Foro sobre el derecho universal a la energía
LA PRIVATIZACIÓN-MERCANTILIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
José Antonio Almazán González Pro-Secretario de Jubilados del SME 13 de junio de 2012
En México no existe una regulación unificada en torno a los servicios públicos; sin embargo, diversas normas reconocen que en el caso de la energía eléctrica se trata de un servicio público esencial y no secundario. No en balde la nacionalización de la industria eléctrica fue elevada a rango constitucional como función exclusiva de la nación mexicana. Como tampoco es gratuito que desde la primera ley del trabajo de 1931 y después en la actual Ley Federal del Trabajo se contemple que en el caso de huelgas el servicio público en hospitales, luz y energía eléctrica, etcétera, no se vea interrumpido por ninguna razón. En el caso del servicio público de energía eléctrica cabe destacar que en el periodo que va de los años 20 a los 50, los cortes de luz eran práctica cotidiana de las empresas eléctricas en contra del pueblo, pero también de los empresarios. La razón era muy simple, pues se trataba de empresas privadas extranjeras –la legendaria Mexican Light y la American and Foreign–, que a la par de dar un pésimo servicio buscaban el lucro desmedido y la ganancia desorbitada con la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para corregir estos males, que golpeaban el bolsillo del pueblo y frenaban el desarrollo económico nacional, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 14 de agosto de 1937, con aprobación del Congreso de la Unión, la creación de la CFE, como parte de una gran obra nacionalista que se expresó en el campo (con el reparto agrario y el fortalecimiento de la propiedad ejidal) y en todos los órdenes de la vida nacional para que México pudiera enfrentar los nocivos efectos de la crisis económica mundial de 1932-1940. Un año después vendría la expropiación de la industria del petróleo, para hacer de estos dos energéticos una firme palanca de desarrollo económico y social de México. Como puede leerse en el quinto artículo de dicho decreto, el propósito fundamental que dio origen a CFE fue (y debe ser): La Comisión Federal de Electricidad tendrá como objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
Este propósito esencial en la creación de la CFE data de la iniciativa de ley que el presidente Abelardo Rodríguez envió a la Cámara de Diputados en diciembre de 1933, en cuyo quinto artículo se asentaba exactamente lo mismo que en el de agosto de 1937. Sin embargo, a diferencia de éste, los argumentos que se esgrimieron para fundar y motivar el objeto esencial de la CFE fueron explícitos y por su enorme trascendencia y actualidad los reproducimos a continuación: “Primero. El suministro de energía eléctrica debe hacerse a un precio de tal manera reducido, que la producción industrial viva de la energía eléctrica y no para la energía eléctrica…” En la discusión de esta iniciativa se asentó, como un retrato fiel de lo que hoy ocurre, lo siguiente: “Tanto la industria como la agricultura nacionales están subordinadas, son tributarias en estos momentos de los grandes trusts eléctricos. Las grandes tarifas, las enormes multas, la persecución implacable de las compañías eléctricas al consumidor pequeño, desde el humilde tendajón hasta el industrial poderoso de Puebla, es ya insoportable, y por eso, repito, que ése es el grito de liberación económica mexicana, y de todo corazón me adhiero y votaré en pro de esta ley”. Por supuesto este propósito esencial en la prestación del servicio público de energía eléctrica se reflejo en la adición-reforma al párrafo sexto del Artículo 27 con el cual el Presidente Adolfo López Mateos, elevo a rango constitucional la Nacionalización de la industria eléctrica en 1960 y que por su trascendente importancia transcribimos textualmente: "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines." Setenta y cuatro años después este propósito esencial de la CFE sigue vigente, por más que los gobiernos en turno y las mafias burocráticas de la empresa de clase mundial lo hayan sepultado en un mar de leyes secundarias, desnaturalizándola hasta convertir la
