Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indigenas de Colombia by UNDP ART Initiative

1. Porqué una Agenda Nacional de Paz

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia PROPUESTA DE TRABAJO

1. Porqué una Agenda Nacional de Paz

Agenda Nacional de Paz de losPueblos Indígenas de Colombia PROPUESTA DE TRABAJO

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

Agenda Nacional de Paz de losPueblos Indígenas de Colombia PROPUESTA DE TRABAJO Bogotá D.C., Abril de 2014 Consejería Organización Nacional Indígena de Colombia / ONIC

Consejería Mayor Consejero Mayor: Luis Fernando Arias del Pueblo: Kankuano Secretaría General Secretario General: Juvenal Arrieta del Pueblo Emberá Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH y Paz Consejero: Alexander Dora del Pueblo Motilón Bari Consejero de Planeación, Administración y Finanzas Consejera: Dora Lilia Tavera Riaño del Pueblo Pijao Consejera de Mujer, Familia y Generación Consejera: Arelis Uriana del Pueblo Wayuú Consejero de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad Consejero: Alberto Wazorna del Pueblo Emberá Consejero de Sistemas de Investigación, Información y Comunicaciones Consejero: Álvaro Piranga del Pueblo Koreguaje Apoyo técnico Aura Maria Puyana Andrés González Posso Diana Murcia Fotografías Elizabeth Yarce, Oficina de Comunicaciones PNUD Andrés González Posso Diseño y diagramación María Ángela García, estudio de diseño abraqui www.abraqui.com

Presentación

La paz es nuestro mandato de vida

Proceso de construcción de la agenda nacional de paz de los pueblos indígenas de colombia PRESENTACIÓN Históricamente los Pueblos Indígenas nos hemos caracterizado por ser actores y constructores de paz. Este mandato de vida se fundamenta en los principios de armonía, equilibrio, equidad, compensación, cosmovisión propia y en suma, el respeto a la madre tierra, la naturaleza y la vida en sus diversas manifestaciones, mandato que a su vez es pensamiento y acción, inherente a la materialización del buen vivir comunitario en nuestras comunidades. Los 102 Pueblos Indígenas hemos padecido el conflicto armado colombiano, nos hemos destacado por negarnos a participar como actores armados y por ejercer la resistencia pacífica. Desde el pasado cercano, cuando se presentaron los primeros procesos de negociación entre el Gobierno y grupos insurgentes, se empezó a consolidar la posición y lucha del movimiento indígena colombiano al respecto, centrada en la solución política al conflicto armado que azota nuestro país hace varias décadas; igualmente, hemos trabajado para que la paz sea una realidad concreta en nuestros territorios, defendiendo el ejercicio del gobierno propio, la autonomía, la autodeterminación, el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, entre otros. Para los Pueblos Indígenas el logro de la paz en Colombia es fundamental, a raíz del inicio oficial de nuevos diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en julio de 2012, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha ratificado dicha posición en múltiples oportunidades y escenarios. La IV Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la ONIC, realizada en agosto del 2012, saludó las conversaciones exploratorias de paz y manifestó la “intención política de participar de manera directa en la agenda de diálogo y negociación como un actor político fundamental, sin ceder nuestras voces, para avanzar en la construcción de paz en nuestros territorios y en el País”. En este sentido, el VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, que contó con la participación de más tres mil delegados y delegadas procedentes de toda la geografía colombiana, aprobó el 12 de Octubre de 2012, el “Llamado General por la Paz” para señalar que si la paz no es

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sólo el acuerdo entre actores armados sino un derecho fundamental y una conquista social, era necesario “iniciar un capítulo de diálogos regionales donde los pueblos indígenas participen con autonomía y voz propia” en el nuevo escenario político. Días después, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena-ONIC dio la bienvenida al proceso de paz, instalado de manera formal en Oslo (Noruega), al tiempo que reclamaba la participación de todos los actores sociales y políticos que sufren los rigores de la guerra y ven afectada la gobernabilidad sobre sus territorios: “No es un secreto que uno de los puntos estructurales de los llamados diálogos de Paz gire en torno a la explotación de los recursos naturales, los cuales, se encuentran en nuestros territorios sagrados. Nuestra propiedad ancestral no puede ser objeto de debate y negociación a puerta cerrada. La historia nos ha enseñado que la exclusión sólo alimenta el conflicto y da más armas a la guerra.”

