PROPUESTA DE PAÍS PARA UN NUEVO COMIENZO Por Guillermo Moreno Al confesar su fracaso en alcanzar los objetivos del milenio, en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 21 de octubre, el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, estaba admitiendo que los primeros 10 años del siglo XXI, de los cuales él ha gobernado 6, representan una década perdida para la República Dominicana. El auge y expansión del narcotráfico, la generalización de la violencia e inseguridad ciudadanas, la corrupción que alcanza niveles de verdadera “pandemia”, el deterioro de la institucionalidad democrática, la quiebra del aparato productivo nacional, el irresponsable endeudamiento público, la ausencia de efectivo control migratorio, los altos niveles de inequidad social, son las más graves y persistentes amenazas a que se encuentra sometida la República Dominicana en estos momentos. Se precisa de una Propuesta de País que identifique el conjunto de reformas y transformaciones necesarias para producir un cambio de rumbo en este estado de cosas, haciendo posible un Nuevo Comienzo de democracia, soberanía, equidad social y bienestar para todos/as.
I LA PROPUESTA DE PAÍS La propuesta de país que sustentamos se articula en tres ejes fundamentales. Examinemos cada uno por separado, por razones puramente expositivas.
EJE UNO: INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANAS El título de este eje uno revela que se trata de producir una profunda reforma política en la República Dominicana. La reforma política es condición imprescindible para las necesarias reformas sociales y económicas. No es posible impulsar estas últimas con poderes públicos, representantes y autoridades actuando al margen de la ley; sin seguridad jurídica y sin la vigencia de un Estado
democrático de derechos; en ausencia en el Estado de una burocracia de carrera, capaz y eficiente; sin un gobierno honesto, transparente y que rinda cuentas. No es posible convocar a la sociedad a asumir las grandes metas nacionales, con los actuales niveles de violencia e inseguridad pública; no es posible empoderarla de las metas nacionales si no se profundiza la democracia y si no se amplía la participación ciudadana; sin actores políticos creíbles y comprometidos con la democracia, respetuosos de las instituciones y las leyes. El proceso de reforma política, sería errado entenderlo así, no es primero a los otros procesos de reformas social y económica, sino que todos deben producirse de manera concomitante y complementaria, para del conjunto generar un círculo virtuoso que cree una nueva situación y un ambiente esperanzador en el país. La reforma política comprende muchos aspectos. A continuación se identifican apenas las tareas que resultan impostergables. En cada uno nos limitamos a indicar la perspectiva en que actuará la voluntad política: 1.- Legalidad. La clave para alcanzar la institucionalidad democrática empieza por someter a los poderes públicos y a las autoridades a la legalidad, haciendo respetar la ley y el Estado de derecho en forma estricta. 2.- Poder ciudadano. La clave para profundizar la democracia está en crear vías eficaces para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, y para ejercer formas de control sobre los representantes; haciendo del poder local un eje fundamental para la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas de los territorios y comunidades donde habitan; desarrollando una ciudadanía consciente de sus derechos, además de responsable en el cumplimiento de sus deberes; en fin creando el poder ciudadano y haciendo cada vez más participativa nuestra democracia. 3.- Democratización. La clave para la democratización de la sociedad está en definir políticas y abrir las vías efectivas para la inclusión de los sectores tradicionalmente marginados de la participación en las distintas esferas de poder social y político. En especial hay que incorporar a la mujer en condiciones de igualdad de derechos; asimismo, hay que abrir oportunidades reales de participación a la juventud, asumiendo a estos sectores como ejes transversales del conjunto de las políticas públicas en general. 4.- Corrupción. La clave para desarrollar una cruzada nacional exitosa contra la corrupción supone convertir en voluntad política de Estado dos líneas de acción que son complementarias: i) Acabar con la impunidad, poniéndole fin a la reiterada política del “borrón y cuenta nueva”, investigando y sancionando toda forma de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos, creando la Procuraduría General de Persecución de la corrupción, con real autonomía presupuestaria y administrativa; y ii) la implementación de reales políticas de prevención de la corrupción, empezando en el propio poder ejecutivo, sometiendo a los demás poderes del Estado y a los distintos ministerios a verdaderos sistemas de controles internos y externos a través de la
Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas; haciendo que se respete, entre otras, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, así como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, para fortalecer la vigilancia y control ciudadanos. 5.- Carrera administrativa. La clave para la profesionalización y racionalización de la administración pública y enfrentar el clientelismo, el amiguismo, el nepotismo, las nominillas y las botellas es la aplicación de la carrera administrativa y Ley de Función Pública, para alcanzar una burocracia honesta, estable, eficiente, capaz. En la administración pública hay que institucionalizar por lo menos los siguientes cinco aspectos: i) Acceso por riguroso concurso público de oposición que permita ponderar en igualdad de condiciones los méritos de los competidores por los cargos públicos; ii) Un sistema de carrera regido por el principio del mérito conlleva un proceso de capacitación y profesionalización permanente; iii) Sistema de evaluación periódica de desempeño para el asenso y remoción del servidor público; iv) Unificación de las políticas salariales en el sector público conforme a la escala jerárquica y a la clasificación de puestos de trabajo; v) Sistema de pensiones y jubilaciones que permita a todo servidor público sobrellevar los accidentes, lesiones, enfermedades y la vejez en condiciones dignas. 6.- Delincuencia, violencia y seguridad ciudadana. Para enfrentar los altos niveles de delincuencia y de violencia que se registran en el país, y avanzar hacia una sociedad en que predomine la seguridad pública y una cultura de paz, la clave está en convertir en voluntad política de Estado las siguientes líneas de acción: Por un lado: i) desarrollar una estrategia para la prevención general, focalizando ésta conforme la geografía y sociología del delito y la violencia en el país; ii) programas para disminuir el consumo de sustancias controladas; iii) políticas para la reeducación del infractor y su reinserción social. iv) Son parte de esta política de prevención la implantación de un sistema educativo universal, gratuito y de calidad, en toda la geografía nacional, que incluya la instauración de la tanda única, la conversión de los liceos de educación media (bachillerato) en liceos politécnicos; v) también la promoción de políticas de empleo, de desarrollo del deporte, de la cultura y el arte en todos los barrios y comunidades del país. Por otro lado: Hacer que las autoridades y órganos de investigación y persecución del delito y del crimen actúen con determinación y firmeza para que se sancione a los violadores de la ley, terminando con la impunidad y los privilegios en la aplicación de la ley. A esos fines, i) Quebrar la estructura de complicidad con el narcotráfico y el delito en los organismos de seguridad del Estado y el poder civil; ii) rehacer la Policía Nacional, suprimiéndole su carácter militar y autoritario, extirpando la corrupción y los grupos que operan a su interior, sometiéndola a rigurosos sistemas de control interno; convirtiéndola en un cuerpo civil, respetuoso del Estado democrático de derechos, tecnificado y en capacidad de actuar eficazmente en la prevención del delito y
