salida de capitales. De este modo, la 24
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política financiera perdió autonomía, ya que una porción del ahorro de la sociedad se encontraba fuera del control de las autoridades. El ahorro interno pasó a tener un comportamiento similar a los flujos financieros externos, de naturaleza especulativa. A su vez, la cada vez más desigual distribución de los ingresos agravó el déficit fiscal, por el lado de la baja recaudación impositiva, ya que los sectores de ingresos altos y concentrados presentaron capacidad de “eludir” la presión impositiva(a través de la utilización de regímenes especiales de desgravación y, algunos sofisticados, de diferimiento impositivo que tuvieron permitido, ó vía la remisión de utilidades al exterior y eventualmente su regreso al país por medio de aplicaciones financieras y bursátiles exentas de impuestos), al tiempo que los sectores más castigados por la recesión/depresión reinante pagaron impuestos no eludibles, como el IVA o los aportes sociales. El déficit fiscal, a su vez, potenciaba la desigualdad de ingreso obligando a ajustes permanentes que operaban sobre la economía interna en la forma de reducción de salarios, menores jubilaciones. Se creó así un círculo vicioso, con efecto “redistributivo concentrador adicional”, produciendo una pérdida de ingresos de la clase media y de los sectores bajos respecto del nivel superior de ingresos y de los bajos respecto a los sectores medios. Todos estos condicionantes se enmarcan en un contexto donde la dependencia financiera había tomado una relevancia significativa respecto de los demás factores de crecimiento. Ante la crisis fiscal, Argentina respondió con mecanismos de anulación de Estado, de pérdida de soberanías instrumentales: la desregulación significó pérdida de capacidad de control de sectores y empresas; las privatizaciones, pérdida de instrumentos de producción y circulación de bienes y servicios; con la política tributaria se perdió capacidad de intervención anti-cíclica en la economía; la política financiera desregulada incentivó la fuga de capitales y la pérdida de autonomía financiera, la volatilidad de los depósitos y el riesgo país, la política previsional privatizada representó un fuerte desfinanciamiento del Estado y la política de endeudamiento discrecional, el abuso especulativo de los sectores más concentrados de la economía. Las consecuencias fueron evidentes: ante el estrangulamiento de la capacidad de pago caímos en default, con la política de ajustes se favoreció la recesión, la política financiera descontrolada devino en el corralito; la 25
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estructura impositiva favoreció la concentración del capital. La devaluación - pesificación, mantuvo inicialmente el predominio de la lógica financiera y la subordinación corporativa del Estado, ya que se trató de un cambio de precios relativos sin los reaseguros redistributivos, compensadores. Por lo tanto, aumentó la brecha social. El Estado argentino y sus instituciones dejaron de ser espacios de realización social, porque carecían de cobertura y contención para amplios sectores de la sociedad que habían quedado fuera del alcance de la acción pública, a merced de sus posibilidades. Pero como un rasgo endémico de un capitalismo tardío, periférico y rentista, seguían siendo espacios asignadores de recursos para los sectores más concentrados del capital, que obtenían sus ganancias extraordinarias de reglas de juego generadas y garantizadas por la acción de los gobiernos. La rentabilidad de los ganadores venía de la mano de valorización financiera o de mercados cautivos, no de la competencia en el mercado, mientras, la liturgia de la competitividad operaba como dogma. El ciclo neoliberal también significó la consolidación de un modelo hegemónico de transformismo político, traducido en cooptación del sistema político e institucional, el reemplazo del militante por el operador político, y la internalización de pautas individualistas en el conjunto social.
Cuarta: La crisis como modo de resolución de disputas sociales Argentina inicia el siglo XXI de un modo turbulento, con una crisis económica de una profundidad inédita en nuestra historia y una situación social desesperante. Institucionalmente, la democracia estaba sometida a una prueba de estabilidad y fortaleza. En la base de toda esa situación, lo que estaba colapsando era un modelo de fundamentalismo especulativo y sociedad de exclusión. Un ciclo histórico que alteró el sentido mismo de la vida, reemplazó el valor del trabajo por la especulación, el valor de la solidaridad, por el egoísmo y el descompromiso; el sentido de ascenso e inclusión social, por la exclusión/marginación social creciente. La retirada de la presencia activa del Estado en la economía no había generado homogeneidades sino, por el contrario, fuertes desequilibrios sociales y territoriales. Se debilitó aquel rol fundacional de compensador de asimetrías y progresivamente se debilitó su papel distribuidor que se 26
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había consolidado desde mediados del siglo XX. Los cambios en la estructura productiva se tradujeron en una fuerte concentración y centralización de actividades económicas y en la pérdida de peso relativo de aquellos sectores de empresas que, en principio, presentaban una fuerte vinculación con los territorios sub-nacionales donde desplegaban su actividad y generaban empleo, como las pymes de propiedad y gestión familiar, y las empresas públicas nacionales. Las reformas estructurales de los años noventa provocaron un incremento de la desocupación abierta y la precariedad del empleo, así como un evidente aumento de dificultades distributivas. Y al generalizarse políticas de desregulación y de flexibilización laboral, se produjo un notable incremento de la economía informal y de la economía de subsistencia en un contexto de marcada exclusión social y falta de equidad. Entonces, el ciclo de valorización financiera (1976-2001) culmina con alto endeudamiento y fuga de capitales, una sociedad pauperizada y un sistema político cooptado y deshilachado. Es un período de aumento de la lucha social, de movilizaciones sociales crecientes, de los desocupados y marginados, de las organizaciones barriales, de las agrupaciones políticas, de los afectados por el “corralito”; la calle se erige en un espacio relevante de vitalidad democrática. Pero también es un tiempo de disputas entre fracciones del capital (los grupos económicos nacionales, las empresas extranjeras y los organismos internacionales), para definir un nuevo modelo de acumulación y una forma hegemónica. Es decir que la crisis orgánica (2001) fue resistida fundamentalmente por la movilización social y sostenida en un régimen político deshilachado. Pero también tiene que ser leído como un escenario de puja intra-hegemónica en el bloque dominante, y pensar en aquellos aspectos de la crisis que han sido provocados para generar reacomodamientos económicos y condicionamientos al sistema político, habida cuenta que el capitalismo históricamente recurre a crisis como fin de un ciclo y modo de resolución de disputas sociales. Basualdo (2011:128) señala la diferencia entre ejercer el predominio económico (que implica mayor rentabilidad) y detentar hegemonía que obedece a un alto grado de concentración en empresas controladas y vinculadas, al tiempo de representar el núcleo del trabajo formal y los salarios más elevados, más el hecho de tener incidencia política y control 27
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mediático. Si a partir de 1980 se había consolidado la valorización financiera, un nuevo salto en la rentabilidad de grupos nacionales se había producido entre 1984 y 1988, que aún era menor que la de las empresas públicas, aunque mayor que la de las extranjeras que repatriaban ganancias. Por tanto, los grupos económicos nacionales no ejercían aun el predominio en forma directa en el núcleo empresario; lo logran entre 1990 y 1995 (hegemonía política más predominio económico). Luego, durante el período 1995-2000, se produce una meteórica caída de las ventas de los GE, que resignan liderazgo económico en manos de empresas extranjeras, por disminución de sus empresas vinculadas y controladas. Pero ello obedeció a una transferencia de activos para obtener renta financiera, con significativas ganancias patrimoniales y remisión al exterior y una mayor concentración de sus empresas en actividades primarias. Tal “resignación” económica no significó debilitamiento de su hegemonía política, por el contrario, los primeros gobiernos de la post convertibilidad representaron un reacomodamiento de fuerzas políticas que garantizaran el predominio de los grupos dominantes. Se inicia un nuevo ciclo en el que los ganadores del nuevo escenario económico y social (los grupos económicos nacionales), apoyan un tiempo político de reconstrucción de la trama institucional y de cierta reconstitución del tejido social lascerado. Este esquema transitó por el primer período post-convertibilidad y apoyó en inicio de lo que se consideraba un nuevo ciclo institucional, basado en una política económica de crecimiento con inclusión moderada. Tal esquema iba a tensionar paulatinamente con un nuevo espacio político social que emergía de esas circunstancias, aunque aspiraba a correr las fronteras del cambio social.
Quinta: El trabajo como centro de un nuevo proyecto Desde mediados de la década del cuarenta hasta mediados de los setenta del siglo pasado operó, con matices según períodos, un modelo de fuerte inclusión social a través de la promoción del crecimiento y el bienestar social. Aquel orden social utilizaba los pactos y acuerdos políticos entre actores corporativos y centralizados, como instrumento de regulación del 28
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conflicto; la distribución del ingreso y la política social expansiva como medios de dignificación social; la acción del Estado como herramienta de dinamización económica; y la sustitución de importaciones como pauta de industrialización. Un modelo de desarrollo construido sobre una particular articulación de Estado protector, economía regulada y sociedad menos desequilibrada. Predominaba una lógica productiva, existía (de hecho y, a veces, de manera expresa) una alianza corporativa entre burguesía nacional y asalariados, debido a que el proceso de acumulación de capital estaba vinculado a la expansión del mercado interno y convertía al salario en factor de demanda, al menos para los sectores de la entonces llamada “burguesía nacional”. El orden social emergente de la dictadura iniciada en 1976 limitó el accionar del Estado, que secuencialmente fue afectando las políticas redistributivas (salud, educación, asistencia social, promociones, subsidios), los niveles de inversión pública, los activos estatales a partir de las privatizaciones, los salarios públicos, culminando con la eliminación de la contención social más elemental. Ello profundizó paralelamente la crisis del Estado como gestor social y aumentaba la desconfianza ciudadana en la capacidad pública para responder eficazmente a sus demandas. Con el nuevo mapa de poder se rompía una alianza social y un determinado consenso económico. Se terminaba un modelo en las relaciones estado/sociedad que supo estar en condiciones de garantizar certezas a la población: certeza del empleo, certeza de la protección social, certeza de la cobertura sindical. El nuevo orden social se estructuró sobre la base de una subordinación de la política al poder económico concentrado y el rol protagónico del mercado impuso una comprensión de los individuos en tanto consumidores desarticulados, volcados al ámbito privado, antes que como ciudadanos. Esto es lo que intenta modificarse en 1983, con las consecuencias ya señaladas y que se retoma veinte años después, representando el mayor cambio cualitativo de la nueva experiencia de gobierno. Se comienza a transitar el camino de una sociedad basada en el conocimiento y el trabajo, por ende inclusiva, y formulada como alternativa civilizatoria a la sociedad del mercado (Godio, 2007). A partir de 2003, se inicia un nuevo ciclo que revierte la lógica del ajuste estructural de la economía y la sociedad argentina. Las bases iniciales del nuevo modelo estuvieron dadas por un tipo de cambio alto, la preemi29
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nencia de actividades basadas principalmente en la explotación de recursos naturales y en la exportación de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Asimismo, se produce una fuerte recuperación de la actividad industrial que sustituye importaciones de la mano de la utilización de la capacidad instalada y, en menor medida, de nuevas inversiones. La evolución del empleo y de las remuneraciones indujo a una importante reducción de los índices de pobreza e indigencia y la elasticidad empleo-producto promedio en estos años alcanzó niveles altos que no se habían dado en otras fases expansivas (Kosacoff y otros, 2007). El cambio de ciclo permitió la re-dinamización de actividades productivas capital intensivo y actividades mano de obra intensiva, aunque con dosis duraderas de informalidad en el empleo generado y dificultades de empleabilidad de trabajadores que habían perdido capacidad profesional. Además, el proceso se fue dando con persistencia de bolsones de exclusión y brechas de bienestar entre diferentes sectores sociales. El renovado clima económico y social permitió una recuperación del valor del trabajo y una reducción de la incertidumbre que enfrentaban los empleadores respecto del sostenimiento del proceso económico. También un incipiente proceso de recuperación de la autoestima colectiva que resultaba una plataforma adecuada para la reversión sustantiva de un ciclo histórico de más de dos décadas de decadencia económica, institucional y social. Uno de los mayores logros de la experiencia de gobierno iniciada en el año 2003, es el claro rol asignado al trabajo en la estrategia país. Argentina inicia un proceso de mayor protección a los trabajadores, y el Estado vuelve a hacerse presente a través del reforzamiento de la legislación laboral y de implementación de políticas del mercado de trabajo. Se vuelve a vincular el trabajo con la producción, algo que el ciclo de fundamentalismo del capital había lesionado fuertemente. La experiencia del 2003 al 2009 muestra que las políticas activas de empleo presentaron secuencias acumulativas: así como en el año 2003, la prioridad fue atender los efectos más inmediatos de la crisis en un escenario de emergencia social, transfiriendo ingresos a desocupados, a partir del año 2004 y fundamentalmente desde el año 2006, las políticas se enfocaron hacia la calificación y la calidad del empleo, en una estrategia enfocada en articular sectorial y territorialmente las políticas activas de empleo. En el período 2008-2009, la prioridad pasa a ser compensar efectos de la 30
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crisis internacional, por un lado y en generar oportunidades de inclusión laboral y social de los jóvenes, por el otro. De este modo, las políticas han ido mutando paulatinamente de un contenido asistencial-social a uno de inserción laboral y productiva, en una secuencia acumulativa que implica que en cada etapa se asume un nuevo desafío, manteniendo las actuaciones que se venían desplegando. La estrategia ha sido de saltos cualitativos en los programas y no de cambios de rumbo; y ello es propio de una experiencia que se construye desde la misma práctica comprometida, en un proceso gradual de mejora y profundización de la política de empleo. En todo ese transitar hubo políticas generalistas, propias de un escenario de emergencia social, como fue el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Luego, a medida que la situación económica y social del país iba mejorando, la estrategia se fue orientando a políticas de focalización, un cambio que empieza con el Seguro de Capacitación y Empleo y se consolida con el Programa Jóvenes. La praxis se fue construyendo con permanentes incorporaciones de nuevos objetivos, sosteniendo una combinación de dinamismo productivo + institucionalidad laboral + protección social (Novick y otros, 2007), como los pilares que estructuran toda la política del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde el año 2003 a la fecha. Para ello se utilizaron políticas universales y específicas, sectoriales y territoriales, pasivas y activas; en un tránsito de la contención a la capacitación de las personas, de la cantidad a la calidad del empleo, del acompañamiento al compromiso de sindicatos, empresas, universidades y gobiernos municipales y provinciales. Las políticas implementadas presentan un alto valor situacional, en términos de su permanente correspondencia con la realidad económica y social argentina. Ello permitió responder a las sucesivas coyunturas de emergencia social, expansión productiva y crisis global. La experiencia se destaca por los diversos criterios de articulación de políticas utilizados: combinación de iniciativas pasivas y activas de empleo, de estrategias sectoriales y territoriales, de programas universales y focales, de formación en competencias básicas y específicas; de coordinación con actores públicos y privados. De este modo, queda en claro la concepción predominante respecto del empleo y el trabajo: el empleo como un fenómeno social impulsor de creación de riqueza en una sociedad, proveedor de ingresos para las personas e instrumento de progreso social y no solo como una relación salarial 31
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(Méda, 2007); y el trabajo como un factor de inclusión, dador de identidad y de ciudadanía (Tomada, 2007). Pero el año 2008 representó un cambio de tendencia, debido al escenario de crisis internacional. Una serie de medidas contra-cíclicas impulsadas por el gobierno argentino, permitieron atenuar esos efectos y colocaron el sistema económico en condiciones de rápida reacción ante cambios de contexto. Pero el nuevo tiempo histórico va a exponer con claridad que los desafíos pendientes no eran estrictamente de crecimiento económico, que es un requisito indispensable para el desarrollo aunque no suficiente, sino de una praxis política capaz de integrar lo económico, con lo social y lo laboral, para promover un esquema que permita el pleno despliegue de las capacidades de las personas y una posibilidad de vida buena para el conjunto de la población.
Sexta: El modo hegemónico oligárquico detrás de la economía neoliberal Si algo logró consagrar el fundamentalismo del capital reinante en las últimas décadas del siglo XX en nuestro país, fue la ideología del dominio del mercado mundial, que termina reduciendo la globalización a una dimensión unidimensional (la económica), que desvincula el espacio de la política y el espacio del mercado. La economía separada de los contextos político-institucionales y socio-culturales donde opera, como una variable independiente y anterior al resto de las dimensiones sociales. Sobre esa base se han fundamentado históricamente tanto las creencias en recetas económicas universalmente válidas, como enfoques de derrame que entienden que lo importante es garantizar el funcionamiento económico más allá de sus consecuencias sociales y laborales. La diferencia entre el inicio del período democrático y el comienzo del siglo XXI, estuvo dada en que durante muchos años el campo popular se mantuvo disgregado y no lograba consolidarse en el plano democrático, ya que las fuerzas políticas mayoritarias aparecían cooptadas por expresiones neoliberales y/o conservadoras. Hoy, el escenario de lucha es desde la movilización social, la decisión estatal y el acompañamiento de países vecinos. La innovación histórica que expresa el proyecto inaugurado en 2003 en el escenario político argentino, fue la de recuperar toda la fuerza nacional-popular del peronismo con sus banderas de inclusión, 32
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autodeterminación, movilización social y manifestación callejera, al tiempo de poner en vigencia banderas que también supo enarbolar el progresismo más sincero, como los derechos humanos y el reconocimiento de las diversidades. En ese camino, la política democrática fue adquiriendo una amplitud de sentidos y de espacios a partir de múltiples expresiones: la sociedad civil, las organizaciones, la calle, convertidas en escenarios de pluralismo, de diversidad de voces, de emisión de significados. Lo político pasó claramente a expresarse más allá del régimen de gobierno, en los sistemas de mediaciones entre sociedad civil y estado, en el conjunto de las relaciones sociales. Lechner (2002) solía hablar de la importancia de los estados de ánimo colectivos en los desafíos políticos que una sociedad se plantea. Si hay crecimiento, si hay trabajo, si hay expectativas, amplios sectores sociales se prestan a dar pasos ambiciosos, impensables en otra coyunturas. Pero en la arena política existe una dialéctica de lo plural y lo binario (Mocca, 2012), donde lo diverso sintetiza en tensiones centrales y lo político gana primacía. No se trata de reducir la complejidad de lo real a una lógica binaria, sino de establecer la forma predominante que adquiere la lucha inter-hegemónica. Los sectores populares, para poder avanzar en la consolidación de sus derechos, suelen canalizar múltiples demandas en términos de opuestos: Braden o Perón, oligarquía-pueblo, poder popularpoder corporativo. Fórmulas que expresan la contradicción fundamental en ese momento histórico, que visibilizan y condensan la lucha política. En términos de Laclau (2013), es cuando el principio de autonomía de las demandas, se conjuga con el principio de hegemonía, de dirección cultural de la sociedad y conducción política. Todo ello apoyado en una nueva base material que permita una redistribución equitativa de los frutos del esfuerzo social. Esto es lo que está nuevamente en discusión en la democracia argentina contemporánea. ¿Está derrotado el proyecto neoliberal? Lejos de cualquier exitismo provocado por un clima de época de resistencia social a esas ideas, cabe recordar que el neoliberalismo es mucho más que una receta económica, por lo que no se agota con el fin de la valorización financiera. Es una concepción del mundo y de la vida que fomenta todas las variantes de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), y que profundiza la polarización social. Si bien su espacio social predominante es el mercado, su superación no 33
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se da sólo a través de programas económicos; ya que representa una ideología de dominación (Hinkelammert y Mora, 2009), donde el conflicto social sólo existe en la realidad como desviación, como anomalía atribuible a la falta de diálogo, a la intolerancia, al autoritarismo. Es la expresión avanzada de un modo hegemónico oligárquico (Kempf, 2013), de anulación del juego político y de vaciamiento de sentido de la democracia, acotada solo al juego electoral, la alternancia de gobierno y el estado de derecho, que se traduce en cooptación del sistema político e institucional. Esto es lo que permanece como proyecto, como sentido social que penetra diferentes capas sociales, que se atrinchera en corporaciones económicas, periodísticas, judiciales, gremiales, académicas, religiosas, en organizaciones de la sociedad civil, en redes sociales y se multiplica en voces anónimas.
Séptima: Espacios políticos y proyectos en disputa El proyecto oligárquico-liberal, expresa una matriz de pensamiento/acción que considera incuestionable la primacía de la economía global sobre las políticas territoriales. Desarrollarse es generar condiciones de progreso para que la población alcance un ideal deseado de sociedad que no se cuestiona en sus fundamentos, que es tendencialmente homogénea, que está basada en un modelo civilizatorio único, globalizado. Representa una noción mistificada del desarrollo: las sociedades evolucionan en un proceso de remoción de obstáculos o de adquisición de atributos modernos, y el dilema es metodológico, de cómo recorrer ese camino y no necesariamente político, de opciones diferentes o contrarias de sociedad. Se piensa en función de procesos lógicos contemporáneos, para analizar la realidad latinoamericana en función de cercanía o desviaciones de esos procesos2. El cambio social se da predominantemente (aunque no exclusivamente) sobre la base de continuidades, de cambio pautado, de negociaciones y consensos sociales, en una interpretación agregativa de la sociedad. Las
2 Por ejemplo, esto ocurre con los sistemas económicos latinoamericanos, considerados como pre-capitalismo, semi-capitalismo ó
capitalismo periférico, ya que no logran ser de capitalismo pleno, entre otros factores, por contener estructuras productivas precarias, o poco diversificadas o con déficit competitivos.
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relaciones sociales son entendidas prioritariamente como diálogo o convivencia, aunque en un sentido de convergencia de intereses. El conflicto es una anomalía social, no un modo inherente de relaciones sociales. El proyecto popular parte de una concepción de primacía política, descree de la línea de modernización y entiende que las razones de la diferenciación social son históricas e implican una relación de dominación y sometimiento de unos a otros. La sociedad está constituida sobre la base de relaciones desiguales de poder y la lucha política es por imponer un interés particular sobre el conjunto social. La organización social es predominantemente tensionada, porque los hombres son seres interesados y la evolución de las sociedades se da fundamentalmente sobre la base de conflictos, de rupturas, de triunfos y derrotas sociales. Piensa en términos de heterogeneidad estructural de las sociedades y en un sujeto fracturado (no pleno), que son los pueblos originarios, los “condenados”, los movimientos sociales, los trabajadores, los “otros”. Y si se postula la expansión de las subjetividades, de los niveles de concientización de personas y grupos, es porque pone en el centro del desarrollo a los sujetos, no a las estructuras. Piensa en términos de diversidad de mundos, de pluri-verso de identidades (locales, regionales, nacionales) con temporalidades, subjetividades y producciones alternativas. Necesariamente cuestiona los pilares sobre los que se asienta el sistema global y el condicionamiento que provoca en las sociedades nacionales y locales. Por ende, el fortalecimiento democrático se produce desde la política, con la identificación de un renovado frente de disputa hegemónica: poder popular o poder corporativo. Democracia popular o democracia de privilegios como horizonte de sentido; la democracia es el escenario del litigio entre una sociedad de privilegios (por ende, para minorías) o una sociedad de derechos (de mayorías). En ello confronta con la sociedad corporativa, que es una herencia de la matriz neoliberal; y entiende que las corporaciones de privilegios no son sólo económicas, también sindicales, judiciales, comunicacionales, policiales, etc. A lo largo de 30 años de democracia, los dueños de medios de comunicación, los sectores oligárquicos, los grupos económicos concentrados, sectores de las fuerzas armadas y de seguridad, sectores de la cúpula eclesiástica, algunos jueces y cierta oposición política, se han expresado preferentemente en los recintos, en los espacios reservados. Por su parte, los 35
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organismos de derechos humanos, los movimientos sociales, las organizaciones obreras, las organizaciones juveniles, los gobiernos con fuerte apoyo popular, ciertos sectores del poder judicial, grupos minoritarios de la Iglesia, se han expresado preferentemente en las calles, en los espacios públicos. En la búsqueda por la construcción de hegemonía popular, los espacios abiertos se configuran como ámbitos democráticos relevantes. Pero el proyecto popular presenta límites y cuestiones pendientes. Si bien recupera la relación virtuosa entre trabajo, inclusión y educación, no logra perforar el núcleo duro de pobreza y marginación ni limitar la acumulación concentrada en la cúpula empresarial. Tampoco resuelve tendencias neo-extractivistas que se presentan en los proyectos de desarrollo de Sudamérica, en lo que va del siglo XXI, por citar sólo unos ejemplos. En síntesis, hoy cotejan en el imaginario y la realidad nacional dos proyectos (con toda su carga de variaciones y contradicciones internas), apoyados en sus respectivos bloques de poder que los sustentan. Son dos modos opuestos de significar la democracia, y como fue expresado en párrafos anteriores, no se trata de reducir complejidades a una opción binaria, sino de remarcar los rasgos predominantes que adquiere la disputa hegemónica. El modo oligárquico es de acumulación por desposesión, en su sentido más integral adaptable a diferentes coyunturas. Esto incluye desde prácticas extractivistas, desplazamientos de poblaciones rurales, traspaso de activos públicos a sectores corporativos, valorización financiera, trabajo precario e informal, subsidios públicos, mercados protegidos de la competencia, circuitos ilegales, etc. Presenta un sesgo de instituciones cooptadas, a partir de procesos sedimentados de control de parcelas institucionales públicas; interpreta la democracia como funcionamiento formal y previsible de las formas republicanas; su matriz cultural es restauradora, individualista y desintegradora de lazos sociales; y ofrece una concepción de la política permanentemente sospechada de corrupción y contaminación de lo social. El modo popular es de acumulación productivista, que refuerza el vínculo entre producción y empleo, aunque presenta aún una fuerte apoyatura en el expansionismo sojero y prácticas extractivas en minería y petróleo. Enfatiza la reconstrucción institucional, recuperando roles del Estado, apoyando medidas de gobierno en leyes. Como expresa una concepción democrática de litigio por ampliar los horizontes de igualdades sociales, suele provocar ciertos “temblores” en las pautas de funcionamiento repu36
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blicano. Adeuda mayor claridad en su apuesta a la articulación entre escalas estatales: federal, provincial y local. Fomenta una cultura social integradora, de compromiso con el “otro”. Su concepción de la política es constructiva, de herramienta para la vida, de experiencia de concientización y horizonte de transformación liberacionista.
Octava: El rol del Estado en la consolidación de un proyecto hegemónico3 Todo proyecto hegemónico se plasma en el Estado, que condensa una matriz de poder en un momento determinado, que cristaliza en reglas de juego institucionales y que construye realidad a través de acciones de gobierno en interacción (armónica o conflictiva) con la sociedad. El neoliberalismo nunca prescindió del Estado, sino que ha sido pilar en su construcción hegemónica: como garante de privilegios y transferencia de recursos públicos a manos privadas. También es pilar en la construcción de una hegemonía popular alternativa, como responsable de la ampliación de derechos, de la recuperación de soberanías instrumentales, de una mayor conexión entre sociedad política y sociedad civil, de fijar horizontes de expectativas y otorgar sentido colectivo de construcción política. La idea de Estado integral, defendida en ámbitos académicos y políticos, rompe con la separación moderna Estado y sociedad, que es hija del contrato social. Amplía lo público en su diversidad, promueve el paso de lo estatal a lo público, y se expresa en numerosas prácticas transformadoras. Aunque requiere algunas precisiones que permitan ver lo estatal más allá de la escala central, es decir en toda su dimensión territorial: federal, provincial y local. No hay desarrollo integral sin Estado sano y fuerte en todos sus niveles, para que puedan desempeñar completamente sus funciones en relación a la sociedad y los territorios. Implica una nueva geografía de responsabilidades públicas, donde el gobierno central asume nuevas y renovadas funciones, al tiempo que habilita espacios de decisión y gestión a los ámbitos provinciales y locales. No se trata de una perspectiva de suma cero (sacarle a uno para darle a otro), ni de debilitamiento institucional, como lo reflejaron algunas
3 Lo que sigue figura como consideraciones abiertas en el artículo de Ordoñez y Madoery de este libro.
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experiencias del pasado, de desconcentración funcional orientadas por ajustes fiscales; sino de suma positiva y fortalecimiento de lo público para ampliar el campo de posibilidades de acción. El gobierno central es fundamental para promover y estimular el equilibrio y la equidad en todo el territorio nacional, el funcionamiento de los sistemas productivos locales, la sustentabilidad social y ambiental, el impulso a la innovación tecnológica, la especialización productiva y comercial, la mejora en la diferenciación y calidad de la producción de bienes y servicios, la organización institucional, la integración regional. También es el principal responsable de la solidaridad socio-territorial, con el impulso de políticas redistributivas de distinto signo. Por su parte, las ciudades, los territorios rurales y las micro-regiones provinciales constituyen ámbitos donde se ejercitan con mayor vigor las demandas y presiones sociales, donde se manifiestan y difunden los fenómenos de innovación inclusiva, las experiencias de organización y profundización democrática, de reafirmación cultural y lugares donde surgen esfuerzos singulares de gobernabilidad y reivindicación popular. A su vez, son espacios estratégicos para la articulación entre actores diversos que permite exponer tensiones, canalizar conflictos y establecer acuerdos que impulsen transformaciones institucionales. El renovado enfoque territorial otorga a los actores territoriales el protagonismo de dinámicas endógenas articuladas con lo nacional y provincial, pero protagonizadas desde lo local. El mito neoliberal del desarrollo sin Estado y sin política es resistido por prácticas organizativas, productivas, comunitarias, expresadas en proyectos territoriales de identificación y diferenciación. Desde presupuestos participativos hasta experiencias de economía social y solidaria, desde el fortalecimiento de cadenas productivas hasta la promoción de medios innovadores, desde la implementación de oficinas locales de empleo hasta la creación de agencias de desarrollo regional, desde la resistencia a prácticas extractivistas hasta la formulación de iniciativas ecológicas, desde la movilización ciudadana hasta la formación de agentes locales de cambio. Todas ellas expresan sinergias públicas, privadas y comunitarias; acuerdos institucionales; lugares de protagonismo, territorios de construcción de poder popular. Por tanto, resulta imperioso incorporar en la discusión del Estado 38
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ampliado temas clave como correspondencia fiscal, descentralización, regionalización y autonomía municipal. Será necesario reconocer que los procesos de desarrollo en democracia dependerán crecientemente de la efectiva vigencia de estos principios. La ampliación y superación del modelo tradicional de concepción de lo estatal y de gestión pública reclama además, efectivos y novedosos instrumentos legales, administrativos y financieros. Este proceso permitirá una mejor consolidación de otros ámbitos de interacción y de espacios políticos originales, con los que necesariamente las políticas nacionales deberán articularse. Pensar en términos de Estado ampliado, es una manera distinta de hacer política transformadora en Argentina, impulsada por fuertes liderazgos políticos y definida a partir de una doble articulación (vertical y horizontal) que permita aumentar las capacidades organizativas, creativas, emprendedoras del pueblo; aprovechar las oportunidades del contexto; definir las estrategias territoriales y sectoriales; explicitar los conflictos y gestionarlos democráticamente. La Argentina está perfilando un nuevo proyecto de desarrollo, que revierte los pilares de la sociedad de mercado y otorga primacía a lo público como valor y lo político como ámbito de transformación. La discusión de la matriz estatal-territorial de este proceso, es parte de la agenda prioritaria de los tiempos por venir.
Novena: Interrogantes nacionales y populares Diez años de una experiencia de base nacional, popular y democrática, genera una serie de interrogantes, dificultades de entendimiento que surgen de lo infrecuente de este tipo de circunstancias, preguntas abiertas que marcan la riqueza de un tiempo de ebullición. Disputas políticas encendidas se han dado también en las experiencias del peronismo en el gobierno, tanto durante el primer peronismo y sobre todo, en los años setenta, aunque con alcances diferentes y a veces con temporalidades más urgentes. Una dificultad de entendimiento se produce cuando se priorizan miradas “esencialistas” respecto de un fenómeno político. En el seno del peronismo, eso se traduce en rigideces doctrinarias para algunos y desviaciones respecto de la ortodoxia por el otro, donde cualquier modificación de sus rasgos característicos implica su fin. Una línea de interpretación diferente surge de mirar los procesos sociales en 39
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sus dinámicas y contradicciones, en su componente relacional, de entender la política no como dogma sino como sino como expresión contradictoria de tensiones sociales, de intereses sociales en pugna y como construcción de nuevos horizontes de posibilidad. No se trata de mirar los hechos para “descubrir” su cercanía o lejanía con un tipo ideal, con una forma esencial, sino de analizar procesos históricos desde sus rasgos centrales, pero también desde sus márgenes, sus zonas grises, sus paredes porosas, sus fronteras abiertas y en contacto con lo otro, lo diferente. Este parece ser un camino más recomendable para interpretar el actual momento histórico que atraviesa el país. En ese sentido, la pregunta sobre lo que representa el kirchnerismo es necesaria. Algunas voces autorizadas ayudan a hacer un análisis político sobre el alcance y el significado de esta experiencia de diez años. Anomalía es la interpretación propuesta por Ricardo Forster4; para expresar que en los últimos años, la Argentina y Sudamérica entraron en una espacialidad que las colocaba en un lugar diferente de lo que parecía estar ocurriendo en gran parte del mundo, ya que giraron hacia posicionamientos muy diferentes de los que hoy todavía aparecen como los hegemónicos en términos de la etapa actual del capitalismo, con el dominio exponencial del discurso, la ideología y la prácticas neoliberales. Otra idea es la de invención que propone José Pablo Feinmann, en relación al comportamiento inicial de Néstor Kirchner5. Y otra variante más reciente, de lo nuevo, distinto e imprevisto la propone Jorge Alemán, como contingencia que brota de lo imposible6.
4 Forster, Ricardo, La Anomalía Argentina, Aventuras y desventuras del tiempo kirchnerista. Editorial Sudamericana, 2010. También
en http://www.redaccionpopular.com/articulo/reportaje-ricardo-forster. 5 “No soy yo, se dice. Soy un resultado. Llegué por Otro y gané por Otro. Llegué porque Otro me hizo llegar y gané porque Otro deci-
dió huir. Entonces en esta feroz encrucijada, el Flaco toma la decisión de su vida. Decide inventarse. Sabe, como el hombre sartreano, que es nada. Pero sabe que esa nada le abre el infinito, la tarea vertiginosa de ser sus posibilidades, de elegirse, de darse el ser. El Flaco, entonces, inventa al Flaco”. Un flaco como cualquier otro, Pagina 12, 31 de mayo de 2003. 6 “…el kirchnerismo es la Contingencia que brota del país Imposible de 2001. Es el suplemento Contingente que anuda los dere-
chos humanos, los movimientos sociales surgidos en 2001 y el peronismo... Precisamente porque el kirchnerismo lo anudó al peronismo cuando el país se desintegraba es que el peronismo forma parte del kirchnerismo y no al revés... Es la contingencia que asume al peronismo para volverlo otra cosa.”. Alemán, Jorge: Peronismo: kirchnerismo, en Pagina 12, 14 de enero de 2013. 7 Gonzalez, Horacio (2011): Kirchnerismo, una controversia cultural, Ediciones Colihue, p.113.
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Para Horacio Gonzalez7 el kirchnerismo encarna corrientes que estaban “dormidas” y “en espera” en la historia. Una nueva matriz política que tiene más de rupturas que de continuidades anunciando una nueva confluencia de familias ideológicas argentinas: lo nacional popular con las izquierdas. En sentido similar, Juan José Giani8 habla de las tradiciones que representa el kirchnerismo: la peronista (patria justa, libre y soberana), la liberal (derechos humanos), la setentista (Cámpora y la tendencia), la alfonsinista (enfrentar las corporaciones). Otro registro interpretativo, tal vez menos conocido, es el propuesto por Walter Mignolo, como desprendimiento político en la toma de decisiones económicas9. Desprendimiento como rechazo a la asimilación que propone la globalización neoliberal y derecho a la diferencia (Mignolo, 2010), a la pluralidad de caminos, que proponen muchos gobiernos sudamericanos, y componentes de ese tipo se encuentran en la alquimia kirchnerista. Un eje siempre necesario de interpretación gira en torno al concepto de hegemonía, ya que re-introduce la conflictividad a la política y replantea viejas disputas a lo largo de la historia argentina. Laclau10 sostiene que la función de los líderes populistas no consiste, simplemente, en representar intereses de los sectores populares sino en constituir esos mismos intereses. Los procesos de representación no son un segundo momento respecto a voluntades que los preceden, sino que las voluntades mismas se constituyen a través de una acción al interior de los procesos representativos. Y la representación como proceso constitutivo de lo político, no tiene por qué ser representación parlamentaria, puede haber representación a distintos niveles en los que se constituye el poder social. La política consiste, justamente, en administrar esta ten-
7 Gonzalez, Horacio (2011): Kirchnerismo, una controversia cultural, Ediciones Colihue, p.113. 8 Giani, Juan José (2012): Filosofías del kirchnerismo, Editorial Paso de los Libres, Rosario. 9 “La desoccidentalización, irreversible, describe distintas maneras de desprendimiento político en la toma de decisiones econó-
micas… los procesos de re-nacionalización, hoy, ya no están ligados a fundamentalismos ideológicos del estado, sino a los procesos irreversibles de desoccidentalizacion política en decisiones económicas. La desoccidentalización es irreversible: la renacionalización de Repsol-YPF, April 17th, 2012, www.waltermignolo.com. 10 Ponencia en Tecnópolis, 2012.
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sión potencial y tratar de crear formas articulatorias, formas hegemónicas, que vayan permitiendo sortear estos dos peligros. La hegemonía se construye sobre la base material, la conducción política y el consentimiento cultural. Estas interpretaciones se complementan, no se excluyen, enriquecen el análisis. Pero si tomamos al kirchnerismo como un amplio espacio de identificación socio-política, como un campo de lucha, retomando importantes tradiciones de pensamiento político, podríamos identificar en su seno un tronco común, pero también diferentes vertientes. Un tronco común que muestra algunos rasgos nítidos y que se presume mayoritariamente aceptado por quienes convergen en ese espacio de identificación. • La crítica al neoliberalismo como concepción filosófica, política y económica y la crítica a la contaminación que le provocó al movimiento nacional y popular durante el transformismo político. • El rol director del Estado en la economía (negociación de la deuda, Banco Central, Nacionalización de AFJP); y su conexión y apertura hacia la sociedad civil. • La integración latinoamericana (Mercosur, Unasur, Celac), como aspiración de identidad histórica, como horizonte estratégico y como proyecto de construcción de la Patria Grande. • La centralidad del trabajo y recuperación de un tipo de vínculo virtuoso entre inclusión, empleo y educación, que precisamente el neoliberalismo había roto. Si algo ha caracterizado históricamente al peronismo es su apuesta a sociedades de trabajo. • El perfil distribucionista. Esto se logra a través de varias formas de distribución, como argumentó Eric Calcagno11: la distribución de los ingresos (con políticas laborales, activas de empleo y sociales), la distribución de la palabra (Ley de medios, derechos humanos, identidades sexuales, colectivos migrantes, más débilmente con los pueblos originarios) y la distribución del conocimiento (Programa conectar-igualdad, Programa Raíces, creación de nuevas universidades, etc.).
11 Calcagno, Eric: Tres distribuciones estructurales, Publicado por Prensa del Diputado Eric Calcagno el día 10 de Diciembre, 2011.
http://e-calcagno.com.ar/tag/gobierno.
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• La primacía de la política, algo propio de la estirpe peronista, como ya lo señalaba Feinmann en los años setenta, que permita la construcción democrática de nueva hegemonía amparada en una base material12, en una base institucional13, y en una base cultural14. Pero en torno a ese perfil de genéricos acuerdos, también existen matices. Las diferentes coyunturas van generando desgranamientos y nuevas adhesiones. ¿El proyecto nacional, popular y democrático, es sólo kirchnerista? Sólo desde una soberbia cupular podría sostenerse semejante juicio. El desafío es abrir caminos interpretativos y buscar fijar campos de identificación, que nunca son cerrados, siempre porosos, cambiantes. Por ejemplo, confrontar al neoliberalismo es una consigna de las izquierdas de la época. Sin embargo, hay distintas maneras de hacerlo y esos modos de oposición remiten a miradas diferentes del tema y a racionalidades que buscan expresarse al interior del movimiento. Si por neoliberalismo se entiende la forma contemporánea que adopta el capitalismo global, de perfil financiero y tecnológico, y se supone su vigencia irrefutable, lo que queda para un país de la periferia del sistema es una combinación de aceptación y adaptación, de políticas de inversión, de seducción de los mercados con un componente redistributivo visible, de modo de marcar diferencias sutiles con la idea del derrame económico. Llamemos a este primer grupo neo-conservador. Si por neoliberalismo se entiende un sistema que se muestra desbocado, insaciable, anárquico, se trata de apostar a un “capitalismo en serio”, con fuertes pautas de crecimiento y con claros perfiles de inclusión social y distribución de los bienes públicos. Es una postura crítica del capitalismo, pero como único modo posible al que hay que combinarlo con una ética del bienestar para que sea más justo. Llamemos a este segundo grupo neo-desarrollista.
12 Ejemplos: apuesta a consolidar una burguesía nacional, asegurar superávit comercial y fiscal, renegociación de la deuda, nacio-
nalizaciones de AFJP; Aerolíneas Argentinas, YPF; infraestructuras integradoras; agregado de valor en origen, trabajo, inclusión, asignaciones sociales. 13 Ejemplos: cambios en la Corte Suprema, Unasur, Carta orgánica del Banco Central, Ley de medios, Derechos humanos ampliados. 14
Ejemplos: políticas de memoria, verdad y justicia, movilización social, militancia juvenil, interpelación popular, festejos del
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Si por neoliberalismo se entiende la demostración más palmaria de un sistema basado en la explotación social y natural, de un capitalismo que sólo puede funcionar sobre la base de desequilibrios y exclusiones, se trata de buscar “caminos otros”, otros modos de interpretar la vida, la sociedad, la naturaleza y de provocar acciones de desprendimiento de las lógicas sistémicas dominantes. Llamemos a este tercer grupo neo-liberacionista15. Dentro de esos tres grupos posibles, muchas interpretaciones varían. Por ejemplo, en la siempre presente polémica entre consolidar o profundizar la experiencia en marcha, el primero es partidario de consolidar lo logrado, tendiendo puentes de diálogo con los sectores opositores en todas sus variantes. No abrir nuevos frentes de conflicto, criterio que muchas veces comparte el segundo grupo. El tercer grupo, por su parte, es partidario de profundizar para consolidar, entiende que las transformaciones se garantizan “yendo por más”. También las diferencias se notan en los niveles de aceptación a diferentes políticas públicas: por ejemplo, el juntar la vertiente nacional-popular con la progresista, a la manera que lo impulsó en un primer momento Néstor Kirchner, agrada a los neo-desarrollistas, a los neo-liberacionistas y desagrada a los neo-conservadores. La Patria Grande Latinoamericana embriaga a los neo-liberacionistas, entusiasma a los neo-desarrollistas e interroga a los neo-conservadores, ya que la idea integracionista es propia de la tradición nacionalista, pero en una modalidad que no contempla perfiles como los de Chávez, Maduro, Morales o Correa. El desafío de la competitividad, resulta música para los oídos neo-desarrollistas y neo-conservadores. La diferencia es que para unos se logra a través de la expansión del mercado interno, de la articulación capital-trabajo, del mejoramiento de las condiciones sociales que se traducen en mayor consumo popular, en la reindustrialización creciente, en la integración regional. Para otros, aliándonos con los núcleos de poder local y global, considerados los más dinámicos (“el desafío es atraer inversiones”, suena como un cántico ya gastado). Para el neo-liberacionismo, el concepto de competitividad molesta, con-
15 Dejo a criterio del amable lector ponerle nombre y rostro a esas expresiones.
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funde, porque es funcional a la acumulación capitalista y resulta difícil de compatibilizar con la inclusión social plena. Desde el punto de vista de la lucha por la igualdad, es necesario afectar intereses y derechos de privilegio, profundizar la tensión entre intereses en pugna. La competitividad, por el contrario, supone convivencia entre partes diferenciadas. Esto último conlleva la apuesta a la consolidación de una burguesía nacional, vieja aspiración peronista, que agrada a los oídos neo-desarrollistas y provoca desconfianza en sectores neo-liberacionistas. “Yo no soy la presidenta de las corporaciones” dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la asunción de su segundo mandato presidencial. Así dicha, con esa contundencia, es una frase que se podría colgar en la solapa de todas las expresiones K, porque si algo caracteriza a los movimientos populares es operar sobre la lógica de contradicciones que identifican al adversario, como vimos en párrafos anteriores. Es un camino eficaz en la construcción política. Pero si vamos más allá y entendemos por corporaciones no sólo las económicas y comunicacionales, sino también las gremiales, las judiciales, aparece nítidamente otro punto de fricción entre las tres expresiones señaladas. Si algo es propio del sentir peronista es la idea de disciplinar el capital, someterlo a la autoridad del Estado que es el principal responsable del desarrollo nacional. Pero la idea de disciplinamiento que recaiga también sobre las representaciones sindicales, resulta más simpática para aquellos que entienden a este proceso como algo nuevo, fundacional, que para aquellos más afectos a mirar el momento actual como la continuidad de una tradicional idea peronista en el gobierno. En síntesis, el campo nacional-popular es siempre una expresión política “en ebullición”, donde convergen diversos sectores internos, identificaciones múltiples, difusas, incluso contradictorias, que reconoce liderazgos históricos, que construye fuerza sobre la base de la identificación del adversario, pero que cabalga sobre las coyunturas de modo inquietante.
Décima: La lucha abierta por el sentido de la democracia Las sociedades están atravesadas por tensiones, originadas en identidades, inserciones, intereses e interpretaciones diferentes. El espectro de relaciones sociales es muy amplio. Ello hace que coexistan armonías, discrepancias y conflictos; las sociedades no funcionan solamente sobre la base de 45
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consensos y el conflicto resulta constitutivo de las relaciones sociales. Hay política porque hay un otro y porque hay un otro hay conflicto. De este modo, la pregunta por el otro se convierte en la pregunta política fundamental. “La Patria es el otro”16 se ha convertido en una frase de época. Y la fuerza democrática es nombrar ese otro con el que se convive, se acuerda o se disputa. De modo que el conflicto no se agota en el antagonismo, sino que se extiende al reconocimiento del otro. Conflicto como diversidad, como necesidad de convivir con lo distinto, como convivialidad, en términos de Iván Ilich17. Si lo que caracteriza lo humano son polifonías, identidades, territorialidades, lo político se traduce en voluntad de vivir, nos dirá Dussel18. Se trata de colocar al otro en el lugar visible de las armonías, pero también de las tensiones políticas. La negación del otro es la negación misma de la política. Negar, ignorar, aniquilar son respuestas que salen de lo político y se ubican en terrenos violentos, egoístas, deshumanizantes. Ese otro puede ser amenaza, indiferencia, obstáculo, carga. Pero también ayuda, lazo, comunidad. La convivencia en pluralidad, si no es pensada desde la comprensión del conflicto, resulta una idea vacía, que presupone que todos gozan de iguales derechos y posibilidades. Sólo desde esa crítica es posible romper con el pensamiento único y las prácticas homogeneizantes que postula el modo hegemónico oligárquico que, por definición, es no democrático. Casi paradojalmente entonces, en el conflicto están las posibilidades de paz y democracia, no en el sentido de empate social, sino como disputa política dentro de reglas de convivencia. Siempre la resolución política de los conflictos, incluso de ese antagonismo, encuentra un cauce democrático. La democracia es la solución política (Mouffe, 2007), que busca canalizar disputas dentro de reglas de juego aceptadas y establecidas, aunque proclives de ser modificadas en función de la resolución de esas tensiones. Pero un desafío siempre abierto es identificar raíces de los conflictos de
16 Expresión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Puerto Madryn en 2013. 17 Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) México. 18 Si el conflicto es sólo antagonismo, lo que cuenta como esencialmente político es la voluntad de poder. Si el conflicto es asumir
la convivialidad, lo político es voluntad de vivir.
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nuestra sociedad; por ejemplo, entre la negociación salarial en el marco de un Consejo del Salario mínimo, vital y móvil y el trabajo esclavo en talleres clandestinos, existe una amplia gama de situaciones que demandan soluciones diferentes. La discrepancia en cuanto a puntos de vista o intereses sectoriales expone un tipo de conflicto cuya respuesta puede ser la deliberación. Pero la explotación humana, la negación del otro en su humanidad, en su capacidad de realización como sujeto de plenos derechos, expone un tipo de antagonismo que sólo se resuelve en la disputa hegemónica. En este sentido, los movimientos nacional-populares son auténticamente democráticos, porque expresan una forma de lucha por la igualdad (Forster, 2011) y un camino de construcción de hegemonías populares. Son las formas que eligen las mayorías populares para re-significar las instituciones desde la movilización y el liderazgo. Cuando el pueblo cuestiona el orden social, es cuando la política transformadora aparece en toda su dimensión. La política siempre refiere a las prácticas sociales orientadas a producir un orden social y lo político refiere a las condiciones de posibilidad de ese orden. Es tensión por el ensanchamiento de lo público y la conquista de derechos. Es lucha por el sentido. Por tanto, es cupular, pero también popular. Es deliberación, pero también confrontación. Es ruptura, pero también sutura. Es consenso pero también conflicto. Es conflicto, pero también convivialidad. Es voluntad de poder pero también voluntad de vivir. La política oligárquica tiende a restringir y legitimar un orden dado. La política democrática tiende a interrogar el poder, entendiendo que solo es posible modificar lo dado si la praxis de interrogación está en manos de sujetos populares. A lo largo de 30 años de democracia una cuestión resulta clara: cuando los gobiernos democráticos intentan negociar y disciplinar a las corporaciones económicas, para adecuarlos a determinadas reglas de juego que implican restringirles algunos privilegios y/o inducirlos a mayores compromisos, la respuesta siempre ha sido contundente y a través de acciones desestabilizadoras, como la hiperinflación, devaluaciones forzadas, desabastecimiento, lock out patronal, bombardeo mediático, etc. El actual momento histórico del país muestra con marcada evidencia esta situación, que también se había manifestado en los primeros tiempos de la recuperación democrática. Por un lado un proyecto de sociedad de privilegios caracterizado por el transformismo político, culturalmente individualista, corporativo, patrimonialista, rentista, de acumulación basa47
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da en garantías y seguridades para el capital. Por otro lado, un proyecto nacional, popular y democrático en construcción, basado en la expansión de derechos, la movilización social, que recupera lo mejor de las experiencias populares del pasado, de cultura de la alegría y la celebración. Que recupera las históricas esferas prioritarias de inclusión: ingreso, trabajo y educación, en un esfuerzo por consolidar una sociedad de igualdades.
Consideraciones finales Toda una búsqueda en la teoría política pasa por encontrar el fundamento de lo político, es decir, cómo se relacionan los hombres, si es sobre la base de racionalidades convergentes como propone la doctrina de los pactos sociales, o sobre la base antagonismos exacerbados, como las teorías basadas en la relación amigo-enemigo. La política es lucha de poder, “voluntad de poder” que intenta ser encauzada en reglas de juego de convivencia democrática. Digo intenta, ya que si bien los golpes cívico-militares hoy resultan más un recuerdo que una posibilidad, reaparecieron hace unos años “ánimos destituyentes” (según la gráfica expresión de María Pía López) en sectores de poder concentrado. En algún momento el alfonsinismo, y luego el kirchnerismo junto a un conjunto de organizaciones sociales, le propusieron re-significaciones a la democracia argentina: que deje de ser “excluyente” de amplias mayorías a la efectiva vigencia de sus derechos ciudadanos; que deje de ser “obediente” ante las imposiciones de acreedores externos y los aprietes de poderes fácticos internos, que deje de ser “indiferente” ante las lacerantes necesidades sociales, ante las violaciones de derechos, ante las diversidades; y que deje de ser “aparente” en sus formas y recree un Estado comprometido con la sociedad toda. Seguir profundizando ese camino implica afrontar desafíos: el escenario de recuperación con inclusión propio del período 2003-2007/08 fue más amigable, diríamos, más soportable para los sectores de privilegio, que el posterior escenario de expansión económica con igualdad de derechos, ya que este último obliga a combatir la economía de renta, a cuestionar las apropiaciones mal habidas y articular las clases sociales laboriosas en torno a otro proyecto de sociedad. Las circunstancias históricas excepcionales como las que está atravesan48
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do nuestro país, requieren atención y una dosis mayor de compresión y compromiso. Siempre existen fuerzas que atrasan, sectores que miran para atrás, discursos que confunden. El enemigo (¡efectivamente, hay un enemigo de la democracia!) necesita dividir el campo popular, porque lo que está disputando no es solamente su interés material, sino la dirección político-cultural de la sociedad. Y la tragedia argentina nos demuestra que disputas al interior del bloque de poder de base popular en construcción, debilitaron en anteriores experiencias históricas las coaliciones gobernantes, abriendo paso a avanzadas antipopulares. Las hegemonías no son un punto de llegada inamovible, al estilo de un título deportivo que nadie nos podrá quitar, sino construcciones históricopolíticas que se sostienen con la profundización de sus aspectos constitutivos, en este caso, de su componente de representación de amplios intereses sociales, sectoriales y territoriales. Y éste es precisamente el desafío mayor hacia el futuro, el de sostener y profundizar desde la primacía política, un proceso abierto y contradictorio de corrimiento permanente de los límites de lo posible y lo deseable.