El 14 de diciembre de 2012, los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la ONIC, reunidos en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, Resguardo Indígena La María (Piendamó, Cauca) presentamos nuestra propuesta de paz, dirigida a los actores civiles, institucionales y armados. En la declaración final “Por una paz más allá de las negociaciones con los armados. Propuestas a la Sociedad Civil, al Gobierno Nacional, a las FARC, al ELN y a la Comunidad Internacional desde el Movimiento Indígena Colombiano”, se ratificó la postura de no ceder la vocería, ni la representación en ninguno de los sectores convocados a la Mesa de conversaciones de La Habana (Cuba) y se concretaron las propuestas a ser tenidas en cuenta por la sociedad civil, el Gobierno nacional, la insurgencia y la comunidad internacional. El año 2013 fue igualmente intenso para el movimiento indígena en acciones de paz. Entre otros, participamos, logramos hacer escuchar nuestra voz y visibilizar la agenda indígena de paz en la “Minga Indígena Nacional por la Paz y la Reconciliación del país”, la “Marcha Nacional por la Paz” y el “Congreso Nacional para la Paz”, realizados en el primer semestre del año. En estos tres escenarios, miles de indígenas de las organizaciones regionales y locales demandaron el cese al fuego, la desmilitarización de los territorios, la reconciliación y la necesidad de que Gobierno y guerrilla no se levanten de la Mesa de conversaciones de La Habana, sin antes colocar un punto final al capítulo del conflicto armado colombiano. En el Congreso Nacional para la Paz se acordó junto a comunidades afrodescendientes, campesinas y urbanas populares, construir la Ruta Social Común para la Paz, en aras de que las voces de los excluidos sean efectivamente escuchadas en escenarios participativos de diálogo regional. Así mismo, proyectamos una dimensión propositiva intercultural con

Presentación

nuestra participación en los Foros “Política de Desarrollo Agrario-Enfoque territorial”, “Participación Política” y “Solución al problema de las drogas ilícitas”, convocados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Nacional de Colombia, cuyos insumos alimentarían las conversaciones en la Mesa de Diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y las FARC. Las consideraciones y propuestas contenidas en las ponencias presentadas por el movimiento indígena, posibilitan, más allá del acuerdo que se suscriba en La Habana, encontrar senderos de reconciliación, democracia política e igualdad social. La Minga Social Indígena y Popular -Por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía-, convocada por la ONIC, desarrollada a lo largo y ancho del país en el mes de octubre de 2013, se reivindicó como escenario de resistencia y de paz, en el que miles de hombres y mujeres indígenas manifestaron ¡Aquí estamos, somos protagonistas insustituibles de la paz!. De los 30 acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, que constituyen el avance más importante para el ejercicio de los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en la Constitución Política de 1991, quince acuerdos corresponden al tema de Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz, referidos -entre otros- a la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, el fortalecimiento de la estructuras propias de protección y control territorial indígena, la realización de Foros Macro regionales de Paz y la posibilidad de concretar “la visita a La Habana de delegados de la Minga ONIC”. Con el apoyo del PNUD y el Programa Proindígena de GIZ, la ONIC se propone sistematizar todos los mandatos, propuestas y demandas de paz que el movimiento indígena ha planteado en el escenario local, regional nacional e internacional. Al final de los Foros Macro regionales, esperamos contar con un documento de negociación donde se precisen las acciones, las responsabilidades, las medidas de verificación y las etapas de corto, mediano y largo plazo que deben emprenderse para consolidar nuestros derechos y la paz para Colombia. CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA

LUIS FERNANDO ARIAS Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia Bogotá, Febrero de 2014

