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Índice

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres América Latina y el Caribe en el proceso hacia Cairo+ 20 Informe: Argentina /Brasil /Colombia /México /Nicaragua /República Dominicana

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC 2013

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres América Latina y el Caribe en el proceso hacia Cairo +20 Informe: Argentina / Brasil / Colombia / México / Nicaragua / República Dominicana

Publicado por Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC Avenida República del Salvador N34-134 y Suiza. Quito, Ecuador Tel (593-2) 2465531 Email secretaria@reddesalud.org Web http://www.reddesalud.org/ Fb Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (rsmlac) Twt @rsmlac Producción editorial Sandra Castañeda Martínez Coordinadora General de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC. Responsable de Comunicaciones Diana Elizabeth Castellanos Leal (Gabrielle Esteban) Coordinadora del Proyecto Nirvana González Rosa Autora Ana María Pizarro. SI Mujer Nicaragua. Investigadora asistente María de Jesús Tenorio. SI Mujer Nicaragua. Investigadora asistente Ivania de Fátima Flores. SI Mujer Nicaragua. Asistente de informática Ana Patricia Flores. SI Mujer Nicaragua Corrección de estilo Adriana Gómez Diseño y diagramación Andrea Julieth Castellanos Leal © Todos los derechos reservados RSMLAC

AGRADECIMIENTOS

Responsable edición Sandra Castañeda Martínez Coordinadora General de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC

Amanda Giraldo. Asesora Área Educativa. Fundación Sí Mujer, Cali. Natalia Pineda. Directora Fundación Sí Mujer, Cali. Consejo Directivo RSMLAC.

Autora

Mexico

Ana María Pizarro. SI Mujer Nicaragua.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. Grupo de Información en Reproducción ElegidaGIRE A.C

Investigadora asistente María de Jesús Tenorio. SI Mujer Nicaragua. Investigadora asistente Ivania de Fátima Flores. SI Mujer Nicaragua. Asistente de informática Ana Patricia Flores. SI Mujer Nicaragua

IPAS México A.C. Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. Afluentes S.C.

Participantes de investigación por país:

Católicas por el Derecho a Decidir A.C.

Argentina

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Mabel Bianco. Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Consejo Consultivo RSMLAC.

Balance Promoción para el desarrollo y juventud A.C.

Brasil

Ana María Pizarro. Directora Fundadora SI Mujer. Consejo Consultivo de la RSMLAC.

Telia Negrão. Coletivo Feminino Plural/Rede Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos de Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Conselho Consultivo RSMLAC. Maria José de Oliveira Araújo. Rede Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Salvador Bahia. Conselho Consultivo RSMLAC. Colombia Valeria Eberle. Asesora Área Educativa. Fundación Sí Mujer, Cali.

Nicaragua

María de Jesús Tenorio. Directora del Área de Educación, Investigación y Acción Política SI Mujer. Ivania de Fátima Flores. Asesora Investigadora, SI Mujer. Ana Patricia Flores. Asesora Investigadora, SI Mujer. Republica Dominicana Sergia Galván. Directora Colectiva Mujer y Salud. Consejo Directivo RSMLAC. Elga Salvador, Colectiva Mujer y Salud.

Índice de tablas

VIII

Glosario

Presentación

14 cápitulo

LA RSMLAC Y EL MONITOREO DE LA CIPD

22 cápitulo

CONTEXTO

38 cápitulo

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

70 cápitulo

SALUD REPRODUCTIVA Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

120 cápitulo

SALUD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES Y VIOLENCIA

166 cápitulo

MUJERES DIVERSAS, DIVERSAS MUJERES

176 cápitulo

CASOS EMBLEMÁTICOS

182 cápitulo

RECOMENDACIONES

190 ANEXO DE TABLAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparación de valores y rangos deI DH eI DG: relación IDG/IDH

Tabla 2a

Medición de la inequidad de género

Tabla 2b

Índice de Inequidad de Género (IIG)

Tabla 3

Actividad económica femenina

Tabla 4

Participación de mujeres en el Parlamento y el Poder Ejecutivo

Tabla 5 Progresión de escaños en el Parlamento ocupados por mujeres. 1997-2011 (%)

Tabla 6 Poder Judicial, mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema. 1998-2010 (%)

Tabla 7

Poder local, mujeres alcaldesas electas. 1998-2010 (%)

Tabla 8

Poder local, mujeres concejalas electas. 1998-2010 (%)

Tabla 9 Tipos básicos de prestación de servicios y financiamiento de la salud

Tabla 10 Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud. 2008-2010 72 Tabla 11 Gastos de bolsillo (GDP) como porcentaje del gasto privado en salud (GPS). 1995-2009

Tabla 12

Tasas totales de fecundidad en 6 países de LAC. 1995-2011

Tabla 13 Tasa deseada de fecundidad y tasa global de fecundidad en 6 países de LAC

Tabla 14 Tasas de prevalencia de uso de anticonceptivos y selección de los métodos

Tabla 15 Métodos anticonceptivos masculinos como porcentaje total de uso de anticonceptivos

Tabla 16 La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. 1995-2010 85 Tabla 17

Razones para no usar anticonceptivos

Tabla 18

Motivos para permitir el aborto

Tabla 19 Razón de mortalidad materna por cada 100,000 nacidas/os vivos. 1990-2010 97 Tabla 20

Cobertura de atención prenatal en 6 países. 1995-2010

100

Tabla 21

Personal de salud capacitado para atender partos. 1995-2010

101

Tabla 22 Riesgo, mortalidad e incidencia de cáncer cervical en 6 países en LAC. 2008

107

Tabla 23

Cáncer de mamas, incidencia y mortalidad. 2008

109

Tabla 24

Estimaciones y datos sobre el VIH y el Sida. 1995-2010

123

Tabla 25 Personas adultas y niños/as con infección avanzada de VIH que reciben tratamiento antirretroviral (%)

124

Tabla 26

Edad legal y edad promedio para casarse

138

Tabla 27

Leyes contra la violencia hacia las mujeres en 6 países

147

Tabla 28

Leyes contra el acoso sexual en 6 países de LAC

154

Tabla 29

Leyes contra la trata de personas

157

Tabla I Países que participaron y aprobaron el Programa de Acción de la CIPD, Beijing y las MDM

190

Tabla II

190

Esperanza de vida al nacer. 2001-2005

Tabla III Tasas de mortalidad infantil y de niñas/os menores de cinco años. 1990-2005 191 Tabla IV Situación de las mujeres en términos de escolaridad. Matrícula en educación primaria y secundaria. 2000-2005 (%)

191

Tabla V Tasa neta de matrícula en educación primaria/Matrícula de educación primaria en niñas

192

Tabla VI Tasa neta de matrícula en educación secundaria/Matrícula de educación secundaria en niñas

192

Tabla VII Tasa bruta de matrícula en educación terciaria/Matrícula de educación terciaria en mujeres y hombres

193

Tabla VIII Cuentas nacionales consolidadas de salud. 2003-2010

193

Índice VII

GLOSARIO

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

AMEU

Aspiración Manual Endouterina

IVE

Interrupción voluntaria del embarazo

AVISA

Años de Vida Saludables Perdidos

LAC

América Latina y el Caribe

CCDR

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

LGTBI

Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual

LUI

Legrado Uterino Instrumental

CDESC

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

MAC

Métodos Anticonceptivos

CDN

Convención sobre los Derechos del Niño

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

MINSA

Ministerio de Salud de Nicaragua

CENEP

Centro de Estudios de Población

MISPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CENIDH

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

MOSAFC

Modelo de Salud Familiar y Comunitario

CENISMI

Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno Infantil

NNUU

Naciones Unidas

CENSIDA

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida en México

OACNUDH

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

CERRM

Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas para el análisis de casos de Mujeres

OEA

Organización de Estados Americanos

CINCO

Centro de Investigación de la Comunicación

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

CIPD

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

OMS

Organización Mundial de la Salud

CNLCMM

Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna

ONG´s

Organizaciones no Gubernamentales

COIN

Centro de Orientación e Investigación Integral

ONU MUJERES

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

CONAPINA

Consejo Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida

CONASIDA

Centro Nacional para la prevención y el control del VIH/Sida

OOP

Out-Of Pocket Expenditure.

CONPES

Consejo Nacional de Planificación Económica y Social

OPD

Organización de Población Desplazada

COPRESIDA

Consejo Presidencial del SIDA

OPS

Organización Panamericana de la Salud

CSJN

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Programa de Acción

CTA

Centro de Pruebas y Asesoría

PAIA

Programa de Atención Integral a la Adolescencia

VIII

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

PAP

Papanicolaou

DAWN

Development Alternatives with Women for a New Era

PHE

Private Health Expenditure

DDHH

Derechos Humanos

PIDCP

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distrito Federal

PIDESC

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

DIU

Dispositivo Intrauterino

PMO

Programa Médico Obligatorio

DUDH

Declaración Universal de los Derechos Humanos

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

ECNT

Plan Estratégico para la prevención y el control integrado de enfermedades crónicas no transmisibles

RSMLAC

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

EDR

Examen Digital Rectal

SESPAS

Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social

ELISA

Enzyme Linked Inmuno-Sorbent Assay

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

ENDESA

Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud

SILAIS

Sistema Local de Atención Integral en Salud

ENDIREH

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

SS SR

Salud Sexual y Salud Reproductiva

ENPS

Encuesta Nacional de Demografía y Salud

SSAAJ

Servicios en Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes

GLBTT

Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y Transgéneros

SSR

Salud Sexual y Reproductiva

GLOBOCAN International Agency for Research on Cancer

TGF

Tasa Global de Fecundidad

IDG

Índice de Desigualdad de Género

TMEE

Tasa de Mortalidad Estandarizada por Edades

IDH

Índice de Desarrollo Humano

United Nations

IDHD

Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad

UNAIDS

United Nations Joint Programme on HIV/AIDS

ILE

Interrupción Legal del Embarazo

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación

IMSS

Instituto Mexicano de Seguridad Social

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

INB

Ingreso Nacional Bruto

UNGASS

UN General Assembly Special Session on HIV/ AIDs

INDEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

UNICEF

United Nations Children’s Fund

INSS

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

UNIFEM

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

IOMA

Instituto de Obra Médico Asistencial

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Adquirida

VPH

Virus del Papiloma Humano

IPM

Índice de Pobreza Muldimensional

WHO

World Health Organization

Índice IX

PRESENTACIÓN

las legislaciones, políticas, programas, recursos económicos y humanos y, sobre todo, la voluntad política y disposición de las autoridades para responder, eficiente y oportunamente, a las necesidades de las mujeres durante su ciclo vital.

La autonomía y la libertad de la persona humana no pueden ser tales cuando algún sector de la población ve supeditada la intimidad de su cuerpo al arbitrio de criterios ajenos. En julio de 1993, en Oaxtepex, México, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe convocó a la primera reunión sobre “Mujeres y Políticas de Población en América Latina y el Caribe”. Participaron 70 mujeres de 18 países, marcando el rumbo del debate feminista en la región e iniciando la incorporación plena de su membresía al proceso de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, un año antes de que tuviera lugar en El Cairo, Egipto, en septiembre de 1994.

Poco antes de alcanzar los veinte años desde la CIPD -en alianza con ARROW (The Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women) de Malasia- la RSMLAC desarrolló un estudio de seguimiento a los acuerdos del PA en seis países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, México y República Dominicana, con la participación de organizaciones afiliadas.

En Oaxtepec, la RSMLAC subrayó la necesidad de establecer políticas de población en el contexto de modelos de desarrollo basados en la justicia social, la igualdad y la equidad. Promovió los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, como conceptos intrínsecos a las políticas de población, las que debían estar definidas desde la perspectiva de las mujeres. Exigió la responsabilidad de los Estados y la participación de la sociedad civil para la garantía de dichos derechos, así como enfatizó la necesidad del empoderamiento de las mujeres en lo individual, familiar y social, y en la construcción de poder colectivo.

Este ofrece una mirada sucinta sobre el contexto regional con especificidad en los países señalados, frente a los desafíos planteados hace ya 20 años en la CIPD y en contraste con la nueva realidad social, económica, política y cultural en nuestras sociedades. Aborda aspectos de la salud reproductiva y los derechos reproductivos; la salud sexual y los derechos sexuales; las diversidades de las mujeres y los casos emblemáticos que, de manera testimonial y pormenorizada, develan los riesgos, daños y discriminaciones que afectan a las mujeres por el solo hecho de serlo, y que implican graves violaciones a sus derechos humanos universales.

Desde esa perspectiva, podemos afirmar que la RSMLAC incidió, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil global, en los contenidos y formulación del Programa de Acción, PA, aprobado en El Cairo, y posteriormente monitoreó los compromisos gubernamentales respectivos cuando se cumplieron los cinco, diez y quince años de la CIPD. A partir de las recomendaciones del PA, mantuvo vigilancia ciudadana en diversos países de la región, monitoreando

Enfatiza los avances que ocurren cuando los Estados están dispuestos a reconocer las necesidades y las demandas de las mujeres, demostrando responsabilidad política y voluntad para el logro de resultados. Pero también, desde una mirada feminista que no admite concesiones, señala las causas subyacentes que impiden el avance de la agenda de la CIPD. Por ejemplo, pone en relieve el rol de los poderes fácticos -que de manera pública y privada- presionan a los

tomadores de decisión para limitar e incluso impedir el ejercicio de derechos, en especial, los derechos de las mujeres. Un ejemplo emblemático es la injerencia de jerarquías religiosas que han sido determinantes para impedir propuestas de despenalización del aborto en la mayoría de los países, o la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, todo lo cual pone en cuestión la vigencia del Estado laico. Esto condena a las mujeres y a la diversidad sexual a una ciudadanía de segunda clase, ya que les impide ejercer su derecho a decidir, sin ser objeto de coerción o violencia.

El inventario de necesidades y demandas de las mujeres, por lo tanto, es hoy más amplio, más exigente, más urgente. Hoy sabemos más que hace 20 años respecto de la violación sistemática de nuestros derechos por parte de los Estados y de otros actores, sabemos más respecto de los instrumentos legales con que contamos y cómo ponerlos en funcionamiento a nuestro favor. También sabemos más respecto del sistema patriarcal entronizado a todo nivel, que continúa colocando trabas para el avance de nuestra ciudadanía plena. Y, sobre todo, sabemos más respecto de las múltiples formas en que los modelos de desarrollo con rostro neoliberal nos cierran las puertas, a ciudadanas y ciudadanos, y nos impiden gozar de una vida digna, libre y con plena justicia.

El estudio analiza, asimismo, las múltiples barreras para la aplicación de las legislaciones ya existentes, el recorte creciente de los presupuestos nacionales, las limitaciones y barreras en el acceso a la información, a la educación y a los servicios, la falta de sistemas de registro o la ausencia de estadísticas eficientes, lo que no permite medir los resultados y/o contar con información oportuna. Todo lo cual afecta negativamente el cumplimiento efectivo de los acuerdos del PA.

Desde esta perspectiva, hoy percibimos claramente que el consenso histórico alcanzado en 1994 en la CIPD es nuestro piso mínimo, y que más allá de 2014 debemos abrir nuestras demandas al máximo. Es un desafío colectivo ineludible. En consecuencia, la RSMLAC como nunca compromete su acción e incidencia en todos esos espacios donde se desarrollen los principales debates relativos a la condición de la mujer, tanto en lo local, regional y global, buscando hacer visible las voces de su membresía diversa, en especial en aquellos temas del histórico consenso de El Cairo.

El empoderamiento de las mujeres de la región; su capacidad de incidir, movilizarse, realizar abogacía y producir información relevante en materias urgentes; la apertura de debates sobre temas históricamente silenciados como es el aborto o la diversidad sexual; la articulación con distintos movimientos sociales que expresan su descontento e indignación frente a un modelo de desarrollo excluyente y desigual, son todos fenómenos que transforman vertiginosamente la experiencia del monitoreo desde 1994 hasta hoy.

Ana María Pizarro J. Consejo Consultivo RSMLAC

Índice XI

Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO I LA RSMLAC Y EL MONITOREO DE LA CIPD Este capítulo incorpora los siguientes documentos producidos por la RSMLAC:

matriz de monitoreo susceptible de ser aplicada en los países por organizaciones de mujeres y/o movimientos de la sociedad civil, como instrumento efectivo de control social. El monitoreo se inició en 1996 y se desarrolló a lo largo de ocho años en tres proyectos denominados: Proyecto de Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1996-1997; Proyecto Incidencia y Monitoreo en el proceso de Cairo+5, 1998-1999; y Proyecto de Seguimiento a la Implementación del Programa de Acción de la CIPD, 2000-2003, cuyo producto fue la base de datos ATENEA.

Monitoreo de Cairo+5. La mirada de la RSMLAC en cinco países de América Latina. Brasil / Chile / Colombia / Nicaragua / Perú, 1998 – 1999 Cairo+10: ATENEA. Informe Latinoamericano: El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres. Una mirada de la RSMLAC en siete países de América Latina. Brasil / Chile / Colombia / México / Nicaragua / Perú / Surinam, 2000 – 2004 Cairo+15. Reafirmando nuevos y antiguos desafíos en la agenda feminista latinoamericana, Nicaragua 2009.

Tanto en el proceso previo a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo como en la realización de la misma, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, participó como integrante del movimiento internacional de mujeres y como líder del proceso desarrollado en la región. Junto a otras iniciativas de mujeres a nivel mundial ha difundido entre su membresía los acuerdos del Programa de Acción, PA, promoviendo su cumplimiento e implementación por los Estados como parte sustancial de sus estrategias.

El primer monitoreo de Cairo+5 fue desarrollado por la Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, de Brasil; la Red Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, de Chile; la Corporación Casa de la Mujer de Bogotá, Colombia; Servicios Integrales para la Mujer, SI Mujer, de Nicaragua; el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, de Perú. Para Cairo+10 se incorporaron Pro Health, de Surinam, y por México el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, a través de APIS, Asesores para el Avance Social, Centro Mujeres y la Red de Mujeres pro Derechos de Educación y Salud.

La RSMLAC se comprometió con la propuesta humanizadora establecida en el PA, definiendo como objetivo de largo plazo promover su implementación en países de la región mediante la puesta en marcha de políticas públicas, coordinación intersectorial, interlocución entre el ámbito gubernamental y no gubernamental y entre los movimientos y organizaciones de mujeres y feministas. Asimismo, mediante mecanismos de seguimiento y monitoreo desde la sociedad civil. Efectivamente, desde 1995 a 2003 el apoyo financiero y técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, hizo posible que la RSMLAC liderara un proceso de esta naturaleza.

Este permitió conocer los compromisos por parte de gobiernos e instituciones públicas y privadas y se realizó con la participación de mujeres investigadoras y activistas latinoamericanas. En 1999 fue presentado por la RSMLAC en La Haya1 durante el proceso de Cairo+5, y en 2004 en Puerto Rico con motivo de Cairo+10.2 Otras iniciativas feministas y de mujeres a nivel nacional e internacional se involucraron en el Monitoreo del PA, este fue el caso de la red DAWN (Development Alternatives with Women of a New Era) para Cairo+5, y DAWN y Católicas por el Derecho a Decidir, para Cairo+10.

Para impulsar el seguimiento de la implementación del PA, la RSMLAC propuso la elaboración de una

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo I

Los objetivos del monitoreo en Latinoamérica y el Caribe

Los parámetros establecidos fueron: Marco jurídico-legal, que refleja los esfuerzos realizados en cada país por adecuar la legislación nacional a las normas legales internacionales; Programas y su realización sobre la base de la asignación de recursos, lo que expresa la forma en que cada país operacionaliza los recursos oficiales; y Participación de la Sociedad Civil, particularmente del movimiento de mujeres, que visibiliza el enfoque y la voluntad existente respecto de la participación ciudadana y evidencia el cumplimiento de las recomendaciones de equidad de género en el ámbito público.

El monitoreo es una acción de control ciudadano que vigila de manera informada si la legislación, los reglamentos, las políticas públicas, los programas, las normativas, los servicios y las acciones estatales en los países participantes avanzan en dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por los Estados frente a la comunidad internacional. De esta forma, se establece una relación con las instancias de gobierno para disponer de información publicada o inédita respecto de las áreas de interés. Los Ejes Temáticos que se definieron según su importancia en la realidad de las mujeres fueron:

Los Indicadores del monitoreo Para llevar a cabo el monitoreo la RSMLAC construyó una matriz de indicadores cualitativos y cuantitativos. Sobre esta base se elaboró la base de datos ATENEA, donde se registraron las acciones implementadas en los países seleccionados, siguiendo directrices internacionales de evaluación de políticas públicas. De esta forma, los indicadores permitían medir el grado de avance, estancamiento o retroceso en el cumplimiento de los acuerdos de El Cairo.

1. Violencia sexual contra las niñas 2. Responsabilidad masculina en sexualidad y reproducción 3. Participación de las organizaciones de mujeres en instancias de decisión 4. Acceso de adolescentes a información y servicios de salud sexual y reproductiva 1. Calidad de atención de los servicios de salud sexual y reproductiva 2. Atención humanizada del aborto inseguro 3. Prevención y atención integral a personas afectadas por el VIH/Sida

En 2005, ATENEA fue actualizada por iniciativa de SI Mujer en Nicaragua, reduciendo a 147 los indicadores utilizados. En 2007, mediante un proceso de consulta con 136 mujeres líderes de las Regiones Autónomas del país, SI Mujer comenzó a definir ATENEA para la Costa Caribe de Nicaragua. En 2012, luego de un proceso de revisión y actualización, comenzó a aplicarse en cuatro municipios de la Costa Caribe en el proceso de seguimiento de Cairo+20. Esto fue realizado por el Centro de Investigación de la Mujer Multiétnica de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, con asesoría de SI Mujer.

Por la gran cantidad de temas e implicancias del PA, para Cairo+5se seleccionaron seis ejes temáticos y para Cairo+10 se agregó VIH/Sida. Para Cairo+ 20 se seleccionaron los mismos siete ejes temáticos y se agregó el monitoreo de los pactos y convenciones internacionales, así como el análisis de los mecanismos nacionales para el empoderamiento de las mujeres y mediciones de empoderamiento de las mujeres como el IDH e IDG en la región.

Se definieron indicadores cuantitativos, es decir, variables susceptibles de cuantificar, y cualitativos, que entregan informaciones sensibles y relevantes acerca de las decisiones adoptadas en contextos nacionales relativas al PA. Fueron agrupados en indicadores de contexto o de insumos, indicadores de proceso e indicadores de impacto de resultado o incidencia. Se establecieron cuatro categorías analíticas con

Alcance de los Indicadores de ATENEA Se definieron los parámetros para caracterizar los contextos nacionales mediante la aplicación de indicadores que reflejaran la voluntad política y la proyección prevaleciente en cada país hasta El Cairo, configurando tendencias más o menos progresivas y, por consiguiente, contextos más o menos favorables.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

descriptores específicos: Contexto Global, Proceso, Impacto y Transparencia.

género, que se ve reducido en numerosas ocasiones a diferenciar estadísticamente mujeres de hombres.

El Contexto Global abarca: Marco jurídico, que expresa la voluntad política de los Estados de asumir los convenios internacionales y garantizar respeto a los derechos humanos y la decisión de adecuación del marco legislativo nacional. Voluntad Política, que incluye Índice de Desarrollo Humano, Índice de Desarrollo relativo al Género, Índice de Desigualdad de Género y los Compromisos internacionales. Proceso, que aborda como Capacidad institucional la adecuación curricular, interfase normativa, generación de opinión y estrategias programáticas sectoriales. Recursos, que aborda la voluntad política y el compromiso estatal de proporcionar recursos suficientes. Resultados, que alude a los cambios ocurridos por la decisión reguladora del Estado y la existencia de mecanismos en pro de la equidad de géneros en la vida cotidiana. Generación de opinión y estrategias de sensibilización de la opinión pública, que refleja el nivel de incidencia en la construcción de patrones culturales. Impacto, que muestra en cifras y situaciones nuevas el efecto de los esfuerzos, la voluntad política, nivel de sensibilización en la toma de decisiones, la Capacidad institucional y mide los vacíos que prevalecen. Transparencia, que mide la oportunidad de la información, la consistencia, veracidad y adecuación, los niveles de desagregación de los datos.

En algunos países la falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos impide o dificulta abordar adecuadamente la promoción, prevención y recuperación en salud sexual y reproductiva desde un enfoque integral, especialmente en relación con adolescentes. Influye la ausencia de correlato entre las recomendaciones del PA y las situaciones reales que se generan a partir de las reformas sectoriales de salud y seguridad social. También se observan dificultades para la generación de consensos intersectoriales sobre determinados conceptos, lo que provoca un vacío de liderazgo en el espacio gubernamental. La presión de jerarquías religiosas -especialmente católicas pero también evangélicas- sobre los gobiernos reduce, omite o modifica conceptos, contenidos y criterios operativos respecto de género, salud reproductiva y derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto, junto con debilitar la autonomía gubernamental, frena o retrasa la concreción del PA. Además, la lentitud con que se producen las necesarias transformaciones culturales se ven, en muchos casos, agravada por insuficientes políticas comunicacionales o por prácticas de censura.

Logros más relevantes del monitoreo desde la perspectiva de la RSMLAC

Los descriptores de incidencia agrupan indicadores tales como: Capacidad institucional, Democracia de géneros, Participación ciudadana, Voluntad política, Compromisos internacionales, Marco jurídico, Recursos, Transparencia.

En este proceso regional podemos señalar los siguientes logros: ••

Fortalecimiento de la práctica ciudadana de las mujeres. Los resultados abrieron amplios espacios de reflexión en el movimiento internacional de mujeres e impulsaron renovados debates que van más allá de los siete países donde ATENEA se desarrolló. La búsqueda de evidencias sobre los ejes temáticos analizados se amplió pues no todos los países contaban con información que permitiese cotejar el antes con el después de 1994.

••

Apertura de caminos en la región para el ejercicio práctico de monitoreo con perspectiva de género, demostrando que, a pesar de las dificultades y

Obstáculos o dificultades del monitoreo No todos los países cuentan con la información socio demográfica actualizada, no siempre existe cobertura nacional y las inconsistencias de los datos son frecuentes. Se pueden mencionar, asimismo, los siguientes aspectos negativos: vacíos de información desagregada, información insuficiente, desconocimiento de la CIPD por parte de la mayoría de los recursos humanos de las instituciones estatales, simplificación y/o vaciamiento del marco conceptual de

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo I

limitaciones, este es posible y permite a las organizaciones de la RSMLAC un conocimiento acabado de la realidad nacional y una experiencia de diálogo con las instancias gubernamentales. ••

desde sus respectivos enfoques, el compromiso de los gobiernos con el PA de El Cairo, a la vez que señalaron las contradicciones y las barreras impuestas por sectores conservadores al proceso iniciado en 1994.

Potenciación del establecimiento y/o fortalecimiento de vínculos con sectores gubernamentales a través de un trabajo de advocacy o defensoría más afinado y consistente. Esto permitió realizar un modelo de trabajo participativo entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales en algunos países.

••

Sensibilización en violencia sexual contra las niñas, responsabilidad masculina y acceso de adolescentes a información y servicios; impulso al proceso de humanización de la atención del aborto inseguro así como del aborto permitido por ley en algunos hospitales de la región, lo que constituye un referente para los países que aún no han iniciado esfuerzos por mejorar la calidad de atención según recomendaciones del párrafo 8.25 del PA. Asimismo, involucramiento de las organizaciones de mujeres respecto de la inminencia de la feminización de la pandemia del VIH/Sida en la región.

••

Fortalecimiento de las alianzas con las redes e iniciativas de mujeres en la región destinadas al seguimiento de la aplicación del PA, promoviendo la participación efectiva de las organizaciones de mujeres en instancias mixtas de decisión. Se fortaleció la acción política regional, nacional y local, identificando los nudos críticos en la no aplicación del PA. Se realizaron procesos de auditoría social desde los movimientos de mujeres incorporando la agenda de la CIPD.

••

Vinculación de las históricas campañas de activismo con el consenso de la CIPD. La Campaña del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres; la Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe; la Campaña del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres; la Campaña contra los Fundamentalismos; y la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos promovieron y demandaron,

••

Expresión del compromiso del movimiento de mujeres para exigir el carácter laico del Estado, así como en la defensa de los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros.

••

Impulso, desde las mujeres, a propuestas legislativas, en especial sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, y también de participación ciudadana, eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, entre otras, todas relativas a los ejes del PA. Se demandó su aplicación en el marco establecido por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la CEDAW, Belem do Pará y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Efectivamente, la CIPD constituyó el motor principal para lograr la incorporación de compromisos y cambios legislativos tendientes a la protección legal de los derechos sexuales y los derechos reproductivos aunque no se concretaron en la magnitud demandada. Es interesante lo ocurrido con las leyes de aborto en los últimos años, ya que como producto del enorme esfuerzo desarrollado por las feministas, sus organizaciones y alianzas, en tres países de la región se ha modificado favorablemente la legislación. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, el año 2006, reconoció el aborto impune por tres causales; fue aprobada en 2007 la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, en el Distrito Federal de México; y en 2013 fue aprobada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, en Uruguay. Pero en otros contextos se ha endurecido, como ha sido el caso de Nicaragua, donde el aborto terapéutico fue derogado.

••

Construcción de discursos e impulso a procesos culturales tendientes a posicionar la sexualidad y la reproducción como espacios de libertad y autonomía de las mujeres, desde un enfoque de derechos.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

El monitoreo de Cairo+20 por la RSMLAC

Desafíos al movimiento latinoamericano y caribeño de mujeres en la ruta de El Cairo

En el año 2012, en el contexto del proyecto internacional de seguimiento a Cairo+20 impulsado por ARROW, la RSMLAC comenzó a desarrollar un nuevo proceso de monitoreo en 6 países latinoamericanos y caribeños: Brasil, Colombia, Nicaragua y México, que habían participado en los procesos anteriores, agregándose Argentina y República Dominicana. Las siguientes organizaciones afiliadas se hicieron parte:

Efectivamente, la CIPD planteó y aún plantea grandes desafíos a la comunidad internacional y también al movimiento de mujeres en temas tales como el combate contra la pobreza, el acceso igualitario a los recursos, las respuestas a las demandas de justicia social, el avance hacia el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la promoción de los DDHH y la búsqueda de la paz. Y sin duda uno de los elementos más importantes para las mujeres en su lucha por la igualdad, la equidad y contra de la discriminación, fue el acento que se colocó en las mujeres como elemento central del desarrollo, reconociendo su papel insustituible en el progreso de las comunidades. Es decir, quedó en claro que ningún proceso de avance en los países puede impulsarse sin las mujeres, para lo cual deben colocarse todos los esfuerzos posibles para mejorar su condición social, su acceso a los recursos, su ejercicio de derechos en plenitud. Asimismo, se configuró la existencia de la tríada mujer-población-desarrollo, en la cual se deja de lado la tradicional y perversa mirada a las mujeres como objeto de políticas, como vía para cumplir metas demográficas. Por el contrario, el consenso de El Cairo las reconoce como sujetas plenas de derechos, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre su salud sexual y reproductiva, desde un enfoque integral. Aunque da cuenta de la existencia de derechos reproductivos, los derechos sexuales no lograron el mismo reconocimiento, el que quedó pendiente hasta la Conferencia Mundial de la Mujer, de Beijing, en 1995.

Argentina: Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Brasil: Coletivo Feminino Plural, Rede Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, y Rede Feminista, de Salvador de Bahia. Colombia: Fundación Sí Mujer, Cali. México: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.; Grupo de Información en Reproducción Elegida- GIRE A.C.; IPAS México A.C.; Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.; Afluentes S.C.; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. Nicaragua: Servicios Integrales para la Mujer, SI Mujer. República Dominicana: Colectiva Mujer y Salud. Esta nueva experiencia de seguimiento y monitoreo, y la sistematización de resultados que ahora presentamos, ponen en evidencia el compromiso permanente de la membresía de la RSMAC en torno al consenso de El Cairo, toda vez que estableció paradigmas centrales para la vida y la salud de las mujeres, los que siguen siendo plenamente válidos dos décadas después de la CIPD y muestran sendas por dónde continuar avanzando.

Por otra parte, el proceso de la Conferencia de El Cairo no estuvo exento de polémicas en el ámbito del movimiento internacional de mujeres. Mientras algunos sectores consideraban que los acuerdos sobre políticas de población eran una oportunidad para influir positivamente desde las agendas históricas de las mujeres, otros afirmaban que las políticas

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de población son sinónimo de intromisión en la autonomía de los cuerpos y, por lo tanto, había que restarse de estos foros mundiales. En 1994, la Declaración “Voces de Mujeres de América Latina y El Caribe” recibió críticas por estar bajo una supuesta influencia de la “agenda de las mujeres del norte”, pero sin duda fue un documento importante y consistente en sus postulados. Asimismo, es innegable que las demandas centrales de las mujeres tuvieron apoyo de organismos internacionales tales como el UNFPA y otros, comprometidos con garantizar que el PA de la CIPD se tradujera en cambios reales y positivos en los contextos de los países firmantes.

legislativas y en la dirigencia política, obstaculizando la aprobación de leyes favorables a las mujeres, según el espíritu del PA de la CIPD. Es así como en algunos países con esos regímenes en la práctica se ha dado prioridad a las agendas de los jerarcas religiosos, relegando a las mujeres en sus demandas más centrales, como es el caso de Nicaragua y la derogación del aborto terapéutico.

Notas a pie

Por último, no se puede dejar de mencionar la contradicción que ha significado a lo largo de los años la existencia de regímenes progresistas o denominados “de izquierda” en nuestra región, que no siempre se han alineado con los derechos de las mujeres en la esfera de la sexualidad, la reproducción o la participación política de sus organizaciones. Las presiones religiosas han tenido grave impacto en las asambleas

Consensos de El Cairo. Monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres. La mirada de la RSMLAC en cinco países de América Latina: Brasil / Chile / Colombia / Nicaragua / Perú. Proceso Cairo+ 5, 1998-1999.

ATENEA: El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres. Informe Latinoamericano. Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú y Surinam. Proyecto de seguimiento a la implementación del Programa de Acción de la CIPD, 2000-2003.

Cambios en la región que afectan la ejecución del Programa de Acción Tendencias regionales latinoamericanas y del Caribe

Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO II CONTEXTO Cambios en la región que afectan la ejecución del Programa de Acción

y fue reafirmada en 1993 por su Ley Orgánica.3 En 1996 se creó el Consejo Consultivo de Género de la Policía Nacional.4 Desde la CIPD pasaron casi diez años sin que la legislación haya establecido acciones afirmativas que promuevan la participación real de las organizaciones de mujeres en las instancias de decisión.

Principales barreras o desafíos para las organizaciones de mujeres que trabajan en temas de derechos y salud sexual y reproductiva

La Ley No. 475 de participación ciudadana fue publicada en diciembre de 2003. Establece que la ciudadanía en general podrá participar en la formulación de políticas públicas nacionales y sectoriales a través del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, conocido como CONPES, y en cualquier otra instancia de carácter sectorial.5 Regula que las y los ciudadanos nicaragüenses, a título individual o en grupo, tienen el derecho de emitir sus opiniones ante los órganos de consulta establecidos y ante las comisiones legislativas.6 Estas leyes dejaron de cumplirse a partir del año 2007, dado que todas las organizaciones de la sociedad civil fueron excluidas.

Inexistencia de leyes que garanticen la participación ciudadana La Constitución Federal del Brasil establece la democracia representativa y la participativa. Las decisiones sobre políticas públicas se dan por consulta popular en Conferencias Nacionales. Los obstáculos que se enfrentan son: cómo garantizar que los planes nacionales se conviertan en políticas; cómo financiarlos; y cómo asegurar su efectivo monitoreo. En Colombia el marco jurídico está definido a partir de una Constitución Política caracterizada por su amplitud en lo referido a espacios de participación ciudadana, por el reconocimiento y defensa de los Derechos Civiles y Políticos, y por el reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y cultural que caracteriza a la población. Se define la descentralización territorial del Estado, y por esa razón los espacios de participación pueden ser comunitarios, municipales, departamentales o nacionales. Existen leyes que garantizan la participación ciudadana en varios niveles.1

En República Dominicana existe un gran número de leyes que garantizan la participación ciudadana: Ley General de Salud 42/01, Ley General de Seguridad Social 87/01, Ley 135/11 sobre VIH/Sida, Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, entre otras. El problema surge por la falta de implementación de los mecanismos creados en las leyes para la participación ciudadana.

Incumplimiento de leyes de participación y cierre de espacios mixtos del Estado y la Sociedad Civil

En Nicaragua la Constitución establece la igualdad de derechos políticos de las mujeres y su participación en igualdad de condiciones respecto a los hombres, pero esto no tiene un correlato en la práctica social. La participación de las mujeres estuvo determinada por la creación del Instituto de la Mujer en 19872

La falta de cumplimiento de las leyes en Brasil está relacionada con las prioridades gubernamentales y la falta de presión de la sociedad en los temas concernientes a los derechos de las mujeres. Los espacios de participación existen y son muchos. No obstante,

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es necesario presionar a los diferentes actores de la sociedad y discutir con los sectores conservadores y religiosos que también permean estos espacios, especialmente en lo referido al tema de la salud.

cuatro gobiernos de la época enviaron a las NN.UU. Ni el gobierno de Nicaragua ni el UNFPA cumplieron el compromiso adoptado en el PA relativo a la participación de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en la redacción de dichos informes.8

En el contexto actual de México, el gobierno ha impulsado iniciativas orientadas a la protección de las y los defensores de derechos humanos: la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas7 tiene el objetivo de establecer cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado en apego a la ley. No obstante estos avances, el Estado no ha garantizado la participación efectiva de las Organizaciones No Gubernamentales.

En República Dominicana las leyes que establecen la participación ciudadana no se cumplen y no hay participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones, tampoco existe diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Persecución a defensoras de DDHH En Brasil entre 2007 y 2008, casi mil mujeres fueron encarceladas por aborto en el Estado de Mato Grosso do Sul, mientras que las defensoras de derechos humanos sufrieron amenazas y persecución al intentar apoyar a las mujeres denunciadas. El problema también suele ser grave en regiones como la Amazonia, donde todavía hay grandes empresas que atentan contra los liderazgos campesinos. Finalmente, este tipo de amenazas pueden ocurrir en algunas comunidades de las grandes metrópolis, en particular en Río de Janeiro, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

En Nicaragua, en la década de los 90, mientras existían instancias mixtas de participación no había seguimiento sistematizado del funcionamiento de las mismas ni de sus logros, dada la informalidad de las convocatorias. Desde el año 2007 han desaparecido espacios mixtos donde las organizaciones de mujeres y la sociedad civil tenían representación como el CONPES, el Consejo Nacional de Salud, la Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia. Se ha mantenido cerrada la Comisión Nacional de Lucha Contra la Mortalidad Materna y a la CONISIDA, a pesar de que la ley 238 establece la participación, solo son convocadas a ella las organizaciones afines al oficialismo. Además se han eliminado las representaciones de las organizaciones de mujeres de los Consejos de Desarrollo Municipal y los Consejos de Desarrollo Departamental en la gran mayoría de alcaldías del país.

En Colombia, una de las mayores dificultades en el cumplimiento y garantía de los derechos de las mujeres en general, es la compleja situación de seguridad que viven las defensoras de derechos humanos. Las lideresas han sido sistemáticamente amenazadas, agredidas, intimidadas y violadas debido a su desempeño como voceras de poblaciones que reclaman derechos. De acuerdo con una denuncia publicada por el secretario técnico de la Organización de Población Desplazada,9 71 líderes y lideresas de población desplazada que reclamaban la restitución de sus tierras fueron asesinados entre 2005 y 2011, 11 eran mujeres. Esto ha sido motivo de indignación y rechazo por parte de organizaciones de mujeres y defensoras de Derechos Humanos en la región, como el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM.10 Mónica Roa, defensora de derechos sexuales y reproductivos quien instauró la demanda que logró la despenalización del aborto en Colombia por causales, ha sido víctima

En relación al acceso de información en los años 1994, 1999, 2004 y 2009 en el proceso de El Cairo, Cairo+5, Cairo+10 y Cairo+15 las organizaciones sociales no tuvieron acceso a los informes que los

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de ataques por parte del Procurador General de la Nación, quien en vez de defender los derechos de las mujeres, los ataca. Mónica ha sido víctima de robos y recientemente su oficina fue atacada con balas.11 Mujeres activistas de derechos humanos reciben amenazas, ataques y algunas han sido asesinadas por sectores de derecha. Ha habido una persecución de las organizaciones que trabajan el tema de derechos sexuales y reproductivos por parte del Procurador General de la Nación.12

delito de Violación, Asociación Ilícita para Delinquir y Apología del Delito de Aborto”. Esta primera denuncia continuó abierta durante dos años y medio hasta que fue desestimada en febrero de 2010. En octubre del año 2008, después de varias semanas de hostigamiento público por parte de los medios de comunicación del gobierno, el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Managua, a solicitud del Ministerio Público, emitió un “auto de allanamiento y orden de secuestro de bienes” en contra de redes, organizaciones y ONG’s internacionales.

En México, las defensoras de derechos humanos enfrentan numerosos obstáculos para la realización de su labor, pues si bien se han logrado avances aún persisten normativas y prácticas que restringen el espacio para las actividades de quienes defienden derechos humanos y que son incompatibles con los estándares internacionales de protección de estos derechos. Esta tendencia obedece a que en México “el entorno en el que [las personas defensoras] desarrollan sus actividades se ha visto grave y crecientemente afectado como en diversos países por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión”.13 Se muestra una tendencia a la criminalización de las actividades que llevan a cabo las defensoras de los derechos humanos. En razón de su condición de género, las defensoras enfrentan obstáculos adicionales por el ejercicio de su labor, esto debido a que las prácticas patriarcales y estereotipos sociales y culturales persisten en diversos ámbitos, incluidos los institucionales. Ser mujer y ser defensora aumenta la discriminación y el riesgo de violación de sus derechos humanos tanto por agentes estatales como por diversos grupos de poder.

Dos de las feministas acusadas en 2006 volvieron a ser incluidas en esta nueva acusación. En apoyo se manifestaron organizaciones de derechos humanos internacionales. La denuncia fue desestimada en enero de 2009 por falta de sustento para mantenerla. Durante los últimos meses de 2008 hubo actos de invasión a la privacidad y seguridad en hogares de algunas integrantes de las organizaciones de mujeres atacadas, a través de llamadas nocturnas amenazando con secuestro de sus familiares y otro tipo de acciones intimidatorias, como el daño a la propiedad de una lideresa, con aerosol y vertido de aceite. También hubo agresiones contra la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Dra. Vilma Núñez. En República Dominicana, existe persecución contra las defensoras expresada por actos de difamación pública, insultos y boicot a actividades. Proviene fundamentalmente de sectores ultra conservadores, de la jerarquía eclesial católica, de medios de comunicación controlados por la derecha y de los grupos autodenominados “pro vida”.

Falta de financiamiento o retiro de la cooperación internacional

En Nicaragua, en noviembre de 2007, la Fiscalía General de la República giró una orden de investigación hacia 9 feministas defensoras de los derechos humanos y con amplia experiencia en el tema de salud sexual, derechos de las mujeres, trabajo con sobrevivientes de violencia y abusos sexuales y promoción de los derechos de las niñas y niños. Fueron citadas para responder por “Delitos contra la Administración de Justicia, Encubrimiento del

La salida de la cooperación internacional de Brasil empezó en 1996, acarreando enormes dificultades para la actuación del movimiento de mujeres y feministas. Como impacto de la reducción de la cooperación internacional se produjo la reducción de personal de las organizaciones, principalmente las de mujeres y feministas y el cierre de muchas, con el consiguiente cese de programas y servicios. En 2008, la Fundación Ford concluyó sus actividades en apoyo a la Salud

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Sexual y Salud Reproductiva y también el Fondo de Población de Naciones Unidas redujo la importancia de trabajo en el área. Brasil dejó de ser una prioridad para la financiación internacional debido a que había concluido la curva demográfica, se volvió un país acreedor del Fondo Monetario Internacional y tuvo un sostenido crecimiento económico.

Fondo Mundial, dejando de lado un enfoque prioritario en mujeres, adolescentes y jóvenes, ha tenido un negativo impacto en al menos ocho organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la prevención y atención de las personas afectadas por la pandemia del VIH/Sida. En la actualidad, en República Dominicana la mayoría de las organizaciones de mujeres enfrentan la reducción de su financiamiento lo que ha implicado el cierre de programas, reducción de las zonas de trabajo, una baja en el activismo social, reducción del personal, modalidad de contratación de tiempo parcial y mayor carga de trabajo para el personal que se ha quedado en la organización. Los recursos con que se cuenta para el desarrollo, sostenibilidad y fortalecimiento institucional son muy reducidos, pues la mayoría de las agencias no financia el desarrollo institucional, gastos corrientes, personal e infraestructura. Gran parte de las agencias de cooperación no contemplan el pago de impuestos y prestaciones laborables, recayendo en las ONG’s la aportación de los mismos. Las organizaciones que hacen defensoría de los derechos sexuales, derechos reproductivos, diversidad sexual, Estado laico y contra los fundamentalismos tienen aún más dificultades para acceder a recursos de la cooperación para el desarrollo, porque esos temas entran en contradicción con las agendas de las agencias o implican cuestionamientos y transgresión a las normativas, reglamentos y decisiones del Estados o de los poderes fácticos.

La actual situación pone en riesgo la existencia de un movimiento de mujeres capaz de responder al proceso de fortalecimiento de los derechos de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de esos derechos que posibiliten el monitoreo y seguimiento a la formulación, ejecución y cumplimiento de políticas públicas, así como acciones de incidencia, especialmente a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Se constata un incremento significativo de la violencia con sesgo de género y, asimismo, la situación relativa a la epidemia del VIH/Sida exige mayores inversiones para responder a las necesidades de las mujeres afectadas. De acuerdo con un estudio reciente sobre la dimensión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo para Colombia, en 2010 este país fue el segundo receptor de ayuda al desarrollo con un total de U$910 millones, es decir, el 8% de la ayuda para América Latina. La ayuda per cápita creció de U$5 a U$20 en menos de una década. Sin embargo, la ayuda al desarrollo no ocupa una parte significativa en la economía colombiana.14 Desde el año 2007 el gobierno de Nicaragua ha expresado críticas contra la cooperación internacional, y personas responsables de Embajadas y de proyectos financieros potencialmente beneficiosos para el país. En el contexto de una crisis económica global, se observa el retiro progresivo de la cooperación europea al desarrollo confrontada a este ambiente hostil, a la vez que se redirecciona la ayuda a países africanos históricamente sumidos en la pobreza. De esta forma, Nicaragua ha perdido paulatinamente apoyo para las organizaciones de la sociedad civil, proveniente especialmente de países nórdicos como importantes donantes en temas de gobernabilidad, participación ciudadana, salud y derechos sexuales y reproductivos. El reciente cambio de estrategias del

Barreras a la aplicación del Programa de Acción de la CIDP en relación a la salud y los derechos reproductivos El desarrollo y la aplicación del PA requiere la existencia de legislaciones, políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva basados en los derechos humanos de las mujeres a lo largo del ciclo vital. Sin embargo, en el contexto latinoamericano y del Caribe se observa la influencia de jerarquías religiosas que buscan incidir en las políticas públicas vinculadas a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y colocar barreras para su pleno ejercicio. Los programas de salud y de educación han sufrido

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permanentes recortes o casi han desaparecido en algunos países, por la obediencia de funcionarias y funcionarios públicos a los dictados del Vaticano en la región, incluso donde la Constitución establece la vigencia del Estado laico, como el caso de Nicaragua.

En República Dominicana no se cuenta con un marco legislativo garante de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Influencias de las jerarquías religiosas en las políticas públicas y programas educativos

Inexistencia de legislación que garantice el ejercicio de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

En 1999 se instituyó en Argentina el 25 de Marzo como Día del Niño por Nacer por iniciativa del Presidente Carlos Menem. Posteriormente, para la aprobación de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable el Congreso argentino superó la fuerte oposición de la iglesia católica y de varios legisladores cercanos a la misma. Representantes de ONG’s, autoridades electas y funcionarios de salud entrevistados por Human Rights Watch mencionaron el impacto de los esfuerzos de la iglesia católica por obstruir políticas y leyes relativas al acceso a anticonceptivos, acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, y educación sexual.

Recién en 2002 en Argentina, mientras el país atravesaba una crisis social, económica y política muy grave, con altos niveles de pobreza que afectaron a grandes capas de la población, se sancionó la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable que cambió radicalmente la política en el área, especialmente respecto de la desarrollada durante los 90. La crisis puso en evidencia diversos problemas en la salud sexual y reproductiva de la población, lo que permitió que se aprobara esta ley a partir del compromiso gubernamental.15 Sin embargo el cumplimiento de esta ley es deficiente y no logra alcanzar los objetivos que contempla, puesto que no es suficiente contar con un instrumento jurídico, este debe estar acompañado de la voluntad política, los mecanismos y los recursos humanos y financieros para su implementación.

En Brasil es muy fuerte la influencia de las jerarquías católicas sobre las políticas públicas. En el Congreso Nacional existe un Frente Parlamentario contra el Aborto compuesto por más de 250 miembros entre diputados/as y senadores/as de diferentes partidos, muchos de los cuales forman parte de la bancada del gobierno y/o de sus aliados. Asimismo, tienen representantes en el Poder Ejecutivo aunque no es fácil identificarlos. Los sectores religiosos luchan por espacios en los diferentes Consejos y, en particular, en el Consejo Nacional de Salud. Lograron impedir que la actual Presidenta de la República, Dilma Rousseff, se comprometiera con la legalización del aborto y mantienen una vigilancia permanente.

En Brasil la legislación sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se restringe a la planificación familiar. Con relación al aborto contempla apenas tres casos en que no es sancionado. En Colombia hay programas de educación sexual, provisión de métodos anticonceptivos y el aborto está despenalizado en 3 causales. Más que inexistencia de legislación lo que hay es dificultad para implementarla y cumplirla de manera adecuada.

Tienen un gran espacio en la determinación de las políticas de salud y derechos humanos. Las jerarquías religiosas juegan un rol importante en los medios de comunicación, especialmente radio y televisión. Es así como promueven estrategias permanentes de presión sobre concejales, alcaldes, diputados y gobernadores con el fin de impedir cambios en la legislación para ampliar los derechos, y más bien actúan para cercenar los ya alcanzados. Trabajan para que las leyes existentes no sean implementadas y que los servicios no ofrezcan los insumos y procedimientos

En Nicaragua no hay una legislación que garantice los derechos sexuales ni los derechos reproductivos; el aborto está absolutamente penalizado y los medios de comunicación dan cuenta de los conflictos sociales y los debates que surgen cuando las niñas violadas y embarazadas son alojadas en hospitales públicos en espera del nacimiento, a pesar de graves complicaciones producto de la misma violación.

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a los que las mujeres tienen derecho, por ejemplo, anticonceptivos de emergencia o interrupción del embarazo en los casos especificados por ley o bien la ampliación de uso del Misoprostol.

Episcopal donde el Ministro de la Familia dio lectura al decreto, a modo de homilía. En 2003 el Ministerio de Educación, con apoyo de UNFPA, publicó un manual para el profesorado titulado “Educación para la vida”, que el Estado pretendía aplicar para facilitarles educar con mayor capacidad y preparación sobre la sexualidad. La polémica generada por sectores religiosos en torno a este documento llevó al Presidente a retirarlo de circulación. Siete años después, en octubre del año 2010, el Ministerio de Educación publicó el documento Educación de la Sexualidad, Guía Básica de Consulta para Docentes con 30 mil ejemplares, de los cuales a fines del año 2012 sólo se había repartido el diez por ciento entre el profesorado. El documento tampoco es conocido por quienes a diario enfrentan las demandas del alumnado, especialmente adolescentes y jóvenes.

A pesar de que la Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado laico, la iglesia católica sigue teniendo gran influencia o por lo menos es consultada de manera permanente frente a temas importantes en la vida nacional. Las jerarquías religiosas influyen negativamente en la aplicación de la legislación que permite el aborto en tres causales. En México las instituciones públicas están siendo sometidas a la influencia de los poderes fácticos, lo que impacta en las responsabilidades del Estado e influye en las políticas públicas y legislación. En 2012, de acuerdo al informe “Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011”, se señalan los poderes fácticos que obstaculizan el trabajo de las defensoras: los grupos conservadores, el crimen organizado y los medios de comunicación.16 En vísperas del inicio de un nuevo ciclo escolar existió una ofensiva para vulnerar la educación laica, dado que grupos conservadores17 afirmaron que los libros de texto de biología, aprobados por la Secretaría de Educación Pública, son tendenciosos y deficientes al promover el inicio temprano de la actividad sexual.18

En República Dominicana fue aprobado el Día del No Nacido a comienzos de 2001, la ley que lo instituye considera como «apropiado y necesario consignar un día al Niño por Nacer con la finalidad de propiciar la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que porta en su seno». Las jerarquías religiosas, especialmente de la iglesia católica, tienen injerencia e influencia en la adopción e implementación de políticas públicas, especialmente las que aluden al campo de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las consecuencias del tutelaje moral de la iglesia se manifiestan en el caso del aborto, donde la jerarquía católica ha intervenido activamente en el proceso político para evitar su despenalización, ejerciendo presión directa sobre miembros del Congreso, e influyendo en los medios de comunicación. En consecuencia, la ley dominicana impide el aborto aún cuando el embarazo amenace la vida de las mujeres o cuando sea producto de violación o incesto.

Actualmente se discute una reforma a la Ley sobre Libertades Religiosas para modificar los artículos 24 y 130, así como el artículo 3ro de la Constitución, donde se garantiza que el derecho de libertad religiosa se encuentra referido en la enseñanza básica, tanto en escuelas públicas como privadas. Dicha reforma se encuentra sustentada bajo el argumento de que la educación debe de ir de acuerdo con las convicciones religiosas o morales de padres, madres o tutores del menor, violando el carácter laico del Estado. El año 2000, el Estado de Nicaragua declaró el 25 de marzo como “Día Nacional del Niño por Nacer”, buscando avanza eliminar del nuevo Código Penal el aborto terapéutico. Un decreto emitido por el mandatario de un Estado laico quedó consagrado en una ceremonia religiosa en la cual Ministros y funcionarios públicos asistieron a una misa de la Conferencia

En su oposición al uso de condones, las presiones eclesiásticas limitan de diversas maneras las actividades de prevención de la agencia estatal COPRESIDA, de la Secretaría de Educación, que no puede incluir el tema en la asignatura de Educación Sexual, y hasta

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de las ONG’s. En consecuencia no existe publicidad de ninguna índole que promueva el uso de condones para la prevención del VIH.

México, aunque no las ha logrado cumplir. Nicaragua cuenta con dos políticas de población con quince meses de diferencia, que no son coherentes con la realidad nacional.

Eliminación de programas de Salud y Educación Sexual y Reproductiva

Falta de Políticas de Población definidas formalmente

En Nicaragua en enero de 2002, las primeras acciones del Ministerio de Salud crearon expectativas favorables, ya que apenas iniciada la gestión emitieron una convocatoria para la presentación pública del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el prólogo del documento se mencionaban los términos “derechos sexuales y reproductivos” aunque no se abordaban en su contenido. Sin embargo, a raíz de esa mención, el texto se llevó a consulta de la Conferencia Episcopal. En febrero de 2002 fue retirado y los ejemplares distribuidos fueron recuperados.

La formulación de una Política de Población en Argentina es una tarea pendiente. Desde hace muchos años se avanzó en relación a la Política Migratoria, pero el problema de la migración es sólo una variable de la población. Existen otras variables que si bien son analizadas por las dependencias correspondientes y se encuentran muchas investigaciones al respecto, se nota la carencia, de una política pública que aborde temas como la fecundidad y la mortalidad que afectan el crecimiento de la población y las condiciones de vida de las personas.

En noviembre de 2006 el mismo gobierno publicó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo los derechos reproductivos y los derechos sexuales, la sexualidad desde una perspectiva de derechos y haciendo mención de los derechos de la diversidad sexual. Este documento, sin embargo, no es conocido por el personal de salud que debe aplicarlo, por lo que su contenido favorable se pierde como oportunidad de avance conceptual en los servicios públicos.

En Brasil nunca hubo una política explícita de población. Los datos del Censo del año 2010 -divulgados en agosto de 2012-, revelan que la tasa de crecimiento sigue en declive. Esta es una tendencia que empezó en la década de 1950 a 1960, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. La tasa promedio de crecimiento anual entre 2000 y 2010 fue de 1.17, inferior al registrado en 2000, cuando fue de 1.64. En diez años la población brasileña aumentó 12.3%, llegando a 190,732,694 habitantes en 2010, o sea 20,933,524 personas más que en 2000. Luego la tasa de fecundidad empezó a caer de forma acentuada durante la década de los 80, aproximándose a los niveles observados en los países desarrollados.

Barreras a la aplicación del Programa de Acción de la CIDP en relación a la regulación de la fecundidad y al acceso a estadísticas e información sobre población

Si bien no se puede hablar de la existencia de políticas de población definidas formalmente, hay acceso a métodos anticonceptivos; el sistema público asegura su provisión a hombres y mujeres. Probablemente el principal problema son los imaginarios sociales y culturales que evitan que las mujeres y hombres accedan a los mismos.

En América Latina y el Caribe ha prevalecido una fuerte indefinición sobre políticas de población que hayan sido formalmente establecidas. En general las políticas de población no son explícitas, aunque se aplican de diferente forma. Hay países que se han considerado “despoblados” históricamente, en los cuales las políticas pro natalistas han prevalecido en los siglos anteriores, como Argentina, frente a otros que han establecido metas de población como

México, a lo largo de su historia, ha contado con una Política Nacional de Población, que además cuenta con una Ley General de Población debidamente reglamentada. Dicha ley mandata que la Secretaría

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de Gobernación dictará, ejecutará y/o promoverá medidas para realizar programas de planificación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público, y vigilará que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos y preserven la dignidad de las familias, regulando racionalmente y estabilizando el crecimiento de la población para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país. Asimismo, postula disminuir la mortalidad; y promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural.

datos estadísticos de carácter cuantitativo, en particular en las áreas de mortalidad materna, violencia y VIH. Este es uno de los vacíos más importantes en el país para el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos. La información sobre derechos, políticas y servicios -o mejor dicho su ausencia- conlleva que muchas mujeres continúen en relaciones de violencia. La inexistencia de servicios que orienten sobre el aborto seguro, por ejemplo, hace que persistan prácticas inseguras para la interrupción del embarazo. Hay resistencia por parte de profesionales para proveer esta información por el temor a la legislación punitiva. A pesar de que en un momento el gobierno federal anunció la implementación de una política de información para la prevención del aborto inseguro, al final retrocedió en su posición. La política nacional vigente va dirigida a la atención materno-infantil.

