Impreso por Alex Ruiz Poyatos. Prohibida su reproducción.
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EL MUNDO. DOMINGO 7 DE JULIO DE 2013
OPINIÓN
ELPMUNDO
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des suizas habían requerido información a su banco como consecuencia de la comisión rogatoria enviada desde España, se entrevistó con Arenas y le pidió que informara a Rajoy del dinero que tenía allí y de que había regularizado su situación con Hacienda, aprovechando la amnistía fiscal de Montoro. También le dijo que para proteger al PP del previsible escándalo lo mejor sería que dejara de cobrar del partido y pusiera fin a sus 30 años de relación laboral mediante el correspondiente finiquito. Arenas niega que esa conversación se produjera nunca. Según Bárcenas, al cabo de unas semanas, ya en diciembre, Arenas le llamó desde Sevilla para decirle que había hecho la gestión. Quedaron inicialmente «a mitad de camino» en un restaurante cercano a Córdoba, pero Bárcenas le dijo luego que ya que iba a coger el AVE no le importaba hacer el trayecto completo. Entonces quedaron en el restaurante Oriza de Sevilla y en el transcurso de un almuerzo Arenas le contó que se había reunido con Rajoy en La Moncloa y le había transmitido su propuesta. De acuerdo con su versión, Arenas le dijo que el presidente pensaba que, puesto que ya había regularizado su situación fiscal, lo mejor era dejarlo todo como estaba. Arenas niega haber estado en el restaurante Oriza de Sevilla con Bárcenas en ningún momento del año pasado. Bárcenas me dijo que comprobaría el día exacto de la cita a través de su agencia de viajes pero su ingreso en prisión le ha impedido hacerlo. Bárcenas también me dijo que Arenas le había contado –no me quedó claro si en esa o en otra reunión– que Rajoy estaba muy preocupado porque Lapuerta le había «chantajeado» para colocar en las listas electorales tanto de las municipales como de las generales a su protegida política Carmen Rodrí-
«En las actuales circunstancias lo último que conviene a España es que caiga este Gobierno» guez Flores. Según Bárcenas, Lapuerta le había dicho a él mismo que Rajoy «le estaba dando largas» y que, como no podía consentirlo después de tantos años de «servicios al partido», estaba dispuesto a utilizar la «contabilidad B» para presionarle. Bárcenas asegura que él trató de convencerle de que no lo hiciera. Bárcenas me contó que lo hasta ahora publicado no es sino una pequeña parte de la documentación
que obra en su poder. Sostiene que, además de los originales de las fotocopias realizadas por Trías, conserva la «contabilidad B» de los años no publicados y que en ella hay pagos en negro a dirigentes del PP –incluido uno que, según él, pidió luego una compensación por pasar de un cargo público a otro menos remunerado–, a un ex dirigente del PSOE y a algún periodista. Mayor aún sería la trascendencia, de acuerdo con su versión, de otros documentos y discos duros que probarían la sistemática financiación ilegal de las campañas del partido. Bárcenas no quiso concretar más pero en un momento de la conversación dijo que la divulgación de esos documentos haría «caer al Gobierno» y añadió que daba por hecho que yo compartía su criterio de que «en las actuales circunstancias lo último que le conviene a España es que caiga este Gobierno». Yo le contesté que en cualquier circunstancia lo último que le conviene a cualquier democracia es estar asentada sobre la mentira. Bárcenas me contó algunas anécdotas relacionadas con la compra de trajes para Rajoy con cargo a la caja B del partido, implicando en la selección a su propio sastre y al ex dirigente Juan Costa, con fama de elegante. Respecto al origen de su fortuna en Suiza, Bárcenas sostiene que es «completamente lícito» y «no tiene nada que ver» con el PP, sino que procede de transacciones en Bolsa y otros negocios. Ante mi reiterado escepticismo, aseguró que podrá demostrarlo cuando llegue el momento del juicio oral. Añadió que la testigo que había declarado al juez haber cobrado por fingir compraventas de cuadros, había tratado en realidad de extorsionarle a él. No había visto nunca antes a Luis Bárcenas pero reconocí en él al personaje rocoso, concienzudo y rotundo, magistralmente descrito por Raúl del Pozo a través del prisma de su Tercer Hombre. Fueron cuatro horas mirándonos a los ojos sin parpadear. Al término de la conversación le dije que si estaba en condiciones de probar documentalmente, y en sede judicial, la mitad de lo que me había contado, provocaría una gran catarsis en el sistema político español y prestaría un importante servicio a la sociedad. Pero que mientras no lo hiciera, su situación se parecería cada día más a la de Amedo cuando, por hechos de naturaleza muy distinta, fue condenado a 108 años de cárcel para hacerle pagar tanto por sus propias culpas como por las ajenas. Y en ese punto estamos. pedroj.ramirez@elmundo.es Siga todos los días el Twitter del director de EL MUNDO en: twitter.com/pedroj_ramirez