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

CONTENIDO 1. Porqué una Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas .../ pág. 11 2. Propuesta metodológica para la construcción de una Agenda Nacional de paz indígena .../ pág. 15 3. Avance Temático .../ pág. 25 »Derechos » Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Pueblos y Territorios Indígenas .../ pág. 27 »Verdad, » Justicia y Reparación Integral de los Pueblos Indígenas .../ pág. 36

4. Anexos .../ pág. 47 »Declaración » conjunta de los campesinos, afros e indígenas representados en la Mesa de Unidad Agraria, Organizaciones Afrocolombianas y ONIC. .../ pág. 37 »Ponencia » de ONIC Foro “Solución al problema de las drogas ilícitas” .../ pág. 38 »Ponencia » IX Conversatorio Jurisdicción Constitucional LFAA-ONIC .../ pág. 43 »Propuesta » de “Unidad en la Lucha por el Territorio y la Reforma Agraria Integral” .../ pág. 49 »Propuesta » de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria de la ONIC y regionales indígenas / página 52 »Propuesta » “Por una Paz más allá de las negociaciones entre los armados” / página 60 »Pronunciamiento » de la ONIC al posible proceso de paz en Colombia / página 63 »Saludo » de la ONIC al proceso de Paz instalado en Oslo / página 65 »Acuerdo » General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera / página 66 »ONIC, » saluda los acercamientos iniciados por el Gobierno Nacional / página 70 »Declaración » de Paz de Caloto y Villa Rica al pueblo Colombiano / página 71 »“Proponemos » a Colombia una minga por la paz” CRIC-ACIN / página 76 »“Terminar » la guerra”. Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca / página 85

Porqué una Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas

Nuestra propuesta: la paz El camino: la negociación política Nuestra herramienta: los diálogos humanitarios

1. Porqué una Agenda Nacional de Paz

1. ¿POR QUÉ UNA AGENDA NACIONAL DE PAZ DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA? Nuestra propuesta: la paz El camino: la negociación política Nuestra primera herramienta: los diálogos humanitarios Los pueblos indígenas hemos sido tejedores de la paz y de la reconciliación de la Nación a través de la defensa de la madre tierra, de la vida, del territorio, así como de la construcción de un Estado Social de Derecho democrático y participativo. Somos por ello actores sociales que defienden y protegen la vida en todas sus manifestaciones: “la paz para nosotros y nosotras no es una palabra o un discurso, es una práctica que cotidianamente vivimos y practicamos en los territorios, en nuestros ciclos de vida y con todos aquellos con los que nos relacionamos”. Hemos sufrido, sin embargo, un proceso de exterminio físico y cultural con raíces históricas que se ha profundizado por el conflicto armado, el narcotráfico y una política de desarrollo que continuamente irrespeta nuestros territorios que son los que dan identidad al sujeto colectivo indígena. Porque la paz es nuestro mandato de vida, construiremos la Agenda Nacional de Paz de los Pueblos: Ratificando el carácter fundamental del derecho a la paz, como bien público de la humanidad y como pilar del buen vivir que se construye abriendo el camino de la solución al conflicto armado. Reivindicando los principios orientadores de la paz la autonomía, la conservación de lo propio, la unidad en la diversidad, la reciprocidad y la complementariedad que es propia de nuestra vida comunitaria. Conscientes de la necesidad de construir una agenda nacional de paz indígena, interétnica y social, desde las bases, lo local y lo regional. Comprendiendo que la paz no responde a una necesidad coyuntural, sino que se relaciona con problemas estructurales que amenazan la autonomía territorial, el gobierno propio y la justicia propia. Asumiendo que debemos ser protagonistas centrales del proceso de negociaciones de paz para que nuestros derechos no sean sacrificados y para blindar los acuerdos justos con la legitimidad requerida para implementarlos.

11.