En Nicaragua hubo una primera Política de Población durante el Gobierno de Violeta Chamorro, publicada en septiembre del año 1996. Quince meses después hubo otra publicada por el Gobierno del presidente Alemán en diciembre de 1997. Simultáneamente han existido políticas pro natalistas en el discurso oficial y medidas anti natalistas derivadas del modelo económico neoliberal.

En Colombia existen estadísticas pero están limitadas por los graves problemas de subregistro en temas relacionados con la sexualidad y por las limitaciones de cobertura geográfica en un país donde existen regiones con alto grado de aislamiento. Existen varios sistemas de información sobre salud en general. como el Sistema de Vigilancia Epidemiológico y los Registros Individuales de Prestación de Servicios atendidos por el sistema de salud. Existe además un sistema de vigilancia en salud pública sobre Violencia contra las Mujeres, Violencia Intrafamiliar y Sexual. Adicionalmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas hace reportes sobre indicadores socio/demográficos permanentes y los publica. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publica el informe FORENSIS sobre estadísticas de las atenciones con análisis comparativos anuales. Es muy útil para conocer los indicadores de violencias en general y de violencias basadas en género.

República Dominicana no cuenta con Política Nacional de Población y tampoco se han hecho propuestas para normar los asuntos de población y desarrollo.

No hay estadísticas nacionales confiables y la información pública sobre salud y derechos sexuales y reproductivos no está disponible Brasil tiene actualmente un sólido sistema de recolección de información en el campo de la salud en general. En términos de investigación sobre la situación en salud, la fuente más importante de datos es siempre la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Mujer, la última tuvo lugar en el año 2006. No obstante, a raíz de la criminalización del aborto, la deficiente notificación de las causas de muerte materna en los registros de defunciones de mujeres en edad reproductiva, y la baja calificación de los profesionales de la salud o su ausencia en regiones distantes como el norte de Brasil, es muy posible que exista un subregistro de estos eventos. Las encuestadoras feministas han hecho una significativa contribución en la búsqueda de información con el fin de calificar los

En Nicaragua, a pesar de contar desde 2007 con una Ley19 que establece el derecho de toda persona a acceder a la información pública, en la práctica esto no se cumple, las páginas webs de las instituciones públicas fueron cerradas progresivamente o se mantienen con información desactualizada. Esta política de no

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<Volver inicio> información se agrava por haberse cerrado la mayoría de las instancias de coordinación entre el Estado y la sociedad civil. El Sistema Nicaragüense de Estadísticas Vitales, SISNIVEN, frecuentemente está desactualizado, al igual que la página web y el Boletín Epidemiológico; faltan registros de los principales problemas de salud de las mujeres, adolescentes y jóvenes, así como de la morbi-mortalidad materna, la pandemia del VIH y el Sida, la fecundidad en adolescentes, entre otros. Las estadísticas nacionales no están disponibles ni es posible conseguir información en la sede central del Ministerios de Salud, dado que funcionarias y funcionarios tienen prohibido brindar información. La ENDESA no incluye la mortalidad materna, por lo tanto, no se puede realizar un seguimiento de la misma; desde inicios de los 90 todos los gobiernos se han comprometido con “reducciones drásticas” de la tasa, pero sin definir con claridad las medidas de salud pública que se aplicarían para ello. Mientras las agencias internacionales publican cifras de tres dígitos, los gobiernos desde hace una década anuncian que no llega a 100 x 100.000n.v., y actualmente dicen que apenas sobrepasa los 60 x 100,000 n.v. Se puede afirmar, entonces, que la mortalidad materna se constituye más bien en una variable manejada políticamente.

niveles de subregistro, mala calidad de los registros y falta de desagregación de datos e información. La fuente más confiable es la Encuesta Demográfica y de Salud, pero es una encuesta limitada que deja fuera gran parte de los aspectos de la salud sexual y salud reproductiva. El problema, más que el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, es la no disponibilidad o la mala calidad del dato o el subregistro. Si está disponible y lo solicitan suelen darlo porque la misma ley establece mecanismos coercitivos para demandar la información en caso de negativas.

Tendencias regionales latinoamericanas y del Caribe Las democracias y los derechos de las mujeres En América Latina y el Caribe, en el marco de la globalización neoliberal, de las políticas de ajuste estructural y del imperio del mercado se ha concatenado una serie de fenómenos contrarios al ejercicio de derechos de la población en general y de las mujeres en particular. Con la instauración de procesos de reformas estructurales del Estado -cuyos costos sociales aún no alcanzan a ser dimensionados-, y el debilitamiento del papel del Estado que abandona su rol de garante de derechos, amplias capas de la población ven restringido su acceso a bienes sociales tales como la salud, la educación, el trabajo decente, la protección social, la vivienda, la cultura y la recreación. La ola de privatizaciones de bienes y servicios públicos ha sido imparable en las últimas décadas.20

Las cifras sobre el VIH y el Sida desde hace dos años han dejado de publicar separando el sexo según quintiles de edad, de esta manera se reportan personas sin determinar cuántas son mujeres y cuántos varones. Las estadísticas nacionales de salud carecen de indicadores desde la perspectiva de género y generacional, no se analizan con participación social y, por ende, se carece de una valoración independiente que permita señalar las preocupaciones nacionales en materia de salud sexual y salud reproductiva. No hay datos estadísticos que incluyan indicadores de pertinencia cultural y étnica y la lengua materna, a pesar que Nicaragua es un país multicultural, multiétnico y multilingüe, de esta manera se carece de estadísticas específicas sobre el 8% de la población del país, que vive en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

La profundización de las brechas en la distribución del ingreso y el acceso de las personas a los beneficios del desarrollo son cada vez más desiguales. Es decir, se acentúa la distancia entre los más ricos –los menos–, y los más pobres –la mayoría. Esta inequidad ha sido destacada persistentemente por los organismos dedicados al análisis de la población y el desarrollo. Para las mujeres, el neoliberalismo es sin duda un aliado del patriarcado que ha propiciado el incremento de la violencia en todas sus formas

En República Dominicana hay déficit en las estadísticas sobre salud sexual y reproductiva debido a altos

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y expresiones, en especial la violencia sexista, el racismo, la intolerancia y la xenofobia; también ha potenciado el auge del armamentismo y militarismo, disfrazados bajo el falso discurso de la seguridad.

A pesar de la menor capacidad de pago de las mujeres en todos los países y de su sobre-representación en los quintiles más pobres, el pago por compras de seguros y los gastos de bolsillo que realizan son mayores que el de los hombres, lo que constituye un castigo impositivo a su función reproductiva y a su mayor longevidad con precarias condiciones de salud, circunstancias que representan una obscena discriminación con base estructural que vulnera su derecho a la salud, así como sus derechos económicos, sociales, civiles y políticos.

Las mujeres constituyen la mayoría de la personas pobres, son las principales excluidas del acceso a la salud, educación y previsión social; son la mayor parte de la mano de obra barata y flexible que trabaja en condiciones insalubres, peligrosas, en modalidades esclavizantes y desprotegidas de leyes laborales, enfrentando la violencia con sesgo de género que se reproduce y potencia en estos contextos.

Fundamentalismo de mercado

Globalización neoliberal y derechos humanos

Las mujeres han aumentado su presencia en el mercado laboral pero no han logrado la igualdad a pesar de los importantes logros educativos. Las numerosas inequidades y discriminaciones que prevalecen en contra de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado suelen estar vinculadas a las dificultades para armonizar las obligaciones reproductivas y las actividades productivas.

Es sabido que la globalización neoliberal propicia injusticias sociales, la región latinoamericana es actualmente la más desigual del planeta. Hay fuertes contrastes entre el discurso de derechos humanos instalado en la comunidad internacional, la reiteración del crecimiento económico sostenido de la región y la persistencia de alta proporción de pobreza con incremento de las desigualdades. La crisis global de los años 2008 y 2009 impactó fuertemente, dejando en claro que el modelo predominante no asegura un crecimiento con igualdad y equidad, sino que predomina la exclusión.21

De acuerdo a la información producida por la CEPAL, se observa que la crisis afectará con mayor intensidad a los países con mayor apertura comercial como es el caso de los países centroamericanos y de México, que tienen como principal receptor de sus exportaciones a los Estados Unidos. Los países de América Latina y el Caribe enfrentan un escenario caracterizado por una fuerte caída de la demanda global y, por consiguiente, por la reducción de la demanda externa de los bienes y servicios que la región exporta. Hay evidencias sobre los beneficios de la apertura de las economías de la región, sin embargo el shock asociado con el derrumbe de las exportaciones tendrá efectos diferenciados en países y grupos poblacionales involucrados.

Los Estados y su deuda con la equidad en salud, el bienestar y la cobertura En este contexto las mujeres han sido las más perjudicadas, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, han avanzado aceleradamente hacia una cobertura universal de salud con mayor o menor participación de los sectores públicos y privados, pero la mayoría de los países aun no cuenta con esta cobertura universal para su población. La tendencia más bien ha sido, por una parte la instalación de proveedores privados de salud con una lógica de mercado y, por otra, el debilitamiento progresivo de los servicios de los sistemas públicos de salud. 22

La contribución nacional de las mujeres desde los ámbitos del trabajo remunerado y no remunerado es muchas veces invisibilizada desde el enfoque tradicional de las economías de mercado. Las políticas de protección social no incluyen programas importantes de conciliación entre la esfera familiar y laboral, lo que es imprescindible para su acceso en igualdad

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de condiciones. Estas políticas de conciliación de la vida familiar y laboral son una asignatura pendiente de la región.23

con proyectos legislativos en países como Colombia y Argentina25 donde esta modalidad laboral ocupa casi el 6% de la población empleada.

La precarización del empleo, los derechos y la vida de las mujeres

El trabajo doméstico no remunerado Varios factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas discapacitantes y el mayor énfasis en la atención ambulatoria de la salud26 se combinan en la otra esfera de la economía, la no mercantil, la del trabajo doméstico para aumentar la carga del trabajo no remunerado de las mujeres.

El trabajo humano ha pasado a ser un capital para los empresarios -“capital humano”-, que es esencial para asegurar las utilidades. Las nuevas formas de precarización hoy alcanzan también a las empresas formales, más allá del trabajo informal y del subempleo que antes constituían las manifestaciones de la precariedad. Muchas de sus cláusulas desventajosas están dirigidas a las mujeres, incrementando su marginación y explotación.

México es uno de los países en los que más trabajo doméstico no remunerado se realiza y los hombres contribuyen con el menor número de horas al mismo, indicador también del sexismo que estructura las relaciones sociales en esa sociedad.27 La CEPAL informa acerca de las horas de trabajo no remunerado en Argentina, Nicaragua, Brasil, Colombia y México, apareciendo Brasil en 2008 con la menor cantidad de horas y con una leve tendencia al aumento del aporte masculino,28 en tanto los sectores pobres de Colombia ostentan el mayor número de horas, aludiendo a la posición de las mujeres en la sociedad.

A las nuevas formas de precarización señaladas, se agrega en un grado máximo el así llamado trabajo a domicilio, realizado en un 80% por mujeres que no tienen relación contractual con las empresas a las que benefician, porque se las considera “microempresarias autónomas” que proporcionan servicios, pero en la realidad son mandatadas y dependientes. No cuentan con salario explícito, carecen de protección social, asumen en sus hogares los costos de infraestructura, ponen en juego sus relaciones y recursos propios, y sus horarios se extienden sin límites así como la intensidad de su trabajo, todo lo cual redunda en beneficios para la empresa.24 Esta situación no tiene grandes expectativas de cambio porque, en general, las trabajadoras no cuentan con organizaciones sindicales fuertes capaces de hacer presión social y política relevante que modifique estas abusivas relaciones laborales.

El cambio climático y la pobreza exacerban los riesgos para la salud de las mujeres, quienes son particularmente vulnerables en su salud física y psicológica. El 99% de las muertes asociadas al cambio climático se debe a la alteración de los patrones de epidemias y enfermedades a escala global. Las catástrofes naturales exponen a las personas a tormentas e inundaciones, destruyen hogares y medios de vida y causan lesiones físicas y trastornos psicológicos, lo que provoca un número desproporcionado de fallecimientos de mujeres, niñas y niños.

El sector agrícola se aparta del derecho laboral y en muchos lugares los trabajos estacionales -o de temporada- no están sometidos a ninguna forma de regulación. Las lesiones, intoxicaciones agudas o crónicas por trabajar expuestas a químicos tóxicos sin protección, problemas músculo-esqueléticos por posturas forzadas propias de la recolección, estrés u otras formas de compromiso de su salud psicológica por la carga de trabajo y acoso laboral y/o sexual, forman parte de la realidad de las mujeres que trabajan en estas cosechas. El tele-trabajo ya cuenta

El calor extremo y las sequías también afectan los medios de vida, al disminuir los ingresos familiares se deterioran la salud y la alimentación, ámbitos de los que comúnmente se encargan las mujeres. Estos desastres también pueden causar desplazamientos forzados que conllevan complicaciones sanitarias.29

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Los daños y riesgos que sufren las mujeres en situaciones de conflictos armados han sido objeto de atención de las organizaciones y el movimiento social de mujeres a través de medidas de asistencia humanitaria, promoción y protección de los derechos humanos, apoyo de iniciativas de paz en pro de la resolución no violenta de conflictos y estrategias de desarrollo y reconstrucción. Estos movimientos no sólo deben lidiar con la dificultad de falta de recursos, sino que deben asumir los riesgos específicos como amenazas, atentados, secuestros al personal y, muchas veces, desplazamiento del lugar donde operan.30 En Colombia, la discriminación y exclusión tradicional que experimentaban las mujeres se ha agravado con el conflicto armado en sectores rurales, indígenas y marginales.31

Los fundamentalismos religiosos impiden la apertura a nuevas corrientes de pensamiento y obligan al encierro de las mujeres a normas familiares y sociales estrictas. En América Latina y el Caribe la religión juega un doble papel al pretender influir políticamente sobre el Estado, o cooptarlo y dominarlo en muchos casos, como también al manipular las creencias. De maneras sutiles o directas y por imposición, los fundamentalismos crean aversión al que no profesa la religión dominante, con la consecuente discriminación y aislamiento social, imponen normas de vida privada y social que coartan la libertad de las mujeres incluso dentro de sus propias casas.32 Para las mujeres, oponerse a los fundamentalismos religiosos implica el doble desafío de buscar la realización de sus derechos en libertad y autonomía en un ambiente social y religioso que no favorece estas opciones, y cuestionar las normas impuestas les trae como consecuencia el castigo social. Se regulan y construyen relaciones sociales instrumentales al modelo neoliberal mediante expresiones de biopolítica que impactan los cuerpos y las vidas de mujeres. Políticas que en forma más sutil pero no menos feroz, también han aplicado gobiernos de izquierda tradicional de la región, sembrando terror e intimidando a mujeres defensoras de los derechos humanos o penalizando el aborto.33

Las mafias del narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe, además de beneficiarse del mercado ilícito, han contado con la protección de administraciones locales y nacionales. Se han beneficiado también de su popularidad entre la población que, en ausencia de políticas sociales, las considera protectoras. En esa trama de exorbitantes capitales, sobornos y corrupción, la vida de las mujeres jóvenes y pobres que son secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas es uno de los mayores costos que provoca este círculo vicioso. En ese contexto, los crímenes son el resultado de perversas formas de refrendar masculinidades y de castigar a mujeres y sus grupos familiares.

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Signatarios y conferencias internacionales de derechos humanos Mecanismos que facilitan el empoderamiento de las mujeres Mediciones de Empoderamiento de las Mujeres

Ă?ndice

CapĂtulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO III INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Signatarios y conferencias internacionales de derechos humanos

Naciones Unidas en 1979. Al año siguiente, en la Conferencia Mundial de la Mujer, de Copenhague, 74 Estados firmaron el documento y entró en vigor en 19811. El número de Estados parte, a noviembre de 2005, es de 180, cifra que incluye todos los países de América Latina y el Caribe. Es el instrumento de derechos humanos que más rápido ha entrado en vigor y es a su vez la segunda convención más ratificada del mundo.

Para que se cumpla la agenda de la CIPD es necesario la elaboración o modificación de normas jurídicas nacionales sustentadas en los Derechos Humanos de las mujeres. Las mismas deben estar basadas en la ratificación de las principales convenciones y pactos internacionales y regionales. El monitoreo latinoamericano y caribeño incluye el reconocimiento y la aplicación de estos compromisos en los seis países analizados, tomando en cuenta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y a nivel regional la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará.

En 1993 durante la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Comité de la CEDAW comenzaron a preparar un Protocolo Opcional para la Convención el cual entró en vigor en el año 2000.2 La CEDAW cuenta con 185 países miembros, de los cuales solamente 87 han ratificado el Protocolo Opcional.3 El Protocolo Opcional de la CEDAW es un instrumento complementario de la Convención, que permite a los Estados partes a reconocer la competencia del Comité de Seguimiento y que puede recibir las denuncias colectivas o individuales, siempre y cuando hayan sido agotadas todas las instancias del derecho nacional. El Protocolo Opcional sirve para mejorar o incrementar los mecanismos ya existentes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, mejorar el conocimiento que tienen de la CEDAW los Estados y las personas, estimular a los Estados a avanzar en la aplicación de la CEDAW, así como la modificación de leyes y prácticas discriminatorias, reforzar los mecanismos existentes para la aplicación de los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas y crear mayor conciencia social de los derechos humanos relativos a la discriminación de las mujeres.

Argentina, Brasil, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana han ratificado los principales Pactos y Convenciones relativas a los Derechos Civiles, Políticos, Culturales, Sociales, Económicos y de no discriminación hacia las mujeres, desde fines de los años 60 hasta los años 90. Solamente Nicaragua no ha ratificado el Protocolo Opcional de la CEDAW. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer - CEDAW, fue aprobada por la Asamblea General de las

El tema central de la CEDAW es la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres e

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incluye la violencia por razones de género; al tratar la explotación sexual, la trata de mujeres y la negación de derechos y libertades fundamentales está implícita la violencia basada en género.4

en la prevención de la violencia doméstica, igualdad de derechos dentro del matrimonio, planificación familiar e igualdad en el empleo que figuran en las previsiones de CEDAW. Por ejemplo, la Constitución derogó el principio aún en vigencia del liderazgo del esposo como jefe en la unidad familiar y estableció que “los derechos y obligaciones relativos a la unidad conyugal sean ejercidos igualmente por el hombre y la mujer”.6

En América Latina se destacan Argentina, Brasil y Colombia, donde la labor de las organizaciones de mujeres pugnaron por la incorporación de sus contenidos en las Constituciones nacionales. En Argentina la CEDAW fue firmada en 1980 y ratificada en 1985. En 1983 se creó un mecanismo nacional para el avance de las mujeres que en 1992 se convertiría en el Consejo Nacional de Mujeres, CNM, que actualmente es el organismo encargado de reportar a la Presidencia la situación de las mujeres. En 2002 la labor del CMN continuó creciendo en el terreno de la elaboración de políticas públicas con enfoque de género. Se han creado leyes que sancionan ciertas formas de violencia contra las mujeres en las provincias, como el acoso sexual, Ley 12,764 de Buenos Aires adoptada en 2001, y la Ley 11,948 de Santa Fe (del mismo año).5

México firmó la Convención en 1980 y la ratificó y entró en vigor en 1981. Ratificó el Protocolo Opcional en 1999. En el informe de cumplimiento de 2006 se destacó la creación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, publicada en 2003, y del Consejo Nacional para prevenir la discriminación CONAPRE, institución encargada de promover políticas y medidas para garantizar la equidad de género. Si bien México ha cumplido con las disposiciones de la CEDAW, en el tema de la violencia -Recomendación general #19-, persisten graves problemas.

Colombia ratificó la CEDAW en 1982 y después en 1991 la incorporó a la nueva Constitución, donde se prohíbe la discriminación por motivos de sexo. El artículo 13 de la Constitución colombiana garantiza la igualdad legal entre mujeres y hombres no sólo al prohibir la discriminación, sino también al obligar al gobierno a promover activamente condiciones necesarias para lograr que la igualdad legal sea real y efectiva. La Constitución colombiana garantiza para las mujeres el derecho de fundar una familia, escoger el número de hijas/os, acceder a educación e información sobre salud, gozar de un ambiente saludable y recibir atención médica. La Política de Salud de Colombia detalla y amplía estos derechos mediante un programa específico de derechos de salud de las mujeres y establece medidas básicas.

El Estado de Nicaragua, a pesar de haber firmado y ratificado sin reservas la CEDAW en 1980 y 1981 respectivamente, continúa sin ratificar el Protocolo Opcional. Nicaragua ha experimentado avances importantes en lo relacionado al marco normativo tal como lo establece la Constitución Política, pero la igualdad real entre mujeres y hombres y el principio de no discriminación son una asignatura pendiente, especialmente por no garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres en el país. República Dominicana firmó la CEDAW en 1979 y la ratificó en 1982. El Protocolo Opcional fue ratificado mediante la Ley nº 111-01 en el año 2001. Estos compromisos internacionales de carácter vinculante son muy poco conocidos en la población general, e inclusive entre los sectores responsables de elaborar, ejecutar y evaluar las políticas públicas. Por tanto, fuera del ámbito del movimiento de mujeres y de la Secretaría de Estado de la Mujer, esta normativa internacional ha tenido un impacto insuficiente respecto a las necesidades y demandas de las mujeres.

Brasil ratificó la CEDAW en 1984. La Constitución del Brasil fue redactada nuevamente en 1988 e incluye amplias garantías para los derechos humanos de las mujeres. La Constitución del Brasil contiene provisiones sobre igualdad de sexos, violencia basada en la diferencia sexual, responsabilidad del Estado

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Firma y Ratificación de la CEDAW

País

Firma CEDAW

Firma del PROTOCOLO OPCIONAL

Ratificaron CEDAW

Ratificaron PROTOCOLO OPCIONAL

Argentina

17 de julio 1980

15 de julio 1985

28 de febrero 2000

20 de marzo 2007

Brasil

31 de marzo 1981

1 de febrero 1984

13 de marzo 2001

28 de junio 2002

Colombia

17 de julio 1980

19 de enero 1982

10 de diciembre 1999

23 de enero 2007

México

17 de julio 1980

23 de marzo 1981

10 de diciembre 1999

15 de marzo 2002

Nicaragua

17 de julio 1980

27 de octubre 1981

República Dominicana

17 de julio 1980

2 septiembre 1982

14 de marzo 2000

10 de agosto 2001

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC

Cinco de los países ratificaron el Protocolo Opcional, solamente Nicaragua no lo hizo, a pesar de los reclamos de las organizaciones de mujeres desde fines del año 1999. Paradójicamente, Nicaragua durante la Revolución Popular Sandinista fue de los primeros países de América Latina que ratifico la CEDAW pero el actual gobierno se niega sistemáticamente a ratificar su Protocolo Opcional.

Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. Está ratificado por 148 países. El Pacto es el primer tratado de derechos humanos que requiere que los Estados reconozcan y garanticen progresivamente el derecho a la salud, relacionado con un estándar adecuado de vida, los niveles más altos alcanzables de salud física y mental, protección social, educación, disfrute de los beneficios de libertad cultura, progreso científico y derecho a trabajar bajo condiciones justas y favorables.

Declaración Universal de los Derechos Humanos - DUDH La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, tiene estatus de derecho internacional consuetudinario y todos los países que son miembros de las Naciones Unidas están obligados a sustentar sus términos. La DUDH protege el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a estar libre de torturas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, el derecho a la intimidad, el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, el derecho a la salud y el bienestar, y el derecho a la educación. También concede especial protección a la “maternidad y la infancia.”

El PIDESC fue ratificado por los seis países en estudio, Argentina en 1986, Brasil en 1992, Colombia en 1969, México en 1981, Nicaragua en 1981 y República Dominicana en 1982. En Argentina persisten serias dificultades en la información brindada por el Estado lo que imposibilita contar con un diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones que emanan de este Pacto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha recibido serios señalamientos y en la actualidad no existen estadísticas oficiales confiables en temas tan sensibles como empleo, pobreza e inflación.

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En Colombia la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra sigue siendo una práctica habitual. La persistencia de la desnutrición y la inseguridad alimentaria, los déficits cualitativos y cuantitativos en materia de vivienda, el alto índice de población joven por fuera del sistema educativo, la precarización de la situación laboral de las personas que trabajan, especialmente las mujeres, las desigualdades institucionalizadas en el sistema de salud y la persistencia de prácticas discriminatorias contra mujeres, indígenas, afro descendientes y población LGBT muestran la vulneración de los derechos del conjunto de la población.

de medidas de prevención para modificar patrones culturales sobre los cuales se asienta la violencia contra las mujeres. Nicaragua ratificó el PIDESC en 1980. En 2007 la economía nicaragüense se vio severamente afectada por el alza en los precios internacionales del petróleo.La meta de crecimiento económico proyectada en 4.2% fue reducida, el impacto produjo inflación que golpeó duramente a consumidores. Los recursos para lograr las metas prometidas en el campo de la educación, salud, agua potable y saneamiento, vivienda, infraestructura, desarrollo rural, hambre y desnutrición se utilizan para el pago de la deuda pública y se transfieren al Banco Central pues son las prioridades del programa con el Fondo Monetario Internacional; resulta imposible cumplir esas metas. Esta política ha llevado a que grandes grupos de población sigan condenados a la exclusión, la desigualdad y la pobreza, sin garantizar de manera progresiva el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

En México, en 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC, reiteró su profunda preocupación por el hecho de que más de 40 millones de personas siguieran viviendo en la pobreza, en particular las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos y marginados.7 En 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y de zonas rurales y las enormes disparidades entre éstas para acceder a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la salud.8 Las condiciones de salud de la población indígena son de un gran rezago respecto al resto de la población, son alarmantes los problemas de malnutrición en la niñez, los altos índices de mortalidad materna y de mortalidad por infecciones intestinales o respiratorias.

República Dominicana ratificó en 1978 el PIDESC. Desde entonces, las denuncias a las violaciones al Pacto han sido constantes particularmente entre los años 1990 a 1997. El gobierno dominicano ha diseñado una Estrategia de Lucha contra la Pobreza hasta 2015, acorde con los ODM. Uno de sus pilares es el crecimiento anual de la economía en el 4% del PIB hasta 2015. Pero las políticas económicas y especialmente el manejo de la crisis bancaria, entre otros hechos relevantes, ha traído como consecuencia un serio deterioro en los niveles de la vida de la población.9

México ha recibido ya tres recomendaciones. Por una parte, el Estado debe velar porque los salarios aseguren a todos los trabajadores, en particular a las mujeres e indígenas, condiciones de vida dignas. También el Estado mexicano debe ratificar el Convenio Nº 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 y aplicar las recomendaciones relativas a la libertad sindical.

En los últimos años se han iniciado reformas económicas, fiscales y políticas en República Dominicana. Sin embargo, este proceso ha tenido como efecto más inmediato beneficiar a poderosos sectores financieros e importadores, favoreciendo un modelo que se basa en zonas francas industriales, turismo y remesas de dominicanos residentes en el extranjero. La pobreza se ha extendido a más del 60 por ciento de la población produciendo exclusiones y desigualdades que afectan seriamente los derechos económicos y sociales de la población.

En Nicaragua, la respuesta a las necesidades de prevención, protección y justicia para las mujeres no se obtiene con aprobar leyes, se requiere de un esfuerzo concertado y sostenido del sistema de justicia y la institucionalidad pública que demanda el desarrollo

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP

militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Aparte de la naturaleza inconstitucional del papel del Ejército en las tareas de seguridad pública, los operativos militares se caracterizan por actos que violan los derechos fundamentales de la población civil como allanamientos sin orden judicial, tortura de civiles detenidos en condiciones irregulares en instalaciones militares y ejecuciones extrajudiciales.15

Entró en vigor en el año 1976 y fue ratificado entre 1969 y 1992; Argentina firmó en el año 1986, Brasil en 1992, Colombia en 1969, México en 1981, Nicaragua en 1980 y República Dominicana en 1978. El PIDCP exige que los gobiernos protejan los derechos a la vida, la libertad, la seguridad de la persona y el derecho a la intimidad. Afirma que los derechos reproductivos son una condición esencial para la igualdad de las mujeres, los artículos sobre el derecho a la vida y la no discriminación aluden al deber de los Estados de garantizar toda la gama de servicios de salud reproductiva, incluidos los medios para prevenir el embarazo no deseado. El Comité de Derechos Humanos, CDH, que monitorea el cumplimiento del PIDCP, ha considerado que se viola el tratado cuando las mujeres tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.10 El mandato del CDH también aborda explícitamente el derecho de las mujeres a la libertad, la integridad física y la intimidad.11

A pesar de la ratificación de tratados internacionales incluido el PIDCP, la realidad en materia de derechos civiles y políticos se caracteriza por abusos generalizados y severos. Esta situación ha empeorado en los últimos años debido a la militarización de la lucha contra el crimen en la que civiles sufren tortura, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones en manos de las fuerzas armadas. La impunidad es también una constante en los abusos cometidos por la policía, incluyendo casos de tortura y muerte de defensoras/es de derechos humanos en los últimos 10 años.16 En Nicaragua es un reto pendiente en materia de Derechos Civiles y Políticos lo relacionado a la libertad de asociación y movilización, que se ha visto obstaculizada en los últimos años por conflictos entre las instancias estatales y las organizaciones de la sociedad civil.17 Los espacios de participación de las mujeres en la toma de decisiones nacionales y locales han sido cerrados, limitando las posibilidades de participación política directa de la ciudadanía en la planificación del desarrollo y en la toma de decisiones relacionadas con la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia. Por otra parte, la reforma al Código Penal en el año 2006 para derogar el aborto terapéutico y la eliminación del mismo en el nuevo Código Penal en 2007, -es decir, manteniendo la penalización absoluta-, no dejan dudas acerca de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Además de la derogación del aborto terapéutico, se ha establecido la reducción de penas para los violadores, y se han asignado facultades a la Fiscalía para desestimar “delitos menos graves”, dejando sin acceso a la justicia a la mayoría de mujeres que denuncian violencia intrafamiliar y sexual, obligándolas a buscar en instancias privadas su representación legal. La

Brasil no ha ratificado los Protocolos Facultativos del PIDCP ni de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 5 de la Constitución de Brasil establece la igualdad de toda persona ante la ley y declara que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y obligaciones. El Nuevo Código Civil de 2003 incluye el Principio Constitucional de Igualdad del hombre y la mujer. Sin embargo, la Igualdad de Género no parece ser una prioridad. Los Artículos 213, 215, 216 y 217 tratan del crimen de violación, el artículo 214 trata de la agresión sexual, y el artículo 218, de la corrupción de menores. En Colombia existe gran preocupación por el desconocimiento de los deberes, respeto y garantía de los derechos establecidos en el Pacto. El Estado colombiano no ha desarrollado acciones efectivas para la implementación de las sentencias de la Corte Constitucional en la que se reconocieron derechos de las parejas del mismo sexo, por ejemplo.12 En México13 el artículo 129 de la Constitución14 establece que en tiempos de paz “ninguna autoridad

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violación del Estado laico es un factor clave de influencia para que las mujeres sean sometidas a los preceptos religiosos aun en contra de su propia vida.

también vulnera los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales al permitir que en los medios de comunicación se les denigre, en los centros escolares se expulsen las expresiones de homosexualidad o lesbianismo, y que las autoridades judiciales no investiguen ni sancionen las muertes cometidas contra esta población.

Es evidente en este país la persecución política que realizan instituciones del Estado y la utilización del sistema de justicia como mecanismo represivo en contra de las defensoras de derechos humanos, como fue la investigación infundada iniciada en octubre de 2007 por el Ministerio Público en contra nueve mujeres líderes18 pertenecientes a organizaciones que se han destacado por promover y defender los derechos humanos de las mujeres, niñez y adolescentes. En marzo de 2010 la Fiscalía desestimó la denuncia por supuesta apología del delito de aborto y asociación ilícita para delinquir por no encontrar pruebas. Durante 2011 se confirmó el incumplimiento de las medidas cautelares y de protección emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo en el caso de la Dra. Vilma Núñez y de integrantes del CENIDH. Los ataques al periodismo crítico y a las organizaciones de la sociedad civil se han hecho extensivos al Movimiento Autónomo de Mujeres y a la ONG CINCO, acusándolos de ser financiados por organismos extranjeros.

Convención sobre los Derechos del Niño - CDN Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, ratificada por 191 países. La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado, brinda una fuerte protección a la salud y derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y requiere explícitamente a los gobiernos que desarrollen servicios de planificación familiar y de educación, Prohíbe la discriminación contra la niñez y adolescencia por varias razones, incluido sexo y otros estatus y reconoce los derechos a la vida, información de todo tipo, intimidad, educación, atención a la salud y libertad e integridad física. La Convención también reconoce la violencia sexual, la explotación y el abuso.

República Dominicana presentó un informe en 201219 donde refleja que más de 1,584 dominicanos y dominicanas han sido condenados a la muerte civil, como consecuencia de la privación arbitraria de su nacionalidad. No pueden ejercer sus derechos civiles y son tratados como extranjeros en su propio país, les son negadas copias de actas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes. Las organizaciones de mujeres denunciaron entre 2005 y 2010 que 1,153 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. “El promedio por año supera las 190 muertes. Estas cifran revelan la fallida intervención del Estado el cual no ha logrado garantizar el derecho a la vida con dignidad y libre de violencias a las mujeres”.20

En Argentina, en el año 1990 fue ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1994 se incorporó a la Constitución Nacional. En 2005, con la sanción de la Ley Nº 26.061, comenzó a nivel nacional el proceso de conformación de un sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.21 En 2006 se aprobó el documento “Hacia un plan Nacional contra la Discriminación”.22 A pesar de la apertura de estos espacios gubernamentales es preocupante el escaso desarrollo de mecanismos que garanticen los principios de no discriminación. Del mismo modo aún persisten las dificultades para la implementación de mecanismos que aseguren que las opiniones de niños, niñas y adolescentes sean tomadas en cuenta, específicamente de aquellos que viven en pobreza e indigencia, de la niñez indígena, de la calle, con discapacidad y que viven en zonas rurales. Se han documentado hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, y los castigos corporales y la tortura23

El Estado dominicano vulnera la libertad de religión y pensamiento al no intervenir frente a las injerencias de la alta jerarquía de la iglesia católica, la cual se interpone a la despenalización del aborto y ha utilizado estrategias de amenazas, intimidaciones y difamaciones, sobre todo a congresistas. El Estado

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continúan siendo una práctica naturalizada de ciertas instituciones contra personas menores de edad.

matrimonio, el registro de los nacimientos, los castigos corporales, el maltrato y el abandono de niños y los embarazos en las adolescentes. Pero la Comisión Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia perdió su autoridad por la Ley Nº 290 del año 2008 y entró a formar parte del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez eliminado totalmente la participación social.26

Brasil ratificó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la CDN en 1990. Tras los debates internacionales el Brasil incluyó importantes disposiciones en la Constitución de 1988. Además promulgó el Estatuto del Niño y el Adolescente y la Ley Nº 10,97/2000. Este marco jurídico integral afirma la idea que niños y adolescentes deben tener una prioridad garantizada en la formulación y ejecución de políticas sociales y privilegios en la asignación de fondos públicos para su protección.24

República Dominicana ratificó la Convención en 1991 y presentó su primer informe en 1999. El Comité saluda la promulgación de la legislación relativa al respeto de los derechos del niño, como la Ley 14-29, la Ley de Educación de 1997, la Ley contra la violencia en la familia de 1997 y la Ley general de la juventud de 2000, pero sigue manifestando preocupación por la falta de una política general que incluya los necesarios recursos económicos y humanos y por la falta de una reforma administrativa indispensable para la cabal aplicación de esta legislación.

Colombia ratificó la CDN en 1991 y el Protocolo Opcional a la Convención relativo a la venta de niñas/ os, prostitución infantil y utilización de niñas/os en pornografía en 2003. También ratificó el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación en 2005. La pornografía infantil está penalizada en el Código Penal -reformado por la Ley 890 de 2004que sanciona su producción, exhibición, compra y venta. Por medio de la Ley 747 de 2002 se crea el tipo penal “tráfico de migrantes” y “trata de personas”. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata son considerados por la Constitución y por la Ley 985 de 2005, que introduce medidas y normas para su atención y protección.

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial - CCDR La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial entró en vigor el 4 de enero de 1969 y fue ratificada por 169 países.

México ratificó la CDN en 1990 y la publicó en 1991. Existen otras leyes relacionadas a la protección y derechos como La Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ambas publicadas en 2000.25

Analiza las medidas que han de emprender los Estados para eliminar la discriminación con base en raza, color, descendencia, origen nacional o étnico. Garantiza los derechos a la integridad física y a estar libre de violencia, el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, escoger una esposa, heredar y poseer bienes y el derecho a la salud pública, atención médica y educación.

En Nicaragua fue aprobado el Código de la Niñez y la Adolescencia en 1997 y tiene su fundamento en la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 71 establece la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. En Nicaragua se ha mejorado el marco jurídico de la CDN, durante el período 2005 -2010. Lo que no se ha aplicado suficientemente es la puesta en práctica de legislación, el plan de acción nacional y la coordinación, la recopilación de datos, la edad mínima para contraer

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha observado los vínculos entre género y discriminación racial en la medida en que las mujeres pueden ser afectadas por la discriminación de maneras que violen sus derechos sexuales y reproductivos como el “embarazo resultante de violación motivada por prejuicio racial.27 También ha reconocido que la esterilización forzada o la incapacidad de las mujeres

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para tener acceso a servicios de atención a la salud reproductiva por razón de la raza, etnicidad u origen nacional son violaciones del tratado.28

en la legislación de Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua y México. Argentina, Brasil, Colombia y México cuentan con leyes que sancionan la violencia contra las mujeres en el ámbito estatal.33 En Brasil se sanciona la “violencia arbitraria” cuando se practica en ejercicio de función, o con pretexto de ejercer dicha función. En Colombia en el Código Penal se refiere en forma indeterminada al perpetrador, pudiendo ser entonces un particular o un agente estatal.

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - Belem do Pará Fue adoptada en Brasil en 1994, reafirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; siendo una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; y que transciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión. Fue ratificada por Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, México y República Dominicana

Con excepción de Nicaragua, los países en estudio han ratificado los tratados internacionales o sancionan la violencia sexual como tortura, crimen de guerra o de la humanidad. Argentina ratificó los tratados internacionales sobre tortura, Brasil la penaliza en la Ley 9,455/97, existe agravante si la ejerce un funcionario estatal. Colombia la ha regulado en el art. 137 del Código Penal. México la ha regulado en los artículos 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Y República Dominicana la implementó en el artículo 303-2 del Código Penal

Los seis países analizados han adoptado nueva legislación y/o reformado sus Códigos Penales con el fin de abordar la violencia contra las mujeres.29 La mayoría de las leyes contemplan la violencia física y psicológica, y otras la sexual, como es el caso de México. En Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana, se incluyen diferentes tipos de violencia económica.30 La protección de las víctimas en el ámbito económico es importante, ya que algunas investigaciones han revelado que una de las necesidades más grandes expresadas por las mujeres que viven situaciones de violencia, es el apoyo en aspectos relacionados con el divorcio, la propiedad y la tenencia de los hijos.31

En Colombia se menciona el acoso laboral como una falta grave en el marco de las relaciones de trabajo Ley 1,010 de 2006 En el ámbito educativo este tipo de violencia se manifiesta en forma de abusos de autoridad, chantaje y coerción. Argentina Ley y Brasil sancionan en sus leyes la violencia sexual en hospitales, centros educativos y en personas privadas de libertad. En Argentina se ha dictado una ley que contempla la agresión física, psíquica y económica en el ámbito privado y público. La ley alcanza además la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva.34 En México en 2010, el Congreso de Veracruz inició discusiones para incluir la violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de tipificarla como delito en el Código Penal. Chiapas también ha integrado el término a su marco legal.35

La violación sexual dentro del matrimonio solo está incluida en las legislaciones de Colombia, México y República Dominicana. En el caso de Brasil se encuentra incluida dentro del tipo genérico de violación sexual, se puede decir que aquellos países que no retoman este tipo de violencia invisibilizan este problema, ignorando la situación histórica que legitima la violación de los derechos de las mujeres aún dentro de una relación consensuada.32 En cuanto a leyes contra el acoso sexual se encuentran incluidas

En Brasil, Colombia y México la esterilización de las mujeres sin su consentimiento es condenada por ley como acto conducente a genocidio. La penalización de la inseminación no consentida solamente se

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encuentra en las legislación de Colombia en el Código Penal y en México se encuentra en los Códigos Penales de 11 entidades federativas.

de Violencia y República Dominicana cuenta con el Plan Nacional de Equidad de Género 2007-2017.39 Argentina, Brasil, México, Nicaragua y República Dominicana tienen programas para tratar agresores, pero enfrentan dificultades en su implementación. Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana han realizado actividades de entrega de información o capacitación a las legisladoras/es o a sus asesores sobre género y violencia contra las mujeres. Los seis países estudiados cuentan con comisiones legislativas sobre asuntos de las mujeres y en algunos países trabajan desde un enfoque familista y tradicional.

En 2003 en Argentina se aprobó la ley que permite la distribución libre de anticonceptivos. En Colombia en el año 2000 se incluyó la anticoncepción de emergencia en las normas de salud. En México a partir de 1974 se adoptaron las políticas progresistas de planificación familiar y se obtuvo la aprobación de la norma en 2004.36 En Argentina la provisión de tratamiento de emergencia de las ITS y el VIH en casos de violencia sexual se encuentra aprobada por la Ley 25,673 que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. En Brasil se encuentra aprobada por la Norma Técnica del Ministerio de Salud, Prevención y Tratamiento de Agravios resultantes de violencia sexual contra las mujeres y adolescentes en 2005, y por el artículo 9.3 de Ley Maria da Penha de 2006.37 En Colombia fie aprobada por Resolución 412 de 2000 y actualizada en 2008. En México en la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres de 2009. En República Dominicana contemplado en Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer.

México y Nicaragua cuentan con normas y protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia, en algunos lugares de México los protocolos se encuentran en lenguas indígenas. En Brasil, Colombia, Nicaragua y República de Dominicana se cuenta con medidas de protección para las víctimas, pero no se sabe si éstas se extienden a sus familiares o testigos. A excepción de Argentina, los otros cinco países del estudio cuentan con diversas formas de asesoría legal gratuita para mujeres que sufren violencia.40 Los seis países cuentan con refugios para acoger a las mujeres víctimas de violencia. México reporta mayor número de albergues o casas para las mujeres indígenas y un refugio para víctimas de trata de personas. En Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominica los refugios, casas de acogida y los centros de apoyo integral fueron establecidos por el Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil, en Nicaragua los tres refugios reportados son de las organizaciones de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Brasil, Colombia, Nicaragua y República Dominicana han evaluado sus Planes de Acción o Estrategias y/o tienen previsto futuras revisiones. Según el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención de Belém do Pará, denominado MESECVI,38 en Argentina se ha diseñado el Plan Nacional de Acción para Prevención Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de 2009. En Brasil se cuenta con el Pacto Nacional para el Enfrentamiento de la Violencia contra las Mujeres 2007-2011. Colombia consta del Programa Integral contra la Violencia Basada en Género y se encuentra en diseño el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres. México cuenta con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley Integral para el Acceso de las Mujeres a una Vida libre

Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana brindan servicios gratuitos de Asesoría Jurídica previos al proceso y durante el proceso, el patrocinio jurídico es gratuito en Argentina, Brasil, Colombia, México y Nicaragua y se encuentra a cargo de las Defensorías Públicas. Argentina y Brasil cuentan con líneas telefónicas gratuitas de atención durante las 24 horas del día. Colombia, México y República Dominicana cuentan con líneas telefónicas pero no de 24 horas. En

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Nicaragua las llamadas de emergencia son recibidas por los centros y organizaciones de mujeres que integran la Red de Mujeres Contra la Violencia, el Estado no cuenta con servicios de este tipo, excepto en la trata de mujeres.

Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana informan contar con campañas oficiales de difusión de servicios de atención para las mujeres víctimas de violencia. En todos los países las organizaciones de mujeres y feministas impulsan campañas anuales contra la violencia. En Nicaragua son dirigidas por la Red de Mujeres Contra la Violencia y el Movimiento Contra el Abuso Sexual. La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe impulsa campañas anuales en toda la región en conmemoración del Día internacional de la no violencia contra las mujeres.

En relación a la atención especializada a víctimas de violencia, Brasil, Colombia y México cuentan con servicios o programas de salud de atención médica y psicosocial, a cargo del Ministerio de Salud. Colombia, especifica que la atención se brinda en los temas de mortalidad materna, embarazo adolescente, violencias contra las mujeres, cáncer de cuello y cáncer de mamas.

Brasil, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana realizan evaluaciones de los servicios que se brindan a las mujeres víctimas de violencia sexual, en Argentina se implementó el observatorio de género según la Ley 26,485 en 2009. En Brasil ya existe un observatorio, en Colombia, México y República Dominicana se reportan evaluaciones realizadas a nivel del Ministerio de Salud y de las organizaciones de sociedad civil. No se conoce con exactitud el porcentaje del presupuesto nacional para violencia por cada uno de los países, en su mayoría los porcentajes que mencionan incluyen varios rubros generales.

Colombia y México son los únicos países que brindan atención en interrupción voluntaria del embarazo. Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana han promovido la creación de grupos de autoayuda parte de los servicios estatales. En Nicaragua no existen grupos de autoayuda desde el Estado; los centros y organizaciones de mujeres como SI Mujer desde 1993 promueven grupos de apoyo y de reflexión impulsando el fortalecimiento de la autoestima y auspiciando el empoderamiento de las mujeres.

Situación de los Pactos o Convenciones Internacionales de derechos humanos en seis países de América Latina Países

PIDCP

PIDESC

CEDAW

CDN

Argentina

1986

1985

1990

Brasil

1992

1984

1990

Colombia

1969

1982

1991

México

1981

1990

Nicaragua

1980

1981

1990

República Dominicana

1978

1982

1991

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> En los seis países en estudio las estadísticas no son accesibles al público por múltiples razones: porque no se registran, por la carencia de datos y estudios, la información disponible es general y no necesariamente enfocada en violencia contra las mujeres, etc. Se puede decir que el nivel de registro en los seis países estudiados no es el adecuado, aunque existen esfuerzos aislados. La debilidad en la recopilación estadística es consecuencia de la carencia de políticas públicas orientadas a solucionar dicho problema, dado que la seguridad de las mujeres parece no ser un tema prioritario en la agenda pública.

de Políticas para las Mujeres; y en 2010 la Secretaría Nacional de la Mujer que tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a sus derechos. Asimismo, en cada estado existen dentro de la Secretaría de Seguridad Pública delegaciones para las mujeres aunque su cobertura es limitada y la calidad de los servicios es variable entre Estados. Colombia creó los mecanismos de empoderamiento de las mujeres entre 1980 y 1999. La Consejería Presidencial para la Equidad de Género está bajo la dependencia de la Presidencia de la República que debería tomar las medidas legislativas y financieras necesarias para asegurar la independencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de manera que pueda encargarse de forma efectiva de las cuestiones de género que afectan al país.

Mecanismos que facilitan el empoderamiento de las mujeres Mecanismos nacionales

En México en 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, como organismo público autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal que trabaja para crear y desarrollar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir a hombres y mujeres ejercer plenamente todos sus derechos. Debe promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

A pesar de que algunos países avanzan en la promoción de la igualdad de género, en otros las mujeres continúan privadas de recursos económicos y de acceso a servicios públicos esenciales. Un gran número de acuerdos internacionales reconocen los derechos humanos de las mujeres pero la cotidanidad no da cuenta de estos avances: por ejemplo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir malnutrición y tener menos acceso a atención médica, no acceden fácilmente a títulos de propiedad de la tierra, crédito, capacitación y empleo. También tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y continúan estando extremadamente sub representadas en los organismos políticos y de toma de decisiones. Los mecanismos que facilitan el empoderamiento de las mujeres a nivel de los seis países en estudio fueron creados entre los años 1980 y 2010:

Nicaragua creó en el año 1987 el Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM, como un ente descentralizado con autonomía funcional, técnica y administrativa. Desde 1998 el INIM orgánicamente depende del Ministerio de Familia y perdió completamente su autonomía, dispone del 0,03% del prepuesto nacional y no se conocen sus actividades. Desde el año 2007 el gobierno ha cambiado siete Directoras Ejecutivas.

Argentina creó los mecanismos a partir de 1984 con la creación de la Dirección General de Derechos Humanos y de la Mujer, posteriormente el Programa Nacional de Promoción de la Mujer y la Familia, seguido de la Subsecretaria de la Mujer, Consejo Nacional de la Mujer y actualmente el Consejo Nacional de las Mujeres, CNM.

Para promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres, Nicaragua dictó la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades en el año 2008, la que no cuenta con mecanismos efectivos para su aplicación por parte de los Poderes del Estado.

Brasil en 1985 creó el Consejo Nacional para los Derechos de la Mujer; en 2002, la Secretaria Especial

En 1999, en República Dominicana fue creada la Secretaría de Estado de la Mujer mediante la Ley 86-99,

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como organismo responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. La Secretaría de la Mujer reasume su papel como coordinadora de Políticas Públicas para lograr la igualdad de género.

emergencia como método anticonceptivo hormonal. Se sancionó la Ley 26,150, de 2006, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En 2005 se modificó el régimen de trabajadoras/ es autónomos y se produjo el ingreso de 1.250.000 mujeres a los sistemas previsionales domésticos o informales.41 En 2012 se modificó la ley que elimina la posibilidad de que la víctima de una agresión sexual y su agresor lleguen a acuerdos extrajudiciales, lo que permitía a este último no ser procesado.42

Beijing como mecanismo para el avance de las Mujeres La Plataforma de Acción de Beijing, PAM, fue aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. Acordada por 189 países, se centra en las obligaciones de los gobiernos de cumplir con los derechos de las mujeres, creando y garantizando las condiciones sociales y económicas que permitan a las mujeres ejercerlos. Establece la necesidad de garantizar plena aplicación de mecanismos que faciliten el avance de las mujeres en todas las esferas, por ello resulta importante conocer de qué manera en Latinoamérica y el Caribe se han aplicados dichos mecanismos.

En Brasil, se incorporó la perspectiva de género y raza al Plan Plurianual 2008-2011, como resultado de la intervención de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres. Se aprobó en 2006 la Ley Maria da Penha para enfrentar la violencia doméstica y familiar. Otra iniciativa destacable es la Política Nacional de Planificación Familiar de 2007, que entre sus acciones incluye el acceso a la esterilización masculina y la distribución de anticonceptivos. Ese mismo año se lanzó el Plan Integrado para enfrentar la feminización del VIH/Sida.43 Pese a estos avances, en el artículo 107 del Código Penal vigente aún existe el eximente de responsabilidad penal por matrimonio subsiguiente de la víctima con el violador.

La PAM contiene logros clave en los campos del VIH/ Sida, violencia sexual y de género y aborto, incluida una importante recomendación para que los gobiernos revisen las leyes que castigan a las mujeres que han sufrido abortos ilegales. Estipula que garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es crucial para la igualdad de mujeres y niñas y para su capacidad de participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad. Establece el compromiso de los Estados de apoyar la redacción de un Protocolo Opcional a la Convención de la Mujer aprobado en 1999. A pesar que los Estados firmaron la Plataforma de Acción y en consecuencia asumieron el compromiso de ratificar el Protocolo, Argentina y Colombia aún no lo han hecho.

En Colombia en 2005, se sancionó la Ley 975 con medidas especiales que garantizan la verdad, la justicia y la reparación en los procesos de reincorporación de los grupos armados organizados al margen de la ley. Se sancionó la Ley 985 de medidas contra la trata y se establecen normas para la atención y protección de las víctimas, se sancionó la ley para la creación del Observatorio de Asuntos de Género dentro de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.44 En México en 2006 se aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que conduzcan al logro de una igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado mediante la promoción del empoderamiento de las mujeres. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incorpora la perspectiva de

En Argentina se creó la Banca de la Mujer en 2008. En 2006 se sancionó la Ley 26,130 que garantiza el acceso a esterilización femenina y masculina. Por resolución 232 del Ministerio de Salud, en 2007 se incorporó al Programa Médico Obligatorio la anticoncepción de

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> género, la igualdad y la eliminación de cualquier forma de discriminación como ejes transversales para la construcción de políticas públicas. En 2008 se logró incorporar al presupuesto público un presupuesto especialmente destinado a las mujeres. En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia junto con un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se creó el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y se elaboró el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012.

En Salud Sexual y Reproductiva se han registrado importantes avances desde Beijing hasta la fecha, aunque también hubo retrocesos. Argentina, Brasil y México mejoraron la disponibilidad de métodos anticonceptivos y promovieron el espaciamiento de los embarazos. En los últimos cinco años Colombia y México modificaron su marco normativo ampliando las causales de aborto no punible o legalizaron el acceso al aborto seguro, como ocurrió en el Distrito Federal de México donde se despenalizó en el primer trimestre de gestación, según petición de la mujer.

Mediciones de Empoderamiento de las Mujeres

En 2008, la Secretaría de Salud de México implementó un programa de prevención del cáncer cérvico uterino aumentando exámenes de prevención y se agregaron vacunas contra el virus de papiloma humano a adolescentes; se incorporó la anticoncepción hormonal de emergencia y la planificación familiar para adolescentes. En 2008 se estableció el derecho de los hombres a acceder a licencia por paternidad.

Dimensiones de género en el desarrollo: Índice de Desarrollo Humano/ Índice de Desarrollo de Género El Índice de Desarrollo Humano, IDH, evalúa el progreso promedio en tres dimensiones básicas: salud, educación e ingreso. La primera dimensión es estimada por la esperanza de vida al nacer, la segunda por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización y la tercera por el ingreso nacional bruto per cápita.

En Nicaragua se derogó el aborto terapéutico consignado en la legislación desde 1837, siendo el peor indicador post Cairo. Se extinguió el eximente de responsabilidad penal en caso de matrimonio de una víctima de violación con el agresor. Ésta disposición no fue del todo precisa ya que el eximente permanece dentro de la figura de estupro. Además, se derogó del Código Penal que el daño sea resarcido cuando la víctima otorga el perdón al agresor o en caso que acepte casarse con el mismo. A pesar de la creación de una nueva ley contra la violencia que incluye el delito de femicidio y de violencia institucional, el porcentaje de mujeres que declararon sufrir algún tipo de violencia pasó del 29% en 2001 al 50% en 2007.45 No se incluye la penalización de la “sodomía” en el Código Penal desde 2008.

El Índice de Desarrollo de Género, IDG, mide las tres dimensiones básicas del desarrollo humano de un país: gozar de una vida larga y saludable, acceder a los conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad y contar con un ingreso que permita una vida decente. La comparación del IDG con el IDH ofrece una medida de las desigualdades de género en el desarrollo humano. Cuanto más se diferencien los dos índices más desigual será el nivel de desarrollo humano de un país. Por el contrario, cuanto más se asemejan más igualitario es el nivel de desarrollo humano entre mujeres y varones. El Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, IDHD, es una medida multidimensional aplicada al nivel de desarrollo humano de una población, pero además penaliza la desigualdad tanto entre las dimensiones básicas del desarrollo humano como en la distribución entre las personas.

En República Dominicana se aprobó el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género II 2007-2017. Se está llevando adelante un proceso de reformas a nivel nacional. La Secretaría de Estado de la Mujer dirige sus acciones a lograr la equidad de género coordinando dichas políticas.

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo III

El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, identifica simultáneamente privaciones individuales en diez dimensiones relativas a la educación: años de

escolaridad y niños/as matriculadas; la salud nutrición y mortalidad infantil; y el nivel de vida, acceso al saneamiento, agua potable, electricidad, y otras.

Tabla 1: Comparación de valores y rangos de IDH e IDG: relación IDG/IDH Comparación de valores y rangos de IDH e IDG: relación IDG/IDH País Argentina

Brasil

Colombia

México

Nicaragua

República Dominicana

IDH valores y rangos 2011

IDG valores y rangos 2011

0.797

0.372

0.718

0.449

0.710

0.482

0.770

0.448

0.589

0.506

129

101

0.689

0.480

IDG/IDH 2011 0.466

0.625

0.678

0.581

0.859

0.696

Fuente: Human Development Reports 1995, 2005, and 2011. Available online at: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_es_indicadores1.pdf http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_complete2.pdf http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf

Argentina

de mujeres en el parlamento 37.8%. El 57% de las mujeres adultas alcanzaron en términos educativos al menos el nivel secundario, mientras que los varones dicho porcentaje es del 54.9%.

El IDH en Argentina presenta un valor de 0.797 para 2011, posicionándose así en el puesto 45 del ranking mundial y ha ingresado en el grupo de países de muy alto desarrollo humano. Considerando el desempeño en las últimas tres décadas, el IDH de Argentina en 2011 resulta un 19% más alto que en 1980, habiendo crecido en promedio 0.57% anual.46

La relación IDG/IDH para 2011 es de 0.466, la mejor relación que existe entre los seis países estudiados.47 En Argentina el IDHD alcanza un valor de 0.641 en 2011. Al comparar este valor con el del IDH, se obtiene una reducción porcentual del nivel de desarrollo humano atribuible a la desigualdad, igual al 19.5%. Este valor coloca a la Argentina en el grupo

El IDG en Argentina es de 0.372 en 2011, valor que ubica al país en el tercer lugar de la región latinoamericana y del Caribe. Es el país con mayor porcentaje

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de países de la región con menor reducción en su IDH por motivos de desigualdad.

laboral es del 60.1%, en comparación con 81.9% para los hombres.50

Al analizar el IDHD por componentes, el índice de salud es el que recibe la menor penalización al considerar la desigualdad siendo la pérdida del 9.7%; el índice de educación se ve reducido en un 12.1%, una de las reducciones más bajas de la región. El índice de ingresos es el que recibe el mayor castigo al considerar la desigualdad, perdiendo el 34.4% de su valor, sin embargo dicha pérdida es menor al promedio de América Latina: 38.1%.48

Colombia En 2011, el IDH de Colombia es de 0.710 y se ubica en el puesto 87 entre 187 países y territorios. Colombia tiene un valor de IDG de 0.482, ocupando el puesto 91 entre 146 países en el índice de 2011. Según el IDG, por cada 100.000 nacidos vivos 85 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo y la tasa de fecundidad de las adolescentes es de 74.3 nacimientos por cada 1,000 nacidos vivos.51

El IPM en Argentina alcanza un valor de 0.011 en 2011. El porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional en Argentina es del 3%, el 0.2% de la población se encontraba en extrema pobreza y el 5.7% en riesgo de sufrir pobreza, todos valores que se encuentran por debajo del promedio regional.