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Rol del estado en la consolidación de un proyecto nacional y popular Oscar Madoery 19 María Belén Ordoñez 20
“El mejor ejemplo de gobernanza no se saca de un libro, se saca de una madre. O sea, ella siempre va a cuidar al más debilitado. Ella adora a todos, ella ama a todos, pero aquel debilitado, no es el más bonito, no es el más inteligente, es el más necesitado. Y ese es el espíritu de madre. Yo te confieso que gobierno un país con espíritu de madre. Nosotros tenemos que cuidar a las personas más pobres. Un rico no necesita del Estado.” Lula Da Silva, Ex Presidente de Brasil. Serie Documental Presidentes de Latinoamérica. 2009
La discusión histórica y actual sobre el Estado Un buen modo de iniciar el debate sobre el Estado es el propuesto por Atilio Borón, en un texto ya clásico (Borón, 2003); allí expresa la distinción entre el enfoque liberal y un enfoque marxista instrumentalista.
19 Postdoctorado en Ciencia Política (UFRGS). Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Master en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO). Docente titular de la cátedra “Espacio y Sociedad” y del Seminario “La Economía Social en los Proyectos Políticos Latinoamericanos”, Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Director de la Maestría en Desarrollo Local de la UNSAM y del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT, UNSAM-UNR). oscarmadoery@gmail.com. 20 Bachiller Universitario con Mención en Ciencia Política. Estudiante avanzada de la Lic. En Ciencia Política (UNR). Integrante del CEDeT. ordonezbelen@hotmail.com.
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En el enfoque liberal, el Estado es entendido como un mercado político, neutral e imperturbable, reducido a un mero reflejo del mercado económico, con sus intercambios impersonales, competitivos y libres. Los grupos y coaliciones compiten de acuerdo a determinadas reglas del juego, que son sancionadas y garantizadas por el propio estado. Esa naturaleza “neutra”, meramente “técnica”, de las reglas del juego, impide que nadie acumule demasiado poder y perturbe el equilibrio general del sistema. Su papel es el de un árbitro imparcial que permanece alejado e indiferente ante la incesante puja de intereses sociales, supervisa la competencia entre diversas coaliciones, evita la concentración de poder en manos de algunos grupos particulares y reconcilia las aspiraciones en conflicto. Borón cita a Miliband cuando sostiene que es “un espejo que la propia sociedad se pone ante los ojos”. Es expresión de un orden social eminentemente consensual y representativo de la totalidad de la Nación (Borón, 266 y ss). En el enfoque marxista el Estado es la expresión mediatizada de la dominación política en las sociedades clasistas. El “resumen oficial” de una sociedad de clases y, consecuentemente, no es neutral ante las luchas y los antagonismos sociales producidos por sus desigualdades e inequidades estructurales. “El lugar en el cual sujetos formalmente libres e iguales, pero profundamente desiguales, establecen relaciones políticas de superordinación y subordinación”. “Sin embargo, la efectivización del predominio político de la clase dominante en el capitalismo requiere algo más: la intervención de un denso entramado de mediaciones –estructuras estatales, tradiciones políticas e ideologías, organizaciones y prácticas sociales de diverso tipo– sin las cuales la supremacía que la burguesía detenta en el plano económico no puede proyectarse al ámbito más global de la sociedad civil en su conjunto.” (op.cit. 269) Aclara Borón sobre las deformaciones del marxismo provocados por una concepción instrumentalista del Estado: “si antes el espejo liberal proyectaba la cándida imagen de un mercado de hombres libres e iguales, en la vulgata economicista sólo refleja –de manera inmediata y mecánica– el predominio monolítico de la clase dominante” (op.cit. 270). Lo concreto es que, en ambos casos, el Estado queda privado por completo de iniciativa autónoma. 56
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El rol del Estado Nación El análisis que realiza Borón, da pie a presentar otras posibilidades de interpretación. El Estado Nación no es una entidad autónoma resistente al cambio, sino un producto histórico que expresa una relación social, una regulación pública y una representación simbólica. Tres dimensiones que operan en una relación de mutua influencia: • En primer lugar, la representación simbólica y colectiva de la sociedad, que fundamenta y define el interés general que persigue la autoridad, pero que está sustentada en la condensación de las relaciones de fuerza sociales en un momento determinado. • En segundo lugar, la forma de organización de la vida social por excelencia y, más particularmente, la fuente de regulación de la esfera pública y el principal instrumento de delimitación o armonización de los intereses públicos y los intereses privados. El escenario institucional de la lucha por el poder social, el terreno en el cual se dirimen los conflictos entre distintos proyectos sociales, dice Borón, que definen un patrón de organización económica y social. • En tercer lugar, la expresión orgánica de la comunidad nacional, el organizador de las tareas públicas y formulador de las políticas públicas necesarias para perseguir los intereses sociales universales. En otras palabras, el Estado como una combinación compleja de condensación social, institución pública y representación nacional21. El Estado está en la organización de la base material e institucional de la sociedad. Por ejemplo, todas aquellas condiciones generales de producción y reproducción de las que no se hace cargo el capital (tomado en forma
21 Otra interpretación es la que ofrece Tomassini: El Estado Nación no es una entidad autónoma resistente al cambio, sino un pro-
ducto histórico. Las funciones de representación simbólica de la sociedad, organización institucional de la misma o intervención regulatoria o dirigista de ella, forman parte de su naturaleza.“El concepto de Estado permite varias connotaciones: en primer lugar, la representación colectiva de la sociedad (condensación de las relaciones de fuerza), representación que fundamenta y define el interés general que persigue la autoridad (matriz social). Una segunda connotación concibe al Estado como la forma de organización de la vida social por excelencia y, más particularmente, como la única fuente de regulación de la esfera pública y el principal instrumento de delimitación o armonización de los intereses públicos y los intereses privados (matriz instrumental). Tercero, como un actor social, el organizador de las tareas públicas y formulador de las políticas públicas necesarias para perseguir los intereses sociales...” (matriz decisional). (Tomassini, 2001:21).
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individual o sistémica), pero que son indispensables para que el proceso se desenvuelva a nivel general, deben ser cubiertas por el Estado. Así, actúa creando la infraestructura de producción y comunicación, el equipamiento de bienes y servicios varios, creando las precondiciones institucionales (ordenamiento jurídico, sistema monetario, delimitación de los mercados) y las condiciones sociales para la reproducción social como salud, educación, seguridad social, etc. También en la creación y sostenimiento de la base simbólica y cultural, a través del sistema educativo, de la comunicación social, de la reproducción de las tradiciones, los saberes, etc. Pero en América Latina el Estado no sólo ha reflejado lo que ocurre a nivel de una sociedad civil, sino que la ha articulado y consolidado. Ha sido el espacio de realización social para grupos, clases, sectores, que por debilidad constitutiva y heterogeneidad social, requirieron del soporte estatal –Estado como refugio social–. Esto fue así en nuestra historia (en la organización nacional, en la constitución del Estado social en el siglo XX y la sustitución de importaciones), pero lo fue también después, cuando se sostenía que el ciclo estatal de acción histórica estaba agotado. La matriz social condensa relaciones de fuerza, por lo que expresa situaciones de dominación muy claras, que suelen impedir a los propios Estados representar el interés general. La cooptación que ejercen los sectores concentrados del capital, logra establecer baluartes, cotos de caza, en el andamiaje institucional de los Estados, que operan como frenos a los avances transformadores populares (como en la actualidad lo expresan algunos espacios del poder judicial en Argentina). Tanto desde el economicismo que ve al Estado como un mero instrumento de dominación o un epifenómeno social, como desde el politicismo que piensa a la sociedad creada y determinada por éste, se anula la posibilidad de integrar el fenómeno estatal al movimiento de las fuerzas sociales y de entenderlo como producto y productor de la relación entre esas fuerzas. El Estado no es fuerte o débil en sí mismo, lo que posee o no fortaleza es aquél bloque social que resuelve favorablemente, en cada momento histórico, sus disputas con el resto de los sectores de la sociedad y que a partir del control del aparato estatal, logra articular un proyecto político determinado, cuya capacidad de acción estará condicionada por las relaciones de fuerza con los sectores antagónicos y el grado de radicalidad de esa disputa (Madoery, 1990). Sin embargo, esa “determinación” del Estado a partir de relaciones 58
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sociales de poder no implica una actitud pasiva de aquél, sino que opera también como un elemento constitutivo del campo social. El Estado está presente en la constitución misma de las relaciones sociales coloniales y capitalistas en América latina. Por ello, la ilusión formalista de que el acceso democrático al control del aparato institucional conforma, por sí solo, la posibilidad de transformaciones profundas en la condición económica, social, cultural e institucional de nuestras sociedades, ha sido contrastada por la realidad. Ilustrativas al respeto, resultan ser las palabras del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, “no estamos viviendo una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Donde gobiernos progresistas, soberanos están arrasando a lo largo y ancho de la región y pese a todos los obstáculos, a todas las trampas del poder, porque no crean que ganar una elección en América Latina es llegar al poder, no, se obtiene un pedacito de poder, los poderes fácticos, los omnímodos siguen intactos, poco a poco hay que alterar esa relación de fuerzas en función de las grandes mayorías.”22 En efecto, existe una recursividad entre niveles de lo estatal, donde un cambio de matriz social permite expresar una nueva matriz decisional que tiene que traducirse en profundas transformaciones democráticas en la matriz instrumental, para convertir al Estado en herramienta de transformación para las mayorías nacionales.
El Estado en sociedades centrales y periféricas Recordemos que el fundamento sobre el que se conforma la sociedad capitalista es la independencia y equivalencia formal de todos los hombres portadores de “libre voluntad”. A diferencia de otro tipo de sociedades, donde las fuerzas económicas aparecen ligadas a elementos extraeconómicos (religiosos, familiares, etc.), el capitalismo es el primer modo de producción que basa su reproducción en la coacción económica. La relación de apropiación del excedente se funda no en obligaciones religiosas o jurídicas –nadie está obligado por ley a vender su fuerza de trabajo– sino en la necesidad de intercambio que tienen los hombres libres e iguales.
22 Entrevista realizada por Daniel Filmus. Documental “Presidentes de Latinoamérica”. INCAA. 2010.
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La falta de coacción para vender su fuerza de trabajo es condición necesaria para la apariencia formal de igualdad entre las partes23. En esta separación del capitalista de los medios de coacción es donde se encuentra el origen del estado capitalista, que se convierte en el espacio articulador de la reproducción social en su conjunto y en el garante de las relaciones sociales de producción. Pero esa garantía no es externa ni a posteriori de dicha relación, sino que es parte intrínseca y constitutiva de la misma. El Estado entonces es un aspecto, el específicamente político, de la dominación social, como sostenía O’Donnell. Que sea condensación de relaciones de fuerzas sociales, significa que opera como garante de las relaciones sociales y no de los sujetos sociales que mediante ellas se constituyen, según lo han explicado entre otros, Poulantzas, Buci-Gluckmann, Castells. Eso lo convierte en el respaldo del interés histórico y político a largo plazo de una determinada relación hegemónica o de dominación. Engels lo definía como el “capitalista colectivo ideal”, que necesita mostrar cierta autonomía relativa respecto de las clases sociales y de la sociedad en su conjunto. Pero sus decisiones no resultan nunca neutrales, sino que responden a una hegemonía determinada. Ese es el límite de su autonomía relativa. El Estado, entonces, se convierte en el organizador del consenso de los sectores sociales y en espacio de unificación de los grupos dominantes, constituye a las clases políticamente dominantes. Esto va más allá de la concepción instrumental de su simple consideración como aparato de dominación y lo importante a definir es el tipo de disputa hegemónica que se presenta en una sociedad en un determinado momento histórico. Según Hirsch24, el estado capitalista efectúa tres tipos de regulaciones sobre la economía: Las funciones que garantizan las relaciones de producción y las condiciones generales de producción interviniendo en diferentes momentos del ciclo del capital: a través de la legislación monetaria regulando la oferta
23 Aquí es menester mencionar que cierta tradición liberal, en lo que respecta a los alcances del Estado, entiende que la libertad
era conferida no a todos los ciudadanos, no a todas las personas miembros de una sociedad, sino que sólo eran libres los propietarios, concluyendo que para ser libres no necesariamente debería existir la igualdad. 24 En Madoery, Oscar: Estado y Grupos económicos, pág. 23.
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de dinero, el tipo de cambio, el nivel de consumo, etc. A través de la legislación laboral, con la cual se garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, las condiciones laborales y el precio del trabajo. La legislación civil que garantiza la propiedad privada, diferente tipo de controles (de medida, de calidad, etc.), la circulación de las mercancías. A través de esas medidas actúa como capitalista colectivo ideal. Funciones que garantizan la redistribución administrativa del excedente social. Para ello el Estado realiza una captación coactiva de recursos del sistema económico, vía tasas, impuestos, seguros, redescuentos, derechos aduaneros, etc., y los redistribuye por medio de créditos, leyes de seguridad social, políticas de educación, salud, fomentos industriales, etc. Funciones que garantizan el continuo desarrollo y evolución de las fuerzas productivas a través de la producción de ciencia y tecnología, otorgando becas de investigación, subsidios a empresas, priorizando determinados rubros, etc. Pero una diferencia sustantiva entre sociedades que lograron conformar un tejido social burgués y las periféricas debe ser tenida en cuenta, y es el tipo de separación entre lo privado y lo público, entre economía y política. Si eso se presenta, el Estado deviene en poder público impersonal, según la gráfica definición de Pasukanis25. En situación de un capitalismo desarrollado, se genera un conjunto de instituciones, valores, normas, leyes que se configuran en lo que Habermas denomina “lo público”. Es la idea del Estado arrastrado por lo social, reflejo de una sociedad civil más estructurada. Sin embargo, en el capitalismo dependiente, en sociedades coloniales dentro del sistema mundo moderno-colonial, tanto el nivel económico, como el institucional y el cultural, están condicionados por el proceso de acumulación, de dominación y de civilización mundial. Esa sujeción externa, limita el poder y las capacidades de las sociedades nacionales periféricas, y aumenta en consecuencia la capacidad de los niveles político-institucionales. En América Latina y Argentina en particular, el capitalismo ha evolucionado desde sus orígenes sin contar con condiciones de auto-sustentación, sometido a condicionamientos externos. Las sociedades locales
25 Op.cit., pág.19.
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se configuran con diferente grado de cohesión y estructuración. La debilidad constitutiva de diferentes sectores sociales, la supervivencia de sectores ligados a la conquista y colonización, las convivencia de clases terratenientes y campesinas junto al surgimiento de nuevas clases ligadas al capitalismo, la dominación y exterminio de pueblos originarios, la implantación violenta de nuevas razas a través de la esclavitud, y la marcada heterogeneidad social surgida de procesos históricos de mestizaje y migración, provocaron una marcada heterogeneidad histórico-estructural (Quijano, 2000). Una de las consecuencias de ese entrelazamiento y superposición de viejas y nuevas formas de organización de los diferentes grupos y clases sociales, es la generalizada recurrencia al Estado como espacio de realización social; el Estado como refugio social. No hay completa separación entre sociedad y Estado y la sociedad se conforma a partir de sus estructuraciones con el Estado. En las sociedades de capitalismo temprano la constitución de las clases sociales en actores colectivos obedecía a un progresivo desarrollo de las luchas sociales. Lucha en el terreno de los intereses corporativos según Gramsci, que luego se expresaban como luchas políticas. En cambio en nuestras sociedades, la penetración de las clases en el juego político se produjo sin que se hayan constituido previamente los perfiles propios de esa acción corporativa. Por lo tanto, la referencia a las clases sociales no puede hacerse exclusivamente en base al enfoque estructural del método clasista, sino que debe comprender una dimensión más dinámica, mas ideología, cultural y política, que estrictamente económica y social. Y la presencia del nivel político es determinante, al punto que se convierte en el centro de la lucha social, en el centro real de las contradicciones de la estructura general26. El espacio político es el escenario dominante donde se lleva a cabo la confrontación y el compromiso entre las fuerzas sociales en pugna, que a su vez acarrearán transformaciones en la estructura estatal. En otras palabras, las burguesías, las oligarquías, los terratenientes, las corporaciones, necesitan del Estado para constituirse como bloques domi-
26 Op.cit., pág. 21.
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nantes/hegemónicos. No son tales sin la mano estatal, sin el control de la esfera política. Y para acceder a ese control recurrieron y recurren a todo tipo de recursos: negación de derechos políticos, golpes militares, procesos destituyentes, cooptación y transformismo de fuerzas políticas, resistencia desde nichos judiciales, etc. Lo llamativo es que lo hacen enarbolando un discurso condenatorio del Estado y de lo público, sin cuyo control no podría constituirse y sobrevivir. Para decirlo de modo directo: no ha habido Estado ausente, ni siquiera durante el más crudo neoliberalismo, sino Estado cómplice. No hay realización de los grupos dominantes por fuera y en ausencia de estado, sino a partir de éste. Retomando la línea argumental, como sostenía Florestan Fernandez27, la clase social no se configura como una categoría perceptiva y cognitiva, que organiza la orientación del comportamiento colectivo. Y esto nos coloca ante una dificultad teórica y práctica evidente: una sociedad de clases plenamente constituida puede absorber diferentes tipos de tensiones, preservando dentro de ciertos límites su estabilidad y capacidad de renovación. La existencia de una burguesía hegemónica y de un proletariado como clase confrontada dialécticamente impone ciertos límites a la lucha de clases, cuyo traspaso pone en peligro la existencia misma de la clase dominante como tal. La burguesía necesita al proletariado porque de él extrae la plusvalía que lo erige como clase económicamente poderosa. Pero en sociedades donde las clases dominantes no produjeron la acumulación primitiva, ni la reproducción ampliada en base a la plusvalía, sino a partir de mecanismos de renta (del suelo, del extractivismo), ese límite infranqueable se desdibuja y la eliminación del enemigo pasa a ser una posibilidad de solución final del conflicto social. Es clara la distinción entre ejército industrial de reserva y masa marginal que plantea Nun (1969), ya que esta última no representa plusvalía directa para el capital. En síntesis, esa modalidad estatista de reproducción de las sociedades latinoamericanas permitió que el estado vaya sustituyendo al mercado como espacio asignador de recursos, que los distintos sectores sociales conformen una cultura demandante, donde la posibilidad de subsistencia y realización pasaría a depender del control o influencia sobre alguna par-
27 Op.cit., pág. 21.
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cela de poder del aparato estatal (y esto, sosteniendo en simultáneo el discurso de la competitividad). De este modo, la figura de “guardián nocturno” del Estado, limitado al papel de garante externo de las reglas generales del mercado, presupone el tipo ideal de un capitalismo competitivo auto-reproducido; el estado dependiente es su opuesto diametral. Y se resiente el principio formal de encarnación del interés general, justamente por el fenómeno de privatización de áreas estatales. Esto es lo que deben combatir los gobiernos nacionales y populares.
Estado y proyecto hegemónico Todo proyecto hegemónico se plasma en el Estado, que condensa una matriz de poder en un momento determinado, que cristaliza en reglas de juego institucionales y que construye poder a través de acciones de gobierno en interacción con la sociedad. Un concepto fundamental es re-creado en la actual experiencia latinoamericana, el Estado integral, que sintetiza un cúmulo de acciones diversas. La idea de Estado integral rompe con la separación moderna Estado-sociedad, que es hija del contrato social. Amplía lo público en su diversidad, promueve el paso de lo estatal a lo público, y se expresa en numerosas prácticas contemporáneas28. Tal vez la mejor teorización de tema la encontremos en García Linera (2010). Toma de René Zavaleta Mercado el concepto de Estado aparente, ilusorio, que no logra condensar la totalidad de la sociedad, sino que solamente representa a un pedazo privilegiado de ella. Y tampoco logra articular la territorialidad del Estado y solamente representa fragmentos aislados del territorio. Es un estado que provoca exclusiones, de clase, de raza, de lugares. Hechos que García Linera denomina fallas tectónicas del Estado. Luego hace una excelente distinción en el concepto de República, que es estado de derecho, pero también res-pública, como bien comunitario, como riquezas controladas y gestionadas por la comunidad. “La repú-
28 A modo de ejemplo, pueden considerarse las tensiones por el Tipnis y la mina Colquiri en Bolivia o las misiones bolivaria-
nas en Venezuela.
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blica integra a la sociedad civil en el Estado” (Op. cit, p.8) Es relevante la lógica que plantea entre demanda social-hecho políticofuerza estatal, como secuencia de construcción de un poder alternativo (op.cit.p.9). Es decir, hay una resolución hobbesiana de la lucha por el poder que consolida estatalmente al nuevo bloque social dirigente nacional-popular (op.cit.p.11). Ese tejido vivo de articulaciones políticas, de suma de fuerzas para lograr un bloque social con voluntad de soberanía política-estatal, es lo que se llama hegemonía. Hegemonía como capacidad de liderar a otros sectores que no son iguales, de conducirlos, de recoger y apoyar sus demandas y sumarlas a las propias; como capacidad de seducir y convencer, de hacer acuerdos prácticos y materiales (op.cit.9). Y así concibe García Linera el concepto de Estado integral de Gramsci: “Decía Gramsci que el Estado integral es aquel en el que hay una correspondencia entre la sociedad civil, los ciudadanos, las regiones, los trabajadores, las clases sociales y su representación política estatal. Es aquel aparato político gubernamental que une y sintetiza externamente a todos los sectores y clases sociales, a los grupos nacionales, a las regiones y a las colectividades. Estado integral o pleno es aquel en el que hay un liderazgo social, político, moral e intelectualmente activo, que permite crear el sentido de pertenencia y representación de todos en la estructura administrativa del Estado” (Op. cit. P.11). También entiende al Estado integral como desconcentración democrática del poder y posicionamiento territorial en todo el país (op.cit.p.12). Como estructura económica fuerte y soberana, que aprovecha cada una de nuestras capacidades y potencialidades como sociedad; que no ocupa todo el espectro económico, sino lidera la economía en los niveles estratégicos que generen excedente y pueda distribuirlo al resto de los sectores productivos (op.cit. p. 12). Y este párrafo sintetiza la idea: “Entonces, de lo que se trata a futuro es de sincerar Estado y sociedad civil, poner fin al colonialismo y al patrimonialismo, y garantizar la soberanía material del Estado” (op.cit. p. 13). Eso es lo que diferencia una dominación oligárquica de una hegemonía popular; combatir patrimonialismo y colonialidad y construir soberanías. El autor nos invita a combatir los monopolios de riquezas, de decisiones, podríamos agregar de sentidos. Laclau (2012) también considera que es necesario pensar los procesos 65
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latinoamericanos actuales a la luz de las categorías de Estado integral gramscianas; ya no se trata de la extinción del Estado, como en Marx, pero tampoco de transferir el momento de la universalidad al Estado como género (Hobbes), sino de un proceso que Gramsci llamó hegemonía a través de la cual se constituía lo que él llamaba un Estado integral. Necesitamos una sociedad civil más politizada, pero al mismo tiempo necesitamos tener un Estado mucho más sensible a las demandas de esa sociedad. Eso es exactamente lo que Gramsci llamaba Estado integral. Una forma de Estado que tiene que ir constituyéndose a través de este conjunto de presiones, de crisis, de ruptura.
Argentina: ¿del Estado cómplice al Estado integral? A la luz del recorrido realizado en las páginas precedentes, se abre un interrogante sobre el modo en que es posible pensar (nos) para poder dar respuestas decisivas en el presente. En otras palabras, es el modo de asumir, con respecto al tiempo presente, una toma de posición diferenciadora, decisoria y decisiva, parafraseando a Derrida. De lo que se trata es de evitar afirmar que nada puede hacerse para escapar de un sentido prefijado en algún lugar sino dar la disputa por el sentido. Construir un análisis que intente ver detrás de la apariencia del orden, la multiplicidad; detrás de la pretensión de universalidad de los supuestos, las tensiones; detrás del supuesto racionalismo de los actores, sus pasiones, sus tácticas, estrategias; detrás de la ilusión de autonomía, los determinismos y las estructuras a menudo ocultas que dan cuenta de tal o cual inesperada regularidad; al fin de cuentas ponderar en una determinada coyuntura el carácter relacional de los recursos. La Argentina comienza el siglo XXI de un modo turbulento, con una crisis económica de una profundidad inédita en nuestra historia y una situación social desesperante. Institucionalmente, la democracia estaba sometida a una prueba de estabilidad y fortaleza. En la base de toda esa situación, lo que estaba colapsando era un modelo de fundamentalismo del capital y sociedad de exclusión. Desde mediados de los años setenta –y profundizado en los años 90– se había configurado un orden social cuyo patrón de acumulación establecía la primacía de la lógica económico-financiera como eje ordenador de las 66
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relaciones económicas y una modalidad de acción política que reflejaba la pérdida del sentido ético y social de la vida pública. Las consecuencias laborales y sociales fueron tremendas: incremento de la desocupación abierta y la precariedad del empleo, inequidad distributiva, flexibilización laboral, ampliación de la economía informal y de subsistencia, marcada exclusión social y aumento en el grado de heterogeneidad estructural de la sociedad. Ello transformó sustancialmente el papel de la producción y el empleo en la dinámica de la economía y en la estructuración de la sociedad, así como el rol histórico del sector público como promotor del desarrollo. (Madoery, 2010) En el plano económico, el ajuste estructural significó la adopción de mecanismos de anulación de Estado y de pérdida de soberanías instrumentales: la desregulación representó una pérdida de capacidad de control público de sectores económicos y empresas; las privatizaciones, una pérdida de instrumentos públicos de producción y circulación de bienes y servicios; con la política tributaria se perdió capacidad de intervención anticíclica en la economía; la política financiera desregulada incentivó la fuga de capitales, la volatilidad de los depósitos y el aumento del riesgo país; la política previsional privatizada representó un fuerte desfinanciamiento del sector público y la política de endeudamiento favoreció el enriquecimiento de los grupos más concentrados de la economía. Asimismo, la retirada de la presencia activa del Estado en la economía generó fuertes desequilibrios sociales y territoriales. Se debilitó aquel rol fundacional del estado-nación como compensador de asimetrías y progresivamente se debilitó su papel distribuidor que se había consolidado desde mediados del siglo XX. Los cambios en la estructura productiva se tradujeron en una fuerte concentración y centralización de actividades económicas y en la pérdida de peso relativo de aquellos sectores de empresas que, en principio, presentaban una fuerte vinculación con los territorios subnacionales donde desplegaban su actividad y generaban empleo, como las pymes de propiedad y gestión familiar, y las empresas públicas nacionales. Las consecuencias estuvieron a la vista a comienzos del siglo XXI: el estrangulamiento de la capacidad de pago devino en default; con la política de ajustes recurrentes se favoreció la recesión; la política financiera descontrolada devino en el “corralito”; la estructura impositiva operó a favor de la concentración del capital. La devaluación - pesificación significó, 67
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como shock inicial, un cambio de precios relativos sin los reaseguros redistributivos, compensadores que contribuyeron a aumentar la brecha social. También el período se caracterizó por la retirada del Estado-nación de los territorios interiores29, a través de las privatizaciones de empresas públicas y la eliminación de entes reguladores de actividades económicas regionales; la transferencia y desconcentración de actividades públicas centrales hacia las provincias y una “fuga” de empleo público del estado nacional hacia los estados provinciales; y la consolidación de uno de los índices de correspondencia fiscal más bajos del mundo. De este modo, los escenarios territoriales emergentes a partir de los años noventa, se gestaron por el creciente protagonismo del capital privado en los procesos de acumulación, en detrimento del actor público y conformaron circuitos productivos en los territorios locales cuya dinámica fundamental no necesariamente era generada internamente, sino proveniente de la dinámica general de funcionamiento del sistema económico-social, tanto a nivel nacional como internacional. El clima de época revirtió los fundamentos subjetivos de la acción colectiva, con la pérdida del sentido ético y social de la vida pública. El rol protagónico del mercado impuso una consideración de los individuos como consumidores volcados al ámbito privado, antes que como ciudadanos y los propios lazos de solidaridad social se debilitaron. La exclusión social, por su parte, produjo un cambio desde una sociedad cohesiva hacia un modelo de fragmentación, aislamiento y pobreza. La creciente polarización social fue forjando una sociedad mucho más segregada y desigual. La Argentina mostró en aquél período flaqueza de lo público como valor; una importante crisis sociocultural y la desintegración de vínculos entre ciudadanía y derechos sociales, traducida en la debilidad de producir acuerdos, normas colectivas que organicen el comportamiento y, par-
29 A partir de aquí se produjo un doble proceso tan paradojal como relevante: por un lado la reestructuración institucional que
se caracteriza por la concentración de capacidades decisorias en la esfera central de gobierno, es decir la centralización de resortes institucionales clave, en medio de un proceso de desconcentración hacia las provincias y municipios de funciones históricamente radicadas en el estado nacional. Pero por otro lado, un tiempo de reorientación de las demandas sociales hacia las esferas locales de gobierno, de regionalización de procesos económicos, sociales e institucionales muy singulares, y de territorialización de la política y del conflicto social.
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ticularmente, que permitan la formación de organizaciones que promuevan intereses generales. Las consecuencias sociales y laborales de todo ese proceso fueron tremendas, con incidencia directa y negativa sobre el empleo y con fuerte deterioro incremento en el grado de heterogeneidad estructural de la sociedad. Las reformas estructurales de los años noventa provocaron un incremento de la desocupación abierta y la precariedad del empleo, así como un evidente aumento de dificultades distributivas. Y al generalizarse políticas de desregulación y de flexibilización laboral, se produjo un notable incremento de la economía informal y de la economía de subsistencia en un contexto de marcada exclusión social y falta de equidad. Se había producido un cambio cualitativo en las formas de organización social de la producción, donde el trabajo dejaba de ser funcional al proceso de acumulación de capital, al menos en los segmentos más dinámicos de la economía. Y el estado argentino dejaba de ser el espacio de realización social, al desvincularse de la responsabilidad directa por la cantidad y la calidad del empleo generado en el país, y al carecer de cobertura y contención para amplios sectores de la sociedad que quedaban fuera de su alcance. Ello revertía los pilares del orden social que se había iniciado a mediados de la década del cuarenta y que se había extendido hasta mediados de los años setenta, caracterizado por la industrialización interna y la sustitución de importaciones, la integración de los sectores populares en el sistema político y la redistribución de ingresos. La acción estatal, por entonces, iba más allá de la corrección de las llamadas fallas de mercado y buscaba la aceleración del proceso de crecimiento e industrialización. Para ello, el tema fundamental era superar la fragilidad externa de las economías (provocada por los ciclos de financiamiento, los cambios en los precios de los productos exportables, la estructura rentística de tenencia de la tierra, las transferencias de utilidades al exterior, etc.). De este modo, el sector público era clave en la movilización del ahorro y como motor de la inversión, ya que tenía la necesidad de generar superávit públicos, a través de la captación de rentas monopólicas por parte de las empresas públicas, la utilización del ahorro corriente derivado de la provisión de servicios públicos, los fondos de seguridad social y la captación del ahorro externo (Carciofi, 1997). En aquél contexto, el empleo operaba como un factor funcional al proceso de desarrollo, ya que garantizaba la mano de 69
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obra necesaria para la industrialización y el consumo que motorizaba la inversión y la producción. Además, representaba, junto con la educación, el principal mecanismo de ascenso social y de dignificación personal. Pero poco –o nada– de eso quedaba en pie al inicio del siglo XXI, ya que una serie de cambios significativos se habían producido en las relaciones laborales: una menor demanda de trabajo en las actividades formales, el crecimiento del empleo no asalariado como proporción de la ocupación total, el aumento del sector informal, del subempleo visible, del empleo asalariado no registrado y de la duración media del desempleo, así como una elevada inestabilidad ocupacional30. La situación que se inicia con la devaluación en 2002 puso fin a un ciclo de alrededor de 25 años (1976-2001) de fuerte preeminencia de políticas neoliberales orientadas a provocar un ajuste estructural profundo en la economía y la sociedad argentina. A partir de 2003, se inicia un nuevo ciclo que revierte la lógica del ajuste estructural de la economía y la sociedad argentina. Las bases iniciales del nuevo modelo estuvieron dadas por un tipo de cambio alto, la preeminencia de actividades basadas principalmente en la explotación de recursos naturales y en la exportación de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Asimismo, se produce una fuerte recuperación de la actividad industrial que sustituye importaciones de la mano de la utilización de la capacidad instalada y, en menor medida, de nuevas inversiones. Las políticas que se comenzaron a implementar dieron lugar a un nuevo régimen de acumulación productiva con inclusión social, donde se destacan la mayor importancia del mercado interno, la progresiva reindustrialización y mayores requerimientos unitarios de trabajo. Algunos de los pilares del nuevo modelo de desarrollo han sido el sostenimiento de un tipo de
30 También se redujeron las remuneraciones, la productividad del trabajo y se produjo una pérdida de capital humano específico,
en cuanto a calificaciones y competencias. Algunos indicadores cuantitativos eran elocuentes: entre 1991 y 2001 el empleo total había crecido al 0,6% anual, un tercio del ritmo de aumento de la población activa, y la ocupación de tiempo completo había caído un 9 % en esos 10 años (Beccaria, 2007). En el marco de los indicadores de "trabajo decente" (Empleo, Ingresos, Protección Social), la situación empeoró a lo largo de la década. La salida de la convertibilidad elevó el índice de pobreza del 37,8% de las personas (octubre de 2001) al 52,3% (mayo de 2002) y a mediados de 2002 el desempleo abierto había trepado al 21,5% y el subempleo visible al 18,6%. En ese escenario, sólo el 44% de los trabajadores eran asalariados registrados (Beccaria, 2007).
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cambio real competitivo; el sostenimiento del superávit fiscal, sin ajuste recesivo; la regulación de sectores clave de la economía, con retenciones, compensaciones y acuerdos de precios, el apoyo al desarrollo de la negociación colectiva y el aumento del salario mínimo vital y móvil; la renacionalización del sistema previsional, aumento y mayor cobertura de las jubilaciones y pensiones; el incremento del salario indirecto, universalización de las asignaciones familiares y multiplicación de programas de asistencia e inclusión social . El nuevo ciclo expansivo de la economía permitió una significativa recuperación del empleo, con tasas elevadas de ocupación. La evolución del empleo y de las remuneraciones indujo a una importante reducción de los índices de pobreza e indigencia y la elasticidad empleo-producto promedio en estos años alcanzó niveles altos que no se habían dado en otras fases expansivas (Kosacoff y otros, 2007). El cambio de ciclo permitió la redinamización de actividades productivas capital intensivo y actividades mano de obra intensiva, aunque con dosis duraderas de informalidad en el empleo generado y dificultades de empleabilidad de trabajadores que habían perdido capacidad profesional. Además, el proceso se fue dando con persistencia de bolsones de exclusión y brechas de bienestar entre diferentes sectores sociales. Como el patrón de crecimiento sostenido iniciado en el año 2003 continuó hasta principios del 2008, contribuyó de manera significativa a disminuir el desempleo, alcanzando valores de un dígito. El crecimiento de la economía se mantuvo, en parte, gracias a la definición de un tipo de cambio competitivo que protegió la producción doméstica permitiendo el reestablecimiento de encadenamientos productivos y la recuperación de la capacidad ociosa instalada, la que combinada con mayores inversiones posibilitaron la expansión del potencial productivo. Este esquema generó las condiciones propicias para que se acelere la creación de puestos de trabajo registrados, al tiempo que se redefinían las potestades reguladoras y promotoras del Estado. El renovado clima económico, social e institucional permitió una paulatina recuperación del valor del trabajo y una reducción de la incertidumbre que enfrentaban los empleadores respecto del sostenimiento del proceso económico. También un incipiente proceso de recuperación de la autoestima colectiva que resultaba una plataforma adecuada para la rever71
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sión sustantiva de un ciclo histórico de más de dos décadas de decadencia económica, institucional y social. Pero en el año 2008 se produce un cambio de escenario, debido a la crisis que se inicia por el costado financiero pero que, mirada como tendencia de época abarca diversos campos de la realidad mundial: es también una crisis energética y climática, por el creciente cuestionamiento a una matriz productiva derrochadora de recursos no renovables y de alta polución; es social y alimentaria, ya que prácticamente un tercio de la población mundial queda excluida de las contenciones humanas más elementales. Es de confianza y gobernabilidad, porque cuestiona la sostenibilidad del modelo de consumo imperante. También es tecnológica, ya que está enmarcada en el cambio de paradigma de la producción en masa a la producción flexible. Desde el punto de vista conceptual, la nueva coyuntura internacional sirvió para poner en escena nuevamente aquella concepción según la cual el mercado mundial sustituye al quehacer político. Si algo ha consagrado el fundamentalismo del capital reinante en las últimas décadas, es la ideología del dominio del mercado mundial, que termina reduciendo la globalización a una dimensión unidimensional (la económica), y separa la economía de los contextos político-institucionales y socio-culturales donde opera. Lo económico es interpretado como una variable independiente, prioritaria y anterior al resto de las dimensiones sociales. Sobre esa base se han fundamentado históricamente tanto las creencias en recetas económicas universalmente válidas, como enfoques de derrame que entienden que lo importante es garantizar el funcionamiento económico más allá de sus consecuencias sociales y laborales. En nuestro país, una serie de medidas contra-cíclicas permitieron atenuar los efectos nocivos y colocaron el sistema económico en condiciones de rápida reacción ante cambios de contexto. Uno de los mayores logros estuvo reflejado en la combinación de crecimiento económico más Estado presente, donde las políticas públicas han ido mutando paulatinamente de un contenido asistencial-social a uno de inserción productiva. La política de expansión del mercado interno, de elevación del poder adquisitivo del conjunto de la población y particularmente de los sectores populares, el superávit cambiario y fiscal, la integración regional y la diversificación de mercados de exportación, entre otros factores, generaron condiciones de solidez estructural ante eventuales temblores de mercado. 72
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Hoy, la Argentina se encuentra en un momento clave para la consolidación de un proyecto de desarrollo nacional inclusivo y sustentable. Y la discusión acerca del rol que debería ocupar el Estado en ese proceso, abre una serie de debates teóricos, pero fundamentalmente políticos. Es necesario encauzar el debate sobre el Estado en el contexto situacional del país. La sociedad argentina presenta diversidad de actores en función de su inserción e interpretación de los procesos sociales. Diferentes visiones de la economía, de la sociedad, de las instituciones y del trabajo. A su vez, estos actores presentan diferente autonomía e incidencia sobre los procesos locales, según la posición que estos ocupen en el sistema de relaciones de la sociedad local. Por lo tanto, el diálogo social no representa un cauce natural, mucho menos armonioso, sino que expresa un espacio de puja de intereses, a veces de confrontación abierta, que necesita ser canalizado a través de instancias democráticas de expresión, participación y decisión. Cuanto más institucionalizado están esos espacios, mayor es la posibilidad de evitar el conflicto abierto y conducir la interacción social hacia objetivos comunes. Se configura así la necesidad de comprender que el Estado no es un ente separado, ajeno de lo social y de las prácticas políticas que expresan los agentes sociales. No es posible pensar que toda demanda puede ser satisfecha –canalizada– de manera no antagónica o administrativa y no reviste un carácter destructor aceptar que existe una multiplicidad de demandas particulares que tienden a agruparse, y proclamar respuestas de lo público. Esto nada tiene de contradictorio con las “normas básicas” de una democracia; no afecta la libertad de expresión, no cercena libertades individuales, no subvierte principios republicanos; no invalida la heterogeneidad de visiones de cada uno de los habitantes de la Nación, con sus proyectos, intereses, convicciones, deseos plasmados en lo cotidiano, en diarios, relatos, discursos, pintadas, imágenes.31 Sí, marca una diferencia, supone la construcción de un corpus ideológico en torno a tensiones que se presentan en la coyuntura, y que constituyen lo estatal como caja de resonancia social. Como expresa Laclau, “la asimetría entre la comuni-
31 Tal como afirma Edgardo Mocca: “Perfectamente se puede estar convencido de la justeza de un proyecto y de la legitimidad de
una lucha y mantenerse constantemente abierto a los matices, a las contradicciones, a las zonas grises. Seguramente no es fácil pero parece el camino que vale la pena.”“Lo plural y lo binario”. Página 12. 2013.
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dad como un todo y las voluntades particulares es la fuente de ese estimulante juego al que llamamos política, en el cual encontramos nuestros límites peor también nuestras posibilidades. Muchas cosas importantes resultan de la imposibilidad de la universalidad última –entre otras, el surgimiento del pueblo”. 32 Esto conecta con la reflexión que propone Mouffe, del desafío democrático de convertir el antagonismo en agonismo, conduciendo el conflicto dentro de los estrictos límites políticos. Lo político no supone la eliminación del otro, sino su reconocimiento como tal y su conversión en adversario dentro de reglas de juego institucionalizadas. Incluso se vincula con la propuesta de Estado integral (García Linera), con el desafío de conectar Estado y sociedad a través de múltiples mecanismos de participación y transferencia de responsabilidades a los sectores populares organizados (las que alguna vez fueron denominadas organizaciones libres del pueblo).
Consideraciones abiertas Todo proyecto hegemónico se plasma en el Estado, que condensa una matriz de poder en un momento determinado, que cristaliza en reglas de juego institucionales y que construye realidad a través de acciones de gobierno en interacción (armónica o conflictiva) con la sociedad. El neoliberalismo nunca prescindió del Estado, sino que ha sido pilar en su construcción hegemónica: como garante de privilegios y transferencia de recursos públicos a manos privadas. También es pilar en la construcción de una hegemonía popular alternativa, como responsable de la ampliación de derechos, de la recuperación de soberanías instrumentales, de una mayor conexión entre sociedad política y sociedad civil, de fijar horizontes de expectativas y otorgar sentido colectivo de construcción política. La idea de Estado integral, defendida en ámbitos académicos y políticos, rompe con la separación moderna Estado y sociedad, que es hija del contrato social. Amplía lo público en su diversidad, promueve el paso de lo estatal a lo público, y se expresa en numerosas prácticas transformadoras. Aunque requiere algunas precisiones que permitan ver lo estatal más allá
32 Laclau, Ernesto: “Populismo ¿qué hay en el nombre? Pág. 46.
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de la escala central, es decir en toda su dimensión territorial: federal, provincial y local. No hay desarrollo integral sin Estado sano y fuerte en todos sus niveles, para que puedan desempeñar completamente sus funciones en relación a la sociedad y los territorios. Implica una nueva geografía de responsabilidades públicas, donde el gobierno central asume nuevas y renovadas funciones, al tiempo que habilita espacios de decisión y gestión a los ámbitos provinciales y locales. No se trata de una perspectiva de suma cero (sacarle a uno para darle a otro), ni de debilitamiento institucional, como lo reflejaron algunas experiencias del pasado, de desconcentración funcional orientadas por ajustes fiscales; sino de suma positiva y fortalecimiento de lo público para ampliar el campo de posibilidades de acción. El gobierno central es fundamental para promover y estimular el equilibrio y la equidad en todo el territorio nacional, el funcionamiento de los sistemas productivos locales, la sustentabilidad social y ambiental, el impulso a la innovación tecnológica, la especialización productiva y comercial, la mejora en la diferenciación y calidad de la producción de bienes y servicios, la organización institucional, la integración regional. También es el principal responsable de la solidaridad socio-territorial, con el impulso de políticas redistributivas de distinto signo. Por su parte, las ciudades, los territorios rurales y las micro-regiones provinciales constituyen ámbitos donde se ejercitan con mayor vigor las demandas y presiones sociales, donde se manifiestan y difunden los fenómenos de innovación inclusiva, las experiencias de organización y profundización democrática, de reafirmación cultural y donde surgen esfuerzos singulares de gobernabilidad y reivindicación popular. A su vez, son espacios estratégicos para la articulación entre actores diversos que permite exponer tensiones, canalizar conflictos y establecer acuerdos que impulsen transformaciones institucionales. El renovado enfoque territorial otorga a los actores territoriales el protagonismo de dinámicas endógenas articuladas con lo nacional y provincial, pero protagonizadas desde lo local. El mito neoliberal de del desarrollo sin Estado y sin política es resistido por prácticas organizativas, productivas, comunitarias, expresadas en proyectos territoriales de identificación y diferenciación. Desde presupuestos participativos hasta experiencias de economía social y solidaria, desde el fortalecimiento de cadenas productivas hasta la promoción de 75
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medios innovadores, desde la implementación de oficinas locales de empleo hasta la creación de agencias de desarrollo regional, desde la resistencia a prácticas extractivistas hasta la formulación de iniciativas ecológicas, desde la movilización ciudadana hasta la formación de agentes locales de cambio. Todas ellas expresan sinergias públicas, privadas y comunitarias; acuerdos institucionales; lugares de protagonismo, territorios de construcción de poder popular. Por tanto, resulta imperioso incorporar en la discusión del Estado ampliado temas clave como correspondencia fiscal, descentralización, regionalización y autonomía municipal. Será necesario reconocer que los procesos de desarrollo en democracia dependerán crecientemente de la efectiva vigencia de estos principios. La ampliación y superación del modelo tradicional de concepción de lo estatal y de gestión pública reclama además, efectivos y novedosos instrumentos legales, administrativos y financieros. Este proceso permitirá una mejor consolidación de otros ámbitos de interacción y de espacios políticos originales, con los que necesariamente las políticas nacionales deberán articularse. Pensar en términos de Estado ampliado, es una manera distinta de hacer política transformadora en Argentina, impulsada por fuertes liderazgos políticos y definida a partir de una doble articulación (vertical y horizontal) que permita aumentar las capacidades organizativas, creativas, emprendedoras del pueblo; aprovechar las oportunidades del contexto; definir las estrategias territoriales y sectoriales; explicitar los conflictos y gestionarlos democráticamente. La Argentina está perfilando un nuevo proyecto de desarrollo, que revierte los pilares de la sociedad de mercado y otorga primacía a lo público como valor y lo político como ámbito de transformación. La discusión de la matriz estatal-territorial de este proceso, es parte de la agenda prioritaria de los tiempos por venir.
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Apuntes sobre la Democracia, la Política y el Estado en perspectiva Nacional - Popular. Fabricio Loja 33
“La tradición, que para muchos es una traba, ha sido un instrumento venturoso para Jauretche. Le ha permitido realizar obra viva, obra que el tiempo cuidará de no preterir, obra que merecerá –yo lo creo– la amistad de las guitarras y de los hombres”. Jorge Luís Borges, 1934
El elogio que antecede estas líneas, pertenece al Borges que aún conservaba simpatías por las multitudes argentinas, y que en su prólogo al texto de Arturo Jauretche, El Paso de Los Libres, señalaba un nudo problemático aún no desatado en la rica historia de las polémicas argentinas; la relación entre tradición y política. Este tema, el de la tradición, ha sido tratado durante muchos años por conocidos cientistas sociales, como parte de un debate, que en su posición dominante, ha determinado que la influencia de la tradición nacional popular, es una de las facetas explicativas del autoritarismo reinante en las diversas fuerzas políticas de nuestro país. La tradición; traba para muchos que, ante la emergencia en América Latina de nuevos movimientos sociales, hacen crítica desde una óptica formalista y procedimentalista a novedosas prácticas democráticas. Traba, para quienes tras una idea lineal de transición
33 Licenciado en Ciencia Política (UNR). Integrante del CEDeT. fabricioloja@hotmail.com.
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democrática muestran, a nuestro entender, notorios límites para enriquecer teóricamente a estas praxis políticas en su dimensión socio cultural emancipadora. Sabemos que este paradigma, el de la transición, instalado con la reapertura democrática, dictaminó “el fin de los grandes relatos”, satanizando en su conjunto aquellas prácticas y lecturas pregoneras de variadas formas de tendencia igualitarista. Llegando incluso a endilgarle, a la óptica nacional popular, ser la conciencia de un sujeto político que generó, con su propio autoritarismo, a su propio represor. Alejados de toda concepción cercana al tradicionalismo, consideramos que la tradición, desde la matriz nacional popular, es un instrumento venturoso para concebir a la Democracia, como un proceso de integración social mediante la conquista, participación y ocupación de espacios de decisión, sobre los diversos recursos de poder social.
Cuando el exceso de demandas pone en riesgo la República “Los argentinos tienen un enano fascista adentro”. Oriana Fallaci –periodista italiana– durante una entrevista de Bernardo Neustadt, para el programa “Tiempo Nuevo”, 1983.
No es novedad, para quienes leen este apunte, que la intención a entrañar modificaciones en las pautas culturales arraigadas en la viejas tradiciones populares, tiene sin dudas pedigree en la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie. De este modo, retomando este postulado, la reapertura democrática también trajo consigo el intento por sepulturar a los movimientos de masas a fuerza de escritos sobre la “Argentina Autoritaria”, y tratándolos despectivamente como tendencias simplemente plebiscitarias. Asimismo, las modernas ciencias sociales de corte alfonsinista, se negaron a reconocer en la tradición popular a sujetos políticos que enarbolaron en sus prácticas –estatales o resistentes–, acciones, si bien poco respetuosas de la institucionalidad republicana, sin duda cuestionadoras de la distribución del poder fáctico. De esta manera, en esta nueva transición hacia la democracia, comenzó a hablarse por entonces de una Segunda República, entendida ésta 80
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como un novedoso sistema de reglas y procedimientos, que giraban en su sentido refundacional sobre un vacío histórico. Correlativamente, también se eludía la resistencia por parte de la línea nacional y popular a los más crueles autoritarismos cobijados por el discurso del salvataje institucional. Es que esta faceta republicana entendió siempre la participación política en forma restringida, sea bajo gobiernos de facto o aquellos surgidos del fraude o la proscripción. Consideramos que esta falta de comprensión, ha sido consecuencia de una manera de entender a la democracia desde una óptica liberal republicana, que no sólo exige limitar el poder del Estado sobre el individuo, sino que achaca a la “cultura estatista dirigista” ser una permanente subvertidora de la racionalidad económica y un peligroso fantasma a la idea de ciudadanía vinculada al principio de propiedad. De esta manera, siguiendo a esta lectura de corte procedimentalista, no sorprende como que se desvanecieron otros factores de poder como el rol de las elites o grupos de presión, haciendo desaparecer las naturales tensiones vinculadas a la resolución de conflictos. Así, aquel comentario: “Les hable con el corazón y me respondieron con el bolsillo”, fue la conclusión de esa “nueva democracia” vencida ante las corporaciones económicas. En contradicción con este pensamiento, la corriente de pensamiento nacional popular, asume como inescindibles para dar respuesta a las demandas de las mayorías sociales el complemento entre Democracia Social y Soberanía Popular; que solo pueden ser encaminadas a través de un marco político y cultural sobre la idea de construir un proyecto nacional, integrando nuevos planteos de igualdad social. Además, la línea histórica nacional popular al historizarse, asume que los obstáculos para la efectivización de la soberanía popular y la democracia social han provenido siempre de grupos dominantes contrarios a la movilidad política y social. Frases históricas como: “para terminar con el peronismo hay que terminar con las chimeneas”, del Almirante Issac Rojas; o aquella de otro marino, Vázquez Rial, ante representantes de la CGT: “Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se ha hecho para que el hijo del barrendero muera barrendero”, son una muestra de un pensamiento aún vigente en una cultura política contraria a nuevas formas de democracia social. 81
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El retorno empecinado de una línea histórica “¡No, no ha muerto! ¡Vive aún! ¡El vendrá!” ¡Cierto! Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas”. Domingo F. Sarmiento. Facundo 1845.