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

Recordando que hemos buscado acercamientos para bajar el nivel de confrontación en las regiones como respuesta legítima y necesaria para defender la vida de las comunidades en escenarios de confrontaciones bélicas, sin la intención de dar ventaja militar a ninguno de los bandos. Basándonos en la Ley de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio que orienta nuestros planes de vida como baluartes de nuestra identidad, autonomía, pervivencia y visión de paz con la naturaleza, en las comunidades y con otros pueblos indígenas. Teniendo en cuenta el Mandato Político General del VIII Congreso de la ONIC, los lineamientos de paz de La María Piendamó, la Resolución de Vitoncó y las diferentes resoluciones de las autoridades indígenas sobre el conflicto armado y la paz en territorios indígenas. Sin olvidar, los derechos nacionales e internacionales reconocidos en el ordenamiento jurídico colombiano, el Convenio 169 de la OIT, los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas donde se precisa que los pueblos indígenas con derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos, no podrán ser sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún acto de violencia.

12.

Propuesta metodol贸gica para la construcci贸n de la Agenda Nacional de de paz de los Pueblos Ind铆genas de Colombia

2. Propuesta Metodológica

2 Propuesta metodológica para la cons trucción de la Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia “Quienes concurrimos en esta Minga hemos decidido impulsar una consulta por la Paz acogiéndonos a nuestros derechos, para que se pronuncien la ciudadanía y las comunidades sobre el derecho que tenemos a buscar y construir la paz, la necesidad de finalizar el conflicto armado mediante un diálogo político, la obligación para todos los actores armados de respetar a la población civil y la necesidad de realizar transformaciones importantes en el sistema político y económico para consolidar la paz”. Extraído de la Declaración de Caloto y Villa Rica, Cauca, mayo 11 de 2012.

2.1 ¿Cuál es el proceso de construcción de agenda que se propone?

El Consejo Mayor de la ONIC y todas sus organizaciones filiales de paz se proponen construir una Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia y una Agenda Social de Paz viable e incluyente para todos los colombianos. Que sea considerada e implementada exige definir estrategias para las tres etapas en que el proceso de paz se desenvuelve: a) negociaciones de paz en medio del conflicto, b) acuerdos de paz y c) reconstrucción social en el posconflicto.

Cuadro 1 _ Etapas del proceso de paz La agenda tiene un contexto y busca incidir en los distintos momentos de las negociaciones:

Diálogos en medio del conflicto

Acuerdo

Postconflicto

Respeto a DIH y a los DH en la conducción de las hostilidades y a la autonomía y representatividad de los pueblos indígenas

Principio de N O regresividad. Los acuerdos no vulnerarán derechos fundamentales de los pueblos indígenas y sentarán las bases para el fin del conflicto.

La reconsrucción de la sociedad requiere verdad, justicia, reparación integral colectiva y garantía de no repetición. La recomposición territorial, ambiental, cultural, espiritual se hará con autonomía y conforme a usos y costumbres.

15.

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

¿Cuáles los objetivos? En esta primera etapa nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: • Analizar el contexto nacional e internacional en el que se desarrolla el proceso de negociaciones de paz entre Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC. • Socializar las propuestas de paz formuladas por el movimiento indígena colombiano en el actual proceso de negociación y en eventos anteriores significativos. • Actualizar y sistematizar las prioridades de paz de los pueblos indígenas con miras a una participación propositiva en los diálogos que se adelanten en el país o a nivel internacional. • Potenciar las capacidades y mecanismos de incidencia política del movimiento indígena como un actor central de todas las etapas del proceso de paz frente al Gobierno Nacional, la sociedad civil y la comunidad internacional.

2.2. ¿Cuál es la estrategia metodológica?

La construcción de una agenda social se concibe como un espacio de producción de significados socialmente compartidos sobre las cuestiones importantes para alcanzar un propósito fundamental, en este caso una paz justa y permanente. Ello impone una reflexión sobre sus valores, contenidos y métodos más adecuados.

Cuadro 2 _ Contenidos Temáticos de la Paz 16.

