En esta investigación Amnistía Internacional pudo determinar que el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas, en dos niveles: el primero de ellos debido a que el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: porque el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales. Además, Amnistía Internacional pudo identificar que las políticas represivas aplicadas por el Estado venezolano, terminan por criminalizar socialmente la pobreza, en vez de aplicar mecanismos preventivos de control de la delincuencia, el Estado ha actuado usando la fuerza de forma intencionalmente letal, en contra de la población más vulnerable y excluida socialmente.