Dando por tierra con aquellas posturas situacionistas propias de un posmodernismo sin historia, el momento histórico que comenzamos a caminar desde 2001 nos llevó a redescubrir nuevamente ese carácter fundante del Federalismo rioplatense, que se planteó la descentralización del poder modificando el estatus heredado del orden colonial. Así, la figura de José Artigas y su proyecto, al plantear el conflicto entre la plebe y la gente principal, no solo como una cuestión étnica, sino como modos de acceder a una ciudadanía más integral, incluyo a indios, mestizos y negros, por medio del rescate de las Asambleas populares y los Cabildos, que estaban asentados en la vieja tradición hispano criolla. Sin duda, de aquí parte el concepto de que las masas constituyen el protagonismo central de la movilidad social. Porque las ideas económicas de Artigas estaban muy lejos del liberalismo económico a ultranza sostenido por la élite de la ciudad de Buenos Aires. Artigas concebía a un Estado regulador del comercio, protector de la industria doméstica, repartidor de tierras, e instrumento popular para forjar la independencia y el progreso. “Es preciso borrar los excesos del despotismo. Todo hombre es igual a presencia de la ley. Sus virtudes o sus delitos lo hacen amigable u odioso. Olvidemos esta maldita costumbre, que los engrandecimientos nacen de la cuna”, sostenía el Protector de los Pueblos Libres. Hoy diríamos ciudadanía ampliada. Ciudadanía no basada en la propiedad como en el caso del otro federal Manuel Dorrego y su defensa es pos del voto de los jornaleros y peones. Esta acción política, tampoco apelaba a una razón universal, sino a entender al pueblo como terreno primario para la constitución de la objetividad social. Concepción sostenida posteriormente por el radicalismo, en la figura de su caudillo Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio según Manuel Gálvez. Ese radicalismo en lucha por la ampliación del sufragio se trans82
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formó en una suerte de religión cívica al enunciar su fundador que: “El radicalismo es un sentimiento y no un programa”. Esta forma de construcción que amalgamaba la tradición y el cambio fueron estigmatizados como la política criolla, por los partidos de concepción pretendidamente científicos. Es que en su rechazo al europeísmo, el radicalismo yrigoyenista promovió una irrupción plebeya, amparada en una mirada de entender al Estado en su rol de árbitro tutelar. “La alpargata entró a la casa rosada”, fue uno de los pretendidos estigmas de las clases apartadas por este nuevo poder político. La Causa contra el Régimen, fue una forma de hacer confluir la cuestión de la legitimidad como cuestión nacional, politizando a la sociedad civil, y dimensionando la importancia de la voluntad política en toda acción de cambio. Este Estado tutelar, más allá de connotadas represiones, buscó ser el árbitro del conflicto social. Claro que hoy día este radicalismo no está emparentado a esta cosmovisión, sino más bien a las corrientes que intentaron vincular al radicalismo histórico con la socialdemocracia europea en desmedro de su evidente tronco criollo federal, por lo que su dirigencia actual no puede seguir mostrando formas heterodoxas de construcción democrática. Será el peronismo, donde la clase trabajadora se integrará al sistema político ante la crisis de legitimidad del sistema de partidos a mediados del siglo XX. Pero esta irrupción de las multitudes será ante todo la conformación de una nueva identidad cultural, con una concepción del ser humano como ser situado y sujeto de derechos sociales en la plenitud de su realidad. Esta nueva forma de democracia social, modificará la estructura real del poder, y estará motorizada por un sustrato heterogéneo por el afluente de diversas de tendencias, no sólo ideológicas sino étnicas como bien sostenía Raúl Scalabrini Ortiz: “Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación pudiese concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El descendiente de meridionales europeos, iba junto al rubio de trazos nórdicos y el trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún… La multitud tiene un cuerpo y un ademan de siglos”. Sin desestimar la restricción a libertades individuales, que hoy podemos decir menores, por lo acontecido con posterioridad, este nuevo modo de democracia social vinculó la soberanía popular a la soberanía nacional, 83
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donde la libertad estaba vinculada a la autonomía nacional en el marco de las relaciones internacionales. Pero el aspecto más dinámico de este modo de democracia social, fue el hecho de institucionalizar el conflicto buscando la conformación de una Comunidad Organizada como nuevo sistema de poder, donde las Organizaciones Libres del Pueblo, reconociendo los diversos intereses sectoriales, pudieran modificar la estructura de poder real en la sociedad liberando las potencialidades latentes del pueblo. El pueblo como terreno primario de la objetividad social, donde lo cultural y el vínculo afectivo, mostraban un cuño comunitarista basado en la concepción cristiana y asociativa del ser humano. Por eso, que la movilización popular pueda volcar coyunturas políticas es una enseñanza de ese momento, protagonizado por un sujeto que si bien giraba en torno a la masa trabajadora, estaba conformado por un conglomerado policlasista. El peronismo al politizar lo social en forma masiva, comenzó a cuestionar la propiedad, ya no vista como un derecho irrestricto sino en su función social. Ahí aparece otro concepto democrático fundante, el de la Justicia Social, como una virtud del Estado; Estado como garantía de la ampliación de derechos.
El peronismo como una filosofía de la praxis “La política no se aprende, la política se comprende, y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente, hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones”. J D. Perón.
En esta experiencia histórica, la aceptación de la naturaleza asociativa del ser humano buscó liberar las potencialidades latentes del pueblo en su desorden creativo y destacando el carácter único de los acontecimientos. Por esta razón quienes se niegan a aceptar que se puede “conducir el des84
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orden”, parten de un enfoque conservador de la gobernabilidad, donde la acción de las masas es vista como una amenaza y donde la participación popular es un acecho permanente para la normalidad institucional, fomentando una suerte de democracia ingobernable. Para la doctrina Justicialista, entender al Estado no contra Sociedad Civil, sino a lo público por sobre lo privado, es dimensionar al Estado ya no como gendarme de los derechos individuales, sino como garante de los derechos sociales. El aporte del peronismo a la corriente de pensamiento nacional popular, es un modo de construir lo político articulando demandas por medio de la primacía de la política. Por eso la temática especifica aquí expuesta, trata de encontrar algunas claves del porque pensamientos considerados como irracionalistas, institucionalistas y sin rigurosidad científica, han tenido efectos altamente movilizadores en cuanto a generar ideas fuerza, polémicas y fundamentalmente una cultura política con sus formas prácticas de situar la percepción de la misma. Por esto mismo, los principales autores de la corriente nacional popular sostienen que la auto denominada línea liberal republicana, al entender a la democracia asociada sólo a la idea de representación, impide pensar nuevas formas de institucionalidad más participativas, que favorezca relaciones horizontales y deliberativas. La línea nacional y popular entiende que la democracia no tiene nunca interpretaciones lineales y uniformes, ni puede interpretarse por medio de manuales guía; pero sí afirma que la praxis política dentro de un marco democrático opera sobre una permanente lucha de intereses entre voluntades opuestas y sobre un sistema de creencias, donde hay un fuerte peso del factor cultural sobre lo político. De ahí, que en esta confrontación de intencionalidades, la democracia popular se encuadre en la búsqueda del bienestar para las mayorías nacionales. Esta línea, la nacional popular, reconoce la existencia de un sistema decisional condicionado por las corporaciones y al estado como reparador, regulador y promotor de políticas públicas. Por esta razón, es fundamental salir de la concepción procedimentalista que juzga a la democracia solo desde el punto de vista institucional, desconociendo los intereses reales que pujan por lograr beneficios concretos. Analizar la crisis de la democracia fijándonos solo en el respeto a la divi85
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sión de poderes y el abuso de decretos de necesidad y urgencia por parte de cualquier poder ejecutivo, nos dará una mirada superflua y diminuta del campo de tensión permanente que es la política. Ahora bien, para el peronismo, la política vista como lucha de intereses, puede entenderse únicamente si se conoce como se implementan no sólo las decisiones gubernamentales, sino cuáles son los intereses que defienden los diferentes sectores pertenecientes a la sociedad civil. Solo así, se puede interpretar la germinación de los conflictos tanto presentes como futuros y observar aquello de que: “cuando las aguas comienzan a encresparse, es que hay un tiburón que serpentea”. Además, las fuerzas sociales en marcos democráticos pocas veces se muestran de manera sincera y mostrando sus verdaderos intereses. Arturo Jauretche nos trae esta lección de obstrucción a una política de gobierno: “Cuando usted quiera oponerse a un camino no se oponga: proponga otro trazado... De inmediato surgen los inocentes partidarios del nuevo trazado que arman el barullo necesario para que lo proyectado en primer término no se haga. Consecuentemente tampoco se hace el nuevo, que los impugnadores proponen pues están en contra los partidarios de la antigua”. Por lo general, en un marco de confrontación política en democracia, para develar intereses inconfesables, cuando aparece o se muestra todo embarrado, sencillamente debemos ver a los favorecidos, entre quienes se ocultan en las sombras, porque estos no suelen estar a simple vista. Como sostiene un viejo proverbio popular: “A veces hay que pegarle al pobre chancho para que aparezca el dueño”. Es decir que cuando un interés está amenazado, ninguna consideración de oportunidad o conveniencia puede detener a quien goza de privilegios, el cual acepta hasta la exposición social para sostener su situación, incluso pasando por sobre la legalidad democrática misma. La confrontación política, el fundador del peronismo la entendió como “batallas de opinión”, es decir como un sistema de creencias, dimensionando el peso del factor cultural sobre el factor meramente económico, porque en política no existe siempre una relación mecánica de adhesión de los sectores populares a una determinada línea de acción, así esta vaya en ese sentido. Porque la pertenencia al pueblo no es una cuestión de nivel de ingresos económicos; por ejemplo no todos los asalariados asumen su condi86
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ción de trabajadores, ni todos creen que la construcción colectiva sea la única herramienta para transformar relaciones laborales injustas. Para la cultura política peronista, la lucha en plano cultural se construye sumando voluntades, rompiendo el individualismo, muchas veces reinante en el espacio sea territorial, social, estudiantil o sindical, lo que se transforma en el desafío medular de la acción política para lograr marcos de democracia participativa. Por tanto, lo cultural es en determinados momentos decisivo para comprender la orientación de determinados sectores sociales, quienes cargan en sus expresiones políticas con prejuicios, sentimientos y tradiciones que condicionan su interpretación de la realidad. Por eso, en la actualidad, y retomando la última gran experiencia histórica popular, la práctica política en democracia puede ser solo un valioso instrumento si permite plantear agendas y determinar los marcos de debate. Porque se entiende que en el plano cultural, la lucha por el sentido de las palabras y las cosas son prioritarias y constitutivas del ser político.
El resurgir de la militancia en el nuevo milenio “Tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, tenemos que volver a valorar la política. Queremos tener compañeros y compañeras que piensen, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que nos ayuden a equivocarnos lo menos posible”. Néstor Carlos Kirchner
En el contexto político actual, un aspecto relevante que no podemos dejar de remarcar, es el replanteo permanente de las palabras y las cosas cuando se singularizan en políticas concretas. Sabemos que cuanto mayor es el nivel de abstracción de un concepto (justicia – libertad), lograr márgenes de acuerdo parece simple, pero cuando se especifica que se entiende por tales conceptos los intereses afloran provocando el conflicto. La lucha por la justicia y la libertad, así como la búsqueda de la unidad en la diversidad, también han sido conceptos aclamados por sectores ubicados en polos opuestos que se catalogan a sí mismos como republicanos o populares. 87
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En este sentido, en los últimos años ha vuelto a sobresalir la disputa histórica por el sentido de Patria. Mientras que para las elites ilustradas fue siempre un conjunto de instituciones y símbolos, para el campo popular “la Patria son nuestras hermanas y hermanos de nación”. Para los primeros la patria es algo dado y estático, para la democracia social la Patria es el sujeto Pueblo, “el otro” en permanente construcción. No mucho se ha teorizado en teoría política sobre la praxis en sí, dentro de un sistema democrático. Pero sí sabemos que existen modos de pensar la realidad y sus condicionantes en que las doctrinas son vistas como principios permanentes y las ideologías como los modos en que se ejecutan esos principios. Para comprender estas variadas formas de praxis política, ante todo se debe aceptar que en política se maniobra, y que ante esta realidad es prioritario diferenciar entre el realismo político y el pragmatismo. Sostenía Arturo Jauretche, respecto del realismo político que: “Es frecuente el error de oponer la política realista a la política idealista, como una alternativa, y el error proviene de confundir al político practicón con el realista, lo que es un absurdo, ya que el realismo consiste en la correcta interpretación de la realidad y la realidad es un complejo que se compone de ideal y de cosas prácticas. Así, el político realista, es decir, sustancialmente el político, ni escapa al círculo de los hechos concretos por la tangente del sueño o de la imaginación, ni está tan atado al hecho concreto que se deja correr por el círculo de lo cotidiano al margen del futuro y el pasado, diferenciándose bien del practicón que es un simple colector de votos o fuerzas materiales....”. La concepción de democracia social, propia de la concepción nacional popular, entiende que la práctica política por una parte es: pasión más razón (es decir la mística sumada a la doctrina), por lo que se considera importante interiorizar a los sujetos políticos que pretendan realizar transformaciones sociales concretas; y que la política en democracia está configurada, entre otros factores, por: la vocación de servicio y la voluntad de poder. Ya que si se tiene sólo vocación de servicio, se logrará conformar un vínculo indestructible de afecto y solidaridad con el sujeto pueblo, pero probablemente sólo logrará mejoras parciales, porque dependerá siempre de los recursos que disponen los que sólo tienen la voluntad de poder. La práctica política popular ha pivoteado sobre un equilibrio permanen88
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te entre todos estos factores. La militancia sólo de esta manera puede hacer que su trabajo solidario de alta conflictividad social, sea acompañado de una alta intensidad política, poniendo en jaque a los sectores de poder no afines a sus intereses. De esta vinculación permanente entre vocación de servicio y la voluntad de poder surge la dirigencia política y la emergencia de liderazgos. Lo nacional y popular nunca renegó de la idea de liderazgo, que en los proyectos son imprescindibles, porque comprende que en todo caso las democracias necesitan de resoluciones y la verdadera tarea de los espacios políticos no es anular a quien las implementa, sino en cómo las decisiones se toman, es decir, cómo poner controles a esa autoridad delegada. Asimismo, también se destaca el hecho de que el dirigente popular no debe ser ni el más ilustrado ni el más apasionado, sino que debe tener en cuenta que el pueblo sigue a quienes se les parecen, y la representación política es el emergente de la conciencia de sus representados. Un concepto no menor en la tradición nacional popular es la referencia a los cuadros políticos. En este punto, la militancia política se eleva cualitativamente, mostrando capacidad organizativa y comprendiendo la necesidad de vislumbrar los focos de conflictos futuros. Porque el arte de comprender la política en un sistema democrático consiste en prepararse para conducir lo imprevisto y lo accidental también.
El conflicto y la eventualidad “No he visto a nadie hacer una tortilla sin romper algunos huevos”. Juan Domingo Perón
Otro aporte medular a esta temática, es la necesidad de dimensionar en democracia los conflictos. Ya que si anteriormente definimos que para la tradición popular, la política es comprendida como una práctica social que pivotea sobre conflictos de intencionalidades opuestas, debemos definir a lo político como la dimensión social que toman los conflictos. Porque no todo conflicto es político, lo es siempre y cuando sea una síntesis de las relaciones de poder vinculada con lo público. Los conflictos privados o sectoriales pasan a ser políticos cuando reflejan el realineamiento de las distintas instancias del poder social y las voluntades colectivas. 89
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De este modo, esta disputa por el sentido siempre fue para la corriente nacional popular una manera de generar una hegemonía cultural, que construya un sentido común que permitiera comprender que sólo el compromiso colectivo genera mejoras sociales, y que el Pueblo en su diario trajinar es el forjador de su propio destino. Debemos asumir además que en el ámbito privado no hay manera de eliminar el conflicto entre los seres humanos –porque no hay lugar que sea absolutamente neutral–, por tanto, dentro de un marco democrático, la única manera de manejar la tentación totalitaria es negar la razón ideológica que pretende revocar los conflictos. Hay lucha por espacios de poder porque hay confrontación de intereses, y no existe sociedad sin confrontaciones. La virtud del que ejerce la praxis política en las más altas esferas directivas sin duda, es conducir los conflictos por caminos lo más pacíficos posibles, aceptando la aparición del disenso como motor de cambios históricos. De esta manera, esta corriente de pensamiento sostiene que es en las confrontaciones políticas donde a menudo entran en juego diversos intereses, y la controversia de políticas incluye competencia y conflicto entre distintos intereses y agrupamientos. Por consiguiente, para ir desterrando la idea de crispación tan en boga por estos días, debemos aceptar que el disenso y el conflicto han sido la causa del cambio, para dar por tierra con la concepción conservadora que entiende que el conflicto no es inherente a las sociedades, que las sociedades podrían vivir sin conflictos, y que cuando el conflicto aparece, debemos atribuirlo a la psicología de determinado personaje y no a algo que constituye la naturaleza misma de todo orden. Porque si un fenómeno aparece y permanece inserto en un sistema social, es sin duda porque cumple una finalidad independientemente a nuestro deseo. La aparición de los conflictos en un marco de convivencia democrática, representa ideas ancladas y deseadas por sectores sociales con alguna cuota de representatividad. Por eso, es necesario recuperar dos conceptos inherentes al ser político democrático. Uno, que los conflictos son inevitables e incluso, en ciertas circunstancias deseables. Y dos, que los órdenes sociales nunca son eternos. Disimular la conflictividad inherente a la vida social es ideología conservadora pura, porque no habría vida individual o colectiva, ni historia nacional o universal, si no se hubiesen producido conflictos. 90
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El Estado como una estructura de decisión “No olvidemos que aquello que no se legisla explícita o taxativamente a favor del débil, queda implícitamente legislado a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su ley en su propia fuerza”. Raúl Scalabrini Ortíz
Es en este punto, que la tradición nacional popular aporta mucho sobre cómo se dimensionan las tensiones sociales en lo político, aportando un soporte realista y analizando las capacidades organizativas, la astucia para fomentar el disenso entre adversarios, la imprescindible necesidad de neutralizar la potencialidad de conflictos futuros; y el fortalecimiento del espacio propio mediante la fusión con fuerzas afines. Asimismo, historizar a lo político como una dimensión del conflicto y el conflicto como emergente de la lucha de intereses opuestos, nos permite entender al orden jurídico como síntesis de relaciones de fuerza. Por eso la Constitución Nacional de 1949 reflejó un momento histórico en que se podía categorizar a la propiedad privada en función social y los recursos naturales como bienes pertenecientes e indelegables de la Nación. Por consiguiente, el derecho también es una distribución del poder, el derecho como síntesis de las relaciones de fuerzas imperantes, asumiendo que las instituciones, en democracia, no son neutras y que las mismas son colonizadas por diversos grupos de interés. Resumiendo, debemos afirmar que el derecho social, en democracia, se constituye en el espacio donde los distintos sectores disputan poder, y que ese derecho adquirido se construye desde la dimensión colectiva del conflicto social. Porque las leyes sancionadas no son herramientas abstractas, sino que se aplican en una u otra dirección según la fuerza de los contendientes. Sabemos que miles de páginas se aglomeran en bibliotecas relacionadas a las ciencias sociales, que han dado una definición metódica, sesuda y hasta cuando no, pretendidamente científica sobre lo que es el Poder. Podemos sintetizar el concepto de Poder como: la capacidad de influir sobre la conducta de otros. Para el pensamiento nacional popular, en la figura de sus liderazgos históricos, esa influencia sobre la voluntad de los demás puede realizarse por medio de la persuasión (el ejemplo militante) o la coerción (una dictadu91
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ra militar). Por eso mismo el pensamiento democrático diferencia que: “obligar es mandar, y conducir es persuadir”. Asimismo es conocida la frase: “...si quieres probar el carácter de una persona dale poder”; es decir, que si en el plano colectivo el poder, aglutina a diversos intereses en una síntesis, en el plano individual potencia virtudes y defectos. También este concepto nos sirve para humanizar a la dirigencia política y saber que ella es producto del medio social que la catapulta al espacio que ocupa. De este modo, conceptuando el poder y saliendo de una perspectiva meramente conceptual y caminando hacia una perspectiva aplicada, lo popular entiende a la lucha por el poder como la existencia o posibilidad de obtención por un actor social de recursos para persuadir su voluntad sobre otros. De igual manera, así como acepta que en el plano de las relaciones internacionales la cuestión del poder se muestra mucho más cruda, ya que en esta dimensión el poder es la medida de todas las cosas, y por tanto los Estados para poder ser necesitan poder económico, cultural, militar etc…, en el plano de la política nacional, aporta al debate de que todos los actores tienen algún grado poder y por tanto todos desean legítimamente tener algún tipo de acceso a las acciones resolutivas. Además, si el impulsor de toda acción política es la búsqueda por ocupar espacios de poder, lo que distingue al campo popular es la forma en se construye, conquista y se llegan a tomar las decisiones de ese poder. En esta concepción aparece el Estado como estructura de decisión, frente a un paradigma vigente aún, el neoconservador cuya postura versa sobre el siguiente supuesto: “el Estado y la Política contra el individuo”, este lema se basa en un modelo en que la sociedad civil es el equivalente del mercado o de la sociedad burguesa. De esta manera, el eslogan de esta tendencia individualista es que: “si vos no te metés con la política la política se mete con vos”. Es decir la política como algo ajeno y externo al ser humano. El pensamiento político nacional popular asume que el ser humano es un animal político, por tanto si le sacamos la política es sólo un animal. Asumiendo que todo lo que es de interés público es político, y lo que toca el Estado es público, pero sabiendo que no toda política pública es estatal; resaltamos que la praxis política desde el Estado tiene una dimensión transaccional, porque la misma está condicionada por la relación de 92
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fuerza que se da entre quienes disputan recursos de poder en los más diversos escenarios. La tradición nacional popular, sostiene a la acción estatal como producto esencialmente de decisiones muchas veces negociadas entre partes (por arreglo o conciliación de intereses), donde la consecución del interés sectorial de cada uno busca realizar el fin colectivo que los vincula mediante la regulación estatal. Pero esta noción, nos lleva a aceptar que el Estado no debe ser neutro, porque el aparato estatal encarna la permeabilidad del interés público por sobre el interés privado; y que como los decisores y ejecutores públicos no tienen todo el control sobre las variables que intervienen, las maniobras políticas sobre el conflicto tienden siempre a develar los intereses en juego. Más si tenemos en cuenta, que se entiende a las políticas estatales como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. Tampoco se considera que el Estado deba tener el monopolio de la decisión política, pero sí establecer a fondo la primacía del poder político surgido de la soberanía popular sobre los poderes fácticos, tema que sigue siendo un desafío que pendiente aún hoy para la democracia argentina. Recomponer la historia de los gobiernos populares nos puede aleccionar acerca de que en la acción de gobierno la autonomía del Estado se proyecta y concreta en la autonomía de las políticas públicas. Estas políticas son las que dan cuenta del sentido y contenido de la lucha de diversos sectores en tensión por apropiarse del poder del Estado y del aparato estatal. De esta manera las políticas públicas especifican el proyecto de dirección del Estado y el proyecto de dirección ideológica, a través de los cuales un gobernante busca imprimir una determinada dirección a las relaciones entre la sociedad y el Estado. Sobre todo porque la historia nos muestra ante todo dos facetas de la lucha por el poder. Primero, que se pueden producir graves crisis cuando se ceden porciones de poder real (recursos). Y segundo, al decir de Maquiavelo que: “…cuando no decide un Príncipe deciden los poderes ocultos”. Es decir, cuando no gobierna el soberano emanado de la voluntad popular imponen su fuerza los poderes fácticos. 93
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A modo de conclusión Retomamos, que si para la tradición nacional popular: “la política es una sucesión de hechos concretos”; ser realista y estratégico en la práctica política, significa responder a las demandas hechas en una situación determinada con todas sus inestabilidades, utilizando las habilidades ordinarias sobre cierta clase de problema general, y sobre problemas específicos, únicos y contextualmente determinados. Afirmamos, que con la recuperación de la voluntad política, desde el cambio de paradigma operado post crisis de 2001, aparece el tema del Estado, con nuevas problemáticas, que vuelven a tomar una centralidad frente a lo que antes se creía nada se podía hacer. Esta centralidad del Estado será nuevamente dimensionada desde lo nacional popular, como núcleo problemático por excelencia para lograr nuevas instancias de igualdad social en una concepción que busca construir una democracia diferente. Por lo expuesto, creemos que la tradición nacional, en su permanente construcción de nuevas formas de democracia social, y desde su filosofía de vida simple, práctica y popular sigue siendo un elemento venturoso y un aporte permanente. Sostenía Arturo Jauretche que: “lo perfecto imposible, no debe desplazar a lo bueno realizable”. Una enseñanza que nos deja esta experiencia de la historia de los avances sociales, es que éstos no se discuten: se conquistan y se defienden sobre la base de organización, conduciendo la lucha con coherencia, inteligencia, astucia y asumiendo las fuerzas reales con las que se cuentan en un tiempo y espacio determinado. Porque la historia por buscar mayores conquistas democráticas, muestra que en política no se avanza sólo cuando se desea un cambio, sino cuando se puede lograrlo, y ese poder lograr, depende de la fuerza que se acumula sumado voluntades en torno a defender un interés concreto. En el comienzo de este nuevo milenio, no es posible comenzar a transitar un camino de emancipación si de la misma no resultan complementarios los conceptos de Soberanía Popular y Autonomía Nacional. No es posible pensar nuevas formas de acceso a la ciudadanía sin tener presente al Estado y su permanente transacción con aquellos poderes fácticos existentes más allá de cualquier sistema político o marco institucional. Sobre todo, porque consideramos un desafío pendiente de las corrientes 94
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progresistas, teorizar sobre esta permanente construcción colectiva de sentido, donde la concepción de Democracia está nutrida de prácticas políticas que se ejercitan sobre una permanente lucha de intereses y un sistema de creencias, donde se percibe un fuerte peso de lo cultural sobre lo político con un sentido positivo de la historia y la tradición.
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La noción de trabajo en dos proyectos políticos: el peronismo de 1943-1955 y el kirchnerismo Franca Bonifazzi 34
Introducción. El trabajo como categoría política El siguiente escrito pretende reflexionar sobre la noción de trabajo, a partir de dos Proyectos Políticos: a) la experiencia del peronismo en el gobierno durante 1943-1955 y b) el actual período de gobiernos kirchneristas inaugurada a partir del 2003. La lectura dominante en los estudios de la Ciencia Política centraron las teorizaciones sobre el trabajo en el marco de las relaciones entre el Estado y el Movimiento Obrero. A diferencia de ésta, se busca aportar al campo disciplinar a partir de la riqueza analítica de los procesos políticos. En tal sentido, la hipótesis central es: que ambos proyectos dan cuenta de una nueva perspectiva desde los gobiernos y el Estado hacia la constitución de la forma del trabajo, del mundo del trabajo y de las organizaciones del trabajo en el centro de la política argentina. A saber, se transfigura la problematización sobre la cuestión social hacia el problema del trabajo como un derecho a garantizar. Una de las directrices que guiaron mi formación, fue la de considerar que un análisis político siempre es situado; es decir, se encuentra inmerso en una temporalidad, trama de situaciones, configuraciones históricas, espacialidad, actores relevantes, correlación de fuerzas. Un análisis contempla la singularidad de los procesos políticos. En palabras de Nohlen, cada Ciencia Política tiene características propias, influidas por el propio desarrollo político del país; y cuyas reflexiones sobre la disciplina y como
34 Estudiante avanzada de la Lic. en Ciencia Política (UNR). Integrante del CEDeT. franca_menteyo@hotmail.com.
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ésta se enseña tienen ese trasfondo histórico y contextual (Nohlen, 2007). Hablar de noción, concepto o categoría en términos situados, nos permite ubicar el aporte que las realidades operan sobre los andamiajes teóricos con los que reflexionamos los problemas políticos. Arturo Roig sostiene que las categorías son categorías sociales, “resúmenes de la realidad con los que construimos nuestro discurso y juegan, a pesar de su origen histórico, un papel a priori sobre el cual se organiza la experiencia” (Roig, 2008: 105). En consecuencia, ¿cabe a la Ciencia política preguntarse por el trabajo? , más bien, ¿por la categoría social del trabajo? Si bien otras ciencias aportan a la reflexión sobre el trabajo, y nos valdremos de cuantiosos escritos de las mismas, este escrito intenta dilucidar el interés político por la reflexión sobre el trabajo para un proyecto político. En relación a éste último punto, cabe mencionar, que los primeros esbozos sobre la política y los problemas del pensamiento político, en nuestro país, no vinieron precisamente de la mano de politólogos, sino de una “literatura de ideas”, como lo denominará Altamirano (Altamirano, 2005). Ensayos, conjunto de tipos textuales, desde proclamas y manifiestos políticos hasta escritos de combate o de doctrina; textos de una intervención directa en el conflicto político o social de su tiempo fueron el situs de la reflexión política; muchos de los cuales serán recuperados para ahondar en este escrito. Sobre el silencio a lo largo de mi transitar universitario, respecto al pensamiento político situado, circunscripto a materias residuales pero sin ser transversal a los estudios políticos, es que se sitúa este escrito. En este sentido, abordaremos ambos procesos enmarcándolos en la vigencia del debate sobre el trabajo como integrador social, y las posibilidades de garantir tal enunciado en la sociedad contemporánea. A partir del mismo, propondremos la noción de trabajo como una noción que debe formar parte de las reflexiones políticas y sociales; a diferencia de posturas que lo consideran solo un hecho, factor o variable económica. Recuperar la dimensión política de esta categoría, permite vislumbrar las consecuencias de los procesos neoliberales, que consagraron fuertes niveles de marginalidad y exclusión social, los cuales han podido ser revertidos a partir de la revalorización de la política y de pensar la democracia de manera sustantiva, desde la perspectiva de ampliación de derechos, en éste caso del derecho al trabajo. 100
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De la cuestión social a la cuestión nacional. El trabajo como derecho Cuantiosa bibliografía se puede hallar referida a la historia de trabajo, la cual en su mayoría, acompañada de la reflexión sobre la cuestión social, coincide en que él mismo es un interrogante de la modernidad (Neffa, 2003; Meda, 2004). Si bien parece que existió desde siempre, hablar de y sobre el trabajo apenas supera los 200 años en la larga vida de la humanidad. En sintonía con Carballeda, y desde una perspectiva situada, es inseparable en Latinoamérica la cuestión social de la “cuestión nacional”. A saber, dicho autor sostiene que “en nuestro continente, la serie de circunstancias que construyen los escenarios de intervención, otorgan una dimensión singular y propia a la intervención social. Donde este hacer implica la necesidad de estar situado en una serie de coordenadas históricas y culturales para poder comprender y explicar la esencia de los problemas sociales, la construcción de la demanda, el sentido de ésta, lo que se oculta detrás y lo que se naturaliza (…) la cuestión social surge como producto de diferentes tensiones. Una de ellas, es la propia dispersión de culturas y civilizaciones que origina la conquista, con la consecuente resistencia a estos nuevos signos del poder. Como forma de respuesta a este avasallamiento, el asedio cultural del colonizador, es respondido desde la tenacidad del colonizado como forma de resistencia. Es allí donde se construyen nuevos signos de sociabilidad en la búsqueda del lazo social perdido o avasallado” (Carballeda, 2010: 5-6). No casualmente, en la textualidad de la nación Argentina, el derecho al trabajo devino pivote de la constitución del lazo social en los proyectos políticos que se pretende analizar: el peronismo del ‘43 al ‘55 y el kirchnerismo desde el 2003. Remarcamos la categoría de Proyectos Políticos, ya que la misma implica la recuperación de la primacía de la política por sobre el “pensamiento modélico”, que pretende resumir todo, una idea abarcadora entendible para todos, con un sesgo proveniente de las matrices dominantes de la formación de los economistas; donde, ceteris paribus, la aplicación de recetas y formulas claras y distintas daría solución a los problemas de la vida social y política. Por eso, sostiene Zaiat, “el modelo”, mediante iniciativas precisas e instrumentos determinados busca alcanzar el “equilibrio general” de la economía, lo que deriva en un estado de bonanza y estabilidad, dónde no se debería hacer nada para alterarlo, dejando que funcione en un círculo virtuoso. Dicha concepción, da cuenta de la coloni101
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zación del discurso económico en el espacio público, trasladando un concepto idílico de “equilibrio” que contrasta con una realidad cambiante, dónde existen relaciones de fuerzas, conflictos y dilemas propios de la política, que distorsionan la mentada armonía (Zaiat, Alfredo, 2010). En consecuencia, resaltamos la noción que incorpora a la economía como algo más complejo que un conjunto de variables matematizables, reconociendo el desequilibrio reinante, que obliga a trazar prioridades políticas, objetivos y metas para alcanzarlos. Citamos a colación a Claudia Bernazza, para quien “los grandes proyectos políticos, o proyectos de gobierno, presentados en las naciones emergentes como proyectos nacionales, lograron movilizar en las primaveras democráticas del continente discursos, recursos y voluntades, los que confrontaron con los proyectos que se proponían desde embajadas imperiales o empresas multinacionales. Colaboró en esta operación, seguramente, la riqueza etimológica de esta palabra. Proyecto significa lanzar hacia adelante (pro: adelante; iectus: eyectar, lanzar). Es un término que se ocupa del presente, pero se ubica en el futuro. Es, claramente, una palabra dinámica, que no refiere a ninguna esencia. Es la celebración de la existencia, porque las personas, a la manera de los dioses, ponen todo su empeño para crear un mundo a la altura de sus convicciones” (Bernazza, 2011). Se prefiere la utilización de éste concepto al de gobierno, ya que permite una visión más amplia que integra a otros actores de la comunidad política en los grandes objetivos que se conciertan. Volviendo de la digresión sobre la necesidad de pensar en términos de Proyecto Político, y enmarcando éste escrito en un libro que considera a la democracia como una categoría en disputa, la cuestión del trabajo no dejó de ser uno de los frentes de batalla sobre los sentidos de la democracia en nuestro país. Desde principios del siglo XX, rastreando la Historia del Ministerio de Trabajo, en el 1904 se envía el primer proyecto al congreso con el objetivo de regular el trabajo obrero y sus relaciones con el capital, proveniente de Joaquín V. González. En el mismo año, en tiempos de roquismo, también se encomendó a Bialet Massé llevar adelante un estudio sobre las condiciones del trabajo y de la población en general, poniendo en evidencia la pauperización extrema a la cual se encontraban sometidas las clases trabajadoras argentinas. Cabe destacar, que más allá de las críticas del Informe de Massé, en su “Situación de la clase obrera en Argentina”, la mirada que efectuaban los positivistas de la época des102
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estimaba a la clase trabajadora criolla y mestiza por considerarla ociosa y sin condiciones de participar en la construcción de un país capitalista (González, 2011a: 18). El gaucho no era el trabajador de la Europa que tanto añoraron Sarmiento y Alberdi para la construcción de la Argentina triunfante, por tanto, más allá de las tibias propuestas como la ley la Ley N° 4.661 en 1905, la creación en 1907 del Departamento Nacional del Trabajo –a los fines de sistematizar estadística pertinente relativa al mundo laboral–, y la ley 8.999 de Cantillo y Palacios que ampliaba las funciones del Departamento, incorporando el Consejo del Trabajo; reinaba una concepción de leve incorporación y fuerte represión a los trabajadores35. Es justamente la denominación de “cuestión social”, aquella que anida en su interior una formulación de “contener la conflictividad social”; del qué hacer con lo social, como algo exógeno a la vida política del país. Más precisamente, si bien existieron relaciones entre el movimiento obrero y el Estado, y se evidenciaron instancias de arbitraje; no fue hasta la llegada de Perón, en 1943, a la recientemente creada Secretaría de Trabajo y Previsión social, que el trabajo pasa de ser una cuestión a convertirse en el pilar de la democracia, con ampliación de derechos y no ajena a los problemas de la vida nacional.
El litigio por la igualdad y la conformación del sujeto trabajadores Existe una cuantiosa bibliografía que reflexiona sobre las relaciones entre el Estado y el Movimiento obrero en Argentina. Una de las lecturas inaugurales respecto al peronismo la realizó Gino Germani, con una apuesta enmarcada en la corriente de la “Sociología científica”, y fuertemente estigmatizante de la adhesión de los trabajadores al peronismo (Germani, 1962). Centrando su análisis en las bases sociales que acompañaron el proceso, dicha posición consideraba que gran parte de los trabajadores recientemente urbanizados, con escasa consciencia de clase, se encontraban en “estado de disponibilidad” para el proyecto “fascista” que significaba el peronismo. Si bien tal hipótesis fue dada por tierra por el estudio
35 En el siguiente apartado se menciona la Historia del Ministerio de Trabajo a partir de lo expuesto en la página oficial del mismo:
http://www.trabajo.gov.ar/historia/.
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de Murmis y Portantiero, quienes a partir de un trabajo de rigurosidad científica, demostraron la existencia de una amplia adhesión de trabajadores con larga trayectoria gremial al peronismo, la mirada de Germani da cuenta de una concepción de la Ciencia que desestima la experiencia local, en sintonía a la concepción de los positivistas de antaño. En contraposición, lecturas revisionistas y de autores del pensamiento de la Izquierda Nacional, como ser el caso de Jorge Abelardo Ramos, invirtieron la hipótesis germaniana despreciativa de las bases sociales que adhirieron al proceso político en curso, re mitificando y revalorizando a los migrantes internos como sustrato de la vida nacional, expresión genuina de lo popular y los intereses de la patria. Cabe destacar, por su parte, el ensayo de Carlos Astrada en su “Mito Gaucho”, que construye a partir del criollo, el gaucho, una interpretación del Ser Nacional, dónde rescata la gesta heroica de éste durante las batallas de la independencia, trazando un puente con los trabajadores del 17 de Octubre, donde el trabajo opera como constitutivo para el lazo comunitario y emancipador de las mayorías populares. El pueblo se había materializado en Estado, un Estado que defendía al trabajo y las grandes conquistas sociales en este sentido. No sólo fue planteada la interpretación del peronismo a partir del binarismo entre viejos y nuevos obreros. Otra de las claves interpretativas clásicas, provino de las relaciones de autonomía y heteronomía entre el movimiento obrero y el Estado. Dicha reflexión también contó con cargas peyorativas en sus ciernes respecto a la “cooptación” por parte del Estado de la clase trabajadora argentina. En este punto, nos interesa subrayar, en sintonía con Germán Pérez y Ana Natalucci, que la gramática política de corte movimientista, muy presente en América Latina y en el fenómeno del peronismo, “conciben a la historia en dos etapas: la de resistencia –de retroceso político y económico de los sectores populares– y la de ofensiva”. En ésta última, en coyunturas favorables al campo popular, se alienta a la articulación e integración al Estado, las organizaciones se piensan como puentes entre el pueblo y sus representantes, y se combina representación corporativa con apelación a un lenguaje de derechos, y movilización como condición de posibilidad para generar cambios en el orden social instituido. (Natalucci, Peréz, 2012: 21). Cabe destacar pues, que las inquietudes teóricas sobre autonomía-heteronomía del movimiento obrero al Estado se encuentran fuertemente 104
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ancladas en una posición del intelectual, de su autonomía, y no tanto en una racionalidad política claramente movimientista. Por su parte, como lo destaca Piñero Iñiguez, la adhesión de los trabajadores al peronismo, sea espontánea u organizadamente, se debe a un acto de clara racionalidad política colectiva, a saber, las conquistas sociales en materia laboral que –no exenta de construcciones míticas y místicas– perduró en el imaginario de las clases obreras por generaciones (Piñeiro Iníguez, 2010: 290). Caracterizándolo brevemente, la irrupción del peronismo implicó una ruptura política y cultural con la Argentina de años anteriores. El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón36 asumió como Presidente de la República Argentina, hasta el 16 de septiembre de 1955 que fue derrocado por un golpe militar. Luego de sucesiones de gobiernos conservadores, preocupados por defender los intereses de la clase dominante, el peronismo como nuevo sujeto histórico, emergió con el objetivo de liquidar el Estado liberal, incorporar de forma democratizante a la clase trabajadora –momento en que, por primera vez, las masas se convirtieron en sujetos históricos y de derecho– e ingresaron masivamente las mujeres a la arena política y social (Rosano, 2005: 1). En éste sentido, se erigía el Proyecto de la “Nueva Argentina” que contraponía la democracia formal, dónde la única beneficiada había sido la oligarquía, con un gobierno de democracia real en beneficio del pueblo. De esta manera, retomamos a Svampa, cuándo sostiene que “el discurso de Perón presentará una nueva lectura de lo social (…) la transformación de las masas en pueblo”, “la culminación de una aspiración propia de toda democracia: la constitución de un pueblo soberano”. (Svampa, 2010: 269, 278). Horacio González también señala, que a partir de la irrupción del peronismo, las cuestiones del trabajo, de organización sindical, de la
36 Cabe aclarar que Perón fue miembro del gobierno de facto denominado GOU instaurado el 4 de junio de 1943. Allí, Perón se des-
empeñó en el Departamento Nacional de Trabajo, anticipando y realizando muchas de las medidas a favor de la clase trabajadora. Luego se desempeñó como Vicepresidente y Ministro de Guerra del Régimen. A su vez, es necesario recordar un hito histórico como el 17 de octubre, dónde contingentes enormes de trabajadores ocuparon la plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón, preso en la Isla Martín García desde el 13 de octubre por el régimen militar. Éste acontecimiento de fuerte movilización popular generó controversias históricas aún abiertas sobre su interpretación, por lo cual se lo considera un hito decisivo, y para los peronistas, significa el nacimiento de la “Nueva Argentina”.
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producción y de la vida serán asuntos de Estado (González, 2011). Nos encontramos pues, frente a una nueva vinculación del Estado respecto a lo social, no se trata de si existían o no dichas relaciones precedentemente, sino de un nuevo modo que constituye una nueva subjetividad –el pueblo-trabajador– y reordena las prioridades de Estado, dónde el trabajo es un derecho fundamental para la realización democrática y comunitaria. El trabajador es un sujeto de derechos, de derechos ciudadanos. A diferencia de la vertiente liberal, en que el trabajo es un generador de valor; o bien de las ciertas corrientes marxistas, para las cuales, el trabajo es una mercancía; la novedad del derecho al trabajo, es dar cuenta de la subjetividad, de la no cosificación del hombre, del reconocimiento de un habla, una organización colectiva del trabajo, que protesta, que incide en la política. La ampliación y el reconocimiento del derecho al trabajo, dentro de la matriz del peronismo y el justicialismo, para la cual “no existe más que una clase de hombres: los que trabajan”, constituyó el valor más integrador de los preexistentes en el país, ya que un trabajador es considerado par de otro trabajador, y potencialmente todas las personas podrían ser trabajadoras (Fontela, 2010: 77). No solo se constituye una adhesión por conquista de derechos, sino también porque el valor de ese derecho genera la pertenencia comunitaria y democrática, la igualdad de todos los argentinos como trabajadores. Dentro de los emblemas de igualación social que permitió la conquista de derechos laborales se destaca el Estatuto del Peón Rural. El mismo, sancionado por decreto 28.169/ 44, posicionó en el mismo lugar a los trabajadores urbanos y rurales, generando un cambio distintivo, en uno de los núcleos de poder oligárquico, con el objetivo de modificar las relaciones sociales existentes. Siguiendo al análisis de Santiago Regolo, la extensión de la legislación laboral y social urbana al ámbito rural, intentaba expresar un colectivo unificado, bajo la lógica de la figura del trabajador (Regolo, 2012: 194). Retomando las palabras de Perón, con la sanción del estatuto, “la Constitución del ‘53 abolió la esclavitud, pero lo hizo teóricamente porque no es menor la esclavitud de un hombre que en el año ‘44 trabajaba para ganar 12, 15 o 30 pesos por mes”. En consecuencia, “la ampliación del concepto de ciudadanía a partir de su carácter social, y no comprendido meramente en su aspecto formal y jurídico, le permitió a Perón vincular su programa de políticas sociales con un nuevo sujeto social” (Regolo, 2012: 204). 106
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En términos del propio Perón, de lo que se trata, es de “transformar la masa inorgánica en pueblo organizado”, es decir, en sujetos conscientes de sus derechos (Perón, 1974: 103). O en términos de Eva Perón, en su discurso del 17 de octubre de 1949, “no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene consciencia de sus derechos”. Rancière, en una de sus recientes escritos, pone en cuestión el presupuesto de la tradición de izquierda, en la cual los intelectuales son quienes deben aportar a los dominados las explicaciones de la dominación que les somete. Más bien, en su análisis considera que lo que les faltaba a los proletarios, no era tanto el conocimiento de los mecanismos de explotación sino un pensamiento, una visión de ellos mismos como capaces de vivir algo diferente al destino de explotados y dominados; poner en cuestión el orden de discurso que le asignaba el orden social, subversión que implica el propio rechazo de la palabra supuestamente propia del modo de ser obreros (Rancière, 2011). Es decir, vivenciar (habitar) otra habla, un habla para este caso de fiesta, derroche, gasto, ajena a ellos mismos. Ex-propiar a la oligarquía por un instante de la felicidad. La matriz del peronismo, no posee un enclave de revalorización del trabajo en términos de subordinación, sacrificio, en una lógica de fascismo como numerosas lecturas intentaron vincular. Bien por el contrario, buscó permitir a través del mismo la realización del ciudadano en comunidad, el derecho a gozar de una vida digna, de realización comunitaria. Su gesto emancipador pudo llevarse adelante a partir de un Proyecto dónde las relaciones entre el capital y el trabajo eran consideradas conflictivas pero no necesariamente antagónicas. La transferencia de ingresos a partir de la legislación laboral, de los convenios colectivos de trabajo, marcó un hito de un modo de articulación del Estado, el empresariado y la organización colectiva del trabajo, que permitió modelizar el caso argentino en el mundo. Como categoría social, para el peronismo la noción de trabajo hace referencia a la constitución del colectivo de trabajadores, a una construcción doctrinaria dónde el trabajo es un valor que iguala a todos los argentinos, a la vez que propicia dignificación y bienestar para él mismo, a una nueva matriz de distribución de los bienes económicos y simbólicos de una comunidad, y a su vez, materializa años de modificación en las relaciones sociales a partir de la Constitución Nacional de 1949. 107
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En éste último punto, a partir de la reforma constitucional, en su artículo 37, “Derechos del Trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”, se consagran en su primer apartado los Derechos del Trabajador. El primero de ellos, es el derecho a trabajar, como “medio indispensable para satisfacer necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad”, por lo cual se lo considera un derecho a ser protegido por toda la sociedad. A sí mismo, se garantizan en los artículos siguientes los derechos a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, y a la defensa de los intereses profesionales37. Sin embargo, en dicha legislación, no se contemplaba el derecho a huelga, objeto de numerosas críticas, aunque fundamentado en que el trabajo había adquirido su forma de redención, su forma reivindicativa básica, en tiempos de distribución de la renta nacional del “fifty-fifty”. Cabe destacar, como menciona Horacio González, que aquí se encontraba un talón de Aquiles, al considerar que se podía detener la historia en un momento único de felicidad, la heráldica reivindicativa comenzó a atravesar conflictividades propias de las fuerzas sociales, como lo fue la huelga de los Ferroviarios en 1951, y las sucesivas embestidas económicas que ponían en jaque la posibilidad de garantir los derechos conquistados (González, 2011a: 48).
El peronismo en contexto Al desarrollo del escrito, podemos hablar de un Estado peronista –diferenciado de aquel que legitimaba condiciones de trabajo inhumanas y prácticas políticas signadas por el fraude y la corrupción– que intentó una reparación social con aquellos sectores olvidados, articulándose con la clase trabajadora, para garantizar sus conquistas sociales38. La ausencia de una burguesía nacional, con intereses diferenciados a la
37 Ver Constitución Nacional de 1949 en Terroba, Luis Alberto (2010): “La Constitución Nacional de 1949. Una Causa Nacional”, Ed. Fundación Ross, Rosario. 38 Las fronteras de lo político se redefinen, cambiando las relaciones de significación y representación social.
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oligarquía agroexportadora, impulsó medidas desde el Estado, como la nacionalización del comercio exterior39, con el objetivo de transferir la renta agraria diferencial hacia la industria en un intento de modificación del esquema productivo del país. Dicha medida, se complementó con la nacionalización del Banco Central, dejando el control de la política de inversiones, la regulación de los intereses y la emisión de moneda en manos estatales (Rosano, 2005: 2-3). A su vez, en un contexto de Segunda Guerra Mundial, con un bloqueo económico y armamentístico de Estados Unidos, e Inglaterra como principal compradora de productos agropecuarios y deudora, se tomó una de las medidas fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo independiente: la nacionalización de los ferrocarriles a partir de la reconversión de la deuda británica (Romero, 2001: 104). Junto a ésta medida, la nacionalización del transporte automotor, el impulso a la flota mercante, la soberanía sobre los puertos y la implantación de un régimen estatal de reaseguros; permitían tener un control estatal sobre la comunicación y el trasporte, así como del comercio exterior. Por su parte, el Estado también nacionaliza los servicios básicos de agua, luz, gas y teléfono (Galasso, 2003: 3-10). La redefinición de las relaciones sociales con la emergencia del peronismo obligó a darle legalidad a la legitimidad del proceso40. De esta manera, se llevó adelante un cambio en la legislación, la Constitución del ‘49, incluyendo los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, educación y cultura. Se realizó así una nueva redistribución de los recursos, a partir de las políticas de convenios colectivos de trabajo y la implementación de una nueva legislación laboral, se mejoró el acceso a la salud pública, la educación, planes de viviendas, sistema jubilatorio y la seguridad social. Por su parte, la industrialización por sustitución de importaciones, programada por el 1º Plan Quinquenal, se sostenía con la ampliación del mercado interno a partir de políticas tendientes a mantener el pleno empleo, el aumen-
39 El IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, funcionó bajo la órbita del Banco Central con el fin de centralizar el
comercio exterior y transferir renta a distintos sectores de la economía. 40 Esta redefinición no se trataba de un proceso feliz, sino de momentos de turbulencia social y fuerte enfrentamiento. La popula-
ridad del gobierno fue subestimada, fuertemente criticada por los sectores altos y medios del país, y en ese contexto surge el calificativo “gorila” para denominar a aquellos que estuvieran en contra del peronismo.
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to de salarios, y en consecuencia, la creciente capacidad de compra de los trabajadores para aumentar la demanda agregada. Esta estrategia virtuosa también generaba una espiral inflacionaria que obligó a reorientaciones económicas a mediados de los años peronistas y con el 2º Plan Quinquenal. Las conquistas sociales eran sostenidas por la llamada columna vertebral del movimiento. El entramado sindical comenzó a organizarse, por rama de la industria y con una con una Confederación única, lo que permitió un mayor poder de negociación frente a la patronal. El Modelo Sindical Argentino, perdura de derecho41 hasta nuestros días, donde el unicato cegetista vino para quedarse. Sin embargo, cabe comprender que el mismo no se trata de un aparato del Estado o un factor de presión, sino de un factor concurrente en los aparatos del Estado –organizaciones libres del pueblo– detentores de poder real, en cuanto pueblo organizado, que junto al gobierno y los factores del Estado, coordinaron una misión común en los años peronistas (Vázquez, 2009). Otros autores, remarcan la laxa autonomía del movimiento obrero en estos tiempos (Torre, 1983; Romero, 2001). A su vez, cabe enmarcar su accionar dentro de la llamada cooperación o articulación de clases que pregonó el peronismo dónde los trabajadores y los empresarios organizados, y con la mediación del Estado, acordaban mejoras salariales y sociales que, en última instancia, beneficiarían a ambos, aunque por momentos, la sublevación de los cabecitas negras hacía temblar los augurios de conciliación de clases. Aquellos sectores populares, en situación precaria y sin posibilidad de sindicalización, recibieron ayuda social de parte de la Fundación Eva Perón. Aquí, cabe aclarar un postulado fundamental sobre el que se erigía la ayuda social, Eva Perón no hablaba de beneficencia, sino pregonando una revolución simbólica en los imaginarios de ayuda social. En este sentido, entendía que la misma no se trataba de una dádiva o limosna, sino de verdadera justicia social. Por ello, construyó policlínicos, hospitales de tránsito, escuelas, hogares-escuelas, hogares de tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para obreros, Escuelas de
41
Si bien de hecho existen no sólo la CTA como sector que reclama desde los años 90´la personería jurídica como Central de
Trabajadores alternativa –aunque mucho de sus sindicatos ya la obtuvieron, no así la central–, sino también la CGT Azul y Blanca, una facción de la CGT que se manifiesta disidente de la conducción actual de la misma en manos de Hugo Moyano.