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El PSOE ya tiene un modelo, el PP debe aceptar el guante TRAS UNOS meses de tiras y aflojas provocados por las exigencias del PSC, el Consejo Territorial del PSOE aprobó ayer por unanimidad en Granada un documento en el que se propone una reforma de la Constitución para «revisar y actualizar» el Estado autonómico, con el objetivo de federalizar el modelo. El documento propone, entre otras cosas positivas, clarificar y delimitar la distribución de competencias del Estado y las autonomías para acabar con la confusión actual, así como una reforma en profundidad del Senado para que se convierta en una Cámara territorial. Y entre las más discutibles casbe citar la incorporación de los hechos diferenciales de algunas comunidades a la Constitución, un nuevo sistema de financiación y blindar los servicios básicos. Con esta iniciativa, el PSOE da un paso importante, serio y concreto hacia la reforma constitucional. Un movimiento político que el PP debe tomar en consideración. Sin el consenso de ambas formaciones, los cambios que la Constitución necesita después de 35 años en vigor son imposibles. Es verdad que hay algunos aspectos concretos de la propuesta que no compartimos. Empezando por la equidistancia del documento entre «la tentación centralista y la tentación secesionista». Lo que Rubalcaba
llama «recentralizar» es una determinada forma de entender España, discutible pero legítima. El independentismo es, en cambio, una manera de destruirla. Tampoco nos parece adecuado el principio de ordinalidad, que supone que el ránking autonómico no se vea alterado por la solidaridad. La exigencia del PSC asumida por el PSOE supone establecer límites a la solidaridad interregional de las autonomías más ricas con respecto a las más pobres. A pesar del consenso logrado, los socialistas catalanes no quisieron cerrar la reunión sin polémica al asegurar que el documento incluye la posibilidad de que se reconozca en la Constitución que Cataluña es una nación, como se recoge en el preámbulo del Estatut. Rubalcaba lo negó. Más allá de esta división interna, el PSOE ha ofrecido al PP un guante que Rajoy debe aceptar para pactar una reforma de la Constitución. En este momento, el PP es la única formación parlamentaria que no quiere oír hablar del asunto. Tanto el vicesecretario González Pons como el ministro de Hacienda descalificaron ayer la propuesta socialista. Montoro dijo que no es el momento de «proyectos quiméricos» de reforma constitucional, sino de «vencer la crisis». Como si la crisis del Estado no afectara, y mucho, a la marcha de la economía.
Urge una acción coordinada contra los abusos de Google GOOGLE se ha convertido en sinónimo de internet al estar presente en todas las facetas de la Red. Es el buscador por excelencia, su servicio de correo electrónico es una referencia y ha creado una panoplia de servicios que hacen de la compañía de Mountain View (California) el dominador de su sector. Google ganó en todo el mundo 10.737 millones de dólares en 2012... pero apenas paga impuestos allí dónde está. El grupo nunca ha informado de su facturación real en España, pero se estima que mueve un negocio de 900 millones de euros por los que en 2011 sólo dejó en Hacienda unos 33.000 euros en impuestos, tras declarar oficialmente unos ingresos de únicamente 38 millones, como informamos hoy en Mercados. Así, mientras que las operadoras de telecomunicaciones pagan de media en impuestos el 28% de su base imponible y los editores de prensa ingresan en Hacienda un 20% de su facturación, Google sortea sus obligaciones tributarias –en España y en otros países– mediante intrincados laberintos societarios que pasan por países demasiado laxos, como Irlanda y Holanda, y terminan en un paraíso fiscal. Es
una burla que quien controla el 97% del mercado como agregador de contenidos y domina de forma absoluta la publicidad en internet pueda quedar exento de pagar impuestos. No se explica la pasividad de los Estados por atajar esta situación de privilegio que va más a allá de lo fiscal. Google está siendo investigado por la Comisión Europea desde 2010 por abuso de posición dominante por dirigir las búsquedas del usuario hacia sus propios servicios y controlar el mercado publicitario en internet. Y no es admisible que Google haga negocio con contenidos ajenos sin pagar una compensación por ello. Pero en este tiempo Bruselas sólo ha logrado abrir una negociación con el buscador que se alarga sin resultados. Urge, pues, un plan de acción que excede las competencias de los gobiernos nacionales. Bruselas debe concluir cuanto antes su investigación y la OCDE tiene que acelerar las negociaciones para terminar con esas lagunas fiscales entre países de las que se benefician sobre todo las empresas tecnológicas. Google debe competir con las mismas reglas que las demás empresas. Ni más ni menos.