el crimen, mejorando sustancialmente las condiciones salariales y de vida de sus miembros; iii) fortalecer el Ministerio Público como órgano de investigación y de persecución del delito, eliminando de él toda forma de corrupción y politización, proveyéndole de los medios técnicos y la capacitación permanente para el desempeño de sus funciones, garantizándole su independencia. 7.- Actores Políticos y Sistema Electoral. En la democracia dominicana los partidos políticos son la fuente principal de donde provienen los representantes y autoridades que integran los poderes públicos y ministerios del Estado. Por eso tendremos la calidad de gobernantes y representantes conforme la calidad de políticos que prohíjen los partidos. La clave para enfrentar el manejo clientelar, autoritario y corrupto que domina en muchas de las organizaciones políticas dominicanas está en la adopción de una Ley de Partidos que establezca los medios de control para garantizar el origen lícito de la financiación, el apego al ordenamiento constitucional y legal y a los métodos y procedimientos democráticos. Asimismo, en la tradición dominicana, elecciones tras elecciones, con contadas excepciones, se suceden constantes experiencias frustratorias de fraudes electorales, “gacetazos”, desaparición de urnas, alteración y trastrueques de resultados con las subsecuentes crisis postelectorales. En la democracia, el órgano electoral es el árbitro imparcial imprescindible para garantizar autoridades legítimas surgidas de elecciones transparentes y confiables. La clave está en crear el Poder Electoral, con rango constitucional, garantizando su independencia política y presupuestaria, la profesionalización y su propia carrera administrativa, eliminación de la partidarización de los titulares de las funciones electorales, otorgándole al poder electoral plenas facultades para reglamentar y calendarizar los procesos y las campañas electorales, el uso de los recursos y de los medios de comunicación y de la publicidad política, garantizando igualdad de oportunidades, fomentando el debate de ideas y de propuestas, así como la regulación de los partidos conforme la ley que los rija. 8.- Consolidar Soberanía Nacional. Los procesos de integración con economías de mayor desarrollo económico, sin la reestructuración de nuestro aparato productivo ni haber creado condiciones de competitividad, nos ha hecho un país importador-dependiente. Asimismo, el aumento irresponsable del endeudamiento externo somete nuestra economía a los dictámenes de organismos y controles internacionales inaceptables. Además, el Estado Dominicano no tiene un efectivo control de sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Todo lo anterior significa que el Estado dominicano tiene ante si como uno de sus grandes retos la consolidación y afirmación de su soberanía en lo económico y en lo político. De manera particular el Estado Dominicano tiene que definir una clara política de relación con la hermana República de Haití, con la que compartimos la isla Hispaniola. El punto de partida es que desde la dirección del Estado se asuma como una prioridad el control estricto de la frontera terrestre. Enfrentar en forma firme y definida el contrabando de mercancías y de armas, tráfico de drogas y de personas. Aplicar la ley de migración y los reglamentos que de ella se deriven. En lo laboral, igualar las condiciones de trabajo de los trabajadores dominicanos y de los extranjeros; establecer controles para que en ningún sector de la economía los empleadores excedan el porcentaje de ley para la contratación de mano de obra extranjera; establecer y aplicar
definidas sanciones al empleador que viole los dos preceptos anteriores; repatriación ordenada y conforme a los estándares del derecho internacional de todo extranjero que no cumpla con las normas migratorias vigentes. Adicionalmente hay que dar los pasos para concertar un Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Haití para definir precisas políticas de intercambio de mercancías, capital y trabajo, así como los asuntos ambientales, migratorios, sanitarios y represivos.
EJE DOS: UNA GRAN REFORMA SOCIAL La idea cardinal del proceso de reforma social que impulsaremos es una sencilla verdad: Si bien los seres humanos tienen entre si diferencias de talentos, de aptitudes o de formación, al margen de ello, son iguales en derecho y en dignidad. Se trata de construir una sociedad que garantice a todos/as “igualdad de oportunidades”, y por tanto, que no sea el origen social, el sexo o el color de la piel lo que determine que una persona pueda o no disfrutar o ejercer sus derechos sociales fundamentales. Si la República Dominicana es hoy una sociedad con una marcada desigualdad social, no se debe, a que no produzcamos abundante riqueza, sino que la causa está en la forma como ésta se distribuye. Tampoco se debe a que hayamos tenido un Estado pobre, porque al producirse el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo el Estado dominicano se hizo propietario de inmensas riquezas expropiadas a familiares y allegados del dictador, y además, en todas estas décadas el Estado ha percibido, por múltiples fuentes, suficientes recursos para que la nuestra fuera hoy una sociedad menos desigual. La República Dominicana ha padecido por décadas a un liderazgo tradicional sin compromiso social, que nos ha situado en América Latina como uno de los tres países de menor inversión social, en proporción al producto interno bruto. Hay un profundo desencuentro entre las que son las prioridades de la gente y las prioridades de los que han gobernado el país. En todos estos años ejerciendo el poder, las prioridades del liderazgo tradicional ha sido favorecerse y facilitar la acumulación de riquezas a los grupos económicos tradicionales; fomentar el clientelismo; tolerar y propiciar la corrupción, garantizar la impunidad y dilapidar bienes y recursos estatales. De esa forma nos quitan a dominicanos/as la oportunidad de desarrollar nuestras vidas en una sociedad más justa. El carácter injusto del modelo económico vigente en la República Dominicana se hace evidente, año tras año, al registrar crecimiento económico sin que disminuya, en proporciones aceptables, los niveles de inequidad social. Una mejor distribución de la riqueza social no se alcanza repartiendo “funditas” o fomentando el clientelismo, las botellas o las nominillas o creando sistemas de dádivas estatales que alimentan el “parasitismo” social, sino a través de decididas políticas de creación de empleos productivos y decentes, e interviniendo para garantizar en la población el disfrute de sus derechos sociales fundamentales a la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, el agua potable, la vivienda y el transporte.