Agenda de Negociación Gobierno Nacional–Farc-Ep

Propuesta Borrador Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas

Política de desarrollo agrario integral

Tierras y Territorios indígenas

Participación política

Participación política étnica e intercultural

Fin del conflicto

Garantía del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en Pueblos y Territorios Indígenas

Solución al problema de las drogas ilícitas

Narcotráfico, política antidrogas y derechos culturales indígenas

Víctimas

Verdad, justicia y reparación Integral de Pueblos Indígenas

Para formular la Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas se propone, como estrategia metodológica, establecer una relación temática con el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que Gobierno Nacional y Farc-EP pactaron el 26 de agosto del 2012. En el cuadro #2 se proponen los nombres de los bloques que desde la perspectiva del movimiento indígena corresponderían a los seis puntos acordados en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

2. Propuesta Metodológica

¿En cuál secuencia trataremos los temas? Por su prioridad, se busca reflexionar sobre los objetivos, propuestas y acciones concretas de paz en los distintos temas de negociación, con la siguiente fundamentación y secuencia: _ _ _Tema 3. Garantía del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en Pueblos y Territorios Indígenas. El conflicto armado en Colombia genera múltiples vulneraciones a los Derechos Humanos (DH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que en cabeza de agentes estatales y actores armados legales e ilegales ponen a los Pueblos Indígenas en peligro de su exterminio físico y cultural. En respuesta a esta situación se han explorado diálogos humanitarios directos con los voceros o representantes de los grupos armados dirigidos a obtener la efectiva aplicación del DIH, el respeto a los derechos humanos y el cese o disminución de las hostilidades en la perspectiva de proteger a la población indígena y crear las condiciones para una solución política del conflicto. _ _Tema 5. Verdad, justicia y reparación integral de Pueblos Indígenas. La reparación y el papel de las víctimas no pueden ser algo marginal o sin incidencia, sino la base para la transformación democrática de Colombia. El Gobierno nacional debe garantizar la participación de las víctimas en todos los procesos de paz que se efectúen. En 1991, el pueblo arhuaco señaló: “Al Gobierno le decimos que es imposible que nos indemnice por la pérdida de nuestros sakukos (autoridades), no hay precio por la sangre que se ha derramado en la tierra. Pero exigimos que se nos dé el saneamiento de nuestro territorio tradicional. Esa era la tarea de nuestros líderes asesinados y por eso murieron. Nosotros no somos raza para morir con armas, ni fusiles, no pertenecemos a la clase de morir a plomo, por eso los que quedamos necesitamos seguir viviendo”.1 _ _Tema 1. Tierra y Territorios Indígenas. El Mandato Político General del VII Congreso de la ONIC planteó su posición sobre este tema: “Para los pueblos indígenas la vida surge y se desarrolla gracias a la bondad de la Madre Tierra y sin ella no es posible nuestro futuro. Defender y proteger la vida es defender y proteger nuestros territorios y las relaciones armónicas que establecemos en ellos. La armonía está en el centro de las construcciones culturales y políticas de los pueblos indígenas, como un concepto político básico de nuestras leyes de origen”. 1 Aparte del Comunicado de la Asamblea del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta al pueblo colombiano en relación con el asesinato de sus líderes Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Hugues Chaparro. Nabusimake (Sierra Nevada de Santa Marta), Enero 23 de 1991.

17.