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Enfermeras, la Ciudad Infantil, Campeonatos infantiles, la Ciudad estudiantil, etc. (Vázquez, 2009). La soberanía política sobre los ejes y recursos claves del país, se potenció con un proyecto de Perón, uno de los primeros antecedentes de UNASUR, de integración política latinoamericana: el ABC. La integración con Brasil y Chile, permitía la formación de un Bloque de negociación internacional que los potenciaba frente a los Estados Unidos. En fin, los años peronistas levantaban tres banderas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social; ecos que aún titubean en el presente. Sin embargo, como esperanza de apuesta transformadora, se vio sitiada y truncada por una fuerte reacción, que comenzó con los bombardeos de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, y seguidamente, el golpe de estado denominado “Revolución libertadora” e inscripto en una seguidilla de golpes de estado, proscripción de movimiento mayoritario de masas en Argentina a partir del decreto 4161 e iniciación de tiempos de violencia política. Cabe destacar, que la noción de trabajo originada en los años peronistas, no pudo ser rescindida tras años de dictadura y golpes de Estado. El cambio social, cultural y simbólico que generó, obligó a que luego de deslegitimarse y derogarse la constitución social de 1949, se debiera incorporar el artículo 14 bis a la Constitución Nacional de 1853, el cual incorporaba el derecho a huelga y versaba de la siguiente manera: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley esta111
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blecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”42 Las grandes transformaciones sociales llevadas adelante, se ubicaron en un contexto internacional funcional a una economía del pleno empleo, en el marco de los años dorados de la posguerra. Con la vuelta de Perón al poder en el año ‘74, se reintentó un nuevo esquema de pacto social, que si bien garantizó desempleo cero, las relaciones de fuerza, la turbulencia política y la fuerte conflictividad social, no permitieron sostener más allá del de su breve mandato. Ya por aquellas épocas, Héctor Cámpora vislumbraba, que se invertía la ecuación de Presbich sobre el “deterioro de los términos de intercambio” para los países productores de materia prima, y frente al alza de los precios de la commodities, por la década del 70, inicialmente del petróleo, proponía un esquema de modificación impositiva y renta progresiva a la actividad agropecuaria, acompañada con políticas de mejoras de productividad al sector, un desarrollismo de perfil distribucionista. El peronismo, un tanto reacio a la cuestión agraria, desestimó en aquél entonces dicha reflexión, que luego fue repensada por el kirchnerismo. Tal como sostiene Mariano Fontela, no fue hasta la década del ‘90, que perduró en el imaginario social y nacional la huella del trabajo digno, de la revolución peronista. En consecuencia, los años de neoliberalismo, no sólo consolidaron las diferencias sociales extremas, una extraordinaria desigualdad de ingresos, la exacerbación de una sociedad de privilegios, sino que se instalaron valores de idealización del éxito, el trabajo dejó de ser un bien social y se convirtió en un problema individual, relegitimándose “la vieja moral burguesa por la cual se reprobaba que alguien renunciase a someterse a una actividad legal y remunerada así fuera pésimamente remunerada y agraviara la propia dignidad” (Fontela, 2010:77). De esta manera, volvían a operar discursos, como antaño se adjudicaban a los mestizos y gauchos, de que se trataba de sectores ociosos, sin ánimo
42 Artículo 14 bis en: http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_14_bis
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de trabajar, esquivando la realidad de la destrucción de la sociedad salarial, el congelamiento de los salarios, la flexibilidad laboral y el desempleo de tasas mayores al 25%.
Kirchnerismo, emergencia de la novedad En primera instancia, luego del retorno de la democracia, reconocemos que el peronismo, en una de sus expresiones, llegó a ser también liberal. Transfiguración acaecida en un Estado en manos del pueblo que devino un pueblo sin una mano del Estado, o más bien, un asegurador del orden y de la propiedad privada, antes que un defensor de la distribución del ingreso, de mejorar las condiciones materiales y simbólicas de las personas. De ser un movimiento de masas, que pudo articular las demandas de los miles de hombres de aquel subsuelo de la patria sublevado para ser contenidas en el Estado, en su devenir, se convirtió también en un Estado peronista al que una (la) sociedad le pasó por al lado. En estas marcas históricas es que se inscribe entonces el fenómeno “kirchnerista”. Las condiciones históricas en las que surge el kirchnerismo, datan de las consecuencias devastadoras un período de liberalismo económico antiestatalista, culminando con los sucesos del 19 de diciembre del 2001 van a marcar un hito en la historia argentina. Diferentes interpretaciones han sido atribuidas a este fenómeno, coincidiendo en que fue una crisis multifacética. Considerada un momento de crisis institucional y el pesimismo generalizado, se combinan una crisis del régimen de acumulación, producto de la aplicación salvaje del esquema neoliberal; una crisis del modo de regulación, producto de un Estado desertor en sus funciones sociales, pero activo en defensa del gran capital financiero; una crisis de representación, producto de una burocracia político-parlamentaria que llega al cenit del rechazo y la desconfianza popular; una crisis del mundo del trabajo asalariado, típica de occidente actual, pero que se expresa con inaudita crueldad en una Argentina donde, según criterios de la O.I.T, dos tercios de la población activa no tiene trabajo genuino y el otro tercio padece de sobrecarga laboral o stress ocupacional. Por último, una crisis intelectual y moral caracterizada por el escepticismo y los deseos de abandonar el país por parte de la juventud (Cieza, 2004). La escisión de la sociedad civil de la política, debido a la crisis de hegemonía de la clase dirigente, introdu113
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cía lo relevante de esta discusión: cómo iba a plantearse el nuevo modelo de país, como se iba a restablecer la autoridad. Va a ser Néstor Kirchner43, quién elegido por el 22% del voto popular, debió enfrentarse a ese “infierno del cual había que salir”, caracterización que él había atribuido al contexto argentino en el momento de su asunción en el año 2003. Teniendo que poder hacer frente al “que se vayan todos”, el gobierno Kirchnerista debió incluir en sus discursos a las demandas de cambio, a una propuesta progresista de reanudar la vida pública, enlazada a la restitución de la cohesión social de la mano del Estado. Una de la maneras de ampliación de la las fronteras políticas, era llegar a los sectores medios a partir de la bandera de los Derechos Humanos, iniciando el juicio a las Fuerzas Armadas, destituyendo su cúpula y autoproclamándose “hijo de las madres y Abuelas de Plaza de Mayo” (Galasso, 2011: 142). La defensa de los derechos humanos como política de Estado implicó, a su vez, desde 2004 la conversión de la ESMA en espacio para la Memoria, definitivamente logrado en noviembre del 2007. Comenzó entonces, una baterías de medidas de intervención en la economía, donde las dificultades de existencia de una burguesía nacional, y la fuerte extranjerización del aparato productivo, o su consiguiente concentración en un puñado de familias desde la última dictadura militar, no lo hacían una tarea nada fácil. Se intervino el PAMI; desde el Ministerio de Desarrollo Social se diagramaron y se implementaron como primeras medidas, el Plan de Seguridad Alimentaria El hombre más urgente, el Plan Nacional de Desarrollo local y Economía social Manos a la Obra, y el Plan Nacional Familias; se llevó adelante el PROFE; se volvió a la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo, se renovó la Corte Suprema de Justicia; y se llevó adelante el pago de la Deuda Externa en simultaneidad al No al ALCA, inscribiéndose en la seguidilla de gobiernos nacional-populares, reformistas o revolucionarios, como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro.
43 Néstor Kirchner fue elegido intendente de Río Gallegos en 1987, y en 1991 se convirtió en gobernador de su provincia debido al éxito
de su gestión municipal. Su candidatura recibió el apoyo de Eduardo Duhalde –presidente interino desde el renunciamiento del ex Presidente De La Rúa– con el fin de derrotar a Carlos Menem (candidatura antes ofrecida a Carlos Reutemann quién renunció a aceptarla). Kirchner asumió el 25 de Mayo de 2003, luego que tras haber ingresado al ballotage, Carlos Menem renunciara a presentarse.
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En relación a la conducción política, Cremonte sostiene una coincidencia entre el estilo de Néstor Kirchner y el de Perón: utilizar el desorden para producir un orden más sólido. Logró utilizar el conflicto como fuente de una nueva articulación y orden, mostrándose como la única opción “razonable” frente a sus adversarios (Cremonte, 2007: 400-401). Una de las claves para consolidar su debilidad de inicio44 resultaron las elecciones de 2005, dónde se impuso el kirchnerismo frente al duhaldismo45 en las urnas. Dicha reacomodación de fuerzas, permitió una coyuntura en la cual el gobierno comenzó a consolidar su hegemonía dentro de las filas peronistas, a la vez, que se legitimó socialmente. La victoria en 2005, se proyectó al 2007 con una elección de Cristina Fernández de Kirchner obteniendo el 46 % de los votos, frente al 19, 5% obtenidos por Elisa Carrió. La opción electoral continuó siendo la de apostar por la transversalidad estableciendo formulas con sectores peronistas y no peronistas –inherente a la cultura frentista del peronismo– con una fórmula de Concertación Plural llevando a Julio Cobos, dirigente radical, de Vicepresidente. A meses de haber asumido su cargo como Presidenta de la Nación se desató uno de los conflictos46 más críticos que azoto su gobierno: el “conflicto del campo”. El dilema del peronismo y la cuestión agraria no resulta una novedad histórica, pero en abril del 2008, con la resolución de retenciones móviles, se hizo carnadura en una de sus facetas más fustigadoras. De errores políticos, desconocimiento del universo de sujetos agrarios o inexperiencia de Lousteau, el problema derivo en un lock-out patronal de casi cuatro meses, movilizaciones y cacerolazos a lo largo y ancho del país, que implicaron una fuerte pérdida de hegemonía del kirchnerismo. El eco de la derrota político-cultural se manifestó en otra capitulación: el kirchnerismo perdió las elecciones de 2009 en la provincia de Buenos Aires llevando a Néstor Kirchner como candidato, y
44 González caracteriza al kirchnerismo por su debilidad, la fragilidad que se halla inscripta en su conformación. 45 Fue decisiva la elección en Buenos Aires, dónde Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó a Hilda “Chiche”Duhalde. 46 El gobierno de Néstor Kirchner debió cargar en sus hombros momentos críticos como la tragedia de Cromagñon, el caso Skanka,
el asesinato del docente Fuentealba, o la intervención del Indec, aunque ninguno cobro dimensiones tales que les hiciera perder su caudal electoral.
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comenzó su ciclo de gobierno siendo la primera mayoría en la cámara legislativa47. Las figuras victoriosas de la oposición en el conflicto resultaron ser nada más y nada menos, que el Vicepresidente Julio Cobos48, Carlos Reutemann y Francisco De Narváez, consolidándose a nivel nacional la organización del Peronismo Federal49, un aquelarre de dirigentes de peso provinciano pertenecientes al peronismo, demostrando su performance en las elecciones de Santa Fe y Buenos Aires, dos de los distritos electorales de mayor peso. Sin embargo, frente a la recaída se avizoró una gran avanzada. Ley de Medios, estatización de las AFJP, estatización de Aerolíneas Argentinas, Asignación Universal por Hijo, Reforma Política, serían algunas de las medidas llevadas adelante en un lapso menor de un año. La negativa por parte del Congreso a la designación de Marcó del Pont para presidir el Banco Central, luego del fracasado Fondo del Bicentenario que permitiese asumir los pagos de la deuda, significó nuevamente una embestida al gobierno en curso. Sin embargo, las dificultades de la oposición en presentar “argumentos contundentes” y “aglutinantes” frente a los discursos magistrales de cuño neo desarrollista otorgados por la economista allá por febrero de 2010, dejaron en evidencia su incapacidad de conformar una estrategia opositora que pudiese hacer frente al kirchnerismo. Otro acontecimiento se va a manifestar como decisivo para dar las señas de una nueva rearticulación de la hegemonía kirchnerista: los festejos del Bicentenario. Desbordadas las arterias de la ciudad de Buenos Aires, millones de personas se apropiaron de la calle para dis-
47
El Frente Cívico y social realiza un muy buena performance en esas elecciones, a la vez, que Fernando “Pino” Solanas, con
Proyecto Sur obtiene el segundo puesto en CABA. 48 El conflicto fue muy singular porque el compañero de fórmula presidencial, a meses de asumir, se transforma en el paladín de
la oposición; sin renunciar a su cargo de pertenecer a la vicepresidencia del poder ejecutivo. 49
Si bien, luego de la intervención del PJ en el 2005, y la asunción de Kirchner como Presidente, se conforma el Peronismo
Disidente, son las elecciones de 2009, la excusa para agrupar a Alberto Rodriguez Saa, Carlos Reutemann, Ramon Puerta, Jorge Busti, Felipe Sola, Juan Carlos Romero, Eduardo Mondino, Roberto Basualdo y el ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma, entre otros. A su vez, ésta estructura llevo adelante acuerdos frentistas con el PRO, como lo fue el caso de Provincia de Buenos Aires, generándose la Alianza Unión-PRO-Federal.
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frutar eso días jolgoriosos. Para sorpresa de los medios masivos de comunicación, la cobertura del evento resultaba innegable y necesaria, mostrando El Bicentenario como la apertura definitiva de una puerta que estaba entreabierta, que había un montón de ciudadanos que todavía no se animaba a cruzar, personas que aún no eran convocadas, que no se sentían participantes reales. Año de apertura y de pérdidas, ya que el 2010 culminó con la muerte de Néstor Kirchner, y con una fuerte y masiva vuelta de los jóvenes a la política; y una adhesión durante las elecciones de 2011 del 54% de los votos a la electa Pta. Cristina Fernández de Kirchner. A diferencia de los años peronistas, el kirchnerismo, que trastocó los cimientos sociales, no identificó claramente al trabajo como un valor que fuera igualador social y de ciudadanía, ya que en términos fácticos, el escenario contextual no permitía garantir tal enunciado. Los primeros años de Néstor, estuvieron signados por un período de recuperación económica, refuncionalización de la industria nacional, estabilidad macroeconómica, superávit fiscal y creación de empleo. En sus propias palabras, “los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales sino desde las políticas económicas”. El eje ya no se centra en un nuevo modo de pensar lo social, sino en mantener un superávit fiscal que permita el desendeudamiento y la distribución del ingreso. Cuando mencionamos la diferencia entre trabajo y empleo, en la actualidad se menciona a éste último como aquel que permite recibir una remuneración a cambio de una actividad. Trabajar en la actualidad no necesariamente equivale a retribución justa, o a retribución, existen “trabajos solidarios”, “trabajos ad honorem”, “trabajos no remunerados”. En suma, si bien el eje es la erradicación de la pobreza, las propuestas se enmarcan en políticas de “desarrollo con inclusión social”. En el marco de un contexto internacional crítico, dónde el trabajo fue cuestionado como un valor, incluso algunos llegaron a teorizar sobre su potencial extinción, con una Europa de desempleo por encima del 20% y un modelo de acumulación del capital mundial centrado en la valorización financiera y no en la producción, el trabajo, como apuesta, posee los rasgos con los que Horacio González califica al kirchnerismo: es producto de una gran debilidad de inicio pero con una apuesta de gran voluntad política (González, 2011b). 117
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Entre la herencia y la novedad. Del trabajador al empleable. En primera instancia, como lo destacábamos en el apartado anterior, el eje del debate sobre el trabajo en el kirchnerismo, se vincula a la creación de puestos de trabajo para reducir los índices de desempleo y pobreza. Casi como una ecuación, la matriz keynesiana que da cuenta que los problemas sociales se resuelven con la política económica, vislumbra un fuerte intento de recuperación económica y con una apuesta no tan clara de reconstitución identitaria de los sujetos trabajadores. En palabras del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, “la particular experiencia social y política argentina, que emergió de una crisis terminal, causada por los efectos del <modelo neoliberal> (…) ha debido rescatar la economía argentina del fondo al que había llegado, recuperar la capacidad del Estado de gobernar y reiniciar el proyecto de política pública que ganará sus títulos democráticos y de justicia” (Tomada, Carlos, 2007: 73). En este sentido, el ministro arguye que el rol de su sector ministerial se abocó a la promoción del trabajo, empleo y seguridad social a través de una batería de políticas públicas activas, que articuló las políticas macroeconómicas a las laborales y sociales. La primera tensión que enumeró Tomada se enmarca en: una herencia de sociedad de trabajo, en el marco de una sociedad de mercado que preconiza la economía global. En tal sentido, persiste a su criterio un dilema entre la integración social, que descansa en la práctica de los actores sociales y sus esperanzas de justicia, y una integración tecnocrática que se basa en los equilibrios de mercado y de la economía. En consecuencia, optar por la primera es un ejercicio de voluntad política decisiva, de seguir apostando al trabajo como integrador, dador de ciudadanía y generador de identidad. La opción que alentó la comprensión sobre el trabajo, fue avanzar en políticas laborales inclusivas centradas en la recuperación del empleo, la mejora en la distribución del ingreso, el fortalecimiento de las instituciones del trabajo, la formación profesional y laboral de los trabajadores. A partir de los mismos, se recuperó la negociación colectiva como instrumento de redistribución del ingreso, y se estableció el salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo permanece como materia pendiente, un 40% de los trabajadores permanecen en condiciones de trabajo no registrado, subcontratado o precario, lo cual los inhabilita de gozar de los beneficios distributivos de las medidas antes mencionadas. Se 118
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continuaron políticas de transferencias de ingreso como los seguros de capacitación y desempleo, distintos programas de empleo en articulación con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se intensificó el control y la inspección laboral, se motivó a la responsabilidad social empresaria, se promovieron políticas de empleabilidad juvenil, se consolidó un sistema Nacional de Formación continua. Políticas activas que permitan a los trabajadores superar la brecha de formación de recursos humanos, potenciar su empleabilidad, y potenciar herramientas para el autoempleo. Los problemas de la pobreza no sólo se vieron resueltos con las políticas económicas, y el dato de la no disminución de la informalidad laboral llevo a la formulación de medidas de transferencias de ingresos más fuertes como fue la Asignación Universal por Hijo, es decir la ampliación del derecho de las asignaciones familiares de los trabajadores registrados a los trabajadores informales con hijos. En suma, son de reciente sanción las leyes contra el trabajo infantil, de regulación del servicio doméstico y de los trabajadores rurales. Podríamos argüir, como lo realiza Mariano Fontela, que se desarrolló una política de dignificación del trabajo y se mantiene pendiente una política similar que revalorice a los trabajadores, como ideal igualitario de persona que potencialmente incluya a todos los argentinos (Fontela, 2010:80). Nos cabría preguntarnos, ¿es posible tal desafío?
Conclusiones. ¿El trabajo es todavía un valor? A partir de las reflexiones transcurridas en el siguiente escrito, en primer lugar, cabe destacar que tanto el peronismo entre 1943 y 1955, como el kirchnerismo del 2003 a la actualidad han otorgado un rol fundamental al debate sobre el trabajo. Para ambos proyectos políticos, se trata de una prioridad en sus agendas y sus políticas. En primera instancia, cabe destacar que la revalorización del trabajo realizada con el peronismo opera como una novedad, como un nuevo modo de lectura de lo social desde el Estado y el gobierno. A saber, para el peronismo la noción de trabajo hace referencia a la constitución del colectivo de trabajadores, a una construcción doctrinaria donde el trabajo es un valor que iguala a todos los argentinos, a la vez que propicia dignificación y bienestar para él mismo, a una nueva matriz de distribución de los bienes económicos y simbólicos de una comunidad, y a su vez materializa años de 119
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modificación en las relaciones sociales a partir de la Constitución Nacional de 1949. Su contexto de emergencia, en una economía industrial y un capitalismo de producción, llevó a que las pugnas por el Proyecto de país se dirimieran entre quienes querían perpetuar un modelo social excluyente, sin distribución de la renta diferencial de la tierra, y quienes se vieron, por primera vez, siendo protagonistas de la democracia y de un modelo de país. Por su parte, la llegada del kirchnerismo al poder, se manifestó en un contexto de debilidad política, de agotamiento de la expresión local del modelo neoliberal, aunque en el marco de la globalización del patrón de acumulación de valorización financiera, que socava las bases de las economías de trabajo. La apuesta de los años kirchneristas, se emparentó con ampliar la demanda agregada, aumentar los niveles de empleo, mejorar la empleabilidad de los trabajadores, pero tibiamente pudo avanzar en recuperar el colectivo de los trabajadores, aún hoy fragmentado y con serios déficit de representación por sus delegados gremiales, que ha llevado a la partición no sólo de la CGT sino también de la CTA. La fuerte transferencia de ingresos que garantizaba en años peronistas la negociación colectiva, no puede ser ampliada a todos los trabajadores por el alto índice de informalidad laboral, lo que ha obligado a otras medidas de apropiación del excedente económico, como la recuperación por parte del Estado de las AFJP, de YPF, entre otras, dando cuenta que en una economía globalizada y de concentración financiera, la distribución no sólo se garantiza con hipótesis económicas heterodoxas sino con decisiones políticas que implican avanzar en desmontar nudos concentrados de la economía. En función de lo expuesto, el desafío actual es: avanzar en las heterogeneidades en el seno de la clase trabajadora (trabajo no registrado, terciarización, extranjerización de las relaciones laborales) para poder recuperar el ideal igualitario del trabajo y reconstituir una dinámica sindical que permita defender adecuadamente los intereses de la clase trabajadora (AAVV: Derechos Humanos en Argentina, 2012).
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La crisis “del campo”: pretensiones hegemónicas y disputas por el sentido Diego Copello 1
Introducción A pocos días de que la presidenta electa Cristina Fernández asumiera su primer mandato, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió elevar las retenciones a las exportaciones agropecuarias en el marco de un inusitado aumento de los precios internacionales de las materias primas (Clarín, 2007). Cuatro meses después, en marzo de 2008, el gobierno decide elevar nuevamente los derechos de exportación en un contexto de alta volatilidad en las cotizaciones internacionales de los comodities y en donde los precios de los granos llegaron a niveles records. Pero esta última modificación no era solo de la alícuota, sino que implicaba un cambio de fondo; esta vez las retenciones serían móviles. Esto es, que la movilidad de la alícuota respondería a la evolución en la cotización internacional de los productos de exportación. El anuncio de esta medida, el 11 de marzo de 2008, desencadenó una crisis de magnitud. Las cuatro principales entidades representativas de los intereses de los productores agrarios (principalmente productores de soja) decidieron actuar en conjunto desde una “Mesa de Enlace” de las cuatro entidades (que había sido constituida con anterioridad a marzo de 2008) para presionar al gobierno por medio de toda una serie de acciones directas tales como “paros” o lockout patronales que incluyeron, además de la
1 Estudiante avanzado de la Lic. en Ciencia Política (UNR). Ayudante alumno de la Cátedra de Espacio y Sociedad. Integrante del
CEDeT. diegoacopello @hotmail.com
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no comercialización de su producción, acciones directas tales como bloqueos de rutas con su consecuente desabastecimiento y alza de precios de alimentos y paralización de los transportes bajo el pretexto de que la nueva medida, conocida como la Resolución 125, era de carácter “fiscalista, recaudatoria y hasta autoritaria, que lo único que hace es agrandar la caja que maneja discrecionalmente el gobierno nacional” (Página 12, 2008) La Resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación, se convirtió en el catalizador de una protesta agraria sin precedentes en el país. Desde el comienzo, los grandes medios de comunicación jugaron un papel clave en la nacionalización del conflicto, en expresar las demandas de la Mesa de Enlace y en la instalación publica de una dirigencia rural hasta ese entonces desconocida para la mayoría de la población. Lo que nos interesa de esta coyuntura crítica que se produjo entre marzo y julio de 2008, pero que sus móviles perduraron en el tiempo, es poder realizar un análisis político de aquella disputa que llevo a vastos sectores de la sociedad a tomar una posición en dicho conflicto. Y que se dio no sólo por la captación de una renta extraordinaria, de un excedente económico, sino que terminó disputándose la imposición de una hegemonía que implicaba toda una concepción de la política y un proyecto de país. En primer lugar nos dedicaremos a pensar el término “campo” en lo que respecta a como un sector en particular logro erigirse en representante del bien común y articular a su alrededor una serie de demandas que harán referencia a un forma particular de entender la política y la sociedad argentina. La discusión en torno al sujeto la haremos desde Ernesto Laclau. En segundo lugar problematizaremos una determinada concepción de la política y lo político expresado por los discursos que se pusieron en juego durante aquel conflicto (aunque entendemos que antes y después de este, se hicieron escuchar esas interpretaciones). Este punto será pensado desde Chantal Mouffe.
“El Campo” como sujeto político: ¿de qué campo/s estamos hablando? Los sujetos agrarios que forman parte de la ruralidad en la Argentina son diversos. La ruralidad es heterogénea en cuanto a las diferencias regionales y a los actores involucrados. Sin embargo, los medios de comunicación se refirieron a la compleja trama rural como “el campo”. Por medio de 128
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generalizaciones abstractas se intenta –con éxito– generalizar y simplificar realidades complejas. Lo mismo ocurre con “la gente”. Dávila y Barsky sostienen que “Una primera imagen que quedó instalada es que se trataba de una rebelión ‘del campo’. La expresión no sólo es de fácil identificación popular sino que además recoge una dimensión histórica profunda, socialmente instalada, que vincula a un pasado nada lejano de gauchos, trabajadores criollos y chacareros inmigrantes que construyeron una parte de la Argentina moderna”. (Barsky y Dávila, 2008). Sin embargo, ¿“qué campo” es el que reaccionó y protagonizó aquella disputa? Para responder este interrogante, debemos primero detectar toda una trama de intereses que se constituye con el nuevo paradigma rural. Es un sujeto complejizado como consecuencia de las transformaciones en el paradigma productivo que se vienen produciendo desde la década del 90 (aunque sus orígenes se remontan a la revolución verde y al proceso de agriculturización que la Pampa Húmeda vive desde los años ‘60 y ‘70). Estas transformaciones fueron creando una trama de intereses que, más allá del productor rural propiamente dicho, incluye a múltiples actores tales como contratistas (aquellos productores capitalizados que contratan sus servicios a terceros en el laboreo o quienes complementan su producción arrendando tierras de otros productores), pools de siembra (agentes productivos vinculados a inversiones financieras), grandes empresas agropecuarias (que compran o arriendan grandes extensiones, caso Los Grobo o El Tejar), rentistas (muchas veces pequeños y medianos propietarios que arriendas sus tierras a pools o grandes empresas agropecuarias para que sean trabajadas por ellos limitándose a recibir una renta) y los productores tradicionales capitalizados. El concepto “campo”, atravesó no sólo a los que viven o trabajan en zonas rurales, sino que incluyó a la gran mayoría de los que viven en los pueblos, ciudades medianas y pequeñas y zonas rurales vinculadas a la producción agropecuaria. A una verdadera trama social; transportistas, comerciantes, profesionales, obreros de industrias diversas vinculadas al agro, etc. Trama conformada en las últimas décadas de la mano del nuevo paradigma rural que solidifica intereses y reivindicaciones comunes al interior del mundo rural y urbano vinculado a aquél. La trama de intereses que define a este sujeto complejo pudo verse en escena durante el “conflicto por la 125” en el que se movilizaron no sólo “los productores” en las rutas, sino también sectores urbanos de pueblos y ciudades pequeñas y medianas que si bien no 129
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eran agentes productivos directos, sostenían que dependían del sector agropecuario indirectamente debido a que ese sector movilizaba la industria, el comercio y los servicios de esas localidades. Estos son los actores que incluiremos para definir el sujeto agrario con el cual trabajaremos. Obviamente no estamos incluyendo a las familias campesinas, los productores de las economías regionales o a los trabajadores rurales. Esta exclusión no es inocente, sino que responde a la necesidad de definir el sujeto agrario hegemónico, que fue el actor central de aquellas disputas políticas - redistributivas. Decimos que este “campo hegemónico” o “sectores rurales hegemónicos”, lo son en términos materiales y simbólicos. En términos materiales, porque son aquellos sectores de la ruralidad que se benefician en explotar (directa o indirectamente) superficies de tierra mediana o grande con un determinado paquete tecnológico y produciendo determinados cultivos altamente rentables en el mercado internacional, siendo así los sectores que obtienen el mayor margen de rentabilidad. Y desde el punto de vista simbólico, es éste sector el que logro, más allá de sus diferencias internas, nuclearse bajo el concepto hegemonizante de “el campo” y constituirse en representante del “bien común”, asociándose a “los intereses de la patria” no sólo vinculando la nacionalidad a lo rural en términos de identificación cultural, sino y sobre todo, refiriéndose al sector como “el motor de la economía” capaz de determinar con sus niveles de rentabilidad ciclos de prosperidad o crisis para la economía nacional en su conjunto. El bloque de poder en cuestión presentó sus intereses como el sentido común de la sociedad. Como comentó Rubén Dri por aquellos días, si el conflicto se expresa como la lucha “del campo” “¿quién puede oponerse? Todos defendemos el campo. El problema es que en esta lucha económica y profundamente política, astutamente se ha recurrido a un símbolo –la patria– que, como todo símbolo, recubre las fracturas, las contradicciones, los intereses contrapuestos. Al aceptar que la lucha es del campo, el Gobierno y, en general, la sociedad ha perdido una batalla fundamental, la del lenguaje, que, como se sabe, cambia la realidad, por ser un componente esencial de la misma. (…) Si ahora al campo se le agrega la escarapela y, además, se realiza el tractorazo el 25 de mayo, se ha recurrido a tres símbolos fuertes mediante los cuales se ha logrado unificar un polo de la lucha, el de los productores agrarios, con la totalidad de la sociedad, con la Argentina misma”(Página 12, 2008). La 130
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autoidentificación de estos sectores con la patria se materializó en el flamear de las banderas en sus actos y con mensajes de toda índole bajo la referencia al país como autorepresentación “del campo”. También, la referencia al “interior” como la más genuina expresión del país2. A esto se suma la fuerte identificación del conflicto y los discursos movilizados por éste con ciertos principios, algunos con raíces históricas más hondas como el de federalismo, con otros más propios de la coyuntura, como las demandas de medios de comunicación y sectores de la oposición partidaria acerca de la “calidad institucional” y el “diálogo y el consenso” como valores fundamentales en la acción de gobernar. Esto se verá reflejado, como veremos más adelante, en toda una visión de la política y de la sociedad argentina puesta en juego en los discursos movilizados por los sectores que “estaban del lado del campo”. Creemos interesante pensar nuestra idea de “campo hegemónico” y los discursos puestos en juego en aquellos días desde los conceptos de hegemonía y significantes vacíos de Ernesto Laclau. En este autor, la idea de hegemonía se aplica a una cierta particularidad que en un determinado momento, asume un rol de algo mucho más amplio de lo que esa particularidad originalmente representaba, un particular que en un cierto momento ha pasado a ser dominante. Esto bajo la idea de que la emergencia de lo universal se dará en el seno de lo particular, “ya que es sólo la negación de un contenido particular lo que transforma a ese contenido en el símbolo de una universalidad que lo trasciende”. La afirmación de un particularismo puro, independiente de todo contenido y de toda apelación a una universalidad que lo trascienda, “es una operación que se niega a sí misma”. En nuestro trabajo esto se verá reflejado en toda una visión de la política por parte de estos “agentes sociales concretos”. Apelar a ciertos principios generales es una ley de hierro para cualquier particularismo que construya su propia identidad. Una identidad se reconocerá en un todo mayor que la contenga (dándole a ese espacio una significación particular), negándose a sí misma como particularidad absoluta. Es aquí donde lo universal aparece como una plenitud ausente (“como
2 De aquí que una de las banderas más levantadas fue la no coparticipación a las provincias de los ingresos tributarios provenien-
tes de las retenciones.
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falta constitutiva que fuerza constantemente a lo particular a ser más que el mismo, a asumir un papel universal que sólo puede ser precario”). Y esto es posible en la medida en que pensemos este universal como significante vacío, o sea, como significante sin significado o sin significado preciso o con un contenido propio. “Qué contenido particular va a significar a aquél es algo que no puede determinarse ni por un análisis de lo particular ni por un análisis de lo universal en cuanto tales. La relación entre los dos depende del contexto del antagonismo y es una operación antagónica”. No posee un significado sobredeterminado porque los enlaces entre significante y significado son contingentes. Es aquí donde convergen demandas diferentes en un punto de anudamiento. Hegemonizar significa llenar ese vacío. Es aquí que surge el significante hegemónico. Las particularidades se irán integrando en una cadena de equivalencias que es la que terminará constituyendo la identidad significándose a sí misma como una totalidad. Las diferencias se irán anulando en cuanto tales al momento de entrar en la cadena equivalencial. Esto se denomina lógica equivalencial y se vincula con su opuesto, la lógica diferencial. Esa integración tiene que darse desde algo “puramente negativo”. Cuando se hegemoniza, se marca una frontera de exclusión que es siempre antagónica. Lo que está fuera de la frontera se reduce a simple negatividad. Ese afuera niega, pero en esa negación funda la identidad. Es una reafirmación que es siempre antagónica porque se reafirma a través de la confrontación con otros. Luego, varias particularidades (a través de una lógica equivalencial) conforman un nosotros en oposición a un ellos. El antagonismo es inherente a toda identidad. No es posible afirmar una identidad diferencial sin distinguirla de un contexto y en el proceso mismo de establecer la distinción se está afirmando el contexto al mismo tiempo. La oposición, a los efectos de ser radical, tiene que poner en un mismo terreno tanto lo que afirma como lo que rechaza, de modo que el rechazo pasa a ser una forma especial de afirmación. Aquí aparece un sector del campo que va articulando sobre sí, en base a sus demandas corporativas, una serie de otras demandas, conformando una cadena equivalencial. Este sector del campo se erige como el símbolo que cristaliza esas demandas, o sea, como el significante hegemónico (que como vimos debe representar algo que lo rebase como particularidad). Aparecen demandas tales como federalismo, calidad institucional, 132
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diálogo y consenso, proteger el interior productivo, etc. como significantes vacíos que son articulados por un bloque de poder que construye un discurso en el cual la decisión del Estado Nacional de apropiarse de una fracción mayor de la renta agraria diferencial responde a la voracidad del gobierno por acumular poder, incrementar vorazmente los recursos de “la caja” para doblegar a los gobernadores para que “respondan a la Casa Rosada”, de “desalentar a los productores”, expoliar al interior “genuinamente productivo”. Discursos que no eran vertidos solamente por la Mesa de Enlace, sino también por vastos sectores medios y altos, por la oposición política al gobierno nacional y por gran parte de los medios de comunicación. Ese discurso, aparece como un exterior constitutivo de la identidad de la relación hegemónica. Discurso que a su vez es producto de la articulación de la idea de que “el campo” es el “motor de la economía”, la identificación con la patria y la nacionalidad y representando aquella interpretación de la política como una instancia de búsqueda de consensos por medio del diálogo. Así, los sectores del campo hegemónico vinculan una determinada interpretación acerca del funcionamiento de las instituciones republicanas con sus reclamos sectoriales para defender su rentabilidad diferencial/excepcional. La articulación de ambos discursos permitió alcanzar apoyos más amplios que los meramente vinculados a la producción sojera dándole un sentido universal enlazando su identificación con la patria, su presentación como el motor de toda la economía nacional y su reclamo de diálogo, consenso y calidad institucional. “Estar del lado del campo”, implica defender la economía nacional y el desarrollo económico, la república y sus instituciones y la patria toda. No hay ningún contenido particularista que esté a priori predeterminado para cumplir esta función de encarnación. Esto nunca puede ser determinado en una situación descontextualizada. Y la decisión es tomada en este contexto, en esta singularidad. Las practicas política, dice Laclau, no expresan la naturaleza de los agentes sino que, en cambio los constituyen. Los miembros de esta relación hegemónica, sobre todo por medio de los medios comunicacionales, intentaran disputar el sentido/significado de estos términos desde lógicas diferentes. La calidad institucional será presentada como diálogo con las patronales rurales con el objetivo de dejar atrás la Resolución 125. Y el federalismo será planteado como una defensa del “interior productivo” ante la expoliación del poder central. Aquí 133
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surgirá una noción de federalismo vinculada a los recursos fiscales que poseen las provincias, ya sea por una mayor coparticipación desde el gobierno nacional a los estados subnacionales, o porque los tributos sean recaudados directamente por el estado provincial. Esta noción de “federalismo fiscal” podría ser discutida con concepciones del federalismo en las cuales el Estado Nacional despliega inversiones públicas (que por su magnitud ningún estado provincial está en condiciones de hacer) en las provincias (interconectado eléctrico, caminos, infraestructura social, riego artificial, fomento al desarrollo de industrias, etc.) que equilibren al desestructurado territorio argentino. Una visión solidaria en la cual el Estado se hace de los recursos de la Nación para solidariamente distribuirlos entre todas las provincias con una visión solidaria, en la que las provincias más ricas aportan al Tesoro Nacional para subsidiar a las más pobres. La noción de federalismo del “campo hegemónico” como la suma de las partes, en la que cada parte debía tener lo que le corresponde en función de lo que aporta; y no una concepción “solidaria” como un todo indivisible (el Estado Nación con todo su territorio y toda su población) en donde el estado nacional debe actuar para equilibrar y reparar, en donde las provincias ricas deben ceder parte de sus recursos para subsidiar a las provincias más desfavorecidas. Sin embargo, lo que se impone es otra noción de federalismo. Es la creencia de que un debilitamiento fiscal del Estado Nación y un fortalecimiento de los recursos de las provincias más ricas (al mismo tiempo principales productoras de granos) redundará en un mayor bienestar para el conjunto. Esto se vincula con otra idea fundamental de Laclau; la producción social de significantes vacíos. Este existe como tal en cuanto la significación está habitada por una imposibilidad estructural, o sea, un significado que es inexistente en su concreción, en su materialidad. “Los límites de la significación solo pueden anunciarse a sí mismos como imposibilidad de realizar aquello que está en el interior de esos límites”. La pregunta crucial que ante este punto se hace el autor es ¿Qué es lo que determina, en tal caso, que sea un significante y no otro el que asume, en diferentes circunstancias, esa función significativa? ¿Qué es lo que determina que sea uno y no otros la que encarna, en momentos históricos determinados, esta función universal? Porque no toda posición en la sociedad es capaz de transformar sus contenidos en un punto nodal que pueda tornarse en un 134
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significante vacío. Esta relación por la que un contenido particular pasa a ser el significante de la plenitud comunitaria ausente, es lo que el autor llama relación hegemónica. Y la presencia de significantes vacíos aparece como la condición misma de la hegemonía. Desde esta lógica, el concepto de hegemonía aparece como “la presentación de la particularidad de un grupo como la encarnación del significante vacío que hace referencia al orden comunitario como ausencia, como objetivo no realizado”. Y hegemonizar algo significa llenar ese vacío. La hegemonía es siempre inestable y ambigua. Si una lucha en particular pasa a ser el significante, ella se convierte en la superficie de inscripción y el medio de expresión de todas las luchas que se identifiquen de manera contingente, de modo que la cadena de equivalencias que se unifica en torno a este significante tiende a vaciarlo y a desdibujar su conexión con el contenido concreto (el significado) con el que estaba originalmente asociado. Solo ateniéndonos a este último punto podemos pensar aquel acto que en enero de 2009 reunió a chacareros y obreros metalúrgicos de la Ciudad de Villa Constitución. En el acto se reclamó una nueva política para el sector (agropecuario) con reducción de las retenciones y la apertura de la fábrica Paraná Metal sin reducción de sueldos ni despidos. Entre sus oradores principales estuvieron dirigentes de FAA, CTA, MIDJ, etc. (El Tribuno de Salta, 2009) Pero, ¿podemos pensar al campo hegemónico como un particularismo puro homogéneo? Más allá de las diferencias entre las distintas organizaciones representativas de los productores en cuanto al papel que debe asumir el estado en la economía (FAA reclama una nueva ley de arrendamientos y una Junta Nacional de Granos, mientras que SRA y CRA se oponen, aunque todos están de acuerdo con la apertura de los mercados de exportación) cada una representara a intereses de actores productivos que son distintos, aunque en esa coyuntura –y en otras a lo largo de la historia– los intereses no fueron contradictorios. La demanda unificadora era primero la necesidad de eliminar la Res. 125 y luego reducir y hasta eliminar las retenciones a las exportaciones del agro. Las diferencias en cuanto a qué papel debe asumir el Estado en otras áreas se cancelan ante la amenaza que les significa un Estado que se apropia de partes mayores de la renta diferencial/excepcional del agro. El Estado aparece como “reducido a pura negatividad”, que cancela diferencias del lado interno de la frontera de exclu135
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sión. Un lado interno que, reiteramos, no dejó únicamente a estos sectores de la ruralidad, sino que también sumó a medios de comunicación, sectores de la oposición, otros representantes gremiales, sectores sociales amplios en las ciudades, etc. Pero es desde esas diferencias dentro de la Mesa de Enlace que el gobierno intentó –sin éxito– apartar a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la relación hegemónica en la que se encontraban dentro de la Mesa de Enlace, por medio de medidas tales como la creación de una Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, y la segmentación de las retenciones móviles.
Toda una visión de la política Como dijimos anteriormente, los actores agrarios que protagonizaron el conflicto se erigieron a sí mismos como representantes de intereses universales bregando por la imposición de toda una concepción de la política y lo político, incluida la política económica y produciendo así rupturas y tensiones en el entramado político institucional. Se producirá una tensión entre dos maneras de interpretar o mejor dicho presentar la política. Por un lado aquella que la considera como una instancia inseparable del conflicto, más aun, se argumenta, cuando en pos de cumplir un programa electoral se afectan intereses de determinados sectores que se benefician de un status quo dado. Esto producirá tensiones y resistencias, donde los sectores afectados intentaran movilizar sus recursos en pos de defender sus intereses. Y por el otro, una concepción consensual en la que el gobierno deberá buscar acuerdos, conciliar intereses, pero que no considera o no reconoce que en última instancia los consensos son producto de inclusiones y exclusiones entre los temas a consensuar y los actores que participan. Consensos en los que deben estar ausentes los intereses particularistas/sectoriales, las luchas entre partidos y, en fin, las relaciones de fuerza entre los actores. Si esos consensos no se logran, es por la mezquindad y por el autoritarismo de algunos que se encierran en el día a día de enfrentamientos menores frente a la “búsqueda de soluciones a los problemas del país” y que se expresa en “crispación”, “soberbia”, “espíritu confrontativo”, “pretensiones hegemónicas”, etc. Para esta visión “despolitizada” de la política, el conflicto es visto como un obstáculo para el desenvolvimiento “normal” de las instituciones. Y éstas, lejos de poder ser creadas/transformadas por la política, 136
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deben ser mantenidas inalterables, asociadas a una idea de “estabilidad” que terminara redundando en una economía “sana” y un país “serio”. Así, afirma Chantal Mouffe, “nuestros liberales se niegan a asumir sus opiniones políticas y pretenden estar hablando desde una posición imparcial. En este sentido se las ingenian para exponer sus visiones como la encarnación de la racionalidad (…) fundamentándolo en el carácter supuestamente neutral de ésta”. (Mouffe, 1999) En el planteo de la política como instancia consensual, se encubre la idea de que hay determinadas cuestiones que no podrán ser discutidas, en las que debe haber un consenso “unánime”, que deben ser “políticas de estado” más allá de los gobiernos y sus programas. Y por lo tanto serán cuestiones que quedan clausuradas a una posible transformación. “Son ideas que no son válidas en el mundo de hoy. Son, más bien, las de un anticuario de San Telmo”, decía Joaquín Morales Solá sobre los argumentos con los cuales se justificó la Resolución 125 (Diario La Nación, 2008). En este punto, se toma como ejemplo a seguir, el “modelo chileno” y lo que según algunas interpretaciones es un modelo económico – social de “libre mercado” que, impuesto por la dictadura de Pinochet, ha continuado como “política de estado” durante los 20 años de gobierno de la Concertación y el de Sebastián Piñera. Es en este sentido, que nos interesa retomar aquellos autores que plantean a la política como una instancia inseparable de la capacidad de instituir formas nuevas, de crear, de transformar. Y que esto puede entrar en tensión con lo político, entendido como las instituciones “ya instituidas”3. Es en este punto que interpretaremos aquellos discursos desde Mouffe. Como esta última, creemos que “el conflicto y la división son inherentes a la política y de que no hay ningún lugar en el que se pueda alcanzar definitivamente una reconciliación en el sentido de una plena actualización de la unidad del pueblo”.
3 Entendemos lo político y la política desde Castoriadis. Para este, lo político aparece como la dimensión del poder, como instan-
cias ya instituidas que “puede emitir exhortaciones sancionables”. Mientras que la política aparece como “la actividad colectiva, reflexiva y lucida que surge a partir del momento en que se plantea la cuestión de validez de derecho de las instituciones y llegado al caso, aspira a transformarlas, es decir crear instituciones nuevas”. Para el autor, la verdadera actividad política es la que, partiendo de la interrogación de la forma y el contenido de las instituciones, adopta como objetivo la puesta en marcha de instituciones que considera mejores.
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Coincidimos con la autora belga acerca de su concepción de lo político en términos de antagonismo y de la necesidad de que éste pueda pensar y disputar alternativas al orden existente, o sea, con su concepto de democracia radical y plural. Pero discutimos algunos aspectos de su concepción de la política (en cuanto aparece definida como un concepto separado de lo político) en cuanto espacio/ordenamiento simbólico común demoliberal, porque creemos que no se ajusta a la coyuntura analizada. Coincidimos con Mouffe cuando plantea la necesidad de pensar la política renunciando a la idea de que se debe buscar un consenso político racional, o sea, un consenso que no esté basado en ninguna forma de exclusión. Interpretar a las instituciones democráticas-liberales como resultado de una “racionalidad puramente deliberativa” es convertirlas en algo que no podrá ser transformado. Concebir lo político como un proceso racional de negociación entre individuos es desconocer toda dimensión de poder y de antagonismo (dimensión de lo político), además de “negar el rol predominante de las pasiones como fuerzas que mueven la conducta humana”. Además, continúa la autora, en la praxis política no encontramos individuos aislados, sino colectivos que, entre otras cosas, actúan como factores de poder y cuya dinámica no puede limitarse a “cálculos individuales”. En esta concepción, todas las cuestiones controvertidas deben ser eliminadas de la agenda para crear las condiciones de un consenso racional Y sin la posibilidad de pensar y materializar ideas alternativas a la “configuración existente” de las instituciones, entra en crisis la noción de la política como esa instancia instituyente de “formas nuevas” y con esto cualquier forma de resistencia que cuestione e intente transformar las relaciones de poder dadas en una sociedad. Es así como, en una profunda crítica que Mouffe le hace a la “Tercera Vía” de los socialdemócratas europeos de los años 90, “el status quo queda naturalizado y transformado en el modo en que deben quedar las cosas”4. En este punto se sacraliza el con-
4 Dice Mouffe al respecto, que la Tercera Vía plantea una“política sin adversario que pretende que todos los intereses pueden recon-
ciliarse y que todo el mundo, suponiendo que se identifican con el proyecto, pueden formar parte del pueblo. Con el fin de justificar la aceptación de la actual hegemonía neoliberal, la tercera vía pone en marcha un concepto de la política que ha evacuado la dimensión del antagonismo y que postula la existencia de un interés general del pueblo”. En esta idea de “política ganadora”, que va más allá del reconocimiento del adversario, se plantean “soluciones que supuestamente benefician a todo el mundo”. Al consi-
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senso y se intenta borrar la distinción entre izquierda y derecha, planteándose una política de “centro”. Por eso la autora propone un concepto de democracia “radical y plural”. Radical, porque debe reconocer relaciones de poder que debe cuestionar e intentar modificar. Se plantea al antagonismo como imposible de eliminar y se protege a la democracia de todo intento de cierre, mientras que el liberalismo rechaza la incertidumbre propia de la democracia. Y es plural porque nadie puede atribuirse la representación de toda la sociedad. En esta democracia agonística o pluralismo agonístico, el pluralismo tampoco es infinito pues toda identidad está fundada en algún acto de exclusión que se genera a la hora de “construir” un demos. Es aquí donde se produce una distinción entre un nosotros y un ellos para constituir identidades políticas colectivas. Y surge la idea del “exterior constitutivo” en el que éste es condición para el surgimiento de un nosotros. Pero no se trata de que este exterior sea un “opuesto constitutivo a un nosotros concreto” a la manera de la homogeneidad sustancial de Schmitt, sino “el símbolo de aquello que hace imposible cualquier nosotros”. Y si las identidades colectivas sólo se establecen según el modo del nosotros/ellos, “siempre podrán ser transformadas en relaciones antagónicas. Por consiguiente el antagonismo nunca puede ser eliminado y constituye una posibilidad siempre presente en la política”. Se plantea a lo político como la “dimensión del antagonismo que es inherente a las relaciones humanas, antagonismo que puede adoptar muchas formas y surgir en distintos tipos de relaciones sociales. Es aquí donde la política democrática instituye la idea de “pluralismo agonístico”, que si bien aleja la idea schmittiana de amigo/enemigo porque reconoce en el pluralismo una base fundamental de la democracia, propone un agonismo entre adversarios que son personas que comparten un espacio simbólico común pero que no podrán llegar a un consenso porque “quieren organizar ese espacio simbólico común de forma diferente”. El pluralismo, como elemento
derar la vida democrática como un dialogo, estor defensores del “centrismo” dan a entender que la sociedad ya no está estructurada por la división social. La política operaria en un “terreno neutral”y por lo tanto “existirían soluciones que podrían satisfacer a todos”. Los conflictos podrían ser armonizados mediante el “dialogo”. La democracia tal como la propone la autora, se plantea en términos de creación de identidades colectivas en torno a posturas claramente diferenciadas, así como la posibilidad de elegir entre auténticas alternativas. Aquí aparece la crucial –para la democracia– distinción entre izquierda y derecha. (Mouffe, 1996)
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liberal de la democracia, trae aparejado de forma irresoluble el conflicto/antagonismo. Y esto no debe ser visto como perturbaciones que deban ser eliminadas. La diferencia aparece como la condición para construir una unidad y una totalidad, proporcionando sus límites. Así, la pluralidad se dará en la esfera pública y es en ésta donde el antagonismo es imposible de eliminar. Y negar este punto y buscar un consenso racional constituye una amenaza para una democracia que, lejos de ser un mero modus procedenti neutral a la hora de regular los conflictos, es entendida como régimen, como forma política de organización social. Y en esta sociedad democrática, un “consenso racional” es imposible en la medida de que no podrá haber un consenso sin alguna forma de exclusión. Lo contrario sólo puede ser posible en una sociedad donde la pluralidad haya desaparecido o esté relegada. Los desacuerdos con los adversarios no podrán resolverse mediante “deliberación y debate racional”, porque son diferencias de fondo acerca de qué significan y cómo se ponen en práctica los principios de la democracia liberal que constituyen el “espacio simbólico común” qué debe existir. Pero, retomando los sucesos de 2008, ¿podemos hablar, en términos de Mouffe de un “espacio simbólico común” para organizar de manera diferente, de un acuerdo acerca de la democracia liberal? ¿Qué sucede cuando no se respetan ciertas reglas de juego que constituyen el contenido de la política en términos liberal democráticos? ¿Y si los adversarios –que para ella no son enemigos, porque compartimos ese espacio simbólico común demoliberal– no respetan esos principios actuando por fuera de ellos? ¿La autora piensa que una corporación representativa de intereses sectoriales puede ser un adversario? Para el gobierno, “cumplir un programa electoral” y “proteger la mesa de los argentinos”, significa que no debe ceder a “presiones corporativas que pretendan un país para pocos”. Al mismo tiempo los sectores del campo hegemónico sostendrán que el gobierno debe “tener un acto de grandeza”, “dialogar” y no “imponer”, “negociar”, lo que implica ceder ante las presiones corporativas dando por tierra con una herramienta de política económica como eran las retenciones móviles que el gobierno consideraba necesaria para mantener el precio de los alimentos en niveles razonables. Es aquí donde la política concreta cuestiona una parte de la teoría política de Mouffe. En este punto, retomamos a Roberto Esposito cuando plantea una “crecien140
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te separación” o incomprensión entre política y pensamiento, entre el factum de la política y la teoría política. Esta última posee una incapacidad para pensar la política. Sólo da respuestas a las propias cuestiones que ella misma se formula sobre lo que le interesa: la realización de un o del orden, el mejor régimen, etc. Pretende crear las bases de la política de modo filosófico, como si “su misión fuese realizarse políticamente en la realidad, o que la realidad política soportase ser educada por la filosofía”. Así, la filosofía política piensa a la política en términos de representación de un orden. El conflicto aparece en todo caso dentro del presupuesto del orden posible, como “conflicto por el orden”. Según el autor, no existe teoría política que no reduzca el conflicto a su propio orden categorial, en la medida de que su objetivo es la búsqueda del “mejor régimen”. La representación filosófica niega el conflicto, porque éste niega la representación en la medida en que no puede ser representado por el “cuadro categorial de la filosofía”. Pero resulta que el conflicto es la realidad de la política, su factum. Y es esto lo que no es pronunciable en su lenguaje conceptual que rechaza todo elemento antinómico, y esta antinomia rompe con el nomos universal del lenguaje. La filosofía política intenta “llevar los muchos al Uno, el conflicto al Orden, la realidad a la Idea”. Los conflictos, ese factum de la política, su aspecto concreto, se da en un lugar y en un momento dado, o sea en un contexto particular y son irrepresentables en una teoría universal. “Lo que es uno en la teoría, se manifiesta infinitamente múltiple en la realidad”. Retomando a nuestra autora, ésta desarrolla su teoría en Europa Occidental a mediados de la década del 90, o sea, en un determinado clima de época y situada en un territorio particular, con una estructura socioeconómica especifica. La política aparece definida como “el conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de establecer un cierto orden y organizan la coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas porque se ven afectadas por la dimensión de lo político”. Así, reconociendo la dimensión de lo político (el antagonismo), la política aparece como la instancia que domestica la hostilidad e intenta atenuar el antagonismo potencial en lo político, de “acorralar las fuerzas de destrucción y de establecer el orden”. Aquí aparece la idea de adversario reemplazando a la de enemigo, el espacio simbólico demoliberal como ordena141
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dor del antagonismo y la conversión de éste en agonismo. Retomando los interrogantes anteriores, ¿qué sucede si en la forma de organizar ese “espacio simbólico común” surgen diferencias tan profundas como para que no surja un “común”? ¿O desde Mouffe podríamos interpretar a la crisis de 2008 como una confrontación por organizar ese “espacio simbólico común”? La autora belga sostiene que se establecerán un conjunto de instituciones a través de las cuales la dominación y la violencia puedan ser limitadas y enfrentadas ¿pero si los conflictos se presentan por fuera de esas instituciones? ¿Si lo político como dimensión del antagonismo entra en conflicto con la política entendida como ordenamiento demoliberal? ¿Si no se logra convertir a ese antagonismo potencial en agonismo? Esto último, más allá de que el conflicto se terminara resolviendo en el parlamento Nacional por iniciativa del Poder Ejecutivo, a cuatro meses de iniciada la disputa. En este punto, es interesante rescatar los argumentos de Sebastián Etchemendy y Philip Kitzberger. Éstos sostienen que “durante estos días fue casi un lugar común en el debate público el punto de vista liberal que se indigna con la actitud del Gobierno al permitir la acción de movimientos sociales encabezados por Luis D’Elía que desplazaron de la Plaza de Mayo a quienes manifestaban contra el Gobierno”, pero acto seguido afirman “Quienes dicen profesar una cultura liberal-democrática, sin embargo, deberían intentar no caer en el vicio histórico dominante de gran parte de la tradición liberal argentina, esto es, la inconsistencia de sólo avalar un marco de reglas de juego político cuando éstas no afectan los propios intereses políticos o económicos”. (Etchemendy y Kitzberger, 2008). El lockout patronal es analizado como un reflejo iliberal, una huelga patronal “antisistema”, contrario al ejercicio liberal – democrático de la política, que no paraliza sólo a un sector productivo determinado, sino que termina afectando al resto de la sociedad, aquejando la conectividad y el abastecimiento, además de escrachar a quienes no compartían su punto de vista. En este sentido, quienes consideran a la política como la “búsqueda de consensos” y se presentan como defensores de la civilidad y la república, no han condenado con énfasis esas acciones directas, sino que han presentado al sector agrario hegemónico como víctima del autoritarismo gubernamental y como representantes de “valores republicanos” como el diálogo y la búsqueda 142
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de consensos. Las acciones directas, afirman los autores, “no son parte del repertorio de las reglas de juego de una democracia liberal”5 que implica manifestar públicamente el descontento, hacer huelgas sectoriales, recurrir a la justicia o esperar el próximo turno electoral, “pero no admite sabotear mediante mecanismos no institucionales una política pública de un gobierno legítimo por errada que se la perciba”. Más aún cuando ese gobierno respeta instituciones tales como la libertad de expresión, de manifestación, mantiene la división de poderes y se atiene a los fallos de la Suprema Corte y las leyes del Congreso (como finalmente sucedió). Y donde el “diálogo” entendido como “el intercambio de múltiples pareceres sobre variados temas entre personas o también el espacio donde se manifiestan en ámbitos institucionales propuestas entre sectores con intereses diferentes” (Zaiat, 2008) se convierte en un latiguillo que no refiere tampoco a la negociación entre partes, sino a la sumisión del Gobierno Nacional a los reclamos sectoriales, donde “sentarse a negociar” equivale a dejar sin efecto una decisión de política económica y donde el término negociación tiene como significado/sentido la subordinación, maquillada como tolerancia y razonabilidad. Los autores terminan con una interesante conclusión: “Es imprescindible que los hechos actuales no nos retrotraigan a la Argentina posterior a 1955 (...) Para no volver al pasado, sectores como la derecha económica, los propietarios del campo y los intelectuales liberales, como todos los demás actores, deben ser consistentes en su apoyo a las reglas de juego de la democracia política: no se puede ser liberal-democrático sólo cuando se gana”. (Etchemendy y Kitzberger, 2008) Para concluir este punto, es interesante reflexionar acerca de que cuando hablamos de “toda una visión de la política” (con sus comentadas contradicciones) debemos también incluir toda una visón de la política económica y la economía política, que hace, como ningún otro aspecto de la política a un “proyecto de país”. La economía política/política económica plantea disputas por el sentido en torno a alternativas opuestas acerca de los modelos de desarrollo a seguir, generando resistencias y conflictos dis-
5 “Los legisladores que se pusieron al lado del campo van a poder pasear por sus pueblos tranquilamente. Los otros perdieron la
libertad”. Alfredo De Angeli, FAA, Entre Ríos.