Es decir, el modo como nos proponemos articular crecimiento y generación de riquezas con una distribución equitativa de ellas, y por tanto disminuir los actuales niveles de desigualdad social, es impulsando una gran reforma social que impacte directamente la calidad de vida de las grandes mayorías nacionales, y sobre todo, que le abra oportunidades a todos y todas de convertirse en sujetos en capacidad de generar por si mismo riqueza social. En este contexto, el principal sostén de esta gran reforma social viene a ser el impulso decidido, con carácter de prioridad nacional, de un sistema educativo de calidad, que sea a su vez, un eje transversal de todas las demás políticas públicas. En esta exposición nos limitamos a señalar las líneas generales de la reforma que impulsaremos en los sistemas educativos y de salud, dejando las otras reformas sociales para ulteriores desarrollos. 1.- Revolución Educativa. A) La situación de la educación nacional se caracteriza, entre otras, por niveles de analfabetismo por encima de dos dígitos y elevada deserción escolar; precarias condiciones en muchos centros docentes; falta de escuelas en muchas comunidades; pocas horas diarias de docencia en la escuela pública; falta de calidad del sistema educativo para garantizar la adecuada formación cognoscitiva que desarrolle en el educando su capacidad para pensar y crear, para aprender a aprender; y por tanto, que capacite a sus egresados como ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y que les integre al mundo productivo y ocupacional; docentes con salarios de miseria y precarias condiciones de protección y seguridad social, y sin programas de capacitación y actualización permanentes. Para enfrentar y transformar las condiciones descritas en que se desenvuelve el sistema educativo, se precisa de una verdadera revolución educativa. Se trata de que el Estado asuma como una real prioridad la inversión en el sistema educativo, a partir de un plan estratégico que identifique prioridades a corto, mediano y largo plazo, hasta alcanzar la cobertura universal en la educación inicial, básica y media, garantizando su calidad y su carácter gratuito. Entre las medidas concretas a ser adoptadas están: i)
ii)
iii) iv) v)
Garantizar el cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación que asigna el 4 % del producto interno bruto, bajo el compromiso de aumentarlo progresivamente a un 6% y a un 8% en los próximos 10 años. Erradicar el analfabetismo en toda la población, en un plazo máximo de dos años, provocando para ello una movilización general de la sociedad y utilizando las experiencias exitosas y los medios tecnológicos disponibles; Implementación de estrategias específicas para evitar la deserción escolar; Desarrollo de programas de capacitación permanente para los analfabetos funcionales; Garantizar la cobertura universal en la educación inicial en todo el país, desarrollando en los educandos la capacidad de comunicación, de
vi)
vii) viii)
ix) x)
comprensión, de creatividad, de razonamiento y de pensamiento lógico, haciendo especial énfasis en el dominio del lenguaje y de las matemáticas. Crear la tanda única en la educación pública de 8 A M a 5 PM. La tanda única comprende, además de la formación académica, las actividades adicionales de desarrollo cultural, idiomas, laboratorios, arte, deporte, sala de tareas, extensión comunitaria. En la tanda única se incluye, además del desayuno, el almuerzo para alumnos, docentes y empleados. Desarrollar un agresivo plan de restauración y readecuación, de todos los planteles escolares que así lo requieran, y construcción de nuevos hasta alcanzar la cobertura total, garantizando que la cantidad de alumnos por aula no exceda un número entre 20 y 25 alumnos. Convertir progresivamente todos los centros de educación media, (el bachillerato), en liceos politécnicos; Garantizar al docente un sueldo base por tanda única equivalente a US$1,000.00 mensuales, además de los incentivos de ley, y un amplio sistema de protección y de seguridad sociales. Desarrollar con los docentes programas de capacitación y evaluación permanentes.