Entre 1980 y 2011 la esperanza vida al nacer en Colombia aumentó 8.2 años, la media de años de escolaridad creció en 3,1 años y los años de escolarización previstos aumentaron en 4.8 años. El Ingreso Nacional Bruto per cápita aumentó en un 59 % en los últimos 31 años.52 Colombia mantiene profundas inequidades regionales que se reflejan en condiciones de vida desiguales. La gran mayoría que vive en zonas rurales no llevan el tipo de vida que les gustaría y en este sentido, el ejercicio de su libertad es muy restringido. La lucha por la subsistencia no les permite hacer lo que consideran bueno y la trampa de pobreza, en la que vive el 64.3%, obstaculiza el ejercicio de su libertad. En 1997 había en Colombia 17 millones de pobres; en el año 2008 la cifra fue de 11.6 millones. En 1997 era pobre el 37% de la población de las cabeceras y el 79% de los habitantes del resto del país. Entre 2002 y el 2009 la incidencia de la pobreza bajó de 53.7% a 45.5%.53

Brasil Este país se encuentra en la posición número 84 entre 187 países del IDH. En los últimos cinco años, el país ha escalado 24 puestos para ubicarse con un índice de 0.718 en 2011. La esperanza de vida representa el 40%, la educación e ingresos 30% cada uno. En base a esto el ascenso de la posición de Brasil fue impulsado por el aumento de la esperanza de vida en 11 años, la mejora en el promedio de años de escolaridad de 4.6 años más y también por el crecimiento del ingreso nacional bruto per cápita casi 40% entre 1980 y 2011. Así, mientras en América el promedio del IDH fue 0.76% entre 1990 y 2011, en Brasil fue de 0.86%, por lo que demuestra ser el país que presenta más avances en cuanto a desarrollo.49

La participación femenina en el mercado laboral es del 40.7% en comparación con 77.6% de los hombres.

A pesar estos grandes avances, Brasil sigue presentando graves problemas de desigualdad, y de acuerdo al IDH ajustado por la Desigualdad presenta un 30% de riesgo de no alcanzar el potencial de desarrollo humano.

El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, en 2010 es de 5.4% de la población, que sufre privaciones múltiples, mientras que el 6.4% es vulnerable a múltiples privaciones. México

En cuanto al IDG, Brasil tiene un valor de 0.449, lo que lo coloca en la posición 80 entre 146 países en el 2011. La participación femenina en el mercado

Este país descendió un lugar en el Índice de Desarrollo Humano en 2011, al pasar del puesto 56 al 57,

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de entre 187 países, sin embargo sigue manteniendo un nivel alto.54 En una escala de uno, México obtuvo un IDH de 0.770 superando por poco los 0.767 de 2010, situándose por encima de la media regional en América Latina y el Caribe, que es de 0.731.

En Nicaragua, la línea de pobreza se acentuó del 45.8% que mostraba el IDH del 2010 al 46.2% de 2011. Uno de cada dos nicaragüenses continúa viviendo en la pobreza; las probabilidades que el número de pobres aumente está latente ya que la población en riesgo de sufrir pobreza creció del 15.7% al 17.4%. Hoy en Nicaragua hay nueve personas pobres por cada 20 y es probable que el número se eleve a 11 por cada veintena. El porcentaje de gente que vive con 1.25 dólares al día se mantuvo en el 15.8%; casi un millón de personas viven con 26 córdobas por día.

En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, México pierde 15 posiciones y pasa al puesto 72 a nivel mundial por acumular rezagos en igualdad de género, mortalidad materna, fertilidad en adolescentes, salud reproductiva y representación política.

El Producto Interno Bruto por persona de Nicaragua bajó a U$2,430 anuales en 2011 con relación a 2010, que alcanzaba a U$2,567.59 En 2009 el 47.1% de las mujeres y el 78.4% de los hombres con respecto a la población económicamente activa participan, trabajando o buscando trabajo en el mercado laboral.60 Según el IDH, el 62.7% de la población depende de quienes trabajan. Ocho de cada diez hombres trabajan y cuatro de cada diez mujeres también lo hacen.61 El PIB por persona refleja que el país depende más de donaciones 13.1% y remesas 12.5% que de inversiones extranjeras 7.1%.

Los efectos de las catástrofes naturales generan desigualdad, donde los desastres naturales, en especial las sequías y las inundaciones, hicieron retroceder el IDH de los municipios afectados en alrededor de dos años y aumentaron la pobreza extrema en casi 4 puntos porcentuales.55 México presenta un analfabetismo cercano al 10%, mortalidad infantil menor a 2%, y una esperanza de vida de 75 años. Este progreso social en la historia se vincula con la inversión nacional en educación, salud y seguridad social. Con base en registros del Fondo Monetario Internacional (2010), al año 2008 el gobierno de México obtuvo un ingreso total de menos del 25% del PIB, proporción menor que la obtenida por el promedio de economías emergentes y en desarrollo en 138 países.56

El nivel de escolaridad promedio de quienes todavía no logran graduarse de la primaria pasó de 5.7 años a 5.8. El número de mujeres que estudian, aunque sea un año en secundaria se mantuvo en 31% y el de varones en 45%.

Nicaragua

República Dominicana

El IDH de este país en 2011 fue calificado como medio: 0.589, ocupando el lugar 129 entre 187 países. Descendió un lugar entre 2006 y 2011.58 57

Entre 2010 y 2011 el IDH de República Dominicana refleja un aumento de 0.686 a 0.689; ha conseguido importantes avances en salud, educación y nivel de vida básico. Se sitúa en el puesto 88 de 169 países lo que ubica al país en la categoría de desarrollo humano medio. Sin embargo, con relación al aumento de la riqueza por habitante, la educación y la salud no mejoraron en la misma proporción.

En el IDG ocupa el lugar 101 entre 187 países, con un valor de 0.506. Ello se explica en el año 2008 con una tasa de mortalidad materna de 100 x 100,000 n.v.; en el quinquenio 2010-2015 con una tasa de fecundidad adolescente de 112.7 nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años x 1,000 mujeres de esa misma edad.

El Índice de Desarrollo Humano no vinculado al ingreso lleva a República Dominicana a descender a la posición 100 de 169 países. Es decir, el país muestra un rezago en educación y salud en relación al logro

En 2011 el 20.7% de los escaños de la Asamblea Nacional pertenece a mujeres.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

alcanzado por otros países con igual o menor nivel de riqueza por habitante.

con menos de US $1.25 de poder adquisitivo al día y llega al 4.25%.

Al ajustarse por desigualdad el IDH, pierde un 25% de su valor, lo que supone 7 posiciones menos, y es el país número 40 de 139 con mayor pérdida.

Por lo tanto, la pobreza de ingresos sólo cuenta una parte de la historia ya que la incidencia de la Pobreza Multidimensional es más del doble que la pobreza extrema de ingresos. Esto implica que quienes viven por encima de la línea de pobreza extrema monetaria pueden aún sufrir privaciones en educación, salud, y condiciones de vida. La pobreza general que se mide a través de la capacidad para costear la canasta familiar básica es el 48.5%.63

En los últimos 20 años el IDH de República Dominicana aumentó un 18%, similar al del resto del mundo. Sin embargo este incremento no ha sido homogéneo: entre 1990 y 2000 éste aumentó 11.4%, un ritmo superior al del mundo que fue de 8.5%. En contraste, entre 2000 y 2010 el IDH aumentó 6.3%, menor al experimentado por el resto del mundo que fue de 9.3%.62

Índice de equidad/inequidad de género Índice de Equidad de Género

En relación al Ingreso Nacional per cápita, República Dominicana aumentó 11 posiciones entre 1990 y 2010, en salud la esperanza de vida avanzó sólo 4, en educación cayó 13 posiciones de la 62 en 1990 a la 75 en 2010. A nivel mundial, el país el número 24 de 169 que más desaprovecha su riqueza por habitante para mejorar la educación y salud y ocupa el tercer puesto de 26 países de la región.

El IEG mide la disparidad entre sexos en educación, actividad económica y empoderamiento. Consiste en un promedio de las desigualdades en las tres dimensiones. En materia de alfabetización, estudia la brecha de género en la matricula en todos los niveles de la enseñanza; la participación económica calcula las brechas de los ingresos y el empleo; el empoderamiento mide las brechas en los empleos altamente calificados, los cargos parlamentarios y las cúpulas empresariales.

El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad de República Dominicana es de 0.663 en 2010 y cae a 0.499. Esto constituye una disminución del 25% del IDH y representa el país 39 de 139 que ha perdido más oportunidades para generar desarrollo humano debido a la desigualdad. El 11% de la población vive en hogares multi dimencionalmente pobres, mientras que un 13% adicional se encuentra en situación de serlo. Este indicador es comparable con el de pobreza extrema, donde la población vive

El IEG distingue cinco niveles de disparidad: crítico (de 0 a 40 puntos), muy bajo (de 41 a 60), bajo (de 61 a 80), medio (81 a 90) y aceptable (de 91 a 100).64 Ni un alto nivel de ingreso es garantía de equidad de género ni uno bajo es condición suficiente que justifique la brecha entre mujeres y hombres. Una mirada a los datos disponibles de los países estudiados:

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Tabla 2a: Medición de la inequidad de género Medición de la inequidad de género Educación

Actividad Económica

Empoderamiento

IEG 2008

Argentina

100

Brasil

Colombia

México

Nicaragua

100

República Dominicana

100

País

Fuente: www.socialwatch.org 2012

Argentina y Nicaragua se encuentran por encima del promedio de la región de Latinoamérica y el Caribe, con 74 puntos de IEG, la brecha de género nicaragüense es de la misma magnitud que la de Argentina, ambos se encuentran seis puntos por encima del promedio regional, que es de 68. El IEG de ambos países se encuentra en la escala de Bajo.

Tienen sueldos considerablemente menores por el mismo tipo de trabajo, y un porcentaje mayor de las mujeres trabaja en empleos vulnerables o irregulares. Pero lo más destacado que muestra el IEG es que los logros inferiores de las mujeres en participación económica y empoderamiento se repiten en cada uno de los países estudiados.66

Brasil y República Dominicana presentan un IEG de 72 puntos, con cuatro puntos por encima del promedio regional. A pesar de que el gobierno de Brasil es presidido por una mujer, el puntaje más bajo de su IEG correspondió a la dimensión política (43 puntos). Pocas mujeres participan en ese ámbito, y los obstáculos que deben superar para hacerlo son “la peor expresión del patriarcado” después de la violencia de género. El salario de las brasileñas equivale a 70 por ciento del que reciben los hombres por la misma tarea, “mientras que en otros países alcanza 80 y 85 por ciento.65

Índice de Inequidad de Género El IIG mide la desigualdad en los logros entre mujeres y hombres en tres dimensiones: •• ••

••

Mercado de trabajo: Participación femenina en la fuerza laboral Empoderamiento: Porcentaje de escaños parlamentarios por sexos y nivel educativo medio y superior Salud reproductiva: Tasa de mortalidad materna y tasa de fecundidad adolescente

El IIG muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros femeninos y masculinos en estas tres dimensiones. Varía entre el 0, que indica que mujeres y varones presentan un desarrollo igual y el 1, que supone que las mujeres registran el peor desarrollo posible en todas las dimensiones medidas.67

Colombia y México presentan la más baja puntuación de los seis países estudiados con 64 puntos, mpresentando cuatro puntos por debajo del promedio de la región. La participación de la mujer en la fuerza laboral es apreciablemente menor que la de los hombres.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

La comparación del IDH con el IIG ofrece una medida de las desigualdades de género en el desarrollo humano. Cuanto más se diferencien los dos índices

más desigual será el nivel de desarrollo humano de un país. Por el contrario cuanto más se asemejan, más igualitario es un país entre mujeres y varones.

Tabla 2b: Índice de Inequidad de Género (IIG) Índice de Inequidad de Género País

2005

2008

2011

Argentina

0.3812

0.3714

0.3721

Brasil

0.4706

0.4508

0.4487

Colombia

0.5156

0.5020

0.4822

México

0.4629

0.4510

0.4880

Nicaragua

0.5291

0.5195

0.5057

República Dominicana

0.4978

0.4876

0.4802

Fuente: Gender Inequality Index, Human Development Reports, United Nations Development Programme, viewed 8 December, 2011, <http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/>. ChartsBin statistics collector team 2011, Gender Inequality Index, ChartsBin.com, viewed 7 December, 2012, <http:// chartsbin.com/view/4319>.

De acuerdo a la tabla anterior, Argentina está en la mejor posición respecto de las inequidades de género

en los seis países estudiados con 0.3721 y Nicaragua en la peor posición, con 0.5057.

Tabla 3: Actividad económica femenina Actividad económica femenina País

Razón de participación de mujeres en actividades económicas, urbana

Razón de participación de hombres en actividades económicas, urbana

Argentina

52 (2009)

77 (2009)

Brasil

58 (2009)

79 (2009)

Colombia

54 (2007)

76 (2007)

México

48.3 (2008)

79.6 (2008)

Nicaragua

50.3 (2005)

78.6 (2005)

43 (2009)

73 (2009)

República Dominicana

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the basis of special tabulations of household surveys of the respective countries http://www.cepal.org/

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Dimensión mercado de trabajo: participación femenina en la fuerza laboral

medida que sea autónoma, eficiente y comprometida y que permita a las mujeres desarrollar todas sus capacidades. 68

Como lo señala la tabla 3, Brasil tiene el mayor índice de participación de mujeres urbanas en actividades económicas con 58%, en tanto República Dominicana alcanza el 43%. Brasil tiene la menor disparidad entre hombres y mujeres urbanos en actividades económicas, con el 21%, en tanto México en el otro extremo alcanza una disparidad del 31.3%.

A nivel parlamentario, en el Senado el porcentaje de mujeres se mantiene entre el 20.3% en el 2011 y el 21.4% en el 2012. Donde existen parlamentos unicamerales el porcentaje actual es de 20.4%, prácticamente el mismo que en 2011. Es decir se mantiene la tendencia de que solo 1 de cada 5 parlamentarios sea mujer. El promedio alberga notables diferencias en países, Nicaragua y Argentina superan el 30% de mujeres mientras Brasil y Colombia tienen 12.7% o menos. Lo que sí es común es la exclusión de las mujeres de la máxima instancia de poder dentro de los Parlamentos.69

Dimensión empoderamiento: participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe La participación política de las mujeres es esencial para la construcción de la democracia en la

Tabla 4: Participación de mujeres en el Parlamento y el Poder Ejecutivo Parlamento

Poder Ejecutivo

País % Cámara alta Argentina

% Cámara baja o única

% Ministras

38.9

37.4

18.8

8.6

26.3

Colombia

15.7

12.7

México

22.7

26.2.

Nicaragua

40.2

42.9

República Dominicana

9.4

20.8

14.3

20.54

24.15

24.55

Brasil

Porcentaje promedio

En las elecciones parlamentarias de 2010 en Argentina las diputadas han disminuido ligeramente de 38.5% a 37.4%, mientras las senadoras se han incrementado pasando de 35.2% a 38.9%.

instituida por la Secretaría de Políticas para las Mujeres SPM para elaborar la propuesta de revisión de la Ley Electoral presentó en 2009 el anteproyecto de Ley para ampliar la participación política de las mujeres.70

En Brasil, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria, este país se encontraba en el año 2009 en la 107ª posición entre 187 países estando por debajo de la media de América que fue de 22,6% para la Cámara y 20,2 % para el Senado. La Comisión Tripartita

Colombia -país con una ausencia histórica de mujeres en el Parlamento- aprobó la Ley 581 de 2000 que establece una cuota mínima “del 30% de uno de los géneros” y representa además de un hito normativo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

en materia de participación política, una norma de obligatorio cumplimiento que busca asegurar “una participación real de las mujeres en el ámbito público que de otra manera no se lograría dada la dinámica del sistema.71

las calificaron como “el fraude más documentado de América Latina”, mediante el cual el partido de gobierno se habría adjudicado entre 12 y 18 escaños para alcanzar 63 de los 91 disponibles. 75 En República Dominicana sólo el 17% de los asientos congresuales son ocupados por mujeres a pesar que el 50% de las mujeres adultas tienen un nivel educativo de secundaria o superior comparado con el 42% de los hombres. Pero este avance no se refleja en lo referido a la participación política. El país cuenta con 2 Senadoras y 30 Senadores en la Cámara del Senado.

Para el período 2010 – 2014 en Colombia el porcentaje de mujeres en el Senado aumentó 4 puntos porcentuales con respecto a las elecciones pasadas, con una composición femenina del 16%; la participación en la Cámara de Representantes registró un aumento de dos puntos porcentuales, ubicándose en el 12%. De acuerdo con la CEPAL,72 Colombia está posicionada en el puesto 23 de 36 países de Latinoamérica y el Caribe con respecto al porcentaje de mujeres en el Congreso. Por su parte el ranking de la Unión Interparlamentaria ubica a Colombia en el puesto 90 entre 136, en donde 136 es el puesto con menos mujeres congresistas.73

De los 150 escaños de la Cámara de Diputados sólo hay 24 mujeres con el 16%. En el ámbito municipal sólo hay 9 síndicas frente 116 síndicos, es decir el 93% son hombres. De 787 regidurías 225 son mujeres correspondiente al 28.5%. Hay 9 vice síndicos frente a 116 vice síndicas, es decir el 93% son mujeres. Esto implica que la mayor participación de mujeres está en cargos donde se concentra menor poder.76

En Nicaragua a pesar del incremento porcentual de mujeres en el Asamblea Nacional, prácticamente no intervienen en los debates, en la medida que este se hace mediante los jefes de bancadas, todos hombres. La disciplina partidaria les impide expresar sus propias ideas o contradecir la línea definida por el partido de gobierno. La participación de las mujeres en la toma de decisiones es de marcado retroceso, las ministras son nombradas y destituidas frecuentemente sin que medie una evaluación pública de su desempeño. Aunque la Constitución Política consigna la igualdad de derechos políticos de las mujeres, su participación en igualdad de condiciones respecto a los hombres está lejos de ser una realidad.74

En la actualidad, Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana cuentan con sistemas de cuotas. La presencia del narcotráfico y el desplazamiento de las mujeres de sus comunidades por el conflicto armado, son problemas que dificultan la inserción y la participación de las colombianas y las mexicanas en la vida política y el desarrollo de sus países. Las cuotas a favor de la participación de las mujeres es una acción positiva que en la mayoría de los casos no trasciende hacia la obtención de puestos de poder. Ocurre por el desarrollo de inadecuadas prácticas políticas basadas en la inequidad, sobre todo a la hora de la distribución en los listados electorales dado que las mujeres son colocadas en lugares con menores probabilidades. A esto se suma el limitado acceso a los recursos económicos en las candidaturas de mujeres dentro de los partidos políticos.

La participación de mujeres en la Asamblea Nacional aumentó del 18.5% en el período 2007-2011 al 42.4% en 2012. Sin embargo, las elecciones del año 2011 fueron consideradas por la misión de observación electoral de la OEA y la Unión Europea con graves irregularidades. Algunos observadores nacionales

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Tabla 5: Progresión de escaños en el Parlamento ocupados por mujeres. 1997-2011 (%) Progresión de escaños en el Parlamento ocupados por mujeres País

1997

2003

2008

2011

27.6

30.7

40.0

37.4

6.6

8.6

9.0

8.6

Colombia

11.7

12.0

8.4

12.1

México

14.2

22.6

23.2

26.2

Nicaragua

10.8

20.7

18.5

40.2

República Dominicana

11.7

17.3

19.7

20.8

Argentina Brasil

Fuente: ECLAC - Gender Statistics - Inter-Parliamentary Union: Women in parliament. http://websie.eclac.cl/sisgen/ ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idTema=205&idIndicador=178

Tabla 6: Poder Judicial, mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema. 1998-2010 (%) Poder Judicial mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema. País

1998

2003

Argentina

2008

2010

Brasil

Colombia

México

Nicaragua República Dominicana

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the basis of special tabulations of household surveys of the respective countries. http://www.cepal.org/

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Tabla 7: Poder local, mujeres alcaldesas electas. 1998-2010 (%) Poder local, mujeres alcaldesas electas País

1998

2003

2008

2010

Argentina

6.4

7.4

10.0

Brasil

4.6

5.7

7.3

9.2

Colombia

4.5

9.0

México

3.3

3.5

4.6

5.5

Nicaragua

6.3

9.9

8.6

República Dominicana

1.7

7.2

11.9

7.7

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the basis of special tabulations of household surveys of the respective countries. http://www.cepal.org/

Tabla 8: Poder local, mujeres concejalas electas. 1998-2010 (%) Poder local, mujeres concejalas electas País

1998

2003

2008

2010

Brasil

11.1

11.6

12.6

12.5

Colombia

10.3

12.9

14.5

24.0

26.8

33.3

Argentina

México Nicaragua República Dominicana

25.5

29.9

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) on the basis of special tabulations of household surveys of the respective countries. http://www.cepal.org/

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo III

Dimensión salud sexual y reproductiva: participación de las organizaciones de mujeres en los ámbitos de la CIPD

En Colombia tampoco existe una comisión destinada a ese tema exclusivamente, pero existen otras instancias como la Comisión Intersectorial de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. No existe una instancia de decisión centralizada en la que participen las organizaciones sociales de mujeres sobre el tema de población, demografía y reproducción y salud materno/infantil.

En Latinoamérica y el Caribe ha ocurrido en varios países el cierre de los espacios de interlocución especialmente para las organizaciones feministas y de mujeresm contradiciendo completamente los compromisos asumidos por los Estados en múltiples tratados, convenciones, programas plataformas que tuvieron consenso internacional. Los déficits de la participación ciudadana se expresan especialmente en los espacios donde se debería debatir sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las autoridades no demuestran demasiado interés por escuchar las propuestas y demandas de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil. La gobernabilidad democrática se encuentra comprometida también por los compromisos gubernamentales con las autoridades eclesiásticas que han demostrado ser poderosas interlocutoras frente a los gobiernos.

En Nicaragua, en tres períodos de gobierno, desde 1992 y el 2002 existieron nominalmente tres Comisiones Nacionales de Población y Desarrollo bajo regulación del Poder Ejecutivo, cuyo funcionamiento cesó en 1996;77 ninguna incluyó la participación de las organizaciones de mujeres, ni de otras organizaciones sociales. Todos los asuntos de Población y Desarrollo pasaron, a partir de 1999, a la Secretaría Técnica de la Presidencia, SETEC, que tenía el mandato de integrar lo social y económico dentro de la estrategia del gobierno; sin embargo nunca se conoció qué trabajo desarrolló dicha Secretaría. En 2007, mediante Decreto presidencial, se creó la Secretaría de la Presidencia sucesora de la SETEC; en ninguna de las cuales hubo ni hay participación de la sociedad civil. Todos los asuntos de población y desarrollo se manejan al margen de las organizaciones que se ocupan de la natalidad, la mortalidad, las migraciones, el crecimiento, estructura y distribución espacial de la población y el medio ambiente, entre otros.

Comisiones Nacionales de Población con participación de las organizaciones de mujeres En Argentina se cuenta con un Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable desde 2012, pero no existe una Comisión Nacional de Población. Se ha reducido paulatinamente la participación de las organizaciones de mujeres debido a la renuncia por diferencias en el enfoque del trabajo.

En República Dominicana existe El Consejo Nacional de Población y Familia integrada dentro del Ministerio de Salud Pública, es un espacio de poca relevancia y no tiene participación de las organizaciones de mujeres.

En Brasil hay una Comisión Nacional de Población y Desarrollo que fue creada en 1994, pero se encuentra desactivada, y en la actualidad no juega ningún papel positivo en la implementación de la Agenda de El Cairo. Existe un grupo nacional de la sociedad civil que actúa alrededor de esta agenda, pero no tiene organicidad ni es reconocido formalmente por las instituciones públicas. El movimiento de mujeres viene ocupando espacios cada vez de menor importancia. La Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos integra este grupo y actuó durante todo el proceso de Cairo+15 y sigue actuando en Cairo+20 dentro de los márgenes posibles.

Comisiones Nacionales sobre Mortalidad Materna y/o Salud Sexual y Reproductiva con participación de las organizaciones de mujeres En Argentina, aunque no existe una comisión sobre mortalidad materna, se cuenta con un Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, integrado por representantes de ONG’s, la academia, sociedades científicas y Naciones Unidas. En abril de 2012 renunciaron 5 de los 11 miembros por diferencias con la política del mismo.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> En Brasil el Pacto Nacional por la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal, establecido en 2003, con la participación del Ministerio de Salud, la Rede Nacional Feminista de Saúde, Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia y la Asociación Brasileña de Enfermería, fue sustituido por un Comité Nacional de Movilización vinculado a la Red Cigüeña, actual Política Nacional destinada a la reducción de la Mortalidad Materna. En este Comité participan organizaciones feministas, como la Rede Feminista de Saúde, que juega un papel crítico y vigilante de esta instancia.

tiene expresión ni presencia como tal. En Colombia existe la Comisión Intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en adolescentes. Tiene presencia de delegados/as de las instituciones estatales y no hay participación de líderes de organizaciones sociales. En Nicaragua desde 1992 existe el Consejo de la Juventud como instancia de coordinación, uno de sus logros ha sido la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud y en cumplimiento de la cual se creó la Comisión Nacional de Juventud en el año 200380 que sin embargo no incluye la participación de las organizaciones de sociedad civil y tampoco las organizaciones de mujeres y que no tuvo un accionar relevante. En el Ministerio de Salud y como parte del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, se conformó la Comisión Interinstitucional e Intersectorial de Atención Integral a adolescentes que dio mayor apertura a la participación de organizaciones de sociedad civil, sin embargo con las reformas del sector salud este programa fue cerrado. En la actualidad el Modelo de Salud Familiar y Comunitario no contempla la existencia de Comisiones de Adolescentes y Jóvenes.

En Colombia hasta el año 2009 funcionó un comité Asesor Ad Hoc sobre mortalidad materna. En Nicaragua, la Comisión Nacional de Lucha Contra la Mortalidad Materna creada por Resolución Ministerial en 1992, que promovía la participación multisectorial y multidisciplinaria de las organizaciones de mujeres que presidían su Secretaría Ejecutiva, fue prácticamente cerrada en 1997 por un Decreto Presidencial78, dado que la representación de las organizaciones de mujeres fue eliminada, y el Presidente de la República se “facultó” para elegir un representante de la sociedad civil.79 Esto ha dejado, en la práctica, sin participación a las organizaciones de mujeres quienes hoy no tienen ningún papel en la defensa de su propia salud. Pero basta con que haya un solo representante de la sociedad civil nominado por el Presidente para que se valide cualquier decisión.

En la República Dominicana el Comité Interinstitucional para la Salud de Adolescentes no tiene participación de organizaciones de mujeres.

Comisiones Nacionales sobre Violencia Contra las Mujeres con participación de las organizaciones de mujeres

En República Dominicana a mediados de los años 90 fue creada la Comisión Nacional sobre Mortalidad Materna, pero actualmente no funciona; desde inicios de 2012 el Ministerio de Salud Pública ha venido haciendo intentos para reactivarla.

En Argentina no existe una comisión nacional sobre violencia contra las mujeres. Desde las organizaciones de mujeres se plantea la necesidad de constituir el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres.

Comisiones Nacionales sobre Adolescencia y Juventud con participación de las organizaciones de mujeres

En el Brasil no existe una comisión específica sobre violencia contra las mujeres. En el caso de Colombia existe la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que coordinó entre 2008 y 2011 las acciones del Programa Integral contra las Violencias de Género. Se da seguimiento a la Política Nacional para la Equidad de las Mujeres, y articulado a esto funciona un Observatorio para

En Argentina existe desde 2009 un Consejo Asesor dentro del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. En Brasil existe el Consejo Nacional de Juventud en el cual la participación de organizaciones de mujeres no

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo III

asuntos de Género. Existe un comité de seguimiento a la implementación de la Ley 1,257 de 2008.

En 2012 la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres faculta la creación de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia con catorce instituciones del Estado y ninguna de la sociedad civil, y añade que las organizaciones serán llamadas cuando la Comisión ‘lo estime conveniente” y tendrán voz, pero no tendrán voto.81

En Nicaragua en 1998 funcionaba la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia a través de la cual se aprobó el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, así como el Programa Nacional de Prevención y Atención de la Violencia basada en Género. La Red de Mujeres contra la Violencia participó activamente en esta Comisión, que desapareció igual que todos los espacios multisectoriales.

En República Dominicana existe la Comisión Nacional para la Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar y cuenta con participación de las organizaciones de mujeres.

Notas a pie 1

United Nations Organization. Op.cit. http://www. un. org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm.

Revista Pueblos. República Dominicana. Marzo 2005.

González Martínez, Aida.

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http://daccess-ods.un.org/TMP/2897029.html

Artículo 16. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

En las Naciones Unidas informe del PNUD de 2004 se indicó que el 81% del pueblo indígena percibía ingresos por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 18% correspondiente a la población genera. además, en las Naciones Unidas informe del ACNUDH de 2006 señalaba que sí, según el gobierno, el 55,5% de los 3,1 millones de personas con discapacidad vivían en la pobreza.

Se abordan las violaciones a los Derechos Civiles y Políticos en el cuarto informe periódico publicado el 27 de julio de 1999 (Doc. ONU. CCPR/C/79/ Add.109) y en el quinto informe periódico (Doc. ONU. CCPR/C/MEX/Q/5 del 24 de agosto de 2009).

www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16. pdf. Véase, los informes anuales de la CNDH en www. cndh.org.mx. Los datos exactos para el 2009 deben estar disponibles para el momento en que el Comité evalúe a México en marzo de 2010.

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Sin controles, sin castigo: las violaciones del Estado mexicano a los derechos civiles y políticos. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 21 de diciembre de 2009.

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Tercer Informe del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN). Organización de Naciones Unidas. 2009.

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En 2004, se creó el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención de Belém do Pará, denominado MESECVI, sistema de evaluación entre pares consensuado e independiente para examinar los avances realizados por los Estados Parte en el cumplimiento de los objetivos de la Convención.

El informe fue presentado por el Centro Pedro Francisco Bonó, Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación, Colectiva Mujer y Salud, Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres, Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, Fundación Comunidad Esperanza & Justicia Internacional, Fundación Étnica Integral, Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos y Trans Siempre Amigas. República Dominicana. 2012. Cepeda, Zobeyda. Informe Alterno de la Sociedad Civil sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. República Dominicana. 2012.

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www.pnud.org.br

Debemos advertir que las comparaciones inter temporales de los índices pueden cambiar de un Informe mundial a otro debido a la inclusión de más países, actualización de información provisoria, etc. Por lo mismo, se recomienda prestar atención a las comparaciones inter temporales que se presentan dentro de cada Informe, y no hacerlas entre informes.

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Avendaño, Néstor. Un peldaño menos del IDH de Nicaragua entre 2006 y 2011. Nicaragua. 2011.

El valor mundial para educación es 71 (bajo, según las categorías del índice), la participación económica es de 42 (muy bajo); y la participación de la mujer en la toma de decisiones es17 (crítico).

Camurça, Silvia. Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB).

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> 66

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Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.//Octubre 2006. República Dominicana.

Comisiones formadas por el Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Ministerio de Salud, Secretaría de Acción Social, Instituto Nicaragüense de la Mujer, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña.

Decreto 20-2000 de Creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna y Perinatal. Nicaragua. 2000.

La nueva Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna estaba integrada por el Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Instituto Nicaragüense de la Mujer, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y un representante de las ONG vinculadas a la salud. Nicaragua.

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2000 Derechos Humanos en Nicaragua Informe Anual 2000, CENIDH.

Financiamiento en Salud Cobertura en Salud Sexual y Salud Reproductiva por la seguridad social, pública y/o privada Programas de Salud Sexual y Salud Reproductiva Acceso a servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva de calidad para mujeres y jóvenes Acceso al aborto seguro Mortalidad materna Atención prenatal Emabarazo en adolescentes Cáncer génito mamario

Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO IV SALU D REPRODUCTIVA Y DERECHOS REPRODUCTIVOS Financiamiento en Salud

recursos económicos para satisfacer las necesidades la población, la introducción de la competencia en la prestación de servicios públicos a través de concesiones al sector privado, las reformas del sector salud acompañadas de reformas del sistema de seguridad social, la descentralización del sistema de salud y la modernización del Estado a través de la descentralización.

El PA de la CIPD compromete a la comunidad internacional y a los gobiernos en cuanto a disponer de recursos suficientes para la salud y en especial la salud sexual y la salud reproductiva. Los derechos de las mujeres a la salud sexual y la salud reproductiva, en todos sus componentes, se expresan en el acceso a los servicios que solo pueden estar garantizados cuando los Estados cumplen sus compromisos. Muchas veces la información pública sobre las cifras destinadas a estos rubros específicos no son accesibles o los presupuestos nacionales no están desagregados, por lo que no resulta fácil conocer estos datos.

Entre las estrategias de privatización adoptadas para la Reforma del Sector Salud, se destacan la reducción y reorientación del financiamiento, la descentralización del sector y la reorientación de los programas y acciones de salud. En cuanto al financiamiento, significó la reducción en el gasto total en la mayoría de los países y la aparición de cálculos presupuestarios para valorar el llamado “gasto de bolsillo”, que no es más que la consecuencia de la privatización, y que deben asumir las personas usuarias y sus familiares. Dos cuestiones deben tenerse en cuenta: la tendencia al aumento del Producto Interior Bruto en la mayoría de los países y las nuevas formas de privatización de la salud a través del financiamiento del sector privado, cuando más de la mitad de este financiamiento en salud proviene directamente del bolsillo de los hogares y es utilizado para la compra de servicios privados.1

Las políticas de ajuste estructural se aplican en América Latina y el Caribe desde la década de los 70, su impacto más importante ha sido la reducción del papel del Estado, con consecuencias negativas para los sistemas de salud de la región. Con su implementación se fortaleció el modelo económico diseñado por el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional dominados por el gobierno de EE.UU., que a partir del Consenso de Washington impuso cambios en el rol del Estado, especialmente en las políticas públicas de la región, haciendo énfasis en la reducción del papel regulador del Estado, que debía llegar a una mínima expresión.

Presupuestos nacionales que establecen rubros definidos para Programas de Salud Sexual y Salud Reproductiva

El documento del Banco Mundial “Invertir en Salud” del año 1993, contiene medidas encaminadas a modificar las constituciones nacionales, los mecanismos de regulación y contratación pública con el objetivo sectorial de reducir la pobreza a través de medidas de racionalización y de estrategias como la focalización de los servicios de salud en los llamados “paquetes mínimos” para la atención primaria, los cambios en los marcos regulatorios del Estado, la mejora de los mecanismos de gestión de

Argentina y México presentan asignación presupuestaria destinada a los Programas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. En Argentina el Presupuesto 2010 destinado es de U$339,914,901 de los cuales U$86,823,730 son para el Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual y U$16,172,160 para el Programa Desarrollo de la

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IV

Salud Sexual y la Procreación Responsable.2 Este es el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación que corresponde fundamentalmente a la compra de métodos anticonceptivos y otros insumos como instrumental para dicho Programa.

invertidos en el rubro de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva. En República Dominicana el Presupuesto Nacional no presenta partidas desagregadas para los programas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. El gasto público en salud como porcentaje del PIB en 2010 fue de 2.6%, mientras que el gasto público en salud como porcentaje del gasto general del gobierno fue de 13.6%5

En 2009, en Brasil, el total de presupuesto para programas de Salud Reproductiva fue de U$1,034,570,292; el 93% se destinó para atender problemas de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres; para la compra de Métodos Anticonceptivos se asignaron U$41,270,944, para gastos de hospitalización en Obstetricia U$632,021,837, para el tratamiento del Cáncer Génito Mamario en los diferentes niveles U$196,692,062, para Neoplasias en todos los niveles U$18,743,493,24, en Atención Primaria de enfermedades genitourinarias U$77.741,102,12.3 El total de presupuesto asignado para la atención de salud de los hombres en el Brasil fue de US$63.437.302,10, para Vasectomía se destinaron U$3,828,373; y para la detección y tratamiento del Cáncer de Próstata US$59,572,111.

En Nicaragua el presupuesto del MINSA no se informa desagregado por programas. En el año 2009 el gasto neto en salud fue de 257 millones de dólares, en el año 2011 se redujo algo a 248.3 millones de dólares. Con una población que crece anualmente en 2.8% el gasto en salud se ha ido reduciendo progresivamente. El porcentaje del Producto Bruto Interno para la salud ascendió al 4.05% en el año 2009 y se redujo al 3.75% en 2010. El gasto por persona por año pasó de 44.87 dólares en 2009 fue de 44.87 dólares a 42.21 dólares en 2010.

En México el presupuesto para programas de Salud Sexual y Salud reproductiva asciende a U$166,367,073. monto destinado a diversos programas cono el Control del Estado de Salud de la Embarazada U$12,830,827, Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud U$3,256,757, Atención a la Salud Reproductiva U$50,010,799, Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de género en salud U$48,968,437 y para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva U$1,289,453.4

El gasto corriente se ha elevado de manera notable en los últimos años, sin que haya crecido de la misma manera el gasto de capital o sea la inversión en infraestructura para que el país pueda responder a la población con mejores instalaciones. El gasto de capital en 2007 fue de 44.7 millones de dólares, mientras el gasto corriente de 169 millones. En 2011 el gasto de capital se redujo drásticamente a 12.1 millones de dólares.6 Argentina, Colombia y República Dominicana mencionan la asignación presupuestaria de gastos en salud destinada al VIH/Sida; Argentina asigna el presupuesto para compra de antirretrovirales ARV, otros medicamentos y reactivos. En este caso cada provincia tiene su propio presupuesto para los gastos especiales, personal, infraestructura e insumos.

En el año 2012, para la Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud hubo una reducción del 63.9% respecto al presupuesto de 2011, a pesar que este Programa se ubica entre los prioritarios para la presente administración, en la medida que busca impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En Colombia la inversión específica para el VIH/Sida en el año 2011 se estima en U$137,862.749. El gasto total en salud como porcentaje del PIB es de 7.6% en el 2010 y de 6.9% en 2008.7 El gasto nacional ejecutado para VIH/Sida en República Dominicana en 2008 fue de U$29,007,380, de los cuales 54.3%

En Colombia los recursos destinados a salud para el año 2012 en el Presupuesto Nacional ascienden a $11,832 miles de millones de pesos, que equivalen al 2% del PIB nacional. Sin embargo, no se logra obtener datos de fuentes oficiales sobre los recursos

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> provino de fondos internacionales, 18.6% de fondos privados y 27.1% de fondos públicos.8

Recursos Financieros para la mortalidad materna con los Estados y con los Municipios, para cuantificar la salud de las mujeres.

Dos países mencionan la asignación presupuestaria dirigida a la Reducción de la Mortalidad Materna y las tasas de cáncer cervical y de mamas: México presenta una reducción de 21.6% respecto al aprobado en 2011, lo cual podría afectar el cumplimiento de las metas propuestas y dificultar la consolidación de las políticas públicas como el embarazo saludable y la atención universal de las emergencias obstétricas. En Brasil desde el año 2004 el Ministerio de la Salud estableció un nuevo sistema de gestión de los

En República Dominicana el 50% de las personas que recibe atención de salud debe hacer algún pago por el servicio, ya sea total o parcial. El 54% del gasto familiar en salud corresponde a medicamentos y el 11% a laboratorio. El 44% de las personas en la consulta ambulatoria no paga por la misma, el 36% cubrió el total de los costos y en un 12% los gastos fueron cubiertos parcial o totalmente por un seguro.9

Tabla 9: Tipos básicos de prestación de servicios y financiamiento de la salud Tipos básicos de prestación de servicios y financiamiento de la salud Financiamiento público

Financiamiento privado

Provisión de servicios públicos

Tax revenue financed and government provided

Out-of-pocket financed and government provided

Provisión de servicios privados

Government contracts private provider and pays for it

Out of pocket financed and private provided

Fuente: TK Sundari Ravindran, Privatization of Health and its Implications for Universal Access to SRH services to all women

Tabla 10: Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud. 2008-2010 Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud País

2008

2010

Argentina

8.4

8.1

Brasil

8.3

9.0

Colombia

6.9

7.6

México

5.9

6.3

Nicaragua

9.3

9.1

República Dominicana

5.7

6.2

Fuente: World Bank. http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS/countries

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Tabla 11: Gastos de bolsillo (GDP) como porcentaje del gasto privado en salud (GPS). 1995-2009 Gastos de bolsillo (GDP) como porcentaje del gasto privado en salud (GPS)

País

Gasto privado en salud como % del gasto total en salud

Gasto de bolsillo como % del gasto privado en salud

1995

2003

2009

1995

2003

2009

Argentina

40.24

47.73

33.56

69.52

64.41

59.24

Brasil

56.99

55.63

54.33

67.98

62.61

57.06

Colombia

41.36

15.92

15.81

84.71

47.17

50.02

México

57.87

55.83

51.74

97.04

94.70

92.32

Nicaragua

35.60

43.99

43.36

98.51

88.68

91.93

República Dominicana

79.10

66.94

58.60

72.11

70.15

65.75

Fuente: World Bank. http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS/countries

Cobertura en Salud Sexual y Salud Reproductiva por la seguridad social, pública y/o privada

a 51% de la población de este rango de edad. Mientras que en el régimen subsidiado se encuentran 11,537,211 de personas afiliadas activas que corresponde al 49%.

En Argentina el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable brinda una cobertura pública aproximada del 50% de la población femenina. En relación al VIH/Sida la cobertura llega casi al 60%. El suministro de anticonceptivos no abortivos, incluyendo anticoncepción de emergencia y la anticoncepción quirúrgica, se encuentra contemplado en el Programa Médico Obligatorio.

En Nicaragua el INSS registra en diciembre de 2011 un aumento de asegurados activos de 8.9% en relación a diciembre 2010, al cerrar el año con 596,328 asegurados activos. Esta cifra corresponde al 24.5% de la población económicamente activa del país. En términos de género, el 57% de asegurados son hombres y el 43% son mujeres. La población asegurada masculina presenta un crecimiento de 9.9 % y la femenina 7.6 % en relación a diciembre de 2010. La población asegurada por grupos de edades es muy joven, el 65.3% son menores de 39 años.11

En Colombia en 2011, la población entre 18 y 59 años de edad, afiliada activa al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, suma 23,486,316 personas10 alcanzando una cobertura del 91%. Esta es comparativamente similar a la afiliación total nacional que alcanzó 41.9 millones de personas; si se suman los regímenes especiales que brindan atención en salud a 2,222,126 de personas, equivalentes al 4.8% de la población, la cobertura aumentaría a 96.6%. En el régimen contributivo se encuentran 11,949,105 de personas afiliadas activas, equivalente

Según el Anuario Estadístico del INSS del año 2011, se brindaron 311,560 consultas de Ginecología y Obstetricia que corresponden al 6.26% del total de consultas brindadas. En Atención Prenatal se brindaron 108,500 consultas en el año 2011, el 60% fueron consideradas de Alto Riesgo Obstétrico. El uso de métodos anticonceptivos en usuarias de los servicios del INSS fueron: 48% inyectables, 37% píldoras, 10% condones y 1% DIU’s.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> En República Dominicana el porcentaje de la población al 2010 protegida por el seguro de salud es 44.8 % de los hombres y el 43.6% de las mujeres.12 La seguridad social contempla sólo los servicios que tienen que ver con la atención prenatal, parto y puerperio y algunas ITS.

otros cánceres del aparato reproductivo femenino y masculino, menopausia y salud sexual y reproductiva en el adulto mayor. En Nicaragua en el año 2002 fue aprobada la Ley General de Salud y establece la calidad como principio.13 Aunque la ley establece como derechos de las personas usuarias “además de la gratuidad, la información completa y continua, la confidencialidad y el sigilo, el respeto a su persona y a la dignidad humana, a no ser objeto de experimentación, al consentimiento informado”,14 tales derechos no son priorizados en la atención pública en salud y son poco conocidos por el personal que brinda los servicios. Diez años después no existe normativa jurídica que regule la calidad de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Salud mandata la implementación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva a nivel nacional con enfoque de género y generacional.

Programas de Salud Sexual y Salud Reproductiva Existencia de programas específicos de Salud Sexual y Salud Reproductiva Los seis países estudiados cuentan con leyes, políticas, normas y programas relacionados a la Salud Sexual y Salud Reproductiva, específicamente el acceso a servicios de atención. En Argentina la Ley 25,673 Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del año 2002, creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el año 2003.

La Política Nacional de Salud 2004–2015 tiene como eje transversal la “equidad de género”, y establece que “la atención en salud contará con una amplia participación comunitaria, con énfasis en salud sexual y reproductiva”; en la práctica desde el año 2007 se ha eliminado toda participación de las organizaciones de mujeres que trabajan en salud y no existe ninguna posibilidad de establecer una vinculación con el MINSA. En el año 2008, el MINSA dictó una nueva Política Nacional de Salud pero es un documento prácticamente desconocido.

En Brasil la salud sexual y reproductiva se integra en la Política Nacional de Atención de Salud Integral de la Mujer con programas que forman parte de esta política. En el área de programas de salud de las mujeres se incluye la atención ginecológica, métodos anticonceptivos, atención obstétrica, la atención a la violencia sexual, la educación sexual para adolescentes y jóvenes, así como acciones de salud para hombres. Existen planes, programas, normas y estrategias que contemplan metas y acciones relacionadas a la salud reproductiva, incluidas normas de planificación familiar y que forman parte de las normas aprobadas por el Ministerio de Salud en 2004. También hay un conjunto de leyes que tienen que ver con la reproducción asistida o el embarazo en las personas con discapacidad, entre otros. No hay mención en cuanto al derecho de los adolescentes.

Después de El Cairo Nicaragua estableció en 1995 la Dirección y el Programa de Atención Integral de la Mujer separado de la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia cumpliendo con el compromiso de brindar atención especial a las necesidades integrales de las mujeres en materia de salud, superando el abordaje basado en la reproducción y el cuidado del denominado “binomio materno infantil”. Sin embargo desde el año 2008 se impuso el Modelo de Salud familiar y Comunitario MOSAFC, donde las mujeres han desaparecido como grupo especifico de atención para disolverse dentro de las necesidades y demandas de “la familia’, de manera que la única mirada es la de la reproducción así como la satisfacción y el

Colombia, desde el año 2003, cuenta con una Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde se definen como líneas de acción la maternidad segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva en adolescentes, cáncer de cuello uterino, ITS, VIH/ Sida, Violencia doméstica y sexual, cáncer de mamas,

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servicio a las necesidades de sus integrantes, a lo que se agrega atender las necesidades de la comunidad.

Estratégico Plurianual 2012 - 2015 asume como responsabilidad implementar todas las medidas necesarias para disminuir paulatinamente la morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino. Sin embargo a pesar de contar con las normas nacionales para su prevención, diagnóstico y tratamiento18 este último no es gratuito, las usuarias y usuarios tienen que pagar por el servicio.

No existen mecanismos generales para denunciar la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, aunque la Ley 238,15 sobre el Sida y la Ley 779,16 sobre la violencia contra las mujeres establecen mecanismos de denuncia específicos al tema. Respecto a la anticoncepción quirúrgica femenina, no hay normativa jurídica que garantice la asesoría previa, el consentimiento otorgado por escrito ni un plazo mínimo entre consentimiento e intervención. La esterilización forzada no está tipificada como delito en el Código Penal y por tanto queda al arbitrio del personal médico.

Servicios en Salud Sexual y Salud Reproductiva Sexualidad y educación sexual En Nicaragua según el MINSA, la ausencia de un programa de educación sexual en el sector educativo formal y sector salud que tome en cuenta la diversidad cultural y establezca normas definidas para la atención de la salud sexual en los servicios de salud, contribuye a que en los trabajadores de la salud y los educadores prevalezca la influencia de valores y actitudes sesgadas por conceptos derivados de juicios morales y religiosos, los mitos y los tabúes que se traduce en un abordaje inadecuado en los servicios de salud y educativos.19

En República Dominica la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social estableció la Norma de Salud Reproductiva17 basada en elementos jurídicos fundamentales tales como la Constitución Política, leyes y reglamentos que regulan al sector salud, siendo parte de estas normas las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionadas a la morbilidad y mortalidad materno infantil y adolescente. En la norma se establecen medidas técnicas y administrativas y especificas para la implementación de los servicios de salud integral de adolescentes, promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación basadas en principios de integralidad, universalidad y confidencialidad.

En el año 2009 el MINSA publicó la Resolución Ministerial No. 249 mediante la cual mandata que el personal de “todos los establecimientos públicos y privados, proveedores de servicios de salud, deberán promover y apoyar acciones orientadas a la erradicación de la discriminación a las personas por orientación sexual”. A pesar de las buenas intenciones, dicha resolución es poco conocida y menos aplicada en los servicios públicos de salud. Desde el año 2010 Nicaragua cuenta con una Guía Básica para docentes sobre Educación de la Sexualidad que aun continúa sin terminar de ser distribuida en las instituciones educativas, la gran demanda del profesorado es justamente cómo abordar la educación sexual que continúa postergada en el país.

El Ministerio de la Mujer cuenta con el Departamento de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos responsable de promover y apoyar acciones dirigidas a impulsar políticas, planes y programas que garanticen el derecho de las mujeres a la salud desde un enfoque de salud integral con perspectiva de género y de participación social. La Unidad programática del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social coordina las acciones de atención integral en los servicios preventivos y asistenciales para las personas viviendo con VIH y con Sida. La visión del Plan Estratégico Nacional ITS/VIH se sustenta en principios y valores universales como son la equidad social, el enfoque de género, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. El Plan

Anticoncepción segura Argentina, México, Nicaragua y República Dominicana cuentan con Programas de Planificación Familiar o Anticoncepción Segura.

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En Argentina la anticoncepción incluye condones masculinos, anticonceptivos hormonales combinados, anticonceptivos para la lactancia, inyectables y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos DIU´s, esterilización quirúrgica femenina y masculina.20

Desde el 2010, con las acciones del Convenio 620 entre el Ministerio de Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, como parte del desarrollo del Modelo de Servicios en Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, se trabajó en la identificación, conformación y fortalecimiento de redes, grupos y organizaciones juveniles en promoción de derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo no planificado en adolescentes.

En México el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción tiene como objetivo contribuir en la modificación de los determinantes que interfieren en el conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos modernos promoviendo la sexualidad responsable y protegida, los roles y relaciones de género equitativas.

Salud sexual y reproductiva de hombres Solamente Colombia informa de un Programa para Hombres a nivel no gubernamental, como es el caso de Profamilia que incluye consultas en fertilidad, medicina general, medicina interna, planificación familiar, programas de prevención, psicología, sexología y urología, cirugía urológica, esterilización masculina, vasectomía sin bisturí y microcirugía para reversión de vasectomía.

En Nicaragua el sistema público de salud ofrece anticonceptivos modernos y seguros para ambos sexos y son gratuitos, aunque se han presentado prolongados períodos de desabastecimiento debido a problemas de almacenaje, distribución y falta de recursos. Con excepción del diafragma, todos los demás métodos han estado disponibles, aunque por falta de recursos y de un programa específico la esterilización femenina se desarrolla con limitaciones. La esterilización masculina prácticamente no tiene desarrollo en el sistema público. En 2006, la Estrategia Nacional de Salud en Nicaragua, reconoce que “la promoción de métodos anticonceptivos en general es insuficiente. Las actividades de planificación familiar no toman en cuenta las particularidades culturales y religiosas de las comunidades, lo que limita su capacidad de incidir en el uso de métodos modernos para esa población”.

En Nicaragua no existen servicios de salud sexual y reproductiva exclusivos para hombres. La esterilización masculina no se impulsa por parte del sector salud y falta de programas respectivos, pero sobre todo, porque para la población en general, lo mismo que para el gobierno, la conciencia sobre la responsabilidad masculina en materia de anticoncepción es incipiente.

Salud de las embarazadas y salud perinatal. Maternidad segura

En República Dominicana la planificación familiar incluye asesoramiento, información, acceso al menos a tres métodos anticonceptivos y acceso a preservativos masculinos.

Embarazos en la adolescencia

De los seis países estudiados, cuatro reportan programas de Salud Materna y Perinatal o de Maternidad Segura. En Argentina y Colombia se le llama Maternidad Segura, en Nicaragua y República Dominicana Salud Materna.

En Argentina hace unos 3 años se reorganizó el programa de atención de adolescentes que se articula con el de Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable en el Ministerio de Salud para la provisión de métodos anticonceptivos.

En Argentina la maternidad segura incluye la atención prenatal, atención del parto y puerperio. Existen normas de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia en coordinación con los servicios asistenciales provinciales y municipales.

En Colombia la fecundidad en adolescentes se ha incrementado notablemente en los últimos años.

En Colombia la maternidad segura busca reducir la tasa nacional de mortalidad materna evitable,

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mejorar la cobertura y calidad de la atención institucional de la gestación, parto y puerperio y sus complicaciones. Suministra todos los métodos modernos de anticoncepción a través del Plan Obligatorio de Salud, implementando un Modelo de Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema para el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de obstetricia. Se cuenta con guías de atención para el acceso a servicios de planificación familiar, detección precoz de alteraciones en el embarazo, atención del parto y el puerperio y atención a las complicaciones hemorrágicas e hipertensivas.

lineamiento para su prevención o atención, reconoce: “por otra parte, las muertes por un aborto inseguro tienden a ser ocultadas por las familias”.22

ITS, VIH/Sida En Argentina la atención de ITS se hace en las mujeres a través de los consultorios de ginecobstetricia. En varones a través de urología. No hay normas de atención unificadas para todo el país y los laboratorios para detectar ITS son de distinta capacidad y amplitud, no hay registros unificados. En la atención del VIH existen normas, registros unificados y el programa nacional provee los medicamentos y antirretrovirales a las provincias y municipios. No hay un observatorio de VIH/Sida.

En Nicaragua el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que el MINSA presentó en febrero de 200221 fue retirado por presiones de la jerarquía católica. Cuatro años después se publicó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que se mantiene desde 2006, aunque el personal del MINSA que la debe aplicar la conoce muy limitadamente. Desde 2007 nuevamente en los servicios públicos el parto institucional se atiende de manera gratuita, sin embargo las embarazadas generalmente deben sufragar diferentes gastos y aportar insumos médicos. No todos los exámenes están disponibles ni tampoco los tratamientos a pesar que ha mejorado la provisión, pero aun es insuficiente.

En Brasil, como parte de la atención integral en salud, está prevista la atención a las mujeres lesbianas, a homosexuales y transexuales en los programas de prevención del VIH y el Sida, así como servicios para el cambio de características sexuales en transexuales.23 En Colombia existe un plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita, con guías de atención establecidas y articuladas a la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Vertical del VIH y de la Sífilis Congénita en América Latina y el Caribe. El acceso a un diagnóstico oportuno mediante las pruebas presuntivas de Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay, ELISA, y las confirmatorias de Western Blot están contempladas en el Plan Obligatorio de Salud tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo.

En República Dominicana los programas que se ofrecen incluyen información sobre la salud materna, atención del parto con un personal calificado, atención prenatal, atención obstétrica básica, atención obstétrica de emergencia, atención postnatal y planificación familiar y atención post-aborto.

En México los programas contemplan prevenir la transmisión del VIH y controlar la epidemia del Sida, prevenir y controlar las ITS, brindar servicios de atención integral de calidad a las personas con VIH, fortalecer las acciones de promoción de la salud sexual, impulsar políticas para la disminución del estigma, discriminación, violaciones a derechos humanos y homofobia en poblaciones clave y fortalecer la coparticipación multisectorial, social y ciudadana en la formulación de políticas en VIH/Sida.

Prevención del aborto Inseguro De los seis países estudiados solamente Colombia incluye en sus programas el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En Argentina se elaboró una Guía para atención del Aborto No Punible pero aun no se acordó su aplicación en todas las provincias. Nicaragua en general no hace referencia al aborto en sus documentos programáticos. En la Estrategia Nacional de 2006-2008, aunque no menciona ningún

En Nicaragua, desde el año 2007 se eliminó el Programa Nacional de Lucha contra el Sida y la atención

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de las personas viviendo con VIH o Sida pasó a ser considerada un “componente transversal” de todos los demás programas, perdiendo su especificidad y dificultando la atención de las personas afectadas. La información disponible sobre el VIH y el Sida resulta completamente desfasada en el tiempo, carece de análisis desde la perspectiva de género y generacional, no toma en cuenta las particularidades socioculturales de la población afectada y no está disponible con fines de investigación. En el año 2006, el MINSA reconocía que “la existencia de marcados subregistros en la información reportada sobre el comportamiento de las ITS en Nicaragua, no permite realizar valoraciones bien fundamentadas sobre la magnitud y distribución del problema”.

En Nicaragua existe una norma para la prevención, detección, atención de la violencia intrafamiliar y sexual del año 2009, donde se incluye el femicidio y el feminicidio, que vino a reemplazar a la norma del 2001.24

Prevención y atención del cáncer génito mamario En Argentina desde hace 3 años se jerarquizó y mejoró la prevención y atención del cáncer de cuello uterino, especialmente la atención en áreas más vulnerables en el norte del país. Además desde el 2011 se incorporó la vacunación contra HPV a niñas de 11 años. En México se desarrollan campañas de comunicación educativa para modificar los determinantes del cáncer de cuello uterino y de mamas a través de la adopción de hábitos de vida saludables y la demanda de los servicios para la detección oportuna. Se han implementado acciones para la prevención y detección oportuna del cáncer de mamas y cérvico uterino, principalmente en áreas marginadas a través de la vinculación estrecha con las instituciones y la incorporación de nuevas intervenciones.

En República Dominicana existen programas para las infecciones de transmisión sexual donde se incluyen la prevención, detección/prueba, tratamiento y atención. En VIH existen programas para la prevención, asesoramiento y pruebas voluntarias, tratamiento, atención y apoyo, prevención de la transmisión de madre a hijo y tratamiento para aumentar la esperanza de vida de las madres VIH positivas y servicios de salud sexual y reproductiva para las personas que viven con el virus.

En Nicaragua la atención se limita a la prevención del cáncer cérvico uterino y a brindar asesoría para prevenir el cáncer de mamas y tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Los demás tipos de cáncer ginecológico -de trompas, ovarios o vulva- se detectan en etapas avanzadas; la capacidad del sistema para atenderlos es sumamente limitada.

Violencia contra las mujeres Con relación a la Violencia contra las mujeres solamente tres países reportan que existen programa o atención incluidos en los protocolos o normas institucionales como son Argentina, Colombia y Nicaragua.

En República Dominicana existen programas de cáncer del aparato reproductor, mamas, cuello uterino y de próstata, se ofrece prevención, detección/prueba, tratamiento y atención.