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

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El VIII Congreso de ONIC que se realizó en octubre de 2012, mandató que “La propuesta de paz debe basarse en la defensa del territorio y la efectiva titulación, ampliación y saneamiento de los resguardos, como eje central de la lucha y la vida indígenas. Esta lucha implica, por una parte, una reforma agraria democrática, integral y participativa; y por la otra, la oposición decidida a políticas que afecten negativamente los territorios. (…..) La mayoría de las tierras y las de mejor calidad se encuentran concentradas en actores económicos y políticos con influencia en los temas agrarios que se negocian en la mesa de La Habana, Cuba. _ _Tema 2. Participación política étnica e intercultural. La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC liderará y formulará una ruta de trabajo desde las bases locales, zonales, regionales y nacionales, con el fin de construir una propuesta de paz que garantice la libre determinación, la autonomía, la defensa territorial y los derechos sociales fundamentales, como estructura de una paz viable, equitativa y duradera. Para ello emprenderá acciones de incidencia nacionales e internacionales para que sus propuestas sean tenidas en cuenta, y formulará los criterios de representatividad y vocería de las autoridades y organizaciones indígenas para ello2 . El movimiento indígena no plantea participar en la Mesa de la Habana, sino por el contrario que la Mesa de La Habana ponga sus acuerdos en los escenarios donde la sociedad civil pueda tomar decisiones acorde con la democracia participativa. Es necesario conversar con el Gobierno Nacional y la sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios3 . __Tema 3. Narcotráfico, política antidrogas y derechos culturales indígenas Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de personas en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para el empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico esta, precisamente, en su ilegalidad. Su transformación química no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción de estas plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria. Hasta dónde un proceso de paz que 2 Con base en el Mandato Político General del VIII Congreso de la ONIC, Título Tercero. Propuesta de paz de los pueblos indígenas, Bogotá, Octubre de 2012. 3 Extraído del documento “Por una paz más allá de las negociaciones entre los armados. Propuestas a la sociedad civil, al gobierno nacional, a las FARC, al ELN y a la comunidad internacional desde el movimiento indígena colombiano”. La María - Piendamó, Diciembre 14 de 2012.

2. Propuesta Metodológica

no incluya una reformulación a fondo de la política antidroga podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario?4

2.3 ¿Cómo nos organizamos para el pensamiento y la reflexión?

Para los foros se propone una metodología participativa donde todos los asistentes tengan la oportunidad de exponer sus planteamientos y se alcancen los objetivos definidos para el evento, en especial la formulación de propuestas de paz concretas, pertinentes y viables en un proceso de negociación, transición y reconstrucción. Con la siguiente dinámica de trabajo: • Plenaria inicial. Se socializa el programa, los objetivos y la metodología para su análisis y los ajustes que se consideren necesarios. Posteriormente se expone, a manera de ejemplo, la sistematización del tema 3. “Garantía del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en Pueblos y Territorios Indígenas” y del tema 5. “Reparación y Restitución de Derechos de Víctimas Indígenas” que se elaboró a partir de documentos de las organizaciones indígenas principalmente. • Creación de comisiones. Se conforman cinco comisiones para abordar cada uno de los temas propuestos para la agenda indígena de paz. Cada comisiónnombra un moderador y dos relatores. El moderador tendrá como función acordar las reglas de juego, dar la palabra, decretar la suficiente ilustración y sintetizar verbalmente los aportes. Los relatores tomarán nota de los planteamientos, diligenciarán las matrices y las validarán en la propia comisión y en la plenaria final. • Trabajo en comisiones. Los participantes se distribuyen de manera equilibrada en todas las comisiones y mediante lluvia de ideas acuerdan los subtemas prioritarios, procurando que éstos no sean más de cinco. Posteriormente se enuncia el contenido de cada compromiso, las medidas de implementación y los tiempos previstos para ello. Cada relator prepara un pequeño texto para la Declaración final del evento. • Plenaria final. Al final del ejercicio, cada comisión presenta el resultado de su trabajo ante todos los participantes. Los relatores recogen los consensos para ser incluidos en la memoria del evento y en la versión final de la Agenda de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia. • Declaración final. Autoridades y líderes indígenas aprueban una declaración final sobre el proceso de paz y las propuestas del movimiento indígena como actor central del mismo. 4 Extraído de la Ponencia de ONIC en el Foro “Solución al problema de las drogas ilícitas La ONIC le habla al país y a la comunidad internacional sobre la paz y el problema de las drogas”, PNUD – Universidad Nacional de Colombia, septiembre de 2013.

19.

Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

2.4 ¿Con qué instrumento metodológico contamos?