B) La revolución educativa abarca también el sistema educativo superior. Éste se integra, conforme la ley 139-01, por las universidades, los institutos especializados de estudios superiores (IEES) y los institutos técnicos de estudios superiores (ITES). Como hay que suponer, las deficiencias ya vistas del sistema educativo dominicano se reflejan en el sistema de educación superior, a las que se le añaden las propias que tiene la formación de técnicos y profesionales en el país: baja inversión en la educación superior, que actualmente promedia el 0.25 % del producto interno bruto, siendo el más bajo de América Latina. Deficiente nivel académico de los estudiantes que ingresan, especialmente en lenguaje y matemáticas; baja formación científica y pedagógica de docentes, muchos de los cuales son profesores por materia y se desenvuelven en un esquema de “pluriempleo”; muy baja investigación y producción científica y tecnológica; los currículos y las materias son concebidas en una casi absoluta desconexión de la producción y el trabajo; falta de intercambio científico y académico entre las universidades del país, y entre éstas y centros académicos extranjeros; concentración de las universidades en determinadas zonas y ausencia notable en otras; muy escaso equipamiento científico y tecnológico como aulas virtuales, laboratorios, bibliotecas; los docentes y estudiantes tienen muy poco apoyo en el sistema de transporte, residencias universitarias, crédito educativo a bajas tasas, alimentación, materiales y útiles educativos o becas. Entre las medidas concretas a ser adoptadas están: i) Teniendo como eje central la Universidad Estatal, alcanzar una inversión en el sistema educativo superior equivalente a por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto, en la perspectiva de su incremento progresivo, haciendo un énfasis especial en la promoción de
la investigación científica y tecnológica vinculada a los planes de desarrollo nacional, la producción, el medio ambiente, la educación, la salud y la energía, entre otros. ii) Captación y contratación de profesionales de alto nivel y compromiso ético, para conformar en el sistema de educación superior un cuerpo docente altamente capacitado y en actualización permanente. iii) Desarrollo equilibrado del sistema de educación superior en todas las regiones del país. iv) Invertir la pirámide en el sistema de educación superior, estimulando el desarrollo de los Institutos Técnicos de Estudios Superiores (ITES) y los Institutos Especializados de Estudios Superiores (IEES). v) Promover en el sistema de educación superior carreras profesionales y técnicas tomando muy en cuenta las necesidades de la producción, el comercio, la cultura y los servicios de la región donde esté ubicado el centro. vi) Definir políticas de apoyo a los estudiantes del sistema de educación superior, facilitando transporte, residencias, becas, préstamos de estudio a bajo interés; libros, útiles y materiales de bajo costo. vii) Definir políticas para la integración de la educación superior y la producción de bienes y servicios, y en ese sentido desarrollar programas de empleo de medio tiempo en el Estado y en el sector privado, en secretarías y en empresas vinculadas al área de profesionalización. viii) Programas de pasantía remuneradas adecuadamente, para todas las profesiones, como medio de facilitar el ingreso a la producción y al trabajo. ix) Programas para profesores y estudiantes de becas e intercambios y relaciones con las principales entidades científicas del mundo, aprovechando todas las oportunidades disponibles de financiamiento y de apoyo. x) Programas de financiación para investigaciones aplicables al trabajo de grado y para la publicación de las que tengan mayor calidad y trascendencia. 2.- La Salud: Derecho de Todos y Todas. Con la promulgación de la Ley de Seguridad Social No.87- 01, el Sistema Nacional de Salud ha pasado a tener dos órganos rectores, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). La situación de la salud y la seguridad social en la República Dominicana es muy grave, especialmente para los pobres y muy pobres, produciéndose miles de muertes que pueden prevenirse; el país tiene el deshonroso mérito de contar con uno de los índices más alto de la región en mortalidad maternoinfantil; la atención primaria está lejos de ser el eje de todo el sector, y los miles de promotores de salud se encuentren dispersos y en deplorables condiciones de trabajo;
médicos, enfermeras y la mayoría del personal de salud, siguen sin salarios decentes y sin protección laboral; El presupuesto del sector salud en la República Dominicana ha estado siempre por debajo del 2% del producto interno bruto. El Estado apenas invierte un tercio de los gastos de las familias en salud, correspondiendo a éstas aportar los dos tercios restantes. A la baja inversión del Estado en salud, se agrega el manejo corrupto e ineficiente de la mayoría de los titulares de Salud Pública, sin establecer claras líneas de prioridades en función de las reales necesidades de salud de la gente. La entrada en funcionamiento de la Seguridad Social no ha supuesto las mejoras anunciadas. Su cobertura es muy limitada, los servicios de salud se han encarecido; han sido excluidos grupos como los envejecientes y los jubilados; asimismo han sido eliminados los servicios psicológicos, psiquiátricos y los tratamientos de enfermedades terminales. Hay serios conflictos entre clínicas privadas y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El sistema que se trata de implementar, orientado por los valores de equidad, solidaridad y ampliación universal de la cobertura de salud, resulta inviable en la medida en que se apoya en prestadores de servicio de salud orientados por la búsqueda de ganancias. El proceso de transformación del sector salud tiene como punto de partida que la salud, o más aún, una salud de calidad, es un derecho fundamental de toda persona humana. Para la transformación del sector salud, el Estado tiene que asumir un triple papel: 1º.definir y ejecutar las políticas públicas que sean necesarias para garantizar al universo de la población la prevención de muertes, enfermedades, incapacidades y violencias evitables, y en esa virtud, debe crear las condiciones para que todos y todas tengan la oportunidad de una vida más sana, saludable y prolongada; 2º.- Hacer las inversiones necesarias en hospitales y en el Instituto Dominicano de Seguridad Social, para garantizar un servicio de salud de calidad a los pobres, muy pobres, trabajadores y sectores medios que carezcan de los recursos para proveérselo por si mismos; 3º.Asumir la rectoría y regulación de los servicios de salud, no sólo del sector público sino de los prestatarios privados de servicios médicos, asumiéndolos como aliados, pero estableciendo reglas claras, y reales sistemas de fiscalización, para: primero, garantizarle al usuario la prestación efectiva del servicio por el que paga o cotiza; segundo, establecer el porcentaje aceptable de ganancias, evitando la especulación y la mala práctica; y por último, ofrecer la necesaria seguridad jurídica para la inversión y desarrollo de las empresas privadas que ofertan servicios de salud. La transformación de la actual situación del sector salud requiere, entre otras, de las siguientes medidas concretas: i)
Elevar el presupuesto de salud a por lo menos un tres por ciento del PIB hasta llevarlo en los próximos diez años al 6 %, estableciendo con toda claridad las prioridades y las metas a alcanzar en cada momento o período y garantizando una ejecución pulcra, austera y eficiente;
ii)
Institucionalizar el Sistema Nacional de Salud, eliminar la politiquería y el clientelismo; asegurar el ingreso por concurso y el ascenso en base a la capacidad y el mérito; profesionalizar los distintos actores que participan, estableciendo una remuneración digna para todos los profesionales de la salud en los centros públicos, disponiendo al mismo tiempo los controles para que cada quien cumpla adecuadamente con los horarios y las obligaciones propias del servicio público de salud;
iii)
Humanizar los servicios de salud, enfocándonos sobre todo, en su capital principal que son los recursos humanos que intervienen, desde el promotor de salud hasta el especialista;
iv)
Hacer gobernable al sector salud, unificando las políticas públicas que se adopten, al tiempo que se descentraliza en la ejecución y gestión de las mismas.