Argentina se limita a violencia sexual, cubre el 50% de la población aunque por la atención de emergencia puede llegar hasta el 70%. En Colombia se cuenta con Guías de Atención al Menor y a la Mujer Maltratada y el Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual que establece: “en el marco del sistema de salud colombiano, toda situación de violencia sexual es considerada como una urgencia médica que requiere atención inmediata, tanto física como mental, independientemente del tiempo transcurrido entre la ocurrencia del acto de violencia sexual y la consulta al sector salud”.

Salud post reproductiva En Nicaragua existe poca información sobre la prevalencia de los problemas de salud asociados al climaterio y menopausia en las mujeres, la andropausia y la disfunción eréctil en los hombres y de sus implicaciones en la demanda de los servicios de salud. La atención de estos problemas en la etapa post

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reproductiva ha tenido poco desarrollo y la ausencia de normas y protocolos de atención contribuye a que el personal desconozca el manejo de los problemas en esta etapa de la vida. No existen acciones de promoción de estilos de vida saludables como parte de la salud de las mujeres en etapa post reproductiva. Las únicas iniciativas provienen de las agrupaciones médicas que aglutinan profesionales que atienden estos problemas en su práctica privada. No existen programas específicos para la atención de la salud sexual de las adultas mayores.

transmisión sexual no tratadas o mal tratadas, una de las principales causas de este problema, se estima que en Nicaragua, en las condiciones actuales de alta prevalencia de ITS y dificultad para el acceso a los tratamientos adecuados, existe un alto porcentaje de parejas infértiles.28

Programas o servicios en las organizaciones de mujeres y no gubernamentales En dos de los seis países estudiados -Colombia y Nicaragua- existen organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de atención integral en salud y que a su vez cuentan con programas específicos para la cobertura de todas las poblaciones meta, especialmente dirigidos a mujeres y adolescentes.

Acceso a tratamiento de la infertilidad, costos, cobertura de los servicios públicos De los seis países estudiados, Argentina tiene una ley de fertilización asistida. En la provincia de Buenos Aires, Argentina, la ley obliga al Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA, la obra social del personal provincial a que brinde servicios de salud estatal y prepagas privadas para tratamiento de fertilización asistida en sus programas regulares anuales.25 No hay todavía una ley nacional aprobada aunque se está debatiendo el proyecto y ya se incorporó en el nuevo Código Civil.

En Argentina las organizaciones no gubernamentales desarrollan acciones de capacitación, asesoría y promoción de derechos. En Brasil existen servicios en organizaciones no gubernamentales que no son feministas, son servicios que están en organizaciones llamadas de tercer sector, que pueden ser hospitales, clínicas, ambulatorias etc. Algunas pocas organizaciones feministas hacen atención a mujeres víctimas de violencia sexual y doméstica con atención jurídica, más no de salud.

Brasil a través del Ministerio de Salud estableció una Política de Atención Integral de Reproducción Humana Asistida.26 Aunque desde 2008 el Sistema de Salud ha anunciado la atención a la infertilidad de forma gratuita para las parejas, son pocos los casos que se atienden, y en la actualidad existe presión ante el Congreso para que se cumpla, ya que hay 280 mil parejas en espera de recibir tratamiento de infertilidad.27

En Colombia existe Profamilia, que tiene amplia cobertura a nivel nacional y desarrolla, entre otros programas, los siguientes: Programa Mujer, Profamilia Joven exclusivamente para adolescentes, AVISE es un programa de atención integral que ofrece servicios médicos, psicológicos y jurídicos a personas víctimas de violencia sexual, Profamilia Fértil ofrece consulta y asesoría en fertilidad femenina y masculina, Profamilia Educa que ofrece información, capacitación y educación a través de Internet en temas de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, prevención del cáncer de cuello uterino, servicio jurídico, interrupción legal y voluntaria del embarazo, línea de productos Profamilia que busca comercializar y distribuir para la salud sexual, la salud reproductiva y la planificación familiar en todo el territorio colombiano.

En Colombia los tratamientos de infertilidad no están cubiertos por los programas de salud pública ni hacen parte de la cobertura de los planes obligatorios de salud que brindan las aseguradoras adscritas al régimen de salud, justificado por los altos costos que representarían. Sin embargo, instaurando una acción de tutela, que es un mecanismo para garantizar derechos individuales y colectivos, se puede conseguir que el sistema de salud cubra los costos de tratamientos de infertilidad. No existen datos sobre la incidencia de infertilidad en Nicaragua, aunque siendo las infecciones de

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Acceso a servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva de calidad para mujeres y jóvenes

En Nicaragua existe SI Mujer, Centro Alternativo feminista que desde 1991 a la fecha, promueve los derechos humanos de mujeres, adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional para el logro de una vida sana y sin violencia. Ha brindado 318,404 consultas a 48,324 usuarias diferentes de todos los departamentos del país. Es un centro de referencia nacional por la calidad de sus servicios. Atiende ginecología, obstetricia, prevención y detección de cáncer génito mamario y psicología y cuenta con servicios complementarios de laboratorio, ultrasonido y monitoreo fetal, colposcopia y tratamiento de lesiones localizadas de cáncer.

Dimensiones de la fecundidad, el acceso a métodos anticonceptivos y suministros En América Latina se avanzó en la aplicación del PA de la CIPD en relación al acceso a métodos anticonceptivos el que se incrementó notablemente, lo que impactó en la reducción de la fecundidad en general. Sin embargo, la fecundidad de adolescentes aun permanece elevada y existen disparidades entre las poblaciones de áreas rurales y urbanas, entre las mujeres con menor educación y las que viven en condiciones de mayor pobreza. El suministro de anticonceptivos en los sistemas de salud aun es desigual, aunque se ha ampliado notablemente en todos los países.

Llega anualmente a más de 200 mil personas a través de actividades educativas y de promoción de derechos. La Red de Promotoras y Promotores Juveniles de SI Mujer realiza más de 20 mil visitas comunitarias anuales distribuyendo información y anticonceptivos seguros para la reducción del embarazo en la adolescencia y el VIH.

Tasa Global de Fecundidad

El Centro de Mujeres Ixchen es una organización creada en 1988 como programa pionero en Nicaragua de atención integral a las mujeres bajo el enfoque holístico de la salud, como condición determinante para el desarrollo, que ha transcendido a la promoción y defensa de los derechos sexuales incluyendo el derecho a vivir sin violencia, con “la atención de mujer a mujer”. Anualmente brinda más de 300 mil atenciones en la esfera de la salud sexual, la salud reproductiva, la prevención del cáncer génito mamario, el VIH y el Sida y de las violencias, a mujeres con énfasis en las de escasos recursos económicos.

La información disponible sobre fecundidad no siempre está disponible de manera desagregada en los países, lo que no permite mencionar esta información en todos. La Tasa Global de Fecundidad, aunque varía ligeramente según diversas fuentes, ha experimentado una importante reducción en todos los países, Brasil tiene la tasa más baja con 1.8, le siguen Argentina y México con 2.2 y finalmente Nicaragua y República Dominicana, con 2.5.29 Las estimaciones para los años 2010 y 2015 prevén que Brasil será el país con más baja Tasa de fecundidad con 1.7, México con 2, Argentina con 2.2, Colombia con 2.3, República Dominicana con 2.5 y Nicaragua con 2.6.

Luego de 24 años cuenta con diez centros. Aplica el enfoque de género vital para la aplicación efectiva del enfoque de derechos, el enfoque generacional que busca visibilizar el lugar en que la sociedad hasta ahora ha ubicado a la niñez, la adolescencia y la tercera edad y el enfoque de derechos humanos especialmente de igualdad, no discriminación, empoderamiento, participación y toma de decisiones.

En Nicaragua la Tasa Global de Fecundidad ascendía a 2.7 en el año 200630 con una reducción del 31% desde 1998, cuando llegaba al 3.9. Según la CEPAL, Nicaragua encabeza a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, con un porcentaje

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de embarazos en la adolescencia del 27% de las mujeres que ya son madres en esa etapa. Entre los años 2000 y 2010 hubo 367,095 embarazos en mujeres menores de 19 años. El 27.1% de los partos del año 2010 ocurrió entre los 10 y los 19 años.31 En Nicaragua, según la Estrategia Nacional “no existe una atención diferenciada en los servicios de salud orientados a las y los adolescentes que requieren de acceso a orientación profesional sobre su salud sexual y reproductiva”. Sin embargo la tasa de fecundidad en la adolescencia y los embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, -que se han incrementado de 33,742 en el año 2007 a 35,945 en 2010 con un 6.52%-, aparece mencionada sólo como una “preocupación” en la Estrategia Nacional. Según el FNUAP los nacimientos anuales en esas mismas edades se han incrementado de 1,066 en el año 2000 a 1,577, con el 47% en el 2009.32

A pesar de estas cifras, en la Política Nacional de Salud de 2008 actualmente vigente, no menciona ni en sus objetivos ni en sus lineamientos alguna acción para prevenir y reducir los embarazos en la adolescencia o para garantizar su atención, dada la magnitud del problema existente en el país.33 En la República Dominicana la Tasa Global de Fecundidad, TGF, ha descendido un 35% en 20 años, pasando de 3.7 en 1986 a 2.4 en 2007; en zonas urbanas es de 2.3 y en zonas rurales de 2.8. En las mujeres con mayor educación la TGF es de 1.7, mientras que para las mujeres con ninguna educación formal se ubica en 4.0. A pesar de esta diferencia entre las mujeres con mayor educación y las que no tienen ninguna educación formal esta disminución global refleja el incremento en el uso de anticonceptivos durante el mismo período, especialmente de métodos anticonceptivos modernos.

Tabla 12: Tasas totales de fecundidad en 6 países de LAC. 1995-2011

País

Tasa global de fecundidad en 6 países de LAC 1995

2003

Argentina

2.9 (1990-1995)

2.4 (2000-2005)

2.2

Brasil

2.6 (1990-1995)

2.2 (2000-2005)

1.8

3 (1990-1995)

2.6 (2000-2005)

2.3

México

3.2 (1990-1995)

2.5 (2000-2005)

2.2

Nicaragua

4.5 (1990-1995)

3.7 (2000-2005)

2.5

República Dominicana

3.3 (1990-1995)

2.7 (2000-2005)

2.5

Colombia

2011

Fuente: Human Development Reports 2003 and 2011. Available online at: http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_complete2.pdf http://www.undp.org.ni/files/doc/1322678034_Informe%20Completo.pdf

Tabla 13: Tasa deseada de fecundidad y tasa global de fecundidad en 6 países de LAC

No se dispone de información para medir este dato en Argentina; en los demás países, la información obtenida sobre fecundidad deseada varía de 1987 al 2007 por lo que tampoco es posible analizar adecuadamente y compararla con la fecundad estimada actual (2010-2015).

En América Latina y el Caribe la Tasa Global de Fecundidad difiere -como en todas partes del mundode la fecundidad deseada por las mujeres.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Tasa deseadas de fecundidad y tasa global de fecundidad en 6 países de LAC País Tasa global de fecundidad

Tasa de fecundidad deseada

Argentina

2.2 (2010-2015)

----

Brasil

1.7 (2010-2015)

1.8 (1996)

Colombia

2.3 (2010-2015)

1.7 (2005)

México

2.0 (2010-2015)

2.8 (1987)

Nicaragua

2.6 (2010-2015)

2.3 (2001)

República Dominicana

2.5 (2010-2015)

1.9 (2007)

Fuente: Encyclopedia of the Nations http://www.nationsencyclopedia.com/WorldStats/Gender-statistics-wanted-fertility-rate.html

Tasa de prevalencia de anticonceptivos, por edad, sexo y método

anticonceptivos, en 1996 ese porcentaje era el 77%. Entre ellas el 77% usa métodos modernos y el 4% métodos tradicionales. Hay una relativa homogeneidad en la prevalencia de anticonceptivos en las regiones del país, en zonas urbanas y rurales en diferentes niveles de la educación y en relación con la raza/color. Sin embargo, las diferencias se hacen más evidentes cuando se considera la combinación del método utilizado. La esterilización quirúrgica femenina se mantuvo como el método más frecuentemente utilizado con el 29%, seguido de la píldora con el 25% y el condón con el 12%. La vasectomía representa el 5% de las prácticas anticonceptivas, seguidas por las hormonas inyectables con el 4%. El DIU tiene un nivel de uso del 2%. Entre 1996 y 2006 se observa una disminución de la esterilización femenina del 40% al 29%; el uso del condón se incrementó del 4% al 12%. Mientras tanto el 66% de las y los jóvenes de 15 a 19 años han utilizado algún método anticonceptivo de los cuales los más utilizados fueron el 33% condones, el 27% píldoras y el 5% inyectables.35

Según la OMS, todos los países analizados reportan una elevada prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Brasil 80%, Colombia 78%, México 71%, Nicaragua 72% y República Dominicana 73% y Argentina 66%. Las cifras tienen ligeras o importantes variaciones según la información oficial de los países estudiados.34 En Argentina el uso de anticonceptivos no llega al 70%, sin embargo prevalece un método de barrera beneficioso para la salud de las mujeres, se evidencia un alto uso del condón masculino 68.7%, que prevalece en edades tempranas y va disminuyendo con el avance de la edad de las mujeres llegando al 32,7% entre los 40 y 49 años. Las píldoras se usan mayoritariamente en el 36% en mujeres jóvenes entre 20 y 29 años y baja a 11,4% entre los 40 a 49 años. Los métodos tradicionales de baja o nula eficacia anticonceptiva aumentan con la edad llegando al 20.3% en mujeres de 30 a 39 años. La esterilización femenina se incrementa con la edad llegando al máximo de 19,7% en mujeres de más de 40 años. Los inyectables hormonales con 2% entre los 15 a 19 años y 3.8% entre los 20 y 29 años.

En Colombia el porcentaje de mujeres en unión de 15 a 49 años de edad que usa métodos anticonceptivos entre 2003 y 2010 es elevado y mayor del 60%, llegando casi al 89% según diversas fuentes. En 2010 el uso de anticonceptivos era del 60.5%36 en mujeres, y en general del 79%37 en 2011. Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales de la OMS la prevalencia de uso de anticonceptivos es del 78.2% en

En Brasil, en el año 2006, del total de mujeres viviendo en algún tipo de unión el 81% utilizaba métodos

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Colombia en el año 201138. Los métodos modernos llegan al 73%, la píldora al 8%, el DIU el 8%, la esterilización femenina el 35%, la esterilización masculina el 3%, los inyectables hormonales al 9%; el condón masculino al 7%39. De acuerdo a estos datos, el 60% de métodos anticonceptivos los usan las mujeres y el 10% los hombres, situación que refleja que los asuntos de la reproducción se continúan dejando bajo responsabilidad prioritaria de las mujeres.40 La anticoncepción de emergencia es de fácil acceso, a través de los servicios de salud públicos y también son de venta libre en las farmacias.

vez” en su vida un método de planificación familiar, el 69% ha usado métodos modernos y el 12% alguna vez ha usado métodos tradicionales.42 En 1999 la información oficial del MINSA señalaba que el 40% de las adolescentes sexualmente activas nunca había utilizado métodos anticonceptivos.43 No existe información oficial desagregada sobre el porcentaje de métodos de uso masculino en adolescentes a nivel rural o urbano. En el año 2009 según un estudio de la USAID sobre el mercado de anticonceptivos en Nicaragua se concluye que “es particularmente bajo entre las mujeres adolescentes entre 15-19 años en ambos grupos e incluso entre las mujeres jóvenes casadas entre 20-24 años. Solamente el 58.9% de las mujeres no unidas sexualmente activas entre 15 y 19 años y solo el 61.1% de las mujeres actualmente unidas usan métodos anticonceptivos.44 Agrega que responder a la necesidad insatisfecha de estas mujeres es particularmente crítico, ya que las adolescentes entre 15-19 años tienen el doble de probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto que las mujeres de mayor edad.45

En México la proporción de mujeres en edad fértil unidas que usa métodos anticonceptivos es de 72.5%. En las diferentes edades el 44.7% de las mujeres de 15-19 usan métodos, entre 20-24 años el 62.9%, entre 25-29 años el 66.5%, entre los 30-34 años el 73.1%, entre los 35-39 años el 80.2%, finalmente entre los 40-45 años y de 45-49 es el 81.1% y 74.8% respectivamente. El uso de anticonceptivos en mujeres rurales es de 63.7% y en mujeres urbanas de 75.1%. Entre las que hablan lengua indígena es de 58.3% y en las que no hablan es de 73.5%. En las mujeres sin escolaridad los métodos llegan al 60.5%, al 67.3% en mujeres con primaria incompleta, al 71.3% con primaria completa y al 74.4% con secundaria y más. De acuerdo al tipo de método utilizado, la esterilización quirúrgica femenina es el 5.1%, el DIU es el 16.5%, locales el 10.1%, inyectables el 7.9%, métodos tradicionales el 7%, píldoras el 5.8%, condón femenino el 0.9%, condón masculino el 1.5%, implantes y parches anticonceptivos el 1.5%. La píldora de emergencia llega al 0.4% y la esterilización quirúrgica masculina es el 3.1%.

En la República Dominicana la Tasa de Prevalencia de Anticonceptivos, TPA, se incrementó para los métodos modernos de 46.5% en 1986, a 70% en 2007. Hubo un incremento de uso de anticonceptivos entre mujeres en unión del 49.8% en 1986, al 72.9% en 2007. El mayor porcentaje de usuarias se ubica entre 40 a 44 años de edad con el 76.7%. De las mujeres en unión el 72.9% usa algún método anticonceptivo, siendo mayor entre los 35 a 39 años, con 83.3%. En relación a los métodos tradicionales disminuyó de 3.3% a 2.8%. La no utilización de anticonceptivos cayó de 50.2% a 27.1%.46 La ENDESA 2007 muestra que el 54% de las mujeres de 15 a 49 años usa algún método anticonceptivo; el más usado es la esterilización quirúrgica con el 33.9% seguido de la píldora con 9.5%. Para el 2007 el 72.4% de las mujeres de zona urbana usaba algún método anticonceptivo contra un 74% de las mujeres en zona rural.47

En Nicaragua en los años 2006/2007, según ENDESA, solamente el 48.8% de las mujeres entrevistadas afirmó “usar actualmente” un método anticonceptivo, esto quiere decir que el 51.2% no estaba usándolos. Los métodos más empleados actualmente son esterilización quirúrgica femenina 35.8%, inyectables 30.5%, píldora 17.4%, condón masculino 5.5%, DIU 5.1%, ritmo/Billings 3.8%, lactancia materna 1.2% y esterilización quirúrgica masculina 0.4%.41 La Encuesta reporta que “El uso de anticoncepción en Nicaragua es relativamente alto, pues el 70% de todas las mujeres en edad fértil han utilizado “alguna

El método más usado es la esterilización quirúrgica con el 47.4% seguido de la píldora con el 13.4% y de los inyectables con 4.2%. En el año 1986, el 49.8% de las mujeres en unión usaba algún método anticonceptivo, en 2007 ascendió al 72.9%.

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Tabla 14: Tasas de prevalencia de uso de anticonceptivos y selección de los métodos

Argentina (2001)

65.3 63.8 46.5 14.5

Brasil (2006)

80.3

Colombia DHS 2010

79.1 72.9

9.6 9.48 11.6

8.8 44.1 4.29

México (2006)

70.9 66.5

6.6 16.3

9.0

Nicaragua 2006-07 RHS

72.4 69.8

República Dominicana

72.9 70.0 18.3

7.65 34.1

17.9 4.69 32.3 5.24 33.5 2.8 5.76

2.6 65.0

No usa Actualmente

20.3

77.1 30.7 2.36 4.98 15.1 36.1 6.35

7.0

Algún Método Tradicional

Otros Métodos Modernos

Esponjas y Jaleas

Amenorrea Lactacional

Implantes

Esterilización Masculina

Esterilización Femenina

Condón

Inyectables

Diu’s

Píldoras

Algún Método Moderno

País

Algún Método

Tasas de prevalencia de uso de anticonceptivos y selección de los métodos

0.1 3.9 0.25

3.98 0.1

7.7 20.9 *54.1

0.5 0.8 0.68

6.2 3.5

27.6

3.8

27.1

Fuente: World Contraceptive Use 2011- Argentina, Brazil and Mexico. Latest DHS data for Colombia, Nicaragua and Dominican Republic

Tabla 15: Métodos anticonceptivos masculinos como porcentaje total de uso de anticonceptivos Métodos anticonceptivos masculinos como porcentaje total de uso de anticonceptivos País

Proporción de uso de condones en el total de uso de anticonceptivos

Proporción de esterilización masculina en el total de uso de métodos anticonceptivos

Argentina

34.1

Brasil

15.1

6.35

Colombia

8.8

4.29

México

9.0

Nicaragua

5.2

República Dominicana

2.6

0.5

Fuente: World Contraceptive Use 2011- Argentina, Brazil and Mexico. Latest DHS data for Colombia, Nicaragua and Dominican Republic

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Tabla 16: La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.1995-2010

situación, porque las mujeres a pesar que los servicios ofrecen una variedad de métodos, los mismos no siempre están disponibles al momento de la consulta por problemas de abastecimientos o de organización de los servicios.

La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos no está disponible en todos los países. Generalmente los datos oficiales no revela la verdadera

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos

País

1995

2003

Argentina

2008-2010

7.3 (1996)

6 (2006)

7.7

5.8 (2005)

16.1

9.9

Nicaragua

14.7 (1997)

14.6 (2001)

7.5 (2006)

República Dominicana

12.5 (1996)

10.9 (2002)

11.4 (2007)

Brasil Colombia México

Fuente: Argentina: No DHS. Data is also not available in the World Contraceptive Use 2010. Fuente: Brazil: Pesquisa Nacional sobre Demografía e Saúde 2006. Fuente: Colombia: Measure DHS Country Quick Stats. Fuente: México: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1995, 2003, 2006. Fuente: Nicaragua: RHS, cited in World Contraceptive Use 2010. Fuente: Dominican Republic: Has no Fuente

Tabla 17: Razones para no usar anticonceptivos

obtiene de las propias usuarias. Prevalecen factores de oposición generados por la influencia religiosa católica, la condena moral que propagandizan las sectas protestantes, y muchas veces está por encima de la oposición del compañero o esposo.

Solo hay información disponible en cuatro de los seis países sobre las razones para no usar anticonceptivos. Además esta información resulta de la percepción de los proveedores de servicios, rara vez se

Razones para no usar anticonceptivos País Argentina

Fatalismo

Oposición del marido/compañero

Otras oposiciones

Razones de salud

Contraindicaciones de salud

Brasil

0.7 (1996)

1.3 (1996)

15.6 (1996)

2.6 (1996)

3.2 (1996)

Colombia

0.9 (1995)

1.9 (1995)

4.5 (1995)

5.4 (1995)

7.1 (1995)

Nicaragua

0.3 (1998)

1.9 (1998)

10 (1998)

9.5 (1998)

2.5 (1998)

República Dominicana

0.1 (1996)

4.7 (1996)

12.7 (1996)

3.6 (1996)

3.1 (1996)

México

Fuente: Macro International Inc, 2011.Measure DHS Stat compiler. http://www.measurehs.com. August 18 2011.

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Acceso al aborto seguro

Suministros distribuidos por los servicios de salud. Acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos seguros

El PA de la CIPD hace mención a la necesaria accesibilidad del aborto donde es legal y que la calidad de atención del aborto debe ser garantizada en todos los servicios, inclusive en los países donde no está permitido por ley. El tratamiento de sus complicaciones debe ser brindado en un marco de respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Los servicios de salud sexual y salud reproductiva son esenciales para la salud y la supervivencia de las comunidades en particular mujeres y adolescentes. Cuando las mujeres están sanas, sus beneficios se repercuten en otras áreas del desarrollo humano, como por ejemplo la reducción de la pobreza, la educación, la población y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Dado que la prohibición total del aborto trae como consecuencia peligros para la salud o la pérdida de vida de las mujeres, el acceso al aborto seguro es la garantía de la vigencia de los derechos humanos, y refleja los avances legislativos nacionales después de El Cairo.

Argentina, Colombia, México y República Dominica cuentan con programas de distribución de métodos anticonceptivos seguros, métodos hormonales, en tabletas, inyectables e implantes sub dérmicos y condón masculino, incluida la anticoncepción de emergencia. Desde 2006 en Argentina se incluye la cobertura gratuita de la esterilización quirúrgica femenina y masculina, y en 2007 se incluyó en el Programa Médico Obligatorio la anticoncepción de emergencia.48

Aborto y legislación Circunstancias en las que el acceso al aborto se encuentra despenalizado En ninguno de los países estudiados el aborto está totalmente permitido; están establecidas penas que difieren en su magnitud si se trata de las mujeres o de profesionales de la salud, las que pueden llegar hasta 20 años. La severidad de las penas incluye la reclusión, la prisión, los trabajos forzados, el cierre de clínicas o consultorios y la inhabilitación para el ejercicio de la medicina que ponen de manifiesto el sesgo patriarcal de la legislación. Nicaragua y República Dominica no permiten el aborto en ninguna circunstancia, aun cuando la vida de las mujeres se encuentre en peligro, o por violación.

En México en el año 2010 las nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos ascendieron a 2,457,057 de mujeres. Los métodos fueron: hormonales 944,467, DIU’s 657,231, métodos quirúrgicos 429,595 y otros métodos 425,764.49 En el 2010 se hicieron 424,668 intervenciones quirúrgica, de ellas, 384,510 fueron practicadas a mujeres, el 90.5% y 40,158 en varones con el 9.4%. Queda demostrado que la anticoncepción quirúrgica sigue prevaleciendo en mujeres, dado aún se considera que la reproducción es un “asunto de mujeres”. En lo que respecta al uso de métodos anticonceptivos después de la atención obstétrica, se reportan que 184,803 mujeres con métodos hormonales, 552,990 aplicaciones de DIU’s y 325,955 esterilizaciones quirúrgicas femeninas.

Sin embargo, en cuatro de los seis países existen excepciones que pueden aplicarse. Si bien en algunas situaciones el aborto está despenalizado, las posibilidades de acceso de las mujeres se encuentran obstaculizadas por múltiples barreras.

En República Dominicana el acceso a métodos anticonceptivos tiene ciertas limitaciones especialmente la anticoncepción de emergencia. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos es del 11%. El sector público es el proveedor del 80% de las inyecciones, del 67% de los implantes y del 8% de las esterilizaciones quirúrgicas. El sector privado es el proveedor del 58% de las píldoras y del 56% del condón.50

En la capital de México está despenalizado hasta las 12 semanas. En Colombia está permitido en tres causales, inclusive si el embarazo está en el tercer trimestre de gestación. En Argentina el aborto se encuentra despenalizado cuando es practicado por un médico diplomado con

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el consentimiento de la mujer encinta, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.51

11 Estados; por razones económicas cuando la mujer tenga al menos tres hijos se permite en 1 Estado; por voluntad de la mujer durante las primeras 12 semanas del embarazo se permite en 1 Estado. En Nicaragua el aborto terapéutico estaba legalizado desde 1871, aunque no se especifican las causales. En el año 2006 fue derogado, prevaleciendo la penalización absoluta, aun cuando la vida o la salud de las mujeres se encuentren en grave peligro. La atención de las emergencias obstétricas cuya resolución se hacia abajo criterios básicos de la medicina de urgencia, ahora se encuentra restringida por la penalización absoluta del aborto.

El aborto en general tiene una pena de reclusión o prisión de tres a diez años si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer y de reclusión o prisión de uno a cuatro años si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años si el aborto fuere seguido de la muerte de la mujer. Se agrega además, inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena para los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

La República Dominicana también mantiene absolutamente penalizada la interrupción del embarazo, aun cuando la vida de las mujeres corra peligro, en caso de violación e incesto, en embarazos de fetos que no sobrevivirán, como los anencefálicos.54 El artículo 317 del Código Penal castiga a las mujeres que abortan intencionalmente con una pena que va de 5 a 20 años de prisión, sanción que se aplica también a profesionales de la salud que cooperen o causen el aborto, sin ninguna atenuante.55

En Brasil el aborto es permitido para salvar la vida de la mujer embarazada y si el embarazo es resultado de violación y se realiza con el consentimiento de la mujer o de su representante legal.52 En Colombia, la Corte Constitucional en mayo del 2006 despenalizó el aborto en 3 causales: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.53

Cambios en las leyes de aborto, cláusulas de conciencia, derechos del feto En Argentina, después de la CIPD no hubo cambios en las leyes de aborto si bien existieron varios proyectos para ampliar la despenalización por causales nunca se trataron en el Congreso de la Nación. Sigue rigiendo el Código Penal desde 1922 con una modificación en 1988 que tendió a promover la interpretación más restrictiva del inciso 2 del artículo 86, que lo limitaba a las mujeres violadas solo cuando eran idiotas o dementes.

México es un Estado integrado por 32 entidades federativas en cuyo sistema de competencias la legislación de lo penal corresponde a estas entidades. Se permite el aborto por violación en 32 Estados; cuando es imprudencial o culposo en 30 Estados; cuando hay peligro de muerte de la mujer embarazada se permite en 29 Estados; por malformaciones genéticas o congénitas graves en el feto se permite en 14 Estados; por grave daño a la salud de la mujeres embarazada se permite en 12 Estados; cuando hay inseminación artificial no consentida se permite en

A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2012 se indica la interpretación menos restrictiva del inciso 2 del artículo 86, por tanto se debe de permitir el aborto en todos los casos de violación, además del atentado al pudor de mujer idiota o demente, especificando la Corte que no debe mediar denuncia alguna, es suficiente la declaración jurada de la mujer o su tutor legal, si correspondiera. En

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relación con la objeción de conciencia, la Corte explicita que no puede comprometer el acceso al derecho al aborto no punible, incluyendo la necesidad de evitar dilaciones o derivaciones, y que las jurisdicciones o provincias y el gobierno nacional deben elaborar protocolos de atención a efectos de concretar esta atención.

Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. En total suman 17, dado que Chihuahua había reformado su Constitución en octubre de 1994. En 6 Estados existen leyes que prevén la objeción de conciencia: Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala.

En Brasil no hay cambios legislativos significativos. En 2012 se introdujo la causal de anencefalia, la que fue aprobada por el Supremo Tribunal.56 En Brasil el aborto es un delito castigado con entre uno y cuatro años de prisión, pero se permite si la vida de la mujer está en peligro o si el embarazo es producto de una violación. Distintos proyectos de despenalización han sido rechazados durante los últimos 16 años.

En Nicaragua en el año 2006 se derogó del antiguo Código Penal el artículo que permitía el aborto terapéutico mediante la Ley 603, aprobada en concordancia de las jerarquías religiosas. En septiembre del 2007, y otra vez en el poder el Frente Sandinista, se eliminó del nuevo Código Penal el Art. 143.1 sobre el aborto terapéutico. En el nuevo Código Penal se mantiene la penalización del aborto e incorpora la protección del “no nacido”, otorgándole al feto supremacía legal frente a los derechos de las mujeres. El artículo 148 “De las lesiones en el que está por nacer” que los castiga con pena de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial para ejercer la medicina por 2 a 8 años y cierre de sus clínicas o consultorios por ese mismo tiempo.

Colombia, antes de la sentencia C-355 del año 2006 de la Corte Constitucional, el aborto era completamente penalizado; no obstante la sentencia han persistido múltiples barreras y desinformaciones que limitan a algunas mujeres acceder a este derecho. La Corte Constitucional, a través de sentencia de tutela, ha facilitado la regulación del procedimiento del aborto, después del desmonte por parte del Consejo de Estado, en octubre de 2009, del decreto 4,444 del Ministerio de Salud que reglamentaba su práctica. Entre los años 2008 a 2011, luego de la despenalización del aborto en las 12 primeras semanas del embarazo en la Ciudad de México, 16 entidades federativas han reformado sus constituciones para proteger la vida “a partir de la concepción”, son Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato,

En la República Dominicana el articulo. 37 de la Constitución Política proclamada en 2010, se establece el Derecho a la vida, como “… inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte” se utiliza en la práctica como si fuera una prohibición absoluta del aborto y contrapone los derechos del feto o del embrión a los derechos de las mujeres.57

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Tabla 18: Motivos para permitir el aborto Motivos para permitir el aborto País

Para salvar la vida de las mujeres

Para preservar la salud física

Para preservar la salud mental

Violación o incesto

Malformaciones fetales

Argentina

Brasil

Colombia

México Distrito Federal México otros Estados

Razones Por económicas solicitud o sociales

Hasta 12 semanas SI en 16 Estados

SI en 12 Estados

SI en 32 Estados

SI en 14 Estados

SI en 1 Estado

Nicaragua

República Dominicana

Fuente: World Abortion Policies 2011 http://www.un.org/esa/population/publications/2011abortion/2011abortionwallchart. * Número de Estados en México donde está permitido.

Grado en que la ley de aborto es conocida, aceptada y aplicada por profesionales de la salud y el público en general

conocido y practicado por los profesionales de la salud; en el caso de violencia sexual y en el caso de anencefalia a través del tiempo fue practicado y ahora se ha normalizado. En los Servicios Municipales de Salud se evidencia desinformación sobre la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual. En 23 Estados de la Federación y el Distrito Federal es evidente el gran desconocimiento sobre la documentación necesaria para llevar a cabo la interrupción del embarazo en los casos considerados legales.

En Argentina la aplicación y el conocimiento de la ley por parte del personal de salud son muy disparejos, especialmente por parte de médicos/as, que desconocen cómo proceder. El Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010 aprobó la Guía Técnica Nacional para la Atención Integral de los Abortos que sigue la interpretación jurídica del artículo 86 de la Corte Suprema de Justicia, pero no lo adoptó por Resolución Ministerial y si bien lo subió a la página web, no ha capacitado ni ofrece solución para uniformar la atención de esta práctica como política pública lo que tiene como consecuencia que las mujeres ejercen sus derechos según donde viven, sin recibir los mismos beneficios.58

Según estimaciones del Instituto Alan Guttmacher, en Colombia anualmente 400,400 mujeres abortan; el Ministerio de la Protección Social a 5 años de implementada la sentencia que despenalizó el aborto reportan que solamente 966 mujeres accedieron al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo IVE de mayo de 2006 a diciembre de 2010.59 Aún persisten muchas barreras y desconocimiento sobre la IVE, por ejemplo el Procurador General de la Nación abiertamente se opone a la IVE por convicciones personales y religiosas y ha incitado

En el Brasil el Código Penal establecen tres casos en los cuales el aborto no está penalizado: cuando está en riesgo la vida de la mujer, lo cual es ampliamente

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a médicos y médicas a ser objetores de conciencia, acosando y persiguiendo a funcionarios/as y a organizaciones que trabajan en el tema.

cantidad es apenas un reflejo de la multitud de casos que se inician fuera del sistema público y que llegan a los establecimientos de salud solamente cuando hay complicaciones graves.

En México profesionales de salud y el público en general conocen poco la legislación sobre aborto. Las mujeres tienen escaso conocimiento sobre las causales legales de aborto en sus estados. Aunque el aborto por violación es legal en todo el país, las estadísticas muestran que hay poco o nulo acceso a esa causal de aborto impune. A partir de las reformas a las Constituciones locales que protegen la vida desde la concepción, se ha generado un clima de persecución hacia las mujeres y de confusión en las y los funcionarios en términos de sus obligaciones en relación con la provisión de servicios de salud reproductiva.

La tasa de abortos se muestra persistentemente alta dado que las prohibiciones nunca logran reducirla, varía entre 33 a 60 x 1,000 mujeres, lo que evidencia que el aborto además de ser un problema de justicia social continúa siendo un enorme problema de salud pública. A pesar de los subregistros reportados, el porcentaje de abortos en el total de la mortalidad materna varía en los seis países entre 9% y 33%, su prevención aportaría un importante progreso para la reducción de estas muertes evitables de las mujeres. Las muertes anuales por complicaciones de abortos inseguros varían entre 697 y 70, aunque no se logró conocer ese dato en todos los países. Un país estima la pérdida de 17,184 años de vida anual de las mujeres fallecidas por aborto.

En Nicaragua la legislación es conocida en el sentido de la prohibición absoluta del aborto; cuando existía el aborto terapéutico generalmente no se conocía esa posibilidad. Profesionales de la salud desconocen por completo el artículo “De las lesiones en el que está por nacer”, que las/los castiga con pena de prisión, inhabilitación especial para ejercer la medicina y cierre de sus clínicas o consultorios.

En Argentina la tasa general de abortos cada 1,000 mujeres de 15 a 49 años es del 60.8, según reportes del 2004-2005.65 En Brasil, según estimaciones de la OMS la mitad de todos los embarazos no es planificada y una de cada nueve mujeres recurre al aborto en algún momento. La tasa de aborto es de 40.8 por 1,000 mujeres, y aproximadamente 31% de todos los embarazos termina en aborto. De acuerdo al Sistema Único de Salud solo en 2004 se reportó que 243,988 mujeres recibieron atención post aborto.66 En el año 2005 en el Brasil ocurrieron aproximadamente 1,054,253 abortos.67

En República Dominicana el artículo 317 del Código Penal, que penaliza de manera absoluta el aborto, es conocido por la población y por los profesionales de la salud y lo aplican bajo un estándar de doble moral, como si no conocieran la ley.

Aborto y calidad de la atención en los servicios públicos Tasa estimada de aborto inseguro a lo largo de los años

Como se ha señalado, el Instituto Alan Guttmacher estima que en Colombia anualmente se presentan 400,400 abortos inducidos lo cual se traduce en una tasa anual de 39 abortos por cada 1,000 mujeres en edades entre 15 y 44 años; al menos el 99.9% de los abortos suceden por fuera de la ley y una tercera parte del total de mujeres que tienen un aborto ilegal desarrollan complicaciones que necesitan tratamiento en una institución de salud. Se estima que

En total, entre los seis países estudiados se revela la existencia de casi tres millones de abortos por año, las estimaciones revelan que existen más de un millón de abortos anuales en Brasil,60 más de ochocientos mil en México,61 entre cuatrocientos mil y seiscientos mil en Argentina,62 más de cuatrocientos mil en Colombia63 y noventa mil en República Dominicana64, según estimaciones de los últimos años. Esta

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el 50% de los abortos clandestinos se inducen con Misoprostol y el 16% los abortos son mas riesgosos; los efectuados por parteras con el 9% y los inducidos por la propia mujer con el 7%.

embarazo no deseado, todas en el durante el año 2007. A pesar que todas estaban embarazadas, no se incluyen en la Tasa de mortalidad materna, dado que el Estado considera que son muertes “no relacionadas” al embarazo.

En México, la tasa general de complicaciones representa un aumento con respecto al 29% estimado para 1989, muy probablemente menos abortos quirúrgicos son provistos por personal médico y ahora son inducidos mediante el uso de Misoprostol de una variedad de proveedores de servicios y fuentes. En el año 1991 había 25.1 abortos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva; en el año 2006 ascendió a 33 por 1,000 mujeres.

En República Dominicana, de acuerdo a Allan Guttmacher Instituto el último estimado es de 82,500 abortos anuales en 1992 lo que equivale a una tasa de 43.7 abortos por 1,000 mujeres en edad fértil.69

Porcentaje de aborto inseguro dentro del total de la mortalidad materna En los seis países analizados ocurren anualmente aproximadamente 700 muertes de mujeres por aborto inseguro, oscilando entre 300 en Argentina70 y 70 en Colombia71 y 150 en República Dominicana72. En Nicaragua no hay datos del número de abortos ni tampoco de muertes por esta causa.

En 1996, en Nicaragua, es decir dos años después de la CIPD, el gobierno publicó en el documento Política Nacional de Población estimaciones que reconocen “entre 27 mil y 36 mil abortos inducidos por año”. La mayoría de los abortos ocurre entre mujeres sexualmente activas que no quieren quedar embarazadas pero no usan ningún método anticonceptivo, o usan métodos de baja eficacia. La mayoría de abortos ocurre entre mujeres de bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo y en el área rural”.68 Desde entonces nunca más se conocieron cifras oficiales. Sucesivos gobiernos publicaron datos que no responden a la clasificación internacional por lo que las cifras de aborto se reducen, enmascaradas en múltiples otras causas de morbilidad y mortalidad. Diez años después, en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2007 el gobierno afirma que “La magnitud del aborto inseguro no es conocida en nuestro país. Sin embargo, algunos estudios señalan que las mujeres que recurren a este procedimiento en su mayoría provienen de familias en pobreza extrema, son amas de casa, analfabetas, con más de dos hijos, la mitad de ellas desconocían la legislación y no utilizaban anticonceptivos”.

En Argentina, el porcentaje de abortos inseguros dentro del total de la mortalidad materna oscila entre el 25 y el 33%, pero siempre está entre las primeras tres causas. En el año 2010, correspondió al 20.5%; las hemorragias al 12.7%; las infecciones al 11.2%; los trastornos hipertensivos al 10.9% y “otras causas directas” al 15.7%.73 En Brasil, entre los años 2000 y 2004 hubo 697 muertes como resultado de embarazos que terminan en aborto, especialmente en las mujeres jóvenes de 20 a 29 años con 323 muertes. Este grupo de jóvenes perdieron 17,184 años de vida como resultado de las muertes por aborto. El aborto fue responsable de 11.4% de todas las muertes maternas en Brasil, que varían de región a región.74 Según la OMS, en Colombia la proporción de muertes maternas causadas por abortos se redujo aproximadamente a la mitad, de 16% en 1994 a 9% en 2007. Tomando como base la estimación de la OMS de unas 780 muertes maternas ocurridas en Colombia en 2008, se concluye que aproximadamente 70 mujeres mueren cada año son debidas a abortos inseguros.75

Dos años después de derogarse el aborto terapéutico, 16 mujeres habían muerto por causas directamente relacionadas con el aborto o que pudieron evitarse mediante la interrupción del embarazo: 10 muertas por intoxicación con venenos químicos órgano fosforados, 3 muertas por aborto inseguro y clandestino, 1 muerta por embarazo ectópico roto, 1 muerta por mola hidatiforme, 1 muerta por ahorcamiento por

En México en 2010, el porcentaje de aborto inseguro dentro del total de la mortalidad materna es de 9.3%.76

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En Nicaragua el gobierno reconocía que en 1996 que el aborto inducido era una de las principales causas de muerte materna en 1990 y 1991, causando el 24% de las muertes maternas intra y extra hospitalarias.77 Desde 1994 el aborto fue la segunda o tercera causa de mortalidad materna en general y la primera o segunda de mortalidad materna hospitalaria. Entre 1993 y 1996 en un sólo hospital el porcentaje de muertes por aborto fue de 19.23% y la tasa reportada de mortalidad materna hospitalaria fue del 20% del total de la mortalidad materna.78 Posterior a esos años no se conocen datos oficiales sobre porcentaje del aborto en el total de la mortalidad materna.

cómo se hicieron el aborto, deben pagar multas de altas sumas de dinero para no ser detenidas, son perseguidas y/o encarceladas y les abren procesos penales aun en casos de abortos espontáneos, por lo que la calidad de atención es considerada ‘mala”. Una o varias de estas violaciones a los DDHH de las mujeres o sus familiares ocurre en algunos Estados de México, en Nicaragua y en República Dominicana. En los casos de aborto no punible como única posibilidad legal de aborto seguro en Argentina, la atención es dispar, incluyendo variantes en los requisitos para el acceso al aborto no punible como un mínimo de edad o la denuncia previa por violación. No se evidencian esfuerzos del Estado por difundir o implementar la Guía Técnica Nacional para la Atención Integral de los Abortos no punibles, con la que el Ministro de Salud incluso manifestó no estar de acuerdo.81 La primera versión se elaboró en 2006 y se actualizó en el año 2010.

En la República Dominicana estadísticas oficiales de la Encuesta de Demografía y Salud del 200779 sitúan el aborto inducido como cuarta causa de mortalidad materna atribuyéndole para 2006 un 13% del total, pero la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia estima la cifra real para 2007 en 20%.80

Calidad de la atención de la salud pública en situaciones de aborto seguro/ inseguro

En Colombia, a nivel nacional persiste la estigmatización con relación al tema del aborto que se traduce en intervenciones maltratantes para muchas mujeres. Sin embargo el Ministerio de Salud ha hecho esfuerzos por sensibilizar y capacitar al personal para que brinde servicios de calidad y con calidez humana. Así mismo el Ministerio ha tratado de incentivar el uso de la aspiración manual endouterina AMEU, con poca receptividad por parte de muchos médicos/as. Otro obstáculo es que en el sector salud hay alta rotación y dificultad para que esos procesos formativos sean sistemáticos.

Es muy dispar la calidad de atención del aborto en los servicios públicos, dado que se exigen requisitos no contemplados en la legislación, no se cumplen las normas cuando las hay, es frecuente el maltrato y la estigmatización, la baja capacitación a profesionales o el reducido uso de AMEU por falta de receptividad del personal médico, su alta rotación y la objeción de conciencia que juega una papel generalmente asociado a la doble moral. Donde el aborto está permitido por la ley se suele brindar información sesgada a las mujeres procurando disuadirlas, sin embargo en un país se han abierto servicios de muy buena calidad, con profesionales que respetan la decisión de las mujeres y con recursos adecuados a las necesidades, como en México D.F. En dos países las normas estipulan términos de tiempo a los trámites para autorizar la interrupción del embarazo, integran la asesoría pre y post aborto y obligan a los establecimientos públicos a contar con personal que no tenga objeción de conciencia.

Esta carencia también se evidencia en aspectos técnicos básicos como la formación en técnicas de aborto seguro como la AMEU recomendada por la OMS como la más apropiada para este procedimiento hasta las 14 semanas de gestación. En muchos casos, médicos y personal de salud hacen mal uso de la objeción de conciencia o peor aún, brindan información sesgada y errada a las mujeres para convencerlas de no interrumpir su embarazo. 82 En el caso de la Ciudad de México, en donde el aborto está despenalizado durante las 12 primeras semanas del embarazo, al 31 de julio de 2012 se han realizado 84,159 interrupciones legales del embarazo ILE, con

En el otro extremo, las mujeres son denunciadas a las autoridades policiales, les realizan largos interrogatorios o las dejan sin atención hasta que revelen

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una tasa de repitencia de 2.09%.83 Los servicios de salud del Distrito Federal han respondido de manera muy favorable a la despenalización del aborto durante las doce primeras semanas de gestación. Existe personal calificado y sensibilizado para realizar estos procedimientos. Una de las partes más exitosas del programa del ILE ha sido el establecimiento de clínicas especializadas en salud reproductiva que brindan este servicio con personal más capacitado. En el caso de otras entidades federativas se han detectado deficiencias en el acceso al aborto legal para las víctimas de violación sexual.84 La norma para la atención de víctimas de violencia sexual no se cumple a cabalidad ya que en muchos casos las mujeres no cuentan con información y servicios de anticoncepción de emergencia, profilaxis de VIH e ITS, así como ILE.

el personal del Ministerio de Salud denuncia a las mujeres que llegan a los servicios a solicitar atención por complicaciones del aborto. Las interrogan o las dejan sin realizar legrados “hasta que recuerden” quien las proveyó de medicamentos o de atención antes de ingresar al hospital. La Policía Nacional y las Comisarías de la Mujer y la Niñez registraron 79 mujeres que fueron denunciadas por el delito de aborto y 38 hombres han sido detenidos por el mismo delito en sus diversas manifestaciones.86 A fines del año 2011, hay 15 nuevas mujeres denunciadas, con lo que suman 94 desde que el nuevo Código Penal se aprobó y si se incluye a los hombres, en total 132 personas han sido perseguidas, denunciadas o detenidas por el delito de aborto. No se ha logrado conocer si les han abierto procesos ante la justicia.

En el caso de abortos inseguros se han documentado casos de mujeres que acuden a los servicios de salud con abortos incompletos y son denunciadas por los médicos o las trabajadoras sociales del hospital. En ocasiones son obligadas a confesar que tomaron pastillas para provocar el aborto, algunas tienen que pagar fianzas, a veces altísimas, para no quedarse en prisión mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra. Las mujeres que son condenadas a veces tienen que ir a prisión pero en la mayoría de los casos son sentenciadas a trabajo comunitario o tratamiento psicológico.

En República Dominicana, la calidad de la atención es mala de modo general, aunque existe un Protocolo para la Atención Obstétrica de Emergencia.

Atención post aborto En Argentina la atención post aborto es muy dispar. La Guía o Protocolo Nacional, -que insiste en las buenas prácticas y la consejería- fue beneficiosa, pero su uso no es masivo respecto a que no se aprobó por Resolución Ministerial y tampoco se adoptó como política pública en el Consejo Federal de Salud en conjunto con las provincias. Por ejemplo en Mendoza, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Salta y otras, no la usan.87 En algunas no se aplica en todos los hospitales, esto genera una gran disparidad atentando contra la vigencia y respeto de este derecho a todas las mujeres por igual.

En los estados que tienen reformas que protegen la vida desde la concepción, se observa que se ha agudizado la persecución y denuncia de mujeres con abortos incompletos. Se han documentado incluso casos de mujeres con abortos espontáneos que son denunciadas y se les inicia un proceso penal. En Nicaragua, en 1997 -cuando existía el aborto terapéutico-, una investigación a nivel nacional se concluyó que “entre las/os funcionarios de niveles superiores existe gran desconocimiento de las normas de Atención al Aborto ya que no se organizan capacitaciones a todos los niveles destinados a especialistas de ginecología y obstetricia”.85

En Brasil el cuidado post-aborto en los hospitales públicos se realiza de acuerdo a la Norma Técnica de Atención Humanizada del Aborto elaborado por el Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas Salud de la Mujer. En esta normativa se incluye la anticoncepción post aborto como un derecho de las mujeres y que se debe ofrecer en todos los centros que tratan a las mujeres en esta situación.88

La calidad de la atención del aborto en los servicios públicos está estrechamente cruzada por la ilegalidad del mismo. Desde el año 2008 frecuentemente

Cada año, el sistema de salud de Colombia ofrece tratamiento postaborto a 93,000 mujeres cuyas complicaciones evitables están gastando los escasos

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recursos disponibles. La tasa más alta de tratamiento y la mayor carga de atención para el sistema de salud ocurre en la región Pacífica en donde cada año 16 de cada 1,000 mujeres reciben tratamiento postaborto.89 Sobre este particular el informe Guttmacher reconoce que una quinta parte de las mujeres con complicaciones derivadas del aborto quedan sin tratamiento. Algunas mujeres por temor al maltrato, evitan buscar atención médica aunque Colombia ha adoptado directrices claras para brindar servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, y para el tratamiento de abortos espontáneos. Pero carece de lineamientos similares para el tratamiento de las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Sin embargo, es de resaltar la existencia de algunas entidades privadas de salud en el país que brindan el servicio integral de interrupción legal y voluntaria del embarazo, incluyendo anticoncepción y atención post aborto. Ofrecen asesoría integral en IVE o aborto seguro y si las mujeres lo deciden, hacen el procedimiento cuando la gestación no supera las 12 semanas.90

que afectan la calidad de la atención, larga espera por el elevado número de mujeres que acudían por complicaciones de abortos que superaba la capacidad destinadas a este servicio, falta de privacidad, violación de las normas y protocolos, ninguno de los hospitales realizaba AMEU; ausentismo del personal médico; falta de capacitación apropiada y de consejería ni métodos de planificación familiar. En 2007 se puso en marcha la Estrategia Nacional de cuidados obstétricos de emergencia y en 2006 se modificaron las normas nacionales para el manejo de las principales urgencias obstétricas, incluyendo la AMEU como una política nacional para los casos de post aborto del primer trimestre.

En México, la atención post aborto que se brinda en las clínicas especializadas de Interrupción Legal del Embarazo ILE, en el Distrito Federal puede considerarse realmente de buena calidad.

En Brasil la estadística secuencial de abortos hospitalarios del Sistema Único de Salud muestra reducción en los últimos 20 años ya que de 344,956 casos en 1992 se reportaron 250,000 en el año 2005.

En Nicaragua las normas de 1989 para la atención del aborto establecían la aspiración endouterina preferencial, pero no se contemplaba asesoría en anticoncepción, ni asesoría multidisciplinaria post aborto.91 Según un reporte del año 2003, el 3.95% de las unidades de salud del país disponía de servicios de atención post aborto, cubriendo 26 centros de salud con cama en el primer nivel, 20 hospitales generales en el segundo nivel y 1 hospital de referencia nacional en el tercer nivel. Dentro de esos servicios el 82% de las mujeres portadoras de aborto eran atendidas por legrado uterino instrumental LUI, el 18% por AMEU.92 Esto significaba que por cada ameu había 4.55 legrados. No ha sido posible conocer cifras actualizadas dada la política oficial de completo secretismo respecto de las estadísticas de la salud pública y en especial del aborto.

En México en el año 2006 aproximadamente 149,000 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones del aborto.94

Número de ingresos en obstetricia y ginecología debido a complicaciones resultantes de abortos inseguros En Argentina al año 2008 último año con datos del Ministerio de Salud, egresaron 55,798 mujeres por aborto de hospitales públicos en todo el país.93

En Nicaragua el registro de abortos a nivel de un solo hospital en Managua ascendió a 5,640 entre 1993 y 1996. No se conoce oficialmente una estadística de hospitales de segundo y tercer nivel. Las mujeres encuentran disponible el recurso del aborto en forma privada, aunque debido a su pobreza la oferta es siempre de mala calidad y cuando regresan con graves complicaciones, el sistema de salud -que tiene obligación de atenderlas- ahora las denuncia ante las autoridades policiales. No ha sido posible conocer cifras actualizadas de ingresos en obstetricia por abortos inseguros. En República Dominicana las mujeres cuya vida o salud esté en peligro como resultado de un embarazo, estarán desprotegidas, especialmente en el caso de las

En República Dominicana, según una evaluación realizada en 2002 en 17 hospitales, se encontraron fallas

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dominicanas de bajos ingresos, quienes no pueden pagar por un viaje a Colombia o a otro país. “Cuando una mujer va a un centro de salud corre el riesgo de morir porque no hay bancos de sangres suficientes. Respecto a las infecciones, las pacientes se operan en lugares en donde no se les aplican los antibióticos necesarios y se puede producir una infección que provoca la muerte”, explica el presidente de la Sociedad de Ginecología.

de los Minas se atendieron 4,260 casos de este tipo, lo que equivale a 12 casos diarios.97 El número de abortos registrados en las instituciones públicas de salud para 2011 es de 24,167. Este dato no toma en consideración los abortos producidos en instituciones privadas de salud.98

Ocurrieron 472 mil nacimientos entre los años 2003 a 2007 y unos 122,790 abortos inducidos, equivalentes al 25.8% del total. El también director del Hospital de la Mujer considera que esta cifra es sólo un aproximado de la gran cantidad de abortos inducidos que se realizan en el país, porque a su juicio no hay forma de cuantificar con exactitud el fenómeno debido a que no es una práctica legal.

Argentina carece de una Ley de Acceso a la Información de alcance federal, que se aplique en todo el país. Si bien existe el Decreto 1172/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, hay reticencia por parte de organismos del Estado a brindar información sobre este y otros temas.99

Acceso a la información pública sobre el aborto

En Colombia no existen campañas de difusión masivas sobre el aborto en medios de comunicación. El Ministerio de Salud y Protección Social ha elaborado videos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Atención a Víctimas de Violencias Sexuales donde precisa aspectos relacionados con el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo; sin embargo su circulación se restringe a espacios de capacitación al personal de salud o al acceso a su página virtual. Las organizaciones de mujeres trabajando en el tema han difundido la información a través de material impreso: folletos, afiches, cuadernillos y de sus páginas web.100

Número de ingresos hospitalarios por aborto involuntario (espontáneo) En Argentina el informe del Ministerio de Salud de la Nación no distingue entre egresos por aborto inseguro y por aborto involuntario o espontáneo. Se consideran solo como aborto. En Brasil el Banco de Datos del Sistema Único de Salud que registra los ingresos hospitalarios por aborto no desagrega la información de los ingresos por aborto involuntario llamado espontáneo. Todas las mujeres que llegan en el proceso de aborto son atendidas por ginecólogos/obstetras como procedimiento de aborto; a veces es muy difícil separar la información de aborto y aborto espontáneo a menos que las señales indiquen signos de infección por aborto inducido.95

En países como México, en donde el aborto está restringido por la legislación, obtener datos fidedignos es un reto.101 La Secretaria de Salud federal publica periódicamente información estadística concentrada sobre las hospitalizaciones por causas maternas específicas y las muertes maternas por grupos de causas, incluyendo el aborto.

En el año 2006 en México se calcula que 46,097 mujeres fueron hospitalizadas por aborto espontáneo.96

En Nicaragua, si bien el MINSA cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica que se puede ver en su portal de Internet, la información se encuentra desactualizada. Cuando hay información sobre muerte materna por aborto se procura minimizar su magnitud mediante múltiples desagregaciones lo que no permite conocer las verdaderas causas. No existe información publicada sobre mortalidad materna por

En República Dominicana la mayoría de las complicaciones por aborto son atendidas en la red de hospitales y clínicas de la SESPAS que cubre a cerca del 80% de la población. En 2004 los hospitales y clínicas de este organismo atendieron 23,438 complicaciones por aborto; una tercera parte se concentró en las tres maternidades nacionales. Sólo en la Maternidad

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<Volver inicio> complicaciones de aborto desagregada por grupos de edad. No existe un reporte oficial que señale la proporción de abortos atendidos en instituciones de salud en relación al total estimado de abortos que se practican en un mismo período.

Las cifras reportadas oficialmente por cada país difieren según las fuentes y aun en el mismo año se encuentran diferencias significativas, en general, la información sobre mortalidad materna no es eficiente, la clasificación es poco confiable y es difícil la comparación entre los diversos países.

Dado que las Comisiones Intersectoriales han sido cerradas a partir de 2007 no hay posibilidad de unificar y analizar conjuntamente la información disponible, a pesar que desde ese mismo año la Ley No. 621 de acceso a la información pública, establece “el derecho que tiene toda persona para acceder a la información existente en poder de las entidades y que las mismas deben facilitarla a quienes así lo demanden”. La información no es accesible ni es analizada desde las variables de género; en el caso de la mortalidad materna en general o la mortalidad materna por aborto, la clasificación no corresponde a la norma internacional.

En Argentina la Tasa/Razón de mortalidad materna en el año 2010 es de 43 x 100,000 n.v.102 Sin embargo, en los reportes de la OMS llega a 77 x 100,000 nacidos vivos en ese mismo año. Según el Ministerio de Salud de Brasil en el año 2010 la tasa estimada de mortalidad materna es de 56 por 100,000 n.v.,103 lo que representa unas 1,700 muertes por año.104 Entre 1990 y 2010 Brasil registró una reducción del 51% en las muertes maternas pero sigue siendo insuficiente para alcanzar la meta de El Cairo. La razón de muerte materna reportada para el año 1990 fue de 140 muertes por 100,000 n.v., mientras que en el 2007 disminuyó a 75 x 100,000.n.v, sin embargo el PNUD reporta 19 puntos más de los que afirma el Ministerio de Salud.105

En República Dominicana existe acceso a la información sobre abortos espontáneos que se producen en las instituciones públicas de salud, son accesibles en el Departamento de Estadística y en la Dirección General de Epidemiología.