electricidad en una mercancía muy cara, ya no al servicio del pueblo y mucho menos del desarrollo nacional. Con incrementos superiores a 125 % en el precio medio de la tarifa doméstica, entre 138% y 144% en tarifa industrial, 107% en tarifa comercial, 81% en agrícolas y 83% en servicios, del 2000 a la fecha, la electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva mensual de “pagas la luz o comes”, contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas de Calderón quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad. Estos desorbitados incrementos colocan a México en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo —muy por encima del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (59%) y del “crecimiento” de los salarios mínimos (54%) en los últimos 11 años— Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el priísta Carlos Salinas de Gortari en 1992 y en virtud de la cual CFE avanza hacia una bancarrota similar a la provocada, deliberadamente, para extinguir a Luz y Fuerza del Centro y golpear criminalmente al SME. Los únicos “ganones” son las empresas privadas extranjeras, como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, cuya sola presencia vulnera el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional. Los perdedores son la Nación y el Pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa, pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el SME, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos la Nacionalización Eléctrica. El problema de las altas tarifas eléctricas en México se remonta a mediados de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80, con la imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por gobiernos del PRI. Sin embargo, el mayor mérito les corresponde a los gobiernos de Fox y Calderón. Al primero por su arbitraria y antipopular tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y al segundo por el golpe fascista asestado al SME, calificándolo como una de sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagada en dólares y con ingresos promedios 8 veces superiores a los salarios mexicanos, en diversos estados de nuestros vecinos del norte, el precio de las tarifa
doméstica e industrial es más barata que en México. Pero no solo frente al imperio del norte: en países de mayor pobreza o mejor distribución del ingreso, como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil, Ecuador, el precio de la electricidad es más bajo que en nuestro país. Una revisión de las finanzas de la CFE de 2000 a la fecha muestra el terrible impacto de la privatización. Con pérdidas crecientes en sus resultados financieros y de explotación, una deuda de 603 mil millones de pesos, CFE enfrenta un catastrófico futuro que en unos años la llevarán a la quiebra ó a convertirse en una “sucursal” de cobro al servicio de las empresas españolas, japonesas, estadounidense, etc, que ya controlan más del 50 % de las plantas de generación en México. Por el contrario, las únicas beneficiadas con el desastre eléctrico de CFE y las altas tarifas eléctricas son las empresas privadas extranjeras que acumularán ganancias de 1 billón, 320 mil millones de pesos para los próximos 20 años. Una figura clave en este proceso de privatización-mercantilización del servicio público de energía eléctrica fue Elías Ayub. Su llegada en 1999 como director a CFE es coincidente con la intentona gubernamental de modificar radicalmente el artículo 27 constitucional para mutilar la exclusividad de la nación sobre esta área estratégica de México y de esta manera satisfacer los intereses imperiales y trasnacionales de dar certidumbre y “legalidad” a su participación en el suministro de energía eléctrica. Su larga permanencia al frente de CFE es reveladora de los intereses que defendió a lo largo de más de 12 años, lo mismo con Ernesto Zedillo del PRI que con Vicente Fox y Calderón del PAN. Bajo su mando y camuflada con el ardid publicitario de “empresa de clase mundial” la CFE dejó de ser un organismo público al servicio del pueblo con tarifas eléctricas a precios justos, para transformarse en una “empresa de clase mundial”, en su función de intermediaria para la reventa de la energía eléctrica producida por las grandes empresas eléctricas trasnacionales. Los datos están a la vista. De 1999 a 2009, conforme a datos oficiales, la participación del capital privado, de las grandes trasnacionales eléctricas, en la generación eléctrica pasó de un 10.6% a un 35% de la capacidad instalada de generación y de un 6.3% a más de un 40% de la generación producida y en menos de 8 años controlarán más del 50% en ambos conceptos. En su
