La libertad y democracia sindical a prueba
El caso del SME y del fraude electoral de la mafia sindical de Martín Esparza José Antonio Almazán González. Mientras algunos dirigentes sindicales, particularmente de la CTM, comienzan a presentar amparos para enfrentar las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), temerosos de ser derrocados por el voto personal, directo, libre y secreto de los trabajadores; particularmente los sindicatos agrupados en la CTM,
otros, escudados en fachadas izquierdistas, presumiendo una inexistente democracia sindical, instrumentan fraudes electorales, para mantenerse en el poder y seguir esquilmando a los trabajadores Tal es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuya dirección busca reelegirse por 5 años más, para proteger su pequeño feudo sindical empresarial, asociados con la empresa eléctrica privada Generadora Fénix, subsidiaria de la trasnacional portuguesa Mota Engil, de la cual forman parte de su consejo de administración. Increíble, pero cierto, pero desde el 2015 el gobierno de Peña Nieto representado por la secretaria de gobernación y la dirección del SME, acordaron reencauzar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y de esa forma finiquitar un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos, perteneciente a más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Todo a cambio de donar en propiedad algunas decenas de terrenos, edificios, naves industriales sin equipo y herramientas, con un valor contable de 512 millones de pesos. Como parte de esa negociación para liquidar el pasivo laboral de los trabajadores, ilegalmente el gobierno anterior entregó dos concesiones: una para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales del sistema hidrológico de Necaxa y otra para la explotación a título gratuito de 15 pequeñas plantas hidroeléctricas. Lo curioso del caso es que dichas concesiones de aguas nacionales siguen siendo propiedad de LyFC, en tanto la propiedad de las plantas hidroeléctricas están en manos de CFE. Pero lo asombroso del caso es que las concesiones de aguas nacionales y las pequeñas plantas hidroeléctricas se las dieron a una empresa eléctrica privada, la Generadora Fénix, surgida de esa
negociación y de la cual Mota Engil es propietaria del 51% de las acciones; la dirección del SME posee un 40%, y el 9% es de la Cooperativa LFC en la cual se agrupan aproximadamente 14 mil cooperativistas, la mayoría de los cuales siguen sin empleo. De aquí viene el reclamo fundado de miles de electricistas del SME que exigen justicia y trabajo. Demanda finalmente recogida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que hace unos días aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de la Secretaría de Energía, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y del INAI para hacer pública toda la información relativa a la extinción liquidación de Luz y Fuerza del Centro; como parte del gran negocio de la privatización eléctrica, iniciada por Salinas de Gortari, convalidada por Felipe Calderón y consumada por Peña Nieto. Para garantizar este pingüe negocio, salpicado de jugosas e inmerecidas liquidaciones millonarias a los actuales dirigentes del SME, pero a costa de miles de trabajadores que se quedaron sin empleo, la dirección del sindicato amplió en 2015 su duración en los cargos sindicales de 2 a 5 años, mediante una reforma a sus estatutos sindicales y la aplicó retroactivamente; cuestión que la Constitución prohíbe, pero que fue validada por el gobierno de Peña Nieto. Además, en 2016 realizó otra nueva reforma, sin consultar a los trabajadores, con el propósito de adecuar algunas decenas de artículos que entraban en contradicción con los anteriores estatutos del SME. Finalmente, en octubre de 2018, todavía con Peña Nieto en la presidencia, sigilosamente y sin informar a sus agremiados, la dirección del SME modificó el padrón de sus miembros, conformado por trabajadores, jubilados, cooperativistas y pensionados con renta vitalicia, para reducir una membresía de más
de 66 mil miembros en 2009 a solo 15,164 socios sindicales y excluyendo a cerca de 18 mil jubilados del SME, como puede ser verificado en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Por supuesto, de esta maniobra ilegal y antidemocrática los agremiados al SME no fueron informados y en estas circunstancias se llegó a las elecciones del SME, con evidentes pruebas de fraude electoral anticipado, a partir de un padrón electoral adulterado y recortado. Para completar la maniobra, a una de las planillas de oposición se le negó el derecho a participar en las elecciones, bajo el falaz argumento de no estar al corriente en el pago de sus cuotas sindicales, o estar suspendidos de sus derechos sindicales; a otra planilla de oposición la dirección del SME aceptó finalmente su registro, pero recortándoles una lista de 1,497 firmas de apoyo y obligándolos a cambiar a dos representantes de planilla, sin argumento alguno. A la vieja usanza charril, en los mismos días en que transcurrió el proceso de votación, del 17 al 27 de junio, la dirección del SME citó a los cooperativistas sin empleo para entregarles 5 mil pesos como parte de los dividendos anuales de la Generadora Fénix, en un lugar cercano a las elecciones sindicales en el D.F. etc. Pero la herramienta maestra del fraude electoral es un padrón electoral adulterado y recortado que la dirección del SME se negó reiteradamente a hacer público y tampoco entregó a los representantes de la planilla de oposición, para su revisión y cotejo; para de esta forma manejar a gusto y discreción la lista de votantes, violando los propios estatutos sindicales y lo establecido en la nueva LFT en su artículo 371, que da garantía para el ejercicio del
voto directo, personal, libre y secreto, señalando en el último párrafo de la fracción IX, “En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso;” Estas y más anomalías han sido ampliamente documentadas por los opositores a la actual dirección del SME. Lo mismo ante la STPS como ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la cual se demandará la nulidad de las elecciones. En estas condiciones, la reciente reforma a la LFT será puesta a prueba, pues las irregularidades cometidas están claramente tipificadas en el título séptimo, capítulo II de la ley laboral y como ahí se indica obliga a la actuación de las autoridades laborales. Cabe destacar que, con todo y fraude electoral, la planilla opositora alcanzo una votación de 5 mil votos frente a los 12 mil de la planilla de Martin Esparza, datos reveladores del creciente descontento de miles de electricistas que después de casi 10 anos siguen sin trabajo. Lo que está en juego, como parte de la lucha en contra de la corrupción que ha emprendido el presidente López Obrador, es un tema fundamental para la 4ª Transformación: la democracia participativa, el mandar obedeciendo, el poder del pueblo, como puede leerse con meridiana claridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. ¿Se saldrán los charros con la suya, para anular lo alcanzado en materia de libertad y democracia sindical?, unos mediante amparos y otros a través de acciones fraudulentas, maquilladas de izquierda y de un pasado sindical que no les pertenece. Creemos que no. La
revoluciĂłn de las conciencias tocĂł ya las filas de la clase trabajadora en MĂŠxico.