Las cifras con que se reporta la mortalidad materna en Colombia tienen algunas variaciones según las fuentes consultadas: la razón de mortalidad materna en el año 2011 fue de 85 x 100,000 n.v.,106 la más baja de todos los reportes nacionales. En los reportes de la OMS llega a 92 x 100,000 n.v. en ese mismo año.

Mortalidad materna Magnitud de la mortalidad materna Tasa/Razón de mortalidad materna La mortalidad materna representa la medida en que los países han avanzado al desarrollo y específicamente el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y si han alcanzado el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Da cuenta de la preocupación de los Estados y del desarrollo legislativo, y programático destinado a prevenir y evitar la muerte de las mujeres como consecuencia del proceso reproductivo. Se necesita la conjunción de todas las instituciones del Estado coordinándose con las organizaciones de la sociedad civil para detectar y tratar los factores de riesgo propios y del entorno en que viven las mujeres. En Latinoamérica las disparidades en la legislación, su aplicación y el conocimiento de las propias mujeres así como del personal de salud es insuficiente y muchas veces está influenciada por las jerarquías religiosas.

Para 2011 fueron notificadas al SIVIGILA 437 muertes maternas En 2010 se presentó un incremento de 22 muertes maternas, que significan el 5%, ya que se notificaron 415 casos. Las muertes maternas en población indígena y en población afrodescendientes reflejan la desigualdad de oportunidades de las mujeres para ejercer el control de su proceso reproductivo. En México, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna OMM, la razón de mortalidad materna en el año 2010 fue de 51.5 por cada 100 mil nacidos vivos a nivel nacional. En los reportes de la OMS llega a 50 x 100,000 nacidos vivos en ese mismo año. Entre las entidades con mayores razones de mortalidad materna se encuentran: Oaxaca 88.7, Guerrero 85.5

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y Chiapas con 73.2, según la misma fuente, durante el periodo 2002-2010.5

2007, es muy alta y no se ha reducido significativamente en la última década, no hay dudas que la ilegalidad del aborto contribuye significativamente a esta cifra.

La CEPAL publica una tasa de mortalidad materna en Nicaragua de 100 x 100.000 n.v. para el año 2010.107 En los reportes de la OMS llega a 95 x 100,000 nacidos vivos en ese mismo año. Según el MINSA en el año 2010 la mortalidad materna descendió a 71.9 x 100,000 n.v. En ese reporte, cuatro SILAIS tenían una tasa de mortalidad materna superior a 100 x 100,000 n.v.; en la Región Autónoma del Atlántico Sur RAAS asciende a 180.6, a 145.3 en Jinotega, a 118.2 en León y a 100.8 en Chinandega.108 Según el SILAIS de la Región Autónoma del Atlántico Norte, la razón de mortalidad materna había disminuido a 104.8 x 100,000.00 nv. en el año 2010. 109 Sin embargo en el 2011 reportó un aumento de la mortalidad materna a 221.7 x 100.000 n.v. dado que las muertes pasaron de 9 a 20 en el año, cifra que sobrepasa más del doble la tasa nacional que reporta el gobierno.110

La razón de mortalidad materna fue de 159 sobre 100,000 nacidos vivos entre 1997 y 2007. Las muertes maternas confirmadas fueron: en el año 2008, 190, en el 2009, 215; en el año 2010, 201 y en el año 2011, 175. 111 Para 2011 el Ministerio de Salud Pública estima una tasa de 100 muertes por 100,000 n.v., dado que hubieron 201 muertes maternas. República Dominicana tiene una tasa de embarazo en adolescentes de 109 por cada mil mujeres de entre 15-19 años y ocupa el puesto 16 de 136 con mayor incidencia de este tipo de embarazos, sólo detrás de Nicaragua en la región latinoamericana. Además ocupa el lugar 55 de 136 países respecto a la tasa de mortalidad materna lo cual supone que 150 mujeres mueren por causas relacionadas al embarazo x 100,000 n.v.

En República Dominicana la tasa de mortalidad materna de 159 por 100,000 n.v. estimada por la ENDESA

Tabla 19: Razón de mortalidad materna por cada 100,000 nacidas/os vivos. 1990-2010 Razón de mortalidad materna por cada 100,000 nacidas/os vivos 1990

1995

2000

2005

2010

Riesgo de muerte materna: 1 en …2010

Metas de la CIPD para el 2015

Argentina

560

Brasil

120

910

Yes

Colombia

170

130

100

430

México

790

Yes

Nicaragua

170

150

130

110

350

República Dominicana

220

170

130

150

240

País

Fuente: WHO; UNICEF; UNFPA; The World Bank. (2012). Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2010. Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. Geneva, Switzerland: WHO.

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Principales causas de mortalidad materna

otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto 12.9%, aborto 9.3%, otras complicaciones, principalmente puerperales 3.2%, sepsis y otras infecciones puerperales 1.8%, complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio 1.5%, muerte obstétrica de causa no especificada 0.4%, causas obstétricas indirectas 25.1%.117

Argentina es uno de los países del Cono Sur que reportan como principal causa de muerte materna el aborto inseguro que continúa aportado un importante porcentaje al total de las muertes maternas. Las complicaciones por aborto inseguro constituye la primera causa de la mortalidad materna en Argentina desde hace más de 20 años. Su porcentaje en relación al total de causas oscila entre el 25% y 35% según los años112.

En Nicaragua el registro nacional de la mortalidad materna no ofrece datos confiables.118 Entres los años 1997 y 2005 la OPS analizó 1,113 muertes maternas, pero no se puede concluir cuales son las causas de mortalidad materna dado que las no clasificadas o mal clasificadas son el 41%, entre ellas el 23% supuestamente son infecciones y el 18% son totalmente no clasificadas.119 Lo único que está claro en el estudio es que el 33% de las muertes ocurrieron por hemorragias, el 19% por el hipertensión gestacional, el 7% complicaciones del aborto inseguro, en el 41% restante no se define la causa.

Para el año 2010, las principales causas de mortalidad materna en Argentina fueron: Aborto inseguro 20.5%, Trastornos hipertensivos 11.2%, Infecciones 10.9%, Hemorragias 12.7%, Otras causas directas 15.7%.113 En Brasil de acuerdo a reportes del Ministerio de Salud al año 2009, las causas de mortalidad materna fueron: Aborto 9.5%, por razones obstétricas indirectas el 24.5%, por razones obstétricas indirectas el 64.1%.114

En el reporte nacional del MINSA entre 2007 y 2011 no se pueden conocer las verdaderas causas de la mortalidad materna dado que solo en el 53.9% se aplica la clasificación internacional120. El 46% de las muertes registradas no responde a la clasificación internacional.121

En Colombia la aplicación de la clasificación internacional se hace con mucha dificultad. Se reportan numerosas causas desagregadas sin clasificación alguna, que para esta investigación se procuró reunir según parámetros internacionales: Se podría concluir que el 52.7% de las muertes maternas en Colombia correspondería a causas obstétricas directas: trastornos hipertensivos 21.5%, complicación hemorrágica 18.1%, sepsis en ginecobstetricia 5.9%, aborto 3%, embarazo ectópico roto 2.1%, embolia de líquido amniótico 1.1%. El resto 48.3%, corresponde a causas obstétricas indirectas o a causas no relacionadas con el embarazo y el parto o “en estudio”.115

En República Dominicana las principales causas de mortalidad materna identificadas se encuentran: hipertensión inducida por el embarazo, hemorragias, abortos y complicaciones del puerperio.122 En 2010 las causas obstétricas directas fueron edema, proteinuria y trastornos hipertensivos 23.2%, hemorragia 14.6%, embarazo terminado en aborto 11.7%, otras complicaciones del puerperio 10.1%, sepsis y otras infecciones puerperales 5.1%, otras complicaciones del embarazo y del parto 6.2%, muerte obstétrica de causa no especificada 5.1%.123 Aunque las estadísticas oficiales sitúan el aborto inseguro como la cuarta causa de mortalidad materna con 13% del total, en el Análisis de la Situación del Aborto Inseguro del 2009 se estima la cifra real en 20%.124

Otras cifras brinda el Instituto Nacional de Salud para el año 2001. Según esto, las cinco primeras causas de muertes maternas se clasifican como: trastornos hipertensivos 37%, complicaciones hemorrágicas 31%, causas infecciosas respiratorias 12%, sepsis en ginecobstetricia 11%, sepsis no en ginecobstetricia 9%.116

Muertes maternas violentas

En México, las muertes maternas se clasifican como: enfermedad hipertensiva del embarazo 25%, hemorragia del embarazo, parto y puerperio 19.6 %,

En Nicaragua también las muertes maternas ocurren por violencia de sus cónyuges. Entre 1997 y 2009, se

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IV

registran 10 embarazadas asesinadas: 3 por herida profunda por arma de fuego, 3 por herida profunda por arma blanca, 3 por trauma cráneo encefálico y 1 por trauma hepático. Ninguna de ellas ingresa a la tasa de mortalidad materna por considerarlas muertes “indirectas”.125 Solamente en los primeros ocho meses del año 2009, los medios de comunicación reportaron 6 casos de muerte materna en instituciones del Estado o clínicas privadas por negligencias médicas.

inferior a 75 por 100,000 nacidos vivos. Ahora bien, todos los países deberían tratar de reducir la morbilidad y mortalidad maternas hasta niveles en que ya no constituyan un problema de salud pública. Deberían reducirse las disparidades en la mortalidad materna dentro de los países y entre las regiones geográficas y los grupos socioeconómicos y étnicos. En ninguno de los seis países analizados, -según los reportes de las organizaciones afiliadas a la RSMLAC-, se logrará cumplir con las metas de la CIPD. Sin embrago, -según las estimaciones de la OMS-, solamente dos lograrán cumplir con la meta de la CIPD en el año 2015: Brasil y México.

En el año 2008 se analizaron 18 muertes maternas126, todas se consideraron evitables y se asociaron a falta de sangre, múltiples deficiencias en el diagnóstico y tratamiento del Síndrome Hipertensivo Gestacional, desgarros vaginales trans parto no advertidos, desgarros trans cesárea por mala praxis, inversión uterina por maniobras intempestivas seguida de shock hipovolémico, rotura uterina por maniobra realizada por partera, falta de referencia a unidades de mayor complejidad, atención por “medico tradicional”, complicaciones de partos domiciliares en zonas donde hay casas maternas, etc.127

Dado que las cifras reportadas tanto en 1990 como en el año 2010 tienen importantes variaciones y que no todos los países registran y comparan sus cifras con las metas de la CIPD, sino con los ODM, resulta difícil establecer con exactitud el estricto cumplimento de las metas de la CIPD de reducción de la mortalidad materna. En Argentina desde 1990 la mortalidad materna se redujo de 52 x 100,00n n.v. a una proyección de 38.2 x 100,000 n.v. para el año 2015. Esto significa que solamente se reducirá 26.5% y no 75% como fue la meta de la CIPD de llegar a 13 x 100,000 n.v. Estas estimaciones no coinciden con la razón de mortalidad materna de 1990 reportada por la OMS, que fue registrada en 71 x 100,000 nacidos vivos.

Reducción de la mortalidad materna entre 1990 y 2015 El Programa de Acción de la CIPD128 establece en su párrafo 8.21, que Los países deberían tratar de lograr reducciones significativas de la mortalidad materna para el año 2015: una reducción de la mortalidad materna a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000 y una nueva reducción a la mitad para el año 2015. El logro de esas metas tendrá distintas repercusiones para los países según sus niveles de mortalidad materna en 1990. Los países con niveles intermedios de mortalidad materna deberían esforzarse por conseguir que para el año 2005 la tasa de mortalidad materna este por debajo de 100 por 100,000 nacidos vivos y para el año 2015 por debajo de 60 por 100,000 nacidos vivos.

En 2010, según el 4o. Informe de Monitoreo de los ODM, en Brasil se registra una reducción de la mortalidad materna de prácticamente el 50% desde 1990. La razón de muerte materna reportada para el año 1990 fue de 140 muertes por 100,000 n.v., mientras que en el 2007 disminuyó a 75 x 100,000.n.v.129 Estas estimaciones no coinciden con la razón de mortalidad materna en Brasil en 1990 reportada por la OMS, que era de 120 x 100,000 nacidos vivos. La mortalidad materna en Colombia entre 1998 y 2009 -de acuerdo a las estadísticas vitales reportadas por el DANE- disminuyó el 27%; en los últimos 5 años no han habido variaciones; la mediana para este periodo se encuentra en 74 por cada 100,000 n.v., sin embargo aún se sigue presentando un

Los países con los niveles más elevados de mortalidad deberían tratar de conseguir para el año 2005 una tasa de mortalidad materna inferior a 125 por 100,000 nacidos vivos y para el año 2015 una tasa

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> subregistro por enmascaramiento de la causa de la muerte que en el año 2002 se estimó en 13.1%.130 Las estimaciones de la OMS reportan 85 x 100,000 nacidos vivos en el año 2010.

que el propio gobierno afirmaba en el año 2006.133 Suponiendo que las estimaciones oficiales se pueden cumplir Nicaragua habría reducido la mortalidad materna al año 2011 en 39.35% solamente, sin alcanzar el 75% previsto por los ODM.

La tasa de mortalidad materna en 1990 en Colombia era de 170 x 100,000 n.v.,131 una experta afirma que “El país debe redoblar esfuerzos si quiere cumplir la meta de llegar a 45 muertes por cien mil nacidos vivos en el 2015”.132 Según el sistema de información de los ODM en México la razón de mortalidad materna en el año 1990 fue de 89 x 100,000 n.v.. Estas estimaciones no coinciden con la razón de mortalidad materna en México en 1990 reportada por la OMS, que era de 92 x 100,000 nacidos vivos. En el año 2010 disminuyó a 51.5 x 100,000 n.v. Entre el 2010 al 2015 es muy difícil que México alcance la meta de reducir el 75% de las muertes maternas, dado que hasta 2010 solamente había logrado reducirla en 42.1%. La meta estimada debía llegar a 22.22 x 100,000 n.v.

Para 2011 el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana estima una tasa de 100 muertes x 100,000 n.v. En el Informe de los ODM 2010, se dice que es poco probable lograr la meta de 46.9 x 100,000 n.v. en 2014 y que el análisis de tendencia sugiere que en 2015 la mortalidad materna será el triple del nivel fijado como meta, pues se ofrece una proyección de 141 x 100,000 n.v.

Atención prenatal Para conocer las posibilidades de llegar exitosamente al final del embarazo, se necesita que atención prenatal de las mujeres se brinde por personal calificado ofreciendo servicios de alta calidad, que incluyan una amplia gama de posibilidades diagnósticas y terapéuticas cuando se advierten complicaciones.

En Nicaragua en el año 1996 el gobierno afirmaba que “asume el compromiso de El Cairo de reducir este indicador (…), con una mortalidad materna estimada en 160 x 100,000 n.v. en 1990, reducir esa tasa a 80 para el año 2000 y a 40 para el año 2015”. Estas estimaciones no coinciden con la razón de mortalidad materna en Nicaragua en 1990 reportada por la OMS, que era de 170 x 100,000 nacidos vivos.

Tabla 20: Cobertura de atención prenatal en 6 países. 1995-2010 Para que la atención prenatal sea considerada adecuada y oportuna debe desarrollarse dese el inicio del embarazo y tener al menos cuatro consultas. Todos los países reportan una cobertura cercana o mayor de 90% cuando reportan al menos una visita, lo que resulta totalmente insuficiente. Cuando se miden las cuatro visitas mínimas los porcentajes bajan a casi el 80% o más.

La propaganda oficial en el año 2011 anuncia que la mortalidad materna ya bajó a 63 x 100,000 n.v. aunque no se conocen documentos que sustenten tales cifras. Además afirma que la meta es de 27 x 100,000 n.v. para el año 2015, contradiciendo lo

100

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IV

% de cobertura de atención prenatal en 6 países. 1995-2010 País 1995

2000

2003-2005

2008-2010

Argentina Al menos 1 visita

95 (1992)

97.5 (2001)

99.2 (2005)

Al menos 4 visitas

89.3 (2006)

Brasil Al menos 1 visita

85.7 (1996)

97.4 (2005)

96.7 (2007)

Al menos 4 visitas

75.9 (1996)

87 (2005)

88.7 (2007)

Colombia Al menos 1 visita

82.6 (1995)

90.8 (2000)

93.5 (2005)

Al menos 4 visitas

81 (2000)

83.1 (2005)

México Al menos 1 visita

86.1 (1995)

97.7 (2006)

Al menos 4 visitas

88.3 (2006)

Nicaragua Al menos 1 visita

71.5 (1993)

85.5 (2001)

90.2 (2006)

Al menos 4 visitas

61.6 (1998)

71.6 (2000)

77.7 (2007)

República Dominicana Al menos 1 visita

98.3 (1995)

98.5 (2001)

97 (2006)

98.9 (2007)

Al menos 4 visitas

87.6 (1996)

93.5 (2001)

94.5 (2007)

Fuente: Millennium Development Goals Indicators: The Official United Nations Site for the MDG Indicators, http:// unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

Tabla 21: Personal de salud capacitado para atender partos.1995-2010

atender partos no han tenido avances significativos

La información disponible no abarca todos los países estudiados. En Argentina, Colombia y República Dominica los porcentajes de personal capacitado para

reporta importante avance en ese período pero es

entre los años 1995 y 2003. Solamente Nicaragua sabido que las estadísticas de este país no son confiables, según se analizó en todo el documento.

101

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

País

Personal de salud capacitado para atender partos 1995

2003

2008-2010

CIPD/ICPD+5 metas para el 2005 80% de nacimientos debe ser asistido por personal capacitado

Argentina

97.2 (1997)

98.7

94.8 (2008)

Brasil

87.7 (1996)

84.5

86.4 (2000) 90.7 (2005)

94.8

Mexico

85.7 (1997)

95.3 (2004)

93.7 (2007

Nicaragua

64.6 (1997)

89.7 (2001)

Republica Dominicana

95.3 (1996)

97.8 (2002)

94.8 (2007)

Colombia

Fuente: Millennium Development Goals Indicators. http:/unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

Emabarazo en adolescentes

El embarazo en las niñas se va incrementado peligrosamente, aunque faltan registros en cinco países. Evidencian la responsabilidad no asumida de los Estados y la sociedad civil por la falta de protección y el abuso sexual en la niñez. En las niñas de 10 a 14 años Argentina registra una tasa de embarazos de 1.6 x 1,000, en Nicaragua los embarazos en las niñas aumentaron el 47% en los últimos 9 años.

En cuanto a las tasas de embarazos en la adolescencia tampoco se logra contar con reportes confiables, dado que la variación de las cifras es significativamente alta de una fuente a otra. En relación a la tasa de fecundidad en la adolescencia esta es un parámetro que continúa persistentemente alto o se ha incrementado en los últimos años, y asciende cuando los niveles de educación son menores, cuando las adolescentes viven en áreas rurales y cuando son pobres. Las deficiencias en la educación sexual por las influencias de las jerarquías religiosas tiene como resultado que las adolescentes no logren evitar los embarazos no planificado, lo que se suma a que la participación de los varones adolescentes en la prevención del embarazo es evidentemente muy limitada.

Comparando los seis países de la región Nicaragua reporta la mayor tasa de embarazos en la adolescencia de América Latina 112.7 (entre 99.9 y 127) y República Dominicana reporta 108.7; Argentina reporta la menor tasa con 55.5 x embarazos x 1,000 adolescentes de 15 a 19 años aunque el gobierno reporta 32.5. Brasil, Colombia y México tienen entre 70.6 y 75.6. Las cifras varían si los reportes son oficiales o de las agencias de las NNUU. En Argentina según datos de CENEP entre 1960 y 2004 la tasa de fecundidad adolescente precoz de 10 a 14 años es de 1.6 x 1,000.134 Según la División de Población de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años de edad en Argentina solo varió de 57 a 55 entre el 2007 y el 2010.135 Sin embargo según datos del Ministerio de Salud de la Nación la tasa de fecundidad en adolescentes al año 2007 era de 32.5‰. En el año 2011 el

Analizando los porcentajes de adolescentes embarazadas de 15 a 19 años o que ya han sido madres de los seis países estudiados y de manera decreciente, se encuentra que las NNUU estiman para Nicaragua el 41% en el año 2011 -aunque el gobierno reporta 25%-, México 27.6%, Brasil el 23%, República Dominicana 20.6%. Argentina tiene el menor porcentaje con el 15,1%.

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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IV

porcentaje de adolescentes que ya son madres de 15 a 19 años es de 15.1% en relación al total de mujeres en la misma situación.136

la violencia sexual. En niñas de 10 a 14 años a julio del 2012 el FNUAP reporta que los embarazos aumentaron el 47% en 9 años, pasaron de 1,066 en el 2000 a 1,477 en el 2009.

En Brasil la Encuesta Nacional de demografía e Saúde y de la Infancia 2006 señala que el 23% de las jóvenes encuestadas de 15 a 19 años estaban embarazadas en ese momento y el 12% había estado embarazada pero no tenía hija/os nacidos vivos.137

En República Dominicana en 2007, el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez era del 20.6%141 En mujeres de la zona rural este porcentaje es 20.4%. En las adolescentes sin educación es de 42.2% versus 3.6% en las mujeres con educación superior, para las del quintil inferior de riqueza es de 30.5% versus 5.7 % para las del quintil superior.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 ENDS en Colombia el 19.5% de adolescentes han estado alguna vez embarazadas. En las áreas rurales se observa que 26.7% de adolescentes alguna vez ha estado embarazada en comparación con el 17.3% de las zonas urbanas. Los porcentajes más altos de embarazos se presenta en adolescentes sin educación 55%, o solo con educación primaria 46.5%.

Cáncer génito mamario La información disponible sobre el cáncer génito mamario en los reportes de los seis países de Latinoamérica y el Caribe carece de organización, en ocasiones se encuentra algún tipo de información pero no en todos los países y no se presenta de la misma manera, lo que hace muy difícil su comparación y análisis. Esto solamente permite conocer el número de casos nuevos por año; la incidencia y el porcentaje de muertes entre los tumores malignos no se conoce en todos los países.

En México según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 ENADID la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a19 años es de 69.5 por 1,000 mujeres. El porcentaje de adolescentes que ya han sido madres en México es el 27.6%. En Nicaragua el MINSA reporta que entre 1998 y el 2007 la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años bajó 23,74% en 9 años, de 139 x 1,000 x adolescentes en 1998 a 106 en el 2007.138 Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la tasa de embarazos en la adolescencia pasó del año 1993 de 101.1 por mil adolescentes a 99.9 en el año 2006, o sea la tasa se redujo solamente en 1.2 puntos en los últimos seis años.139

Acceso a prevención, pruebas PAP y tratamientos Argentina, Brasil, México, Nicaragua y República Dominicana reportan que el diagnostico, tratamiento y seguimiento de las mujeres con cáncer de cérvix y de mamas son brindados por hospitales públicos y a través de la seguridad social, los seguros privados y las clínicas medicas previsionales. A pesar que los servicios son gratuitos las mujeres enfrentan desigualdades en el acceso de los servicios.

Una investigación independiente contrasta totalmente con las cifras oficiales; Lion, Prata y Stewart en 2010 reportan que la tasa de fecundidad adolescente de Nicaragua es la más alta del mundo, exceptuando a Africa, y es más alta que la tasa de Africa subsahariana en su totalidad: 127 nacimientos por cada 1,000 adolescentes.140

En Brasil la cobertura propuesta del PAP debe ser el 100%, pero no hay datos de la cobertura efectiva en ninguno de los 3 subsistemas, ni en el público, ni en las Obras Sociales, ni en el privado.

En la Región Autónoma del Atlántico Norte la Casa Materna de Bilwi reporta que del total de mujeres atendidas en el 2010 el 39.6% tenía entre 15 y 19 años y el 4.9% tenía 14 años y menos o sea eran niñas, todas seguramente embarazadas como producto de

En el contexto de los servicios oncológico, en Colombia el 85% de la oferta está en el sector privado

103

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

a pesar que desde 2007 los requerimiento para la habilitación de los servicios oncológicos son más exigentes, en los últimos años ha ocurrido una proliferación de servicios que en general están dedicados solamente a una modalidad terapéutica y no responden a un proceso de atención integral de las usuarias con cáncer.

realizado 62,257 tomas de Papanicolaou encontrando 1,155 con alteraciones, el 1.85%.144 En la República Dominicana la cobertura del Papanicolaou en mujeres de edad fértil no alcanza al 10% y estuvo concentrada en menores de 25 años. También indican que la pérdida de casos detectados antes de ser adecuadamente tratados es muy alta. 145

En el año 2000 la información disponible muestra que el 76.6% de las mujeres colombianas entre 25 y 69 años se han realizado una citología en los últimos tres años y 50% en el último año. Un estudio en cuatro departamentos mostró que 49% de las citologías eran falsos negativos, lo que confirma la baja sensibilidad de esta prueba además de la necesidad de realizar esfuerzos en términos de la calidad. En cuanto al seguimiento a las mujeres con anormalidades en su citología el mismo estudio mostró que a los seis meses después del reporte de su citología el 27% de las mujeres con lesiones intraepiteliales de alto grado detectadas aun no habían tenido un diagnóstico definitivo mediante colposcopia y biopsias, o si los tenían, no habían recibido tratamiento.

El cáncer de cuello uterino y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano La mayor repercusión para la salud pública de la vacunación contra el VPH se registrará en los países de ingresos bajos y medianos donde una gran proporción de la población tiene acceso limitado o nulo al tamizaje y al tratamiento temprano de las lesiones pre cancerosas y donde el tratamiento del cáncer y los cuidados paliativos siguen siendo insuficientes. En lo que respecta a los países de ingresos medianos, México ha sido uno de los primeros países en presentar un programa público de vacunación contra el VPH.146

En Colombia las recomendaciones para la detección temprana del cáncer de mamas incluyen la mamografía de chequeo bienal en mujeres de 50 a 69 años, el examen clínico anual de las mamas y el auto examen como una prueba que permite un mejor conocimiento de los senos por parte de las mujeres y la posibilidad de consultar ante cambios en los mismos.142

De los seis países estudiados tres de ellos no cuentan con vacunas contra el Virus del Papiloma Humano, Brasil, Nicaragua y República Dominicana no tienen normas específicas debido a los altos costos y todavía no tienen una posición definida de parte de su sistema nacional de salud. En Argentina en 2011 se agregó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano al calendario de vacunación para vacunar también de forma gratuita a todas las niñas de 11 años y se financia con fondos del Programa Nacional de Vacunación y el Programa Nacional de Control de Cáncer de cuello uterino.

En Nicaragua no se ha logrado conocer el porcentaje de mujeres que se han practicado PAP en el último año, la cobertura de PAP ha pasado del 6.25% en 1995 al 11% en 1999, y ha descendido al 9.3% en el 2009; 6 de los 17 SILAIS del país tienen coberturas menores a la nacional. El 47% de las mujeres entrevistadas se han realizado PAP en los últimos 12 meses, el 98.4% de las mujeres del área urbana y el 94.9% del área rural refirieron conocer sobre el PAP.143 En el sistema de Seguro Social se reportan 11,300 pruebas de Papanicolaou en 1995 y 28,700 en 2002, aunque no se conoce qué porcentaje del total de las aseguradas queda cubierto por este examen. El Instituto de Seguridad Social en el año 2011 reporta haber

Recientemente el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha incluido dentro del Programa Ampliado de Vacunación la vacuna del Virus del Papiloma Humano. La introducción de esta vacuna se efectuaría en dos fases, la primera se realizaría desde agosto del 2012 exclusivamente para niñas escolarizadas en instituciones educativas públicas y privadas que cursaran cuarto grado de básica primaria y que en el momento de la vacunación hubieran cumplido

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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IV

nueve años. La segunda fase se llevaría a cabo desde febrero de 2013 para niñas no escolarizadas ubicadas en zonas urbana y rural en centros poblados y rurales dispersos de difícil acceso. El ministerio realizaría una inversión cercana a los U$26 millones de dólares en la fase de introducción de la vacuna.147

de infección por HPV fue de 52%, según estado civil presentó la mayor incidencia en mujeres solteras con 46%, seguido de las mujeres casadas con 30.4% y las mujeres en unión libre con 16%. El grupo de edad con mayor incidencia fue de 29 a 35 años con 25%, seguido del grupo de 36 a 42 con 20% y el de 43 a 49 con 19%. Este estudio también encontró que a menor edad de la primera relación sexual mayor incidencia de HPV, el 42% corresponde a mujeres que tuvieron su primera relación entre los 13 y los 16 años.148

En México la vacuna del HPV en 2011, se agregó al calendario de vacunación y se inició desde el Ministerio de Salud para vacunar también de forma gratuita. Existen diferentes tipos de vacunas para prevenir el cáncer cérvico uterino y estas varían de acuerdo a la edad. Para las niñas de 9 años se aplica una vacuna contra la infección por papiloma virus son tres dosis en total con un espaciamiento de 6 meses entre cada una de ellas. Para las mujeres de 25 a 34 años se hace la prueba del Papanicolaou. La prueba del Papiloma Virus se hace a mujeres de 35 a 64 años. Además, el material informativo proporcionado se encuentra traducido a ocho lenguas.

Cáncer cérvico uterino y mortalidad El cáncer cervical es en la actualidad la neoplasia maligna con mayor incidencia en las mujeres de países subdesarrollados. Se ha convertido en un serio problema de salud pública, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, produciéndose alrededor de 300,000 muertes al año.149

En Nicaragua no se cuenta con la vacuna a nivel del Ministerio de Salud, existe en el país de forma privada y tiene un alto costo por lo que no es accesible a toda la población. En el año 2010 por iniciativa de Ixchen, un Centro Alternativo de Mujeres, se desarrolló el Programa Sectorial de Prevención y Atención del Cáncer Cérvico Uterino conformado inicialmente por 23 instancias del Estado y sociedad civil. Se brindó atención a 4,437 mujeres en 15 clínicas; a 68,550 mujeres le realizaron el PAP durante tres años en 75 municipios en 12 departamentos del país. Se encontraron 4,437 lesiones tempranas y 201 usuarias con carcinomas. A 2,643 (60%) se les confirmó el diagnóstico mediante biopsia, encontrándose lesiones de bajo, alto grado, carcinoma invasor y recidivante a cúpula vaginal. De ellas, el 44% (1,154) presentaron VPH, 24% (624) NICI-VPH, el 14% (375) tenían NICIII-VPH, el 11% (288) NICII y el 7% (201) carcinoma de células escamosas invasor.

En el año 2000 al menos 76,000 casos incidentes de cáncer cervical y 30,000 muertes se estimaron para la región latinoamericana y del Caribe, lo cual representa 16 y 13% del total del mundo, respectivamente. Por lo tanto, los países de esta región se encuentran en un área geográfica con tasas de incidencia de las más altas en el mundo.150 Según los reportes de los 6 países estudiados en Latinoamérica se puede deducir que la mayor incidencia de cáncer cérvico uterino se reporta en Nicaragua con el 27.2% y la menor en Argentina con el 7.6% en mujeres mayores de 15 años. Brasil, Colombia y México oscilan en 15%.151 Argentina desde 2009 intensificó el Programa Nacional de control del cáncer de cuello uterino en el noroeste y el noreste152, áreas geográficas con la mayor incidencia del país. Estas atenciones son brindadas por los hospitales públicos de las provincias y con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación. En caso de requerir tratamiento, las usuarias son derivadas a otros centros como hospitales públicos de mayor complejidad para su atención gratuita. Además, tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer de cuello de útero están incluidas en el Plan Médico

En República Dominicana no se cuenta con la vacuna del Virus del Papiloma Humano. En el Hospital de la Mujer en el año 2009, de 853 biopsias realizadas hasta el mes de octubre se encontraron 13 casos de cáncer de cuello uterino y 396 casos de HPV. En un estudio realizado en el Hospital Luis Eduardo Aybar entre enero 2003 y enero 2004 la incidencia

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Obligatorio, PMO, que cubren las obras sociales, por tanto suministran este servicio de la misma forma que las prepagas que son seguros privados, ambos deben cubrir las prestaciones incluidas en el PMO.

estable para las mujeres de 30 a 59 años y aumentó significativamente entre las de 60 o más años entre 1980 y el 2003. En Colombia las actividades de detección temprana son una estrategia central para el control del cáncer génito mamario. Información reciente de la mortalidad por cáncer de cuello uterino evidencia una disminución en las tasas de mortalidad en el país en general y en muchos departamentos. El cáncer de cuello uterino y el cáncer de mamas son las principales causas de cáncer en las mujeres las tasas de mortalidad para ambos cánceres están en 10 muertes por 100,000 mujeres, ajustadas por edad. El cáncer de cuello uterino afecta principalmente a las poblaciones más alejadas y pobres.

En Argentina los tumores ocupan la segunda causa de muerte en relación a la mortalidad en general; en mujeres. El 7.3% de muertes por tumores son por cáncer de cuello de útero. Este genera 3 mil nuevos casos por año y causa anualmente más de 2 mil muertes aunque es totalmente prevenible si se lo detecta de manera temprana y se tratan las lesiones.153 El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres, con una incidencia estimada de 23.2 casos por 100,000 mujeres. La tasa de mortalidad por cáncer de cuello de útero ajustada por edad fue de 7.8% en el año 2002. En relación al cáncer cérvico uterino en mujeres jóvenes, la tasa de incidencia específica por edad es baja en menores de 25 años, menos de 5 en 100,000 mujeres y se incrementa rápidamente a partir de los 25 años.154

La incidencia de cáncer de cuello uterino se estima en 21.5 casos nuevos por 100,000 mujeres. En Colombia es el segundo cáncer con 5,600 casos nuevos cada año. Socialmente se presentan diferencias y desigualdades en el comportamiento de los distintos cánceres; en el cáncer de cuello las mujeres con mayor riesgo son las habitantes de departamentos alejados, zonas de frontera y riberas de los grandes ríos.

En Brasil, la legislación nacional155 en el marco del Sistema Unico de Salud, cuenta con un instrumento que prevé la ejecución de acciones de salud que aseguren la prevención, detección, tratamiento y seguimiento del cáncer de mamas y de cuello uterino. La atención a los cánceres del aparato reproductivos se lleva a cabo a través del Sistema de Salud, sin embargo se presentan desigualdades en el acceso por parte de las mujeres, especialmente en el norte y noreste de Brasil.156 Para 2010 el número de muertes por cáncer fue de 12,852 casos, de los cuales 12,705 son mujeres y 147 hombres. El cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar de muerte de las mujeres en Brasil. En un año se presentaron 4,800 muertes por cáncer de cérvix y 18,430 nuevos casos. El país ha avanzado en su capacidad de realizar diagnóstico precoz; en la década de 1990 el 70% de los casos fueron diagnosticados como enfermedad invasiva; actualmente el 44% del cáncer de cérvix se diagnostica en etapa in situ o no invasor. Las mujeres diagnosticadas a tiempo reciben el tratamiento adecuado teniendo prácticamente 100% de posibilidades de cura. La tasa bruta de mortalidad de Brasil por neoplasia del cuello de útero en 2003 fue de 4.7 x 100.000 mujeres. La tendencia de riesgo de muerte se mantuvo

En México, respecto a las muertes por cáncer cérvico uterino, la Secretaría de Salud reporta que del año 2000 al 2010 han disminuido, pasando de 4,514 a 3,869 en todas las edades. La tasa de 25.3 defunciones x 100,000 mujeres de 25 y más años de edad en 1990 pasó a 14.6 en 2006, lo que representa un descenso del 45%. El análisis de la mortalidad por cáncer cérvico uterino presenta un factor limitante que es el elevado número de casos de tumores de útero codificados como no de parte especificada que alcanzó a 29% y en algunos Estados llegó al 50%. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, un total de 35,823 mujeres fallecieron a causa de cáncer durante el año 2010; de estas defunciones 3,959 corresponden a cáncer cérvico uterino. A nivel de las Américas, Nicaragua se ubica en el segundo lugar en las tasas más elevadas en morbimortalidad por cáncer del cérvix después de Haití, con una tendencia al incremento. Sin embargo se estima que la dimensión del problema es mucho mayor constituyéndose como la principal causa de muerte

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en la mujer nicaragüenses producto de un complejo entramado causal.157 Los principales servicios de atención al cáncer están centralizados a la capital y pocos se han implementado en los departamentos. Los tratamientos de quimioterapia son escasos y muchas mujeres no tienen acceso a ellos. Más del 65% de las mujeres con cáncer provienen de comunidades de difícil acceso. La tasa de cáncer cérvico uterino en el año 2002 ascendió a 13.9 por cada 100,000 mujeres mayores de 15 años. En ese año, el 6.8% de las mujeres con este tipo de cáncer tenía entre 15 y 34 años. La tasa de muerte por cáncer cérvico uterino en Nicaragua es de 17.8 x 100,000 mujeres; ocho de

los 17 departamentos del país reportan una tasa de 47, superior a la nacional158 En el año 2008 la tasa de muerte de mujeres mayores de 35 años fue de 25.9 por cáncer cérvico uterino.159 El grupo de edad más afectado es de 50 a más años, seguido del grupo de 35 a 49 años, es importante destacar la presencia de defunciones por esta causa en el grupo de 15 a 34 años.160 República Dominicana reporta que mueren por día de 1 a 2 mujeres de cáncer del cuello uterino y que cada año aparecerán 1,032 nuevos casos de mujeres afectadas.

Tabla 22: Riesgo, mortalidad e incidencia de cáncer cervical en 6 países en LAC. 2008 Riesgo, mortalidad e incidencia de cáncer cervical en 6 países en LAC Incidencia País No. Argentina Brasil Colombia México Nicaragua República Dominicana

Mortalidad ASR (W)

No.

5 años de prevalencia ASR (W)

No.

ASR (W)

3996

7.6

17.5

1809

6.3

7.4

13241

9.6

86.3

24562

15.3

24.5

11055

12.6

10.9

80309

18.9

110.7

4736

15.3

21.5

2154

12.5

10.0

15347

19.2

94.0

10186

15.5

19.2

5061

12.8

9.7

34294

20.5

86.7

869

27.2

39.9

414

21.8

20.6

2956

35.6

158.4

1299

20.0

29.7

591

15.6

13.7

4279

25.5

126.0

Incidence and mortality data for all ages. 5-year prevalence for adult population only. ASR (W) and proportions per 100,000. Fuente: GLOBOCAN 2008, International Agency for Research on Cancer . http://globocan.iarc.fr/

Cáncer de mamas y mortalidad

una incidencia de 35.7% en mujeres mayores de 15 años y en Nicaragua del 14.6%. República Dominicana reconoce que este tipo de cáncer ocasiona el 35% de las muertes por tumores malignos. Argentina registra una tasa de mortalidad por cáncer de mamas del 20.1% y Nicaragua del 9.1%. Brasil, Colombia y México oscilan entre 12 y 14%.

El cáncer de mamas se considera una nueva epidemia que está afectando a mujeres en edades cada vez más jóvenes. En Argentina, Brasil, México y República Dominicana el cáncer de mamas representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. En relación al cáncer de mamas Argentina reporta

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Las lesbianas podrían correr mayor riesgo que las heterosexuales de desarrollar cáncer de mamas debido a que sólo un porcentaje de ellas se ha embarazado, en comparación con las mujeres heterosexuales; se reporta que el embarazo tendría un cierto efecto preventivo con respecto al cáncer.

más del 50% de las mujeres sintomáticas se demora más de 3 meses entre la primera consulta y el inicio de tratamiento, lo cual constituye una desventaja en términos de pronóstico de la enfermedad. En México, según la Secretaria de Salud, el cáncer de mamas es uno de los principales problemas de salud de las mujeres, y ha tenido un incremento de 30% en los últimos 20 años al pasar de una tasa de 13.1 en 1990 a 17 en el año 2010 x 100,000 mujeres de 25 y más años. Ocupa ya el primer lugar de mortalidad por un tumor maligno en la población femenina. Del total de muertes, en el año 2010, 5,062 corresponden a cáncer de mamas. El número de defunciones por cáncer de mamas en mujeres de 25 años y más se ha incrementado año con año, pasando de 3,468 en 2000 a 5,062 en 2010. Del total de mujeres fallecidas para 2010, 44 corresponde a mujeres dentro del grupo de edad 20-29. Entre los 55 y 59 años se produce la mayor cantidad de muertes por año, llegando a 662 mujeres fallecidas.163

En Argentina el 20.3% de las defunciones por tumores malignos corresponde a tumores mamarios siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La tasa de mortalidad por cáncer de mamas ajustada por edad en Argentina es de 22.4 en 100.000 mujeres entre los años 2003-2007. Las defunciones por tumores malignos en la Argentina indican que el 20.3% corresponde a tumores mamarios siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y el 7.3% por tumores de cuello de útero. En Brasil, el cáncer de mamas es la mayor causa de muerte por cáncer entre las mujeres, con un estimado de 52,680 nuevos casos por año 2012. La tasa bruta de mortalidad por cáncer de mamas en 2003 fue de 10.4 por 100,000 mujeres. La tendencia del riesgo de mortalidad por esta causa en el período 1990–2003 mostró un aumento significativo en todos los grupos de edad, con excepción del grupo de 60 a 69 años. La región Sur presentó las mayores tasas.161

En Nicaragua, los principales servicios de atención al cáncer están centralizados a la capital y pocos se han implementado en los departamentos. Los tratamientos de Quimioterapia son escasos y muchas mujeres no tienen acceso a ellos. En el Hospital de la Mujer Bertha Calderón es el principal centro de atención al cáncer ginecológico ha pasado sin quimioterapia por meses, generando competencia entre las pacientes cuando se recibe alguna donación para tratarse por cáncer. Otras tienen que esperar mucho tiempo y muchas se resignan “a la voluntad de Dios” y a esperar la muerte en sus hogares incluso sin oportunidad de cuidados paliativos cuando los necesitan. Más del 65% de las mujeres con cáncer provienen de comunidades de difícil acceso.

El cáncer de mamas en Colombia ocupa el primer lugar con cerca de 7,000 casos nuevos cada año. La mortalidad muestra una tendencia al incremento. La incidencia de cáncer de mamas se estima en 31.2 casos nuevos por 100,000 mujeres. La variedad geográfica en la mortalidad por cáncer también ha sido descrita, se observa que en el cáncer de mamas el mayor riesgo coincide con los grandes centros urbanos. La información disponible sobre el estadio clínico al diagnóstico indica que en Bogotá, 60% de los cánceres de mamas son diagnosticados en estados avanzados.162 Aunque no hay información a nivel nacional, un estudio en tres aseguradoras del régimen contributivo en Bogotá evidenció que la cobertura en mamografías de los dos últimos años en mujeres de 50 a 69 años es de 55%, superando así las metas de cumplimiento estipuladas. Se han encontrado importantes problemas en la oportunidad de la atención del cáncer de mamas, donde en Bogotá

Según el MINSA en el año 2008 la tasa de muerte de mujeres mayores de 35 años fue de 15 por cáncer de mamas.164 El 53% de la mortalidad entre 20 y 34 años ocurre por cáncer de mamas. El cáncer de mamas en la República Dominicana se ha convertido en un serio problema de salud y es alarmante el número de mujeres que acude a las consultas médicas. Durante 2005 el cáncer de mamas fue el 17% de las causas de fallecimiento por cáncer entre

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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IV

las mujeres y una tasa de mortalidad de 6 x 100,000 mujeres.165 Sin embargo, otras fuentes reportan otros datos: entre 2002 y 2005 en República Dominicana la tasa de mortalidad por neoplasia maligna

de mamas era del 12.1.166 A 2010 la tasa de cáncer de mamas era de 13.9 x 100,000 habitantes. El cáncer de mamas representa el 35% de los casos de cáncer en las mujeres.

Tabla 23: Cáncer de mamas, incidencia y mortalidad. 2008 Cáncer de mamas, incidencia y mortalidad

País

Incidencia estimada Incidencia estandarizada por edad x 100,000

Argentina Brasil Colombia México Nicaragua República Dominicana

Mortalidad Mortalidad estandarizada por edad x 100,000

74 (18,712 casos)

20.1 (5,873 muertes)

42.3 (42,566 casos)

12.3 (12,573 muertes)

31.2 (6,655 casos)

10 (2,120 muertes)

27.2 (13,939 casos)

10.1 (5,217 muertes)

22.9 (468 casos)

8.6 (173 muertes)

32.7 (1,422 casos)

12.1 (522 muertes)

Fuente: GLOBOCAN 2008, International Agency for Research on Cancer http://globocan.iarc.fr/factsheet.asp

Prevención del Cáncer de Próstata

En Argentina el Ministerio de Salud no informa de campañas de prevención o programa específico para el cáncer de próstata. Estas prestaciones se brindan a través del Programa de Atención de Adultos. Algunas organizaciones y obras sociales y prepaga, así como seguros privados son los que realizan campañas para prevención del cáncer de próstata.

Aunque en los últimos años se han incrementado las acciones de promoción de la salud, orientadas a la detección temprana y al control del cáncer de próstata su enfoque está centrado más en el aspecto práctico de las manifestaciones, signos, síntomas y tratamiento que en la acción preventiva. Las actividades educativas en su mayoría desconocen la fuerza de la cultura y de las creencias como componentes de las actitudes y la decisión de práctica de determinadas pruebas diagnósticas, tales como el examen digital del recto EDR, que compromete la concepción tradicional de masculinidad y otros elementos propios del machismo latinoamericano. Este problema genera barreras comunicacionales que afectan tanto las actividades del sector salud como el acceso a los servicios de las personas en riesgo de padecer el cáncer de próstata.167

En Brasil la segunda causa de muerte es el cáncer de próstata (12%) y el de estómago (11%).168 En Colombia el cáncer de la próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres y sólo la sobrepasa el cáncer gástrico. Aunque uno de cada veinte hombres contraerá cáncer de la próstata durante su vida, sólo uno de 100 hombres morirá a causa de esta enfermedad. El índice de mortalidad del cáncer de la próstata está aumentando en Colombia y se ha triplicado en los últimos 30 años.169

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Actualmente no existen posibilidades para comprobar a corto plazo una disminución de la incidencia o de aumentar la oportunidad de su curación; por ello se insiste en la necesidad del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Las estadísticas del 2009 mostraron que la probabilidad de padecer cáncer de próstata es de 1 por cada 6 hombres, mucho mayor en proporción al cáncer de mamas, que se estimó en 1 por cada 9 mujeres.

entre los sectores de la población más expuesta, así como la detección oportuna de los casos y la atención temprana de los enfermos. En Nicaragua, según el Ministerio de Salud, el cáncer de próstata es un padecimiento que afecta principalmente a hombres ancianos, el 75% de los casos nuevos diagnosticado se realizan en personas mayores de 65 años. Sin embargo la incidencia en personas de 50 a 59 años ha incrementado. En Nicaragua el cáncer de próstata ocupó la cuarta causa de muerte por enfermedad maligna en el 2007, 2008 y 2009. En Nicaragua se cuenta con un número reducido de personas capacitadas para el manejo de esta enfermedad, así como pocos recursos materiales para enfrentar este problema de salud que va en ascenso. En República Dominicana no hay estadísticas oficiales sobre cáncer de próstata, tampoco existe un Programa de Detección Temprana de la enfermedad y sólo encontramos estudios e investigaciones realizadas por especialistas cirujanos urólogos.

La detección oportuna mediante antígeno prostático específico170 y el examen digital rectal son el principal recurso para ofrecer a la población asintomática. La mejor forma de diagnosticar el cáncer de próstata es la combinación de estos dos exámenes, ya que el primero, en forma exclusiva, falla entre el 30% y el 40% de los diagnósticos y el segundo, realizado como única prueba, falla en el 20%, mientras que la asociación pierde apenas el 5% de los casos positivos. En Colombia, según la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del adulto, el EDR hace parte del examen físico de los hombres mayores de 45 años. A pesar de tener la opción de realizarse las pruebas diagnósticas para cáncer de próstata, no todos los hombres acceden a ella.

Las mayores tasas de mortalidad por cáncer se registran entre la población mayor de 65 años, siendo la principal causa de muerte el tumor maligno de próstata, con 122 muertes por cada 100,000 personas de 65 y más años. El grupo de edad con menor proporción de muertes por cáncer es el de menores de 15 años, siendo la principal causa de muerte por cáncer en este grupo las leucemias. En la República Dominicana las principales acciones de prevención y control de cáncer están contenidas en el Plan Estratégico para la prevención y el control integrado de enfermedades crónicas no transmisibles 2008-2015.171

En México actualmente entre los programas de acción específicos no se encuentra uno dedicado a la prevención del cáncer de próstata. Sin embargo, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 contenía el PA para la Prevención y Control del Cáncer de Próstata cuya estrategia fue “Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades”, en la cual se consideraba promover estilos de vida sanos y la prevención de riesgos específicos

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Los variados reportes incluyen: Hemorragias relacionadas al embarazo, parto y puerperio 34.07%, Enfermedades sistémicas o crónicas 22.85%, Eclampsia, Preeclampsia, Síndrome de Hellp 16.83%, Causas externas 11.22%, Enfermedades sistémicas agudas 6.21%, Otras causas no especificadas 3.81%, Aborto 3.01%, Otras enfermedades especificas y afecciones que complican el embarazo 1.60%, Hemorragias no relacionadas al embarazo, parto y puerperio 0.40%, etc.

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ITS / VIH/Sida Adolescentes: Educación Sexual y Derechos Sexuales Derechos reproductivos en personas jóvenes Derechos Sexuales Violencia contra mujeres activistas. Derechos sexuales de activistas y personas de la diversidad sexual Violencia contra las mujeres

Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO V SALUD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES Y VIOLENCIA Este capítulo monitorea el status de la epidemia del VIH y el Sida en los seis países de la región, incluyendo la legislación, las políticas y programas para su erradicación en el marco de la salud sexual. También da cuenta de los derechos sexuales en adolescentes y jóvenes con énfasis en la educación sexual, como un asunto que causa controversias, especialmente en el marco de la legislación y el acceso a los servicios, tal como ocurrió durante la Conferencia de El Cairo. Además, se analizan los derechos sexuales respecto de la diversidad sexual, así como la violencia contra las mujeres y la violencia sexual.

incluida la opinión jurídica CFM No.14/88 que establece pautas éticas de no discriminación.2 En 1996 se promulgó la Ley sobre la distribución gratuita de medicamentos a las personas portadoras del VIH y personas enfermas con Sida.3 Posteriormente se emitió el Decreto sobre medidas substitutivas para la lactancia materna en los casos de las mujeres seropositivas,4 así como el decreto de las mujeres a la prueba rápida de VIH con el objetivo de brindar asesoría sobre la lactancia materna. En Brasil existe desde el 2001 el acuerdo que incluye la mayoría de medicamentos disponibles para VIH y la leche de fórmula los primeros seis meses para niñas y niños expuestos a VIH. También la Resolución 3443 del año 2006 para la Guía de Atención en VIH.

ITS / VIH/Sida Marco legal sobre el VIH y el Sida. Normas orientadas a la protección de las PVVS

En Colombia el Código Penal contiene un artículo que especifica que la persona que conozca su diagnóstico de VIH y tenga prácticas de riesgo que puedan infectar a otra persona incurre en un delito con una pena de cárcel de 8 a 12 años. Existe la Política de Salud Sexual y Reproductiva, el Modelo de Gestión Programático, el Decreto 1,543 y la Ley 972 de pruebas de laboratorio para determinar la infección por el VIH que la prohíbe como requisito obligatorio en diferentes funciones.5

El veloz avance con que se diseminó la pandemia del VIH/Sida en la región está inmersa en la crisis global que también golpea a los países estudiados y obedece a factores como los patrones de conducta sexual, junto con un insuficiente acceso a información, la falta de educación sexual formal e informal, el escaso uso de condones y para hacer más complejo el panorama, las restricciones que imponen las jerarquías religiosas en todos los países.

México en su constitución cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del año 2003 y la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Atención al VIH que garantiza los derechos específicos de las personas con VIH. En el Distrito Federal se cuenta desde el año 2012 con una Ley de VIH que tiene perspectiva de género, la Ley de Prevención y Atención Integral del VIH Sida.

En Argentina la ley no hace afirmaciones sustantivas sobre los derechos de las personas seropositivas.1 Se incumple muchas veces en los estudios pre-ocupacionales donde el test de detección del VIH suele ser compulsivo. En 1988 fue establecida una nueva Constitución en Brasil con un fuerte enfoque en los derechos humanos, al incluir artículos que garantizan la protección legal contra la discriminación y la defensa de los derechos relacionados a la asistencia sanitaria gratuita,

En Nicaragua en 1996 fue aprobada la Ley 238 de Promoción, Protección y Defensa de los DDHH ante el Sida, en 1999 fue aprobado su Reglamento. La ley 238 reconoce y enfatiza los derechos humanos de las

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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo V

personas portadoras del VIH y los de su familia.6 La Ley de Promoción Integral de la Juventud establece que se deberá “brindar información sobre la salud sexual y reproductiva, en particular el embarazo de las adolescentes, los embarazos no deseados, el aborto en condiciones de riesgo, las ETS y el VIH/Sida.7

En Argentina la Ley de Salud Sexual y Reproductiva no trata explícitamente los derechos sexuales de las mujeres seropositivas, pero obviamente las incorpora.9 En Brasil de acuerdo a lo establecido en el decreto No. 766 del Ministerio de Salud, se recomienda que la prueba VIH sea ofrecida a todas las embarazadas, independientemente de la identificación del factor de riesgo. El aborto en Brasil sólo es legal si el embarazo resulta de una violación o si el embarazo pone en peligro la vida de las mujeres10 sin embargo, el VIH/ Sida no se considera potencialmente mortal.

La Comisión Nicaragüense del Sida creada por la Ley 238 incluye la representación de nueve instituciones estatales y de tres organizaciones de la sociedad civil, pero desde el año 2010 ha dejado de convocar a representantes de la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida desde la sociedad Civil.

En Colombia no hay referencias específicas en relación a los derechos reproductivos de las mujeres con VIH, lo que se protege es que puedan tener hijos e hijas mediante la prevención efectiva de la transmisión perinatal del VIH.

En República Dominicana a nivel nacional se garantiza la protección efectiva de los derechos humanos contemplados en el Arto. 8 de la Constitución mediante la Ley 135/11 sobre Sida y otras leyes vinculantes como la 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar que sanciona la discriminación; la Ley General de Salud 42-01 y la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En México los derechos reproductivos de las mujeres con VIH están amparados en la Norma Oficial y en la Guía de Manejo Antirretroviral de CONASIDA del 2012, incluye la provisión de anticonceptivos a mujeres con VIH. A pesar de los avances existen tres principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres embarazadas VIH positivas como son el derecho a la no discriminación, es muy frecuente que las mujeres con VIH tengan que esperar al final de la consulta ginecológica, llevar sus propios insumos desechables o pagar una cuota adicional por ellos y sufrir retrasos en el ingreso al quirófano, incluyendo la cesárea, cuando el personal de salud se entera de su diagnóstico.

Desde el año 1999, se implementa el Programa Nacional de Reducción de la Transmisión Vertical del VIH/Sida y en 2004 el Programa Nacional de Atención Integral, coordinados por la Dirección Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida, la cual es una dependencia de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social SESPAS, y es además la instancia normativa de los programas de VIH/Sida.8

Derechos reproductivos de las mujeres VIH+

Es necesario recalcar que también hay problemas con el derecho a la información adecuada y al consentimiento informado sobre procedimientos relacionados con la salud. Las mujeres con VIH son presionadas para que interrumpan su embarazo, o se ejerce coacción para que las mujeres acepten la esterilización quirúrgica porque viven con VIH. Existe desinformación y presión para que las mujeres con VIH adopten los métodos anticonceptivos que el personal considera adecuados para ellas, sin que la voluntad de las mujeres sea siquiera considerada.

La salud sexual y reproductiva de las mujeres está integralmente vinculada con el VIH, los servicios de salud reproductiva y sexual de buena calidad y no discriminatorios son un componente fundamental de los programas exitosos de prevención y tratamiento del VIH. En la práctica, sin embargo, las mujeres VIH positivas con frecuencia enfrentan discriminación en los servicios de salud reproductiva incluyendo retrasos en la atención, maltrato verbal, presión para no tener hijas/os, esterilización forzada o sin consentimiento, o se les niega la atención que solicitan, violando sus derechos.

En Nicaragua las mujeres portadoras del VIH no pueden solicitar la interrupción de su embarazo

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

dado que desde el año 2006 la Asamblea Nacional derogó el aborto terapéutico, o sea son obligadas a mantener un embarazo cuando ellas manifiestan su decisión de interrumpirlo. Desde 1997 los embarazos estimados en mujeres VIH positivas a partir de la tasa Global de Fecundidad nacional se incrementaron en 1,248%, lo que evidencia la falta de prioridad en la prevención del VIH en las mujeres en general y en el periodo pre concepcional en particular; dado que los embarazos esperados estimados aumentaron de 376 en 1997 a 5,071.11

Brasil con 0.6 (2007), Colombia con 0.5 (2009), Argentina con 0.5 (2009. México con 0.3 (2009) y Nicaragua con 0.2 (2009). 13 De los seis países estudiados Colombia, México y Nicaragua refieren que existe un subregistro de información de las estadísticas oficiales del país, las únicas estadísticas con que cuenta Nicaragua son las del MINSA, que no son publicadas periódica y oportunamente, tienen problemas de interpretación, no cuentan con un análisis cualitativo que incorpore indicadores de género, generacional, multiétnicos y multiculturales.

En República Dominicana el artículo 17 de la Ley de VIH/Sida No. 135/11 protege los derechos reproductivos de las personas viviendo con el VIH pero en la práctica ese artículo ve afectada su implementación por la violación a los derechos reproductivos contempladas en el Código Penal con la penalización absoluta del aborto y algunas trabas constitucionales, como el artículo 37, que establece la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. El Programa Nacional para la Reducción de la Transmisión Vertical solo prioriza la atención a las y los recién nacidos. Por otro lado, la provisión y consejería de métodos anticonceptivos y la atención ginecológica no están incluidas dentro del catálogo de servicios de las Unidades Especializadas en la atención a las personas que viven con VIH.