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Considerando los tiempos disponibles, la reflexión se estructura alrededor de tres preguntas orientadoras que podrán adaptarse conforme al tema a tratar en cada grupo de trabajo. Con el ánimo de formular propuestas concretas de paz se sugiere diligenciar una matriz con la siguiente estructura: • La columna “subtemas” incluye los asuntos estratégicos que deben abordarse en una o en todas las etapas del proceso de paz, en tanto contribuyen a modificar los factores estructurales que dieron origen al conflicto y lo alimentaron en el tiempo. Responde a la pregunta, ¿cuáles son los temas prioritarios? • La columna “Medida o compromiso” corresponde a las acciones concretas de paz que deben acordarse en cada subtema. Es importante plantear acciones institucionales, sectoriales, intersectoriales, comunitarias y por actores que permitan alcanzar lo esperado. Responde a la pregunta, ¿cuáles son los compromisos o acciones que resuelven el problema? • La columna “Mecanismo” hace referencia a la ejecución de las acciones propuestas y a las responsabilidades que deben asumirse según las responsabilidades en el hecho, las competencias institucionales y las capacidades sociales de los actores. Un mismo mecanismo puede contribuir a la ejecución de varias medidas. Responde a la pregunta, ¿cómo y con quiénes se debe implementar el compromiso? • La columna “Temporalidad” hace referencia a los períodos de corto, mediano y largo plazo en los cuales se espera concretar las acciones propuestas. Esta proyección debe ser realista entendiendo que según su urgencia o complejidad, éstas pueden requerir distintos tiempos de concertación, planeación y ejecución. Responde a la pregunta, ¿en cuánto tiempo se implementará el compromiso?

Cuadro 3 _ Matriz De Trabajo Tema Subtemas (máximo 5)

Compromisos ¿cuáles acciones?

2.5 Soporte técnico

Temporalidad Medidas o Mecanismos Inmediata 1-3 años 3-5 años ¿Cómo y con quién?

En lo posible se garantizará la grabación de audio y video en comisiones y en plenaria para garantizar una más completa sistematización de los aportes y su difusión en redes sociales.

3. Avance Temรกtico

3. Avance Temático

3 AVANCE TEMÁTICO Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Pueblos y Territorios Indígenas Condiciones Básicas Porque no hay que esperar a que todo esté acordado en la Mesa de Diálogos de La Habana para salvar vidas, evitar ataques indiscriminados y demandar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por las partes en conflicto, los pueblos indígenas consideran imprescindible generar las siguientes condiciones básicas: • Tregua bilateral. Estado e Insurgencia acordarán el cese bilateral de sus acciones armadas mientras adelantan las negociaciones de paz, entendiéndolo como el camino más eficaz para disminuir la intensidad del conflicto interno y la violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos indígenas de Colombia. Esta decisión crea un clima favorable a la paz y beneficia a toda la sociedad civil en su conjunto. • Reactivación del Consejo Nacional Indígena de Paz (CONAIP), como la máxima instancia de interlocución e incidencia política de las iniciativas de paz del movimiento indígena colombiano en escenarios nacionales e internacionales. La CONAIP liderará el proceso de construcción de la Agenda Nacional Indígena de Paz en el nivel local y regional, y orientará la participación indígena en las etapas de negociación, desmovilización y posconflicto. • Conformación de una Comisión Humanitaria Indígena Nacional (COHIN) que adelante diálogos humanitarios inmediatos con los actores armados implicados en infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y llegue a compromisos públicos y verificables de respeto a la vida e integridad de los pueblos indígenas. Esta comisión contará con el reconocimiento del Gobierno Nacional y el acompañamiento de facilitadores internacionales, garantes nacionales y observadores de países amigos. • Conformación de Subcomisiones Humanitarias Indígenas Regionales, con miras a disminuir la degradación del conflicto en lo local e implementar el acuerdo humanitario marco, atendiendo las directrices y pautas de la Comisión Humanitaria Indígena Nacional. Estas subcomisiones regionales contarán con mecanismos de verificación comunitaria y el acompañamiento de facilitadores internacionales, garantes nacionales y observadores de países amigos. Temas, Medidas y Mecanismos

1. En Relación con el Derecho a la Vida y la Integridad de las Personas y Comunidades Indígenas

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Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