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tributivos por el excedente y por imponer un modelo de acumulación, que, sea cual fuese, tendrá ganadores y perdedores.6 De aquí la necesidad de no considerar a la economía como econometría. El bloque de poder conducido por los representantes del campo hegemónico reclamó primero la eliminación de la Resolución 125. Una vez logrado que el Senado de la Nación no aprobara el proyecto de ley que incluía la movilidad de las retenciones, instalaron la necesidad de bajarlas por debajo del 35 % para la soja (llevarlas al 25%, hasta su eliminación progresiva) y su eliminación para el maíz y el trigo. Esto fue acompañado a partir de fines de 2008 con el reclamo de devaluar la moneda nacional, lo que sumado a la eliminación de retenciones incrementaría sustancialmente la rentabilidad del sector a través de una transferencia de ingresos desde el mercado interno –vía salarios– a los sectores exportadores (la devaluación reduciría el salario real, lo que a su vez impactaría en el consumo interno y aumentaría los saldos exportables). Esto sería combinado con la apertura de los mercados externos en bienes sensibles como la carne vacuna y el trigo, otro de los reclamos de aquellos días (y hasta el día de hoy). Uno de los debates que estuvieron ausentes en aquella disputa, es acerca de la necesidad de las retenciones, de por qué éstas son importantes en un país como Argentina. Por un lado establecen tipos de cambio diferenciales que benefician a aquellos sectores que en nuestro país poseen una productividad menor al agro, pero son movilizadoras de riqueza agregando valor y generando empleo, como la industria. Sirven además para apropiarse de las rentabilidades excepcionales, que en todo caso se gastarían en bienes suntuarios importados, fuga de capitales, etc. Desacoplan los precios internos de los externos. Y financian al sector público, fortaleciendo los ingresos fiscales, entre otros beneficios macroeconómicos. Su eliminación o reducción impactaría en los recursos del Estado, empeoraría la distribución del ingreso, se fomentaría una economía rentística con baja agregación de valor, afectaría el salario real por el aumento de los bienessalario y se terminaría con los tipos de cambio diferenciales (más bajo
6 En este sentido, coincidimos con Carl Schmitt cuando en El Concepto de lo Político sostiene que “los conceptos, las expresiones y los términos políticos, poseen un sentido polémico, tienen presente una conflictividad concreta (…) Términos como plan, estado, clase, soberanía, etc. (…) son incomprensibles si no se sabe quién será atacado, negado y enfrentado a través de esos términos”.
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para los sectores con ventajas comparativas estáticas como el agro y más alto para sectores menos competitivos a nivel internacional como la industria) que son cruciales para países con estructuras productivas desequilibradas como Argentina. La devaluación combinada con eliminación o reducción de retenciones y apertura de los mercados de exportación aumentarían las exportaciones agropecuarias y la rentabilidad del campo hegemónico. Por aquellos días, los economistas liberales que hacían de sostén opinológico – ideológico en “temas económicos” al bloque en cuestión sostenían la necesidad de “enfriar la economía” como mejor método para combatir la inflación cuyas causas eran la “fiesta de consumo” generada por el “desborde” monetario, fiscal y salarial. Así, había que “bajar un cambio” y “sacar el pie del acelerador”. Esta política económica expansiva y su sostén teórico se vinculan con “populismo”. Enfriar la economía significaba reducir el gasto público para incrementar el superávit fiscal destinado a pagar deuda y para hacer frente a la reducción de retenciones, eliminar o limitar las paritarias, volver al “mercado internacional de capitales”, etc. Así explica Héctor Huergo7 la derrota electoral del FPV del 28 de junio de 2009: “Sí, es el “soy power” (el poder de la soja). Es la respuesta de la sociedad ante el ataque absurdo que se intentó contra el nuevo maná que cayó sobre estas pampas” (…) “El resultado electoral es un triunfo contundente de la Argentina Verde y Competitiva. Ganó la soja. Ganó el modelo del eje Rosario-Córdoba, el nuevo centro de gravedad de la economía argentina. La sociedad entiende que no se pueden atender las necesidades de los sectores postergados, representados por el eje Matanza-Riachuelo, expoliando al interior genuinamente (sic) productivo. Como decíamos una semana atrás, no es desnudando al santo del interior como se va a vestir al santo del conurbano. Hace falta otro modelo” (Clarín. 2008).
7 Sugestivo era el título de aquel artículo publicado en el suplemento Clarín Rural a los pocos días del voto “no positivo”: “Ganó la Argentina verde y competitiva”.
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BIBLIOGRAFIA • Laclau, Ernesto (2009): Emancipación y diferencia, Editorial Ariel, Buenos Aires. • Esposito, Roberto (1996): Confines de lo político, Editorial Trotta, Madrid. • Mouffe, Chantal (1999): El retorno de lo político, Editorial Paidós, Barcelona. • Mouffe, Chantal (2003): La paradoja democrática, Gedisa, Barcelona. • Barski, Osvaldo y Dávila, Mabel (2008): La rebelión del campo, Sudamericana, Buenos Aires. • Clarín, Clarín Rural, Pág. 12, La Nación, El Tribuno y Critica de la Argentina. Años 2008 y 2009.
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La autonomía de la política económica como profundización democrática. La reconstitución del frente devaluacionista durante la postconvertibilidad 8 Julia Strada 9 Hernán Letcher 10 Introducción El presente artículo recupera los debates relativos al concepto de democracia y sus alcances, que se han dado al interior de la tradición de la Ciencia Política en las últimas décadas. En el marco de los procesos políticos de transición a la democracia, y posteriormente consolidación democrática en el continente latinoamericano y en Argentina en particular, se intentará efectuar una lectura crítica respecto a la definición de democracia como sistema de reglas de juego. Este abordaje del concepto de democracia, que cobra fuerza en la década de los ochenta, ha permitido revalorizar el rol de
8 Este artículo fue escrito en los meses de marzo y abril del 2013 y responde a una serie de reflexiones y discusiones de largo alien-
to sobre la estructura económica argentina, sus principales actores e intereses políticos, que tuvieron lugar tanto en la instancia de la Maestría de Economía Política de FLACSO como en las reuniones de CEDET Rosario. El articulo ha sido presentado como ponencia en el marco del XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013. 9
Lic. en Ciencia Política (UNR). Estudiante de Maestría en Economía Política (FLACSO). Adscripta de la Cátedra de Espacio y
Sociedad (UNR). Integrante del CEDeT. juliastrada@gmail.com. 10 Contador Público Nacional (UBA). Estudiante avanzado de Maestría en Economía Política con Mención en Economía Argentina
(FLACSO). Secretario de Actas de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y Secretario General de la organización política Segundo Centenario. hernanlet@hotmail.com.
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las instituciones y del régimen político así como insistir en la importancia del respeto de los derechos civiles y políticos (añadiendo en el caso argentino la sanción a las violaciones de Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar) lo cual han significado pasos sustanciales en pos de la recomposición institucional, en sus facetas parlamentaria, partidaria y electoral, luego de la etapa sesgada por la proscripción, el autoritarismo y el terrorismo de Estado experimentada en nuestro país entre 1976 y 1983. No obstante, los actuales procesos políticos atravesados por el continente, entre los que se encuentran los gobiernos democráticos electos popularmente por amplias mayorías, en la última década han permitido redimensionar los alcances del concepto de democracia. Han excedido los parámetros fijados por aquella “definición mínima” de democracia política, entendida como “piso mínimo” (Lesgart, 2002) de características o componentes indispensables de cualquier régimen político para distanciarse de la noción de autoritarismo11. Acotándonos a la temática del artículo, entendemos que la democracia no sólo constituye un sistema de reglas de juego, sino que contiene una dimensión más profunda, agónica, vinculada a la potencialidad del cuestionamiento hacia lo estatuido, o lo “dado”, en cada sociedad. Es esta potencialidad la que se ha reafirmado en la presente coyuntura argentina, mediada por el surgimiento de un gobierno democrático que ha instalado la discusión en torno a las formas de apropiación de la renta vigentes durante los años de neoliberalismo, o desde un enfoque más abarcador, durante la vigencia del patrón de valorización financiera 1976-2001 (Basualdo, 2006). Entendemos que la focalización institucional otorgada al concepto de democracia pasó por alto que en el último cuarto de siglo XX en Argentina
11 Nos referimos a la definición de poliarquía de Robert Dahl, quien consigna los siguientes atributos: “1) funcionarios electos; 2)
elecciones libres y limpias; 3) sufragio universal; 4) derecho a ser candidato; 5) libertad de expresión; 6) canales de información alternativos. 7) libre asociación”. El politólogo argentino Guillermo O’Donnell incorpora en 1996 otros atributos que complementan dicha definición de poliarquía: “8) los funcionarios elegidos –y algunos designados, como los jueces de la corte suprema– no deben ser destituidos arbitrariamente antes del fin de su mandato constitucional; 9) los funcionarios elegidos no deben ser sometidos a restricciones severas, vetos o exclusión de ciertas áreas por parte de actores no electos, especialmente las fuerzas armadas, 10) debe existir un territorio que defina indiscutiblemente a la población votante. En mi opinión esos diez atributos definen en su conjunto la poliarquía” (O`Donnell, 1997:pp.1-2).
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se profundizó un régimen de acumulación neoliberal con una fuerte matriz excluyente con consecuencias sociales y políticas de trascendencia. Estas décadas han incluido no sólo la última dictadura cívico-militar sino que también los años 80 y 90 han significado la continuación y profundización, particularmente durante el Consenso de Washington, del mismo patrón de acumulación. Estas continuidades no fueron tenidas en cuenta en los análisis institucionalistas, efectuados desde el mainstream de la Ciencia Política, sobre transición democrática para la década de los 80 coincidente con la reapertura democrática y el gobierno de Alfonsín, ni en los análisis sobre consolidación democrática coincidentes con la década de los 90 y de implementación de políticas neoliberales con desguace del Estado y preocupantes indicadores en materia social (Borón, 2003; Rinesi et al, 2007). En otras palabras, entendemos que la continuidad de este patrón de acumulación excluyente no ha sido considerada a la hora de abordar las condiciones de posibilidad de la democracia. En esta dirección, afirmamos que el sentido de la democracia está dado por la disputa entre distintos proyectos políticos. Y esta conflictividad política acentuada en los últimos 10 años, a lo largo del continente latinoamericano y en Argentina en particular, ha significado una profunda revitalización democrática, que ha marcado un claro contraste con las décadas previas. Los pueblos latinoamericanos han otorgado mandato popular a una serie gobiernos de nuevo tipo en la región que tomaron distancia de las políticas neoliberales adoptadas en décadas pasadas. En tal sentido, la cumbre de Mar del Plata celebrada en el año 2005 significó la derrota del ALCA en tanto proyecto de integración comercial impulsado por Estados Unidos y ha marcado un hito en la relación entre el continente latinoamericano y la potencia hegemónica, impulsora de las políticas de apertura comercial y desregulación financiera que se han ubicado en consonancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En el caso argentino, durante la implementación del patrón de valorización financiera iniciado con el golpe del 24 de marzo 1976 y extendido hasta la crisis orgánica del 2001, se adoptaron medidas económicas tendientes a la apertura económica, desregulación de los mercados (especialmente el sector financiero), ajuste estructural y reducción del 151
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gasto fiscal como mecanismos de “freno” a la inflación, y empobrecimiento de los sectores populares, que durante la dictadura cívico-militar se han combinado con estrategias de desindicalización de los trabajadores y persecución, secuestro y tortura de obreros, militantes o personas sospechadas de actividad política. El estallido de diciembre del 2001 no sólo ha significado una fuerte crisis de representación en el sistema político a la par que ha reflejado la incapacidad de las estructuras partidarias y de la coalición de gobierno (La Alianza) para garantizar la continuidad institucional, sino que también ha sido la expresión de una profunda crisis en el patrón valorización financiera que ya no podía sostener la dinámica circular de endeudamiento y fuga de capitales como mecanismo de acumulación (para pocos). La gran movilización social de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, extendida en el tiempo durante el año 2002, añadió el componente indispensable para que la debacle económica se transformara en crisis orgánica del sistema político, económico y social en su conjunto. La salida económica de dicha crisis se ha traducido en la cesación de pagos a los acreedores externos (default), lo que significó la concreción de la “alianza devaluacionista” (frente a la alternativa dolarizadora) eminentemente sustentada por los grupos económicos locales en coalición con sectores del Partido Justicialista y entidades sindicales. La adopción de la devaluación drástica de un orden del 30% como política en el régimen cambiario, ha significado una de las mayores transferencias de ingreso de los trabajadores hacia las fracciones de clase dominante en la historia argentina. Es este componente económico-social el que debe destacarse para comprender las bases de sustentación del crecimiento en los años posteriores y el incremento del poder económico de los grupos concentrados que impulsaron la devaluación, medida que ha explicado mayormente el gran aumento de los niveles de rentabilidad de las fracciones exportadoras en la economía argentina. Si bien el patrón de acumulación vigente se sustenta en un “modelo dólar alto” como mecanismo indispensable para proteger el desarrollo industrial, lo cierto es que el kirchnerismo ha planteado un proyecto alternativo al esquema devaluacionista de primera hora. Fundamentalmente, se ha pugnado por la inserción de un nuevo actor en el patrón de acumulación, ausente durante la etapa de valorización finan152
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ciera: los trabajadores. Las políticas tendientes a la generación de empleo, incrementos salariales y regulación a través de derechos laborales, estatización del sistema previsional y aumentos automáticos de las jubilaciones, políticas de asignaciones universales, subsidios a los servicios, etc., han tenido por objetivo incluir a los trabajadores en la disputa por el reparto de los excedentes económicos. En función de lo hasta aquí expuesto, y tomando como marco general el régimen democrático argentino en el período que se inicia con la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003, se colocará especial énfasis en los conflictos político-económicos desatados durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), procurando en la medida en que la información lo permita, extender las conclusiones para el año 2012. El artículo tiene por objetivo general la revalorización de la disputa económica, vinculada a la definición del tipo de patrón de acumulación dominante (Basualdo, 2007) como conflictividad inherente al sistema democrático argentino en la última década, que ha permitido la profundización de los alcances de la democracia. En tal sentido, se desprenden dos objetivos específicos. En primer lugar, se describirán sintéticamente las transformaciones en la estructura económica durante la postconvertibilidad que explican el incremento de la concentración, centralización y orientación exportadora de grandes grupos económicos, al tiempo que se dará cuenta de determinadas decisiones de política económica adoptadas en el primer mandato de CFK (2007-2011) como formas de incremento de la autonomía relativa del Estado frente a las fracciones de clase dominante y sus intereses sectoriales. En segundo lugar, se analizará la reconstitución del frente devaluacionista en el período analizado, con semblanzas a aquella alianza políticosocial o alianza devaluacionista (Schorr y Ortiz, 2007) constituida en el año 2002, que pugnó por la modificación del tipo de cambio como mecanismo de salida de la crisis y de conformación de un nuevo patrón de acumulación excluyente. En síntesis, por un lado se procurará dar cuenta del incremento de los márgenes de autonomía del Estado (frente a los grupos económicos locales y extranjeros) para fijar la política económica como mecanismo ineludible de profundización del régimen democrático. Por otro, se señalarán las amenazas que comporta la reconstitución de un frente devaluacionista, vinculado 153
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a los grupos más concentrados de la economía que a su vez han desarrollado mecanismos de desestabilización democrática, para hacer mella en la creciente autonomía relativa del Estado frente al poder económico y, en definitiva, para el sistema político fundado en un proceso democrático popular.
Notas conceptuales A los fines de explicitar las herramientas que constituyen nuestro marco teórico, entendemos por patrón de acumulación a “la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes” (Basualdo, 2007:6). Dicha herramienta teórica nos permite diferenciar los distintos comportamientos económicos que se suceden en el tiempo. Cada patrón de acumulación es conducido por un bloque de poder especifico que articula a las distintas fracciones de capital. Siguiendo a Nicos Poulantzas (1973), entendemos por bloque de poder a “la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase dominantes, en su relación con una forma particular del Estado capitalista”. La noción de hegemonía se aplica a una clase o fracción al interior de dicho bloque de poder, y quien ejerce la hegemonía se constituye en el elemento dominante garante de la unidad del bloque de poder. Finalmente, la lucha de clases, la rivalidad de intereses entre esas fuerzas sociales, está presente de manera constante, conservando esos intereses su especificidad antagónica. Dentro del bloque de poder se producen pugnas entre sus integrantes, que en el marco del Estado capitalista, se mantienen en un lugar secundario respecto a la conflictividad principal entre el capital y el conjunto de los asalariados. Esto se evidencia cuando la resolución de las pugnas entre fracciones de capital se canaliza avanzando sobre los derechos adquiridos de los asalariados. Asimismo, al interior del bloque de poder hay jerarquías, en la medida en que algunas fracciones además de ejercer el predominio económico, ostentan la hegemonía política. Ambos atributos no necesariamente suelen coincidir en una misma fracción de capital. El Estado es un producto no-mecánico de las contradicciones de la sociedad de la cual emerge para conducirla. El Estado es una instancia de 154
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articulación y denominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y contradicciones tanto a través de las variables tomas de posición de sus instituciones, como de la relación de fuerzas existente en éstas (O’Donnell, 1978; Ozslak, 1980). El régimen o patrón de valorización financiera (1976-2001) cobra forma en nuestro país a partir de que las fracciones de capital dominante comienzan a contraer deuda externa, para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) con el propósito de valorizarlos debido a la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional, y posteriormente fugarlos al exterior. Por tanto, una de las principales características de este régimen fue la íntima vinculación entre la fuga de capitales al exterior y el endeudamiento externo. Este no constituyó una forma de financiamiento de la inversión o del capital de trabajo, sino antes bien se erigió como instrumento para obtener una renta financiera, dado que la tasa de interés interna era sistemáticamente superior al costo del endeudamiento en el mercado internacional (Basualdo, 2007:5). Respecto a las transformaciones en la estructura económica, a partir de la valorización financiera comienza a predominar la centralización del capital sobre la concentración económica, que antes estaba presente pero no era central. La concentración económica se vinculó a lo largo de todo el siglo XX, hasta el último golpe militar, al control por parte de las firmas oligopólicas de los núcleos técnicos y económicos de los bloques sectoriales. El concepto de centralización del capital refiere a los procesos en los cuales unos pocos capitalistas acrecientan el control de la propiedad de los medios de producción con que cuenta una sociedad, mediante la expansión de su presencia en una o múltiples actividades económicas, basándose en la reasignación de capital existente (compras de empresas, fusiones, asociaciones, etc.). “La centralización de capital no se produce necesariamente en una rama de actividad sino prioritariamente a través del control sobre diversas firmas que actúan en distintas actividades económicas” (Basualdo, 2007:14). Esta transformación es clave porque “modifica la unidad económica de las fracciones de capital más poderosas de la economía, sean estos de origen local o extranjero. En ellas, la empresa deja de serlo y queda subsumida a través de la propiedad en un ámbito más amplio, el grupo o con155
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glomerado económico, en el cual se define el comportamiento productivo, tecnológico, comercial y financiero de todas las firmas que lo integran” (Basualdo, 2007:14). A partir de la dictadura cívico-militar son estos conglomerados económicos los que pasan a conducir el proceso de acumulación. La capacidad de estos grupos supera la de cualquier empresa como unidad económica, aun si esta es oligopólica. De aquí se extrae una conclusión clave: “mientras que las empresas que no forman parte de un grupo o conglomerado (sean pequeñas, medianas o grandes firmas) por su inserción económica tienen como horizonte una determinada actividad o a lo sumo un bloque sectorial, los grupos o conglomerados tienen como referencia al conjunto de la economía local e incluso la economía internacional” (Basualdo, 2011:15, negrita nuestra). El autor avanza en distinciones específicas entre: CE (conglomerados extranjeros) que son las transnacionales que controlan el capital de 6 o más subsidiarias locales y ET (empresas transnacionales) a las que controlan menos de 6 subsidiarias en el país. La burguesía nacional al igual que las empresas estatales pasan a denominarse empresas locales independientes (ELI). Pero con el patrón de acumulación financiera se reconvierten en grupos económicos locales (GGEE), donde convergen con la fracción de la oligarquía agropecuaria que se diversificó hacia la industria (oligarquía diversificada) e incluso algunos capitales de origen extranjero. Se entiende por GGEE a los propietarios de 6 o más firmas en distintas actividades económicas. Finalmente se encuentran las asociaciones, como sexto tipo de empresa. En función de estas consideraciones en torno a la alteración de la estructura económica a partir de la centralización del capital, es insuficiente insistir en las clásicas diferenciaciones entre burguesía industrial, agropecuaria o financiera, porque las actividades de los grupos o conglomerados aglutinan y fusionan diversos sectores de la economía. Por tanto, resulta útil tomar las 200, 100 o 50 empresas de mayor facturación desde 1976 a esta parte, fundamentalmente para aquellos análisis que procuran enfatizar el comportamiento de la clases dominantes en función de compartir intereses comunes que apuntan, en su máxima expresión, a la definición y conducción del patrón de acumulación. A partir de estas notas conceptuales, nos proponemos reconstruir la presente disputa política y económica en la coyuntura argentina, en la cual 156
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intervienen de manera específica aquellos actores beneficiados durante la vigencia del patrón de valorización financiera, y particularmente vinculados a los procesos de concentración, centralización y entranjerización de la economía argentina. En función de este andamiaje conceptual, entendemos que la inherente conflictividad que constituye todo orden democrático se encuentra fuertemente atravesada por las disputas político-económicas entre las fracciones de clase dominante que conforman el bloque de poder y entre dicho bloque y los sectores populares. Lejos de suscribir a la separación entre sociedad civil y Estado o entre la esfera privada y la esfera pública (tributaria de la tradición liberal), sostenemos la existencia de una compleja síntesis, que da origen a lo que Gramsci denominó “Estado ampliado”, o García Linera “Estado Integral”. Es decir, las disputas por la constitución y consolidación de un patrón de acumulación en un período determinado constituyen parte de los antagonismos inherentes al régimen democrático, en la medida en que la cuestión de la estructura económica condiciona fuertemente el alcance de los fines éticos, intereses y “contenidos” de toda democracia que aspire a ser sustantiva (Borón, 2003).
La crisis del 2001 y la alianza devaluacionista Para este trabajo recuperamos los análisis de Basualdo (2011), quien realiza una lectura de las conflictividades en la democracia desde el “retorno” en 1983 a partir de los enfrentamientos al interior el bloque de poder. Establecemos como punto de partida el enfrentamiento en el año 2001 entre devaluacionistas y dolarizadores. Por varios motivos: • porque allí tiene lugar la crisis orgánica que da por tierra con el régimen de convertibilidad iniciado en 1991; • porque en ese contexto se construye la alianza devaluacionista que enfrenta a los grupos económicos locales, que son la llamada oligarquía diversificada, con los acreedores externos y capitales extranjeros vinculados a las empresas de servicios públicos privatizadas; • porque en ese armado político y económico se desarrolla un discurso pro-devaluación con ribetes nacionalistas e industrializadores que servirá de referencia para pensar la actualidad. 157
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El objetivo específico del trabajo es, en este sentido, plantear la rearticulación, en la presente coyuntura, del frente devaluacionista, con similares características a aquellas adoptadas por los devaluacionistas en el 2001. La resolución de la crisis de 2001 significó el triunfo de la alianza devaluacionista en detrimento de la fracción del capital extranjero promotor de la dolarización. Esta alianza fue impulsada por la fracción de capital (los grupos locales) que ya no ejercía el predominio económico, ya que había sido desplazada por el capital extranjero a través de las privatizaciones desde mediados de los noventa. Sin embargo, conservaba la hegemonía política, fundamentalmente encarnada en la figura de Eduardo Duhalde en carácter de presidente provisional. Asimismo, aquellos que impulsaron la devaluación en el año 2002 lograron consensuar con amplios sectores un discurso de protección de la industria nacional y de protección del campo (teniendo en cuenta que todo proceso devaluatorio en general beneficia las rentabilidades relativas del capital productivo –agrario a industrial– en perjuicio de las finanzas). Entre los principales actores de la alianza devaluacionista se encontraba el empresariado productivo (vinculado a la UIA y en particular al Grupo de los 8), entidades agropecuarias (tales como CRA), la Cámara Argentina de la Construcción, entidades sindicales (CGT moyanista) y representantes de la cúpula de la Iglesia. En el caso del FMI, en principio se ubicó en defensa de los dolarizadores que pugnaban por la continuidad de la Convertibilidad. No obstante, terminó apoyando la salida devaluacionista una vez que dicha propuesta alcanzó amplios consensos. Esta propuesta de salida a la crisis venia cobrando forma a partir de las devaluaciones en el sudeste asiático en 1997 y en Brasil en 199912 y fundamentalmente con la crisis argentina en 1998, que impacta fuertemente en los grupos locales vinculados a la actividad manufacturera.
12 De acuerdo a Chesnais (2001), la liberalización y desregulación neoliberales han propiciado el auge de la valorización del capi-
tal en su forma financiera a nivel mundial. En un anticipo de lo que sería la crisis argentina del 2001, analiza las reiteradas crisis sufridas en la periferia –con impacto en el centro– a partir de la aplicación de un “régimen de acumulación predominantemente financiero”, cuyas terribles consecuencias los apologistas neoliberales se empeñaron en negar. Si en 1995 se experimenta la crisis mexicana, recién contenida hacia 1997, en los años sucesivos tendrán lugar las crisis de Indonesia, Malasia y Filipinas, todas con
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Entre el año 1998 y 2001 se produce, de manera paulatina, la crisis de la “comunidad de negocios” que había articulado la valorización financiera (o el modelo aperturista con hegemonía financiera) desde 1976. La desarticulación política de este bloque de poder se evidencia con fuerza durante el gobierno de De la Rua, quien buscó favorecer a los acreedores externos y capitales extranjeros a través del acuerdo con el FMI. De manera concomitante, se comenzaba a delinear una coalición de intereses, en principio, liderada por los grupos locales y manifiestamente en contra de la fracción de capital extranjero. Este amplio frente devaluacionista sentenció el fin de la Convertibilidad y el resultado de la contienda significó: • la megadevaluación (del orden del 30%), la cesación de pagos (default) y la pesificación asimétrica • la desdolarización y desindexación de los servicios públicos afectando duramente a las fracciones del capital “derrotado” que controlaban las empresas de privatizadas casi en exclusividad desde 1995 • una serie de demandas en el CIADI enmarcadas en la firma de los TIBS durante los 90 (Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras) • el impacto negativo en los sectores populares a través de la fuerte caída del salario real • el impresionante incremento de las rentabilidades de la cúpula empresaria mediante la reducción de los costos salariales y la inserción del “shock de competitividad” vía devaluación. A continuación presentamos los Gráficos 1 y 2, que dan cuenta del impacto negativo de la devaluación en los sectores populares. En el Grafico 1 se aprecia la fuerte caída del costo salarial, que se traduce en un incremento de la productividad laboral. En el Grafico 2 presentamos una serie histórica sobre la evolución de los salarios reales entre 1940 y 2002, en la cual se puede observar que las tres grandes caídas del salario real se corresponden
idéntico“guión”: devaluación de la moneda local, caída del tipo de cambio, huida de los capitales y posteriormente traslado de los efectos a la economía real, con derrumbe del crédito y de la producción. En todos los casos el FMI interviene recetando medidas draconianas que sólo agravan la recesión: se trata de un nuevo modo de acumulación que supone la destrucción de millones de empleos y de sistemas de producción enteros e incluye la “fragilidad sistémica” como rasgo esencial.
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con el fin del peronismo y la aplicación de los planes de racionalización de la “Revolución Libertadora”, con la hiperinflación de 1989 durante el gobierno de Alfonsín y con la crisis del año 2001 y posterior devaluación del peso.
La salida devaluacionista significó la victoria de los grupos económicos locales tanto frente al capital extranjero que controlaba las empresas de servicios públicos como a los acreedores externos perjudicados por el default. Si bien el sostenimiento del “modelo dólar alto” por parte del kirchnerismo y tanto la renegociación de la deuda externa en el año 2005 como el pago al FMI han ubicado al gobierno nacional en un aparente único camino con los gropos locales promotores de una devaluación, no hay dudas que “la alianza devaluacionista es la portadora del transformismo argentino” (Basualdo, 2011). Es decir, la expresión política que apunta a restaurar la subordinación histórica del poder político a las decisiones del poder económico concentrado. Paradójicamente, fue la fracción que perdió predominio en la estructura 160
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económica (los grupos económicos locales) aquella que consiguió construir una propuesta más inclusiva a nivel político: la salida devaluacionista. La construcción de esta alianza se efectuó a partir de la instalación discursiva de una serie de reivindicaciones que interpelaron a la población: un discurso nacionalista, con fuertes críticas al capital financiero en el momento en que el “corralito bancario” se constituyó en la medida que más había perjudicado a la clase media y fundamentalmente un mensaje protector de la industria que pugnaba por la generación de empleo. Particularmente esta veta discursiva fue sostenida por Hugo Moyano, líder del MTA como nucleamiento disidente al interior de la CGT en aquel entonces y por Eduardo Duhalde, representante del peronismo ortodoxo y de los capitales locales más concentrados. Esto nos lleva a pensar a los conflictos en la democracia en términos de 161
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disputas por el ejercicio de la hegemonía (Gramsci), es decir, por la articulación de distintos proyectos políticos que signifiquen la dirección política y moral de las masas. Para este caso es claro que el control del aparato del estado a partir del ejercicio de la hegemonía política no se corresponde estrictamente con el dominio económico, espacio ocupado por los capitales extranjeros. No obstante, el proyecto que se pone en marcha, liderado por los grupos locales, enfrentará a los acreedores externos, finalmente desplazándolos del bloque de poder de la valorización financiera. “Reparar en estas cuestiones es de lo más relevante, ya que expresan el carácter central que asumen las instancias ideológicas y políticas en el análisis de un proceso económico, o más específicamente, porque indican que en las coyunturas históricas en las que se disputa la hegemonía dentro del bloque dominante, el poderío estructural de un actor no necesariamente determina hacia donde se inclina el ‘fiel de la balanza’” (Schorr y Ortiz, 2007:11).
Transformaciones en la postconvertibilidad A partir de la crisis de 2001-2002 y por diversos factores, aumentan los márgenes de autonomía de la oligarquía diversificada local (Basualdo, 2011). Es clave el ascenso de China a nivel internacional en tanto se constituye en un gigante demandante de commodities, lo cual eleva las cantidades y los precios de los principales productos agropecuarios producidos por Argentina. De manera concomitante, consolida una alianza con las fracciones de capital extranjero productivo, que ya era predominante en la economía argentina. Junto con una mayor demanda de los productos argentinos en el exterior, se conjugan una serie de elementos que incrementan la competitividad de las fracciones más concentradas del capital productivo local y extranjero: la mencionada alteración del régimen cambiario, la creciente orientación exportadora –iniciada en los años 90– de las principales ramas industriales (las denomi13 nadas ramas “ganadoras” de la postconvertibilidad), la reducción de los costos salariales, y el incremento de la inversión privada (con gran participación
13 Durante la etapa 2002-2007 los sectores que registran un mayor crecimiento fueron las industrias metálicas básicas, automo-
triz, equipos de transporte y maquinaria y equipo, los años más recientes ven incrementar el peso relativo de las ramas vinculadas a la producción de alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos y refinación de petróleo (Basualdo et al, 2012).
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de la inversión extranjera directa) y la inversión pública. A continuación presentamos la Tabla 1 que refleja la evolución de los precios mayoristas del sector industrial, según rama de actividad durante la postconvertibilidad.
En la primera etapa (2002-2007) crecen las ramas que más habían sido golpeadas durante la convertibilidad. Pero esto no fue suficiente para alterar el perfil estructural del sector, marcado por una fuerte heterogeneidad14.
14 Recordemos que durante la convertibilidad la avalancha importadora produjo la destrucción de gran parte del tejido industrial.
No obstante, las ramas ganadoras en la industria fueron aquellas sustentadas en ventajas comparativas estáticas, o que adquirie-
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A partir del 2007, bajo el influjo de la crisis internacional y cuando comienzan a erosionarse los niveles de competitividad asentados en el nivel del tipo de cambio real, se produce una desaceleración del crecimiento fabril15. En esta segunda etapa los desempeños en las ramas productoras de bienes son heterogéneos, y se produce un vuelco hacia el procesamiento de recursos naturales y el sector automotriz de armaduría. Hacia el año 2010, las dos terceras partes de la producción industrial provinieron de las industrias alimenticia, química, de acero y aluminio, de derivados del petróleo y de la armaduría automotriz. Son todos rubros capital-intensivos con débiles eslabonamientos internos, fuertemente concentrados y dependientes de su inserción en el mercado mundial. A continuación se presenta la Tabla 2, la evolución del peso relativo de las 50 firmas de mayores ventas del país en las ventas y exportaciones de la cúpula empresaria entre 2001 y 2010, lo cual da cuenta de la acentuación de la orientación exportadora en muchas de ellas. De acuerdo a la Tabla 2, se ha incrementado el peso en las exportaciones y ventas de la cúpula de grandes firmas como Cargill, AGD, Bunge, Dreyfus, Molinos Rio de la Plata (vinculadas al sector primario, a las que se agregan Vicentín y Nidera); también de las petroleras Shell y PAE (Pan American Energy); de las automotrices Ford, Peugeot-Citröen y Renault Argentina, y de la empresa siderúrgica Siderca, exportadora de tubos sin costura, del Grupo Techint. Por dicha orientación al mercado externo, los salarios de estos sectores son concebidos como costos empresarios antes que como factores de la demanda. La concepción del salario como costo tiene una estrecha vinculación con las preferencias que estos actores mantienen respecto a la política de regulación del tipo de cambio. Los procesos de devaluación significan, en cualquier país, una pérdida del poder adquisitivo de los trabaja-
ron peso institucional en base a vinculación con el poder de turno y los regímenes de promoción industrial. Se trata del sector agroindustrial, del acero, aluminio, automotriz, del petróleo y minería (Schorr, 2013). 15 De manera concomitante, a partir del 2007 se verifica un sensible incremento de los precios locales que se acelera con el deve-
nir de los meses, reflejando un claro intento de los sectores más concentrados de la economía de evitar que los aumentos de salario real mermen los niveles de rentabilidad, teniendo en cuenta que hacia el año 2007 los salarios alcanzan el nivel del año 2001 (Santarcángelo y Perrone, 2011).
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dores. Pero este perjuicio no es tal para aquellas ramas que logran consolidar una inserci贸n internacional de su producci贸n en mercados externos 165
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específicos. En estos casos y para estos actores, la capacidad de compra de la población local se vuelve irrelevante, o, en otras palabras, un simple costo. Por el contrario, desde un esquema asentado en la pujanza del mercado interno y la necesidad de acrecentar el poder de compra local para sostener el proceso productivo, los salarios dejan de ser un costo para constituirse en un componente de la demanda, que es preciso proteger. La orientación hacia el mercado externo que ostentan en gran medida los sectores concentrados de la economía, sumado a las diferencias cambiarias entre peso y dólar que suponen presiones inflacionarias para incrementar los precios de los productos ofrecidos en el mercado local, tensionan fuertemente sobre las decisiones adoptadas respecto al tipo de cambio. La profundización de los niveles de devaluación del peso deja de ser una decisión técnica para constituirse en una cuestión de feroz disputa política, que significa, en el fondo, concebir al conjunto de la población argentina y sus remuneraciones como costos de una economía eminentemente exportadora y en constante expansión, o como componentes de una demanda agregada y parte de proyecto político en marcha, con miras a su inclusión.
La reconstitución del frente devaluacionista Si la devaluación fue la contrapropuesta de los grupos económicos locales (GGEE) a la continuidad de la convertibilidad, y significó el desplazamiento de los capitales extranjeros del bloque de poder; el planteo devaluacionista que hoy cobra forma no tiene por finalidad el enfrentamiento de una fracción de clase dominante sino el desplazamiento del conjunto de los trabajadores de la puja distributiva. El gobierno nacional ha planteado un proyecto alternativo respecto al modelo surgido con la devaluación, el cual descansaba en la simple alteración del tipo de cambio. Principalmente, la reinstalación de las convenciones colectivas de trabajo y del Salario Mínimo Vital y Móvil constituyen recomposiciones fundamentales de los derechos laborales que insertan la discusión sobre la distribución del ingreso en el esquema planteado en el 2002. Particularmente, el camino se bifurca hacia el año 2008 a partir del conflicto con la oligarquía pampeana por la Resolución 125, que significó abrir la discusión sobre las rentabilidades extraordinarias, derivadas no sólo de las condiciones del suelo sino a partir de los 166
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beneficios que el nuevo régimen cambiario reportaba a la exportación. La fuerte resistencia de estos sectores a la posibilidad de distribuir parte de sus excedentes sectoriales da cuenta de la acentuada disputa existente por recuperar la hegemonía política, perdida bajo el kirchnerismo, y definir un nuevo patrón de acumulación de capital que reconozca a esas fracciones como su núcleo central. Esta resistencia también se ha evidenciado en las críticas a la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en marzo de 2012. La nueva Carta Orgánica incluye en su seno una serie de rupturas claves con el modelo de banca central anterior16. Entre las atribuciones recuperadas se encuentra la posibilidad de orientar el crédito productivo y fomentar así el crecimiento del empleo; la fijación de las tasas de interés, reduciendo el spread o ganancia por intermediación de los bancos; la potenciación de la capacidad de financiamiento hacia el Tesoro Nacional; y la habilitación del uso de reservas de ‘libre disponibilidad’ como medida clave para garantizar el pago de los vencimientos de deuda, sin endeudamiento externo o ajuste fiscal. A partir de la reforma del año 2012, el Banco Central de la República
16 Como primer antecedente de la aplicación de políticas neoliberales que, entre otros impactos, implicaron la liberalización y libre
movilidad del capital financiero, se encuentra el impulso de la Ley de Entidades Financieras en 1977 por parte de Martínez de Hoz, en su rol de Ministro de Economía durante la última dictadura cívico-militar. Dicha normativa le otorgaba libertad al Banco Central para fijar la tasa de interés y aplicó una tabla de ajuste predeterminado del tipo de cambio que no era más que una vía libre al sector financiero para embarcarse en la especulación. En 1992, Domingo Cavallo reforma la Carta Orgánica del Banco Central y profundiza así el esquema de valorización financiera nacido bajo la última dictadura, reduciendo las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda, para aquel entonces, sosteniendo el peso en paridad 1 a 1 con el dólar, y obligando a rematar empresas públicas y contraer deuda externa para sostener el nivel de reservas necesario para el peso convertible. Este esquema de funcionamiento comenzó a presentar contradicciones con las políticas macroeconómicas adoptadas desde el 2003 a esta parte, fundamentalmente a partir de la necesidad de conseguir fondos para el pago de los vencimientos de la deuda, estando impedida la posibilidad de financiamiento voluntario externo a tasas bajas (en la medida en que ésta fue una de la “sanciones” de los mercados por la gran quita de deuda negociada por Argentina en el 2005). Con superávits fiscales cada vez menores, y sin recurrir al ajuste fiscal, resultaba necesario utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a la deuda, como forma, al mismo tiempo, de adquirir mayores niveles de independencia de la política económica respecto a los organismos internacionales de crédito. En esta dirección, uno de los puntapiés de la reforma tuvo que ver con la necesidad de destrabar las posibilidades de financiamiento hacia el Tesoro.
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Argentina no sólo se preocupa por regular la inflación y el valor de la moneda, sino que en función de la ampliación de sus atribuciones, se vincula con las reales necesidades de nuestro país, con sus metas de desarrollo y de inclusión social. El impulso de esta reforma constituye una clara avanzada en contra del sector financiero, que cobra real dimensión en un contexto de crisis internacional que cristaliza la correlación de fuerzas aún vigente (aunque en creciente cuestionamiento): las respuestas no han sido más que ayudas y salvatajes, por parte de los países centrales, a los grandes bancos e instituciones financieras. En definitiva, si en una primera etapa podíamos afirmar que el kirchnerismo se enfrentó con el capital extranjero y los organismos de crédito a través de la renegociación de la deuda y pago al FMI (conflicto que se sostiene hasta la actualidad con los fondos buitres), hacia el año 2008 y con el avance sobre las rentabilidades de los grupos económicos locales vinculados al agro, el gobierno nacional pasa a enfrentar, casi en bloque, a las fracciones de clase dominante que sustentaron la valorización financiera. En este marco reaparece en la escena pública durante el segundo mandato de CFK y con fuerza durante el año 2012, la cuestión de la devaluación. La opción devaluatoria, bandera inclaudicable del sector agroexportador, parece reunir nuevamente a un amplio abanico de actores políticos y económicos. Congrega, en principio, a sus inmediatos beneficiarios: la oligarquía pampeana eminentemente exportadora, la cúpula industrial orientada al mercado externo y el sector financiero que especula (compra dólares) en vistas a hacer la diferencia con un dólar más alto. Son sectores que, lejos de encontrarse afectados durante la postconvertibilidad, han obtenido altas rentabilidades. A ellos se suman los apoyos del espectro político opositor y también sindical. Bajo los argumentos de compensar las distorsiones inflacionarias, dinamizar las exportaciones, proteger la demanda local y fortalecer el mercado interno, se trata de un discurso que se viene instalando con fuerza. Para Biolcatti, ex presidente de la SRA, el dólar para la soja es considerablemente más bajo que para el resto de la economía, producto de las retenciones. Asimismo, para Buzzi (FFA): “el dólar agropecuario es de 3,2 pesos”, ya que “al dólar oficial se le saca el 35% de retenciones”. Desde el sector industrial, De Mendiguren (presidente UIA) sostiene que 168
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la inflación elimina los efectos positivos del dólar alto. En la misma dirección Ratazzi (Pte. FIAT Argentina) afirma que es momento de discutir la cotización del dólar ya que afecta a la competitividad de la industria argentina frente a México y Brasil. Paolo Rocca del Grupo Techint sostuvo en septiembre de 2012: “A partir de 2008 el Gobierno perdió el rumbo. No se sabe para dónde va”. “La Argentina tiene un gran potencial, pero está muy mal gestionada. A partir de 2008, la competitividad comenzó a caer”17. También cuestionó la política industrial, fundamentalmente la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. “El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora, contra 12 dólares en México y 9 dólares en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado” (ya que Techint tiene inversiones tanto en México como en Brasil). Moyano, paradójicamente en carácter de dirigente sindical, ha sostenido que el dólar se encuentra atrasado y ello perjudica el nivel de actividad económica e impacta en el empleo. En este marco, le ha exigido al gobierno nacional que aplique una devaluación del dólar, para apuntalar la competitividad de la industria y el crecimiento de la economía18. Esa apreciación del peso implica para el dirigente sindical que “hoy fabricar acá no es lo mismo a lo que pasaba hace algún tiempo. Espero que no nos pase lo que pasó cuando se mantenía el 1 a 1 y después explotó el mercado”, en referencia a la paridad entre las monedas argentina y estadounidense durante la vigencia del régimen de convertibilidad. Distintos economistas ortodoxos (Martín Redrado, Alfonso Prat Gay, Miguel Bein, Miguel Ángel Broda, Federico Sturzenegger) entienden que el gobierno no se anima a devaluar para no reconocer el verdadero valor del dólar y desatar una ola inflacionaria. Critican la devaluación “a cuentagotas” y las medidas de “cepo” cambiario. Martín Redrado19 apodado “golden boy” en una época, fue presidente
17 http://www.ieco.clarin.com/economia/Criticas-Paolo-Rocca-politica-industrial_0_768523217.html. 18
http://www.cronista.com/economiapolitica/Moyano-agita-fantasmas-y-pide-devaluar-para-que-no-pase-lo-mismo-que-
con-el-1-a-1-20120523-0075.html. 19 http://www.martinredrado.com
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del Banco Central, cargo que abandonó en base a su resistencia a pagar la deuda con reservas, apoyando como alternativa el endeudamiento externo. En junio de 2011 afirmó que “La Argentina camina hacia el fin de ciclo” ya que “A la creciente erosión de los pilares del “modelo”, es decir, de los superávits gemelos, se ha sumado con mayor contundencia el atraso cambiario y un esquema de financiamiento, que ya se está agotando”. Alfonso Prat Gay20, economista y referente de la Coalición Cívica sostuvo el octubre de 2011 que la solución era vender reservas o devaluar. “Hay que reconocer que el peso vale menos, en lugar de imponer el cepo al 21 dólar” . En junio de 2012, volvió a señalar: “Lo único barato que queda hoy es el tipo de cambio oficial, al cual deben exportar todos exportadores. Con ese tipo de cambio Argentina no puede crecer. El Gobierno, en vez de resolver el atraso cambiario con medidas sensatas, lo profundiza”. En marzo de 2013, sostuvo que el principal problema del país es la inflación, y que la vía de escape a este problema ha sido el dólar paralelo. Para Prat Gay “Mas del 60% de la población compra dólares en el mercado paralelo. Tenemos una oportunidad inmensa, dada por el precio de la soja”. Para el economista, el valor del dólar, que alcanzó 8,75 en marzo, no obstante no es el que recibe el sector agropecuario, cual vende al dólar oficial, restando las retenciones, pero paga los costos al dólar paralelo. 22 Sturzenegger , Presidente del Banco Ciudad y economista vinculado al macrismo, sostuvo que el peso se encuentra “terriblemente apreciado” y que “hay que generar rentabilidad para que las empresas exportadoras puedan contratar personal. Finalmente, indicó que si ganara el PRO impulsaría una devaluación del 40%. En definitiva, de acuerdo al diagnóstico de la ortodoxia, la mayor demanda de divisas (en las sucesivas corridas bancarias desde el año 2007) fue provocada por el “atraso cambiario”, producido por el incremento de los precios internos. Este diagnóstico, no obstante, es compartido por determinados sectores de la heterodoxia que observan una pérdida de competitividad a partir de la alteración de la relación peso-dólar. Estos
20 www.alfonsopratgay.com. 21 Idem. 22 http://www.infobae.com/notas/708729-El-PRO-admitio-que-devaluara-un-40-el-peso-en-caso-de- llegar-al-poder.html.
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últimos resaltan el impacto negativo en las ramas productivas en la medida en que aumentan los costos laborales medidos en dólares (Zaiat, 2012). Por un lado, desde la ortodoxia económica la salida de este cuello de botella tiene que ver con una fuerte devaluación, a los fines de recomponer el equilibrio y la competitividad. Por otro lado, desde la heterodoxia se han propuesto ajustes constantes a la relación peso-dólar, particularmente incrementando la velocidad de dichos ajustes. Esta última fue la opción adoptada por el gobierno nacional, con Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA. Pero no sólo la disputa es discursiva, sino que preocupan una serie de hechos que pretenden instalar nuevamente la opción por la devaluación. 1. Durante el primer gobierno de CFK se registraron seis corridas bancarias que buscaron mermar el nivel de reservas del Banco Central y debilitar la política económica. En 30 de los 48 meses de su mandato se registraron fuertes ventas de dólares del Banco Central para enfrentar las corridas y sólo en tres meses de ese período el saldo fue negativo en la cuenta formación de activos externos del sector privado, o sea que no hubo fuga (Zaiat, 2012). Todas las corridas pudieron ser soportadas por la previa acumulación de reservas en el BCRA, y la última fue controlada recuperando los mecanismos de regulación de compra y venta de divisas (durante el segundo mandato de CFK el ataque de este problema ha sido una medida prioritaria). La primera corrida fue en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2007. De hecho, algunos analistas políticos han destacado la oportunidad del inicio de las corridas desestabilizadoras con las elecciones primarias y su agudización con las elecciones generales. Esta corrida ocurrió, de manera concomitante a al comienzo de la crisis financiera de EEUU. Luego ocurrieron dos durante el año siguiente. En marzo de 2008, a partir del conflicto con el agro y en septiembre a partir de la crisis en el sistema financiero con la quiebra de Lehman Brothers. Al mes siguiente, con la estatización de las AFJP tiene lugar la cuarta corrida especulativa, hasta la derrota en la elecciones de 2009. En enero de 2010, la corrida coincide con la crisis en el recambio de autoridades en el BCRA. La ultima (la sexta), coincide con las elecciones presidenciales de 2011. Desde 2007 hasta fines de 2011 el monto de la fuga ha sido de 79281 millones de dólares, monto que casi duplica la cantidad de reservas que el BCRA 171
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tenia hacia fines de diciembre y representa en 18% de PBI de ese año. A pesar de este drenaje de divisas la economía no colapsó, pero si produjo una gran disminución de las reservas del BCRA. La fuga no se financió con endeudamiento del Estado como en el patrón de valorización financiera, sino que absorbió de gran parte del saldo positivo de la balanza comercial. Se trata de los dólares producto del balance positivo del comercio exterior, derivados de la gran productividad de las tierras de la pampa húmeda, la inversión tecnológica, el tipo de cambio alto y el incremento de los precios de los commodities agrarios. En el último año la merma en el nivel de divisas del Banco Central se ha agudizado. A continuación presentamos el Grafico 3, que refleja la evolución del nivel de reservas en dólares en el Banco Central de enero a diciembre de 2012.