En Argentina existe una estimación de 130,000 personas viviendo con el VIH14 al año 2010. En Brasil de 1980 hasta junio de 2011 se identificaron un total de 608,200 casos de Sida, de los cuales 397,662, o sea 65.4% ocurrieron en hombres y 210,538, el 34.6% en mujeres. Sin embargo esta diferencia viene disminuyendo en el transcurso de los años, lo cual se observa al verificar la razón hombre – mujer. En el año 2003 la tasa de prevalencia del VIH/Sida de la población adulta en Brasil de 15 a 49 años fue 0.7% y se calcula estable desde 2004 en 0.6%, de la cual 0.4% es en mujeres y 0.8% en hombres.15 A pesar del subregistro reportado por Colombia, se estima que existen 500.000 personas viviendo con el VIH.16 Algunos reportes de VIH, Sida y muertes desde1983 hasta el año 2010 suman 78.683 personas. Sólo en el año 2010, se reportaron 7,174, de ellos 5,070 son personas que viven con el VIH y 1,344 ya han desarrollado el Sida. Hay 743 personas fallecidas y 17 reportes sin clasificación. El 76% corresponde a hombres y el 23.3% a mujeres. Ya han muerto más de 18.000 personas.17

Cantidad estimada de personas viviendo con VIH La cantidad de personas viviendo con el VIH o Sida expresa la capacidad institucional de prevenir y detener la pandemia en los diferentes grupos y en ambos sexos, así como el grado de avance de la misma. La cantidad estimada total de personas en los seis países de la región oscila entre 1,460,000 y 1,100,000 en los últimos años.

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida en México CENSIDA, reporta 157,529 casos de Sida a junio del 2012. De ellos, el 17.9% son mujeres y el 82.1% hombres.18

La mayor tasa de prevalencia de VIH x 1,000 habitantes se presenta en República Dominicana, con 5.8, le sigue Brasil 4.1, Colombia 3.5, Argentina 2.7, México 2.0 y Nicaragua con 1.2.12

En Nicaragua desde 1987 hasta el año 2011 se registran 6,864 personas afectadas por la epidemia, de las cuales 5,177 viven con el VIH, 695 ya desarrollaron el

La tasa de incidencia de VIH en la población adulta es mayor en República Dominicana con 0.9 (2009),

122

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo V

Sida y 941 han fallecido. La tasa de mortalidad del Sida por grupos de edad y sexo no está determinada en el país. La tasa de prevalencia es de 100 y la incidencia de 19.88.19 Según sexos el 34.5% son mujeres (2,305) y el 65.5% son hombres (4,379), la relación hombre mujer es de 1.89.

puentes que facilitan una activa transmisión por vía sexual principalmente. En República Dominicana la prevalencia de VIH para 2002 era 1.1% para hombres y 0.9 para mujeres; en el 2007 es de 0.8% tanto para mujeres como para los hombres21 La transmisión predominante en el país es por vía sexual, 65% de los casos por relaciones heterosexuales, 12% homosexual y 9% bisexual. La prevalencia fue mayor entre las adolescentes y jóvenes. La transmisión por vía sanguínea sea por trasfusiones o por uso de drogas inoculadas se considera muy baja. La relación hombre/mujer se ha ido igualando y para 2003 se calculó en 1.16. Las edades más afectadas por casos de Sida son de 30 a 34 años, seguida de 20 a 24 años. Es decir, la transmisión se produce a muy temprana edad.22

La prevalencia en HSH es de 7.5%, en trabajadoras sexuales de 3.2% y en embarazadas de 0.05%. La prevalencia en grupos de 15 a 24 años es de 0.1%, en hombres de 1.3% y en mujeres 0.1%, siendo la prevalencia del país menor al 1%. La principal vía de transmisión del VIH en Nicaragua es sexual, el 91% heterosexual, 3% bisexuales, 4% hombres que tienen sexo con hombres y 2% la transmisión vertical.20 La epidemia en Nicaragua es predominantemente heterosexual y existen poblaciones

Tabla 24: Estimaciones y datos sobre el VIH y el Sida. 1995-2010 Estimaciones y datos sobre el VIH y el Sida

País

Población estimada viviendo con VIH. Adulta + Niños/as 2003

Argentina

2008-2010

Mujeres viviendo con VIH Estimación de 15 años y + 1995

2003

2008-2010

80,000 (2001)

110,000 (2009)

25,000 (2001)

36,000 (2009)

Colombia

210,000 (2001)

160,000 (2009)

65,000 (2001)

50,000 (2009)

México

180,000 (2001)

220,000 NA

41,000 (2001)

59,000 (2009)

3,700 (2001)

6,900 (2009)

1,100 (2001)

2,100 (2009)

54,000 (2001)

57,000 (2009)

29,000 (2001)

32,000 (2009)

Brasil

Nicaragua República Dominicana

Fuente: UNAIDS Progress reports submitted by countries http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2010countries/

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Tabla 25: Personas adultas y niños/as con infección avanzada de VIH que reciben tratamiento antirretroviral. (%) Personas adultas y niños/as con infección avanzada de VIH que reciben tratamiento antirretroviral. (%) País

(%)

Argentina

69 % (2010)

Brasil

96% (2008)

Colombia

71.0 % (2009)

México

82.3 % (2009)

Nicaragua

67.2 % (2009)

República Dominicana

71.02% (2009)

Fuente: UNAIDS Progress reports submitted by countries http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2010countries

Trabajadoras sexuales viviendo con VIH

en Cali de 1.7%, en Bucaramanga de 3.8% y en Barranquilla de 4.5%.25

Las trabajadoras sexuales VIH positivas se enfrentan a múltiples dificultades para que sus clientes accedan al uso del condón, además de diversas formas de violencia física y sicológica en los servicios de salud. Argentina tiene la mayor prevalencia de VIH, 6% en trabajadoras sexuales, México la menor: 0.6%.

En México se reportó -en el informe UNGASS 2011que la prevalencia en mujeres trabajadoras sexuales es del 0.6%. En el año 2011, la prevalencia del VIH en las mujeres trabajadoras sexuales en Managua, Nicaragua fue de 1.8%, en Chinandega de 2.4%. Se encontró una incidencia del VIH en este grupo de población de 0.8%. El 76.9% de las entrevistadas en Managua y el 91.5% de Chinandega refieren el uso consistente de condón con clientes frecuentes y el 94.8% de Managua y 91.9% de Chinandega usaron consistentemente el condón con los clientes nuevos, ambas durante los últimos 30 días. El uso de condón durante la última relación sexual con pareja estable fue reportado por 72.6% de los hombres y por 49.4% de las mujeres en general.

En Argentina la prevalencia de trabajadoras sexuales VIH positivas es del 6% al año 2010.23 En Brasil las trabajadoras sexuales todavía se enfrentan a muchas barreras para el uso del condón, por ejemplo ser víctimas de violencia, el aumento de pago por relaciones sexuales sin protección y la competencia por los clientes. En un estudio de 2009 se encontró que aunque el 90% de las trabajadoras sexuales reportaron haber usado un preservativo con su último cliente, sólo el 55% reportó haber usado uno con todos sus clientes. La tasa de prevalencia del VIH en Brasil es de 4.9% entre trabajadoras sexuales.24

En República Dominicana en 2008, de acuerdo a la Primera Encuesta de Vigilancia de Comportamiento en Poblaciones Vulnerables con Vinculación Serológica: Gays, trans y otros HSH, trabajadoras del sexo y usuarios de drogas, hay una prevalencia del VIH de 4.8%.26

En Colombia en un estudio de mujeres trabajadoras sexuales realizado en 2008. En Medellín fue de 1.2%,

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Feminización de la epidemia. Razón de hombres /mujeres VIH+

La feminización de la epidemia es incuestionable en Nicaragua. A mediados de 2011, el 66.5% de nuevos reportes entre 15 y 19 años son mujeres. También el 61.5% de nuevos casos VIH+ entre 20 y 24 años son mujeres. A junio 2010, según datos del MINSA, el 75% de preadolescentes de 10 a 14 años VIH+ eran mujeres, lo que debe analizarse bajo la presunción de transmisión como consecuencia de la violencia sexual. La relación del VIH y la violencia sexual es otro asunto ignorado en las políticas oficiales. Las niñas no reciben una educación que les permita prevenir las agresiones sexuales; los varones no son educados para respetar la integridad sexual de las mujeres. Las/ los adolescentes VIH+ de 15 a 19 años pasaron de 7 en 1997 a 563 a fines del 2011, con un incremento del 6.9%, que significa el aumento más notorio entre todos los parámetros estudiados. Los resultados de la falta de educación sexual que ha afectado a las tres o cuatro nuevas generaciones se manifiestan de manera directa en el incremento de la infección del VIH en adolescentes mujeres y varones.

La feminización de la epidemia es manifiesta y sostenida, el mayor porcentaje de mujeres viviendo con VIH o Sida se presenta en República Dominicana con el 56.1%, el menor en México con el 26.8%. En general, es notable la feminización de la pandemia en los seis países estudiados en América Latina. La relación hombre mujer casi es igual en todos los países, a excepción de México, que presenta un razón de 4.6 hombres por una mujer. En Argentina la razón hombre/mujer en nuevas infecciones es de 1.727 El único grupo de edad en que es mayor en mujeres es el de 15 a 24 años y llega al 0.9. Si se considera el grupo de 15 a 19 años es de 0.8.28 En Brasil en 1989 la razón hombre/mujer era 6.1; en el año 2010 había pasado a ser 1.7. En 2010, la tasa de incidencia entre hombres fue de 22.9 x 100,000 mil habitantes, mientras que entre mujeres la tasa fue de 13.2 x 100,000 habitantes.

En República Dominicana al inicio de la epidemia del VIH la relación hombre/mujer era de 1:7, sin embargo en la actualidad la prevalencia de VIH en la población general es igual para hombres y mujeres 0.8%.31 Pero en algunos grupos específicos la prevalencia es más alta en mujeres, por ejemplo las mujeres adultas sin educación formal tienen una mayor prevalencia de VIH 3.7%, en comparación con los hombres en esa misma categoría educativa 1.6%. Para las mujeres entre 15-24 años el porcentaje es de 3.9%, versus 1.0% de los hombres del mismo subgrupo. En la población joven se presenta una mayor prevalencia del VIH en las mujeres ubicadas en el quintil inferior de riqueza respecto a los hombres en ese mismo quintil 1.1 en mujeres y 0.6 para hombres.

En Colombia, la razón hombre mujer descendió de 10:1 en la década de los noventa a 2.6:1 en 2011.29 Es decir, el comportamiento de la epidemia de VIH por sexo muestra una afectación cada vez mayor de las mujeres: para el año de 1988 por cada mujer VIH positiva había 13 hombres y en el año 2008 según datos del Observatorio Nacional de VIH, se estima que por cada mujer VIH+ hay 2 hombres.30 Del total de casos notificados de VIH/Sida y muerte por Sida el 70% pertenece al género masculino y 30% al género femenino, lo que indica una razón 2.1 hombre/ mujer. Se observa que dentro de la notificación de VIH/Sida y muerte por Sida en mujeres, el 75.7% de los reportes son de VIH, el 16.6% de Sida y el 7.5% de muertes por Sida.

Cantidad estimada de mujeres viviendo con VIH

En México, la razón hombre/mujer, según CENSIDA, es de 4.6 hombres por 1 mujer (Informe Nacional Avances en la Lucha contra el Sida del año 2012). En el año 2011, de las 1,171 personas nuevas diagnosticadas como VIH +, los hombres son el 61.9% y las mujeres el 38%, para una relación hombre mujer de 1.62 a 1.

La cantidad estimada total de mujeres que viven con VIH en los seis países estudiados oscila entre 400,000 y 420,000, lo que revela la gran afectación de las mujeres por la pandemia, solo en Brasil viven 240.000 mujeres, que es el 60% de todas.

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

En Argentina los casos acumulados son 54,418 mujeres lo que corresponde al 37.5%, hay 20,407 mujeres positivas al VIH al año 2010. La estimación es que hay 6.7 mujeres positivas la VIH x 100,000 mujeres.32

año 2000 cerca de 300,000 mil mujeres se hacen prueba de carga viral y conteo de Cd4.42 En Colombia se estima una cobertura total de terapia antirretroviral en personas con VIH avanzado de 34%, con un rango de 26% a 45% en el año 2010. El número de personas que reciben terapia antirretroviral al año 2010 fue de 29.803.43 También se estiman 50.820 personas que requieren TAR y 19.090 reciben tratamiento para una cobertura estimada de 37.5%.

En Brasil viven 240,000 mujeres con el VIH, la tasa de prevalencia de la infección con VIH en la población entre 15 y 49 años se calcula estable desde 2004 en 0.6%, el 0.4% es en las mujeres y el 0.8% en hombres.33 El porcentaje de mujeres colombianas de 15 años y más viviendo con VIH en el año 2009 es de 33%.34 El número de mujeres de 15 años o más al año 2009 fue de 50,000 con un rango entre 38,000 a 65,000.35

En México la Secretaría de Salud reporta 11,027 mujeres en tratamiento antirretroviral al segundo trimestre del 2012.44 De las 106 embarazadas con VIH que de nuevo ingresó en el 2011, 100 recibieron profilaxis para disminuir la transmisión materno infantil, para un 94%. De las personas que reciben ARV según sexo, el 63.3% son hombres y 34.6% mujeres.

México reporta que viven 220,000 personas con VIH, de las cuales 59,000 son mujeres; hay 28,163 casos notificados de Sida en mujeres al 30 de junio del 201236 que asciende al 27% del total.37

Casi todos los Medicamentos Antirretrovirales en República Dominicana están siendo cubiertos por el Fondo Mundial de VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria, financiamiento que concluye en 2015, fecha en la cual el Estado asumirá el 100% de los medicamentos mediante un proceso que deberá iniciar con el 30% a junio de 2013, que asciende a U$1,550,000.45 De acuerdo a estimaciones de la OPS, la dependencia de parte de la cooperación internacional para el Tratamiento Antiretroviral es significativa, representando de 75% a 100%.46

En República Dominicana las mujeres de 15 a 49 años de edad que vivían con VIH/Sida al año 2007 eran 24,245 y descendieron en 2011 a 22,765.38 La cantidad estimada de mujeres que viven con VIH en República Dominicana oscila entre 32,000 y 34,630, es decir que entre el 56.1% y el 60% de las personas.39

Cantidad o porcentaje de mujeres que reciben tratamiento antiviral sobre el total de mujeres portadoras del VIH Aunque todos los países contemplan la oferta de tratamiento antirretroviral para embarazadas, en el seguro social de República Dominicana es excluido. No ha sido posible estimar fehacientemente la cobertura de tratamiento antirretroviral para las personas ni para las mujeres con infección por el VIH avanzada que necesitan tratamiento.

Para 2009 las estimaciones de personas con la infección por VIH avanzada era 19,410, de las cuales 7,820 son hombres y 11,590 mujeres; 12,912 adultos y 873 niños estaban en tratamiento con Antirretrovirales para una cobertura del 71%.47 La cobertura de las mujeres embarazadas con terapia antirretroviral fue de 46.9% del total estimado de embarazadas con VIH.

En 2011 en Argentina el Programa Nacional de Sida comprobó que de las aproximadas 30,000 personas en tratamiento provisto por el Ministerio de Salud, el 41% eran mujeres.40

Existe atención en Salud Sexual y Reproductiva a personas que viven con VIH

En 1996 en Brasil se promulgó la Ley sobre la distribución gratuita de medicamentos a las personas portadoras del VIH y personas con Sida.41 Desde el

Según las leyes y las políticas y programas existentes en los países debe de existir atención en SSR a personas que viven con VIH, sin embargo en los países no

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se cumple con la atención en todas sus formas, en la mayoría no se brinda atención integral se presentan problemas que repercuten en la calidad de atención que se brinda.

diagnosticado, por lo que los reportes oficiales tienen un importante subregistro. Con respecto a la transmisión vertical en Nicaragua en 2011, había 95 niños/as con resultado positivo al VIH.

En Argentina existe atención en salud sexual y reproductiva a personas que viven con VIH pero con dificultades.48 Es habitual que a las mujeres viviendo con el VIH o Sida no las atiendan porque se cree que no deben tener hijas/os. En otros casos los profesionales del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable creen que solamente deben usar condones, no aceptan informarles sobre otros métodos.

En República Dominicana la atención a personas VIH positivas se ofrece a través de las Unidades de Atención Integral. A nivel del sistema público de salud, la prestación de los servicios para las personas viviendo con VIH/Sida es mayoritariamente a través de 73 centros de salud con servicios de atención integral de VIH/Sida donde se provee seguimiento y tratamiento antiretroviral a las personas VIH positivas. También organizaciones de la sociedad civil proveen servicios de atención, prevención y cuidados paliativos.

Desde 1997 con la inauguración en Brasil del primer Centro de Pruebas y asesoría VIH y de la consolidación de la asesoría como una práctica decisiva en la prevención de las ITS, las investigaciones sobre los servicios de pruebas han indicado que el CTA es muy pertinente por su capacidad informativa y de atención a los usuarios.

Prevalencia de ITS En 2010 se hizo un estudio de sífilis y VIH en puérperas en Argentina que reportó la prevalencia de sífilis en mujeres estimada en 1.3% en todo el país.50

En Colombia la atención de salud sexual y reproductiva está incluida dentro del Plan Obligatorio de Salud, incluyendo la entrega de preservativos a las personas con VIH o ITS. También están incluidas las pruebas rápidas para sífilis, la reubicación de las pruebas de tamizaje para VIH en el primer nivel de atención y de pruebas confirmatorias en el segundo nivel de atención, la compra de insumos para el funcionamiento de la Estrategia para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH dirigido a las gestantes no afiliadas al sistema.49

En Brasil, según estimaciones de la Organización Mundial de Salud la cantidad anual de infecciones de transmisión sexual se manifiesta de la siguiente manera: Sífilis 937,000, Gonorrea 1,541,800, Clamidia 1,967,200, Herpes genital 640,900, HPV 685,400. Entre 1999 y 2011 se notificaron 343,853 casos de hepatitis viral.51 En Colombia la ENDS 2010 reportó que de 43,966 mujeres encuestadas que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses el 9% tenía problemas supuestamente relacionados con ITS. De éstas, 77% acudió para su tratamiento a un hospital, clínica o establecimiento de salud, el 6% a un médico particular, el 5% a una farmacia o droguería y el 1% acudió a Profamilia.52

En los programas específicos de VIH y de salud sexual y reproductiva en México no se menciona la salud reproductiva de las mujeres con VIH, la integración de la misma se reduce a la promoción del condón y a apoyos limitados para que las mujeres con VIH puedan ejercer su derecho a decidir sobre tener hijas e hijos. No se ofrecen ni anticonceptivos ni asesoría integral sobre embarazo seguro en todos los niveles de los servicios públicos.

En Nicaragua en 2011 se reportan 2,400 eventos de ITS, para una tasa de incidencia nacional de 40.8 x 100,000, presentando un incremento de 5% con respecto a 2010. Las infecciones de transmisión sexual más frecuentes son Condiloma acuminado: 46%, Gonorrea: 35.4%, Sífilis adquirida: 14.5 %, y un caso de Sífilis congénita. La Gonorrea y Condiloma acuminado concentran el 81% de las ITS; existe una

En Nicaragua el MINSA reconoce que solamente logran diagnosticar el 53% de las embarazadas esperadas, es posible afirmar que un gran porcentaje de recién nacidos/as VIH+ continuará sin ser

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<Volver inicio> baja notificación y búsqueda de la sífilis congénita. Según grupos etarios, son mayormente afectados los de 15-29 años con 1,082 casos, concentrando el 57% del total de las ITS. Cabe señalar que el riesgo de infección por Condiloma es mayor en el sexo femenino en este grupo de edad, con el 78%. El 53% de las ITS se registran en mujeres y el 47% en hombres.

Seguridad Social excluye de manera explícita los ARV de la Seguridad Social.

Leyes y políticas en contra de la estigmatización y discriminación ante el VIH y el Sida En tres países la legislación se centra en la protección de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH o Sida, también en tres países se cuenta con leyes contra la discriminación.

En República Dominicana, según ENDESA 2002, el nueve por ciento de las mujeres entrevistadas sexualmente activas padeció alguna ITS en el último año. La prevalencia fue mayor entre las adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, en la población de la zona rural y en mujeres con educación primaria de quinto a octavo grados.53

En Argentina la Ley y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable incluyen políticas antidiscriminación.56 En lo laboral existe el rechazo a aceptar personas que viven con el VIH. En las escuelas se redujo la discriminación pero aún hay problemas en la aceptación de niñas y niños con VIH por parte de los familiares del resto de la clase.

Disponibilidad y cobertura de antirretrovirales en el sistema de salud Los seis países estudiados señalan que está establecido en las normas y protocolos el acceso a antirretrovirales en el sistema de salud, sin embargo, las personas usuarias son sometidas a un proceso lento y fastidioso para obtenerlos, lo que ha repercutido en que finalmente desistan.

Brasil es signatario de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/Sida de ONUSIDA que establece el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con el VIH/Sida. En Colombia en noviembre de 2011 se sancionó la ley 1,482 por medio de la cual se modificó el Código Penal y establece que las personas que incurran en actos de discriminación por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo y orientación sexual, sufrirán drásticas sanciones tanto penales como económicas. Esta ley recientemente promulgada aún no ha sido reglamentada pero es un gran avance en la calificación del marco legal para proteger los derechos sexuales y reproductivos de la población LGTBI y de personas viviendo con VIH.57

En Argentina la ley nacional obliga la cobertura gratuita en el VIH y las drogas por parte de Obras Sociales y Prepagas o seguros privados. Desde 1996 en Brasil se decidió suministrar tratamiento Antirretroviral gratuito a todas las personas viviendo con Sida54 lo que se encuentra normado en la Política Nacional sobre Enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el Sida. En Colombia los Antirretrovirales se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.55 ONUSIDA estima que México tiene una cobertura de Antirretrovirales del 57% en personas con VIH, no se han conseguido los datos desagregados por sexo. A fines de 2011 de las 1,686 personas en terapia 1,595 son adultas y 91 niños/as. El estimado de personas que necesitan Antirretrovirales es de 2,730 entre adultas y niños/as, pero solamente se alcanza una cobertura del 62%.

A pesar que en México se cuenta con legislación de no discriminación, el mayor número de violaciones a los DDHH de las personas viviendo con VIH están relacionadas con el ámbito laboral, donde se exigen pruebas diagnósticas para contratación, además, se viola la confidencialidad del diagnóstico y se discrimina a las personas en todos los niveles de atención de los servicios de salud por su estatus serológico, con consecuencias que llegan hasta la muerte ocasionada por la negación o dilatación del servicio, lo que ocurre con mucha frecuencia.

En República Dominicana la Ley 135-11 sobre el VIH/Sida garantiza el acceso a los Antirretrovirales pero el Reglamento 002 del Consejo Nacional de la

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En Nicaragua, a pesar de que la ley 238 tiene como objetivo principal la promoción y protección de los DDHH de las personas viviendo con Sida, en la práctica no garantiza la no discriminación en la atención de salud en términos de orientación sexual, vías de transmisión, nacionalidad, edad y actividad sexual.

características y necesidades regionales, y brinda el apoyo financiero para la implementación y desarrollo de los programas de formación a docentes. En México, a pesar de que se han presentado diversas propuestas de Ley, no ha sido posible que la educación sexual para adolescentes y jóvenes se apoye en la Constitución Política, en la Ley General de Educación y la Ley Nacional para la Protección de niños, niños y adolescentes que se basan en los tratados internacionales como el PIDCP, PIDESC, CDN y la CEDAW y en tres documentos internacionales como el PA de la CIPD, la Declaración de Compromisos en la lucha contra el VIH/Sida y en la Declaración Prevenir con Educación.

En República Dominicana se sanciona el estigma y la discriminación contra personas VIH+ según la Ley 135-11, es decir, se garantiza la no discriminación y trato digno, se sancionan las prácticas discriminatorias o estigmatizantes en el ámbito público y privado en contra de las PVVS, familiares y allegados.

Adolescentes: Educación Sexual y Derechos Sexuales

En Nicaragua el Código de la Niñez y la Adolescencia establece desde 1998, en lo concerniente a la información, que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio cuerpo a la sexualidad responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa”.62 No ha sido respetado por ninguno de los gobiernos y más bien las consecuencias de no contar con educación sexual la sufren las adolescentes mujeres con altísimos porcentajes de VIH y de embarazos no planificados.

Legislación sobre educación sexual En Argentina58, Brasil59, Colombia60 y Nicaragua61 existe legislación a través de la que se norma jurídicamente la educación sexual. Cada una tiene sus particularidades en dependencia de los avances e importancia con que los Estados y gobiernos asumen esta obligación. Los enfoques y niveles contenidos en estas leyes son asumidos de manera diferenciada por los establecimientos de educación en cada país. En Argentina la ley no se ha implementado totalmente por lo que constituye un problema. El Ministerio de Educación de la Nación ha elaborado los materiales para capacitar al personal y también para usar en las actividades directas con el alumnado en cada nivel desde el pre-escolar hasta el terciario.

La Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia fue aprobada en el año 1996 y reformada en 200163 pero sin embargo no menciona que deben existir en los servicios de salud normas o protocolos específicos para estos rangos etarios con atención de calidad. La Política de Protección Especial a los Niños, Niñas y Adolescentes aprobada en el año 2006 con principios, objetivos y estrategias que las instituciones del Estado y la sociedad en general deben incorporar a fin de resguardar y restituir el goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes ante amenazas o violaciones de los mismos. La existencia de ambas políticas no ha significado ni reconocimiento ni respeto por los derechos de adolescentes en Nicaragua, especialmente en la esfera de la sexualidad, la reproducción y la no violencia.

En Brasil la educación sexual es un tema transversal en la educación básica que abarca múltiples y distintas dimensiones e identidades, de tal forma que reúne información científica y promueve principios éticos que garanticen la comprensión subjetiva de su identidad y los guíen en sus opciones sexuales y afectivas. En Colombia la ley, en el marco de la descentralización y autonomía regional, establece competencias de cada institución educativa con el acompañamiento de la respectiva Secretaría de Educación para formular sus propios proyectos de acuerdo con las

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En República Dominicana no existe legislación que norme o establezca la Educación Sexual.

indica que de 989 universidades, 41 ofrecen 68 cursos de pedagogía entre los cuales la temática de la sexualidad está presente en alguna disciplina. No obstante, en la mayor parte de estas universidades es ofrecida como “optativa”, de tal modo que no es obligatorio realizar el curso. Sus contenidos abarcan género, cuerpo/corporeidad, diversidad sexual, biología/educación, salud/educación y no meramente “educación sexual” o “sexualidad”.65

Implementación del marco legal sobre educación sexual: conflictos y sectores contrarios al acceso a información sobre salud sexual y reproductiva En todos los países se refiere como conflicto la injerencia religiosa –de forma particular la jerarquía católica- lo que incide negativamente para que adolescentes y jóvenes puedan tener acceso a información sobre temas de salud sexual y salud reproductiva, por lo que el embarazo en la adolescencia, las ITS, el VIH y el Sida continúan sin efectivas medidas de prevención, así como que adolescentes y jóvenes varones no asuman con responsabilidad su sexualidad.

En Colombia hay dificultades para garantizar la cualificación de los docentes en todos los temas que se han definido como parte de ejes transversales en calidad de la educación, incluyendo el tema de la educación sexual. Adicionalmente, hay dificultades para articular estos proyectos en cada Institución educativa, con otros programas que abordan el tema como las Escuelas Saludables y la Red del buen trato. Uno de los grandes problemas es la oposición en los colegios de filiación religiosa para implementar de manera adecuada los programas de educación sexual.

En Argentina 2010-2011 este derecho no está garantizado en las escuelas, ni siquiera en las provincias que cuentan con leyes propias de educación sexual y tienen la discusión más avanzada. Principalmente se debe al conflicto con la iglesia católica64 y otros sectores conservadores religiosos y/o políticos. Las excepciones son la provincia de Santa Fe que es la que más ha avanzado; en La Pampa se ha avanzado pero no tanto. La demora es muy grande y hay excepciones según los directivos de las escuelas.

En México hay conflicto directo con la Secretaría de Educación, fue necesario presionar para que no eliminaran los temas de educación sexual y derechos sexuales del currículo formal. Además, se invierte muy poco en la capacitación de maestros y maestras en especial con el enfoque de género y derechos sexuales que son novedosos y no los comprenden el profesorado. En los años 2007 y 2008 la Secretaría de Educación compró y distribuyó libros paralelos al libro oficial opuestos al marco legal, con valoraciones religiosas en vez de científicas sobre los métodos anticonceptivos y la efectividad del condón.

En Brasil existen muchos conflictos por la implementación de las políticas de educación sexual en las escuelas. Ya hubo varios esfuerzos de parte del gobierno para poner en práctica estas políticas, pero siempre se ven obstaculizadas por la iglesia católica que no acepta que el Ministerio de Salud avance en esta área. Aun considerando que la Constitución Federal de 1988 declara que el Estado es laico, las jerarquías de la iglesia sigue siempre como un factor de control, presión y retroceso para la ejecución de cualquier política relacionada con estas cuestiones.

En Nicaragua, durante la década de los 90 y posterior a la CIPD, los sucesivos gobiernos manifestaron su oposición a la educación para adolescentes y jóvenes desde las instituciones estatales, aduciendo que los padres no deben “enajenar” en el Estado un asunto que compete exclusivamente “a la familia”. Al respecto, en el decreto de creación del Ministerio de la Familia se sostiene “que el Estado reconoce que los padres son los primarios y principales educadores....”.66

Existen muchos estudios académicos sobre la educación sexual en Brasil y la formación de docentes en el área de la educación que destacan importancia de la formación de docentes. El Ministerio de Educación

En febrero de 2002 el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue retirado del MINSA por

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presiones de las jerarquías eclesiásticas, Nicaragua pasó 4 años sin programa alguno en la esfera de la sexualidad y la reproducción. También en el año 2003 el Ministerio de Educación retiró por mandato de la jerarquía católica el “Manual Para la Vida” de educación sexual para el profesorado. Los grupos católicos autodenominados “pro vida”, grupos evangélicos y el arzobispado hicieron una intensa campaña contra el manual acusando al Ministerio de “promover el aborto y la homosexualidad y pretender disolver las familias”.67 El Cardenal celebró el retiro del manual anunciando que contaba con “una comisión de moralistas y teólogos para rehacer el documento”.

derechos, la promoción de la equidad de género y el conocimiento de los derechos sexuales. En Nicaragua durante la década de los 90 grupos de presión en nombre del Estado se opusieron en todos los foros internacionales a que adolescentes y jóvenes cuenten con servicios de salud sexual y reproductiva pues “violan la patria potestad”, dado que los padres deben conocer el tipo de consultas realizan y qué atención reciben, violentando la confidencialidad y el respeto que merecen adolescentes y jóvenes. Negaron y continúan sin reconocer la magnitud de la epidemia del VIH/Sida y su impacto en adolescentes y jóvenes, durante más de una década plantearon que Nicaragua era el país de Centroamérica con la menor cantidad de personas positivas y se opusieron públicamente al uso de condones para la prevención del VIH/Sida, diversos asesores hablando en nombre del gobierno publicaron artículos periodísticos atacando el uso de condones y la educación sexual moderna y científica, el uso de métodos anticonceptivos modernos y los derechos ciudadanos de la adolescencia y juventud.

En República Dominicana las dificultades para adoptar un marco legal de educación sexual son producto de la injerencia de la jerarquía eclesial católica en las decisiones de políticas públicas en el campo de la salud, la sexualidad y la reproducción, sustentado en la existencia del Concordato entre el Vaticano y la República Dominicana firmado en el año 1954 durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo.

Educación formal y la inclusión de la educación sexual desde una perspectiva de DDHH

Presupuesto público destinado a la educación sexual Colombia es el único país que incluye en las líneas presupuestarias de forma desagregada asignación específica para la educación sexual.

No hay homologación en los países en cuanto a la inclusión de la educación sexual desde una perspectiva de Derechos Humanos en la educación formal como parte de los programas oficiales de educación. Se destaca que los países paulatinamente han tomado medidas para abandonar el enfoque paternalista y de percepción de riesgo por el enfoque de derechos que reconoce a adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y está dirigido a asegurar su libertad, la toma de decisiones responsables, promoviendo su ciudadanía como actores sociales.

Situación legal de adolescentes en materia de acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva. Servicios diferenciados para adolescentes con cobertura nacional En algunos países se promulgaron nuevas leyes en que se incorpora el enfoque de los derechos reproductivos y de la salud sexual y reproductiva. En todos los países se asume como base legal del derecho de adolecentes y jóvenes a información, educación y servicios la Convención de los Derechos del Niño la cual tiene rango constitucional sin embargo las leyes, reglamentos, normas, planes y programas no recogen las verdaderas necesidades e intereses de adolescentes y jóvenes.

En Brasil se encuentra incluida la perspectiva de los DH pero no se cumple por los conflictos religiosos; los programas que se desarrollan incluyen aspectos de equidad y no discriminación. En México se encuentran normados a través de la curricula de Formación Cívica y Ética que contempla explícitamente a adolescentes como sujetos de

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<Volver inicio> Es así como en Argentina se cuenta con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes68 que garantiza el derecho a su salud integral, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable69 y la Ley de Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.70

la mayoría de la población y por consiguiente por adolescentes y jóvenes. A partir de 1995 se definió un Modelo de Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescencia. Se integraron servicios y actividades tales como el marco regulatorio y el sistema de información del Programa Nacional de Adolescentes, se creó la Comisión y el Plan de Intervención de la Comisión Nacional de Adolescentes, se definió el Plan Nacional de Atención a las y los Adolescentes y se implementaron clínicas y casas municipales para adolescentes y en el Hospital Berta Calderón. A pesar de este extenso conjunto de normas y disposiciones, en la mayor parte de los servicios públicos de salud no existe una atención diferenciada para adolescentes, quienes en términos de políticas de población y desarrollo debieran ser el grupo priorizado. Los Planes Estratégicos Nacionales para la Prevención del VIH/Sida no establecen disposiciones especiales para el abordaje en la adolescencia, a pesar de la franca feminización de la epidemia entre las mujeres adolescentes.

En Brasil desde 1989 fue instituido el Programa de salud adolescente para promover la salud integral, normar las acciones en las áreas prioritarias incluyendo la sexualidad y la salud reproductiva.71 Además se ha creado el programa Nacional de Salud integral para adolescentes que implementa la atención integral adaptable a la realidad local en cada una de las regiones del país.72 Colombia a través del Ministerio de Salud ha avanzado en la conformación de un modelo para adecuar las respuestas de los servicios de salud a las necesidades de adolescentes y jóvenes creando servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes con énfasis en salud sexual y reproductiva.

En República Dominicana los programas no tienen cobertura nacional lo cual es coincidente con el hecho que no existe una legislación que establezca la obligatoriedad de servicios dirigidos a adolescentes y jóvenes. Hay acciones dirigidas fundamentalmente a prevenir y atender el VIH y el sida en esa etapa.

En materia de servicios públicos de salud en México se cuenta con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, también con Servicios Amigables para Adolescentes a nivel nacional, de la Secretaria de Educación Pública. Los programas destinados a adolescentes tienen como objetivo promover acciones de información, educación y comunicación para sensibilizar a las diferentes audiencias sobre la importancia de la prevención, la adopción de conductas saludables en salud sexual y reproductiva para disminuir los riesgos de prácticas sexuales sin protección y difundir los beneficios de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos responsablemente.

Gama de servicios para adolescentes Pese a que es evidente la necesidad de incrementar la difusión de información en materia de salud sexual y salud reproductiva desde edades muy tempranas, así como de ampliar los servicios para adolescentes y jóvenes a fin de garantizarles el acceso a la salud integral, la educación de calidad, oportuna y científica y a una vida digna, existen desigualdades en cómo asumen este compromiso los países en estudio. La situación de adolescentes y jóvenes no se resuelve únicamente con la existencia de los servicios, sino también con su adecuación a sus necesidades y la aceptación por parte de usuarias y usuarios además de su accesibilidad geográfica, económica y conceptual.

Antes de 1998, Nicaragua no contaba con una normatividad jurídica que promoviera el derecho de las y los adolescentes a contar con información y servicios de salud sexual y reproductiva; sin embargo el Código de la Niñez y Adolescencia no establece disposiciones sobre servicios de salud sexual y reproductiva. Desde el año 2002 la Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud73 establece que las instituciones de salud deben garantizar a las y los jóvenes la existencia de servicios, la misma es desconocida para

En Argentina el Programa promueve y difunde los derechos de adolescentes a acceder al sistema de

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salud en forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto de la confidencialidad. En relación con los servicios diferenciados el Ministerio de Salud generó y distribuyó la Guía de Recomendaciones para la Atención Integral de Adolescentes en Espacios Amigables y de Calidad.

niñas embarazadas de ese mismo rango etáreo y a 3,887 adolescentes embarazadas de 15 a 19 años. Por su parte en República Dominicana entidades como el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de los y las Adolescentes plantea que se debe brindar atención integral en forma oportuna, continúa y humana a través de la promoción, protección y mantenimiento de la salud física, mental y social para contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad de adolescentes.

En Brasil existe una oferta amplia de anticonceptivos y se cuentan con programas específicos para atender a adolescentes y jóvenes de ambos sexos, existiendo un especial énfasis en los servicios que se brindan sobre VIH/Sida. El acceso a los métodos anticonceptivos se realiza a través del sistema de atención primaria de salud y aunque no existen barreras formales su acceso ni a la anticoncepción de emergencia, hay interferencia de las autoridades de salud por motivos religiosos y conservadurismo. La distribución de condones se hace libremente, incluso en las escuelas pese a las acciones de grupos conservadores y fundamentalistas contra estas medidas.

Los servicios ofertados a través de las diferentes instituciones son: anticonceptivos, violencia sexual, explotación sexual, infecciones de transmisión sexual, VIH/ Sida, violencia dentro de la pareja, comportamiento sexual responsable, atención prenatal, consejería, promoción y educación en salud, Ginecología y detección precoz de cáncer cérvico uterino, monitoreo del crecimiento, desarrollo y maduración sexual. De acuerdo a información del Ministerio de Salud Publica sólo el 50% de las Direcciones Provinciales de Salud del país han incorporado la atención diferenciada de adolescentes en por lo menos un establecimiento de su red de servicios y de estos solo un 17% están funcionando adecuadamente.

En Colombia se observan avances significativos en la atención de adolescentes ya que se cuenta con Oferta de Servicios Individuales que contempla Asesoría y Consulta en Medicina General, Salud Sexual y Salud Reproductiva, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Métodos Anticonceptivos, Prevención y Atención de la Violencia, del VIH y el Sida. Oferta de Servicios Colectivos que incluye, charlas, grupos de aprendizaje y grupos de interacción entre pares, incluye también un sistema de referencia y contra-referencia vinculado a otros servicios de salud y a otras organizaciones públicas, privadas o comunitarias y loa servicios de extensión que posibilitan el seguimiento a casos concretos o específicos.

El Proyecto Mujer, Juventud y Salud da cuenta que, a pesar con un marco legal que promueve y protege los derechos de adolescentes y jóvenes, estas legislaciones no han sido debidamente difundidas y son escasamente conocidas por la población general. Algunos de los mecanismos para la aplicabilidad de estas leyes no han sido puestos en marcha, lo que limita el cumplimiento de las mismas. Tal es el caso de la expulsión de las adolescentes de las escuelas por su condición de embarazadas, cuando la Ley 136-0375 lo prohíbe.

En México los servicios incluyen acciones de prevención, información y uso de métodos anticonceptivos para adolescentes.

Derechos reproductivos en personas jóvenes

En Managua funciona el Centro de Salud Reproductiva para Adolescentes en las instalaciones del Hospital Bertha Calderón. En el año 2011 este informa que ha atendido a 10,240 usuarios/as de las cuales el 98.4% son mujeres, entre ellas el 6.1% tiene de 10 a 14 años y el 93.8% entre 15 a 19 años.74 Se reportan 9 niñas “casadas” de 10 a 14 años. Atendió a 155

El derecho a decidir sobre el número de hijos/as y el espaciamiento de los nacimientos, así como a acceder a la información y a los medios para hacer efectivo ese derecho, está presente con mayor o

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menor amplitud en las Constituciones de Argentina, Brasil, Colombia y México.

Salud Sexual y Reproductiva con radio de acción al sur occidente colombiano. Es una de las entidades pioneras en el servicio de atención integral a víctimas de violencias sexuales. Los servicios que se ofrecen garantizan la atención integral de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. De igual manera se brinda servicio integral gratuito de atención a víctimas sobrevivientes de violación y de abuso sexual. El servicio incluye atención médica y psicológica y una asesoría básica en aspectos legales, en los casos en que las víctimas decidan denunciar.

Por su parte en México -al igual que en Nicaragualos principios que fundamentan las acciones para promover el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y la garantía de acceso a los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva están reconocidos en la Política Nacional de Población. En Argentina se percibe un alto grado de discrecionalidad en los servicios de atención de adolescentes en los hospitales públicos. Si bien la ley establece la entrega de anticonceptivos sin restricciones a partir de los 14 años esto no se cumple en la mayoría de los efectores públicos, lo que depende del/la profesional a cargo, en otros es política del servicio pedir la compañía de un adulto como condición para la entrega de anticonceptivos76 u otros requisitos que no corresponden y constituyen barreras importantes para adolescentes.

Desde la aprobación de la despenalización del aborto por 3 causales en 2006, la Fundación brinda además apoyo a mujeres que solicitan la IVE para que hagan valer sus derechos ante las entidades de salud. En México la legislación existente es instrumental para la creación del Instituto de la Juventud Nacional. Esto ha implicado vacíos legales sobre el reconocimiento directo de los derechos reproductivos y salud sexual de las personas jóvenes, principalmente en el margen de mayor o menor de edad y en su titularidad de derechos en los relacionado al ejercicio de sus sexualidad.

El gobierno de Brasil en 2006 elaboró un marco conceptual de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y adultos jóvenes, que figuran en la publicación “Los derechos sexuales, derechos reproductivos y anticoncepción” del Ministerio de Salud.77 En este documento se prevé el respeto de los derechos en el marco de los derechos humanos y el derecho a una atención libre de prejuicios y coerción.78

En este sentido los derechos reproductivos de las personas jóvenes están vinculados a legislaciones generales donde se hacen menciones específicas de la población. La Ley General de Educación y la Ley General de Salud sólo se refieren al ejercicio responsable de la sexualidad, la planificación familiar y la información sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años.

En Colombia han sido muchas las iniciativas, programas y proyectos ejecutados en materia de salud sexual y reproductiva, la mayoría con una orientación puramente preventiva y una visión sectorial centrada en una perspectiva biologicista, mediante la promoción y distribución de métodos de anticoncepción ante grupos poblacionales así como campañas para el control de las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo éstas no siempre han hecho una clasificación de los grupos poblacionales por edades, género y orientación sexual y han pasado por alto aspectos fundamentales como la promoción de derechos y las características socioculturales diversas de la población colombiana, las que inciden en los comportamientos sexuales.79

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua la Ley 392 de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud establece “que se debe contribuir a una educación sana y responsable que promueva el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, la paternidad y la maternidad responsable y sin riesgos, así como la prevención de enfermedades de transmisión sexual”. El derecho a la continuidad de la educación de las niñas, de las adolescentes embarazadas o de las madres está establecido en el Código de la Niñez desde 1998 y en la Ley 392, que define que se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria así como la no exclusión de jóvenes del sistema estatal de educación por razones de sexo,

La Fundación Servicios Integrales para la Mujer, SI Mujer, desde hace 28 años brinda servicios en

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y que las adolescentes en particular no deben quedar excluidas por razones de embarazo o lactancia.80 Ambas leyes no se cumplen y frecuentemente las adolescentes son separadas del sistema educativo por embarazos.

En el conjunto de la región, el grupo de 15-29 años tiene un peso relativo de 28% dentro de la población total, un porcentaje significativo que indica que los servicios y atención de salud tienen una importante competencia, proveniente de la demanda insatisfecha debido, entre otras causas, a las diferencias sociales, las altas tasas de fecundidad, la pobreza y la cobertura incompleta.

Por su parte, en República Dominicana los derechos reproductivos si bien están contemplados en la Ley de la Juventud, en la Ley de VIH/Sida, y en el Código sobre derechos fundamentales de Niñas, Niños y adolescentes, en la práctica no se implementan, afectando fundamentalmente a las mujeres. Por ejemplo el Plan Estratégico de Prevención de Embarazo en Adolescentes plantea que en el caso de la deserción escolar, el principal motivo referido por la población masculina estuvo relacionado con factores endógenos del sistema. Mientras que una proporción importante de muchachas abandonó la escuela para casarse y un 37.2% por embarazo.

En Argentina adolescentes y jóvenes tienen acceso a información, educación y servicios, sin embargo, no está definido si su condición civil es un factor determinante para este acceso. En las provincias de Misiones, Mendoza, San Luis, La Pampa, Jujuy, Salta, Córdoba y el municipio de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires, al menos uno de los efectores u hospitales públicos realiza actividades educativas y/o lleva adelante estrategias de captación activa de esta población. Estas actividades casi siempre se realizan a partir de la iniciativa personal de los involucrados y no por una programación institucional.82 Pero esta no es general en todo el país. Más que la condición de casadas o no, el problema es que si ya están embarazadas y/o tienen hijas/os, recién a partir de ese momento comienzan a ser atendidas.

Se continúa discriminando a adolescentes embarazadas en el sector educativo, pese a la Ley 136-03.81 Por otro lado falta regulación de medios de comunicación en relación al manejo de adolescentes y la sexualidad y utilización de la imagen femenina como objeto sexual. Es así como en términos generales los derechos sexuales y derechos reproductivos no son incorporados ni concretados en políticas públicas.

En Brasil los servicios específicos diferenciados para jóvenes forman parte de la atención integral de la salud de niños y adolescentes. El Ministerio de Salud desarrolla campañas de información sobre el derecho a la Salud Sexual y Salud Reproductiva, acciones para jóvenes y financia actividades en los Estados y municipios; las organizaciones de la sociedad civil también desarrollan acciones en la misma dirección.

Acceso a información, educación y servicios para jóvenes no casados/as Adolescentes y jóvenes de ambos sexos están teniendo acceso a información, educación y servicios no por voluntad de los gobiernos, sino porque las organizaciones de mujeres desarrollan programas de prevención, atención y capacitación y por la preocupación ante la situación del embarazo adolescente, la feminización de la pandemia del VIH y el Sida y la alta tasa de incidencia de la violencia contra las mujeres en todas las etapas de su vida.

Según el Informe de medio término del convenio de cooperación con Colombia del UNFPA, después de identificar la existencia de múltiples barreras para que adolescentes y jóvenes accedan a información y servicios para que puedan tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Protección solicitó al UNFPA el desarrollo de un Modelo de servicios de salud que responda a las necesidades de esta población.

A pesar de las acciones desarrolladas por las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, estas no son suficientes al no tener capacidad humana y financiera para una amplia cobertura de toda la población adolescente y joven.

El modelo diseñado establece los mecanismos para que las instituciones de salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la

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<Volver inicio> población entre 10 y 29 años. Después de un amplio y continuo esfuerzo de transferencia de conocimientos, el 92% de las Direcciones Territoriales de Salud han implementado el Modelo de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. Al finalizar el 2010 existían 654 Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en el 45% de los municipios. En el 76% de los municipios focalizados por el UNFPA existe al menos una Empresa Social del Estado que cuenta con un Servicio Amigable. En Bogotá a través del trabajo realizado con la Secretaría Distrital de Salud, en la actualidad existen 30 servicios de este tipo en funcionamiento.

Derechos Fundamentales de los Niños establece que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser materia de salud, nutrición, estimulación temprana, desarrollo físico, salud sexual y reproductiva, higiene, saneamiento ambiental y accidentes. Asimismo, tanto ellos como sus familiares inmediatos, tienen el derecho a ser informados, de forma veraz y oportuna, sobre su estado de salud, de acuerdo a su etapa y nivel de desarrollo”. En un estudio sobre “Patrones de comunicación y percepción de los y las adolescentes y sus madres, padres o cuidadores sobre barreras en las acciones de salud sexual reproductiva en la República Dominicana”84 se encontró que cuando se trata de decisiones sobre sexualidad el 53.4% de los y las adolescentes respondió que sus madres/padres son las personas que más influyen en ellos. A éstos le siguieron amigos 21.8%, profesores 5% y los medios de comunicación 3.8%; en menos proporción el internet 0.8%, la persona misma 0.8% u “otros” 0.1%.

En México, si bien se abrieron Casas del Adolescente a nivel municipal y un servicio especializado de atención en Salud Sexual y Salud Reproductiva para Adolescentes en Managua, el enfoque adultista limitó seriamente la afluencia de esa población meta, haciendo poco exitosa la iniciativa. Simultáneamente las organizaciones de mujeres crearon centros para la educación y la atención de la adolescencia, desde la perspectiva de género y generacional que sobreviven con el exclusivo esfuerzo de sus integrantes dado que la cooperación internacional se ha retirado casi por completo de Nicaragua, la falta de apoyo gubernamental ha sido constante desde inicios de los años 90.83

El 48% dijo haber tenido una conversación con sus madres/padres acerca de retrasar el inicio de las relaciones sexuales y evitar el embarazo en la adolescencia, el 48% de adolescentes respondió que sí y el 42% respondió que no habían tenido ese tipo de conversación. Igualmente el 37% dijo que rara vez había conversado con sus madres o padres acerca de evitar el embarazo, el 32.8% informó que conversan sobre el tema cada vez que tienen la oportunidad y 18.9% respondió que con mucha frecuencia conversaban sobre este tema. Cuando se trata de hablar sobre temas relacionados a la sexualidad, el 52% de adolescentes consideraron que los padres, madres o tutores muchas veces no saben qué decir, cómo decirlo, o cómo comenzar.

No existen instancias ni mecanismos que aseguren la incorporación de adolescentes a las decisiones programáticas sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos. Existe el Consejo de la Juventud adscrito a la Presidencia de la República y el Instituto de la Juventud que no han emprendido acciones destinadas a lograr que las organizaciones de adolescentes puedan estar representadas a nivel de toma de decisiones sobre ningún aspecto de su salud. Solamente participan organizaciones para-partidarias, dejando de lado a numerosas organizaciones independientes de adolescentes y jóvenes.

El 52.1% de adolescentes manifestó desacuerdo que el embarazo en la adolescencia y la paternidad/maternidad fuese un problema en su comunidad, mientras que el 28.2% sí lo percibía como un problema. Un 47% reportó nunca haber pensado en lo que sería su vida si quedara embarazada o dejara a alguien embarazada, mientras que el 29% nunca había pensado cuales serian las consecuencias de embarazar o embarazarse en la adolescencia.

En República Dominicana los programas dirigidos a jóvenes no se clasifican en función de su estado civil. El Código para el Sistema de Protección de los

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Derechos Sexuales

mayores. Según la ley el sexo con niñas menores de 14 años se considera violación.87

Derecho a elección de la pareja, iniciación sexual temprana, matrimonio precoz, matrimonio infantil, arreglos y matrimonios forzados, edad mediana y legal para el matrimonio

La edad legal para el matrimonio en Colombia es 18 años, edad determinada para adquirir la mayoría de edad. En general las parejas heterosexuales no tienen impedimentos para casarse después de los 18 años. No hay una documentación conocida que dé cuenta de prácticas sistemáticas de matrimonio forzado o de matrimonio infantil.88

Respecto de la iniciación sexual temprana, solamente en Brasil se pudo documentar que la edad mediana para el matrimonio es de 16.2 en los varones y de 17.9 en las mujeres. En cuanto al matrimonio infantil, arreglos y matrimonios forzados, se ha denunciado que al menos 65,000 niñas de 11 años están unidas en matrimonio en el país, incluso con hombres mayores. Por otra parte, solo México tiene legislación contra el matrimonio forzado.

En México, en materia de matrimonio, hay avances en el Código Civil Federal. Se reconoce la libre elección del matrimonio en el artículo 162 para los hombres y mujeres sin distinción, eliminando la coerción o los arreglos. Pero continúa aplicándose una mirada sexista adultista en lo referido a la distribución de obligaciones matrimoniales entre hombres y mujeres, así como en mayores y menores de edad. El artículo 148 determina que las mujeres jóvenes pueden acceder al matrimonio a los 14 años y los hombres a los 16 años y con consentimiento de los padres o abuelos. A pesar de que no tengan los derechos ciudadanos plenos adquieren las responsabilidades vinculantes. A las mujeres jóvenes se les brinda más discrecionalidad de derechos si estos se refieren a las responsabilidades matrimoniales, al contrario de los derechos políticos. Solo a partir del matrimonio se puede acceder a la emancipación de derechos civiles, según el artículo 641.

En Argentina de acuerdo a la Ley de Mayoría de edad85 se considera mayoría de edad a partir de los 18 años, edad en la que varones y mujeres pueden contraer matrimonio. Los llamados «menores adultos» entre 14 y 18 años, pueden contraer matrimonio con dispensa judicial es decir, no ya de sus padres y quedan emancipados a partir del matrimonio irrevocablemente más allá de la duración del mismo.86 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no tiene estadísticas nacionales de matrimonio por edad, sino por cada provincia y solo considera según edad o grupos de edad cuantos están casados. En la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada y con alrededor del 40% de la población total, en la franja de 15 a 19 años existen cerca de 8,000 matrimonios, pero en esta edad predominan claramente las uniones consensuales, representando el doble de los matrimonios en provincias menos pobladas.

En 2009, por medio de la Ley 26,579 de mayoría de edad a los 18 años, se modificó en México el Código Civil y se bajó la edad de los 21 a los 18 años y se fijó como edad mínima legal para contraer matrimonio para ambos sexos. En materia de libre elección de pareja, desde el Código Penal Federal se reconoce la protección contra el matrimonio forzado. Se aumentan las penas si la víctima es menor de edad o se persigue por oficio. Entre los 15 a 18 años, existe regulación en función que los representantes decidan si el delito fue por el engaño, el Artículo 263 se sigue usando desde los tutores en contra de la libre elección de las adolescentes de su pareja cuando es mayor de edad. Se reporta que adolescentes homosexuales son criminalizados en su libre elección de pareja por los tutores.

En Brasil es una práctica común el elegir la pareja con libertad, especialmente después de la intensa urbanización del país. La edad legal para contraer matrimonio es de 18 años. Los matrimonios de menores de edad necesitan el consentimiento del padre o tutor, siendo admitido por la justicia en casos excepcionales. Sin embargo no es una práctica los matrimonios entre personas jóvenes sin estatus legal, y se estima que hay 65,000 adolescentes de 11 años unidas en matrimonio, incluso con hombres

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En Nicaragua la edad mínima para contraer matrimonio es de 21 años para el varón y la mujer de 18 años cumplidos.89 Pero la legislación agrega que son hábiles para contraer matrimonio el varón que ha cumplido 15 años y la mujer que ha cumplido 14, otorgando a las niñas de esa edad la responsabilidad de asumir las obligaciones que el matrimonio depara a las mujeres en la sociedad patriarcal.90 No reconoce explícitamente el derecho de mujeres y hombres a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y reproducción. Las dos Políticas Nacionales de Población, aprobadas durante el gobierno Chamorro en 1996 y el gobierno Alemán en 1997, establecen que “las parejas tienen derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos”, sin embargo, ninguna de las dos políticas ha sido incorporada a la legislación.

fuera del matrimonio,92 aunque en 1987 la Constitución Política anuló este tratamiento al establecer igualdad de derechos entre los hijos e hijas, sean matrimoniales o no matrimoniales.93 Existe normatividad que reconoce a las uniones de hecho los mismos derechos que al matrimonio.94 Sin embargo, en el decreto creador del Ministerio de la Familia el Presidente de entonces se proponía en los considerandos “legalizar las uniones irregulares por medio del matrimonio”, desconociendo de hecho la legislación vigente y el libre albedrío de las personas adultas. 95 En República Dominicana la obtención de cédula de identidad legalmente es a los 18 años. La ENDESA 2007 refleja que más del 36% de las personas de 1819 años no había obtenido el documento al igual que el 11% de las de 20-24 años. La edad permitida para el matrimonio sin el consentimiento de los padres o tutores es 18 años. Sin embargo, las niñas a los 15 y los varones a los 16 pueden casarse con el consentimiento de sus padres.96 Se determinó que el 38% de las mujeres entre 25-29 años se había casado antes de cumplir los 18.97

La Constitución Política de Nicaragua reconoce la igualdad de derechos y obligaciones de madres y padres en la crianza y desarrollo de hijas e hijos91 El Código Civil de 1904 está vigente, establece dos categorías discriminatorias para los hijos e hijas: la legítima y la ilegítima, estos últimos son los nacidos Tabla 26: Edad legal y edad promedio para casarse

Edad legal y edad promedio para casarse País

Edad mediana en la 1ra relación sexual en mujeres de 25-49 años

Mujeres

Hombres

Argentina

18, excepción 14 requiere consentimiento parental

Brasil

21, excepción 16 requiere consentimiento parental

Colombia

18, excepción 12 requiere consentimiento parental

18, excepción 14 requiere consentimiento parental

18.1 (2010)

México

18, excepción 16 requiere consentimiento parental

Nicaragua

18, excepción 14 requiere consentimiento parental

21, excepción 15 requiere consentimiento parental

17.8 (2001)

República Dominicana

18, excepción 15 requiere consentimiento parental

18, excepción 16 requiere consentimiento parental

18.1 (2007)

Fuente: Indicators on Women and Men / United Nations Statistics Division http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=legal+age+of+marriage&id=294

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Edad mediana primera relación sexual

Brasil es signatario de todos los documentos internacionales de derechos humanos de las mujeres CEDAW, CIPD, Plataforma de Beijing, Declaración de los Derechos Humanos de Viena, Convención de Belém do Pará, los cuales prohíben prácticas tradicionales que son peligrosas para las mujeres. Sin embargo, existen graves denuncias sobre la existencia de 65 niñas que a partir de los 11 años de edad viven matrimonialmente en el país, luego de haber sido víctimas de estupro por conocidos o desconocidos y posteriormente entregadas por sus padres a adultos, como demuestran reportajes recientemente publicados en la prensa brasileña.101

En Brasil entre los hombres jóvenes la mediana de su primera relación sexual ocurre a los 16.2 años y en las mujeres jóvenes a los 17.9 años. La edad de inicio de la actividad sexual para los hombres no cambia en función de variables sociales como educación, ingresos, religión y raza/color y es bastante homogénea, pero no es igual en el caso de las mujeres. Las de sectores populares suelen unirse en una relación sexual antes que las de sectores más acomodados. Sin embargo, las niñas de todos los estratos sociales que tienen proyectos educativos tienden a aplazar el inicio de las relaciones sexuales, lo que no ocurre con los chicos en la misma situación.