periodo, de 1999 a mayo de 2010, los permisos de generación a privados crecieron de 149 a 775 y no puede argumentarse que no fue un asunto de su competencia por dos razones fundamentales: 1.- el criterio técnico emitido por CFE para justificar el otorgamiento de esos permisos y 2) en su carácter de Director comenzaron a cerrarse plantas de generación de CFE, todavía con vida útil, simplemente para garantizar la compra de energía en bloque de CFE a las empresas eléctricas privadas. Por supuesto que la gestión empresarial de Alfredo Elías Ayub al servicio de las trasnacionales eléctricas les generó enormes ganancias calculadas, en 268 mil millones hasta el 2009 y 1.32 billones entre el 2010 y 2041, pero provocó a CFE pérdidas crecientes en sus resultados de explotación (ingresos/costos) como puede verificarse en sus Estados Financieros; situación que ha sido ocultada mediante la mercadotecnia de publicitarla como “empresa de clase mundial”, cuando su calificación empresarial, según los reportes del Foro Económico Mundial, “The Global Competitiveness Report” en cuanto a calidad en el suministro de energía eléctrica (interrupciones y bajas de voltaje), quedó relegada a un lugar 91 de un total de 139 países en 2011. ¡Ah!, pero en 2008 ocupó el lugar 87, lo que es otra forma de probar que la extinción de Luz y Fuerza del Centro y su sustitución por CFE ha sido un desastre. El otro elemento que permitió a CFE ocultar y transferir sus pérdidas crecientes y su corrupción, fue la venta a precios elevadísimos de energía en bloque a Luz y Fuerza del Centro, a la cual, desde su puesta en liquidación como Compañía de Luz en 1975, se le impidió construir nuevas plantas de generación eléctrica. La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica (interrupciones y fluctuaciones de voltaje) del Foro Económico Mundial en su Global Competitiveness Report 2011-2012 coloca a CFE con 4.3 puntos (en una escala de 1 a 7) de un total de 142 países. Muy por debajo de Reino Unido y Francia (6.7), Canadá (6.7), Barbados (6.3), Estados Unidos, España y Uruguay (6.0), Chile (5.8), Costa Rica, Namibia (5.6), Trinidad y Tobago (5.5), Panamá (5.3), Colombia (5.2), Guatemala (5.1), Puerto Rico (5.0), Perú y Brasil (4.9), El Salvador (4.8), Irán y Turquía (4.7), Egipto (4.6), Gambia (4.4). Salta a la vista que el slogan “CFE, empresa de clase mundial” es solo un recurso publicitario para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo servicio.
Un vistazo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía (Energy prices & taxes 2011) muestra que en la lista de los 33 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país ocupa un primerísimo lugar con la tarifa industrial más cara, junto con Chile, Italia, República Checa, Hungría, Polonia y Turquía. Particularmente destaca que en tanto para 2010 el precio medio de la tarifa industrial en México fue de 0.166 centavos de dólar/kwh, en Canadá fue de 0.059 y en Estados Unidos fue de 0.068. Como puede observarse en estas cifras, no impugnadas por el gobierno mexicano, el problema de las elevadas tarifas industriales de la CFE, de las que con razón se queja la Concamin, se acrecentó a partir de 1997, en que irrumpe en forma descarada la participación del capital privado internacional en la generación eléctrica en México. El problema de las desorbitadas tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en México, así como de su creciente mercantilización, no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI que medra políticamente con el problema solo busca obtener votos, pues avalaron la extinción de Luz y Fuerza y apoyan la privatización. Tampoco se resuelve con exhortos de diputados y senadores dirigidos a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor. Comenzando con la Renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por terminada los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovida por Salinas de Gortari en 1992. Otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos bimestrales menores a 200 KW. Derogando la antipopular Tarifa DAC. Cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los cobros locos de CFE. Suspendiendo los ilegales cortes de luz. Reduciendo el precio de las tarifas eléctricas un 50% y congelando su precio para reactivar el mercado interno. Y por supuesto derogando el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.