v)
Es posible y necesario darle prioridad a la atención primaria, en base a la incorporación de por lo menos 40,000 promotores de salud, que en combinación con los más de 400 centros de Salud Pública, garantizarán en los 155 municipios del país la implementación de las medidas básicas y atenciones preventivas de más del 80% de todas las enfermedades previsibles y evitables en el país. Junto a estos promotores hay que movilizar de forma permanente a más de 120,000 voluntarios por calles, manzanas, sectores, barrios, urbanizaciones, parajes, secciones y distritos municipales en todo el país.
vi)
El médico de familia, en todos los barrios y comunidades rurales, será un eje clave en la estrategia de prevención de las enfermedades. A estos fines aprovechar mejor los 6 años de estudio de los estudiantes de medicina, concertando acuerdos con las universidades. Desarrollar un programa nacional de pasantía con los médicos recién egresados, garantizándoles un salario digno, condiciones laborales adecuadas y facilidades de apoyo para su especialización como médico de familia.
vii)
Disminuir a niveles tolerables la mortalidad materno-infantil. Para ello hay que hacer una cruzada permanente por la vida para evitar que madres y niños y niñas mueran en labor de parto o al nacer. Debemos articular una gran alianza del sector de salud, público y privado, de modo que todos los hospitales públicos y las clínicas privadas sean una sola red para salvar las vidas de más de 5,000 niños y niñas en riesgo de morir cada año, y más de 500 mujeres expuestas a fallecer en el parto. Esto significa asumir como población prioritaria a los 2.4 millones de mujeres en edad reproductiva, potenciales víctimas de muerte. Este énfasis especial debe verse como parte de una estrategia para la protección de la salud y atención integral a la mujer; a la protección de la madre y su integridad como prioridad a través de las tecnologías y medidas validadas y conocidas.
viii)
Erradicar la desnutrición de la niñez, empezando desde el embarazo de la madre y en los primeros 6 años de vida garantizando la alimentación y estímulos necesarios para el desarrollo físico e intelectual del recién nacido. Esto significa asumir también como población prioritaria el millón doscientos mil niños y niñas de 6 años o menos en todo el país.
ix)
Enfrentar con políticas y medidas precisas el embarazo en adolescentes, que se ha convertido en un serio problema de salud pública en el país, y es causa importante de los altos niveles de deserción escolar y factor de reproducción de la pobreza. Hay que desarrollar campañas permanentes a nivel nacional de promoción en salud, en pro del embarazo seguro y del retraso para tener la primera relación sexual, entre otras. Estos programas deben abarcar a toda la juventud del país, en las escuelas, colegios, universidades, comunidades y barrios, a través de un programa transversal de educación sexual y reproductiva. Garantizar a las adolescentes embarazadas su derecho a permanecer en las escuelas y colegios, durante y después del parto.
x)
Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica permanente para prevenir enfermedades infecto-contagiosas. Enfermedades como el dengue, malaria, leptospirosis, conjuntivitis, y otras que son recurrentes en la población, deben ser sospechadas y controladas desde la base misma de la sociedad.
xi)
Adoptar medidas permanentes de apoyo a la población para la higiene en el hogar, el suministro de agua potable, de servicio sanitario, letrinización y saneamiento comunitario.
xii)
Desarrollar estrategias específicas para las nuevas enfermedades que afectan a los hombres y a las mujeres económicamente activas, que son las llamadas nuevas epidemias del siglo XXI: hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares y el cáncer en sus diversas manifestaciones, en especial los que afectan los órganos reproductivos del hombre como el de próstata, y en la mujer los de cerviz y de mama.
xiii)
Declarar y enfrentar como verdaderas calamidades el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las lesiones y muertes por accidentes de tránsito, las lesiones y muertes violentas, la violencia doméstica y de género, el consumo de drogas, el alcoholismo y el tabaquismo.
xiv)
La política de salud ira de la mano con una política de asistencia y protección social a grupos focales, a los que por derecho el Estado debe brindarles atención especial, promoviendo el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Me refiero a discapacitados, envejecientes, madres solteras, desempleados, jóvenes y adultos alcoholizados o adictos.