2. También se repitieron, fundamentalmente desde principios de este año, las amenazas de parte de sectores del agro de paralizar la comercialización de granos en el mes de marzo o posiblemente en abril de 2013, 172
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impidiendo el ingreso de divisas al país. El 19 de febrero de 2013 luego de una asamblea de productores en la Sociedad Rural de Pehuajó, Buzzi sostuvo: “No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 23 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía” . Entre el pliego de reivindicaciones se encontraban la reducción de la presión impositiva en la Nación y las provincias, la baja de las retenciones y la modificación del tipo de cambio, conjugados con una clara apuesta política por reeditar la movilización de los productores durante el año 2008. El freno de la comercialización impediría el ingreso al país de unos 26 mil millones de dólares, provocando dificultades en el sector externo y agudizando los problemas en el nivel de reservas del BCRA, mermados de manera constante por la especulación con el dólar. En el mismo encuentro, el presidente de CRA, advirtió que “al productor se le hace difícil producir ante la baja rentabilidad dada también por un dólar retrasado, que es en el caso de la soja de $3,25; en el del maíz de $4 y de $4,50 para muchas de las economías regionales”, y señaló que la rebelión de 2008 “evitó una transferencia de 2.822 millones de dólares al Estado”24. Estos reclamos contrastan con el incremento de la competitividad del agro en los últimos años (CIFRA, 2008; Pauchagut, 201225). 3. Por otro lado, la especulación con la suba del dólar ilegal o blue oficia
23 http://www.lacapital.com.ar/campo/Buzzi-Que-se-acumulen-cien-barcos-en-el-puerto-2013021924 Idem. 25 Como afirma la Pauchagut: “El colapso del régimen de convertibilidad a finales del año 2001 condujo a una abrupta transfor-
mación de la estructura de precios relativos de la economía y a una revalorización de la producción agropecuaria en términos de su participación en el PBI (en términos corrientes). El sector productor primario considerando la rama Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura) pasó a representar, en promedio, del 4,8% del PBI a precios corrientes para el período 1993/2001 al 8,7% para el período 2002/10”. Asimismo, “las exportaciones de productos primarios, si bien registraron una evolución positiva durante el período de convertibilidad (se duplicó su valor entre 1991 y 1998), tuvieron un explosivo crecimiento posterior a la devaluación del peso: en el año 2011, las exportaciones en dólares fueron más de tres veces las correspondientes al año de mejor desempeño exportador de la convertibilidad (U$S 6.604 millones para 1998). Adicionalmente, el promedio de exportaciones del sector primario para la etapa de posconvertibilidad fue de más del doble que para la etapa de convertibilidad de la moneda (U$S 10.805.000.000 vs. U$S 4.844.000.000,respectivamente)”.
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de presión constante para que el dólar oficial “se adecue” a su verdadero valor. Hacia mediados de marzo de este año el dólar ilegal llegó al pico de 8,43 para acercarse a los 9 pesos hacia los meses de abril y mayo. De este modo, consiguió marcar records sucesivos alterando as expectativas tanto inflacionarias como devaluatorias. A continuación mostramos la evolución del dólar blue desde septiembre de 2011 hasta junio de 2013. La elección de esa fecha como momento de inicio responde a que los incrementos más marcados del dólar ilegal se sucedieron desde el mes de octubre de 2011, con el resultado electoral de las elecciones presidenciales. Es a partir de estas primeras subas del dólar paralelo y de los impactos de las corridas del dólar que el gobierno decide implementar la política de control de cambios.
En los últimos meses correspondientes al 2013, tan sólo observando la variación del dólar paralelo entre el mes de enero de 2013 y el mes de abril de 2013, se estima que quien apostó al dólar obtuvo prácticamente un 30% 174
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de rentabilidad. Cifra que lejos está de corresponderse con las rentabilidades promedio obtenidas en cualquier rama de la economía. El objetivo de las operaciones tiene que ver con generar ruido cambiario, ampliar la brecha entre el dólar oficial y el ilegal, y obligar al Banco Central a acelerar el deslizamiento de la cotización oficial para mejorar los ingresos de los agroexportadoras, y de los sectores especuladores que apuestan a hacer una diferencia con la modificación del precio del dólar. Se debe tener en cuenta que en el mismo periodo (sept 2011- jun 2013) el dólar oficial se incrementó a un ritmo menor, comenzando por un valor cercano a los 4 pesos y derivando en 5,6 para el mes de junio de 2013.
Alternativas a la propuesta devaluacionista En términos económicos, la discusión debe poder exceder la cuestión del tipo de cambio como única medida de impulso del crecimiento económico y del fortalecimiento de la competitividad, e incorporar nuevos elementos para el fomento del desarrollo industrial y la reducción de la dependencia de las exportaciones agrarias. Las mismas, si bien no cuentan con predominio en la estructura productiva (incluso su peso relativo se ha ido reduciendo producto del proceso de diversificación económica de los últimos años, se estima según datos del INDEC que hacia 2010 la producción primaria representaba sólo el 6,6 del PBI), sí mantienen centralidad económica. Esta deriva de la potencialidad o poder de veto que ostentan aquellos sectores orientados al mercado externo, principales canales del ingreso de divisas al país. El estrangulamiento externo vía déficit en la balanza de pagos, provocado por el faltante de divisas, se ha dado en la Argentina con frecuencia y se ha caracterizado por frenar los mayores ciclos de acumulación económica (lo que muchos han denominado dinámica de stop and go de la economía argentina) y de avance popular. La devaluación que origina el modelo “dólar alto” es una variable económica que el gobierno nacional decidió sostener con el objetivo de garantizar una estructura de precios relativos que favoreciera a las ramas productivas. Y desde el año 2007 (y a diferencia de Brasil), Argentina no revaluó su moneda sino que devaluó cerca de un 29% entre 2001 y 2010 (Schorr, 2012). Esto impactó en el incremento de los precios locales, y se vio agravado a partir del conflicto por la Resolución 125 que impidió la aplicación de 175
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retenciones móviles frente a la suba del precio internacional de los commodities. Finalmente, el proceso inflacionario se conjugó con la puja distributiva, derivada de la presencia de “inflación oligopólica” (Basualdo et al, 2012; CIFRA, 2013). Por ello, es claro que, si bien el gobierno nacional procuró sostener la competitividad de la economía, esto se fue compensando con el incremento de los precios internos. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente cambiario, Argentina mantiene mayores niveles de competitividad externa (aún mejores que Brasil) y hacia fines de 2010 el tipo de cambio multilateral era un 50% más competitivo que el último año de la Convertibilidad. A pesar de la apreciación de la moneda, Argentina mantuvo desde 2007 el superávit comercial, aunque en descenso por la creciente fuga de capitales desde dicho año (Schorr, 2012). En síntesis, la recuperación de competitividad externa es un elemento que sigue constituyendo la política macroeconómica del kirchnerismo y, de hecho, se ha continuado con el proceso devaluatorio de manera paulatina. Sin embargo, “la competitividad de una economía requiere de análisis más rigurosos que la simple cuenta de calcular el valor del dólar comparado con la evolución de la inflación” (Zaiat, 2012: 104). Para propiciar el crecimiento económico y fundamentalmente la diversificación productiva y distribución del ingreso es indispensable adoptar una serie de medidas complementarias que apunten a la promoción industrial (Schorr, 2013). En este marco, es preciso fomentar un perfil de especialización que no descanse en sectores dependientes del nivel de tipo de cambio y de bajos salarios para su inserción internacional. Para ello juegan un rol clave la implementación de tipos de cambio múltiples, el fomento de la inversión, tanto pública como privada, la introducción de innovación tecnológica como mecanismo de incremento de la competitividad, el fomento de áreas de ciencia y técnica que permitan efectuar una verdadera transferencia tecnológica entre las inversiones extranjeras (IED) y las estructuras productivas locales, la inserción en nuevos mercados donde los productos argentinos ostenten mayor competitividad, etc. En suma, en lugar de continuar con la explotación de las ventajas comparativas estáticas (vinculadas fundamentalmente a la fertilidad natural del agro argentino), es preciso estimular la constitución de ventajas comparativas dinámicas, que en un proceso de largo plazo signifiquen comenzar a alterar la asimetría entre centro y periferia aún vigente (Arceo; 2005). 176
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La política de tipo de cambio real alto estimula a todos por igual, otorgando rentas a quienes no las precisan. Es el caso de empresas de capital intensivo productoras de insumos (con altos niveles de productividad e incluso favorecimiento del precio internacional de sus productos) como Techint o Aluar y también de algunos productores de commodities como la soja. En cambio, otras producciones intensivas en mano de obra con baja productividad requieren de políticas de promoción específicas para que existan tipos de cambio sectoriales. En el marco de las diversas corrientes económicas, persiste una fuerte discusión en torno a las condiciones que permitieron el patrón de crecimiento en la postconvertibilidad y de allí deriva la necesidad de recrearlas en la actualidad. Para aquellos que entienden que el nivel de exportaciones ha sido el mayor componente de la demanda agregada, y que éstas se han incrementado a partir de la alteración del tipo de cambio en 2002, es urgente garantizar una brusca devaluación que inserte competitividad a las fracciones exportadoras y recomponga la senda del crecimiento a “tasas chinas”. Desde otra óptica, se realiza una lectura de los componentes del crecimiento diferente a la que prioriza la arista exportadora, ya que entiende que hubo un incremento del consumo privado, y que a la par el patrón de acumulación durante el kirchnerismo decidió priorizar la incorporación de los sectores populares en la puja por el excedente. A partir de estos elementos, una devaluación significaría abortar el arduo proceso de diversificación productiva y propender, al igual que en el 2002, a una transferencia significativa de ingresos del trabajo hacia el capital. Con todavía peores consecuencias que en el 2002 (cuando la economía se encontraba en una profunda recesión), una devaluación conllevaría a que las presiones inflacionarias sean mucho mayores. En definitiva, los salarios, desde el punto de vista de su poder de compra, serían condenados a una nueva caída para garantizar la recuperación de las ganancias empresariales.
Reflexiones finales La producción teórica vinculada a los procesos de transición a la democracia en América Latina ha sido, sin dudas, fundamental para pensar la reconstitución de nuestros regímenes políticos luego del ciclo de golpes de 177
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Estado y dictaduras que asedió a la región. A su vez, y particularmente en Argentina, se ha efectuado una fuerte vinculación entre el proceso de transición democrática y las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, vinculadas al juzgamiento a los responsables de la violación de derechos durante la última dictadura. No obstante, entendemos junto con Rinesi que en estos trabajos se ha encontrado ausente la pregunta por las condiciones de esa democracia, por el sustrato de aquel régimen político. Desde nuestra óptica, ha estado ausente la pregunta por el modo de acumulación. Efectivamente, con el retorno de la democracia la continuidad del patrón de acumulación se ha dado en paralelo con la transformación del régimen político. En palabras de Eduardo Basualdo, creemos indispensable preguntarnos: “¿cómo se conjugó el desarrollo del nuevo comportamiento económico social con un funcionamiento democrático [desde 1983] que no excluía a ninguna de las fracciones que conformaban los sectores dominantes, y que, al mismo tiempo, no implicaba alianzas con ninguna de las fracciones sociales que conformaban los sectores populares?” (Basualdo, 2011:42). Es esta la pregunta fundamental que debemos formular desde la Ciencia Política. Con el retorno de la democracia se sostienen algunos elementos estructurales de funcionamiento de la economía. Hasta los ‘90 había existido una fuerte caída del salario real, y desde allí en adelante la desocupación y la desindustrialización son los elementos que consolidan la concentración del ingreso. Esto se agravó por el efecto disciplinador de las dos hiperinflaciones en 1989 y 1990. Este efecto se perpetuo mediante las reformas estructurales, que consolidaron el bloque de poder de la valorización financiera. En 1989 se manifestó el enfrentamiento entre los acreedores externos y el capital interno concentrado. No se trató de una puja distributiva sino de una redefinición al interior del establishment económico, que permitiera consolidar reformas estructurales que profundizaran la valorización financiera (a través de la Ley de Reforma del Estado y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA impulsada por Cavallo en 1992, en continuidad con la Ley de Entidades Financiera de Martínez de Hoz en 1977). “El avance de la concentración durante los gobiernos constitucionales 178
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estuvo estrechamente vinculado con el mantenimiento de la influencia, bajo otras formas, que habían adquirido durante la dictadura militar los sectores dominantes en general y el capital concentrado interno en particular para definir el diseño de las políticas estatales” (Basualdo, 2011:51). Pero, el hecho que origina el transformismo argentino es la conformación de negocios comunes entre los sectores dominantes y el sistema político. A esta nueva funcionalidad se agregan los intelectuales orgánicos de los sectores dominantes. En definitiva, la cuestión de la transición a la democracia no se ha dado por fuera de una serie de conflictos que, si bien marcaron redefiniciones al interior del bloque de poder, esencialmente han garantizado la continuidad del modelo de valorización financiera instaurado en 1976. Como reedición de la práctica del transformismo, se expresa durante los últimos años con claridad el deseo de subsumir el poder político a los intereses económicos, a partir de la tentación de devaluar como mecanismo para insertar “competitividad” en las fracciones exportadoras y de mayor rentabilidad en el nuevo esquema macroeconómico. Esto confronta con la decisión del gobierno de discutir de ahora en más las rentabilidades sectoriales y de garantizar la competitividad por otras vías, evitando una brusca devaluación que impacte en el bolsillo de los trabajadores. Con similares características a la propuesta del 2001, queda nuevamente soslayada la discusión por la distribución del ingreso y el costo de la devaluación para las mayorías. Esa fue la variante que introdujo el kirchnerismo, si bien montado sobre un tipo de dólar alto, pero proponiendo plasmar un proyecto de expansión económica alineado con las experiencias populares del país y la región que tuvieron lugar durante el siglo XX. Esto ha implicado, de alguna manera, disciplinar a las fracciones de clase dominante y restaurar la primacía de lo político sobre lo económico.
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• Santarcángelo, Juan y Perrone, Guido (2011): “La lógica de la cúpula empresaria en la disputa por el excedente”, en Revista Realidad Económica N° 259 abril/mayo, Buenos Aires. • Schorr, Martín (2012): “Argentina: ¿nuevo modelo o viento de cola? Una caracterización en clave comparativa”, en Revista Nueva Sociedad (NUSO) N° 237 -enero/febrero. • Schorr, Martín y Ortiz, Ricardo (2007): “La rearticulación del bloque de poder”, en Revista Papeles de Trabajo de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, Año 1, N°2, diciembre, Buenos Aires. • Schorr, Martín (Coord.) (2013): Argentina en la postconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires. • Zaiat, Alfredo (2012): Economía a Contramano. Cómo entender la economía política, Planeta, Buenos Aires.
FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS • Bases de Datos: ENGE, INDEC, BCRA. • Medios Periodísticos: Pagina/12; La Nación; Clarín; Perfil; El Cronista; Infobae
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Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina: agendas y políticas en los años democráticos Marisol González 1
En este trabajo se revisan las agendas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a lo largo de los últimos 30 años, relevando asimismo las principales características de las políticas implementadas en el área. La sucesión de ciclos de inestabilidad política y económica que marcaron la historia de nuestro país en gran parte del siglo XX, especialmente la dictadura que se inició con el golpe del 24 de marzo de 1976, fueron fuertes obstáculos al desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional. En 1983, con el retorno de la democracia, hubo un primer intento de reconstrucción y recuperación de las capacidades científicas y tecnológicas, que encontró sus obstáculos en un contexto de importantes restricciones económicas. En los albores de la década del 90´, el desembarco del neoliberalismo como visión hegemónica, y su correlato en el diseño de políticas, tuvo impacto en la formulación de la agenda y en los cursos de acción implementados para el sector. Con la crisis del 2001 nuevamente las posibilidades de expansión y desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas se vieron fuertemente afectadas. Del 2003 a esta parte, se registró un avance importante en las políticas que buscan intervenir en el área de CTI. Se han realizado ejercicios de prospectiva novedosos, por la metodología utilizada y especialmente por
1 Lic. en Ciencia Política (UNR). Estudiante de Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (UNGS). Adscripta de
la cátedra Espacio y Sociedad. solgzz@gmail.com.
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el alcance en términos de participación, que resultaron en la elaboración de Planes de mediano plazo que sirven de marco para las acciones específicas a ser implementadas. Además, a partir del 2007, nuestro país posee un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), lo que da cuenta de la importancia que el gobierno le asigna al área. Dos razones, entre muchas otras, ponen de relieve la importancia de las políticas de CTI: porque, junto con las políticas educativas, cumplen un rol fundamental en el desarrollo de los países, incluso en la reducción de la desigualdad social y en la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones; pero también porque ocupan un lugar fundamental en la definición del perfil productivo que proyecta cada gobierno. El análisis estará presentado en tres pasos, que corresponden a períodos y contextos en los cuales las políticas de CTI adquirieron matices distintos. El factor contextual cobra especial importancia en dos niveles. Por un lado, Amílcar Herrera (1973) recomienda atender la distinción entre las políticas científicas explícitas y las políticas científicas implícitas. Las primeras pueden fácilmente ser identificadas, pues conforman “la política oficial”. Son las que se expresan en las leyes, reglamentos, estatutos y planes o programas de las agencias involucradas en la planificación de la ciencia y tecnología, en las declaraciones gubernamentales, etc. Las políticas de ciencia implícitas, en cambio, traen algunas dificultades para su reconocimiento debido a que carecen de estructuración formal. A pesar de ello son importantes porque expresan la demanda científica y tecnológica del “proyecto nacional” vigente en cada país. Las políticas de ciencia y tecnología implícitas, entonces, tienen un gran valor porque son las que responden a los objetivos definidos por los sectores sociales que tienen, directa o indirectamente, el control económico y político del devenir de la comunidad. Por otro lado, el contexto se visibiliza en un segundo nivel, relativo al lugar que ocupa nuestro país en el campo de fuerzas del tablero internacional. En ese sentido, y como señala Diego Hurtado, la debilidad y escasa incidencia de las actividades de investigación y desarrollo locales solo pueden ser comprendidas si se incorporan al análisis “los “caracteres adquiridos” a lo largo de la historia, así como las tensiones y asimetrías que definen el lugar de los países periféricos o semiperiféricos en un campo de fuerzas altamente estratificado que los relega a un papel subsidiario en el sistema económico mundial” (2012 : 242). En otras palabras, 186
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es necesario incluir la dimensión histórica y relevar los roles que cumple nuestro país en el escenario internacional para poder entender las limitaciones que enfrenta el desarrollo del sistema científico tecnológico. Antes de avanzar, conviene dar lugar a algunas apreciaciones generales. El objeto de este trabajo es estudiar las políticas de CTI. Ellas, al igual que las políticas públicas en general, resultan de la interacción dinámica de diferentes actores. Estos actores portan diferentes racionalidades que entran en juego, muchas veces conflictivamente, creando tensiones. Entre las lógicas que pueden detectarse en las políticas de CTI, cabe mencionar, de modo sintético y estilizado (Albornoz, 2001): • La lógica burocrática: encarnada principalmente en las diferentes dependencias que conforman el aparato estatal. Intenta administrar y organizar la ciencia para ponerla a disposición de la política. • La lógica académica: representada por la comunidad científica, busca resguardar los valores y la autonomía de la ciencia respecto de otros intereses y garantizar las condiciones para su reproducción social • La lógica económica: impulsada principalmente por empresarios, pero también por los responsables de las políticas económicas. Buscan orientar el desarrollo tecnológico hacia innovaciones rentables. También infieren crecientemente en la formación de las políticas de CyT los movimientos sociales, como las agrupaciones ambientalistas, organizaciones en torno al padecimiento de una enfermedad o dolencia o los defensores de los Derechos Humanos, que plantean posturas a favor o en contra de determinadas aplicaciones científico-tecnológicas y que pueden por lo tanto generar consensos o resistencias que afecten el desarrollo de determinada cuestión. También tienen gran injerencia en la definición de agendas políticas del sector los organismos internacionales, que representan una importante porción del financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas.
El Retorno de la Democracia Los primeros años de la vuelta a la democracia estuvieron signados por una dramática paradoja: las intenciones de retornar a la vida institucional se vieron vulneradas por dos acuciantes problemas: la crisis económica, heredada de la dictadura, y la resolución del tema de las violaciones a los 187
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derechos humanos cometidas durante el período militar. El área de Ciencia y Tecnología también padeció estos avatares. El presupuesto dedicado a ella prácticamente se congeló, implicando una profunda restricción no sólo para las políticas que habían logrado subsistir, sino también para la posibilidad de pensar en nuevos y ambiciosos emprendimientos. Pero aunque la llegada de la democracia no pudiera activar de forma incisiva el sector de Ciencia y Tecnología, al menos implicó una ruptura importante respecto de las condiciones en las que se desarrollaron las actividades científicas y tecnológicas durante la dictadura. Los primeros cambios se dirigieron a desmontar el aparato de control y censura que no solo impidió en su momento el normal desarrollo del quehacer científico, sino que destruyó en gran parte el acervo de experiencia adquirida, desarticulando los grupos de investigación vigentes y expulsando a los investigadores de sus lugares de trabajo.2 En la década del 80´, comenzaban a vislumbrarse cambios en los modos de hacer ciencia y en las disciplinas de interés. Progresivamente, la ciencia y la tecnología se fueron fusionando e implicando mutuamente, en un fenómeno que algunos analistas insisten en llamar Tecnociencia (Echeverría, 2004). Progresivamente, la producción de nuevos conocimientos es cada vez más dependiente de artefactos tecnológicos que permitan avanzar en la frontera científica, y surgen nuevos campos del conocimiento que, además, cobran importancia por su inclinación a desarrollos tecnológicos que despiertan el interés del mercado. Manuel Sadosky, matemático vuelto del exilio y nombrado por el gobierno de Raúl Alfonsín al frente de la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, afirmaba en una entrevista: “La tarea que pudimos llevar adelante fue parcial, pero de todos modos vimos que había dos temas para desarrollar en el país: por un lado la computación y, por el otro, la biología o bio-
2 Ya en la dictadura encabezada por Onganía en 1966 las Universidades fueron un blanco principal de persecución ideológica. El
episodio conocido como "La noche de los bastones largos" fue el comienzo de una intervención del gobierno de facto que resultó en la salida de importantes investigadores y científicos, en la destrucción de laboratorios y bibliotecas y en el desmantelamiento de institutos de investigación, inclusive el Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas, que operaba a“Clementina”, la primera computadora de América Latina.
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tecnología.”3 Este testimonio da cuenta de una percepción de las tendencias internacionales y de una intención de poner en agenda estos temas. Otro de los principales desafíos de este período de transición, en consonancia con los cambios antes mencionados, fue volver a vincular el CONICET con las universidades y con el sector productivo. Para lo primero, se implementaron concursos públicos para la entrega de subsidios a proyectos de investigación anuales y plurianuales, recuperando así la función de promoción que tuviera esta institución. Además, se entregaron incentivos económicos a los docentes investigadores con dedicación exclusiva en las Universidades. Para poner en diálogo la investigación con el sector productivo se inauguró dentro del CONICET el área de Transferencia de Tecnología en 1984. Tres años más tarde, se reglamentó la actividad de consultorías para que investigadores y técnicos pudieran asesorar a empresas en sus demandas particulares. La crisis hiperinflacionaria desatada en 1989 concluyó en la salida prematura de Alfonsín. Con ella mermaron la mayoría de los proyectos que, débilmente, habían logrado instalarse en la agenda de Ciencia y Tecnología, agenda que cambiaría rotundamente en los años siguientes.
Un nuevo paradigma A principios de la década del 90´, el neoliberalismo se instaló como visión hegemónica en los países de la región, siguiendo una tendencia que se expandía a nivel global. Ello se debe en gran medida a que los cambios que acontecieron tenían su fundamento en el recetario que pregonaban varios organismos internacionales y que se condensa en el “Consenso de Washington”. Entre las políticas que allí se proponían, figuraban la privatización de empresas estatales, la desregulación de los mercados, la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas, y la disciplina presupuestaria, entre otras. La mayoría de los países de América Latina implementaron en mayor o menor grado y con más o menos urgencia estas medidas. Las modalidades de relación entre Estado nacional, estados subnacionales, mercado y sociedad en general se reformularon a la sombra de
3 Revista Todavía, N° 2 Septiembre de 2002.
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esta concepción. En términos de Oszlak (1997), no hubo, sin embargo, variaciones en las premisas fundantes en las que se apoyan esos vínculos, ya que se mantienen las mismas reglas en las que se basa el sistema capitalista como modo de organización social. Cambiaron los actores, sus estrategias y los resultados del juego. En Argentina, por ejemplo, aun cuando el proceso había cobrado su primer impulso con las medidas económicas de la dictadura militar y tuvo sus altibajos en la década siguiente, a partir de 1989 gran parte de las modificaciones se efectuaron bruscamente, en un corto período de tiempo. Es por ello que varios analistas hablan de una reforma “quirúrgica”, ya que rápidamente eliminó partes completas del organismo estatal, ya sea a través de la venta de empresas o de la transferencia de servicios a privados. Las transformaciones que comienzan a hacerse palpables en esta década estaban frecuentemente amparadas en un diagnóstico de “crisis estructural”. Desde ese punto de partida se justificaba no sólo la rapidez en la implementación de ciertas medidas, sino también su dramatismo. El discurso que se implantó en estos años tuvo como principal argumento la deslegitimación de lo público en cuanto tal, generando un verdadero cambio de valores, cultura y expectativas sobre la actividad del Estado, que cambió sus responsabilidades y asumió un rol diferente en el escenario de las relaciones sociales y económicas. Ya no se trataba de un Estado que se ocupaba activamente de participar en la producción de bienes y servicios, pero tampoco –como a veces se suele afirmar– se trataba de un Estado completamente ausente. En cambio, el Estado asumió nuevas funciones de control y regulación de la iniciativa privada, ahora a cargo de varias actividades antes cubiertas por el sector público. En lo que refiere al área de Ciencia y Tecnología, las reformas estructurales estuvieron acompañadas de un cambio de perspectiva. Cimoli y otros (2007) señalan que hubo un pasaje de un modelo de oferta hacia uno de demanda. Así, el énfasis estaba puesto en las necesidades del mercado, convirtiéndose la demanda de tecnología por parte del sector privado en el criterio central para la definición de políticas. Esto tuvo grandes implicancias en el esquema institucional, llevando a una reconfiguración de los actores involucrados y sus relaciones. Así, las agencias dedicadas a capturar la demanda tecnológica del sector privado incrementaron su relevancia, y por ende, sus recursos; aparece un interés incipiente de conseguir mayor 190
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articulación y coordinación entre el sector público y privado, especialmente el vínculo universidad empresa y cambios en competencia y objetivos de agencias de ciencia y tecnología. A diferencia del período anterior, en las instituciones de ciencia y tecnología las prioridades pasaron de investigación básica a la provisión y comercialización de servicios tecnológicos. Este cambio en la perspectiva de las políticas estuvo acompañado por la creación de un nuevo andamiaje institucional que pudiera acoplarse a las transformaciones en curso. En Argentina, por ejemplo, algunos de estos cambios se visibilizaron a partir de 1996, cuando fue creada la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) y bajo su órbita se instituyeron dos fondos: el FONCYT para financiar proyectos de investigación y el FONTAR para promover la innovación y modernización del sector productivo. La creación de la ANPCYT, cuya razón de ser era contar con una institución exclusivamente dedicada a la promoción, y de esa forma, separar esa instancia de la instancia de ejecución, generó intensos debates en la comunidad científica. Quizás el más candente era el relativo a los orígenes de los fondos que la ANPCYT administraba, dado que la mayoría de ellos provenía de organismos internacionales de crédito. También se criticó la superposición de incumbencias entre esta nueva entidad y el CONICET (Hurtado, 2010). En sintonía con la marea privatizadora, las instituciones públicas como el INTI, el INTA o el CONICET fueron objeto de debate. Todos ellos sufrieron durante este período un drástico recorte presupuestario, y también una fuerte reducción de personal. El INTI, por ejemplo, estuvo al borde de la desaparición y tras largas discusiones en el Congreso se decidió su continuidad. Pero sus funciones se verían verdaderamente afectadas, no solo por las condiciones de precarización recién nombradas, sino también por un contexto que mutaba: la industria nacional perdía peso 4 relativo en la economía y por lo tanto su demanda de CyT mermaba . Algunos sectores que habían logrado consolidarse, como el relativo a la electrónica o el metalmecánico se desvanecieron y la producción manufacturera se orientó a la elaboración de bienes de menor valor agregado.
4 La privatización de empresas estatales también contribuyó a la baja en la demanda de innovación tecnológica, ya que en su
mayoría, se hicieron cargo de esas actividades empresas extranjeras que incorporaron su propia tecnología, ya que no estaban obligadas a proveerse en las empresas fabriles locales.
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El sector agropecuario también padeció las consecuencias de la nueva dirección política y económica. En realidad, ya desde los 70´, la aplicación tecnológica cobró un fuerte protagonismo, y se convirtió en una variable de peso fundamental en términos sociales5. Con este panorama, y con los problemas que se añadieron a raíz del ajuste estructural, el INTA corrió serios peligros de acabar siendo un mero “verificador tecnológico” de las multinacionales dedicadas a proveer de semillas y otros productos como fertilizantes o herbicidas. En 1994 se eliminó el impuesto específico que sostenía económicamente las actividades de la institución, cuyo presupuesto comenzó a depender del Tesoro Nacional. Los recortes financieros repercutieron en una importante disminución de la planta de personal, y también la degradación de varios de los proyectos que se estaban llevando a cabo, como el banco de semillas o las redes de cultivares. El CONICET sufrió en este período marchas y contramarchas. A principios de la década, volvieron varios dirigentes que se habían hecho cargo de la gestión institucional durante la dictadura. Esto supuso cierto retroceso, en la medida en que se interrumpieron los juicios a las fundaciones que habían sacado provecho de los subsidios públicos durante el proceso, por un lado, y por otro se suspendieron los incentivos a investigadores que se desempeñaban en la Universidad. Pero durante la segunda mitad de la década, con la intervención del CONICET, se establecen nuevas reglas y se logra cierta transparencia y democratización en el funcionamiento institucional. Todos los esfuerzos apuntaban a conformar y consolidar el Sistema Nacional de Innovación6, aunque se vieron fuertemente limitados por el contexto. La nueva postura económica aperturista coartó notablemente la capacidad de desarrollar tecnología autóctona, dado que la competencia, a diferencia del modelo de sustitución de importaciones, estaba dada en un marco global. Por otra parte, la radicación de grandes empresas, –desem-
5 Muchos pequeños propietarios, por ejemplo, debieron endeudarse para introducir tecnología en su producción, y luego termina-
ron deshaciéndose de la tierra para cubrir esa deuda. 6 La utilización de esta terminología obedece a las nuevas modas impuestas por los organismos internacionales. El término inno-
vación es definido, según los manuales de la OCDE (2005), como "la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores" p.56. Como puede apreciarse, el con-
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barco en principio valorado positivamente, por los efectos que ello tendría en la economía (especialmente en las localidades receptoras, donde generaría fuentes de trabajo)–, no redundó en beneficios para la promoción de CTI. Las multinacionales en general arribaban con “paquetes cerrados” de tecnología, y por lo tanto los establecimientos que abrían no pasaban de ser filiales, muchas veces solo dedicadas al ensamble de piezas importadas y en menor medida a producción. (Schvarzer, 1996). La vida universitaria también se vio afectada por los cambios que se sucedían raíz de las reformas estatales. Acorde con el discurso reinante, la Universidad como institución comenzó a ser juzgada según parámetros de eficiencia y de calidad. En 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias y en 1995 se sanciona una nueva Ley de Educación Superior, diseñada en base a las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito. Esta ley, aún vigente, introdujo modificaciones sustantivas respecto de conceptos de larga tradición como autonomía, financiamiento o gobierno de las instituciones. Siguiendo la lógica del Estado evaluador, se impone un nuevo tipo de control a través de organismos como la CONEAU o a través de programas que, otorgando incentivos especiales, buscan direccionar las transformaciones. La expansión de los agentes privados en el ámbito de la educación superior –que ya existían antes de este período pero que crecen notablemente– da cuenta de la cómoda instalación de una nueva mirada: la educación es también concebida como un nicho de mercado, y como tal implica la transacción de un bien entre quienes lo ofertan y quienes lo demandan. El peligro de esta versión es que el conocimiento se mercantiliza, y por lo tanto, solo puede ser adquirido por quienes tienen acceso a esa mercancía. Esto implica una fuerte restricción a la educación como derecho, como bien público. En cambio, se introduce una nueva mirada que considera a
cepto de innovación involucra una novedad que debe ser aplicada al mercado. El concepto Sistema Nacional de Innovación apunta, justamente, a incluir dentro del universo de análisis a las empresas como protagonistas del proceso de innovación, rastreando las vinculaciones y los canales por donde fluye el conocimiento entre los diversos actores del sistema. Cabe destacar que el concepto de SNI fue acuñado en los 80´ por Christopher Freeman y luego retomado por Lundvall para referirse a la descripción de casos de países centrales. En ese sentido, es necesario advertir sobre las limitaciones y riesgos prescriptivos que puede tener la utilización del concepto en realidad completamente distintas.
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la educación como vía de formación para el trabajo, de calificación de la mano de obra, de elemento necesario para la productividad. Durante el período 1990-2000, entonces la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación sufrió transformaciones que, sin embargo, estaban restringidas por su propio contexto: por un lado, se suma la innovación como dimensión relevante. La nueva situación internacional implica más que antes que el conocimiento se transforme en un activo para la producción. Por otro lado, el cambio en el abordaje y las políticas en sí mismas encontraron fuertes limitaciones presupuestarias. El proceso de apertura y liberalización, que en un principio garantizaría la salida a la crisis, potenció el espiral crítico en el que se vio inmersa la región, y el caso argentino ilustra dolorosamente esa situación. A modo de conclusión, la desventurada sentencia del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo muestra las debilitadas posibilidades de que las políticas de CTI prosperasen en ese contexto. En el marco de un posicionamiento público de una científica social que advertía sobre los riesgos de las políticas económicas que se venían implementando, y de un reclamo de la comunidad científica por mejores condiciones para desarrollar su trabajo, el Ministro invitó a los científicos, sin escrúpulos, a “que se vayan a lavar los platos”7..
Las políticas de CTI en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner El análisis de las políticas de CTI durante la última década puede condensarse en dos etapas. La primera, correspondiente a la presidencia de Néstor Kirchner, se caracteriza por primeros años de estabilización macroeconómica que en el área redundó básicamente en la actualización salarial de los investigadores y la reapertura del ingreso a la carrera del investigador en CONICET; y por el importante ejercicio de planificación llevado a cabo en vistas de la formulación del Plan Bicentenario. La segunda etapa, que comienza en 2007 con la presidencia de Cristina Fernández, se caracteriza por la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y una mayor visibilidad del tema en la agenda de gobierno. a. Las Políticas de CTI durante el gobierno de Néstor Kirchner
7 “Lavar los platos”, Entrevista a Susana Torrado, Página 12, 26 de septiembre de 2009. Sin dudas, en el imperativo utilizado no sólo
hay un desdén por la cuestión científica, sino también, una burda alusión al género de la investigadora.
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El 25 de mayo de 2003, asumió la presidencia de la Nación Néstor Kirchner, luego de obtener un 22% de los votos y tras la renuncia de Carlos Menem a participar en el ballotage. Ese mismo día, el flamante presidente dio un discurso mayormente centrado en el lugar del Estado como agente reparador de las desigualdades sociales, y en la necesidad de forjar un capitalismo nacional que contribuyera a restaurar la movilidad social. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología quedó en manos de Daniel Filmus, quien días más tarde definió su gabinete. La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) se mantuvo bajo la órbita de ese Ministerio y fue designado a su cabeza el Ing. Tulio Del Bono, ex rector de la Universidad de San Juan. Consultado a pocas horas de asumir sobre las primeras medidas que implementaría, el secretario afirmó que el accionar se centraría en dos objetivos principales: “primero, fortalecer el sistema y, segundo, mejorar la pertinencia, es decir, la adecuación de la oferta científica a la demanda real del país. Queremos superar la histórica desintegración de las instituciones científicas locales. […] Por otro lado, en la nueva sociedad del conocimiento el factor más importante es el recurso humano, que nosotros trataremos de fortalecer, formar y capacitar.”8 Los primeros pasos en materia de Ciencia y Tecnología fueron algo inciertos. Se intentó en el corto plazo aliviar algunos problemas, como la suba de la remuneración de los investigadores, la disposición de mayores partidas presupuestarias para al área o el sostenimiento de los esfuerzos en la repatriación de profesionales. Más que soluciones meditadas, estas primeras medidas de contingencia fueron más bien una señal hacia el sector. En poco tiempo, sin embargo, se registró cierta hiperactividad por parte de los organismos gubernamentales del área y en breve comenzó a pensarse una estrategia de mayor magnitud, que se condensó algunos años más tarde en un Plan de mediano plazo. Interesa realizar un análisis de cómo se formuló el Plan Estratégico “Bicentenario” pues éste representa, en términos de gestión, un esfuerzo innovador en lo que hace a la planificación del área de Ciencia y Tecnología en nuestro país. En realidad, con la recuperación económica posterior a la crisis del 2001 se asiste a la recuperación de la iniciativa
8 “El apoyo a la ciencia debe empezar a ser una política de Estado”, Diario La Nación, 5 de junio de 2003.
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estatal. Ello se tradujo en la proliferación de documentos de planificación a mediano y largo plazo desde diversos niveles ministeriales. En ese marco, el ejercicio de Planificación que derivó en el Plan Bicentenario fue uno de los primeros en realizarse. El área de CTI es un área sensible en este aspecto: generalmente los cambios sólo son medibles en el medianolargo plazo, dado que implican la formación de recursos humanos o la generación de capacidades como proceso acumulativo en el tiempo. La indagación acerca de la metodología utilizada para arribar a la definición de los problemas, como también acerca de los plazos estipulados y los actores convocados nos dará algunas pistas del proceso de construcción de la agenda del sector. Básicamente, el proceso de diagnóstico y elaboración de las estrategias, desde su comienzo hasta la presentación definitiva del Plan puede desagregarse en 5 etapas: la construcción de escenarios, la Consulta sobre Expectativas acerca de la Investigación Científica, Tecnológica y la Innovación en la Argentina, los paneles de Expertos, una primera síntesis plasmada en las “Bases para el Plan Estratégico”, y finalmente, la redacción del documento oficial. Las actividades para la formulación del Plan se extendieron a lo largo de casi dos años (2004-2006), y se llevaron a cabo bajo diferentes modalidades. Los primeros pasos se dieron en febrero del 2004, cuando Argentina se incorporó formalmente como miembro afiliado en la red del Observatorio Científico Tecnológico de la Unión Europea, a través del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología de la SeCyT. La acción inicial del Observatorio fue convocar a estudiosos de diferentes disciplinas a participar en la construcción de visiones y escenarios futuros, sobre los cuales después poder escoger las orientaciones generales del Plan Estratégico. Este ejercicio de prospectiva tuvo como principal objetivo reconocer las restricciones y oportunidades que se podían proyectar en el mediano y largo plazo, como variables para luego considerar las opciones más adecuadas. Los ámbitos sobre los cuales se ensayó una reflexión crítica fueron: escenarios macroeconómicos, escenarios internacionales, escenarios de actividad y empleo, escenarios demográficos y escenarios ambientales. Como preludio a esas proyecciones, se debatió acerca de los consensos y disensos entre las visiones de desarrollo económico de largo plazo abordadas por diversas propuestas teóricas. De esta forma, se reconocieron diversos desequilibrios internos (como la desigualdad en la distribución del ingreso, insuficiencia de los 196
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niveles de empleo y diferencias en el desarrollo regional) y externos (como la incapacidad de generar divisas para financiar crecimiento productivo o las dificultades en el acceso a nuevas fuentes de financiamiento). Este primer sondeo permitió encuadrar la cuestión de la Ciencia y la Tecnología en un marco de mayor alcance, vinculado no solo a las proyecciones específicas del área, sino también al producto de la interacción de otras variables, como las económicas, demográficas, internacionales, etc. El segundo paso emprendido por el Observatorio fue elaborar e implementar la primera Consulta sobre Expectativas acerca de la Investigación Científica, Tecnológica y la Innovación en la Argentina, con el fin de obtener un mapa de las opiniones y las perspectivas sobre el futuro en materia de Ciencia y Tecnología. La Consulta, realizada durante los meses de junio y julio de 2004, fue diseñada como un instrumento participativo para captar la opinión de todos los ciudadanos que así lo desearan, aunque se alentó especialmente a que la completaran ciertos actores relevantes para la cuestión científica y tecnológica, como investigadores, tecnólogos, empresarios, periodistas, dirigentes políticos, profesionales, expertos y líderes sociales. Se invitó también a opinar en la consulta a los argentinos residentes en el exterior. El propósito general, según lo indica el documento de síntesis, fue “identificar un cuadro de opiniones de sectores, así como destinatarios directos, con incidencia en la toma de decisiones acerca de aspectos clave en ciencia, tecnología e innovación, perfilando áreas de consenso, disenso y de incertidumbre frente a un horizonte a diez años” (Anexo II, Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en CTI, 2005: 13). Para ello, se impulsó la reflexión sobre una agenda de temas y problemas que la SeCyT, en sintonía con los objetivos del gobierno nacional, consideró relevantes para el futuro del país. Ello implicó una primera selección (bastante amplia) de temas sobre los cuáles se pidió a los encuestados que expresaran sus valoraciones, expectativas, explicaciones e incluso propuestas. De esta primera experiencia participaron casi 4.000 personas, y del total de respuestas procesadas, un 75% correspondían a investigadores o docentes universitarios. El segundo grupo en orden de magnitud estuvo conformado por empresarios, ejecutivos y profesionales que se desempeñan en empresas, pero éste apenas alcanzó el 8.9% de las respuestas consideradas. Esto demuestra una sobrerrepresentación, en el total de respuestas, 197
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del grupo “científico”. Por otro lado, casi un 60% de los participantes de la consulta estaban radicados en la provincia de Buenos Aires (incluyendo Capital Federal), por lo cual también puede afirmarse que en términos geográficos la opinión de esa provincia estaba amplificada9. En cuanto a la identificación de problemas, un gran porcentaje de los encuestados (90,3%) consideró que una de las razones más importantes que explicaba la baja innovación es la desconexión entre los centros de investigación y las empresas. Otras razones, como la debilidad de las políticas estatales de estímulo a la innovación (88.1%), la dificultad en el acceso al financiamiento (87,8%) y la escasa cultura de innovación del empresariado (87.7%) también fueron elegidas como factores que impedían la innovación en el sector productivo. Debe recordarse que la consulta buscaba medir las percepciones sobre determinados temas, y que los resultados provistos por la misma –según afirmaron sus organizadores–, más que hallazgos confirmados, se constituyeron apenas como algunas conjeturas. Es decir, en tanto encuesta, arrojaba datos superficiales sobre determinados problemas, que luego exigirían mayor análisis. De igual modo, sirvieron como un valioso insumo para avanzar en la identificación de los problemas del sector, y, más aún, para explorar el imaginario social, el clima de ideas, el terreno fértil sobre el cual implantar medidas adecuadas a las expectativas de los actores involucrados, contribuyendo así a la sustentabilidad de las mismas. En sintonía con ello, es necesario reconocer las implicancias políticas de dicha encuesta. Junto a esta función técnica, debe considerarse también la utilidad política. Un emprendimiento de tal masividad, al mismo tiempo que hace visible la intencionalidad de las autoridades de tratar el problema en profundidad, demostrando una actitud proactiva frente a la situación, involucra y sensibiliza a los actores afectados, creando un manto de legitimidad para las acciones futuras basado en esa participación. La tercera y última estrategia contemplada a los fines de construir la agenda de los problemas relativos a la CTI, fueron los paneles de expertos. El trabajo en esa modalidad comenzó en agosto del 2004 y tuvo como
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Esto no es casual: se corresponde con el mapa de distribución de los investigadores y empresas que demandan tecnología,
mayormente concentrados en esa área geográfica.
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propósito proveer información calificada sobre las capacidades, los desafíos y las estrategias percibidos como críticos para el logro de objetivos de interés económico y social. Se pretendía también alentar a la puesta en común de puntos de vista y de agendas de diferentes actores, como así la identificación de problemas que requiriesen mayor estudio. Los paneles abordaron las siguientes temáticas: 1) Problemáticas sociales: calidad de vida y trabajo y empleo; 2) Medio ambiente y recursos naturales: medio ambiente, recursos mineros y recursos pesqueros; 3) Sectores industriales: agroalimentario, energía, transporte, turismo, industrias de alta tecnología, industrias de mediana intensidad tecnológica; 4) Tecnologías avanzadas: biotecnología, nanociencia y nanotecnología, tecnologías de la información y la comunicación. Esta selección ya perfila los temas que luego serían incluidos en el diseño del plan, y por lo tanto, los problemas que serían atendidos por los organismos gubernamentales. Para junio de 2005 se presentaron las “Bases para un Plan estratégico nacional de mediano plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación”, que sistematizaban todos los aportes de las etapas anteriores. Ese documento presentaba una batería de acciones a un horizonte de 10 años y planteaba una serie de metas cuantitativas, como el aumento de la inversión y de los recursos humanos. Retomando el trabajo articulado en las “Bases..”, el Plan Estratégico Bicentenario de Ciencia, Tecnología e Innovación 20062010 presenta 4 objetivos estratégicos: 1) Orientación de la I+D hacia un mayor conocimiento de los problemas de la sociedad, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo social; 2) Creación y aplicación de conocimiento para la explotación responsable de los recursos naturales protegiendo el ambiente; 3) Fortalecimiento de la innovación, la modernización y la vinculación tecnológica en la producción industrial y agropecuaria y 4) Aumento de la base científica y de la capacidad tecnológica El Plan Bicentenario presenta un nutrido conjunto de políticas e instrumentos para intervenir en los problemas identificados en la etapa de diagnóstico. No se hará aquí una descripción minuciosa de cada una de esas estrategias. Por el contrario, se intentará caracterizarlas de un modo general, agrupándolas según el objetivo al que apunten. Según lo estipulado por el Plan, forman parte de los instrumentos del mismo, en primer lugar, los planes estratégicos que formule cada uno de los organismos de Ciencia y Tecnología (OCT´s). Por otro lado, se reco199
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nocen los Programas que administra la SeCyT, que pueden ser ordenados en dos grupos: 1 Programas, acciones e instrumentos para la consolidación y ampliación de la base científica y tecnológica nacional: son todas las acciones que apuntan, principalmente, a promover y aportar a la calidad de las actividades científicas y tecnológicas. 2 Programas, acciones e instrumentos para el aumento de la pertinencia de la actividad científica y tecnológica y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación: a diferencia del grupo anterior, las acciones contenidas bajo este rubro buscan que los productos del sistema científico sean adecuados a las necesidades sociales. También procuran poner en contacto a la producción del conocimiento con el sector productivo, generando una sinergia que permita un diálogo permanente entre ambas partes. La mayoría de las propuestas del Plan Bicentenario buscan intervenir de modo general tanto en la ampliación y consolidación de la base tecnológica como sobre el aumento de la pertinencia de las mismas. En otras palabras, las estrategias planteadas tienen un alcance amplio, sin tomar en cuenta las diferencias por sector productivo o por rama del conocimiento, ya que buscan principalmente fortalecer las capacidades nacionales en ciencia y tecnología a través de la articulación entre los diferentes componentes del sistema público entre sí, (para evitar la superposición de esfuerzos y por lo tanto hacerlo más eficiente y eficaz) y promover la vinculación con la demanda, es decir, adecuar la producción a las necesidades sociales latentes. Es por ello que pueden catalogarse como políticas horizontales, es decir, como cursos de acción cuyo alcance es masivo y no diferencial, buscando atender a problemas comunes al conjunto de las actividades de Ciencia y Tecnología, que afectan a una diversidad de sectores e instituciones trascendiendo sus particularidades. Esta lógica transversal obedece, según nuestro análisis, a dos razones principales: la primera se apoya en la necesidad de dotar al sistema de los recursos básicos necesarios para revitalizar su funcionamiento, afectado en reiteradas ocasiones por contextos restrictivos. La segunda razón es que en la fijación de prioridades hubo una participación mayoritaria de científicos e investigadores, interesados en fortalecer y expandir sus condiciones y posibilidades. b. Las Políticas de CTI durante los gobiernos de Cristina Fernández 200
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Tras las elecciones del 28 de octubre del 2007, Cristina Fernández de Kirchner se erigió como la nueva presidenta de la Nación, con un 45% de los votos. Este dato no es menor, dado que en cierta medida significaba que el gobierno anterior, del mismo signo político que la presidenta electa, recibía la aprobación de casi la mitad de los electores. El cuadro general distaba de aquel que enmarcó la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. Los indicadores económicos y sociales medían variaciones positivas en diferentes aspectos: se registró un alza importante en el empleo (aunque aún los índices de trabajo no registrado fueran considerables), una baja en los porcentajes de pobreza, e importantes superávits fiscal y comercial, que otorgaban al Estado la posibilidad de contar con fondos para encarar sus tareas. La sostenida demanda internacional de commodities y el tipo de cambio competitivo explican, en gran parte, esta bonanza económica. El área de Ciencia y Tecnología ocupó desde el principio un lugar preponderante en el discurso de la presidenta electa. El hecho de que una de las primeras medidas de gobierno haya sido la creación de un Ministerio dedicado a la CTI también da cuenta de la importancia dada a ese sector. En su discurso de asunción del mando en el Congreso de la Nación, ante la Asamblea Legislativa, la flamante presidenta enfatizó: “[…] Tampoco es casual la decisión de haber elevado a rango de ministerio a la investigación y la tecnología. Creo que allí está la clave o una de las claves para que la competitividad no solamente sea por el tipo de cambio, sino también por la innovación y la investigación. Esto lleva tiempo, esfuerzo, perseverar en los objetivos.” Científicos e investigadores, consultados respecto de la noticia, valoraron positivamente la designación del nuevo Ministro Lino Barañao al frente de esa cartera. Por empezar, Barañao podría entender el lenguaje de los científicos, dado que él mismo provenía de la comunidad científica, –debe aclararse que, más allá de su profesión como investigador en el campo de la Biología molecular, venía desempeñándose al frente de la ANPCyT, por lo cual también conocía los procedimientos del mundo político–. La creación del nuevo Ministerio implicó un reacomodamiento institucional. Por un lado, hubo que definir cómo estaría conformada la estructura ministerial. Para ello se instituyeron dos secretarías: la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 201
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encargada de impulsar las políticas definidas por el Ministerio, identificando las demandas y necesidades de la sociedad, diseñando los programas e instrumentos para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales y promoviendo el acercamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad. Esta secretaría, entonces, tiene como principal misión articular el sistema científico con el productivo. La Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, enfocada en la coordinación del propio sistema, tiene por finalidad optimizar el empleo de los recursos existentes para mejorar la eficacia entre los programas y proyectos de las instituciones. Por otro lado, hubo que decidir sobre los organismos preexistentes, y su vinculación con la nueva entidad. El GACTEC, el COFECyT y el CONICyT quedaron dentro de la organización del Ministerio. El CONICET y la ANPCyT, (junto con el Banco Nacional de datos genéticos, la Fundación Manuel Sadosky y la Fundación Argentina de Nanotecnología) fueron contemplados en el organigrama del nuevo Ministerio. El resto de los principales organismos, como el INTA, el INTI o la CNEA, en cambio, no quedaron bajo su jurisdicción, permaneciendo en los organigramas de otros Ministerios o dependencias estatales. Esto podría atentar contra uno de los principales objetivos estipulados, el relativo a la mejor articulación del Sistema Nacional de Innovación. El Ministro negó ese riesgo, afirmando que “Nuestra política es coordinar a través del financiamiento de programas estratégicos, no necesitamos hacernos cargo de las instituciones, que son las que tienen sus misiones específicas. Muchas de ellas tienen actividades que no están estrictamente relacionadas con la ciencia y la tecnología, tienen una mística propia que les ha permitido vivir durante mucho tiempo a pesar de la falta de apoyo”10. No queda claro, sin embargo, cómo el financiamiento en líneas estratégicas, por sí solo, generaría la coordinación de los diferentes organismos, ni cómo se evitaría la superposición de esfuerzos y el consiguiente desaprovechamiento de recursos. Y si bien el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), que debe cumplir con reuniones periódicas, es el espacio previsto para el consenso y la articulación de los organismos públicos que conforman el SNCTI, cierto es
10 “Hay que romper la disyuntiva biocombustible vs. alimentos”, Entrevista al Ministro Lino Barañao, Página 12, 23 de junio de 2008.