En Colombia, existe una práctica de mutilación genital femenina en la Comunidad Indígena Emberá Chamí ubicada en los límites de los departamentos de Risaralda y Chocó. A partir de un proyecto realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el FNUAP y ONUMujeres en 2011, se acordó, en concertación con los líderes y lideresas de la comunidad, la eliminación de esta práctica. Sin embargo, aún hay reportes de casos aislados en grupos de la misma etnia que viven en la selva del Pacífico colombiano. También en algunas zonas del litoral Pacífico colombiano pobladas por comunidades afro descendientes, la Fundación SI Mujer ha recibido testimonios de mujeres que reportan el uso tradicional de hierbas, o cera de vela, que se aplican en el clítoris de las recién nacidas para inhibir parcialmente el placer sexual durante su vida adulta. Sin embargo, esta práctica no ha sido documentada sistemáticamente y no existen fuentes conocidas académicas o institucionales que certifiquen su existencia como práctica de mutilación genital.102 ONUMUJER, UNFPA y MPS.

Mientras en República Dominicana se observa que el intervalo de tiempo entre la iniciación sexual y formación de la unión es mínimo, pero transcurre en promedio un año o más entre la formación de la unión y el nacimiento del primer hijo. Estos resultados hacen pensar que existe un comportamiento extendido en todos los grupos socioeconómicos de formar núcleos familiares pero no necesariamente vinculados con los propósitos reproductivos; además República Dominicana es, entre los países analizados, el que presenta el porcentaje más alto de uniones informales.98

Derechos sobre la integridad corporal de las mujeres. Prácticas tradicionales peligrosas para las mujeres En Argentina la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres99 señala entre las formas de violencia contra las mujeres la violencia obstétrica. Como las cesáreas y el maltrato obstétrico, en ninguno existen estadísticas. En el estudio de Beijing+15 se mencionan denuncias en base a casuísticas individuales no registradas oficialmente. El estudio realizado por CLADEM Argentina en la Ciudad de Rosario en 2003, acerca de los Derechos Humanos en la atención en salud reproductiva en hospitales públicos,100 refiere una amplia casuística sobre violencia obstétrica.

En Nicaragua, además de obligar a las mujeres a renunciar a su propia vida mediante la penalización absoluta del aborto, las niñas son forzadas a parir el producto de una violación. Esto refleja la gravísima situación de las víctimas de la violencia cuando resulta en embarazos forzados, embarazos de riesgo y nuevos embarazos producto de la impunidad, dado que todas regresan al mismo ambiente donde fueron embarazadas y continúan a expensas de sus agresores. En el año 2010 se atendieron en la Casa Materna de Bilwi un total de 24 niñas embarazadas

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<Volver inicio> de 10 a 14 años, sin que hayan reportado el problema a las autoridades policiales ni judiciales. Mujeres líderes convocada por SI Mujer en octubre de 2010, expresaron al respecto: “Sabemos que sus familiares, padres, abuelos, son los que embarazaron a las niñas, pero no los denuncian, cuando ellas salen de alta van nuevamente a vivir al mismo lugar y con las mismas personas, pueden regresar dos o tres veces más, igualmente embarazadas…”103

denuncias por día de violencia practicada contra personas de la diversidad sexual. Estos hechos vienen ganando mayor publicidad en los últimos años desde que la Secretaría empezó a recibir denuncias por medio de un teléfono establecido especialmente para este propósito. Cabe señalar que los actos de violencia van dirigidas a personas con orientación sexual considerada fuera de la norma, no contra los/ las activistas. Actualmente se encuentra en el Senado una propuesta de ley que criminaliza actos de discriminación contra la diversidad. El proyecto de ley considera delito toda forma de prejuicio relacionado con la orientación sexual o identidad de género que ocurre en el mercado de trabajo, en las relaciones de consumo y en los servicios públicos.106

En República Dominicana la Ley sobre Violencia Intrafamiliar104 establece la integridad personal, al igual que la Constitución pero en la práctica ese postulado es violentado por ejemplo, al penalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo.

Existen algunos estudios que demuestran la violencia contra mujeres lesbianas, entre ellos el Dossier de la Salud de las Mujeres Lesbianas elaborado por la Rede Nacional Feminista de Saúde.107 En Brasil la situación de homofobia, lesbofobia y transfobia es alarmante y todavía son recurrentes los asesinatos brutales de gays y travestis, además de una discriminación difusa que se manifiesta en todas las esferas sociales y particularmente en los ámbitos familiares, de trabajo y de los servicios de educación, salud y seguridad. Esto sigue ocurriendo a pesar que en los últimos 30 años hubo cambios significativos en los imaginarios sociales sobre estas comunidades y existe un mayor compromiso de diversos actores por la equidad de género y la garantía de derechos para la sociedad en general.

Violencia contra mujeres activistas. Derechos sexuales de activistas y personas de la diversidad sexual Han ocurrido cambios positivos en relación a programas específicos para proteger a defensoras/es de los derechos humanos. En Argentina la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres protege a todas las mujeres de todo tipo de violencia. Sin embrago existe mucha violencia contra las mujeres trans, casos con datos parciales que no son reportados por fuentes oficiales. Desde 2004, Brasil cuenta con un programa específico para proteger a las/os defensores de los derechos humanos. En observancia de los protocolos internacionales, el objetivo del programa es proteger a personas que se dedican la tarea de luchar por la ética, la democracia, los valores humanitarios y la justicia social. Es considerado una iniciativa pionera en el mundo por ser el primer programa de ese tipo ejecutado por el Estado. En marzo de 2011 la Secretaría de Derechos Humanos lo presentó ante 32 países en un evento paralelo a la Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.105

En Colombia la discriminación y la estigmatización cultural de los hombres homosexuales aún persisten en gran medida. A raíz de ello muchos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no se identifican como homosexuales ni bisexuales sino que adoptan prácticas sexuales clandestinas mientras mantienen relaciones heterosexuales manifiestas con sus parejas del género femenino. Por otra parte, mujeres activistas de derechos humanos reciben amenazas, ataques y algunas han sido asesinadas por sectores de derecha. Ha ocurrido una persecución en contra de las organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, dirigida por el Procurador General de la Nación. Un ejemplo de

En 2011 la Secretaría de los Derechos Humanos del gobierno federal brasileño registró en promedio 3,4

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ello es la demanda interpuesta por la Procuradora Delegada contra Mónica Roa, abogada y directiva de la organización internacional Women´s Link Worldwide quien incidió efectivamente para lograr la despenalización del aborto en Colombia en 3 causales. Así mismo en mayo del 2012 su oficina fue el blanco de disparos y la sede de su organización ha sido saqueada en varias ocasiones.108

activistas fueron amenazados con armas de fuego por individuos motorizados con pasamontañas. En República Dominicana existe amplia discriminación hacia las personas homosexuales, gays, lesbianas, transgéneros y transexuales, que se evidencia a través de los insultos en las calles, la denegación de matrícula en escuelas públicas, el arresto a travestis, el despido laboral desde organismos privados y públicos como la Policía Nacional. Las activistas que trabajan sobre el tema de violencia contra las mujeres a menudo son víctimas de violencia amenazas, insultos, acoso, chantaje por actores privados, sobre todo perpetradores. El Estado es responsable por omisión ya que no contempla medidas para garantizar la seguridad de las activistas y sus instituciones. La población homosexual y trans es víctima de violencia verbal, laboral, discriminación y de crímenes de odio.

En junio del año 2000 por primera vez en la historia de Nicaragua un jurado de conciencia declaró culpables a los asesinos de una muchacha lesbiana de 33 años -cuyo cuerpo fue encontrado en el fondo de una letrina-, después de comprobar durante el juicio que la opción sexual de la víctima había sido el motivo del crimen. Ella se ganaba la vida criando cerdos y gallinas, desde joven sufrió la discriminación en su barrio porque nunca trató de esconder su opción sexual; un vecino le echó un camión encima sólo porque era lesbiana, después de ello quedó con problemas en una pierna.109 Un año antes del crimen el asesino la había acusado por el delito de sodomía y por eso la joven guardó prisión por dos meses.110 Dos hombres fueron declarados culpables del delito de asesinato atroz, sin embargo en agosto del año 2001 los magistrados del Tribunal de Apelaciones declararon nulo el proceso quedando impunes sus agresores.111

Respeto a la diversidad cultural y sexual en los servicios de Salud Sexual y Reproductiva Con respeto a la diversidad cultural y sexual en los servicios de Salud Sexual y Reproductiva, Argentina reporta la existencia de Servicios Amigables, Colombia múltiples resoluciones favorables de la Corte Constitucional; Nicaragua una Resolución Ministerial que ordena la no discriminación en los servicios de salud. En Brasil hay iniciativas importantes en el ámbito de la salud, la educación y la seguridad, priorizándose la creación de una cultura política y de un ambiente social menos LGBTfóbicos, sin embargo la cultura patriarcal y sexista todavía predomina en los servicios de salud.

En mayo 2012, veinte organizaciones de la diversidad sexual demandaron justicia “ante los elevados niveles de violencia en contra de las personas trans, gays, lesbianas y bisexuales en Nicaragua”, las organizaciones y activistas se pronunciaron demandando justicia para las víctimas, castigo para los criminales y repudio a toda discriminación por identidad sexual”. Denunciaron que en cinco meses de 2012 “las organizaciones acompañamos dos casos que se pueden tipificar como crímenes de odio; las sobrevivientes de estos asesinatos, sus parejas y familiares padecen secuelas traumáticas debido a la saña con que fueron asesinadas estas personas.112 En este contexto la Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual reportó 34 denuncias entre 2010 y 2011. En mayo 2012, en Managua una joven finalista del certamen Miss Gay Nicaragua 2012 recibió un disparo en el pecho, otras dos ciudadanas trans han recibido disparos y tres

En Argentina la Ley de Salud Sexual y Reproductiva proclama la no discriminación en los servicios de salud sexual. En 2010 la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud comenzó un proyecto de Servicios Amigables para la diversidad sexual. La Dirección genera y difunde materiales sobre el tema y además indica en su página de internet las direcciones y horarios de atención de los servicios, que por ahora solo existen en la provincia de San Juan, en la provincia de Salta, varios en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, en el Partido de Lanús, en el Partido de San Martín y en el Partido de

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la Matanza, estos tres últimos partidos se ubican en el primer cordón del conurbano bonaerense.113

algunos Estados de Brasil, entre ellos Rio Grande do Sul, se admite el “nombre social” para personas que desean adoptar un nombre usualmente utilizado por personas del otro sexo.

En Brasil hay iniciativas importantes en el ámbito de la salud, la educación y la seguridad, priorizándose la creación de una cultura política y de un ambiente social menos LGBT fóbicos, básicamente por medio de la promoción de cursos de capacitación para profesionales y de la valorización de la secularidad del Estado, así como del monitoreo de las denuncias de violencia y discriminación contra personas LGBT. Sin embargo se reconoce que las políticas son todavía bastante incipientes y de alcance limitado, adolecen de recursos presupuestarios, enfrentan fuerte homofobia institucional y del Estado, no cuentan con soporte legal explícito y no son monitoreadas ni validadas en su implementación.

Brasil es signatario del PA de El Cairo, y en el Ministerio de Salud se adoptó una Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sin embargo el III Plan Nacional de Derechos Humanos no incluyó los derechos sexuales. En Nicaragua mediante la Resolución Ministerial 249 del año 2009 el Ministerio de Salud mandató que todos los establecimientos proveedores de servicios de salud públicos y privados deben promover acciones encaminadas a la erradicación de la discriminación por orientación sexual. Esta Resolución es poco conocida por el personal que brinda los servicios y son frecuentes las quejas de las personas de la diversidad sexual que son atendidas en los servicios. Las personas trans no encuentran atención en los servicios de salud, el personal médico no ha sido capacitado para comprender las características y problemas específicos a abordar en estas consultas.

La cultura patriarcal y sexista todavía predomina en los servicios de salud, aunque existen políticas elaboradas para las mujeres afro descendientes, indígenas, rurales y también para la población LGBT. Las mujeres lesbianas no son respetadas en su opción y la atención a su salud no se considera un derecho. Predomina entre los profesionales de la salud una cultura racista y sexista de mayor nivel de aceptación e inclusión a los blancos, heterosexuales y pertenecientes a las clases sociales con mayor poder adquisitivo. Si bien existen a nivel de municipios leyes decretos y algunas ordenanzas estas no constituyen un conjunto coherente de derechos asegurados de manera efectiva para el conjunto de las personas LGBT. A pesar que a nivel administrativo ha habido conquistas puntuales sobre acceso al proceso transexualizador operaciones de cambio de sexo y a los derechos conyugales de parejas de personas del mismo sexo, no existe normativa legal al respecto.

La legislación nacional de República Dominicana, empezando por la Constitución Política y sus leyes adjetivas, no reconoce la diversidad sexual y en consecuencia no prevén servicios en ese orden.

Situación de leyes relacionadas con las preferencias y relaciones sexuales con personas del mismo sexo: Derecho al más alto nivel de salud en relación a la sexualidad, a elegir pareja, a tener relaciones sexuales consensuadas, y a lograr la más alta satisfacción en la vida sexual

El Ministerio de Salud lleva a cabo cirugías de cambio de sexo, transexualización y garantiza la atención a la salud de lesbianas, bisexuales, gays, transgéneros y transexuales. Esto no significa que esto ocurra en todo el sistema de salud dado que no se ha establecido una prioridad política que luego se implemente en los más de 5,000 municipios; de todas formas se carece de capacitación para que los profesionales la pongan en práctica sin prejuicios ni estigmas. En

La situación legal de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales varía mucho en el mundo sin que lleguen a disfrutar de igualdad de derechos con que las y los heterosexuales. Tanto la penalización como la invisibilidad legal de las relaciones sexuales afecta el derecho de gays y lesbianas a la igualdad de trato y de

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oportunidades y al acceso en áreas como el empleo, la vivienda, los servicios públicos, las pensiones, los beneficios de salud, entre otros.

llamadas uniones homoafectivas, por su parte la Ley Maria da Penha reconoce la violencia entre mujeres unidas. Está en vigencia en Brasil un Plan Nacional de Promoción de la Ciudadanía y Derechos Humanos LGBT; en el año 2011 el Supremo Tribunal Federal reconoció con efecto vinculante las uniones homosexuales como entidades familiares siendo la conquista más importante en la historia del movimiento LGBT.

En Argentina la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes garantiza sus derechos sexuales y reproductivos. Las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género otorgan reconocimiento legal a la diversidad sexual.114 Todas estas leyes fueron muy discutidas y controvertidas. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable se sancionó en el año 2002, después de más de 10 años en que se discutían proyectos y caducaban en el Senado.

El Decreto 100 de 1980 despenalizó la homosexualidad en Colombia prohibida como “delito” anteriormente en el Código Penal de 1936 en el cual se había dejado de considerarla como “enfermedad”. La legislación en Colombia sobre los derechos de la población LGTBI tiene variadas expresiones. En 1992 la Corte Constitucional manifestó que “El concepto de autonomía de la personalidad comprende toda decisión que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla. En 1993 la Corte Constitucional autorizó que una persona nacida hombre pueda cambiar su nombre a uno femenino como expresión de la individualidad y la singularidad.

La ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes fue discutida durante dos periodos, o sea cuatro años hasta que se consensuó. La principal oposición se debía a que eliminaba el Patronato y reconocía a las niñas y niños como sujetos de derechos, incluidos los sexuales y reproductivos. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo fue muy controvertida y discutida pero por solo un año. La mayor oposición y resistencia se registró en las provincias del Noroeste y Noreste argentino. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a través de su Constitución reconoce la no discriminación por orientación sexual, al igual que en la ciudad de Rosario donde desde 1996 se aprobó la Ordenanza Municipal que garantiza y reconoce el derecho a ser diferente, y en la provincia de Río Negro desde 1966. En diciembre de 2002 se sancionó la ley 2004 de Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires. En este año la provincia de Río Negro aprobó la Ley Convivencia de homosexual que reconoce a las parejas formadas por personas del mismo sexo los mismos derechos que garantiza a las uniones de hecho como “parejas convivientes”, salvo la posibilidad de casarse y adoptar niñas/os. En 2010 se sancionó en Argentina la Ley 26,618 conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, mediante la modificación del Código Civil se reconoce a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que las parejas de distinto sexo.

En 1994 la Corte Constitucional protegió los derechos de un estudiante de una escuela de formación militar quien fue sancionado por realizar “actos homosexuales”, al considerar que la condición de gay no puede ser por sí misma motivo de exclusión de una institución armada. En 1998 la Corte Constitucional ordenó reintegrar a dos estudiantes de un colegio público dirigido por una comunidad religiosa, a quienes no se les permitió matricularse en razón de su orientación sexual por ser esta conducta discriminatoria y porque los educadores tienen la función de impartir tolerancia y respeto, y no imponer determinados modos de vida. En el año 2000 la Corte Constitucional declaró que la diversidad sexual y su expresión pública están amparadas por la Constitución. Frente a la diversidad sexual la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido el derecho patrimonial de las parejas del mismo sexo y pidió al Congreso legislar sobre la materia. Sin embargo el Congreso aún no ha legislado sobre el tema. Asimismo, la Sala Civil

En Brasil se está creando una jurisprudencia relativa al Derecho de Unión de Personas del Mismo Sexo

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<Volver inicio> de la Corte Suprema de Justicia en 2001 reconoció el derecho de visita íntima en la cárcel a una pareja del mismo sexo y en 2003 hizo extensivo este derecho a todas las parejas del mismo sexo. La Sentencia C-075 de 2007 definió el régimen patrimonial de compañeros permanentes de parejas homosexuales, la protección a la vulneración de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En 2007 la Corte Constitucional reconoció el derecho de afiliación en salud de las parejas del mismo sexo en los mismos términos y condiciones de las parejas heterosexuales.

u otra clase de discriminación referida a la ideología u opción política, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca, sexo u orientación sexual, o enfermedad o discapacidad que padezca.117 En República Dominicana se prohíben sistemáticamente las manifestaciones del orgullo pero se fomenta abiertamente el turismo homosexual.

Situación de las lesbianas Una sección específica sobre la situación de las lesbianas en la región Latinoamericanas y del Caribe se desarrolla en el Capítulo V denominado “Mujeres Diversas, Diversas Mujeres.”

En 2008 la Corte reafirmó que la Constitución Política proscribe toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual de las personas, reconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes en las parejas del mismo sexo. En el mismo año la Corte Constitucional reconoció las obligaciones alimentarias en las parejas del mismo sexo en los mismos términos y condiciones de las parejas heterosexuales. En 2009 amplió los derechos y obligaciones de las parejas del mismo sexo en distintos ámbitos de regulación contenidos en 26 leyes. En 2011 la Corte pidió la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil que define el matrimonio y exhorta al Congreso de la República a legislar de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo.

Situación de las personas transgéneros En Argentina en 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género sobre los derechos de transgéneros la cual otorga libertad a las personas a cambiarse el género legal y físicamente sin la aprobación de un juez o doctor. La ley -que fue aprobada por el Senado argentino a pesar de una firme oposición de la iglesia católica- ha removido todas las ataduras que prohibía a personas transgénero cambiar de sexo. Argentina tiene una comunidad transgénero de más de 22,000 personas. En Colombia, según el informe sombra de la Fundación Colombia Diversa publicado en 2010, se reportó el asesinato de al menos 17 travestis, evidenciándose que las principales víctimas de violencia por prejuicios son travestis en ejercicio de la prostitución. Así mismo, se pudo establecer que las principales víctimas de abuso policial fueron las travestis junto con los integrantes de la comunidad que hacen visible su orientación sexual o su identidad de género en el espacio público. Según los datos consolidados hasta el momento por Colombia Diversa, al menos 57 personas LGBT habrían sido asesinadas en 2008 y para septiembre de 2009 se habrían reportan al menos 39. Por su parte, la Personería de Medellín reportó que entre 2007 y 2009 al menos 49 personas LGBT habrían sido asesinadas en ese departamento. Por su parte las Direcciones Seccionales de Fiscalías no registran a las personas LGBT como víctimas pues consideran que no es posible indagar por la orientación

El gobierno colombiano promulgó la ley 1,482 de 2011 contra la discriminación, incluye sanciones contra actos discriminatorios contra la población LGTBI, castiga a quienes vulneren derechos a personas por condición de su raza, su nacionalidad, su sexo, su religión o su orientación sexual; incluye penas de más de tres años de prisión pero aún no ha sido reglamentada.115 Hasta el año 2008 en Nicaragua aún estaba vigente la legislación que condenaba la sodomía según el Artículo 204 del Código Penal116 En el nuevo Código Penal aprobado en el año 2008 dicho artículo desapareció; sin embargo la legislación de Nicaragua no reconoce específicamente los derechos de las personas según su orientación sexual o identidad de género. El Código Procesal Penal establece en el Art. 36 circunstancias que agravan la responsabilidad penal cuando se comete el delito por motivos raciales

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sexual o la identidad de género porque “esta última no constituye una clasificación de personas”.118

Argentina fue uno de los primeros países en adoptar recomendaciones internacionales y en 2009 aprobó la Ley 26,485,120 “Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.” Es de carácter civil, con previsión de medidas de protección y de precaución, busca promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.

Violencia contra las mujeres Legislaciones nacionales para la eliminación de la violencia contra las mujeres Hasta abril del año 2011, 125 países del mundo habían aprobado leyes para erradicar o reducir la violencia contra las mujeres, casi todos los países de América Latina y el Caribe. En los últimos 50 años las constituciones en más de la mitad de los países del mundo se habían reescrito o enmendado para consagrar la igualdad de género en las cartas fundamentales. Las reformas de las leyes sensibles al género son la base fundamental del acceso de las mujeres a la justicia. En reconocimiento de que quienes sobreviven a situaciones de violencia basada en género no deben enfrentar barreras en los procedimientos judiciales, hasta esa fecha 52 países habían modificado su derecho penal y convertido la violación conyugal en un delito.119

Comprende diversos tipos de violencias contra las mujeres: física, psicológica, sexual y económica. Define distintas modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. El delito de femicidio no está aún tipificado, hay un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento en el Senado. Aunque hay mayoría para aprobarla. También aprobó la Ley 1,688, de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la familia y la violencia doméstica de 2005, que tiene como objetivo la prevención de la violencia familiar y doméstica y la definición de acciones para la asistencia integral de sus víctimas sean estas mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades especiales, de acuerdo con lo establecido por la misma ley.

Los seis países analizados refieren contar con leyes sobre la violencia contra las mujeres en las formas de violencia intrafamiliar, acoso sexual y/o violación conyugal.

Marco legal: legislación que previene y castiga la violencia contra las mujeresy reconoce el delito de femicidio

Los artículos 226 y 227 de la Constitución Política del Brasil de 1988 son representativos por cuanto establecen que los derechos y deberes y protegen a mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión. Desde 1995 a 2006 se han formulado leyes encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, destacando en 1995 la Ley 9,099 sobre Violencia Doméstica.11 También aprobó la Ley 11,340 en el año 2006 contra la violencia doméstica y familiar conocida como Ley Maria da Penha; por Decreto Legislativo 107 se da carácter de ley a la Convención de Belém do Pará; a diferencia de otras leyes se aplica sólo a las víctimas mujeres y define esta violencia como basada en género. La ley también reconoce la

En relación al marco legal en los seis países analizados existen leyes específicas contra la violencia hacia las mujeres que comprenden diversos tipos de violencias como física, psicológica, sexual y económica, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática, la explotación, la crueldad y la opresión; también la violencia sexual, la legislación protege a las mujeres del desplazamiento forzado por conflictos armados internos, despenaliza el aborto en algunas causales o etapas del embarazo y la inseminación no consentida, para lograr una vida libre de violencia. El delito de femicidio solo está tipificado en uno de los seis países: Nicaragua.

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violencia como una violación de los derechos humanos e incluye medidas civiles y penales.

mujeres”. Existen también leyes sobre violencia intrafamiliar a nivel de los Estados, por ejemplo la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado de México de 2002 y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2006. Las 32 entidades federativas cuentan con su respectiva Ley de Acceso y Reglamento correspondiente. Cabe destacar que cada Ley retomó los mínimos generales de Ley General. El delito de femicidio no está tipificado.

No se tipifica el delito de femicidio. El homicidio de mujeres abarca los mismos crímenes contra las personas que se mencionan en el Código Penal. Incluye la creación de una red de atención en los poderes judiciales y la policía, además ofrece garantías de derechos, salud y asistencia. En agosto de 2012 se estableció una Comisión Nacional para elaborar la tipificación del delito de femicidio.122

Después de la CIPD Nicaragua era el único país de la región centroamericana que no había desarrollado una legislación específica en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo, las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se encuentran integradas en todo el sistema jurídico nacional, aunque su cumplimiento está lejos de ser una realidad. En Nicaragua la Ley 230 para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar de 2006 se logró con 30 mil firmas reunidas por la Red de Mujeres Contra la Violencia y presentadas ante el gobierno de Violeta Chamorro. Existe la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades de 2008 cuya principal debilidad es la falta de mecanismos para hacer real la igualdad de oportunidades, esta ley no ha sido tomada en cuenta por las instituciones del Estado y en la práctica no se aplica.

En Colombia, el marco legal se ha ido cualificando por la presión de los movimientos ciudadanos y organizativos de las mujeres. En el año 1996 se aprobó la Ley 294 por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Ley 731 de la Mujer Rural en 2002 cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagra medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre hombres y mujeres rurales. Se destacan la ley 1,257 del año 2008 que recoge los acuerdos internacionales de CEDAW y Belém do Pará contra la discriminación y contra la violencia contra las mujeres. En el marco de esta ley se tipifica como delito el acoso sexual. La ley 1,146 de 2007 prevé formas de prevención y sanción de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El delito de femicidio no está tipificado en el Código Penal, en el momento está analizándose un proyecto de ley en el Congreso para que sea tipificado. También desde 2008 la Corte Constitucional protege especialmente a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno. La Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional despenaliza el aborto en tres causales, incluyendo la violación, incesto o inseminación no consentida.

La nueva Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer Ley 779 que entró en vigencia en el año 2012, tiene por objeto actuar contra la violencia hacia las mujeres, proteger sus derechos y garantizarle una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como el privado. Establece principios basados en la igualdad real, la integralidad. La ley establece medidas de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia y brindar asistencia a las mujeres víctimas. Incluye la negligencia del Estado, el interés superior del niño, el principio de no discriminación, el principio de no violencia, de igualdad de género, de protección de las víctimas, de resarcimiento, este último como una novedad porque obliga al Estado a que el agresor haga acciones de resarcimiento, incluyendo a la propia administración de justicia.123 Establece por primera vez en la legislación nacional el femicidio. Desde inicios de 2013, desde la propia

En México, en febrero de 2007 fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia a nivel federal, es una ley marco cuyo objetivo es “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

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Corte Suprema de Justicia se han impulsado acciones para sustentar la derogación de varios artículos y restablecer las mediaciones con el agresor.

administrativas y de otra índole. La Ley sobre Delitos Sexuales fue creada en el año1992; Ley No. 7,586 contra la violencia doméstica en 1996; Ley de Ofensas Sexuales en 1998. Se ha promulgado la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar la cual fue adoptada en 1997, y se han realizado acciones de capacitación y formación en materia de género para el personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional y creado casas de acogida para mujeres víctimas de violencia.

En República Dominicana la violencia es considerada como un problema de salud pública. Para la prevención, atención y reconocimiento como un problema social de violación de los derechos humanos de las mujeres y de seguridad ciudadana, existe una serie de disposiciones, legislación, normas penales, civiles y

Tabla 27: Leyes contra la violencia hacia las mujeres en 6 países Leyes contra la violencia hacia las mujeres en 6 países País

Argentina

Ley 24,417 de Protección contra la Violencia Familiar (1994) Ley 1,688 de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la familia y la violencia doméstica. (2005) Protocolo para la Detección y Asistencia de las mujeres abusadas (2008) Protocolo de Asistencia y Detección para mujeres maltratadas (2008) Resolución 208/08 del Ministerio de Defensa Nacional (2008)

Brasil

Ley 11,340. Ley Maria da Penha (2006) Ley 11,340 creación de tribunales de violencia doméstica y familiar Ley 10,886/2004 especifica la violencia doméstica como delito en el artículo 129 del Código Penal

Colombia

Ley 575 de 2000 (que modifica parcialmente la Ley 294 de 1996) Ley 497 de 1999 establece la jurisdicción de los jueces de paz como alternativa a la resolución de conflictos entre las cuales es la violencia doméstica (1997) Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal (2000) Decreto 652 (2001) Los modelos de atención para la Prevención, Detección y Tratamiento de la Violencia Doméstica en el Manual de Servicios de Salud elaborado por el proyecto ICBF - BID. (2007) Reglamento Técnico de Enfoque Integral Forense de Violencia Doméstica de Pareja (2008)

México

Ley para apoyar la prevención de la violencia doméstica y apoyar a las víctimas. (1996) Decreto para reformar el Código Civil y el Código Penal en relación con la violencia doméstica y la violencia sexual. (1997) Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia (2007)

Nicaragua

Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Domestica y Sexual (2001-2006) Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (2012)

República Dominicana

Ley 24-97, sobre la violencia doméstica (1997) Código Penal, modificado por la Ley N º 24-97 de 28 de enero de 1997 (1997) El Programa Nacional de Atención y Prevención en Materia de Violencia contra la Mujer (1999) Normas Nacionales para la Atención Integral de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (2002) Ley 88-03 de Albergues y Refugios (2003) Ley N ° 46-07 “16 Días de Activismo Contra la Violencia contra la Mujer” (2007)

Fuente: Database Secretary General on violence against women. http://sgdatabase.unwomen.org/home.action

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Existencia de protocolos para la atención de la violencia en cada país

0459 del año 2012. El Ministerio del Interior creó un Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas para el análisis de casos de mujeres que debe hacer seguimiento a los procesos de protección y restitución de derechos de mujeres en riesgo y víctimas de violencia.126

La existencia de protocolos y normas para la atención de la violencia está vigente en todos los países y en algunos casos son producto de resoluciones de instancias internacionales de derechos humanos que dictaron resoluciones condenatorias a los países, como en México por el caso Paulina, una joven violada y embarazada que fue obligada a parir, y el de Campo Algodonero, que estableció la estandarización de protocolos de investigación criminal en los casos de violencia sexual, desaparición y homicidios de mujeres.

En México en el 2009 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana127 producto de un Acuerdo de Solución Amistosa que se deriva de la denuncia presentada en 2002 por la violación de los derechos humanos de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, quién fue víctima de violación sexual resultando embarazada y cuyo derecho legal a interrumpir el embarazo fue obstaculizado por las autoridades. La reciente sentencia emitida al Estado Mexicano sobre el caso Campo Algodonero en su Resolutivo 18 estableció la estandarización de protocolos de investigación criminal en los casos de violencia sexual, desaparición y homicidios de mujeres, sin embargo, ninguna Procuraduría los está discutiendo o analizando.

En Argentina el Protocolo de intervención policial para la atención, orientación y derivación de personas víctimas de violencia familiar fue emitido por el Consejo de Seguridad Interior y el Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales fue emitido por Ministerio de Salud. Estos protocolos se ocupan de la violencia doméstica y la violencia sexual respectivamente, sin limitarse ni hacer referencia explícita a las victimas mujeres; los mismos protocolos se aplican a niños y niñas. En la Atención a Víctimas de Violencia Sexual incorpora a hombres abusados o violados. El Protocolo emitido por el Ministerio de Salud no fue aprobado por Resolución y no se capacita suficientemente al personal.

En 1966 mediante el Decreto No. 67-96, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública, el decreto procuraba la prevención, vigilancia y atención de las mujeres víctimas de violencia en el sistema de salud. Este decreto fue muy poco conocido por el personal del MINSA que debía aplicarlo. Desde fines del año 2009 el MINSA mediante un Acuerdo Ministerial publicó las Normas y Protocolos para la Prevención, Detección y Atención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual cuya finalidad es establecer los lineamientos básicos y de aplicación obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud que brindan atención a casos de violencia intrafamiliar y sexual del sector salud. Al interior de la Policía Nacional funciona un Modelo de Atención especializado en tres niveles: prevención, atención y protección.128 Opera un modelo de intervención desarrollado y articulado por los centros u organizaciones de mujeres para el empoderamiento individual y colectivo de las víctimas de violencia, mediante atención integral que facilita la apropiación de los derechos y el desarrollo de procesos de recuperación de su poder personal.

El Ministerio de Salud de Brasil cuenta con una Norma Técnica de Atención a las Ofensas de Violencia Sexual contra Mujeres, Niños/as y Adolescentes En el sistema de justicia la Norma Técnica de las Comisarías Especializadas para la Mujer124; existe la Norma Técnica para Homogenizar los Centros de Referencia para Mujeres en Situación de Violencia y la Norma Técnica de las Casas de Abrigo. Está en proceso de elaboración la Norma Técnica de la Ley Maria da Penha.125 En 2010 el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia formuló el Modelo Integral de Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual y Violencias basadas en Género. Actualmente está en etapa de socialización. Para enfatizar la obligatoriedad de la aplicación del Modelo en la Atención, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución

El Ministerio de Salud Pública como órgano rector de salud en República Dominicana, cuenta con

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una Guía y Protocolo para facilitar la aplicación de Normas Nacionales para la Atención integral a la Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres, de uso obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud.129 El Modelo de gestión de las Unidades de Atención Integral contiene protocolos y normas130 en el que intervienen actores institucionales y son consensuados con la sociedad civil. Las medidas cautelares y orden de protección no se aplican a tiempo y no protegen a las mujeres. En ocasiones se les entrega a las mujeres la orden de arresto de los agresores para que ellas vayan a buscarlos; lo mismo sucede en Nicaragua.

Comisarías Especializadas de Mujeres, Centros de Referencia, Juzgados de Violencia doméstica y familiar, núcleos del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, casas abrigo o de posada temporal. No obstante en números absolutos no cubren siquiera un 10% de los 5,300 municipios que tiene el país.132 Antes de la promulgación de la ley 1,257 del año 2008 en Colombia la denuncia se ponía en las Comisarías de Familia y Casas de Justicia. Los delitos de violencia intrafamiliar eran querellables y objeto de conciliación, a partir de la ley ya no son querellables. Existe en la Fiscalía el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. No existen estos centros en todos los municipios del país pero existen sedes de la Fiscalía, Casas de Justicia, Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Según disposiciones legales la violencia sexual debe ser atendida como una urgencia médica y gratuita, en toda la red de salud pública y privada del país.

Atención para mujeres sobrevivientes de violencia: tipos de atención y servicios La atención para mujeres sobrevivientes de violencia está incluida en todos los países en los servicios públicos, e incluye la salud integral, servicios sicológicos, jurídicos, forenses, líneas telefónicas que se establecen cuando han ocurrido cambios favorables en las leyes y disposiciones penales. Colombia incorpora la atención de la violencia sexual como una urgencia médica. En tres países existen centros de mujeres con atención individual y grupal especializada en violencias.

En México existen los Centros de Justicia en algunas entidades del país que brindan atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia, -psicológica, jurídica y médica. A nivel federal existen instancias como Subprocuraduría de atención a víctimas y servicios a la comunidad, Procuraduría Social de Atención a las víctimas del Delito, Subprocuraduría de Derechos Humanos. En los diferentes Estados del país se cuenta con diversas instancias que brindan atención.

Hay múltiples efectores como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Las áreas de atención a la mujer de la distintas provincias y municipios, centros de atención, comisarías de la mujer y algunos refugios comunitarios pero aun falta articulación.131 El Consejo Nacional de las mujeres que es el órgano de aplicación de la ley 26,485 no ejerce esas funciones y cuenta con escaso personal capacitado y con bajo presupuesto.

La Comisión Interamericana de DDHH de la OEA señala que en Nicaragua, las Comisarías de Policía son el lugar donde las mujeres reciben menos atención y en donde son infrecuentes las actitudes sensibles al género y la disposición de apoyarlas.133 Afirma que los espacios físicos presentan carencias respecto a su tamaño y no cuentan con la privacidad necesaria e indispensable para ser atendidas. Durante la atención no se consideran las particularidades de las víctimas, como es el caso de las mujeres indígenas, migrantes o afro descendientes. Aunque a nivel normativo existe protección especial para la niñez y la adolescencia, en la práctica no se diferencia entre niñas y adolescentes o entre adolescentes y mujeres adultas. Las mujeres deben repetir sus testimonios ante distintos

En Brasil se han creado mecanismos para atender las situaciones de violencia doméstica y familiar contra las mujeres en los términos comprendidos en la Constitución Federal, y las Convenciones Internacionales. Existen disposiciones que crean los Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer; cambian el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal entre otros. La Ley Maria da Penha contempla una Red Especializada y una Red Complementaria. Desde 1983 se cuenta con

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operadores/as de justicia lo que favorece su revictimización. Se convierte a la víctima en un objeto; calificándola como “la mujer violada”. Pasa a ser un número más de las estadísticas, afirma la Comisión”.

desagregado por programas. No se conoce la proporción del gasto en salud para violencia. En Argentina no existe este dato a nivel nacional. A nivel provincial y municipal hay presupuestos pero no están disponibles. El presupuesto para la violencia contra las mujeres está disperso entre muchas instituciones que tienen otras múltiples funciones, de modo que no es posible desglosarlo en el Presupuesto Nacional. El Consejo Nacional de la Mujer en 2012 tuvo un presupuesto de aproximadamente U$3,023,255, en los siete primeros meses del año ejecutó solamente el 30%.134 El Consejo se ocupa de la atención a la violencia y otras funciones vinculadas a la discriminación de las mujeres. Es el órgano creado pero no asume esas funciones, y debe coordinar el Observatorio de Violencia, que tiene la misión de desarrollar el Registro único pero por ahora no ha sido elaborado.

República Dominicana cuenta con Unidades de Atención Integral, funcionan a cargo de la Procuraduría, con personal multidisciplinario; Fiscalías Barriales y un Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de Género en la capital del país; la Asesoría Barrial Legal y la Casa de la Justicia en Santiago. La Procuraduría Nacional Adjunta de la Mujer ejecuta el Modelo de Gestión de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y persecución penal contra los agresores. El Servicio Telefónico Línea Vida es una alternativa para facilitar la comunicación a las Victimas Sobrevivientes con el Ministerio Público y el mejor acceso a la justicia. El Ministerio de la Mujer cuenta con servicios de asesoría legal y sicológica para sobrevivientes de violencia en las 32 provincias de país. Existen y funcionan Procuradurías Fiscales en algunos casos con fiscalías barriales. Cuenta con un Instituto Nacional de Patología Forenses. El Ministerio de Salud Pública adoptó las Normas Nacionales para la Atención Integral en 2002 y recientemente una Guía y protocolo para la atención integral en salud de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

En el presupuesto nacional de Brasil se asignan recursos para enfrentar la violencia, específicamente en la partida presupuestaria para la Secretaría de Políticas para las Mujeres. Los recursos están muy por debajo de lo que se necesita y vienen sufriendo recortes año con año.135 En Colombia se cuenta con datos globales del porcentaje del presupuesto nacional destinado a la atención y reparación de víctimas en general, que incluye todos los programas. Según el Ministerio de Hacienda en el presupuesto Nacional para 2012 se destinan $2,9 billones de pesos para la población víctima de la violencia relacionada a conflictos armados y no hay una cifra que efectivamente sea para prevención y atención de violencias contra las mujeres.136

El Centro de Mujeres sobrevivientes de violencia doméstica brinda asistencia sicológica y terapéutica. La asistencia legal gratuita puede ser conseguida por las mujeres a través de diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres cuentan con experiencia y amplio trabajo de prevención, atención y acompañamiento.

En México el Presupuesto destinado a la prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres para el 2008 fue de 0.008 sobre el PIB. Un ejemplo es el destinado para el Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta de Violencia de Género, al cual se han destinado 19 millones de pesos desde 2008 hasta 2011, únicamente se ejecutaron 1.3 millones de pesos a septiembre 2012.

Presupuesto nacional destinado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres Solamente se ha logrado identificar existencia de presupuesto nacional para la prevención y atención de la violencia en tres países, en uno solo está

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De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año 2012 la Secretaría de Gobernación contó con 107.9 millones de pesos mexicanos para la planeación demográfica del país. Para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres aplicados a cuatro programas se presupuestaron U$2,496,666. Para promover la atención y prevención U$676,781, para el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención U$1,467,648.90, para Promover la atención y prevención U$58,705, para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, y para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención U$293,529.137

En Argentina no existe información de todo el país de violencia contra las mujeres. Hay información parcial. En la Ciudad de Buenos Aires la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación evidencia un aumento en los 3 últimos años de 30 a 40% entre 2009 y 2011. Atiende un promedio de 700 denuncias por mes, o sea 8,400 al año en la Ciudad de Buenos Aires, con una población de mujeres de 15 a más años de 1.328.167. Si se suman las llamadas al Programa Las Victimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia se registran 7 casos de violencia por año x 1,000 mujeres. En 2001 y 2011 la Fundaçao Perseu Abramo de Brasil llevó a cabo una encuesta de opinión pública139 destacando como hallazgos que al igual que en 2001, aproximadamente una de cada cinco mujeres consideran que han sufrido “algún tipo de violencia de parte de un hombre, conocido o desconocido”. En una lista de veinte tipos de violencia citadas, dos de cada cinco mujeres -40%- afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida, principalmente algún tipo de control -24%, violencia síquica o verbal -23%, o alguna amenaza o incluso violencia física -24%. Entre 2006 y 2012 se registraron 603,906 denuncias de violencia tipificados de acuerdo con la Ley Maria da Penha como física -30%, sicológica -12,8%, moral -5,4%, sexual -1% y patrimonial -0,8%.140

En Nicaragua, a pesar de la existencia de Leyes, Reglamentos, Normativas, Planes y Programas para prevenir, atender y sancionar la violencia que demanda de recursos humanos y financieros para su ejecución, no existen partidas destinadas a financiar acciones específicas. La consignación de partidas en el Presupuesto Nacional no permita establecer porcentajes de recursos por programas o financiamiento, es un tema pendiente de estudio, así como analizar cuantos fondos del presupuesto van a programas destinados a poblaciones específicas.138 No se conoce la proporción del gasto en salud para violencia, la Ley 779 inicia su aplicación en el año 2012 sin contar con recursos suficientes y aunque el Presupuesto General de la República 2013 está en pleno proceso de aprobación, no hay iniciativas que garanticen un rubro específico para esta problemática.

Según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para Colombia en el año 2011 la tasa de homicidios en mujeres fue de 6.1 x 100,000 y representaron 61,938 años de vida potencialmente perdidos. En violencia no fatal la tasa interpersonal en mujeres fue de 220 x 100,000, con 69.461 años de vida saludables perdidos. En violencia intrafamiliar, la tasa en mujeres fue de 300.83 x 100,000 dentro de la cual violencia contra niños, niñas y adolescentes tuvo una tasa de 90.65 x 100,000 y solo en niñas fue de 100,14 x 100,000. Según datos del Informe Forenses 2011, las cifras de exámenes forenses en el país reflejaron un incremento anual progresivo de las denuncias por violencia sexual desde 2003, con excepción de 2010.

Prevalencia estimada de violencia contra las mujeres La prevalencia estimada de violencia contra las mujeres no ha sido posible identificar en los seis países estudiados, hay diversas informaciones con diferentes criterios, entre el 24% y el 50% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia; los peritajes forenses sirven como insumo para calcular la magnitud de la violencia contra las mujeres, Brasil reporta más de 60 mil años de vida de mujeres potencialmente perdidos por violencia solamente en un año.

En México el 67% de las mujeres de 15 años y más han tenido algún evento de violencia a lo largo de

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su vida de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.141 Por su parte el informe de ONU Mujeres142 reportó que se producen casi 15,000 denuncias de violación cada año. Según estimaciones de la Secretaria de Salud Federal ocurren 120,000 violaciones al año, una cada 4 minutos. En el año 2009 se denunciaron casi 15,000 violaciones de acuerdo a las Procuradurías estatales. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado que entre los años 2007 a 2011 han ocurrido 3,385 feminicidios en menos de la mitad de los Estados del país.

primaria. Por procedencia las mujeres rurales con el 21%.

Incidencia de violencia sexual En cuanto a la incidencia de violencia sexual los registros no están unificados y son difícilmente comparables entre países; Argentina registra más de 10 mil delitos sexuales anualmente, en Colombia más del 50% de los delitos sexuales ocurren en mujeres menores de 15 años; en México se documentan más de 3 mil desapariciones de mujeres y niñas vinculados a grupos de delincuencia organizada así como al tráfico de drogas y las redes de trata por explotación sexual.

En Nicaragua,143 entre 2006/2007 a nivel nacional, el 19% de las mujeres encuestadas fueron maltratadas físicamente a partir de los 15 años de edad. El maltrato fue mayor entre mujeres con menores niveles de educación, aumentó con la edad y una de cada tres mujeres separadas o divorciadas había recibido algún maltrato físico a partir de los 15 años de edad.

En la gran mayoría de los casos de sexo forzado y abuso sexual los agresores son conocidos de las víctimas, incluidos padres o padrastros. Los nacimientos en niñas de 10 a 14 años se han incrementado notablemente como producto de la violencia sexual quedando frecuentemente impunes sus agresores. La violación de mujeres que ya se han iniciado sexualmente rara veces se denuncia y a menudo ni siquiera se reconoce como tal, particularmente cuando el agresor es un conocido, y mucho menos cuando el agresor es el marido o ex marido.

Datos bastantes similares presenta la Jefatura Nacional de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia para el año 2006 donde indica que del total de mujeres que recibieron maltrato el 28% estaban entre 15 a 25 años. La mitad de las mujeres alguna vez casadas o unidas ha experimentado al menos uno de los tres tipos de violencia en su vida y un 10% ha experimentado todos los tres tipos de violencia.144

En el año 2008 en Argentina se registraron 10,604 delitos contra la integridad sexual, que significan 26.68 delitos por cada 100,000 habitantes.148

Según el Anuario 2011 en el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua se realizaron 56,618 peritajes clínicos a personas vivas. Predomina el género femenino con 75% y el masculino con 25% del total evaluado.145 La violencia de pareja ocupa el primer lugar. El grupo de edad más afectado fue el de 23 a 35 años con el 31% de peritajes. En relación con el nivel educativo de las 2,409 mujeres evaluadas por violencia intrafamiliar prevalecen las del nivel secundario. Del total de casos de violencia intrafamiliar valorados en Managua en el 2011, el 26% fueron amas de casa y obreros/as industriales el 18%, las estudiantes representan el 17%.

En Brasil el Instituto Sangari revela que entre los años 2003 y 2007 se notificaron 19,440 asesinatos de mujeres. Los datos muestran cerca de 4,000 homicidios al año. Esto equivale a un promedio nacional de 4.2 homicidios x 100,000 mujeres. La Central de Atención a la Mujer al 2012 registra 1,266,941 atenciones que van desde pedidos de información sobre la legislación vigente hasta donde ir en caso de ser víctima de violencia. Persisten amenazas y las lesiones corporales por ex novios o ex compañeros. No dependen financieramente del agresor el 69.7%; el 68.1% refieren que los hijos/as presencian la violencia y el 16.2% sufren violencia junto con sus madres.149

En República Dominica se reporta un incremento en violencia física y violencia sexual entre 2002 y 2007.146 A menor nivel de escolaridad hay mayor porcentaje de violencia,147 48.8% son mujeres con educación

En cuanto a presuntos delitos sexuales, en Colombia la tasa de exámenes médicos realizados en mujeres en 2011 fue de 81.42 x 100,000. En todo el país se

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practicaron 22,597 exámenes habiendo incrementado en relación al año 2010. El 24% de las mujeres víctimas de violencia sexual contaban con 5 a 10 años y 36% con 10 a 15 años, lo que indica una afectación predominante de niñas y adolescentes.150 Con respecto al delito de abuso sexual en menores de edad existen datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los que se determina que de 20,142 exámenes médico legales realizados en 2010, el 85.97% correspondieron a menores de edad y de ellos 6,219 a la franja entre los 10 -14 años.151

Los nacimientos en niñas de 10 a 14 años se han incrementado notablemente, a julio de 2012 el UNFPA reportó un aumento del 47% en 9 años según cifras oficiales: pasaron de 1,066 en 2000 a 1,477 en 2009. Antes y después que se derogó el aborto terapéutico en Nicaragua las niñas son forzadas a parir el producto de una violación, y a nadie puede pasar desapercibido que en esas edades no se pueden consensuar relaciones sexuales, dada la inmadurez emocional de las criaturas las que son violadas y muchas veces quedan embarazadas. Ninguna de las instituciones responsables de la atención y seguimiento a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual llevan registro de las niñas, adolescentes y mujeres que quedan embarazadas después de una violación.

En México de enero de 2010 a junio de 2011152 se documentan más de 3,149 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 9 Estados de la República, los que podrían estar vinculados a grupos de delincuencia organizada así como al tráfico de drogas y las redes de trata por explotación sexual.

De acuerdo a la ENDESA 2007 en República Dominicana, en lo que respecta a la violencia sexual, el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que había experimentado alguna vez violencia sexual era de 10.1% en el 2007157 Durante el año 2010 fueron registradas 64,022 denuncias y de esas 5,488 corresponden a delitos sexuales. Lo que evidencia una gran reticencia por parte de las mujeres adultas a denunciar las violaciones y el acoso sexual. El desglose por edad de los casos muestra que alrededor de las tres cuartas partes de las denuncias corresponden a menores de edad, sobre todo niñas. La violación de una mujer adulta o de una joven que ya ha perdido la virginidad raras veces se denuncia y a menudo ni siquiera se reconoce como tal, particularmente cuando el agresor es un conocido y mucho menos cuando el agresor es el marido o ex marido.158 Los bajos índices de denuncia obedecen en parte a prejuicios culturales que tienden a culpabilizar a la víctima avergonzándola moralmente frente a la familia y la comunidad.

Nicaragua registra que 11% de las mujeres de 15 a 49 años reportó que en el transcurso de su vida ha experimentado alguna forma de violencia sexual, ya sea forzada sexualmente o ha vivido alguna situación de abuso sexual. 153 En el 79% de los casos de sexo forzado y en el 87% del abuso sexual los agresores son conocidos de las víctimas. Los padres o padrastros fueron identificados como los responsables por 3% en casos de sexo forzado y 9% por ciento del abuso sexual.154 Según las Comisarías de la Mujer y la Niñez, en el Comparativo Estadístico de Violencia Intrafamiliar y Sexual 2010 y 2011 se registran 3,660 Delitos sexuales entre Violaciones 1,827, Violaciones frustradas 260, Abuso sexual 877, Estupro 479, Explotación sexual 27, Acoso sexual 184 e Incesto 6 casos. Los 5,086 peritajes reportados por el Instituto de Medicina Legal por violencia sexual sólo representan el 9% de todos los peritajes médico legales realizados a personas vivas a nivel nacional.155

Femicidios El femicidio se revela progresivamente como una práctica tradicional, dada la frecuencia y la magnitud en que se presenta, ante la frecuente falta de actuación de las autoridades y la complacencia del sistema judicial con los agresores, que mayoritariamente gozan de libertad por ser protegidos desde las instancias oficiales. En total de los seis países se estima que ocurren más de 24 mil femicidios anuales.

Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua, a través del Observatorio por una Conciencia Laica, presenta un análisis de los casos denunciados por los diferentes medios de comunicación escritos en el año 2011, destacando que reportaron 338 víctimas de violencia sexual, el 85.5% eran mujeres y el 14.5% varones.156

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En Argentina el único dato existente es del Observatorio de Femicidios, que desarrolla la Asociación Civil La Casa del Encuentro y que a octubre 2011 reporta 237 femicidios, dato que está en aumento en 2012. Recién en septiembre de 2012 el INDEC y el Consejo Nacional de las Mujeres firmaron un acuerdo para llevar una estadística de violencia de género. No hay fecha prevista para la publicación de los datos.

dada la frecuencia y la magnitud en que se presenta, ante la completa falta de actuación de las autoridades y de la complacencia del sistema judicial con los agresores que mayoritariamente gozan de libertad por ser protegidos desde las instancias oficiales. En junio de 2013 demandó al Estado nicaragüense que aplique la Ley 779, que entró en vigencia un año atrás, dado que 83 mujeres han sido asesinadas desde ese momento. Denunció que 58 mujeres tenían antecedentes de violencia intrafamiliar y 5 de ellas habían denunciado, pero los juzgados les aplicaron la mediación y ahora forman parte de las víctimas. La Red denunció que desde 2012 están prófugos 37 presuntos femicidas; sólo 7 han sido condenados; 6 se quitaron la vida y 27 están en espera de ser juzgados. Hay otro femicida, a quien las autoridades dejaron en libertad y salió del país.

La Red de Mujeres Contra la Violencia, de Nicaragua, publica el Observatorio Nacional de Violencia de pareja, violencia sexual y femicidio, alimentado por las organizaciones integrantes de la Red y registra los reportes de los medios escritos, televisivos y radiales así como las estadísticas oficiales de la Comisaría de la Mujer y la Niñez.159 El femicido en Nicaragua puede considerarse una práctica tradicional,

Tabla 28: Leyes contra el acoso sexual en 6 países de LAC. País

Leyes contra el acoso sexual en 6 países de LAC

Argentina

Decree on sexual harassment in public, 2,385. 1993

Brasil

Law 10,224. 2001.

Colombia

Law 360 Sexual Offences. 1997.

México

Federal Criminal Code Article 259. 2012.

Nicaragua

Law 779, Act against violence towards women. 2012.

República Dominicana

Law 24-97 Violence Domestic. 1997.

Fuente: Political Constitution and Penal Code of the six countries studied

Políticas e iniciativas de fortalecimiento de capacidades para atender la violencia

En Argentina la política más importante es la que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que si bien está centrada en la capacitación al personal judicial, incluye los servicios de seguridad. En el Ministerio de Salud no hay protocolos excepto el de Atención de la Violencia sexual, pero no se aprobó por Resolución Ministerial ni se hacen capacitaciones. La violencia contra las mujeres no forma parte del currículo de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país. La

En los seis países estudiados existen políticas e iniciativas de fortalecimiento de capacidades para atender la violencia, en su mayoría la violencia no forma parte del currículo de Medicina, por lo que profesionales de la salud no logran capacitarse para atender un problema que ha sido declarado como de salud pública.

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provincia de Buenos Aires tiene desde la Secretaria de Derechos Humanos un programa destinado a capacitar efectores en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

A pesar de que existe una Norma Nacional para la Atención Integral en Salud a la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres en República Dominicana que incluye la capacitación para el personal de salud en el Tercer Nivel de Atención y que debe de cumplirse, en el sistema público no se conoce ni aplica ampliamente. Se ha iniciado un proceso sistemático que incluye seminarios, talleres de sensibilización, hasta Diplomados de Capacitación con aval académico de universidades nacionales.161 Se ejecuta capacitación permanente en materia de género para funcionarias/ os públicos incluyendo el pensum obligatorio a cursar por profesionales de la Procuraduría fiscal. En la Secretaria de Estado de la Mujer existe un programa de capacitación permanente en Género, Violencia Contra las Mujeres y Derechos Humanos, ofertados por organizaciones de la sociedad civil. El tema de violencia no forma parte del currículo de la carrera de Medicina lo cual no se corresponde con el hecho que la violencia es considerada un problema de salud público.

La Política Nacional de lucha contra la Violencia contra la Mujer de la Secretaría de Políticas para la Mujer de Brasil, garantiza la formación para el personal de salud de los diferentes niveles de atención así como al personal policial que interviene en estos procesos. Se lleva a cabo directamente por los Estados y Municipios incluyendo las escuelas de formación policial pero en cantidades muy inferiores a lo que se necesita. La Ley Maria da Penha plantea la implementación de medidas de capacitación y sensibilización para funcionarios públicos sin embargo el tema de la violencia no está incluido en los pensum y no forma parte del Plan de Estudio de Medicina. Forma parte de de los temas estudiados en profesiones como enfermería y trabajo social, pero no como parte del currículo obligatorio. Se destacan iniciativas como las del Centro de Investigación de Enfermedades Materna e Infantil de Campinas que ha promovido anualmente el Foro Interprofesional de Asistencia a las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual desde 1996.160

Leyes contra la trata de personas En todos los países existen leyes contra la trata de personas destinadas a erradicar la misma en los países de origen, tránsito y destino con fines de explotación sexual y trabajo forzoso; en México por su magnitud la trata de personas se ha convertido en el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas.

En Colombia la inclusión de la atención a víctimas de violencia en el currículo de Medicina no comprende un abordaje profundo de los Derechos Sexuales y Reproductivos que favorecería una formación integral de las y los profesionales. En la experiencia de la Fundación SI Mujer durante los procesos formativos con personal de salud se hace evidente este tipo de falencias siendo una de las causas más importantes de la reiterada revictimización en los servicios de salud de las mujeres, niños y niñas agredidas por violencias sexuales.

En Argentina se promulgó la Ley de prevención y sanción de la trata en 2008; el Programa Nacional para prevenir este delito y sobre todo para asistir a las víctimas, tiene su origen en la lucha iniciada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, una chica desaparecida y vendida a un prostíbulo de La Rioja. Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niñas y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas provienen de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias más prósperas del centro y sur del país. Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros son forzados

En Nicaragua el análisis del fenómeno de la violencia está integrado como parte del Seminario de Formación Integral que tienen que cursar los estudiantes de cualquiera de las carreras universitarias en la UNAN de Managua. En la Facultad de Medicina se incluye en segundo año de la carrera y luego no vuelve a tratarse hasta su finalización. En la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva se incluye la violencia contra las mujeres.

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a la prostitución en Argentina. El último Reporte sobre Tráfico de Personas nombra entre 186 países a Argentina como en el segundo lugar en cuanto al origen, tránsito y destino de las víctimas de ese flagelo social.

narcotráfico y por encima del tráfico de armas. De los 31 Estados, 28 de ellos y el Distrito Federal tienen disposiciones jurídicas que consideran la trata de personas como delito. En Nicaragua el nuevo Código Penal166 establece como delito la trata de personas y prohíbe la sumisión, detención o reclutamiento forzado de una persona para fines de esclavitud, trabajo forzado, servidumbre, o participación en conflictos armados. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes con edades comprendidas entre 19 a 25 años aunque cada vez es más frecuente la captación de menores de edad por parte de las redes dedicadas a este delito.167 Durante el año 2011 la Policía investigó 26 casos potenciales de trata de personas incluyendo dos casos de trabajo forzado; las autoridades entablaron 21 procesos judiciales. Se condenó a 9 acusados de trata, los mismos fueron sentenciados a condenas de prisión de entre siete a doce años.