EJE TRES: DESARROLLO NACIONAL CON INCLUSION SOCIAL En la actual economía globalizada, un país como la República Dominicana, no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el desarrollo nacional ofertando mano de obra barata o con la simple exportación de materias primas o con la explotación intensiva de sus recursos naturales o con endeudamiento externo o en base a nuestro limitado mercado interior. La Posibilidad para la República Dominicana de avanzar de forma sostenible hacia el desarrollo nacional, depende principalmente de que logremos un ritmo creciente de exportación de bienes y servicios. Para ello se requiere de la concurrencia de varios factores: primero saber cuáles sectores de nuestra economía, e incluso de modo concreto, cuáles bienes tienen “potencial” exportable; segundo: que haya la voluntad de Estado de invertir de la renta nacional, lo que sea necesario invertir, para crear las condiciones productivas favorables al crecimiento de dichos sectores de la economía y para capacitar de forma permanente profesionales, técnicos, productores y trabajadores garantizando así que se produzcan procesos continuos de innovación y de posicionamiento competitivo. Dicho lo anterior, es oportuno reiterar que el aumento de la capacidad productiva no es suficiente para el desarrollo integral de un país. Que es preciso que el crecimiento se articule con definidas políticas públicas, que efectivamente distribuyan en forma equitativa la riqueza social, posibilitando a la colectividad, la oportunidad de realizar sus vidas con dignidad y en el disfrute de sus derechos fundamentales. Ello depende en mucho de la acción de un liderazgo político y social responsable, honesto, capaz, con compromiso social y patriotismo. Para avanzar hacia el desarrollo nacional, el Estado debe asegurar la estabilidad macroeconómica, y sobre todo, asumir el compromiso de liderar los procesos de reformas políticas y sociales que garanticen la legalidad, la seguridad pública, la transparencia y la inclusión social, a las que nos referimos en los ejes uno y dos, respectivamente. La estrategia de desarrollo nacional con inclusión social tiene que estar presente, año tras año, en la elaboración y ejecución del Presupuesto General del Estado, estableciendo de forma clara y precisa la orientación del gasto público conforme las metas y prioridades de desarrollo establecidas. La estrategia de desarrollo nacional que se esboza, se afinca en la producción y el trabajo, o lo que es lo mismo, en el impulso del aparato productivo nacional (en especial la agropecuaria, la industria y el turismo), para alcanzar el crecimiento permanente de las exportaciones y la ampliación del mercado interno. Comprende además la definición de políticas respectos de temas de mucha trascendencia como el papel de las comunidades dominicanas en el exterior, el problema eléctrico, el endeudamiento externo, la reforma fiscal, el medio ambiente, entre otros.
1.- Sector Agropecuario. Para impulsar el desarrollo en el campo dominicano hay que incorporar a la producción agrícola millones de tareas actualmente ociosas o subutilizadas; definir estrategias específicas de estímulos de aquellos rubros con potencial exportable o que pueden “ganarse” el mercado interno y sustituir importaciones; apoyar el acceso del productor agrícola al crédito, a tasas adecuadas y estables, liberándolo de la especulación; desarrollar sistemas nacionales de prevención epidemiológica y fitosanitarios, así como de otros riesgos a los que regularmente se ve expuesta la producción agrícola; centros de producción de semillas certificadas que garanticen cultivos sanos con alta productividad; políticas de saneamiento y titulación de las tierras; instalación de invernaderos de tecnología aplicada; construir la infraestructura necesaria como carreteras, caminos vecinales de acceso a la producción, contra-embalses de agua, energía eléctrica, almacenes de acopio, frigoríficos, terminales de exportación, entre otros. Junto a la propiedad privada, hay que promover la propiedad cooperativa y asociativa, así como los encadenamientos productivos para incrementar la capacidad de producción y de exportación; 2.- Industria. Es necesario darle un fuerte apoyo a la industria, en especial a la mediana y pequeña empresas, que por demás son las que generan el mayor número de empleo.. Hay que hacer especial énfasis en las ramas que posibilitan el encadenamiento de diversas actividades productivas; mejorar la calidad de nuestros productos, de los empaques y de la gestión empresarial. Para dar el salto productivo tenemos que pasar de la explotación intensiva de los recursos naturales y de la mano de obra, a la producción de bienes, cada vez con mayor valor agregado. Para ello el Estado, en alianza con los productores, deben definir políticas para la capacitación y elevación permanente de la calificación de la mano de obra, invirtiendo en investigación y tecnología y en promover la innovación, haciendo acuerdos con universidades e institutos tecnológicos para mejorar la calificación profesional y laboral; acercando los centros de educación superior a la producción y garantizar programas de pasantía sostenibles. El Estado tiene que promover el trabajo decente, garantizando adecuadas condiciones laborales, salario justo, respeto a la legislación laboral y seguridad social. 3.- Turismo. La República Dominicana cuenta con un inmenso potencial turístico. Los millones de turistas que nos visitan anualmente son nuestro primer mercado de exportación. Hay que lograr empalmar el turismo con la producción agrícola, pecuaria y avícola. También con la industria y la artesanía. Hay que definir políticas concretas para diversificar la oferta turística y desarrollar el turismo cultural, ecológico e histórico. Desarrollar en las comunidades y en la población una cultura turística. 4.- Comunidades dominicanas en el exterior. No es posible pensar el desarrollo nacional sin la integración de más de un millón de dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. Se trata de una cuestión de primer orden. Ellos y ellas, con el envío periódico de sus remesas, son una de las principales columnas de sostén de la economía dominicana, con la ventaja de que ese dinero, en su mayoría, llega directamente a las manos de los sectores pobres y muy pobres. Hay que crear las condiciones de confianza y seguridad jurídica para que muchos de los y las emigrantes dominicanas puedan hacer inversiones
productivas o retornar, como es el deseo de una parte importante de ellos y ellas. Además, es necesario que nuestro servicio exterior le dé el apoyo debido a las comunidades de dominicanos/as, muchas veces sometidas a discriminación, exclusión o abusos. El Estado debe asumir las comunidades de dominicanos/as en el exterior como uno de los primeros mercados de exportación de nuestros productos. Hay que crear condiciones para estimular su reinserción y adaptación, a su retorno al país, y desarrollar políticas para estimular con ellos el turismo de reencuentro cultural y familiar. Tenemos que mantener y fomentar los lazos con la segunda y tercera generación de descendientes dominicanos en el exterior. 5.