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que compartir la cultura organizacional podría facilitar la tarea. Como se detalló en el capítulo anterior, el Plan Bicentenario daba cuenta del marco general para la implementación de acciones en Ciencia y Tecnología hasta el año 2010. Por lo tanto, gran parte de la ejecución de dicho plan se concretó durante el gobierno de Cristina Fernández. La letra del texto aclara que el Plan no es un proceso acabado, y por lo tanto admite revisiones. Pero además de ello, al tiempo de ser aprobado, se planteó la siguiente problemática: las demandas sociales y económicas que fueron plasmadas en el Plan eran actuales al momento de ser definidas por los actores convocados. Sin embargo, como también se ha recalcado, los resultados de las políticas implementadas, específicamente en el área de Ciencia y Tecnología, podrían recién producir algún impacto en el largo plazo, cuando posiblemente, las demandas sean otras. Por ello, en el año 2007 se comenzó un nuevo ejercicio de prospectiva, con el afán de mantener actualizada la visión sobre los escenarios futuros y poder realizar las modificaciones necesarias con vistas a cumplir los objetivos y metas planteados. También, ese nuevo ejercicio se empezó a realizar teniendo en vista la necesidad de, a la vez de impulsar el Plan Bicentenario, empezar a trazar el camino hacia un plan de mayor proyección temporal. Así, los trabajos realizados en los últimos años alimentaron la elaboración del Plan Argentina Innovadora 2020, de reciente publicación. Por empezar, se reconoce en ese nuevo documento que los esfuerzos en la materia han sido importantes, especialmente desde el 2005 en adelante, pero que los objetivos principales, estipulados en el Plan Bicentenario no han sido alcanzados. La primera parte, dedicada a una revisión general de la dinámica reciente del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, describe en forma sucinta las acciones previas en el marco de las últimas dos décadas. En términos generales, el nuevo Plan insiste con la necesidad de fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología. Pero también presenta algunas novedades distintivas. Las acciones trazadas en el Plan 2020 están en sintonía con tres tendencias que vienen modificando las modalidades y criterios de la intervención pública, a saber: el viraje gradual de políticas horizontales hacia políticas diferenciadas y focalizadas, el mayor énfasis otorgado a una lógica más sistémica de impulso a la innovación y la creciente relevancia asignada a la innovación en red, especialmente en el caso de las tecnologías de mayor complejidad. Podría decirse que la primera tendencia 203
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busca, sin dejar de atender la globalidad del sistema, identificar rasgos particulares de los sectores para poder intervenir con mayor efectividad sobre esa demanda; la segunda intenta proveer un marco de regulación más adecuado para ofrecer mayor certidumbre y así incentivar al sector privado a emprender el camino de la innovación, la tercera, por último, reconoce que la innovación no es patrimonio solo de los científicos y viene a romper con la idea de que el nuevo conocimiento es de fácil apropiación por los agentes productivos. Por el contrario, esta última tendencia trae consigo la visión de que la participación de una amplia gama de actores es imprescindible para la innovación, y por ello el trabajo en red es indispensable. El Plan Argentina Innovadora 2020 versa, entonces, sobre dos objetivos principales: fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación e impulsar la cultura emprendedora y de innovación. Estos objetivos se mantienen del Plan anterior, y se supone que serán alcanzados a través de dos estrategias, que son, respectivamente: desarrollar institucionalmente el SNCTI, para articular y coordinar actores y disponibilidad de recursos, y focalizar en el desarrollo y la reorientación de Tecnologías de Propósito General para la expansión y mejoramiento de las actividades de producción en núcleos socio-productivos de alto impacto económico y social y con fuerte énfasis en lo territorial. Para el abordaje del primer objetivo se mantiene la modalidad de intervención propuesta en el Plan anterior, de naturaleza horizontal. En lo que concierne al segundo objetivo, que busca promover la innovación, el nuevo Plan ofrece algunos instrumentos novedosos, que pretenden contribuir a la asimilación de un nuevo enfoque que postula la focalización y la diferenciación por sector como principal fundamento. Esta nueva modalidad se traduce en diferentes esquemas que vienen a reforzar la lógica vertical de intervención. En lo que hace a la formación de recursos humanos, si bien se reconoce que se ha avanzado incisivamente en consolidar la base científico tecnológica, (especialmente con la apertura de becas se han ampliado los planteles de investigadores, incorporando así nuevas generaciones), se plantea también la necesidad de pasar de un desarrollo orientado aún en buena medida por las demandas internas del propio sistema a un desarrollo selectivo, que responda a la fijación de prioridades según criterios de oportunidad y relevancia por disciplinas, temáticas, instituciones y/o ámbitos geográficos que se desee promover. Por último, en lo que hace a innovación y recursos humanos, se mencio204
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na el Programa G-TEC, puesto en marcha por el Ministerio a través de la ANPCyT en el año 2008, cuyo principal objetivo es formar especialistas con competencias para funcionar como nexo entre la instancia de la generación del conocimiento y la de su aplicación. Quienes participen de este proyecto podrán instruirse como gerentes y vinculadores tecnológicos con perfiles profesionales para “traducir” a científicos y empresarios las necesidades y posibilidades que justifican un intercambio y trabajo conjunto, a la vez que erigirse ellos mismos como “puentes” entre ambas partes. También se diseñaron nuevos instrumentos cuyo fin es direccionar la aplicación de recursos para alentar la innovación a nivel sectorial. Los llamados “Fondos Sectoriales”11 (FONARSEC) están pensados para intervenir en todo el entramado institucional que participa del proceso de innovación desde la I+D hasta el acceso a los mercado de determinada línea estratégica. Lejos del concepto tradicional del Fondo Sectorial12, que implica la generación de los fondos por el propio sector, el primer ensayo contará con los recursos del Estado como punto de partida. Pueden presentar proyectos consorcios público-privados previamente constituidos. Lo que se busca con ello es otorgar el financiamiento para la solución de un problema acordado con anterioridad a la asignación del fondo. El Estado asume la etapa de mayor riesgo que es la etapa de desarrollo y el sector empresarial asume la puesta en valor de ese conocimiento hasta la llegada al mercado. Estos fondos ya tienen vigencia en tres sectores: biotecnología, nanotecnología y TIC´s. Se suman así a otros fondos tradicionales, como el FONCyT o el FONTAR, que constituyen la columna vertebral del sistema. La principal herramienta que propone el nuevo Plan y que mejor encar-
11 Un primer antecedente de estos Fondos Sectoriales lo constituye el FONSOFT, creado en el 2004, a partir de la sanción de la Ley
de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922). El Fondo se sostiene desde el presupuesto nacional y financia diferentes actividades a través de convocatorias de créditos y subsidios que son administrados por la Agencia. 12 El Ministro Barañao tomó como ejemplo el caso de Brasil en ese aspecto, que inició la política de fondos sectoriales junto con las
privatizaciones. Con la imposición de tasas específicas a las empresas privatizadas, se logró que contribuyeran a la conformación de los Fondos por Sector. Barañao reconoció que eso “no es factible” en nuestro país, dado que sumar un impuesto repercutiría sensiblemente en las tarifas. Se espera que cuando los inversores puedan comprobar la utilidad de los Fondos Sectoriales, se vuelquen a su sostenimiento. (SEMINARIO CyT ROSARIO, 15 de septiembre de 2011)
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na la redefinición en términos de cómo operar sobre los problemas relevados es la denominada “Focalización en Núcleos Socio Productivos Estratégicos”. Ella consiste, básicamente, en aplicar las denominadas Tecnologías de Propósito General (TPG) a determinados sectores productivos de bienes y servicios. Esos sectores, identificados como prioritarios en las etapas previas del Plan son: Agroindustria, Ambiente y desarrollo sustentable, Desarrollo Social, Energía, Industria y Salud. De la articulación de las TPG (Biotecnología, Nanotecnología y TICs) y de los sectores recién mencionados surgen los denominados Núcleos Socio Productivos Estratégicos (NSPE), que están anclados en entornos territoriales específicos y que se presentan como oportunidades para la intervención. Solo por citar algunos ejemplos, en el sur de Santa Fe, se definió como NSPE el ítem “Maquinaria agrícola y procesadora de alimentos”, dentro del sector Agroindustrial; en Córdoba, entre otros, el NSPE “Industria aeroespacial” corresponde al sector industrial; en la mayoría de las provincias que conforman el NOA se estableció, dentro del sector Energía, el NSPE “Aprovechamiento de la energía solar”. Lo destacable de los NSPE es que están fundados en un plano tridimensional: se combinan Tecnologías de Propósito General, Sectores de la producción y entornos territoriales. En total se definieron 35 NSPE (algunos se repiten en distintas regiones), que orientarán las políticas en CyT venideras. La Ciencia y la Tecnología tuvieron gran presencia durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, especialmente durante los dos últimos años. Además, fueron beneficiarias de otras políticas, como la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual, ya que en ese marco se prevé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga su propia señal, o el Programa Conectar Igualdad, que está fundamentado en la necesidad de garantizar la alfabetización digital, como una estrategia para reducir la desigualdad. Si bien estas políticas no emanaron de ninguno de los organismos de CTI, ni estuvieron directamente enfocadas a promover la actividad científico-tecnológica, puede avistarse claramente su conexión. La mención de la mega muestra Tecnópolis merece un párrafo especial. La feria de Ciencia, Tecnología y Arte estaba prevista como cierre de los festejos del Bicentenario en Capital Federal, pero un desacuerdo con el gobierno de la Ciudad (más bien político antes que técnico), acerca del emplazamiento de la misma hizo que debiera postergarse, y fue inaugura206
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da en julio del 2011, en Villa Martelli, en un ex predio militar en el Partido de Vicente López, provincia de Buenos. Sin dudas, Tecnópolis ha sido una de las jugadas más ambiciosas del gobierno en relación a la CTI, especialmente por su magnitud. En línea con los objetivos de establecer la divulgación de la actividad científica como uno de los principales ejes de la política del área, Tecnópolis ofrece de un modo innovador y atractivo un panorama de la Ciencia y la Tecnología en nuestro país. Se ha intentado mostrar que el tratamiento que el gobierno de CFK hizo de la cuestión general de Ciencia y Tecnología fue bastante más dinámico que el del gobierno anterior. Esto podría adjudicarse, por un lado, a una cuestión de estilo. Como se aclaró más arriba, aún cuando el “proceso kirchnerista” sea presentado como un continuum, tuvo sus matices en relación al contexto, pero también en relación a las distintas gestiones. En ese sentido, el gobierno de CFK otorgó mayor visibilidad a la cuestión, incluyendo asiduamente referencias a la importancia de las actividades científico-tecnológicas en los discursos oficiales. Sin embargo, puede afirmarse que los problemas identificados en el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, pensado en un horizonte temporal al 2020, son los mismos que aquellos definidos en el Plan Bicentenario. Se han redefinido, en cambio, las estrategias para su tratamiento, apostando por un tratamiento orientado a ciertos sectores en particular para apuntalar su participación en el esquema productivo. Se puede pensar también que la nueva modalidad de intervención exigió una mayor precisión en las decisiones, dado que la focalización de las políticas demanda definir no sólo el instrumental, sino también los destinatarios (en este caso, por sector de actividad y delimitación territorial) entre un universo de posibles beneficiarios y la prioridad entre ellos.
Algunas apreciaciones finales Los períodos abordados muestran, por un lado, cómo las agendas en ciencia y tecnología (los problemas considerados y las opciones para su tratamiento) estuvieron muy ligadas a los contextos. La crisis económica y la vulnerabilidad política de una democracia que daba sus primeros pasos afectaron notablemente la capacidad de poner en agenda temas vinculados a ciencia y tec207
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nología –temas que, por otra parte, suelen exigir bastante presupuesto para su viabilidad–. La década del 90´ llegó con un cambio de paradigma que se tradujo en un nuevo andamiaje institucional y en nuevos problemas de agenda, como la innovación productiva o los cambios en los roles de las instituciones ya existentes, que lograron sobrevivir a la ola privatizadora. Una vez superada la crisis del 2001, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner reintrodujeron el tema en la agenda, imprimiendo uno de los mayores impulsos al área en mucho tiempo. Asimismo, se han intentado delinear las características de ambas gestiones buscando similitudes y diferencias. Se constató así que los diseños de políticas para el área de ciencia y tecnología fueron disímiles, aún cuando los problemas reconocidos por cada uno de ellos hayan sido similares. Ese cambio en la modalidad de abordaje de la cuestión obedeció a un reconocimiento de la ineficacia de los intentos anteriores, a la vez que a un cambio en el contexto (que ofrecía menores restricciones) y a una decisión política de darle a la Ciencia y la Tecnología un lugar de gran visibilidad pública. En ese sentido, no puede pasar desapercibido que la CTI comenzó a ocupar un lugar relevante en tanto argumento que contribuye a generar legitimidad en torno a las acciones gubernamentales. Este trabajo pretende ser apenas una aproximación a las agendas y políticas en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación en los últimos 30 años, período en el que, afortunadamente, la democracia ha podido consolidarse en nuestro país. La mirada histórica permite afirmar que la democracia es una condición sine qua non para la ciencia y la tecnología en Argentina. De hecho, los regímenes militares han sido altamente infructuosos para el desarrollo científico tecnológico. Las dictaduras, especialmente la última, ha desintegrado la trama científico tecnológica. Ello es grave en tanto y en cuanto las capacidades científico tecnológicas son acumulativas y requieren de cierta temporalidad para su desarrollo sostenido. La democracia, entonces, parece ser el mejor entorno para la producción de nuevo conocimiento, ese que asume los riesgos y suele vencer las barreras más conservadoras13. Sin embargo, la democracia es un proceso que siempre permanece
13 En libro “El avance de la insignificancia” Cornelius Castoriadis (1997) presenta el concepto de “clausura de significaciones” para
referir a aquellas sociedades heterónomas (que atribuyen la ley a un ente exterior) en las cuales “ninguna cuestión que pudiere
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incompleto e, incluso, a diferencia de las conceptualizaciones más básicas que se conforman con plantear a la democracia como un estadio de llegada, es necesario plantear la democracia como un proceso no lineal que registra avances y retrocesos, corriendo permanentemente el riesgo de inversión (Tilly, 2010). Es por ello que es importante atender aquellos espacios en los que aún queda trabajo por hacer. Se señalarán solo algunos puntos que, a nuestro parecer, son todavía deudas pendientes. En primer lugar, los avances que se dieron en diversos aspectos del sistema científico y tecnológico no han podido revertir la fuerte tendencia de centralización territorial de las actividades científicas y tecnológicas en la región centro del país. Diversos indicadores acerca de los montos de inversión, cantidad de investigadores y producción de publicaciones académicas se mantuvieron en los mismos registros durante los últimos años. Así, esas mediciones arrojan que más del 75% de cada uno de esos ítems está concentrado en la región pampeana. En realidad, y más allá de la información cuantitativa, esta tendencia obedece a lógicas que exceden el área de CTI. Siguiendo la advertencia de Herrera, los planes (políticas explícitas) recogen este problema como prioritario, pero una serie de políticas implícitas (transporte, debilidad de algunas economías regionales, lógicas políticas) impiden su cabal implementación. En relación a ello, otro de los puntos que exigen mayor esfuerzo es el relativo a los aportes que la CTI puede hacer a la inclusión social. Esto está estrechamente vinculado al punto anterior porque la ciencia y la tecnología pueden contribuir a encontrar soluciones a problemas de índole local: si las regiones pudieran contar con capacidades en ciencia y tecnología, podrían tener sus propias agendas vinculadas a necesidades propias, como por ejemplo temas vinculados a la salud –enfermedades, condiciones sanitarias como potabilización del agua, manejo de cultivos, etc.– o a las estructuras productivas locales –agregación de valor, diversificación de actividades, etc.–. El MinCyT ha incorporado dentro de su panel de polí-
plantearse en ese sistema carece de respuesta en ese mismo magma de significaciones” (p. 198). Según este planteo, las nuevas preguntas solo pueden aparecer en entornos democráticos. Para Castoriadis, esas son las verdaderas sociedades democráticas: “la creación democrática es la creación de una interrogación ilimitada en todos los dominios”(p. 244), entre los que se encuentra, sin dudas, la propia ciencia.
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ticas algunos instrumentos que apuntan a atender este déficit. El PROCODAS (Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales) o el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social, pero son aún muy recientes para evaluar su impacto. Finalmente, hay una deuda pendiente que atraviesa, invisiblemente, los problemas aquí señalados. Se trata de la imposición/adopción de marcos teóricos ajenos que, lejos de ser neutros, prescriben una cosmovisión y un modo de entender y hacer la política. Hurtado de Mendoza (2007) alerta que los marcos teóricos no son neutros: es necesario no perder de vista su origen territorial: “La máquina académica anglosajona […], propone conceptos, interpretaciones, valores que, por razones obvias, nunca tienen como centro de interés a los países periféricos. De esta manera, estos marcos teóricos aplicados a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina suelen tomar la forma del bricolage: a través de su uso se les atribuye sentidos diferentes a aquellos para los cuales fueron concebidos” (2007: 78). En otras palabras, lo que está diciendo Hurtado de Mendoza es que hay que ser cautelosos respecto de la adopción de marcos teóricos que fueron pensados para otros contextos que difieren sustancialmente de los propios, y tras los cuales, además, subyace una intención política. El campo de la CTI es un terreno bastante proclive a la adopción de paradigmas que presumen ser “globales”. Sea por la alta participación de organismos internacionales en la temática –y las líneas de financiamiento muchas veces exigen comulgar con ciertas visiones para su otorgamiento–, o por la naturalización de “un modo universal” de hacer ciencia, impermeable a fronteras e idiosincrasias, lo cierto es que las reflexiones acerca de los efectos de esta problemática no abundan. Podría decirse que, en gran medida, muchos de los problemas que padece América Latina y nuestro país en particular, se deben a una incongruencia epistemológica entre los problemas locales y los marcos teóricos desde los que se los aborda. En ese sentido, formular teorías autóctonas, que pongan en evidencia las relaciones de poder y puedan situar los fenómenos actuales en perspectiva histórica es un esfuerzo que merece el compromiso intelectual y político. Es, en última instancia, una forma de contribuir a la permanente construcción y consolidación democrática.
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Políticas Públicas destinadas al desempleo juvenil. Estudio de caso, Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo en la ciudad de Rosario (2008-2013) Alejandro Castagno 14 María Florencia Díaz Rojo 15
Introducción Una de las problemáticas que se visualizan a nivel mundial, como resalta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es el desempleo juvenil y las dificultades que presenta el mercado para esta franja etaria. Cabe remarcar que este grupo social no es un bloque homogéneo. A su vez, se da por sentado que cada región, cómo cada país, cuenta con sus propias particularidades. Lo cierto es que nuestro país no escapa a este fenómeno, donde se observan altos niveles de jóvenes que no trabajan. Si a ello se le suman otras problemáticas como la deserción escolar, entre otras cuestiones, se complejiza aún más la situación a la hora de elaborar o pensar Políticas Públicas que aborden e intenten resolver este complejo entramado. Partimos del supuesto de que en Argentina se inicia a partir de 2003 un ciclo de crecimiento y desarrollo económico, donde se intenta incluir a grandes sectores sociales marginados del sistema, fomentando así la creación de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta además un contexto
1 Lic. en Ciencia Política (UNR). Adscripto de la cátedra Espacio y Sociedad (UNR). Integrante del CEDeT. alecastagno@hotmail.com 2 Estudiante avanzada de la Lic. en Ciencia Política (UNR). Ayudante alumna de la cátedra Espacio y Sociedad (UNR). Integrante del
CEDeT. mflorenciadiazrojo@hotmail.com.
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regional latinoamericano en la misma sintonía, donde se presenta una oportunidad de desarrollo genuino para nuestros pueblos. Creemos que pese a esta reactivación económica, la generación de nuevos puestos de trabajo y la implementación de diversas políticas públicas para incrementar la oferta de trabajo, persiste un núcleo duro de desempleados, del cual los jóvenes son participes. Sobre todo, aquellos jóvenes que no cuentan con sus necesidades primarias satisfechas y que por las condiciones estructurales que los atraviesan están a merced de un intenso proceso de desafiliación social y a un creciente deterioro de las principales instancias de contención y socialización (familia y escuela) que otorgan sentido de pertenencia y continuidad a sus vidas. En este contexto, una de las políticas públicas que está pensada para revertir esta situación que aqueja a un sector importante de los jóvenes de nuestro país es el Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo (PJMMT). Este es un programa que lo lleva adelante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en conjunto con Municipios y algunas Organizaciones de la Sociedad Civil a largo del territorio Nacional. En esta oportunidad trataremos de dar cuenta de la problemática ya señalada a través del programa mencionado; su desarrollo; sus problemas de aplicación; sus alcances; sus logros y limitaciones, partiendo de la experiencia particular de la ciudad de Rosario. Abriendo así al debate la cuestión de los jóvenes en vulnerabilidad social y su integración a la sociedad a través del trabajo.
La relación de los jóvenes con el mercado de trabajo en Latinoamérica y Argentina En la actualidad los jóvenes se encuentran ante diversos problemas a la hora de buscar un trabajo. Aquellos que se encuentran disponibles suelen ser trabajos temporarios, u ofrecen bajos salarios, entre otras cuestiones que afectan las condiciones de empleabilidad. Como consecuencia de ello un sector de estos jóvenes transita un periodo más prolongado en la educación, retrasando así también algunos aspectos de su vida, como la emancipación del ámbito familiar, la unión conyugal y la maternidad. Por otra parte, otro sector de estos, los más vulnerables, terminan abandonando la educación y comienzan a trabajar en el sec214
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tor informal ya que para el sector formal no califican. También se debe mencionar la realidad de los jóvenes que se encuentran apartados por una gran distancia social, que no estudian ni trabajan. Se presenta así una juventud con diferentes realidades, trayectorias de vida afectadas por sus condiciones de origen, entornos socio-económicos, etc. El fenómeno del desempleo juvenil es un hecho de la realidad que comprende a todos los países de la región como así también a una situación global. Tal como detalla un informe de la OIT sobre las tendencias del empleo juvenil en el mundo, la probabilidad de estar desempleado es 3,5 veces mayor para los jóvenes que para los adultos. Estas desigualdades en las posibilidades de acceder al mundo del trabajo por parte de los jóvenes conllevan a que en la actualidad los jóvenes representen cerca de la mitad del desempleo total. La situación de los jóvenes a nivel regional puede ser analizada a través de los datos que indican que un 13% de los jóvenes en América Latina está desocupado, porcentaje que alcanza el 17% si se toma a las mujeres jóvenes. Además la desocupación de los jóvenes duplica el promedio de la región y de cada cien nuevos empleos, ochenta y dos son en el sector informal. Por otra parte se puede mencionar que la tasa de desempleo juvenil es significativamente superior en las mujeres que en los hombres. El porcentaje de mujeres desempleadas (17%) es 6 puntos superior al de los hombres jóvenes (11%). La mayor tasa de desempleo femenino en los jóvenes es un fenómeno que se da en todos los países, con excepción de Bolivia y El Salvador (OIT, 2010). Otro hecho a tener en cuenta es que la incidencia del empleo informal se ha incrementado durante la crisis que tuviera origen en los años 20082009. La juventud en América Latina continúa siendo le grupo poblacional con mayor déficit de trabajo decente en sus distintas dimensiones. Destacándose allí la alta precariedad de la inserción laboral en términos de escasa protección social, limitados ingresos y salarios y, en general por las condiciones de empleo que tienen la gran mayoría de los jóvenes. Podemos coincidir con Cappelletti y Byk (2008) en que los principales problemas identificados en la inserción laboral de los jóvenes en la Argentina sugieren estar asociados a cuatro cuestiones básicas: • permanencia de elevadas tasas de desocupación entre los jóvenes (aún en etapas de crecimiento económico nacional). 215
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• débil incremento de la participación juvenil en el mercado del trabajo. • fenómeno de la precariedad laboral que afecta a la población joven. • cierta segmentación de los itinerarios laborales como consecuencia de ambiente de origen y de un sistema de educación segmentado que condiciona el tránsito de la escuela al mundo del trabajo. En relación con ello en el mercado de trabajo argentino como menciona Karamaneff (2013) en el período de post convertibilidad se evidencia dos regímenes laborales: uno, con empleos en sectores dinámicos o modernos y con cierta estabilidad establecida en marcos normativos y protecciones sociales; y por otra parte, trabajos eventuales, empleos que operan en la informalidad, sin seguridad social ni regulaciones, ocupando a la mayoría de los jóvenes que necesitan de un ingreso. A su vez las nuevas formas de empleo están mucho más orientadas hacia quienes ya disponen de una especialización. Ante esto, los jóvenes que no acceden deben extender el periodo de formación o se encuentran obligados a abandonar la escuela e ingresar al mercado laboral informal. Nuevamente aquí aparece la existencia de diversas juventudes y que encaran diferentes problemas. Por otra parte como menciona Miranda (2008) las complicaciones en el empleo y la creciente desigualdad en la condición social de los jóvenes son fenómenos que se desarrollaron en el contexto de las transformaciones sociales y económicas del principio del siglo veintiuno. Tiempo atrás, en sociedades con otra características del mercado laboral, y donde se podía hablar de términos como “pleno empleo”, la juventud era acotada a un tiempo estipulado y delimitado, en las trayectorias existían menos desigualdades y se encontraban más estructuradas. Existía en primer lugar un tiempo para el estudio, luego el trabajo y finalmente la hora de constituir un grupo familiar. Por ello hoy en día la complejidad, tanto sea por heterogeneidad y extensión caracterizan las transiciones hacia la adultez. Su desarrollo es no-lineal y de superposición de etapas para los jóvenes. La realidad de los jóvenes argentinos indica que el incremento de empleos en este segmento etario fue de ochocientos cuarenta y tres mil puestos de trabajo entre 2002 y 2010. Por lo tanto el valor del desempleo juvenil descendió de un 35,9 % en 2002 al 18,9% en 2010, valor que continua siendo elevado. Sin embargo, durante los años 2006-2009 estos avances en cuanto a calidad de empleo se habían revertido con una mayor informali216
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dad en la creación de empleos (Lukin, 2011). En la Argentina la población joven adquiere un rol importante, ya que son más de siete millones de personas que representan el 19,7% de la población total. La situación de pobreza que afecta a un sector de los jóvenes dificulta la adquisición de conocimientos formales y competencias prácticas que condicionan la empleabilidad e inserción de estos en un mercado laboral cada vez más exigente. Por eso sin dudas el sector de los jóvenes que se presenta más vulnerable y demanda medidas urgentes para actuar sobre su realidad son aquellos que no estudian, no trabajan, ni buscan empleo, o si lo buscan pero se encuentran con bajas calificaciones para acceder a un puesto del sector formal y hasta del informal en ocasiones. Estos jóvenes no tienen un proyecto de vida, ni idea de un futuro, ya que consideran que no tienen a dónde ir, que nacieron sin posibilidades antes de intentarlo.
Políticas de empleo para los jóvenes En la década del noventa mientras se llevaba adelante una reforma del Estado, se inscribió una lógica de atención a los marginados a través de acciones compensatorias. Aparecieron medidas específicamente orientadas a los jóvenes desempleados de bajo nivel de calificación. Como refiere Jacinto (2008) muchas de estas medidas se basaron en la concepción de la baja empleabilidad de estos jóvenes estaba originada en su escaso capital humano. El mismo autor señala que la concepción de baja empleabilidad no aparece inocentemente justo en un momento de desempleo en aumento, pero atribuyendo al propio joven sus problemas para emplearse. Sobre el desempeño de estos programas Jacinto (2008) comenta: “Los programas, destinados en particular a sectores de bajo nivel de calificación, se concentraron en gran medida en la capacitación laboral orientada al empleo formal o la inserción en el autoempleo o en emprendimientos productivos. Los dispositivos de inserción han tenido desarrollos y permanencias diversos, muchas veces efímeros, dependiendo de los gobiernos de turno y la mayoría de las veces, de las fuentes de financiamiento externo proveniente de los bancos multilaterales.” (p125) Así para los años noventa se desarrollaron dos tipos de programas de capacitación laboral para jóvenes. Por un lado vinculados a políticas acti217
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vas de empleo, enfocados especialmente en la capacitación y la inserción en el mercado formal de empleo y otro tipo de programas, considerados “sociales”, vinculados a programas de lucha contra la pobreza, para las poblaciones en situación de vulnerabilidad social. En la actualidad las intervenciones con jóvenes afrontan no solo los problemas del mundo del trabajo sino que se le agregan fenómenos socio culturales complejos. Estos nuevos elementos van desde una mayor segregación urbana, la violencia, surgimiento de redes de delito vinculadas al narcotráfico que intentan captar a los jóvenes, entre otros. Frente a este panorama fue cambiando la relación con lo laboral, la llamada “cultura del trabajo”, en la cual la identidad laboral iba de la mano con la constitución de la identidad social de los individuos. Por lo cual, se comienza a plantear un cambio en los ejes conceptuales a partir de los cuales se abordan los problemas de la inserción laboral de los jóvenes, sobre las necesidades en la formación laboral como también las de encarar las disposiciones del empleo (Jacinto, 2008). Por lo tanto, como podemos observar a partir de los primeros años de la década del 2000 varios gobiernos encaran políticas con objetivos redistributivos, con eje en una perspectiva de ampliación de los derechos sociales y ciudadanos. Jacinto (2008) menciona la importancia de la integración de las políticas universales y focalizadas en este nuevo contexto: “Estas perspectivas no implican sin embargo el abandono de las políticas focalizadas, aunque el término en sí mismo se rechace por su asociación con las políticas neoliberales de los noventa. Se concibe que las políticas universales precisan combinarse con otras dirigidas en especial a las poblaciones con menores oportunidades educativas y en el mercado de empleo.” Con respecto a la implementación de políticas de empleo en Argentina se fue adaptando la definición de las mismas ante los cambios de contexto del país. Como refiere Madoery (2011) para el año 2003 la prioridad pasaba por atender las consecuencias más inmediatas de la crisis en medio de un panorama de emergencia social transfiriendo los ingresos a desocupados. A partir del año 2004, con la reducción en la tasa de desempleo, las políticas se enfocaron hacia la calificación y calidad del empleo, con una estrategia basada en una articulación sectorial y territorial. Más tarde, a partir del año 2006 se enfatizó en el ingreso a servicios de empleo mediante capacitación. Finalmente para el período 2008-2009, se priorizó compensar los efectos de la crisis internacional y crear oportunidades de inclusión laboral y 218
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social para los jóvenes. Por lo tanto, las políticas han ido adaptándose progresivamente de una orientación asistencial social a una de inserción laboral y productiva (Madoery, 2011).
Por ello la política de empleo en Argentina con el transcurso de los años comenzó a dirigirse a los grupos de población más vulnerable en materia de empleo. Precisamente de esto surge el reconocimiento de que los jóvenes forman parte de un grupo con dificultades para la inserción laboral de calidad. Por lo tanto en los últimos años en Argentina se puede comprobar cómo el valor del trabajo ha ido recobrando fuerza y de la mano de un Estado activo y presente, con diferentes políticas activas en los territorios donde se busca incorporar de manera más específica a los jóvenes.
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo a. Descripción Según la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Nº 497 el Programa Jóvenes nace en el año 2008 con el objetivo de brindar a las personas que se encuentran entre los dieciocho 219
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a veinticuatro años de oportunidades de inclusión social y laboral. Estas iniciativas integradas, permitirán tanto construir un perfil profesional como finalizar su escolaridad obligatoria. A estas se suman realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo e iniciar una actividad productiva de manera independiente. El financiamiento del programa es ejecutado a partir de un préstamo del Banco Mundial, que tiene una duración de 5 años, por lo que su ejecución se estima hasta el año 2013 (Neffa, 2012). Entre las principales líneas de acción del programa se destacan: • Programa de Orientación e inducción de los jóvenes al mundo del trabajo (POI): consiste en Talleres de Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo. Durante el proceso de los mismos, los jóvenes contaran con el asesoramiento de un orientador o tutor. En los talleres se desarrollan diferentes temas complementarios como: I) análisis del contexto productivo local y de las oportunidades de empleo o de trabajo que se presentan, II) construcción o actualización del proyecto formativo y ocupacional (I y II constituyen el PFO-Proyecto Formativo ocupacional), III) derechos y deberes de los trabajadores (IV) condiciones de trabajo y salud ocupacional y V) alfabetización digital.
La duración de los talleres es de un máximo de dos meses, y consiste en una etapa previa y obligatoria para participar de las demás iniciativas del Programa. La única excepción es la finalización de estudios primarios y/o secundarios que se puede hacer en simultáneo con la participación en los talleres. Con el cumplimiento de la asistencia en los talleres se le concede a cada joven la suma de $450 por mes en un plazo máximo de 2 meses. 220
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• Cursos de formación profesional: en función de sus intereses y expectativas los jóvenes participan de cursos de formación profesional de una amplia oferta brindada por la Oficina de Empleo Municipal. El cumplir con la asistencia al curso habilita a los jóvenes a percibir una ayuda económica de $450 por mes por un plazo máximo de hasta 6 meses. • Certificación de competencias laborales: una de las acciones mas interesantes y novedosas consiste en posibilitar que jóvenes que han tenido experiencia laboral previa podrán ser evaluados y certificados en las competencias laborales que han desarrollado en el ejercicio de esa ocupación. • Generación de emprendimientos independientes: esta opción es para aquellos jóvenes que en su proyecto formativo y ocupacional se definan por el desarrollo de un emprendimiento independiente o pequeña empresa, en forma individual o asociativa, son derivados a cursos de gestión empresarial y son asistidos por consultores especializados en la elaboración de un Plan de Negocio. Una vez aprobado este, se les brinda asistencia legal, técnica y financiera para su implementación durante las primeras etapas del desarrollo del emprendimiento. • Prácticas calificantes en ambientes de trabajo: los jóvenes pueden realizar prácticas calificantes en ambientes de trabajo. Las prácticas son ofrecidas por empresas del sector público o privado, para lo cual recibirán asesoramiento por parte de las Oficinas de Empleo Municipales. • Apoyo a la búsqueda de empleo: los beneficiarios reciben asistencia para la elaboración de estrategias adecuada para la búsqueda de empleo. Quienes cumplan con la asistencia a las actividades perciben una ayuda económica de $450 por mes por un plazo máximo de hasta 4 meses. • Intermediación laboral: mediante las Oficinas Municipales de Empleo, los jóvenes incorporados al Programa serán informados sobre las demandas de trabajo formuladas por las empresas que sean compatibles con sus perfiles profesionales. • Apoyo a la inserción laboral: en esta acción el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación promueve la contratación de jóvenes ofreciendo incentivos financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas que los incorporen durante un plazo máximo de seis meses. El joven que se inserte en una empresa en el marco del Programa recibe una ayuda económica mensual de $400 (valor con el que comenzó el programa y se fue actualizando) debiendo el empleador abonar la 221
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diferencia para alcanzar el salario del puesto a ocupar establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad del sector. Una mención aparte merece la figura de las Tutorías. Cada joven que participa del Programa cuenta con la asistencia de un tutor personal, miembro del equipo técnico de la Oficina de Empleo Municipal, a cargo de acompañarlo en la permanencia en el Programa. Otra cuestión a resaltar son las Instituciones intervinientes en el Programa, la puesta en marcha del Programa requiere de la participación y coordinación de acciones de un conjunto de actores e instituciones: Provincias, Municipios, Instituciones de Formación Profesional, Organizaciones empresariales, Organizaciones Sindicales y Organizaciones de la sociedad civil. Ya que los cursos y capacitaciones en su mayoría son proporcionadas por estos actores. Para el año 2011 el Plan Jóvenes se encontraba en 214 municipios distribuidos en 23 jurisdicciones provinciales. La cantidad de jóvenes participantes del Programa ha ido incrementándose año a año, observándose un aumento notable en los últimos años. Esto se evidencia ya que desde sus inicios en 2008 hasta 2011 el Programa ha sumado un total de 397.482 jóvenes adheridos en todo el país. b. Caso de Estudio: El Programa Jóvenes en Rosario En la ciudad de Rosario, el Programa Jóvenes comienza a ser ejecutado a partir de la firma del Acta Compromiso entre el MTEySS y la Municipalidad de Rosario el 9 de septiembre 2009. El Servicio Municipal de Empleo implementa el Programa Jóvenes de manera descentralizada, tomando como base de acción los seis CMD que se encuentran distribuidos en la ciudad. Al interior de cada CMD, se encuentra una oficina destinada al Programa Jóvenes con un equipo de trabajo conformado por un Orientador, dos Tutores y un Operador de Plataforma (Plataformista). Los equipos son coordinados por la Lic. María Flor Abella. La función de los equipos de trabajo de los CMD es informar a los jóvenes interesados en formar parte del programa, inscribirlos, convocarlos para la primera etapa obligatoria (POI- Proceso de orientación e inducción al mundo del trabajo) y luego derivarlos a las diferentes prestaciones que ofrece el programa. 222
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De la plataforma informática del MTESS, actualizada al 1 de noviembre de 2011, se desprende que en la Ciudad de Rosario el total de beneficiarios del Programa Jóvenes son 6373 (Copello, 2012). Del total de beneficiarios del Programa Jóvenes en la Ciudad de Rosario, se observa una proporción mayor de mujeres (3563) por sobre los hombres (2810) (Copello, 2012).
Un aspecto importante del Plan Jóvenes a observar es que se determinan las principales postulaciones labores de los beneficiarios del Programa en base a lo que ellos manifiestan al momento de inscribirse, como también sobre la información recabada después de realizar el POI. Estos datos son de gran relevancia a la hora de llevarse a cabo un contacto con empresas interesadas en que los beneficiarios realicen las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo e Instituciones para el dictado de los Cursos de Formación Profesional. De la información disponible se observa que casi la mitad de los beneficiarios del Programa Jóvenes se postula para desarrollar actividades laborales vinculadas al grupo “servicios varios”. En este grupo podemos encontrar postulaciones tales como niñera, ayudante de cocina, mozo, servicio doméstico y peluquería. Recién en un séptimo lugar de postulaciones se presenta el grupo “de la producción artesanal, industrial y de reparación de bienes de consumo”. Esta se presenta como la más vinculada a la producción de bienes, y se registra el menor número de postulaciones, apenas 44 (1,04% del total) (Copello, 2012). 223
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Lo mismo ocurre a la hora de hablar de la formación de emprendimientos independientes, ya que la mayoría corresponde a los grupos ocupacionales de “servicios varios”, aventajando a los de “producción artesanal, industrial y reparación de bienes”, comercializaciòn” y “construcción” en donde se desenvuelven los emprendimientos. Se observa así que veintisiete emprendimientos se relacionan con los servicios (servicios varios y comercialización), mientras que doce estàn dentro de la producción de bienes y la construcción (Copello, 2012). La misma situación se repite en los cursos de Formación profesional donde el 57 % de los jóvenes que los aprobaron lo hicieron en los grupos “servicios varios” y “producción”. Cabe mencionar que en su mayoría los trabajos a los cuales acceden los jóvenes por parte de los entrenamientos son de baja calificación (Copello, 2012). Finalmente se debe hacer mención a la situaciòn de los jóvenes que forman parte del entrenamiento privado que para el año 2011 fueron 98. Esta cifra es muy baja, ya que representa solo 1,53% del total de los beneficiarios que perciben el cobro (Copello,2012). c. Problemas de aplicación, alcances y limitaciones del Programa Después de cuatro años que lleva desarrollándose el Programa en el territorio se pueden rescatar algunas observaciones que vienen siendo aprecia224
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das por los mismos agentes o que se desprenden de los datos recabados. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que ingresan al PJMMT se observa que el perfil de muchos de los mismos no coincide necesariamente con aquel al cual apunta el programa. Esto se debe a que muchos de ellos están terminando la escuela secundaria, les quedan dos o tres materias pendientes o en menor cantidad ya están inscriptos en algún terciario o por iniciar estudios universitarios. Entonces el perfil de los inscriptos no es necesariamente el de jóvenes en vulnerabilidad social; si bien el ministerio deja abierto el criterio a las OE, se supone que un joven que está finalizando su trayecto escolar o inscripto para ampliar dicha trayectoria no es el perfil prioritario. A su vez aquellos jóvenes que cuentan con problemas de adicciones cuentan con mayores dificultades para sostener su permanencia en el Programa, como tampoco se prevén estas cuestiones por parte del mismo. No solo no es incumbencia del Programa sino que no están, en su mayoría, previstas acciones y/o agentes preparados para abordar la cuestión. Siendo que esto forma parte de la realidad de los jóvenes y su comunidad se hace evidente la falta de equipos de personas formadas en estas temáticas para abordar y acompañar a los jóvenes que atraviesan estas problemáticas. Otra limitación observada se ubica en la falta de sistematización de datos y cruce de estos sobre los jóvenes de Rosario beneficiarios del Programa por parte del Municipio y del Ministerio. La falta de información y datos siempre resulta un gran inconveniente a la hora de llevar a cabo una política o programa. A partir de la información relevada uno puede saber sobre la situación actual y corregir cuestiones de la implementación, para la mejora de la misma práctica. Por otra parte, una cuestión a rever es la imposibilidad de las madres que cobran una asignación universal por hijo (AUH) de percibir el beneficio que brinda el programa. Actualmente muchas jóvenes madres que son beneficiarios sus hijos de la AUH cursan los talleres pero sin percibir alguna asignación, como si lo hacen el resto de los jóvenes. Si se entiende que la AUH es para el beneficio de los menores y el beneficio del PJMMT es para la joven que está inscripta en él, en este caso mujeres jóvenes (madres) que no han podido cumplir con la educación secundaria y a su vez no cuentan con un empleo registrado, no se ve allí una incompatibilidad. De lo contrario se observa una diferencia injusta con respecto a las jóvenes que son madres y aquellos que son padres, además de las que son madres y de aque225
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llas que no lo son, por lo que debería ser sometido a revisión. Cabe también mencionar, que en la ciudad de Rosario el Municipio descentralizó la implementación de esta Política Pública en los Centros Municipales de Distrito (CMD), conformando allí un equipo de trabajo (uno por cada CMD). Este equipo cuenta con dos Tutores, un Orientador y un Plataformista. Son estos los encargados de hacer el seguimiento de cada joven que participa del PJMYMT, en su respectivo Distrito. Y si se tiene en cuenta que por cada CMD, actualmente, se encuentran inscriptos dos mil jóvenes queda claro que la tarea de tutoría resulta escueta, ya que no se cuenta con los suficientes recursos humanos para realizar un seguimiento cabal a cada joven y su realidad particular. Finalmente se menciona la limitación del Programa al no disponer de suficientes cupos en las escuelas para adultos –en el territorio local– para que los jóvenes puedan finalizar sus estudios. Como así también se observa la falta de cursos y capacitaciones que ofrece el Municipio de acuerdo al perfil ocupacional que solicitan los jóvenes. Con ello, resulta que la mayoría de los jóvenes realizan las capacitaciones que están disponibles y no aquellas que quisieran realizar o que estuvieran vinculadas a su perfil laboral.
Consideraciones finales Si partimos de la idea o supuesto de que la realidad, es decir, un contexto social determinado, no es inamovible, definitiva y que por ende está sujeta a corrimientos, a nuevos conflictos y actores que modifican su accionar, entonces las políticas públicas también deberían hacerlo para no quedar desfasadas y cumplir con sus objetivos. Por lo tanto debemos pensar que toda política pública al implementarse en un periodo de tiempo determinado debería estar sujeta a modificaciones impuestas por los cambios que suceden en ese contexto. Con ello si pensamos en el PJMMT, más allá de las modificaciones realizadas en cuanto a la implementación, debería pensarse en ampliar el foco. Ya que los jóvenes vulnerables a los que se pretenden incluir socialmente están inmersos en contextos complejos y cambiantes donde las necesidades, en muchos casos exceden al programa. Para lograr así la permanencia de los jóvenes y su efectiva inclusión social se podrían empezar a atender, ya sea de formar paralela o conjunta226
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mente con otras dependencias, aquellas problemáticas que conforman la realidad de los mismos. Aquí nos referimos a las prácticas ilegales que se suceden y se han ido institucionalizando en el territorio (redes de narcotráfico), como también las dificultades que se dan por la falta de recursos materiales y simbólicos que se le presentan a aquellos jóvenes que padecen violencia doméstica entre otras. Se podría también, intentar articular el Programa con otras áreas que trabajen las diversas problemáticas que atraviesan a los jóvenes. Ya que tampoco se puede pretender que un Programa que tiene por objetivos lograr la inclusión educativa-laboral se ponga a resolver todo el contexto, pero sí se podría empezar a dar curso a estas otras demandas. Esta convocatoria de jóvenes se podría utilizar como plataforma o base para atender las otras temáticas anteriormente mencionadas, las cuales conforman la realidad de los mismos. A la expresión “para ganar plata hay que se narco” (escuchada en varios de los jóvenes que se acercan al Programa en la ciudad de Rosario) el Estado en todos sus niveles debe prestar no sólo atención sino pensar cómo revertir ese concepto instalado en mucho de los jóvenes como parte de su realidad. Ya que la única salida para un joven marginado del sistema sea una actividad ilícita no es un problema particular, individual, sino más bien es un problema que afecta a toda la sociedad, es decir sus consecuencias nos impactan a todos, es un problema colectivo. Otra expresión muy instalada en los jóvenes es “yo quiero ser alguien en la vida, para eso tengo que terminar la escuela secundaria”, de aquí se desprenden varias cuestiones que hacen a la autoestima de los jóvenes que no han cumplido con el ciclo educativo obligatorio. Pero más allá de los mandatos sociales, y las cuestiones subjetivas que hacen y conforman a estos jóvenes, cabe remarcar que ello da cuenta de las características del mercado laboral actual. Donde se dificulta acceder a un trabajo en condiciones dignas para los jóvenes en general y aún más si estos no cuentan con el nivel secundario completo. También y pese a los años de flexibilización laboral y desestructuración productiva existe todavía en el imaginario colectivo la idea de que el trabajo digno posibilita no sólo la inclusión laboral sino el ascenso social. Por todo ello es también responsabilidad del Estado garantizar los canales y mecanismo necesarios para que estos jóvenes en vulnera227
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bilidad social puedan acceder a un trabajo digno. Finalmente creemos que la realidad demuestra que el PJMMT se ve debilitado en su efectividad al no poder contemplar las problemáticas antes mencionadas que atraviesan a los jóvenes en cuestión. Es decir, el Programa en sí intenta resolver la desescolarización y la inserción laboral –lo cual ya implica un gran desafío– pero al no tener en cuenta las demás situaciones que atraviesan y forman parte de la cotidianeidad de los jóvenes pierde sustento y capacidad de transformación de la realidad. Con esto último no se intenta desmerecer los esfuerzos y la política en cuestión, que se reconoce como superadora a instancias anteriores, sino que se busca poder profundizar el análisis de la política pública y abarcar cuestiones estructurales para la vida de los jóvenes. Por eso se hace necesario que el Estado parta de reconocer los problemas que se presentan a lo largo de la implementación de la política pública en los diferentes territorios. Conseguido esto se podrán elaborar mecanismos superadores que logren modificar las reales condiciones de vida de los jóvenes en vulnerabilidad.
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Política Social y Cuestión Social. Actualizando los términos de un viejo debate Estela Grassi afirma (Grassi, 2003) que la noción de cuestión social hace referencia a una falla estructural del capitalismo moderno cuyo origen se remonta al siglo XIX, y que ha sido inicialmente identificada como pauperismo. A partir de esta época las intervenciones sociales comienzan a ser paulatinamente estatalizadas, dando lugar a la constitución de la cuestión social en cuestión de Estado. Esta cuestión social moderna pone en evidencia, o más bien expresa, lo que Grassi llama la tensión constitutiva fundamental de las sociedades capitalistas occidentales: la coexistencia de la igualdad formal y la autonomía jurídico política, con la desigualdad y la heteronomía socioeconómica, signada por la desposesión de los medios de producción por parte de los trabajadores y su correlativa sumisión al capital para la venta de su fuerza de trabajo. Es esta tensión fundante la que se expresa de diversas formas y a través de diversos problemas sociales en distintas épocas y coyunturas históricas. (Soldano y Andrenacci, 2006) A este respecto, es útil retomar la definición de Castel citada por la misma Estela Grassi. Este autor define a la cuestión social como “una
16 Licenciada en Ciencia Política (UNR). Estudiante de Maestría en Economía Social (UNGS). Adscripta de la Cátedra de Espacio y
Sociedad y del Seminario “La Economía Social en los Proyectos Políticos Latinoamericanos”(UNR). Integrante del CEDeT. eribeckmann@hotmail.com
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aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura… interroga, pone de nuevo en cuestión su capacidad para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia”. Esta cuestión social no es evidente en sí misma sino que, como se dijo más arriba, se particulariza en problemas sociales, problemas que son ellos mismos expresión del modo en que se interpreta, resuelve, ordena y canaliza la mencionada cuestión social. Es decir, no hay problemas (y por tanto tampoco respuestas ni soluciones) autoevidentes, sino que los mismos se encuentran inscriptos en un proceso de construcción social e histórico, fundamentalmente sujeto a la lucha hegemónica por la definición de las visiones y la imposición de los sentidos. Lo que los vuelve, por ende, históricamente variables e intrínsecamente inestables. En este proceso de producción y constante reconfiguración, el Estado es un actor central; y no sólo por su posición privilegiada en la producción simbólica, sino por su ineludible (en tanto Estado Capitalista) participación activa en el proceso de acumulación –que politiza el conflicto económico– así como por la mencionada conversión de la cuestión social en cuestión de Estado –que politiza la esfera de la reproducción. Con ello se intenta decir que es el Estado quien asume una posición frente a cuáles necesidades son reconocidas como legítimas (lo que las convierte en pasibles de socialización en su satisfacción –lo que Esping Andersen denomina desmercantilización–, es decir, la comunidad como tal asumiendo la responsabilidad de su provisión, a través de los mecanismos redistributivos del Estado), así como en la reafirmación de las pautas básicas que orientan la reproducción de la vida social. Por otro lado, en este proceso de socialización de la satisfacción de necesidades y normatización y normalización de las conductas, el Estado deviene también –y fundamentalmente– un agente activo en la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo: participa de forma privilegiada “en la producción de los problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento (…) En sentido estricto, corresponde referirse a la política social (en singular) como la forma política de la cuestión social.” Retomando y profundizando la definición de Castel enunciada más arriba, Andrenacci y Soldano (2006:46) definen la integración social como el “pro234
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ceso a través del cual las sociedades diseñan, ponen en acto y gestionan los problemas de su cohesión y sus formas de pertenencia. Para Robert Castel, la integración social es un proceso de inscripción de los sujetos en la organización social por el cual se obtiene no sólo ‘un lugar’ físico y simbólico, sino también el derecho a beneficiarse de los sistemas de protección que salvaguardan el acceso y permanencia de los sujetos en ese lugar.” En este proceso en el que se estructura la integración (pero coexiste indefectiblemente con la desintegración de sujetos o grupos –impugnando implícita o explícitamente ese orden, y reactualizando la mencionada virtualidad de ruptura–), la política social ocupa un lugar preponderante, estructurando sus vías, canales y mecanismos. Es en este sentido que los autores proponen que la política social moderna se configura como un conjunto de grandes mecanismos regulatorios de la integración (como las formas de organización del trabajo, el sistema educativo o el de salud pública), como formas de sostén de los mecanismos más débiles o de previsión de los riesgos de la vida activa (como la seguridad social), o finalmente como restauraciones de vectores cuyas trayectorias se cortan (tal el caso de las intervenciones asistenciales). Por ello, en otro texto Luciano Andrenacci y Fabián Repetto (2006) afirman que la política social es, en definitiva, “un conjunto de intervenciones de la sociedad sobre sí misma (con el Estado como agente institucional con mayor o menor importancia relativa según los casos), las cuales pautan los modos en que se produce el proceso de integración social”. Todos los cuales se encuentran en función de las lecturas hegemónicas que asume la “cuestión social”, y, en definitiva de la fuerza relativa de los distintos sujetos sociales y proyectos políticos en pugna. Este amplio campo de las políticas públicas incluyen –al decir de Rosalía Cortés y Adriana Marshall– a todas aquellas intervenciones sociales del Estado que “regulan las formas en que la población se reproduce y socializa (sobrevive físicamente y se inserta en el mundo del trabajo y en los espacios socioculturales), y que, además, protegen a la población de situaciones que ponen en riesgo esos procesos o neutralizan los efectos “no deseados” de los mismos. Suelen entenderse así los ámbitos del empleo, la educación, la salud, los sistemas de seguridad social y la asistencia social (entendida esta última como conjunto de intervenciones en las problemáticas que afectan a la población más vulnerable).” (Andrenacci y Repetto, 2006) 235
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Podemos así distinguir, siguiendo una tradición (y respetando un acuerdo) ya clásico en la literatura que estudia las políticas sociales, tres grandes funciones o áreas de intervención dentro de lo que llamamos política social, que no sólo delimitan campos problemáticos diferenciados, sino que en su devenir histórico, han generado herramientas y mecanismos de acción identificables y diferenciables entre sí, aunque en la práctica se articulen y sus “efectos” sean productos de tal acción concurrente (lo que no equivale a coherente, ni mucho menos, exenta de contradicciones). Los autores ensayan la siguiente síntesis:
Estas intervenciones, en conjunto con otras directrices y políticas públicas, co-operan en el establecimiento de las condiciones reproducción y socialización para los individuos y grupos que coexisten en el espacio de un Estado-nación. Al conjunto de condiciones mínimas y básicas los autores las llaman “umbral de ciudadanía”. Por sobre ese umbral, la política social determina igualdades sociales mínimas y desigualdades sociales máximas, que son las pautas esenciales de la ciudadanía moderna.