En Brasil el Código Penal de 2005 hace referencia al crimen de trata internacional de personas para fines de explotación sexual previendo penas de reclusión y multas para quien “promueva, intermedie o facilite la entrada en el territorio nacional, de persona que venga a ejercerla prostitución o la salida de persona para ejercerla en el extranjero”. La inmensidad del territorio de Brasil y sus niveles de pobreza y desigualdad social demandan incrementar las acciones judiciales contra la trata de personas y la explotación sexual lo cual hace aún más difícil luchar contra estos delitos. Desde 1960 en Colombia ocurren avances legislativos relativos a la trata de personas, destacan Ley 74, Ley 470, Ley 704, Ley 679, Ley 747, Ley 800, Ley 985, Ley 1,257 y Ley 1,336 que adiciona y robustece la Ley 679 ya que agrega aspectos vinculantes como la lucha contra la pornografía y la explotación sexual contra niñas y adolescentes.162 A partir de la ley 985 del 2005 se adoptaron medidas de prevención, protección y asistencia contra la trata de personas; el Presidente de la República emitió el decreto 4,786 de 2008 en el que se adopta la Estrategia Nacional Integral contra la Trata de Personas.

La Procuraduría de DDHH presentó un estudio168 que destaca como una de las grandes deficiencias la falta de un sistema único que registre las estadísticas de casos de trata con indicadores que dimensionen el impacto de este delito y que registre las estadísticas desagregadas.169 Uno de los avances es la creación de la línea 133 bajo la dirección del Ministerio de la Familia habilitada 24 horas, que registró entre 2009 y 2011 alrededor de 20,000 llamadas de solicitud de información sobre trata de personas mayormente en puntos fronterizos. Otro aspecto positivo es el accionar de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas dirigida por el Ministerio de Gobernación, así como la atención a las víctimas y un marco jurídico, normativo y procedimental que tipifica el delito orientado a la protección y ayuda a las víctimas y a sus familiares.

De acuerdo al Informe de la Trata de Personas de Junio 2012,163 México se ubica como un país de Nivel 2, que corresponde a países cuyos gobiernos no cumplen con las normas mínimas de prevención y que hacen esfuerzos para cumplirlas. En 2007 del total de víctimas identificadas en el año en los Estados Unidos cerca del 14% eran de origen mexicano.164 En Junio de 2012 el Presidente firmó el decreto de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos. De acuerdo al Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México,165 es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del

A nivel legislativo la República Dominicana ha adoptado diversos instrumentos para prevenir y sancionar la trata de personas que se prohíbe explícitamente en la Constitución del año 2010 aunque desde 2003 se promulgó la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. En 2002 el Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante desarrolla programas de sensibilización y educación

156

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo V

sobre el delito, los peligros y la implementación de servicios de asistencia a las víctimas y llevado a cabo acciones judiciales en contra de los tratantes. El trabajo sobre la trata en República Dominicana ha estado muy ligado a las políticas de control de

la migración y en correspondencia con los planes de los Estados Unidos. A veces se maneja la trata y el tráfico como si fuera la misma cosa.170 Se estima que 50 mil dominicanas trabajan en la industria del sexo principalmente en Europa.

Tabla 29: Leyes contra la trata de personas País

Leyes contra la trata de personas

Argentina

Ley Nacional 26.364. Prevención y Sanción de la Trata y la Asistencia a las Víctimas. 2008.

Brasil

Decreto 2167 establece la aplicación del Plan de Acción para combatir la trata de personas entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados (MERCOSUR / RMI / ACUERDO. 2006.

Colombia

747 Ley de reformas y adiciones al Código Penal de la elaboración del delito de trata de personas. 2002.

México

Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, 2005.

Nicaragua

Ley 641, artículo 16, inciso f) del Código Penal de 2007.

República Dominicana

Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y la trata. 2003.

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Trabajo Sexual

La mayoría están expuestas por parte de los clientes al uso de drogas, alcohol, transmisión de infecciones sexuales, violencia y ruido, según un estudio en cuatro provincias; este mismo estudio refiere que casi un 50% de las trabajadoras sexuales por incitación del cliente utilizó marihuana, piedra o crack y aproximadamente el 5% presenta prevalencia de VIH, mientras que el 11% de trabajadoras sexuales presenta prevalencia de sífilis. Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley considerado discriminatorio por parte de Movimiento de Mujeres Unidas ya que se culpabiliza a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.171

En República Dominicana la mayoría de las mujeres que ejercen el Trabajo Sexual y/o Sexo Transaccional son jóvenes entre 15 y 25 años de edad, en su mayoría madres solteras, el 70% con 2 o 3 hijas/os promedio, que ha tenido historia de maltrato físico, verbal y otras formas de violencia intrafamiliar. El objetivo de ejercer el trabajo sexual y/o sexo transaccional es mantener económicamente a sus hijas/os, padres, familiares, es decir ejercen el trabajo sexual por una situación de desigualdad social, de pobreza extrema y de bajo nivel educativo.

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Lesbianas en Latinoamérica y el Caribe Los derechos de las mujeres Indígenas Mujeres afrodescendientes ante la discriminación y la desigualdad Situación de las mujeres con discapacidad

Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO VI MUJERES DIVERSAS, DIVERSAS MUJERES Lesbianas en Latinoamérica y el Caribe

En el ámbito laboral las mujeres lesbianas enfrentan la discriminación traducida en despidos, marginación, presión hasta conseguir la renuncia, invasión a la vida privada y acoso sexual. Las consecuencias económicas que no se reconozcan los derechos de las parejas lesbianas se relacionan con el derecho a la seguridad social, a la atención médica y a los beneficios familiares. Cuando lesbianas, bisexuales, gays y transgéneros reivindican el derecho a la seguridad social, saben que los Estados latinoamericanos y del Caribe no les garantizan ese derecho. Además, las mujeres perciben salarios inferiores a los de los hombres, en consecuencia, “por el hecho de estar formadas por mujeres, las familias lésbicas están más expuestas a la pobreza que las familias en las que hay varones (tanto heterosexuales como de hombres gays).”

La discriminación basada en la orientación sexual tiene sus raíces en la idea errónea que sólo es posible una clase de expresión sexo-afectiva -la heterosexual-, y que todas las otras son producto de la “enfermedad o del pecado”. Esa creencia empobrece el complejo fenómeno que es la sexualidad humana, define el estatus de los vínculos humanos en base al sexo biológico de las personas involucradas, sin prestar atención a la calidad de dichos vínculos. Esa concepción está instalada en la base misma del orden jurídico y de las prácticas sociales que nos rigen y es una de las principales fuentes de todas las injusticias que sufren las personas que expresan su sexualidad y su afecto de formas que difieren del modelo heterosexual obligatorio.1

Respecto a la participación política, según el informe de Internacional Gay and Lesbian Human Rigths Commision en el año 2003 hubo candidaturas LGTB a las elecciones en Brasil, México y Colombia, y ninguna de ellas resultó electa3.

En la sociedad patriarcal ser lesbiana significa no ser “madre”. Las lesbianas secularmente han sido percibidas como mujeres estériles e incapaces de ejercer la maternidad. El discurso heterosexual y lesbofóbico une la sexualidad femenina a la obligatoriedad reproductiva y niega esta capacidad a las mujeres que no cumplen con la normativa heterosexual. Ser “madre lesbiana” constituye una contradicción, “las mujeres lesbianas, como mujeres, deberían tener hijos y -como lesbianas-, deberían renunciar a ellos”.2

En el caso de las parejas lesbianas existe la violencia doméstica y las dificultades para denunciarla y poder salir de ella se agravan por la falta de formación del personal de las instituciones que trabajan el tema, también por la presión social debida a la discriminación. Existen iniciativas como el proyecto “Desalambrando”4 que en Argentina ese dedica exclusivamente a la cuestión de la violencia doméstica entre lesbianas. Pero se trata de un tema que sigue siendo poco conocido y escasamente abordado por el movimiento lésbico.

La familia, tal como la concibe el patriarcado, es indispensable como lugar de reproducción de las formas e ideologías en donde unos imponen sobre otras y éstas sobre los más pequeños; y se sostiene que la imposición es la única forma posible de organización en lo privado y en lo colectivo.

Las relaciones con el movimiento homosexual han sido y continúan siendo conflictivas. En varios países de América Latina y el Caribe existen experiencias de organizaciones mixtas que han atravesado procesos

Lesbianas Feministas Autónomas, de Argentina, señala: “Si bien los derechos civiles facilitarían algunas cosas, lo importante es el cambio cultural y social…”.

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de rupturas y resquebrajamientos organizacionales. La lucha por la visibilidad de las lesbianas se inicia con la demanda de ser nombradas, la necesidad de convertirse en “sujetas” con una identidad propia frente a lo masculino que es utilizado como genérico. Por ello, la integración de las lesbianas a los colectivos homosexuales significó una lucha interna por la visibilidad.5

en su entorno. En este contexto las organizaciones de lesbianas, pocas en América Latina, desarrollan con escaso apoyo financiero y enfrentando muchos prejuicios, múltiples actividades sustentadas en el trabajo voluntario. La principal tarea es la de dar apoyo a aquellas mujeres que tienen dificultades para asumir su condición de lesbiana”. “Los grupos feministas, que deberían estar aliados en las luchas de las mujeres lesbianas, no incorporan los temas de salud de la mujer lesbiana y sienten temor a ser identificadas con estos grupos; muestran resistencia e incapacidad para incorporar el tema del lesbianismo dentro del compromiso de luchar por el derecho de todas las mujeres de ejercer libremente su sexualidad”.

Alejandra Sarda6 afirma “…la lucha por los derechos de las lesbianas en América Latina y el Caribe es una cuestión poco conocida y silenciada, pero no por ello exenta de infinitos pequeños logros, miles de horas de trabajo, de incontables caminos que recorrer. Cada país tiene sus propios recorridos, y siempre es muy difícil tratar de abarcar algo tan amplio como es la lucha por el reconocimiento de los derechos en un contexto tan diverso como el de la región. Sabemos que tenemos elementos en común tanto con otras luchas como con otros continentes.

Los derechos de las mujeres Indígenas Los roles de género, así como las relaciones de las mujeres indígenas con los hombres, sus comunidades y la sociedad en general determinan su capacidad para alcanzar una buena salud y su calidad de vida. En la región latinoamericana las mujeres indígenas enfrentan una triple desventaja debido a su pertenencia étnica, sexo y residencia predominantemente rural.

Salud y violencia en lesbianas Según las conclusiones de la investigación Principales obstáculos para el pleno goce del derecho a la salud por parte de las lesbianas en América Latina7 “los obstáculos que viven las lesbianas en Latinoamérica tienen relación con la gravísima situación económica que vive la región y que afecta al conjunto de la población. Un grave problema son los prejuicios de los/as profesionales de la medicina, particularmente notables en ginecología y salud mental. Otro orden de prejuicios está vinculado al sistema legal y de los/ as profesionales que trabajan en violencia doméstica y sexual. Asimismo los prejuicios y desinformación de la propia comunidad lesbiana es otro problema considerado grave, dado que muchas lesbianas comparten los prejuicios de los profesionales, creyéndose inmunes a las enfermedades de transmisión sexual o menos necesitadas de atención ginecológica debido a su práctica sexual”.

Hay aproximadamente 42 millones de personas indígenas viviendo en las Américas de 400 grupos étnicos diferentes8, alcanzando el 6% de la población total y casi el 10% de la población de América Latina y el Caribe; el 80% vive en Centroamérica y en los Andes centrales. La mayoría vive en México, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador. La concentración alta de personas indígenas en muchos de estos países indica que sus preocupaciones de salud debería ser una prioridad nacional, sin embargo tienen las tasas más altas de morbilidad y mortalidad y el menor acceso a los servicios de salud entre sus poblaciones nacionales.

“En el tema de la violencia doméstica se destaca el hecho de que muchas lesbianas asumen el hecho que las mujeres no son violentas o de que deben preservar la buena imagen de la comunidad lesbiana y negar las situaciones de violencia que se producen

En los últimos 20 años la lucha y participación de las mujeres indígenas ha estado centrada en la defensa de la vida, esto ha implicado que aprender a conocer y usar instrumentos y mecanismos para responder a la agudización de la pobreza en el campo donde

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<Volver inicio> las familias indígenas son las más afectadas. La participación organizada desde el nivel local, nacional y regional les ha permitido avanzar en la confianza de sus capacidades y el manejo de la política para lograr programas de apoyo para la extrema pobreza hasta participación con voz propia en comisiones multisectoriales y gobiernos locales.

indígenas y sobre todo la autonomía, asumiendo la responsabilidad total de las familias.9 El 70% de las mujeres quechuas dedican tanto tiempo como los hombres a la comercialización de sus productos agrícolas. En Ecuador 53% de las mujeres indígenas son analfabetas, el 35% de hombres también los son.10 En Nicaragua el 32% de las mujeres rurales dicen que es aceptable que el esposo les pegue si solo sospecha que ella ha sido infiel, en tanto el 75% de las mujeres nicaragüenses casadas han sido golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales, o maltratadas de alguna manera.11 En Guatemala, la cobertura de los servicios de salud alcanzó el 54.4% de la población total y sólo el 25% de personas rurales tuvieron acceso.

Las comunidades indígenas -al igual que la población general- definen roles culturales y normas específicas para hombres y mujeres algunos de los cuales anteceden la colonización y otros han sido integrados como resultado de la colonización. La posición social de las mujeres indígenas se caracteriza por su subordinación a los hombres y por su triple carga de trabajo productivo, reproductivo y comunitario.

En relación a la situación de la salud de las mujeres indígenas, la OPS destaca altas tasas de fecundidad y nacimientos poco espaciados como resultado de los matrimonios a edad temprana, teniendo en promedio 6.8 hijas/os. El uso de métodos anticonceptivos es escaso, el 41,3% de mujeres shipibo de Perú no usa algún tipo de anticoncepción, en tanto la mayoría de los hombres no usa condón;12 se reportan altas tasas de mortalidad materna, como en Perú con 489 muertes x 100.000 n.v. debido a la falta de atención durante el parto, y a secuelas como anemia, incontinencia urinaria, prolapso uterino, infecciones genitales y fisuras vaginales que generalmente no reciben atención.

La concepción que tienen las mujeres indígenas acerca de su rol en la vida familiar, comunitaria, así como en la sociedad les ha permitido desarrollar su creatividad, ingenio y sabiduría así como desarrollar sus capacidades para enfrentar retos en sus triples funciones, aportes que no son reconocidos ni visibilizados en su justa dimensión. La pauperización de la economía familiar, la pobreza en el campo, el deterioro de la sociedad indígena por factores internos y externos han sido obligadas a asumir responsabilidades que actualmente recargan sus tareas. En situaciones de conflicto y en vista de la ausencia de los hombres en el hogar han creado organizaciones de diversa índole para contribuir a la solución de problemas de sobrevivencia y la defensa de la vida misma, dentro o fuera de la comunidad. Brindan sus aportes como depositarias del conocimiento de la medicina, de la biodiversidad para la salud, la alimentación y la conservación del medio ambiente, la lengua y la cultura, con los que obtiene reconocimiento de su comunidad.

La buena calidad de atención en los servicios públicos de salud continúa lejana para las indígenas quienes prefieren recurrir a la medicina tradicional por no tener recursos para comprar medicamentos o por prejuicios culturales, pero principalmente por los tratos humillantes en los puestos de salud. El derecho a la salud de las mujeres indígenas incluye su salud física, espiritual y emocional. La baja autoestima es producto de las diversas formas de agresión por lo que se necesita poner atención a las formas más adecuadas para recuperar su estima, auto valoración y auto respeto.

En países con dictaduras y/o conflictos armados internos como Guatemala, Nicaragua, Perú y Colombia frente a la violación de sus derechos humanos, han sido las mujeres quienes se han organizado para denunciar al mundo los abusos y la desaparición de sus familiares, defender los derechos de los pueblos

En el tema de salud sexual y salud reproductiva falta el reconocimiento y la incorporación de las prácticas médicas indígenas positivas y reconocer el aporte de

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las médicas tradicionales que deberían ser incorporadas al sistema de salud.

niñas y mujeres afrodescendientes, pero no la prevalencia de infección por VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.14

Este panorama exige que las feministas de todo el continente apoyen a las mujeres de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe demandando sus derechos en correspondencia al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración y Programa de Acción de Durban, los compromisos de la CEDAW, la Plataforma Mundial de Acción de Beijing y el PA de El Cairo ratificados por la mayoría de los Estados de la región, como forma de superar las barreras de la desigualdad y la exclusión social.

En el proceso de Beijing+10 las mujeres afrodescendientes demandaron visibilidad, participación y equidad en el trabajo, destacando la cultura como una de las áreas de exclusión así como un vínculo fuerte con la raza y su desarrollo igualitario en la sociedad. La Declaración de Managua en 200615 reconoció nuevas formas de discriminación racial y alertó de nuevas tendencias conservadoras y nacionalistas, asumiendo la tarea de luchar contra el sexismo, racismo, discriminación racial, xenofobia y todo tipo de discriminación, focalizando el análisis de la interseccionalidad de género, grupo étnico y raza.

Mujeres afrodescendientes ante la discriminación y la desigualdad

A la vez que plantea la necesidad de desarrollar acciones que actualicen los diagnósticos nacionales con un enfoque de género, etnia y raza; mejorar las condiciones de salud, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y del VIH/Sida, la educación formal y no formal, el desarrollo económico y cultural, la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías, la capacidad de liderazgo, la incidencia y participación política, la democracia y los derechos humanos, con énfasis en las articulaciones regionales para el aprovechamiento de recursos, las articulaciones temáticas, reafirmando su identidad, espiritualidad y los valores culturales.

En la Conferencia de El Cairo se señalaron las conexiones entre la cultura y la salud declarando que las circunstancias socioculturales en que viven las mujeres influyen en la morbilidad y la mortalidad. El Estado Plurinacional de Bolivia junto a Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, han incorporado la identificación étnica en al menos una encuesta. A pesar que en todos ellos se identifica a los grupos indígenas, los grupos afrodescendientes únicamente fueron incorporados por Brasil y Nicaragua.13 En la región existe al menos 150 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población; casi la mitad son mujeres. Alrededor de 75 millones de mujeres negras, junto a los pueblos indígenas, son los más pobres del continente. Según los censos de la década del año 2000, las personas de ascendencia africana constituyen porcentajes significativos de la población de países como Brasil (45%), Colombia (10,6%), y en otros como Nicaragua, representan el 0,5.

Cerrar las brechas de inequidad implica reconocer que es imposible avanzar en la definición de políticas públicas incluyentes si no se cuenta con información estadística desagregada, clara, y sistemática, de sus condiciones de vida y de cómo éstas se relacionan o comparan con las del resto de la sociedad. La invisibilidad sistemática de las afrodescendientes en América Latina y el Caribe ha obstaculizado la construcción de consensos para definir y formular indicadores adecuados para generar información que revele su condición, o para el desarrollo de alternativas para que la comunidad pueda participar como sujeto activo en la recolección de información oficial sobre las condiciones de vida de la misma.

De manera análoga a los grupos indígenas, los afrodescendientes muestran brechas importantes en muchos indicadores del capital humano. Específicamente la paridad de educación en niveles superiores de enseñanza está lejos de ser una realidad para las

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<Volver inicio> Se reconoce en Colombia y Argentina un claro patrón donde la población afrodescendiente vive en condiciones de pobreza generalizada, con bajos indicadores de salud, nutrición, educación e ingresos. 16 Las afrodescendientes dejan la escuela precozmente, solo un reducido porcentaje alcanza la educación intermedia y un grupo más reducido aun llega a la universidad. Entran temprano al mercado laboral, generalmente en trabajo informal y limitados beneficios. Cuando acceden al mercado laboral por lo general reciben menor salario y obtienen puestos de menor rango, aun en igualdad de condiciones educativas.

interculturales en todas las etapas de su ciclo de vida incorporando y valorizando los saberes y prácticas de la medicina ancestral. Garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos con consentimiento libre, previo e informado implementar políticas efectivas para la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH/Sida.

Situación de las mujeres con discapacidad Al menos la mitad de las personas con discapacidad del mundo son mujeres y su situación revela una aguda desventaja tanto en ambos sexos.18 Si bien no existen estadísticas confiables, sobre la base de las cifras de la OMS podría decirse que más de 300 millones de mujeres y niñas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad.19 Debido a su género y discapacidad sufren una triple discriminación siendo el grupo más pobre entre las pobres.20

Casi sin excepción las niñas indígenas y afrodescendientes presentan un porcentaje mayor de embarazos en la adolescencia que el resto de la población. Cada vez es mayor el número de embarazos no deseados, y abortos en condiciones inseguras, derivando en muchos casos en la muerte; la muerte materna es un grave problema a enfrentar: mientras que en Nicaragua se reporta que el 8.9% de la población adolescente afro descendiente ya es madre, en el Brasil es el 9.7%. En Nicaragua el 30.9% de las mujeres afrodescendientes de 18 a 19 años son madres, en Brasil se registra el 28.2%.17

Experimentan un trato discriminatorio en múltiples áreas de su vida, desde el acceso a la educación y la salud hasta la participación en el mundo de la política y el trabajo. Los estereotipos acerca de las mujeres con discapacidad, enraizados profundamente en la sociedad hacen que sean consideradas dependientes e incapaces de tomar sus propias decisiones. Sus cuidadoras, cuidadores y/o parientes actúan en su nombre sin consultarlas.

La violencia se manifiesta en todas las formas de discriminación racial, desplazamiento forzado, trata, escaso acceso al empleo, a servicios de salud y de educación. La persistencia de relaciones desiguales entre pueblos, lenguas y culturas impide a las comunidades étnicas hacer pleno uso de sus derechos. No siempre las comunidades están informadas sobre las políticas nacionales y regionales y rara vez logran incidir sobre ellas.

En los países menos desarrollados, donde prevalece el rol tradicional de las mujeres como madres y esposas, la creencia popular es que las mujeres con esa condición no son aptas para cumplir dichos roles y por lo tanto su valor social es nulo. Enfrentan prejuicios generalizados pues se considera que carecen de habilidad para participar en la vida pública y ser económicamente productivas. La contraparte del estigma que sufren las mujeres con discapacidad es su falta de autoestima, la cual ayuda a perpetuar su exclusión social.21

Las afrodescendientes de la región latinoamericana y del Caribe demandan construir y fortalecer los Estados para que sean laicos, democráticos, plurinacionales, pluriculturales, antirracistas e incluyentes, cuyo modelo de desarrollo no se base exclusivamente en la producción y acumulación de riquezas, sino para generar un desarrollo centrado en el ser humano, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía.

Las mujeres con discapacidades físicas y sensoriales tienen grandes dificultades de acceso a los servicios en igualdad de condiciones y las con discapacidades psico sociales son particularmente discriminadas.22

Asegurar a las mujeres afrodescendientes el acceso universal a los servicios de salud, integrales e

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Existe sinergia entre la discapacidad, el envejecimiento según el género, ya que con el avance de la edad aumentan las probabilidades de experimentar problemas de salud que incrementan su limitaciones a la funcionalidad y y la interacción de las personas con la sociedad.

y afectivas25 y esto ocurre debido a la creencia que las personas discapacitadas no son sexualmente activas y no necesitan controlar su fertilidad. Esta situación, aunada a los estereotipos que las señalan como “asexuadas”, lleva con frecuencia a las mujeres con discapacidad a enfrentar tanto deficiencias en la calidad de atención y en la cobertura de servicios, como claras violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.

La prevalencia de discapacidad en mujeres entre 2000 y 2004, según censos de población, revela que en Argentina es de 7.3, en Brasil de 15.3, en México de 10.4 y en Nicaragua de 11.3; en todos los países la mayor tasa de prevalencia la tienen las mujeres.

En ocasión del 25 de noviembre de 2011, la Disability Alliance26 hizo un llamado para que se establezcan medidas urgentes y concertadas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad en todo el mundo y para que se haga frente a las causas y los efectos de la violencia para la participación plena e igualitaria en todos los aspectos de la sociedad. Por su parte, el Foro Europeo de la Discapacidad refiere la existencia de datos provenientes de muchos países que demuestran que la esterilización forzada sigue practicándose en el caso de muchas personas con discapacidad. Lo sufren sobre todo las niñas y mujeres con discapacidades intelectuales y psicosociales, las que tienen grandes necesidades de apoyo, y son esterilizadas sin dar su consentimiento o comprender el propósito concreto de la intervención que se hace bajo el pretexto de su bienestar.

El panorama del acceso a la atención de la salud para las personas con discapacidad no es muy diferente.23 El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como resultado de un resultado de un largo proceso en el que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.24 Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad y se destaca su “visibilidad” dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y contar con una herramienta jurídica vinculante para hacer valer sus derechos.

Se requiere el compromiso de las feministas latinoamericanas para hacer evidente la necesidad de revisar los programas y estrategias y demandar a los Estados medidas específicas para garantizar que mujeres y niñas con discapacidad puedan acceder a la justicia y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. También se necesitan estadísticas desagregadas que permitan conocer con precisión la situación de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad para prevenirla y eliminarla.

La mayoría de los proyectos que persiguen la inclusión social de las mujeres con discapacidad se limita a aspectos académicos y laborales; se trabaja buscando que lean, escriban, se capaciten para que tengan la posibilidad de integrarse a la vida productiva, sin duda de gran importancia, pero rara vez se desarrollan estudios o programas para su desarrollo integral, lo que incluiría sus prácticas sexuales

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

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Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO VII CASOS EMBLEMÁTICOS Argentina: La revictimización de una niña violada y embarazada

en la justicia ya que se retiró la solicitud, pero movilizó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el año 2012 emitió un fallo ante un caso similar en la provincia de Chubut. La Corte se expidió ante la reiteración de la judicialización y negación a interrumpir el embarazo permitido por ley, como lo reconoce el Código Penal en el inc. 2 del art. 86 desde 1921.

El agosto del año 2011, en la Ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina, se conoció el caso de una niña de 14 años que resultó embarazada al ser violada por un tío, hermano del padre. El caso se desencadenó cuando la maestra pidió a las alumnas escribieran una composición sobre “el día más triste”. La niña describió que ella y su hermana de 10 años fueron abusadas sexualmente por el hermano de su papá. La escuela informó a la mamá de la niña, quien hizo la denuncia. La inacción de los organismos estatales permitió que el tío se vengara de la niña, la esperó a la salida de la escuela y la violó nuevamente.

El Subsecretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2011 reconoció frente al caso de esta niña que se debió hacer la interrupción del embarazo, y que el Ministerio de Salud de la Nación no aprobó por Resolución Ministerial el Protocolo de Atención de Aborto No Punible elaborado desde el año 2010. Ese protocolo es acorde con el Código Penal y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo no se aplica adecuadamente.

La niña fue llevada por su madre al Hospital de la Ciudad donde certificaron que estaba embarazada. La madre, con el acuerdo de la niña, solicitó el aborto pero los médicos la enviaron a la justicia para solicitar autorización. A pesar que la jueza aclaró se puede hacer el aborto en el hospital se niegan a realizarlo pero la mantienen internada. Al trascender a los medios de comunicación, la niña y su familia son revictimizados y perseguidos por quienes supuestamente los quieren ayudar.

Argentina - Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.2012, Argentina

Brasil: El dolor convertido fortaleza para todas En el año 1983 Maria da Penha, biofarmacéutica, fue víctima de doble intento de homicidio por su entonces marido y padre de sus 3 hijas, dentro de su casa en Fortaleza, Ceará. El agresor, Marco Antonio Heredia Viveiros, economista y profesor universitario, le disparó por la espalda mientras ella dormía causándole paraplejía irreversible, entre otros graves daños a su salud. Posteriormente intentó electrocutarla en el baño. Recién en 1998, más de 15 años después del crimen y pese a haber dos condenas por el Tribunal de Jurados de Ceará, por no haber decisión definitiva el agresor permanecía en libertad, razón por la cual Maria da Penha, CEJIL y CLADEM presentaron el caso a la CIDH/OEA. El Estado brasileño no respondió a la petición durante todo el procedimiento.

El director del Hospital y otros profesionales exageran ante la madre los riesgos de la interrupción del embarazo. Simultáneamente múltiples organismos gubernamentales y privados religiosos interpelan a la familia ofreciéndole apoyo si sigue adelante con el embarazo. La madre, atemorizada por su esposo que ve una posibilidad de contar con ayuda para superar la pobreza, accede y retira la solicitud de interrumpir el embarazo. En enero de 2012, por cesárea, la niña da a luz a su hija quien presentó bajo peso. El caso no continuó

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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo VII

En el año 2001 la CIDH responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Consideró que en este caso se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención de Belém do Pará y que existía responsabilidad por la falta de cumplimiento a los derechos protegidos a una vida libre de violencia, a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral y seguridad personal; la dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes.

El 10 de mayo de 2006 la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: por voto mayoritario estableció que el aborto no puede ser considerado un delito en tres circunstancias concretas:

La CIHD consideró violados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos en conexión con la obligación de respetar y garantizar los derechos, debido a la dilación injustificada y tramitación negligente del caso.

La demanda presentada por Women’s Link fue la primera en utilizar argumentos de derecho internacional de los derechos humanos para argumentar la inconstitucionalidad de las leyes de aborto de Colombia. La Constitución colombiana explícitamente consagra la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso sobre la legislación nacional y éstos sirven a su vez de guía para interpretar los derechos constitucionales. Ahora que el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado ha sido reconocido jurídicamente, Women’s Link trabaja para:

Cuando la vida o la salud física o mental de las mujeres se encuentre en peligro. Cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto. Cuando se diagnostiquen graves malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero.

Se trata del primer caso en que se aplicó la Convención de Belem do Pará en el sistema interamericano y en que se responsabiliza un país en materia de violencia doméstica contra las mujeres. En marzo de año 2002 el proceso penal concluyó y en octubre del mismo año el agresor fue arrestado. El caso fue también reportado al Comité CEDAW en 2003, el cual recomendó al Estado adoptar “sin demora una legislación sobre violencia doméstica”. El 7 de agosto de 2006 se aprobó la Ley 11,340, llamada Ley Maria da Penha, que crea mecanismos para frenar la violencia doméstica y familiar contra las mujeres.

Asegurar la adecuada implementación del nuevo marco legal, Proteger y fortalecer la decisión que permitió este cambio. Colombia - Corte Constitucional - Derecho al aborto bajo determinadas circunstancias

Brasil - Corte Interamericana de Derechos Humanos - Violencia contra las mujeres1

Caso Martha Solay -

Maria da Penha Maia Fernández - Report No. 54/01 Case 12.051

México: Violencia y discriminación En septiembre del año 2001, después de salir de su trabajo como mesera en un restaurante, Laura Berenice Ramos Monárrez de 17 años no regresó a su casa. 3El 10 de octubre del mismo año, Claudia Ivette González de 20 años de edad fue vista por última vez al salir de la maquiladora LEAR 173 a la que no le permitieron entrar a trabajar por llegar dos minutos tarde. El 29 de ese mismo mes, Esmeralda Herrera Monreal de 15 años desapareció cuando regresaba

Colombia: Litigio de alto impacto para la liberalización del aborto En abril del año 2005 Women’s Link Worldwide presentó una innovadora demanda ante la Corte Constitucional colombiana, solicitando la liberalización de las leyes de aborto del país, que hasta entonces estaba prohibido en todas las circunstancias.2

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El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> a su vivienda después de trabajar como empleada del hogar en una casa de Ciudad Juárez. Cuando los familiares de las víctimas las reportaron como desaparecidas las autoridades locales no las buscaron y asumieron que las mujeres estaban con sus novios.

limitó a realizar formalidades y a tomar declaraciones que aunque importantes perdieron su valor una vez éstas no repercutieron en acciones de búsqueda específicas. Además, las actitudes y declaraciones de los funcionarios hacia los familiares de las víctimas que daban a entender que las denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e inmediatez llevaron al Tribunal a concluir que hubo demoras injustificadas. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos con señales de violencia sexual extrema en un campo algodonero de la misma ciudad. A partir de ese momento se conformaron los hechos de “Campo Algodonero”. En noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos en relación con los casos de Campo Algodonero en la que afirma que el Estado habría incurrido en responsabilidad internacional por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad. También por la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que habría dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas y la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas, falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos de las víctimas, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares.

En noviembre de 2009 la Corte IDH condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González. México - Corte Interamericana de Derechos Humanos Violencia contra las mujeres – Feminicidios de Campo Algodonero, CD. Juárez

Nicaragua: Aborto ilegal = Violencia estatal En el año 2010 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, conoció el caso de “Amalia”, una joven embarazada de 27 años a quien el Estado nicaragüense negó el tratamiento para cáncer avanzado y la obligó a continuar su embarazo.

Después de 8 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIHD, dictó sentencia mediante al cual se concluye que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos el Tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Adicionalmente la sentencia condena al Estado mexicano por no ofrecer las debidas garantías de protección a favor de la vida e integridad de las tres víctimas.

En febrero de 2010 el CENIDH, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y otras organizaciones, solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad física y psicológica de Amalia, en virtud de la negativa del Estado nicaragüense de brindarle el tratamiento médico requerido utilizando como fundamento la penalización absoluta del aborto. El 26 de febrero del mismo año las medidas cautelares fueron otorgadas y la CIDH ordenó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para asegurar que Amalia tuviera acceso al tratamiento médico que necesitaba para tratar su enfermedad.

Concluyó la Corte IDH que el Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas. En el período entre las denuncias y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas el Estado se

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Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo VII

República Dominicana: La vida y la salud entre derechos terrenales y celestiales

Luego de la solicitud de la Comisión, el Estado nicaragüense aplicó el tratamiento de quimioterapia. En el informe brindado a la CIDH en marzo de 2011, el Estado señaló que el tratamiento se aplicaría sin la interrupción del embarazo. Cabe señalar que la solicitud de medidas cautelares se enmarcan en un contexto de prohibición absoluta del aborto que rige en Nicaragua, a partir de 2006 que la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente por resolver. Con posterioridad a penalización absoluta del aborto, varias personas naturales y el CENIDH han recurrido en dos oportunidades ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de los artículos 144, 144, 148 y 149 del Código Penal, referidos a dicha prohibición, con fundamento en el orden constitucional vigente y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Nicaragua. A octubre del año 2012 la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad alegada, violando las normas nacionales sobre plazos razonables establecidos en el procedimiento constitucional y las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Rosaura Arisleyda Almonte Hernández, “Esperancita”, de 16 años, dominicana, fue internada el 2 de julio de 2012 en el Hospital Docente SEMMA donde se le diagnostica leucemia linfoblástica aguda con un embarazo de 7 semanas de gestación. Había sido referida por el Comité de Morbilidad Extrema con recomendación de aborto terapéutico pero el equipo médico se niega por estar prohibido en la Constitución según el Artículo 37, que dice la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, recomendando esperar el desenlace natural del embarazo. Además de no hacer el aborto terapéutico no aplicaron la quimioterapia sino hasta las 12 semanas para evitar daños al feto. La madre demanda el aborto y que se le aplique la quimioterapia. Durante su estancia en el Hospital, la atendió una psicóloga para que lograra la “aceptación” del embarazo, limitaron a la madre el acceso a la prensa, le negaron la entrada a otro hospital que ofrecía mejores condiciones para su estado de salud. El reclamo de la madre fue apoyado por un amplio sector de la sociedad y debido a la gran presión deciden tardíamente aplicar la quimioterapia pero no el aborto; Esperancita muere el 17 de agosto de 2012.

La prohibición total del aborto en Nicaragua representa un claro ejemplo de las implicaciones discriminatorias en la población femenina y produce efectos adversos sobre la vida y la salud de las mujeres. En agosto de 2010, se informó a la CIDH sobre las labores de parto de Amalia y que el embrión fue expulsado muerto el día 23 de julio del mismo año, con malformaciones incompatibles con la vida. Amalia falleció el 18 de diciembre de 2011 producto del cáncer con metástasis avanzado, lo cual se procedió a informar a la CIDH.

República Dominicana - Violencia a los Derechos Humanos contra las mujeres Rosaura Arisleyda Almonte Hernández. Colectiva Mujer y Salud – 2012.

El Enlace Nacional de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe denunció las manifestaciones de violencia de Estado de la que fue víctima Amalia al no aplicarle el tratamiento inmediato poniendo en riesgo su vida y al no explicarle los riesgos de su embarazo, sufriendo casi nueve meses de tortura sicológica a causa de las maniobras políticas del Estado.

Notas a pie 1

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2135&Itemid=561.

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new. php?modo=detalle_proyectos&tp=proyectos&dc=10

Women’s Link Worldwide.

Nicaragua “Amalia” Ref.: MC-43-10 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH – 2012. Nicaragua.

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Recomendaciones respecto a los compromisos del Programa de Acción de la CIPD Recomendaciones respecto de las prioridades del movimiento de mujeres de la región latinoamericana y caribeña Propuesta de seguimiento a Cairo después de 2014 desde el movimiento de mujeres

Índice

Capítulo

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

CAPÍTULO VIII RECOMENDACIONES Recomendaciones respecto a los compromisos del Programa de Acción de la CIPD

respetando el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada. ••

Las participantes de cada país abordan cuatro aspectos principales y recomiendan cambios urgentes como prioridad para continuar desarrollando el proceso de aplicación del PA después de Cairo+20, así como los compromisos por parte de los gobiernos con respecto a los derechos sexuales, derechos reproductivos, el acceso a los servicios de calidad en salud sexual y salud reproductiva, las inversiones en salud por parte de las instituciones y la participación de las agencias de cooperación internacional disponiendo recursos financieros de forma transparente y ajustados a los principios de autonomía, igualdad y equidad, promoviendo la participación ciudadana de las mujeres.

Mortalidad Materna ••

Garantizar la reducción de la mortalidad materna en la región a través de programas específicos destinados a la prevención y atención de las mujeres en todas las etapas de su vida reproductiva, asegurando el acceso de la atención prenatal en las comunidades más alejadas, ampliando el aprovisionamiento de métodos anticonceptivos seguros, incluyendo la anticoncepción de emergencia a nivel público y privado en los diferentes niveles de atención, asegurando el cumplimiento de normas que definan el uso adecuado de todos los anticonceptivos según características de las usuarias y usuarios, brindando información oportuna y veraz.

••

Implementar campañas de difusión masiva sobre diferentes estrategias de reducción de mortalidad materna en la región. Registrar las causas de mortalidad materna aplicando la clasificación internacional evitando enmascarar especialmente las muertes maternas por aborto.

Cambios de política sustentados por el Programa de Acción de la CIPD en relación a la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos Aborto ••

Legalizar el aborto para que sea seguro y sin riesgo en el marco del respeto a los derechos humanos, reconociendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, adolescentes y jóvenes en todos los países de la región.

••

Garantizar la atención humanizada del aborto mediante legislación adecuada implementando normas y/o protocolos, brindando atención de buena calidad a todos los niveles, garantizando el cuidado a las mujeres mediante servicios gratuitos, apoyo psicológico y asesoría post-aborto que incluya métodos anticonceptivos seguros

Brindar capacitación al personal de salud, educación, policial y judicial con la finalidad que conozca la legislación, normas y protocolos de atención, garantizado atención de buena calidad, evitando las inequidades e injusticias a que son sometidas las mujeres que acuden por aborto en cualquier circunstancia a los establecimientos de salud, policiales y judiciales.

Cáncer Génito mamario ••

182

Impulsar a nivel público y privado la cobertura total de exámenes preventivos periódicos para la detección del cáncer génito mamario en todas las mujeres en edad fértil y post-menopáusicas. Brindar acompañamiento integral a las mujeres

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo VIII

en todo el proceso de tratamiento, creando redes intersectoriales de apoyo que fortalezcan el trabajo comunitario, de manera que se potencie la atención y respuesta a sus necesidades. ••

propiciando intercambios de experiencias con aquellos donde el tema de la violencia ha sido mejor desarrollado. Establecer alianzas nacionales y regionales con el fin de compartir argumentos jurídicos que facilitan la erradicación de la violencia.

Garantizar la disponibilidad de medicamentos y tratamientos para todos los tipos de cáncer y ofrecer alternativas naturales aceptables para las usuarias. Implementar sistemas de registro nacional sobre el cáncer génito mamario, desagregados también por variables de género. Desarrollar campañas masivas de auto cuidado y prevención del cáncer.

Adolescentes – Niñas ••

Garantizar educación sexual integral desde la infancia a nivel público y privado basada en los derechos humanos, la equidad de género y con pertinencia cultural y generacional a través de metodologías adecuadas. Proveer a adolescentes el acceso a métodos anticonceptivos seguros apropiados para su edad.

••

Reconocer a las y los adolescentes en sus diversidades como sujetos de derechos, así como establecer mecanismos para su participación en el diseño e implementación de políticas públicas. Debe asegurarse el acceso a educación y servicios de salud en el ámbito de la sexualidad, la reproducción y la no violencia.

VIH/Sida ••

Cumplir las legislaciones en materia de ITS, VIH/ Sida, desarrollando estrategias integrales de prevención y atención, garantizando su cumplimiento sin violación de los derechos humanos de las personas afectadas, promoviendo amplia participación de las organizaciones de mujeres.

••

Garantizar servicios adecuados de atención integral para las mujeres desde la niñez cumpliendo con normas y protocolos que garanticen la atención humanizada. Asegurar la disponibilidad de medicamentos y tratamientos así como el apoyo a las familias afectadas.

Garantizar que las inversiones de los gobiernos y donantes en la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres reflejen su compromiso y sean constantes y sostenidas

Violencia contra las mujeres ••

••

Disponer de un marco jurídico no discriminatorio, que facilite el respeto irrestricto al ejercicio de los derechos humanos, el acceso a la justicia y el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, que impida la revictimización de mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencias. Hacer cumplir la legislación y adoptar medidas para prevenir acciones o conductas que, basadas en discriminaciones de género, causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, de conformidad a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de Belem do Pará. Garantizar registros nacionales que permitan hacer una comparación entre países de la región

183

••

Continuar demandado que la cooperación internacional invierta en proyectos y programas dirigidos a las mujeres en los países. Realizar investigaciones que permitan demostrar la necesidad de mantener el compromiso de la ayuda internacional en la salud de las mujeres en la región, que cada día se deteriora por efectos de la globalización neoliberal, y las inequidades de género en todos los ámbitos del desarrollo.

••

Exigir a los gobiernos la asignación de partidas presupuestarias desagregadas por prioridades y programas específicos destinadas a la salud integral de las mujeres y partidas para la articulación entre el Estado, las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> ••

Garantizar que todas las mujeres cuenten con seguro social que les permita alcanzar un nivel de vida digno contando con servicios integrales de salud, incluidos los medios diagnósticos y tratamientos, así como el derecho a pensiones en la etapa adulta de su vida.

••

El UNFPA y otras agencias de las Naciones Unidades deben revisar su compromiso con el Capítulo XV del PA en relación a facilitar la interlocución y promover la participación de las mujeres organizadas, asignando fondos para la definición, ejecución y monitoreo de las políticas públicas nacionales que recomienda la CIPD.

Recomendaciones respecto de las prioridades del movimiento de mujeres de la región latinoamericana y caribeña Acciones, enfoques y temáticas que deberían impulsarse en la agenda de las organizaciones que trabajan en derechos y salud sexual y reproductiva El reconocimiento dentro de las legislaciones nacionales el marco internacional en materia de género y políticas públicas para las mujeres

Concretar los derechos a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre todo de las mujeres, de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas ••

Los Estados deben de garantizar, promover y proteger todos los derechos ciudadanos de las mujeres. Tomar en cuenta sus necesidades particulares de salud a partir de su diversidad y condiciones de vida. Deben eliminar las barreras legales, económicas, políticas, religiosas y culturales para la atención a la salud sexual y reproductiva.

••

Promover en la sociedad en general y en los tomadores de decisiones en particular, el respeto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres como derechos humanos y de ciudadanía.

••

Realizar procesos de educación y sensibilización específicamente con la comunidad gay, lésbica, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersex, con el fin de lograr su empoderamiento con herramientas jurídicas y políticas para que sean partícipes activos en la defensa de sus derechos en los diferentes espacios donde existe discriminación, violencia, odio, rechazo y repudio.

••

Demandar y exigir el restablecimiento del Estado de Derecho como una prioridad en aras de garantizar los derechos de ciudadanía y democracia participativa en todos los ámbitos del desarrollo económico político, social y cultural; ratificación del Protocolo Opcional de la CEDAW posibilitando el acceso a la justicia y la protección cuando los derechos de las mujeres son vulnerados, asumiendo las recomendaciones y cumpliendo con las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Demandar el impulso y el reconocimiento del marco internacional en materia de género en leyes y políticas públicas que impacten en la vida y la salud de las mujeres, y sean reconocidas como ciudadanas con derechos plenos y acceso a bienes y servicios.

••

Derogación de las leyes que penalizan el derecho a la interrupción del embarazo, las que establecen el Día del No Nacido y aquellos instrumentos legales que violenten los derechos de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas.

Posibilidades de articulación con otros sectores sociales ••

184

Fortalecer las articulaciones con las organizaciones de derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, con la academia, especialmente

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo VIII

de las área de medicina, derecho y sicología, abordando y/o fortaleciendo el discurso en relación al aborto; articularse con sindicatos, partidos políticos, organizaciones civiles y movimientos sociales emergentes o coyunturales en aras de la defensa de los derechos humanos y de ciudadanía; involucrar a los medios de comunicación masivos y alternativos como generadores de opinión; construir una estrategia articulada con organizaciones de mujeres, feministas y movimientos sociales en defensa del Estado laico. Potenciar la articulación feminista internacional mediante el reconocimiento de alianzas y apoyando con solidaridad sus luchas y demandas.

sexuales y reproductivos con una clara estrategia de acción en lo local, nacional, regional e internacional. Construir agendas conjuntas solidarias, menos competitivas y con menos disputas por el protagonismo, impulsando estrategias colectivas a través de alianzas, pactos y agendas comunes. ••

Establecer coaliciones y alianzas entre las organizaciones del movimiento de mujeres ••

Temas infaltables y urgentes para atender en la agenda de las mujeres

Continuar trabajando con las mujeres y desde las mujeres en coaliciones y alianzas fortaleciendo el discurso y la acción desde el enfoque feminista, los derechos humanos y generacionales. Fortalecer las alianzas y coordinaciones nacionales, regionales e internacionales en defensa de la vida y la salud de las mujeres.

••

Apoyar y difundir las campañas impulsadas por el movimiento de mujeres en fechas claves ••

Impulsar el acceso al aborto no punible y educación sexual integral, el derecho de las mujeres a la salud y a una vida sin violencia, a ejercer su sexualidad con libertad y autonomía; demandar, impulsar y fortalecer el respeto y la vigencia del Estado Laico en la lucha contra los fundamentalismos religiosos que dominan, controlan y sujetan los cuerpos y las sexualidades de las mujeres.

Apoyo financiero del gobierno para las actividades nacionales. Otros donantes externos. Apoyo financiero de las NNUU

Continuar desarrollando campañas para sensibilizar y difundir información desde el contexto local y regional, en particular sobre la situación de los derechos de las mujeres, adolescentes, jóvenes. Incluir las campañas como parte integral de la agenda y estrategias de acción nacional, regional e internacional de las organizaciones feministas y de mujeres. Promover las campañas y el debate público sobre el derecho al aborto así como las consecuencias del aborto inseguro en la salud y la vida de las mujeres.

Fortalecer el movimiento de mujeres: acciones clave ••

Fortalecer al movimiento feminista y de mujeres compartiendo información, socializando acciones exitosas, analizando los contextos y coyunturas de forma sistemática. Promover los liderazgos individuales y colectivos que posibiliten la incidencia y participación activa, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

El principal desafío en pleno siglo XXI es una real articulación en el tema de salud y los derechos

185

••

Demandar la distribución de fondos equitativa e igualitaria que garantice la continuidad de los proyectos dirigidos al fortalecimiento de los derechos de ciudadanía de las mujeres, adolescentes y jóvenes.

••

Continuar demandando que las agencias de Naciones Unidas incorporen en la distribución de fondos a las organizaciones feministas y de mujeres, en correspondencia con el mandato del PA de la CIPD; que ONU Mujeres abogue activamente ante los Estados de la región y de manera urgente ante la crítica situación que vulnera los derechos de las mujeres, y que destine recursos financieros para apoyar campañas y acciones.

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

Propuesta de seguimiento a Cairo después de 2014 desde el movimiento de mujeres ••

de las mujeres, adolescentes y jóvenes. Fortalecer las redes y espacios nacionales del movimiento feminista y de mujeres, estableciendo relaciones horizontales mediante el ejercicio de prácticas democráticas, y diseñar estrategias globales que integren las necesidades particulares de la diversidad de mujeres de la región. Analizar los avances y retrocesos y definir cómo se pacta, qué se pacta y cómo avanzar. Fortalecer los derechos de ciudadanía de jóvenes como garantes de continuidad y fortalecimiento de los procesos de monitoreo y seguimiento.

Diseñar estrategias que garanticen que la evaluación Cairo más allá de 2014 sea un proceso conjunto entre gobiernos y organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, con énfasis en los espacios colectivos en sus diversidades culturales, étnicas, sociales, de jóvenes y feministas. Recuperar la estrategia de advocacy feminista; ampliar las habilidades de organización y cabildeo; reactivar los mecanismos de interlocución nacional y subregional bajo un nuevo enfoque acorde al contexto a nivel internacional, regional, nacional y local. Avanzar en la revisión del cumplimiento al PA de Cairo exigiendo la participación de las organizaciones de jóvenes y de mujeres en reuniones de consulta y en grupos de trabajos nacionales. Fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento nacionales y regionales que permitan mediar el cumplimiento de los acuerdos del PA de Cairo e impulsar el establecimiento de acuerdos, mediante la implementación de mecanismos claros de participación, contando con reglas para la evaluación de las estrategias.

Rol de las ONG’s y participación nacional / regional / internacional ••

Impulsar la agenda de derechos de las mujeres en el ámbito de las conferencias, convenciones y comisiones de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina; demandar la participación de manera coordinada y como parte de las delegaciones oficiales, así como en vinculación con las redes mundiales y regionales; construir alianzas para compartir experiencias y conocimientos; también para generar nuevas estrategias que permitan avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y continuar desarrollando estrategias de movilización desde lo nacional, a través de notas informativas, boletines, llamados a la acción, posicionamientos y pronunciamientos políticos que posicionen la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional, regional e internacional.

••

Más allá del Cairo, las mujeres, las organizaciones, el movimiento de mujeres queremos:

••

Garantizar que la evaluación del PA de Cairo más allá de 2014 sea un proceso entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los espacios colectivos de mujeres y feministas, que incluya sus diversidades culturales, sexuales, físicas, étnico raciales, sociales y generacionales; realizar esfuerzos para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, incluyendo la educación en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, a técnicas de reproducción asistida y el acceso al aborto legal y seguro.

Articulaciones entre Norte y Sur ••

Establecer mecanismos de articulación norte y sur que garanticen la igualdad de equidad de condiciones, demandando la movilización de recursos en el marco del respeto y la autonomía y propiciando el financiamiento para el desarrollo sobre la igualdad de género y derechos de las mujeres más allá de la transversalización de género. Revisar y contextualizar las normas de cooperación norte sur que permitan que sus acciones respondan a la realidad regional.

Fortalecimiento, estrategias y alianzas: un movimiento de mujeres amplio y potente ••

Potenciar las relaciones con medios de comunicación, hombres y mujeres de prensa para movilizar el discurso de los derechos humanos

186

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo VIII

••

Demandar la revisión de legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo. Promover el desarrollo así como el acceso a los avances del conocimiento y la investigación científica en materia sexual y reproductiva. Erradicar las muertes maternas evitables y reducir la morbilidad materna extrema. Reconocer a las y los jóvenes en sus diversidades como sujetos de derechos, así como establecer mecanismos para

su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas. Reconocer los derechos humanos y de ciudadanía de las mujeres mayores que ejercen el trabajo sexual. ••

187

Mantener la autonomía de las organizaciones de mujeres y sus líderes frente a las presiones de agencias de cooperación que imponen sus agendas y prioridades en los temas de salud sexual y salud reproductiva en la región.

Ă?ndice

Anexos

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

ANEXO DE TABLAS

Tabla I: Países que participaron y aprobaron el Programa de Acción de la CIPD, Beijing y las MDM. Países que participaron y aprobaron el Programa de Acción de la CIPD, Beijing y las MDM Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994

Plataforma de Acción Mundial de Beijing 1995

Metas de Desarrollo del Milenio 2000

Argentina

1994

1995

2000

Brasil

1994

1995

2000

Colombia

1994

1995

2000

México

1994

1995

2000

Nicaragua

1994

1995

2000

República Dominicana

1994

1995

2000

País

Fuente: From ICPD Programme of Action (PoA); Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995; MDG Monitor: Tracking the Millenium Development Goals. Available online at: http://www.mdgmonitor.org

Tabla II: Esperanza de vida al nacer. 2001-2005 Esperanza de vida al nacer 2001

2005

País Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Argentina

77.4

70.3

78.6

71.1

Brasil

72.3

63.7

75.5

68.1

Colombia

75.0

68.6

76.0

68.7

México

76.1

70.1

78.0

73.1

Nicaragua

71.5

66.8

75.0

69.0

República Dominicana

69.3

64.4

74.8

68.6

Fuente: Human Development Reports 2001 and 2005. Available online at: http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_complete2.pdf

Tabla III: Tasas de mortalidad infantil y de niñas/os menores de cinco años.1990-2005

190

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IXI

Tasa de Mortalidad Infantil x 1,000 n.v.

Mortalidad en menores de 5 años x 1,000 n.v.

País 1990

2001

2005

1990

2001

2005

Argentina

Brasil

Colombia

México

Nicaragua

República Dominicana

Fuente: Human Development Reports 1995, 2003, and 2005. Available online at: http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_complete2.pdf http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf

Tabla IV: Situación de las mujeres en términos de escolaridad. Matrícula en educación primaria y secundaria. 2000-2005 (%) Situación de las mujeres en términos de escolaridad. Matrícula en educación primaria y secundaria País

2000

2005

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Argentina

Brasil

Colombia

México

Nicaragua

República Dominicana

Fuente: Human Development Reports 1995, 2000, 2007/8. Available online at: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

Tabla V: Tasa neta de matrícula en educación primaria / Matrícula de educación primaria en niñas

191

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

País

Tasa neta de matrícula en educación primaria

Matrícula de educación primaria en niñas Año

Argentina

99 (2004)

2007

0.99

Brasil

95 (2004)

2008

0.93

Colombia

87 (2005)

2007

1.0

México

98 (2005)

2008

0.98

Nicaragua

87 (2005)

2008

0.98

República Dominicana

88 (2005)

2009

0.86

Fuente: Human Development Reports 2007/8. Available online at: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ http://www.cepal.org*

Tabla VI: Tasa neta de matrícula en educación secundaria / Matrícula de educación secundaria en niñas

País

Tasa neta de matrícula en educación secundaria

Matrícula de educación secundaria en niñas Año

Argentina

79 (2004)

2007

1.1

Brasil

78 (2004)

2008

1.1

Colombia

55 (2005)

2007

1.11

México

65 (2005)

2008

1.1

Nicaragua

43 (2005)

2008

1.1

República Dominicana

53 (2005)

2009

1.1

Fuente: Human Development Reports 2007/8. Available online at: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ http://www.cepal.org*

Tabla VII: Tasa bruta de matrícula en educación terciaria / Matrícula de educación terciaria en mujeres y hombres

192

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IXI

Tasa bruta de matrícula en educación terciaria.

País

Matrícula de mujeres en educación terciaria

Mujeres

Hombres

Año

Argentina

83.2

54.6

2008

68.7

Brasil

29.0

22.4

2005

25.6

Colombia

40.9

37.4

2010

39.1

México

27.6

28.4

2010

28.0

Nicaragua

18.7

17.2

2003

18.0

República Dominicana

41.4

26.1

2003

33.7

Fuente: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idTema=193&idIndicador=99

Tabla VIII: Cuentas nacionales consolidadas de salud. 2003-2010 País

Cuentas nacionales consolidadas de salud

2003

2008

2010

Argentina Total expenditure on health as percentage of GDP (THE)

8.3

8.4

8.1

General government expenditure on health as percentage of total government expenditure

52.3

62.6

54.6

Per capita total expenditure on health ( in PPP $)

283$

698$

742$

8.3

8.4

8.1

64.4

59.2

65.8

7.0

8.3

9.0

General government expenditure on health as percentage of total government expenditure

44.4

42.8

47.0

Per capita total expenditure on health ( in PPP $)

214$

715$

990$

7.0

8.3

9.0

General Government expenditure on health as percentage of total health expenditure (GHE) Private expenditure on health as percentage of total health expenditure (PHE) Brasil Total expenditure on health as percentage of GDP (THE)

General Government expenditure on health as percentage of total health expenditure (GHE)

193

El monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres marzo 2013

<Volver inicio> País

Cuentas nacionales consolidadas de salud Private expenditure on health as percentage of total health expenditure (PHE)

2003

2008

2010

62.6

56.0

57.8

6.3

6.9

7.6

84.1

70.6

72.7

146$

377$

472$

6.6

6.9

7.6

47.2

76.3

71.5

5.8

5.9

6.3

General government expenditure on health as percentage of total government expenditure

44.2

46.9

48.9

Per capita total expenditure on health ( in PPP $)

392$

598$

604$

5.8

5.9

6.3

94.7

92.9

92.2

7.9

9.3

9.1

General government expenditure on health as percentage of total government expenditure

56.6

54.8

53.3

Per capita total expenditure on health ( in PPP $)

61$

105$

103$

7.9

9.3

9.1

88.7

93.0

92.6

Colombia Total expenditure on health as percentage of GDP (THE) General government expenditure on health as percentage of total government expenditure Per capita total expenditure on health ( in PPP $) General Government expenditure on health as percentage of total health expenditure (GHE) Private expenditure on health as percentage of total health expenditure (PHE) México Total expenditure on health as percentage of GDP (THE)

General Government expenditure on health as percentage of total health expenditure (GHE) Private expenditure on health as percentage of total health expenditure (PHE) Nicaragua Total expenditure on health as percentage of GDP (THE)

General Government expenditure on health as percentage of total health expenditure (GHE) Private expenditure on health as percentage of total health expenditure (PHE)

194

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe capítulo IXI

País

Cuentas nacionales consolidadas de salud

2003

2008

2010

República Dominicana Total expenditure on health as percentage of GDP (THE) General government expenditure on health as percentage of total government expenditure Per capita total expenditure on health ( in PPP $) General Government expenditure on health as percentage of total health expenditure (GHE) Private expenditure on health as percentage of total health expenditure (PHE) Fuente: World Bank http://datos.bancomundial.org/indicador

195

6.0

5.7

6.2

33.1

37.1

43.4

129$

269$

323$

6.0

5.7

6.2

70.2

66.3

65.7