- Exportación. De modo reiterado se ha afirmado en esta propuesta que la sostenibilidad del crecimiento económico depende principalmente del aumento permanente de la capacidad de exportación del país. Para ello, el Estado, junto a los sectores productivos, deben identificar los bienes y servicios con potencial exportable; hacer las inversiones y definir las estrategias que permitan el incremento de la producción de bienes para la exportación cada vez con mayor valor agregado. Es necesario la promoción de una definida política de exportaciones a través de la ampliación y diversificación de nuestras relaciones comerciales, fortaleciendo las actuales instituciones vinculadas con la exportación, eliminando la dispersión, y sobretodo, poniendo el servicio exterior dominicano a jugar el papel que le corresponde. Lo primero es ocuparnos de que el mismo se profesionalice, y que además de representarnos dignamente y a nuestra cultura, promueva la producción nacional, busque mercados y oportunidades y gestione acuerdos científicos, académicos, culturales, tecnológicos y financieros. El Estado dominicano debe definir políticas para privilegiar la inversión extranjera dirigida a producir para la exportación, y en esa medida, desestimular la inversión extranjera con vocación para desplazar o monopolizar el mercado interno. Es oportuno aprovechar nuestra excelente ubicación geográfica que nos permite convertirnos en un centro de acopio de productos y mercancías en el Caribe, para lo que debemos construir puertos de gran calaje en los puntos de nuestras costas que tienen esas condiciones. El Estado debe promover las alianzas con capital nacional y extranjero que fuera necesario a esos fines. 6.- Mercado Interno. Se ha planteado en esta propuesta que es necesario disminuir la creciente importación de bienes y servicios que podemos producir en el país. En el mundo globalizado de hoy, para “ganarnos” nuestro mercado interior es imprescindible garantizar procesos continuos de innovación y que el productor nacional alcance determinados niveles de productividad y competitividad. El estado debe adoptar, entre otras, una adecuada política de salarios y sueldos a fin de ampliar la capacidad de compra de los trabajadores y empleados; estimular de forma sostenida la creación de nuevas fuentes de trabajo; apoyar toda iniciativa emprendedora; desarrollar la infraestructura para facilitar el movimiento de todo lo producido en el país. El Estado tiene que definir una estrategia para estimular el consumo de nuestra producción. A esos fines utilizar los medios de comunicación de su propiedad en la promoción del consumo de nuestros productos; privilegiar que los distintos ministerios y dependencias del Estado compren los productos nacionales para el desayuno escolar, los comedores populares, y el consumo de las respectivas instituciones de empleados,
militares y policías; conectando diversas áreas productivas, combatiendo con energía el contrabando a todos los niveles. 7.- Sector Energético. Para enfrentar el serio problema eléctrico, uno de los mayores obstáculos que tenemos para avanzar hacia el desarrollo, propiciaremos un sistema eléctrico mixto que integre los sectores público y privado, bajo la dirección del Estado, sometido a un marco legal de estricto cumplimiento. Muchas son las políticas que en esta materia el Estado debe adoptar: renegociación de todos los contratos eléctricos y la rescisión de los que resulten lesivos al interés nacional; organizar el sector eléctrico bajo un sistema vertical de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica; fomento de proyectos alternativos para la producción de energía limpia, entre ellas la solar, la eólica, la hídrica y la de biomasa, entre otras, que nos haga menos dependiente de los derivados del petróleo; una política permanente de ahorro y uso eficiente de la energía y de los combustibles, integrando en ello de forma protagónica a la ciudadanía; enfrentar de forma enérgica el robo de energía a todos los niveles y eliminación progresiva del subsidio eléctrico. 8.- Deuda publica. El endeudamiento público se ha constituido en una de las más graves amenazas sobre el presente y futuro de la nación dominicana. Por la velocidad, la falta de transparencia, los niveles de corrupción que se desprenden de la deuda pública, y el destino de la deuda, estamos ante un proceso irracional de endeudamiento, proveniente de un liderazgo irresponsable. Hay que hacer una auditoría de la deuda pública, estableciendo responsabilidades respecto de su uso y malversación, en los casos que así se compruebe. A partir de ahí, se deben establecer por ley claros criterios y prohibiciones en el endeudamiento público: Privilegiar la deuda multilateral y bilateral que generen o creen condiciones para el empleo productivo; prohibir el endeudamiento público para gasto corriente, para pagar deuda, para pagar subsidios, entre otros. 9.- Reforma Fiscal. En el país está pendiente una reforma fiscal integral que genere los recursos necesarios para una más equitativa distribución de la riqueza social y disminución de los altos niveles de desigualdad. Ahora bien, asumimos el compromiso público de previo a la reforma fiscal, sanear el Estado respecto de los actuales niveles de dispendio, corrupción, hipertrofia burocrática, sueldos de lujo, imponiendo en el Estado una cultura de austeridad, ahorro y transparencia, perfeccionando la calidad del gasto público. Sólo entonces los gobernantes y autoridades tendrán la autoridad moral y la legitimidad para producir la reforma fiscal, y no al revés. 10.- Medio Ambiente. No es posible pensar el desarrollo nacional sin que el Estado se comprometa en una definida política de protección del medio ambiente haciéndolo armónico con la producción. Es necesaria la adopción de una política de Estado integral para la protección del medio ambiente que en lo inmediato detenga el actual proceso de deterioro, y que a mediano y largo plazo revierta la situación actual. Para ello son prioritarias, entre muchas otras medidas, las siguientes: i) garantizar una asignación presupuestaria adecuada a las necesidades ambientales prioritarias;
ii) ejecutar una Ley Nacional de Ordenamiento del Territorio que establezca las directrices generales para los distintos usos de suelo, sean estos urbanos, industriales, turísticos, residenciales, agropecuarios, para la conservación de la naturaleza y de la recreación. iii) En el centro de la política ambiental está, garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad para el consumo doméstico, la agricultura, la producción de energía, la industria, el turismo; iv) Garantizar la protección efectiva y la reforestación de las fuentes de nacimiento de ríos y arroyos y de sus márgenes, y de todas las zonas degradadas del país; v) Prohibición de extracción de agregados del cauce de los ríos y creación de incentivos para facilitar y promover la extracción de canteras secas y terrazas aluviales antiguas; vi) Proteger las cuencas altas y desarrollar un ambicioso plan de inversiones en las áreas protegidas, convirtiendo a las comunidades en la primera línea de defensa de este invaluable patrimonio natural, estableciendo para ello programas de retribución por servicios ambientales de las zonas productoras de agua y albergue de la fauna y la flora nativas de la isla, con lo cual estaremos dando el primer paso para convertir al país en un paraíso para el turismo ecológico gestionado por las comunidades; vii) Iniciar un programa de saneamiento, recuperación y legalización de los terrenos que forman parte de las áreas protegidas, lo que incluye una revisión de la Ley Sectorial de Áreas protegidas que corrija los errores técnicos y conceptuales de la misma. viii) Promover, en alianza con los ayuntamientos, sistemas integrales de recolección, manejo y disposición de la basura, basados en la clasificación, el reciclaje y rellenos sanitarios comunes a municipios vecinos; ix) Velar por el cumplimiento y el respeto de las áreas verdes urbanas, recuperándolas en los barrios y urbanizaciones que hayan sido apropiadas, entre muchas otras medidas necesarias.