La Política Social y su definición como instancias de reproducción de la vida Claudia Danani (2004), define a las políticas sociales como el conjunto de intervenciones sociales del Estado que regulan indirectamente las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo –lo que la distingue de las políticas laborales, que regulan de forma directa aquellas condi236
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ciones– mediante la configuración y operatividad de formas particulares de distribución secundaria del ingreso –lo que permite, a su vez, establecer otra esfera de diferenciación, pero esta vez de las políticas económicas, ya que, junto a las laborales, se desenvuelven en la esfera de la distribución primaria de los ingresos, derivada del proceso de producción–. Es en el cruce de estos cuatro mecanismos (cuya diferenciación es siempre relativa: regulación directa e indirecta, distribución primaria y secundaria) que, al decir de la autora, “se expresan y se construyen los modos de vida y las condiciones de reproducción de la vida de una sociedad” (en su doble referencia de vida social y vida de los sujetos), y es por este mismo proceso que cada sociedad define “los sujetos, objetos y medios legítimos de satisfacción de las necesidades”. Siguiendo este razonamiento, podemos acordar con la autora en que toda política social es portadora de un cierta definición de trabajo –en tanto medio legítimo por excelencia en las sociedades capitalistas, tanto de integración social como de forma de obtención de los ingresos– y de necesidad social –ya que sólo son reconocidas como tales aquellas posibles de ser satisfechas en las actuales condiciones de desarrollo de las capacidades productivas y culturales, que las comunidades reconocen como deseables y a las que, en virtud de ambas condiciones, los individuos pueden aspirar legítimamente– (Grassi, 1998). Las necesidades sociales, o más bien, su definición, participan del proceso político cultural a través del cual las condiciones generales de la producción y las del consumo se convierten en objeto de lucha social (es decir, son constantemente redefinidas de acuerdo a los procesos de nominación y producción de sentido, es decir, de construcción de hegemonía), por lo que distintas concepciones –siempre transitorias– expresan cristalizaciones contingentes, más atadas a las distintas correlaciones de fuerza y resultados provisorios de tal lucha social por la imposición del sentido, y la ampliación o disminución del horizonte de derechos legítimamente reclamados. Es por ello que –pensando en el marco dado por las intervenciones sociales del Estado–, toda concepción de necesidad funda la legitimidad de la política que la atiende, y a la inversa, toda definición de necesidades da lugar a políticas determinadas acordes con ellas. De allí que, según se reconozca un piso más amplio o más restringido de necesidades legítimas se conferirán mayores o menores derechos a las personas a la satisfacción 237
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de tales necesidades como una obligación de la comunidad en la que ellas se insertan. Por ello, la categoría de derechos viene a completar las anteriores en la definición del horizonte de la política social: necesidades, trabajo y derechos; o antes bien, las definiciones o atribuciones de sentido que se hagan de cada uno de ellos, son a la vez tributarios de un proyecto político en el marco del cual cobran valor y significación, y productores de centralidades y lineamientos para la política social. Es en esta misma línea que Estela Grassi afirma que las políticas sociales expresan los principios y postulados que organizan la vida social respecto de la igualdad, cuestión íntimamente vinculada con la definición de necesidades: la pregunta por la igualdad equivale a interpelar a cada sociedad y a cada proyecto político acerca de qué umbrales de desigualdad está dispuesto a tolerar, lo que también nos lleva, necesariamente y como contracara de la misma interpelación, a preguntar qué necesidades puede reconocer (como horizonte de deseabilidad social) y asegurar (como horizonte de bienes disponibles), si no desea verse amenazada en su integración, o en su misma supervivencia. En este sentido, una concepción estrecha de necesidades, puede no proponer más que un estándar mínimo de satisfacción (más ligado a la mera reproducción biológica que a la reproducción ampliada de la vida); mientras que una concepción más ambiciosa llevaría a la posibilidad de reivindicar como derechos fundados y socialmente legitimados una variedad mucho más amplia, como podría ser el derecho a un ingreso mínimo garantizado, derechos sociales, culturales, ecológicos, económicos, de bienestar, etc. Liberadas las necesidades de su restricción biológica, se amplía la posibilidad de instaurar nuevas formas de reivindicación legítima, y mayores sistemas de protección y efectiva realización de derechos. Finalmente, agregamos unas breves líneas respecto de la noción de trabajo. Como afirmábamos más arriba, el trabajo ha sido tradicionalmente no sólo la vía de integración social preponderante en las sociedades capitalistas, sino un mecanismo de acceso fundamental a los derechos y beneficios sociales que han sido de una u otra forma asociados a él. Las formas en que se organizan, se disponen, se aplican y se usan las capacidades de las personas para producir bienes y servicios socialmente útiles nos hablan de la valoración que la sociedad otorga a los sujetos (Grassi, 2013), ya que la existencia –o no– de protecciones asociadas al trabajo –y a su falta– inci238
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den decididamente en las condiciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo como tal. Las formas que asuma esta protección y la manera en que se establece la “división” de las cargas sociales en esta reproducción (es decir, cuánto corresponde a las familias y la comunidad, cuánto al Estado, y cuánto queda librado a la lógica del mercado) depende de las condiciones y regulaciones asociadas al empleo y de aquellas promovidas para otras formas de inserción laboral (como el trabajo independiente y el autogestivo). Y esto es, entre otras cosas, una definición social colectiva, que supone también una gran cuota de decisión política. Por ello decíamos que trabajo y política social se encuentran en una relación de mutua implicación, ya que diferentes formas de estructuración y reconocimiento del trabajo socialmente útil (que excede a aquello que sucede dentro del mercado de trabajo, y que nos lleva a considerar todas aquellas acciones y ocupaciones que intervienen en la reproducción social) y del sujeto trabajador (asociativo, independiente, por cuenta propia o empleado, formal o informal, ocupado o desocupado) configuran distintas opciones y modelos de política social. Y viceversa, ya que ella, en tanto contribuye a moldear las pautas de reproducción de la vida y la fuerza de trabajo, moldea también lo que es reconocido como trabajo socialmente útil, susceptible y merecedor por tanto de protección.
Reforma del Estado, transformación de la política social Así como decíamos que los orígenes de la cuestión social se remontan al siglo XIX, es usual también encontrar referencias acerca del surgimiento de una nueva cuestión social, hacia fines del siglo XX, en coincidencia con la hegemonía mundial de las políticas neoliberales y la primacía del capitalismo financiero, las desregulaciones operadas en los mercados y el consiguiente deterioro de las condiciones sociales de vida de las poblaciones de numerosos países, incluso los más avanzados. Si la “vieja” cuestión social remitía al pauperismo, la explotación y las condiciones de trabajo en la sociedad industrial; la “nueva” cuestión social intentó explicar la emergencia de la pobreza y la exclusión como fenómeno generado a partir de la desarticulación del Estado de Bienestar, del desempleo estructural, de la precarización del trabajo y la concentración del ingreso (García Delgado, 2011). 239
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Como es sabido, este proceso no fue ajeno a la Argentina. El largo ciclo de las políticas neoliberales conmovió profundamente, como no podía ser de otro modo, todo el entramado de la política social, trastocando las lógicas de funcionamiento instauradas a lo largo de las décadas anteriores. En efecto, durante la “década larga” de los ’90, el complejo institucional de la política social fue afectado, siguiendo a Andrenacci y Repetto (2006), por tres grandes procesos: privatización, focalización y descentralización. Estos procesos de reforma fueron construidos sobre un diagnóstico de base, en gran medida impuesto por organismos multilaterales, pero defendidos también por el nuevo “consenso neoliberal” entre actores políticos y sociales: este análisis señalaba que las dificultades fiscales y el freno al desarrollo económico de los años ’80 se debían al excesivo protagonismo del Estado en la asignación de recursos económicos y sociales, y al agotamiento del modelo desarrollista, que incluía una fuerte y amplia presencia estatal en la producción de bienes y servicios y la prestación de servicios sociales. En consonancia con estas afirmaciones, se sostenía que la política social de los modelos desarrollistas debía ser profundamente revisada, ya que los objetivos anteriormente propuestos, como los de desarrollo con reducción de las desigualdades o de democratización social, eran ahora inviables, inalcanzables. De ahora en más, el objeto de la política social pasaría a ser el “combate a la pobreza”, para lo cual se valdría de un conjunto de acciones específicas, diseñadas con formas de focalización extrema bajo la lógica de proyectos, que debía amortiguar los impactos indeseados de la reconversión macroeconómica, garantizando una gobernabilidad entendida como ausencia de conflicto abierto. El resto del complejo de la política social debía ser también, en base a este diagnóstico, profundamente reestructurado. Aquello que podía ser eficientemente gestionado por actores privados debía ser transferido a éstos, sustituyendo servicios públicos por servicios privados con regulación estatal, mientras que otros servicios puntuales debían gestionarse de modo asociado con fuerzas civiles y gobiernos locales, con el propósito de aumentar su eficacia y transparencia. De esta manera, la política social participaría de un modelo más eficiente de gestión de lo público, al mismo tiempo que se concentraría en su aspecto más efectivamente “equitativo”. Cada uno de aquellos mecanismos clave tuvo definiciones y formas propias de operación: 240
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La privatización (que estos autores llaman “desestatización”), consistió en la transferencia de aparatos institucionales completos y/o de aspectos específicos de su gestión y regulación del Estado hacia actores privados y asociativos, estrategia que afectó principalmente al sistema de seguros sociales y a los servicios públicos, así como a la política asistencial a través de la delegación de su ejecución a organizaciones no gubernamentales y comunitarias. En este sentido, son coincidentes las afirmaciones de Susana Belmartino (2005), quien sostiene que una de las mayores apuestas en la política de reducción del Estado, fue la confianza en la eficiencia del sector privado para la gestión de los recursos, estrategia que atravesó, con diferencias de grado, a todos los campos de la política social. El caso más marcado de desestatización fue el del sistema de jubilaciones y pensiones, que culminó en la instauración de un sistema doble paralelo: mitad público, con subsistencia de las cajas tradicionales bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES, quien tomó a su cargo la administración y el control de la recaudación de todos los aportes y las contribuciones calculados sobre la nómina salarial), y mitad privado, en fondos de capitalización individual, en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs), quienes recibieron una transferencia masiva de beneficiarios, muchas veces operada, según Belmartino, sobre la desinformación de los trabajadores. Este sistema se demostró inviable en el mediano plazo, por varios motivos: el Estado retuvo las prestaciones mínimas para el sector de beneficiarios que no había realizado aportes, pero recibía pensiones de tipo no contributivo y para aquellos que, habiendo realizado aportes, no alcanzaran los mínimos establecidos; en segundo lugar, continuó subsidiando las administradoras privadas; y finalmente, la desocupación y la informalidad comenzaron a golpear a sectores cada vez más grandes de la población, lo que provocó una caída en la cobertura del sistema. Es interesante remarcar que los autores anteriormente citados, preveían ya, por las razones mencionadas, la inminencia de un cambio en la estructura del sistema previsional, que, según sus especulaciones, podría tener dos direcciones: la privatización definitiva del sistema, o bien su reestatización completa, opción encarada por el gobierno nacional en el año 2009. En cuanto a la descentralización, la definen como la transferencia de responsabilidades a gobiernos subnacionales, la cual se argumentó públi241
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camente como una solución al excesivo centralismo característico del andamiaje de la política social desde el primer peronismo. Sin embargo, los autores reseñados coinciden en señalar que las razones de fondo se encuentran en la necesidad de aliviar la carga fiscal del gobierno central, ya que la descentralización operada no fue acompañada por una correlativa asignación de recursos. Si bien este proceso también puede rastrearse en el campo de la política asistencial (en la ejecución provincial o local de programas sociales, por ejemplo), el mayor impacto se registró en los sectores la política educativa –ya que se “provincializaron” la educación media y superior no universitaria (la educación inicial y primaria ya había sido transferida en los años de la dictadura)–, así como los servicios de salud, en todos sus niveles. Cabe destacar que estas transferencias fueron acompañadas también por la implementación de políticas compensatorias, tales como seguros de salud restringidos, o planes de retención escolar, cuyo impacto fue muy poco relevante. Según Belmartino, a partir de la descentralización de la educación operada se agravaron 3 problemas: el deterioro de la calidad educativa, sobre todo por la menor asignación de recursos por parte de las provincias (salarios más bajos, falta de inversión en infraestructura, etc.); el incremento de la desigualdad en el acceso al conocimiento según el lugar de residencia (por la fragmentación entre jurisdicciones) y el nivel socioeconómico de los alumnos, y las dificultades para abordar las tareas impuestas por este proceso. Respecto de la asignación de recursos, es interesante observar la información suministrada por Ernesto Isuani (2007): entre 1980 y 2004 –lo que incluye el período de transferencias de la salud y la educación a las provincias– se constata, paradójicamente, un leve incremento en el porcentaje del PBI asignado por el gobierno central al gasto social. Sin embargo, se evidencia asimismo un marcado aumento del gasto efectuado por los niveles subnacionales, lo que sugiere que fueron las provincias –y en menor medida los municipios– quienes afrontaron el crecimiento de este gasto en el período, tanto en lo que refiere a la salud como a educación, lo que, dadas las complicaciones fiscales de muchas de ellas, vuelve más visible el riesgo de desfinanciamiento de ambos sistemas de prestaciones. Finalmente, Andrenacci y Repetto definen la focalización como la reorientación de los programas sociales hacia los sectores más pobres, mediante la creación o resistematización de muchas intervenciones a tra242
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vés de la lógica de programas y proyectos con estructuras de costos y matrices tiempo-objetivo. Este modo de funcionamiento, implicó asimismo la selección de poblaciones, territorios o problemas específicos a transformar en objeto de intervención. Cabe reiterar que el impulso (y con él, el financiamiento) de muchos de estos programas y proyectos provino de los Organismos Multilaterales de Crédito, en conjunto con fondos nacionales y, en menor medida, formas de cofinanciamiento local. Como ya se ha mencionado, el objetivo que perseguían, según se sostenía públicamente, era que el gasto social fuera más “equitativo”, concentrando la inversión asistencial en la población con mayores carencias. Asimismo, se pretendía también morigerar los efectos “socialmente indeseados” de las políticas de ajuste y reconversión económica, los cuales según se suponía, serían sólo coyunturales. Un análisis similar realiza Susana Belmartino, quien afirma que los procesos de reconversión económica y reforma del Estado determinaron nuevas condiciones en el mercado de trabajo y alteraron profundamente la estructura de distribución del ingreso en un sentido marcadamente regresivo; y que fue por lo tanto la concentración del ingreso por un lado, y la expansión de la pobreza por el otro, aunado a la crisis fiscal de los Estados, lo que llevó a la defensa de los mecanismos de focalización del gasto social. Sin embargo, sostiene, estas políticas y programas construidos bajo el paradigma asistencial focalizador, carecen de una evaluación de las necesidades que deben cubrir, así como de un diagnóstico real de las posibles vías de satisfacción, lo que lleva a que en general se implementen de manera coyuntural –y por ende intermitente y cambiante–, muchas veces signadas por las estrategias de movilización de los grupos subalternos, lo que sugiere una decisión estatal de control y apaciguamiento del conflicto social. Esta característica, aunque no se traduzca nunca en los objetivos explícitos de la política social, aparece también como una constante del período. Más allá de estar agrupados, a partir de 1994, en la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Social, estos programas se caracterizaron por la dispersión, la baja coordinación y una reducida afectación presupuestaria, que sólo se vio incrementada en el año 2002 a partir de la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Esto mismo es constatado por Isuani, quien observa que el gasto asignado al sector asistencial de la política social 243
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nunca dejó de ser una fracción muy pequeña del gasto social, lo que demuestra la incapacidad de la estrategia focalizadora para modificar el perfil del gasto social en su conjunto, al menos en el caso argentino. Finalmente, es necesario remarcar que estos procesos tuvieron como escenario de fondo una mutación de las condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo, signada por la llamada “flexibilización” laboral. Eufemismo que no significó otra cosa que una desregulación que eliminó muchas de las protecciones que durante el Estado de Bienestar habían estado asociadas al empleo. El consenso neoliberal postuló que el “exceso” de cargas asociadas al empleo formal impedía el equilibrio en el mercado de trabajo a la par de hacer muy costosas las contrataciones, lo que imposibilitaba que los empresarios contrataran mayor número de trabajadores. Con esta justificación –y adhiriendo a una visión ideológica que concibe al trabajo como una mercancía más, susceptible del mismo tratamiento que otras mercancías utilizadas en los procesos productivos– se desmontaron protecciones y regulaciones que hicieron de la desocupación y la precarización laboral una realidad cada vez más extendida entre los sectores trabajadores argentinos, y cuyas consecuencias no se han logrado revertir. Retomando el análisis de las transformaciones en la política social, y más allá de las reseñas realizadas para cada caso particular, las consecuencias de la conjugación de aquellos tres procesos pueden sintetizarse, siguiendo a Andrenacci y Repetto, en torno a dos grandes ejes: la remercantilización de las necesidades sociales, y la desuniversalización de la política social. Por remercantilización entienden “una (re)asimilación de los clivajes de la integración social al lugar que ocupan los ciudadanos respecto del mercado.” Con esto se quiere expresar la desaparición o parcialización de “bienes y servicios sociales” provistos por el Estado y existentes con anterioridad, que aseguraban la desmercantilización –y por ende, la socialización– de algunos costos de la supervivencia y reproducción de los individuos. Anulados o disminuidos aquellos bienes sociales, buena parte de las necesidades de la población deben ser satisfechas en el mercado, lo que en el caso de los sectores más vulnerables se ha traducido en un marcado empobrecimiento y empeoramiento de las condiciones de vida. La desuniversalización, por su parte, supuso una creciente desigualdad tanto geográfica como según nivel socioeconómico de las prestaciones, y una fragmentación de los derechos sociales en titularidades coyunturales 244
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condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos. Fragmentación que, nuevamente, repercutió con particular dureza en los sectores de más bajos ingresos y protección social, en quienes recayó todo el peso de la desaparición del “colchón” de bienes y servicios sociales provistos anteriormente por el Estado, profundizando, de manera concurrente con la remercantilización, el deterioro en sus condiciones de vida.
La política social en el período kirchnerista A partir de 2003, la economía argentina inició una fase de crecimiento sostenido que obtuvo como principal resultado un cambio de tendencia en cuanto al trabajo, el empleo, la pobreza y los principales indicadores sociales. En relación con las tasas de desocupación, en este periodo comienza una acelerada caía de la misma, disminuyendo la velocidad de reducción de dicha tasa hacia fines de 2008 (Panigo y Neffa; 2009). Por otro lado, durante el primer semestre de 2003, casi la mitad de la población era considerada pobre (47,8%) mientras que la indigencia, es decir, la pobreza extrema, alcanzaba al 27,3 % de la población en el total urbano cubierto por la EPH. Esta complicada situación socioeconómica comenzó a revertirse también a partir del 2003. Este cambio de tendencia no obedece sólo a razones macroeconómicas (fundamentalmente, la recuperación de la competitividad de la economía argentina a partir de la salida de la convertibilidad y la regulación de la entrada y salida de capitales) sino que estuvo acompañado de una progresiva transformación de las políticas públicas que intentaron apuntalar este proceso. Se recuperó la presencia y el rol activo del Estado en la regulación de la economía, así como se reconstruyeron algunas de sus capacidades de intervención en lo social, a través de diferentes estrategias. En el discurso gubernamental, en reiteradas oportunidades se hizo referencia al “modelo de desarrollo con inclusión social”, haciendo alusión tanto a la deliberada intención de recuperar el trabajo y la producción (frente a la especulación financiera) como vía de inclusión, como al impulso dado a las políticas sociales (sobre todo a aquellas orientadas a transferir ingresos a los sectores más vulnerables, que no lograran insertarse en el mercado de trabajo o lo hicieran de manera informal). Según Daniel García Delgado (2011), “el énfasis estuvo puesto en una orientación que reactivara la economía, el 245
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desendeudamiento, la generación de empleo, la reconstrucción de la protección social y la vigencia de los derechos sociales (…) La fragmentación evidenciada podría resolverse vía el empleo, lo que requería políticas sociales que vincularan lo productivo con lo social, significaran ingresos a las familias, y mejoraran sus condiciones de vida. Las modificaciones en el modelo de desarrollo –haciéndose más productivo y con más alto crecimiento– hicieron al sistema de protección social más sustentable y financiable para poder ampliar las prestaciones sociales.” Este autor resume las características de la nueva etapa en cinco “pilares” que la sostienen e identifican: 1 La reconstrucción del empleo, su formalización y las expectativas de inserción a través de subsidios dinámicos del mercado interno. 2 La reinstitucionalización del mercado de trabajo y sus derechos sociales asociados. 3 La importancia asignada al gasto social en la obra pública y la creación de infraestructura. 4 La relevancia otorgada en el presupuesto público a los subsidios a ciertos servicios y consumos esenciales (energía, transporte) que permitieron dinamizar el consumo y con él, el mercado interno. 5 La política neouniversal de ingresos, que trae como innovación fundamental la incorporación de lo no-contributivo al sistema de seguridad social. Este último pilar constituye, a mi juicio, la transformación más significativa y a la vez más emblemática de la política social en los gobiernos actuales. Sus componentes principales, la Inclusión Jubilatoria y la Asignación Universal por Hijo, atravesadas por lógicas de reparación social, de justicia distributiva y de solidaridad entre generaciones, marcan una ruptura respecto no sólo de los parámetros de funcionamiento de la política social neoliberal, focalizada y residual; sino también de las formas en que operaban estos dispositivos de protección social –las jubilaciones y las asignaciones familiares– durante los años de vigencia del Estado de Bienestar, cuando ambos respondían a una lógica contributiva. Más aún, las poblaciones hacia las que cada uno de ellos se dirige –niñas y niños, adultas y adultos mayores– son las más vulnerables y necesitadas de protección. Y son, al decir de Claudia Danani y Susana Hintze (2013), “los sectores de población de cara a los cuales las sociedades prueban su deci246
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sión y capacidad de protección; es decir, su capacidad de dar garantías a una vida socialmente deseable, tanto en los alcances materiales de la satisfacción de necesidades como en el reconocimiento de la pertenencia plena de sus miembros.” Esta ampliación de la cobertura de la seguridad social recorre un camino no exento de contradicciones, donde se eslabonan políticas y definiciones de características encontradas. Por ejemplo, si observamos las políticas de transferencia condicionada de ingresos a las cuales la AUH reemplazó (el Programa Familias y antes que él, el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados), vemos que comienzan a superponerse las referencias al derecho universal a contar con un ingreso que permita hacer frente a los cuidados básicos de los niños y niñas, junto al reconocimiento de la falta de posibilidades de inserción laboral concreta de amplias franjas de la población, clásico vector de acceso a la protección social. Así, se enlazan referencias al “derecho al trabajo”, de larga presencia entre las reivindicaciones históricas de los sectores populares, con nuevos paradigmas que propugnan el derecho a un piso básico de ingresos como condición de ciudadanía.
La “pre-historia” de la AUH: Los programas que reemplazó… Con el gobierno de transición del Dr. Duhalde surgió el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJH), que constituyó el mayor programa de transferencia de ingresos implementado hasta ese momento. Su objetivo fue brindar un beneficio económico a jefes y jefas de hogar desempleados con hijos menores de 18 años, con el fin de brindar una “protección integral de los hogares”, asegurando tanto la concurrencia escolar como el control de la salud de los hijos a cargo. Las condiciones para acceder al beneficio fueron: • Ser jefes o jefas de hogar con hijos de hasta 18 años o discapacitados de cualquier edad. También podrían recibir el beneficio los hogares donde la jefa, cónyuge o concubina del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país; • Asegurar la concurrencia escolar y el control de la salud de los hijos a cargo; • Fueron exceptuados del beneficio quienes –aún reuniendo los requisi247
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tos– percibieran otros beneficios de la seguridad social, pensiones no contributivas o participaran en otros programas de empleo nacional, provincial o municipal. En cambio, no fue impedimento la percepción por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar de becas estudiantiles o ayuda alimentaria. El beneficio se estipuló en una suma mensual de $150 no remunerativa, en forma directa e individual. El programa preveía que todo beneficiario debía brindar una “contraprestación”, realizando actividades o proyectos comunitarios, finalizando su escolarización formal o incorporándose a trabajar en instituciones públicas. La súbita masividad producto de la crisis social, económica y política que experimentó el país en aquel momento, introdujo serios problemas de gestión tanto en la identificación de los beneficiarios como en la posibilidad de organizar tareas de contraprestación. Más aún, a pesar de enunciarse como un derecho universal, la inscripción que se realizó entre abril y mayo del 2002, no admitió nuevos ingresos a partir de esa fecha. A fines de 2004, se abrió la posibilidad de traspaso optativo de los miembros del programa con hijos de hasta 19 años de edad o discapacitados al Programa Familias, que a diferencia del anterior, estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Esta medida fue acompañada con un aumento del subsidio de $25, proporcional al número de hijos a cargo. El objetivo mentado del Programa Familias por la Inclusión fue “proteger e integrar socialmente desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos básicos a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social con menores de 19 años a cargo.” La posibilidad del traspaso estuvo abierta para los beneficiarios del PJJH que no hubieran finalizado el secundario y tuvieran dos o más hijos menores a cargo. En la práctica, la mayoría de quienes optaron por el traspaso fueron las beneficiarias mujeres (lo cual fue alentado desde el propio Ministerio ya que en la normativa se establecía que la titular del subsidio debía ser la madre, a excepción de que en el hogar no hubiera una mujer), y se eliminó el requisito de la contraprestación laboral en favor de un mayor control de los requisitos de salud y escolarización de los niños y niñas, lo que, según algunas voces críticas, reforzó el rol de la mujer como proveedora de los cuidados básicos al interior del hogar. Sin embargo, por otro lado, se propuso recomponer las redes de inserción institucional y comunitaria de las 248
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familias en situación de vulnerabilidad, entendiendo que la desafiliación social, la precariedad o la ausencia de espacios de socialización, tanto como la falta de acceso a servicios universales como la salud y la educación, inciden en la reproducción intergeneracional de la pobreza. Hacia el año 2007, el Programa llegaba a unas 700.000 familias y comenzaba, gradualmente, a disminuir sus requisitos alejándose de condicionalidades impuestas por los organismos internacionales que contribuyeron a financiarlo (Maier y Carballeda, 2012). Hasta que, en el 2009, el Programa Familias es de hecho reemplazado por la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH).
… y las distintas propuestas en pugna Pero las discusiones en torno a la posibilidad de asegurar un ingreso para las familias en situación de pobreza, desempleo o vulnerabilidad social desde un paradigma diferente a los programas de transferencias condicionadas focalizados y residuales, típicos del ciclo neoliberal, tenían ya formas delineadas – en la academia y en la política– en Argentina desde, al menos, fines de los años ’90. Desde distintas vertientes de pensamiento, sectores intelectuales y referentes políticos venían proponiendo esquemas de renta básica unos, o de seguros de empleo y formación y universalización de las asignaciones familiares otros. (Hintze y Costa, 2011). Respecto de las propuestas de Renta Básica o Ingreso Ciudadano, se trata de una propuesta con amplia difusión –y discusión– en medios intelectuales europeos, y nos llegó fundamentalmente a Argentina a través de las publicaciones académicas del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), uno de cuyos referentes más reconocidos es Rubén Lo Vuolo. Este autor lo definía como “un arreglo institucional que garantiza cierta forma de ingreso para cuyo acceso no se requiere otra condición personal que la de ser ciudadano”. Por lo tanto, para percibir esta renta “no se requiere trabajar (como es el caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invalidez), haber contribuido con una prima de seguro (jubilación ordinaria, obras sociales), demostrar que se está desocupado (seguro de desempleo) o ser pobre (programas asistenciales focalizados)”. (citado por Hintze y Costa, 2011). Hacia fines de la década del ’90 tomó estado parlamentario –a partir de un proyecto del 249
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ARI– una primera iniciativa que recogía estas definiciones, proponiendo crear un fondo para el “Ingreso Ciudadano a la Niñez”, que fue vuelto a presentar casi bianualmente entre 1997 y 2003. Sin embargo, estas iniciativas nunca tuvieron curso positivo en años de ajuste fiscal cada vez más pronunciados, y siguió primando la lógica focalizada y asistencial en los programas de transferencia de ingresos. Siguiendo un camino diferente en cuanto a la articulación y presentación pública de las demandas y propuestas, fue importante también la experiencia de las organizaciones que integraron el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza (FRENAPO) en el año 2001. Su estrategia de distribución de ingresos se sostenía en tres pilares: la creación de un Seguro de Empleo y Formación para los jefes y jefas de hogar desocupados, una asignación por cada hijo menor de 18 años, y otra para cada mayor de 60 años que no tuviera cobertura previsional. De esta manera pretendían “ubicar a todos los hogares por encima de la línea de pobreza (…) La estrategia propuesta de universalización de derechos (salud, educación, empleo y previsión) era entendida como la condición para restituir a la población su carácter de ciudadanos”. (citado por Hintze y Costa, 2011) Junto a muchas otras iniciativas de menor envergadura (nuevos proyectos de ley, otras proposiciones de ONGs o grupos de presión como la Iglesia, etc.), el debate parecía articularse en torno a dos posturas: ingreso ciudadano vs. inclusión por el trabajo. Dicotomía que fue luego resuelta –no sin ambigüedades– por el decreto presidencial que crea la AUH, y que recoge la larga tradición justicialista que refuerza discursiva, simbólica y materialmente, el papel del trabajo en la inclusión social. Finalmente, otro antecedente interesante lo encontramos en un trabajo publicado en el año 2001, que sugiere también la posibilidad de reforzar el papel de las asignaciones familiares dentro del conjunto de instrumentos de política social de la Argentina. Nos referimos al trabajo “El Sistema de Asignaciones Familiares como herramienta central en la política social argentina” (Rofman, Grushka y Chébez, 2001), iniciativa que quizás en esa época tuviera muy poca trascendencia. Según estos autores, los objetivos que se han perseguido a través de la implantación del sistema de asignaciones familiares han sido múltiples, y han variado a lo largo del tiempo. Por un lado, las asignaciones han tenido como principal componente el pago por hijos, lo que parece indicar que a lo que apuntan es 250
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a mejorar las condiciones de vida de los niños, a través de una mejora en el ingreso familiar. No obstante, otros componentes parecen tener otros fines (no contradictorios con éste, sino apuntalando otros aspectos concretos del bienestar de los niños), tales como las asignaciones por escolaridad y ayuda escolar anual, asignaciones por nacimiento, adopción, maternidad, discapacidad, etc. Sin embargo, desde sus inicios, este beneficio estuvo restringido a quienes poseen un empleo formal en relación de dependencia, lo que en un contexto de alta desocupación, informalidad o precarización en el empleo, como sucede en Argentina, esto se convertía en una seria limitación. A ello se suma que desde 1996, su goce se restringió hasta cierto tope de ingresos, techo que ha ido variando (exceptuando de esta restricción a las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con discapacidad), lo que si bien introdujo un sesgo redistributivo importante –ya que son beneficiarios de las prestaciones los trabajadores de menores ingresos–, redujo aún más sus beneficiarios. En base a esto, es que los autores calcularon que, para 1999, entre desocupados, autónomos e informales, cerca de un 60% de los hogares no tenía acceso a las asignaciones familiares, porcentaje que aumenta hasta el 75% si se consideran sólo los hogares de los estratos de ingreso más bajos, lo que significa que el sistema sólo alcanzaba a un 25% del sector más necesitado.
El camino elegido: la ampliación del acceso a las asignaciones familiares Ahora, pasemos a considerar la política que nos ocupa, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, implantada por el gobierno nacional hacia octubre del año 2009. En líneas generales, el esquema organizativo planteado por el decreto de creación de la AUH (1602/09) responde a los siguientes lineamientos: sus destinatarios son los niños menores de 18 años, cuyos padres o tutores se encuentren desempleados, no perciban otro ingreso familiar, o bien se desempeñen en la economía informal (por lo que no se encuentran incluidos en el régimen de asignaciones familiares), y perciban ingresos al salario mínimo vital y móvil (requisito que resultó muy difícil de verificar en la práctica, por lo que sólo se procedió a exigir a los titulares de derecho una declaración jurada de situación ocupacional). A ellos, luego se agregaron los monotributistas sociales y el 251
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personal de servicio doméstico, ampliando el universo de perceptores de derecho. Su unidad de ejecución es la ANSES, por lo que los fondos provienen de la misma fuente que los componentes contributivos de la seguridad social (es decir, contribuciones, aportes estatales y rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino), y se utiliza el mismo sistema integrado de información, así como las unidades administrativas y el personal. Asimismo, se reconoce una asignación superior para los hijos con discapacidad, la cual por lo demás no está sujeta a ningún tope de edad. Es interesante observar que los considerandos del decreto justifican la AUH desde diversos planos, no enteramente coincidentes entre sí (o más bien, que responden a inspiraciones o principios filosóficos diferentes): por un lado, se cita la Ley Integral de Protección a la Infancia, basada en un paradigma de derecho universal, y por otro se repite con insistencia el fundamental “combate a la pobreza”, pero mezclándolo con el derecho al trabajo. Allí se fundamenta la decisión oficial en que, a pesar de la mejora de la situación económica y financiera lograda por las políticas del Estado, el descenso de la pobreza y el incremento de la ocupación, subsisten situaciones de exclusión que demandan medidas urgentes. En esa línea de razonamiento, según los mismos considerandos, la AUH “no implica necesariamente el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal”. Y a continuación vuelve a remarcar como “solución estructural de la pobreza” el crecimiento económico, la constante creación de puestos de trabajo (en particular “trabajo decente”), y reitera que “la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo”. Más allá de esta tensión –que no es meramente enunciativa sino también cultural y simbólica, ya que nos habla de los límites de lo que socialmente toleramos frente a la desigualdad de muchos habitantes de nuestro país, y de las vías que consideramos válidas para reducirla–, la AUH se convirtió en uno de los programas de transferencia de ingresos más importante de América Latina. Gracias a esta iniciativa, se sumaron más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes al régimen de asignaciones familiares, con derecho a la prestación más alta del régimen (Calvi y Cimillo, 2013), a los cuales se sumaron en 2011, las mujeres embarazadas que no tenían 252
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cobertura social, cuando se crea la Asignación por Embarazo para Protección Social. Estas estimaciones representan a más del 30% del segmento de población de 0 a 18 años, y con ello a la vez se calcula una cobertura que oscila entre el 80 y el 90% de niños, niñas y adolescentes alcanzados por la seguridad social (contributiva y no contributiva) o sus sucedáneos (deducciones del Impuesto a las Ganancias por cargas familiares) (Hintze y Danani, 2013). Por otro lado, esta ampliación del régimen de asignaciones familiares tiene un sesgo redistribuidor claramente orientado en favor de las familias de menores ingresos (el 67% de los beneficiarios se encuentra en el 20% de hogares más pobres, según Calvi y Cimillo, 2013) y con inserciones laborales más débiles e inestables. Desde distintos medios periodísticos y académicos se ha señalado el impacto de esta medida en la reducción de la tasa de indigencia (no así en la tasa de pobreza, respecto de la cual las interpretaciones son más encontradas), y algunos incluso han señalado un ascenso en la matrícula escolar, sobre todo en la educación secundaria, gracias a su implementación (efecto que, de ser tal, se verificaría seguramente gracias a un haz más amplio de condiciones, tales como la entrada en vigencia de la nueva Ley Nacional de Educación que establece metas de financiamiento y contribuye a crear más escuelas y más puestos docentes; el crecimiento sostenido que aumentó los ingresos en los hogares y permitió aliviar la carga de los trabajadores secundarios, sobre todo jóvenes y mujeres, entre otras). Por otro lado, gracias a que se utilizan las estructuras burocráticas de uno de los entes estatales con mayor penetración nacional, que más se ha informatizado y modernizado, como la ANSES, se han eliminado las mediaciones que anteriormente establecían muchas organizaciones sociales y políticas, que si bien tenían la ventaja de ampliar la cobertura aún a territorios donde la presencia estatal era escasa o difusa, daban lugar a la existencia de prácticas distorsivas, como las presiones, el clientelismo, la deducción de contribuciones y demás. La AUH, en cambio, tiene la ventaja de la llegada directa, sin intermediarios, hasta las familias beneficiarias, y casi no se han conocido denuncias por irregularidades. Como se ha señalado más arriba, la AUH introdujo la novedad de incorporar a la seguridad social un componente no contributivo, incorporando en ese acto a sectores no incluidos y –lo que también es muy importante– haciéndolo desde un lenguaje de derechos (Hintze y Danani, 2013). Lo 253
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que no es una cuestión menor. A la par de estos grandes logros, nos quedan también algunos sinsabores. Los límites a la cobertura, empujado también por las condicionalidades, son uno de ellos. Como es sabido, la AUH se paga al adulto responsable por cada niño, niña o adolescente menor de 18 años o discapacitado sin límite de edad, hasta un límite de cinco. Las razones por las cuales se excluye a los niños de familias más numerosas no son claros (más allá de las inferencias acerca de las restricciones fiscales que podamos hacer, ya que los motivos no han sido explicitados). A ellos se suman quienes han sido excluidos del beneficio por falta de cumplimiento de la presentación anual de la libreta o formulario donde se constatan los controles de salud e inserción escolar, situación que empezó a verificarse en 2011 (requisito que, además, no obra en el componente contributivo de las asignaciones familiares, lo que constituye también un sesgo discriminatorio respecto de los perceptores de la AUH). Ambas situaciones contradicen la pretensión de universalidad que esgrimen tanto la prestación como la normativa que la rige. La resolución de esta tensión no es sencilla, sobre todo en cuanto a la exigencia de acceso a la salud y la educación, que las sociedades también deberíamos estar en condiciones de asegurar como una cuestión de derecho, y no de imposición. En este contexto, sería importante poder discutir cómo y en qué medida las transferencias de ingresos contribuyen a mejorar el acceso a bienes y servicios públicos, y cómo éstos logran superar la dualidad y fragmentación frente a las poblaciones a las que se dirigen en que hoy se encuentran. Porque para superar la postergación de los sectores más vulnerables necesitamos que puedan acceder a ellos, sí, pero necesitamos también que la oferta de servicios públicos sea adecuada y de calidad, que garantice la entrada y permanencia en un sistema educativo de excelencia, y el cuidado de la salud se vea asegurado en un sistema de salud equitativo y satisfactorio.
De las moratorias al Plan de Inclusión Previsional El segundo gran componente que identificamos en lo que García Delgado llamó la “política neouniversal de ingresos”, es la ampliación de la cobertura previsional, que elevó la cantidad de adultos y adultas mayores que lograron acceder a jubilaciones y pensiones, y contar así con ingresos estables y cobertura de salud en el otro extremo de la vida. 254
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Gabriel Calvi y Elsa Cimillo (2013) sostienen que a partir del año 2003, las demandas y necesidades de los adultos mayores fueron incorporados a la agenda gubernamental, a través de dos estrategias tendientes a mejorar su calidad de vida: la recomposición de sus haberes y la ampliación de la cobertura. Respecto de la recomposición de los haberes, Beccaria y Danani (2011) señalan que, entre 2003 y 2009, el Poder Ejecutivo determinó aumentos del haber mínimo a través de diferentes vías, que incluían incrementos de suma fija, proporcionales o combinados o bien subsidios varios. Proceso que se institucionaliza a fines de 2008, cuando se sanciona la Ley de Movilidad Previsional, que establece incrementos para las jubilaciones y pensiones dos veces al año (en marzo y en septiembre), de acuerdo al resultado de una ecuación que relaciona distintas variables macroeconómicas. Estas autoras señalan que este conjunto de medidas no tuvieron incidencia alguna en la estructura institucional del sistema previsional, sí afectaron la capacidad protectoria de hecho gracias a la mejora cuantitativa de las prestaciones y compensaron parcialmente la pérdida sufrida en la crisis de 2001 y 2002. Respecto de la segunda estrategia, la ampliación de la cobertura previsional, fue también un proceso eslabonado por distintas decisiones del Ejecutivo y leyes sancionadas entre 2004 y 2008. Las mismas autoras explican que el “Plan de Inclusión Previsional” fue el nombre con el que se conoció la combinación de las leyes Nº 25.994 (de “Jubilación Anticipada”, sancionada en diciembre de 2004) y el decreto 1454/2005 (de “Moratoria Previsional”, emitido en noviembre de 2005), normativas mediante las cuales se promovió la incorporación al sistema previsional de cantidades importantes de adultos y adultas mayores que, estando en edad de jubilarse, no habían podido acceder a este beneficio, en la mayoría de los casos por no contar con los aportes correspondientes. Si bien estas leyes no cambiaron la lógica institucional de fondo del sistema previsional –ya que los requisitos de acceso continúan siendo los mismos– sí hubo un relajamiento de los requisitos contributivos, que permitieron que más de dos millones de personas pudieran acceder a una jubilación o pensión (Beccaria y Danani, 2011). Como resultado de estas políticas, la cobertura previsional de adultos de 65 años y más pasó del 70,5% en 2001, al 86,5% en 2010. Y si a ello se suman los beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas, la cobertura se eleva al 90,2% (según datos de Calvi y Cimillo, 2013). 255
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Este proceso de ampliación de derechos fue completado (pero, podríamos pensar, no concluido) en el año 2008, cuando se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se elimina el sistema de capitalización individual y con él, las entidades privadas que administraban las cuentas (las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, AFJPs), y se reestatizan los fondos, que pasan a ser administrados por ANSES. Obviamente, la importancia de esta decisión excede el marco de la cobertura previsional, ya que fue indispensable para que la otra gran medida que veíamos anteriormente, la AUH, pudiera tener lugar. Fue uno de los hitos más importantes de los años del kirchnerismo, y que permitió poner en marcha un sistema de protección basado en la seguridad social que quizás de otra manera no hubiera sido posible. Tan importante para la política social argentina es esta serie de transformaciones que las autoras no dudan de hablar de un “proceso de contrareforma previsional”, que intentó desmontar los nudos principales del sistema instaurado durante los años de hegemonía neoliberal. Proceso que, además, tiene un carácter estratégico en la edificación del sistema de protección social tanto en lo que hace al aumento de la población incluida/protegida, como en la sedimentación del lenguaje de derechos e inclusión social al que hacíamos referencia más arriba, mediante el cual el actual gobierno intenta ampliar el horizonte de intervención estatal en la construcción de condiciones de vida más digna para los sectores más vulnerables de la población, y a la vez, construir legitimidad política. Con todo, persiste un gran interrogante, que no ha sido respondido en estos años de recomposición de la protección social: ¿Cuál será el futuro del sistema previsional, si el acceso a los beneficios sigue atado a la lógica contributiva? Como señalan las autoras, la moratoria previsional trajo a la escena pública (o mostró otra faceta de) el problema de la deficiente cobertura del mercado de trabajo, asociada a los elevados índices de informalidad y trabajo no registrado que tenemos en nuestro país. Y en este sentido, la pregunta acerca del futuro tiene una doble cara: de qué manera se continuará incluyendo en adelante a aquellos adultos y adultas mayores en edad de jubilarse pero que no cuentan con aportes, cuando ya ha cerrado la moratoria (y compensar los años de aportes no realizados es muy oneroso para amplias franjas de la población); y cuál es la viabilidad financiera a largo plazo de este sistema, si la informalidad y la des256
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protección laboral continúan siendo moneda corriente para nuestros trabajadores. En otras palabras, la tensión existente entre la necesidad de ampliar progresivamente la cobertura y la lógica del sistema, atado a un mercado de trabajo que presenta problemas estructurales de protección, aún subsiste, irresuelta.
Reflexiones finales Una visión de conjunto de las transformaciones reseñadas y su inserción en procesos políticos más amplios nos arrojan un balance con aciertos y desaciertos, logros e interrogantes. Si observamos la cantidad de personas “protegidas”, es decir, alcanzadas por estos nuevos mecanismos de inclusión en la seguridad social (sea jubilaciones, sea asignaciones), el balance es globalmente positivo; sin embargo, si atendemos los alcances de esa protección, el resultado hasta el momento es desigual, y a veces insuficiente, como demuestra el exiguo monto de las jubilaciones mínimas –que, vale aclararlo, se recuperan y adquieren mayor poder adquisitivo con el paso de los años gracias a la Ley de Movilidad, que hasta el momento ha otorgado aumentos que superan todos los índices inflacionarios–; las demoradas actualizaciones de las asignaciones; o las exclusiones no revisadas. Y el escenario de fondo, de una persistente inflación que socava el poder adquisitivo de salarios, beneficios sociales y transferencias, no ayuda a consolidar esta política de transferencia de ingresos como estrategia de reducción de la vulnerabilidad y la pobreza. Tampoco es claro el balance respecto de la distribución de la riqueza, ya que acceso a ingresos no supone automáticamente distribución más equitativa. Existen aún núcleos duros de pobreza e indigencia asociados a múltiples formas de desafiliación, por un lado; y por otro, aunque los sectores medios y trabajadores hayan mejorado su posición, la acumulación privada no creció en menor medida. Obviamente, pensar en estos términos nos obligaría a incluir variables no consideradas en este análisis –entre ellos el sistema tributario y los principales componentes de la política macroeconómica–, lo que no podría ni sabría desarrollar aquí. Sirva lo reseñado solamente para dejar planteado un interrogante de compleja resolución, y pasible de respuestas encontradas en más de un sentido. Por otro lado, y asociado a lo anterior, son aún altos y persistentes los indi257
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cadores de precariedad e informalidad laboral. Este funcionamiento casi perverso del mercado de trabajo se asocia a que su dinámica ha sido profundamente transformada durante las décadas del neoliberalismo, cuando se han morigerado o revertido instrumentos legales de protección de los trabajadores; y a la vez, lo que es quizás peor, se ha extendido un sentido común naturalizador o legitimador de la informalidad, que ha calado en el discurso y el accionar de sectores propietarios, empresarios y de los propios trabajadores, que en muchos casos viven la desprotección como una condición de inserción laboral casi tan válida –o factible de que ocurra– como otras. Por ello, en este marco, el desafío es doble: lograr elevar los niveles de formalización en el trabajo en el mediano plazo, que permitiría el acceso a los mecanismos de protección de la seguridad social a los trabajadores y sus familias que hoy están desprotegidos, y a la vez –objetivo de largo plazo y seguramente más ambicioso– avanzar en el diseño de estructuras y dispositivos institucionales que aseguren la protección universal, con independencia de las formas de inserción o la relación de los sujetos con el mercado. Como contracara, los logros también son muchos, y relevantes. El mayor acceso a la protección es uno de ellos, material y palpable, que ha sido expuesto ya. Pero en el plano simbólico, se han dado discusiones que aún no están ganadas, pero son alentadoras. En principio, se ha vuelto a reposicionar a la política como acción transformadora y al Estado como motor de estos cambios, y no en un sentido dirigido a la especulación o la ganancia individual como sucedió en los ’90, sino, al contrario, orientado a revertir las consecuencias del retiro del Estado en materia social, recuperando la política social como dispositivo de inclusión social e instrumento de mejora de las condiciones de vida de los sectores vulnerables. No es un dato secundario que estas medidas se hayan justificado aduciendo la necesidad de revertir la pobreza generadas durante los años de hegemonía liberal, y que se apele a la inclusión social como sentido último de las acciones. Volver a hablar de inclusión en términos no estigmatizantes implica rediscutir los niveles de desigualdad que socialmente estamos dispuestos a tolerar y los mecanismos apropiados para lograr mayores niveles de igualdad. Y desde esta perspectiva se vuelve más rica esta visión de conjunto de las medidas implementadas, no como instancias aisladas, sino como estrategia orientada a recuperar la acción del Estado –y la democracia, parafraseando a Ricardo Forster– como disputa por la igualdad. 258
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Y en segundo lugar, se recuperó también la noción del trabajo como eje estructurador de las sociedades y pilar de la cohesión social, de larga raigambre en la tradición peronista. No podemos ignorar que hoy ya no son homologables la inclusión social y la inclusión por el trabajo, como algunos pretendían durante los años del capitalismo de pleno empleo; sin embargo, el derecho al trabajo subsiste como demanda popular y como apelación pública, y desde este lugar se construyen subjetividades, y también políticas públicas. Considero acertados los planteos de Alejandra Beccaria y Claudia Danani (2011), quienes afirman que la actual expansión de la cobertura de los mecanismos de previsión social conserva las invocaciones al principio de los “derechos del trabajo”, pero reclamando a la vez el reconocimiento de la universalidad. Pero podríamos agregar que no ya como principios filosóficos antagónicos en la construcción material y simbólica de la protección, sino antes bien, como necesaria articulación que libera a los “derechos del trabajo” de su restrictiva matriz contributiva. En otras palabras, se están reconociendo los mismos derechos a formas diversas de inserción por el trabajo (o categorías diferentes de trabajadores: formales, informales, precarizados, amas de casa), ampliando en ese acto los contenidos de estas dos nociones que como veíamos, son centrales para comprender la estructuración de la política social. Allí, las autoras señalan: “la contra-reforma previsional que analizamos puede ser entendida como parte de un proceso mediante el cual se asoma una nueva matriz de intervención social del estado: una matriz cuya primera característica es que los beneficios son enunciados como [alguna forma de] materialización de derechos sociales, y no como derivación o premio de algún mérito o decisión individual (sea el éxito o la compra de servicios). En segundo término, esa matriz de intervención sostiene como fundamento de esos derechos en primer lugar al trabajo, pero acto seguido reclama el reconocimiento de la universalidad (cual sociedad del trabajo). Finalmente, esa matriz de intervención deposita en la seguridad social una serie de atributos y misiones que defiende como legítimas competencias estatales: la protección, la redistribución, la solidaridad y la inclusión social.” Esta nueva matriz de intervención identificada es observada también por otros autores, quienes proponen leerla en el marco de una batería de medidas más amplia, que han actuado concurrentemente en el sentido de 259
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ampliación del acceso a derechos sociales. Maier y Carballeda (2012) nos hablan de una “nueva centralidad del Estado” en la cual se inscriben muchas medidas concretas: “la Ley de Salud Mental, el Matrimonio Igualitario, la Ley de Medios, un mayor porcentaje del PBI destinado a la educación, las políticas sociales integrales que se apoyan en una noción dinámica y sostenida de los Derechos Humanos, haciéndolos dialogar con los derechos sociales. Estas cuestiones, sumadas a la tendencia a desarrollar esquemas transversales de intervención desde lo público, muestran un sentido novedoso que puede reconocerse en estrategias anteriores a la Dictadura Militar, pero que no repiten mecánicamente los esquemas del Estado Social desmantelado durante décadas, sino que parecieran adaptarse a nuevos contextos y situaciones.” Así, vemos lo que quizás pueda ser el indicio de una nueva concepción para las políticas sociales, donde se asegure un piso mínimo universal fundado en principios de integración social, el cual puede –y debería– combinarse con políticas selectivas estratégicamente integradas. Porque los derechos no requieren ser meramente declamados ni son “puestos a disposición” para ser utilizados o reivindicados, sino que requieren de un esfuerzo social para que sean, primero, reconocidos a todos los ciudadanos, y luego, asegurados – en términos de acceso real y efectivo– también a todos, sin distinción de pertenencia social ni inserción laboral. Y en ese sentido, es imprescindible tanto apuntalar las capacidades estatales en la generación, expansión y sostenimiento –material y simbólico– de las políticas públicas que han ido construyendo estos procesos, como reclamar mayores niveles de discusión pública e institucionalización de tales políticas, como componente necesario de la garantía de su perduración.
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