II EL NUEVO COMIENZO La Propuesta de País, antes expuesta en sus ejes centrales, es la plataforma política que sintetiza los propósitos que nos animan, y que nos dan identidad y unidad internas en Alianza País. Queda pendiente resolver las vías para alcanzar la dirección del Estado y realizar la Propuesta de País y producir el Nuevo Comienzo. 1.- Respuesta Política. Si bien es importante la denuncia y la movilización permanente de los distintos sectores sociales para hacer respetar sus derechos o para ampliarlos, lo cierto es, que ello no es suficiente para cambiar el actual estado de cosas, en un país donde no existe institucionalidad democrática, ni la ciudadanía tiene medios de control real sobre gobernantes y representantes. La crisis, y el nivel de deterioro de la situación, han llegado a un punto que exigen de una respuesta política, esto es, de una propuesta y acción políticas con vocación y decisión para ganar el gobierno y asumir el poder político en la República Dominicana. Entender y asumir que la coyuntura nos plantea como necesidad que demos una respuesta política, es un punto de partida y de coincidencia imprescindibles. 2.- Independiente y alternativa. Los partidos tradicionales que han gobernado en 12 oportunidades en los últimos 44 años, no representan proyectos de cambio, y lejos de ser solución a los graves males que enfrentamos, son parte de los problemas a resolver. Sus cúpulas dirigenciales han terminado asimilándose entre sí en sus prácticas políticas, siendo su único interés hacerse del gobierno o de una parte de él para depredar el patrimonio del Estado y fomentar una cultura clientelista que les permita mantenerse o reproducirse en el poder. Por eso, la propuesta política a ser construida, tiene que ser independiente y alternativa a los partidos tradicionales y a sus prácticas políticas y a las finalidades que persiguen en el poder. 3.- Vacío Político. Lo antes dicho nos plantea que estamos en una situación de vacío político, siendo en estas circunstancias que tenemos que dar la respuesta política demandada por la coyuntura. El vacío político se produce de la concurrencia, por un lado, de un proceso de descreimiento creciente de los partidos tradicionales y sus gobiernos, y por el otro, por la ausencia de una propuesta política alternativa, en capacidad de articular, darle direccionalidad política y traducir electoralmente, todo el descontento social acumulado. 4.- Nueva Mayoría Política. La respuesta política que está demandando la coyuntura, en esta situación de vacío político, apunta a la articulación de una Nueva Mayoría Política que ejerza una oposición política alternativa a los partidos y gobiernos tradicionales, que sea electoralmente competitiva y con real vocación de poder.
5.- Política de Convergencia. El proceso de construir una nueva mayoría política requiere de la aplicación de una política de convergencia de sectores políticos, sociales y ciudadanos que han de asumirse como complementarios a unos mismos propósitos. Se trata de articular el amplio espectro de sectores democráticos, progresistas, patrióticos, de izquierda; de los sectores populares, de los sectores medios, productores; de distintas confesiones religiosas, de las comunidades dominicanas en el exterior, entre otros. 6.- Centro progresista. Por su amplitud y pluralidad esa nueva mayoría política está llamada a ocupar el centro progresista dentro del espectro político nacional. 7.- Ganar el gobierno. Los sectores convergentes, en la forma que finalmente resulte, tienen la obligación de participar en los venideros procesos electorales, disputarle el gobierno a los partidos tradicionales, asumir la dirección del Estado y enderezar el rumbo torcido que los sectores tradicionales de poder le han impuesto al país. 8.- República Duartiana. Mas allá de ganar el gobierno, el objetivo estratégico central es el impulso y ejecución de un sostenido programa de reformas y transformaciones en lo social, económico, político, jurídico, cultural, ambiental, entre otros, que produzcan un cambio rumbo del actual estado de cosas predominantes en el país. El cambio de rumbo se sintetiza en el concepto programático de Republica Duartiana, que por definición es justa, solidaria, participativa, independiente y soberana. 9.- Liderazgo político y social diferente. Para ganar el gobierno, y sobre todo, para impulsar el proceso de cambio de rumbo, es imprescindible que en el proceso mismo se vaya desarrollando un liderazgo político y social diferente al tradicional. Un liderazgo con autoridad moral, capaz, convicciones democráticas, compromiso social y patriotismo. Un liderazgo dispuesto a refundar el ejercicio de la política como práctica honesta, solidaria, ciudadana y al servicio del bienestar colectivo. 10.- Asamblea Constituyente. El proceso de cambio de rumbo y la construcción de la República Duartiana requiere de un marco constitucional regulatorio, que se exprese como nuevo pacto político y social, consensuado por la diversidad de sectores y actores políticos, sociales y ciudadanos en una Asamblea Nacional Constituyente electa por voto popular. Alianza País se construye como organización política, por un grupo de dominicanos y dominicanas que buscan con su esfuerzo, compromiso social y convicciones, contribuir para que en la República Dominicana haya un Nuevo Comienzo de democracia, soberanía, equidad social y bienestar para todos/as. (1 de noviembre de 2010)