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Compromisos 1.1 Cese de la violencia selectiva e indiscriminada contra población indígena. Estado e insurgencia pondrán fin a las amenazas, señalamientos, secuestros, detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y masacres de que son objeto autoridades políticas y espirituales, líderes y lideresas, comuneros y comuneras indígenas, por ejercer autónomamente sus funciones o por resistirse a ser parte del conflicto armado. 1.2 Reconocimiento del principio de proporcionalidad. En tanto se acuerda la tregua bilateral o concluyen las negociaciones de paz, se suspende de manera inmediata la utilización de armas convencionales o no convencionales de amplio impacto contra centros poblados, viviendas rurales, construcciones o sitios donde se congreguen, trabajen o transiten las comunidades. Los pueblos indígenas exigen el acatamiento del Protocolo II Adicional de los Acuerdos de Ginebra aplicable a conflictos armados no internacionales, en todo el territorio nacional. 1.3 Reconocimiento del principio de distinción. Se prohíbe toda actividad que tienda a identificar o a involucrar a miembros de las comunidades indígenas como informantes, milicianos o milicianas, soldados campesinos, beneficiarios o beneficiarios condicionados de programas cívico – militares u otras modalidades de empleo, cooptación o subordinación funcionales a los fines bélicos de cualquiera de las partes en confrontación. 1.4 Proscripción de la violencia de género y sexual en contextos de conflicto armado. Los grupos armados prohibirán y castigarán las distintas modalidades de sometimiento, agresión o acoso sexual, incitación a la prostitución, seducción engañosa, embarazos forzosos o interrupción forzosa de los mismos de mujeres adultas, niñas y adolescentes, reconocidos como crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Ningún hecho anterior de violencia o agresión sexual podrá quedar en la impunidad. Medidas o Mecanismos Para ello se definirán, establecerán, fortalecerán o ejecutará/n, las siguientes acciones específicas: • Protocolos humanitarios regionales para la verificación del respeto a las normas sobre protección de la población civil, proscripción de la violencia sexual y aplicación de los principios de distinción y proporcionalidad contenidos en el derecho Internacional humanitario. Cada protocolo incluirá los instrumentos y pasos a seguir cuando se constaten obstáculos o el incumplimiento de los acuerdos a los que se llegue con esta propuesta. • Sistemas Propios de Información y Alerta Temprana (SIPROAT) que monitoreen los

3. Avance Temático

niveles de riesgo a los que está sometida la población indígena por la confrontación armada y permitan la aplicación de medidas preventivas oportunas que impidan nuevas infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Las autoridades indígenas manejarán autónomamente los SIPROAT y definirán su articulación con los otros sistemas de alertas tempranas que existen en el país. • Generación o activación de mecanismos de prevención y sanción en las Fuerzas Armadas y las Farc –EP contra los actos de violencia de género y sexual que puedan cometerse con posterioridad a la suscripción de estos acuerdos humanitarios con los pueblos indígenas. Para hechos anteriores, se procederá a sustentar los casos ante la justicia propia, ordinaria o transicional, según corresponda, y se verificará el avance de los mismos mediante rendición periódica de cuentas ante la Comisión Nacional de la Verdad, la Comisión Nacional Indígena de Paz, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional.

2. En Relacion con el Derecho a la Permanencia de Personas y Comunidades Indígenas en sus Territorios

Compromisos 2.1 Prohibición del desplazamiento forzado. Se suspenderán las estrategias, políticas o acciones que promuevan, directa o indirectamente, distintas modalidades de desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, dentro o fuera de los territorios indígenas, con argumentos propios de la confrontación armada o para el control posterior de actores económicos interesados en la posesión y explotación de los recursos naturales que estos albergan. 2.2 Prohibición del confinamiento. De igual forma, cesará toda estrategia de control de la población indígena mediante la imposición de políticas, normas, códigos de conducta o restricciones de facto que la confinen forzadamente e impidan su libre movilidad dentro de los territorios y en las áreas de influencia donde desarrollan sus actividades productivas, sociales, culturales y espirituales cotidianas. 2.3 Garantía de permanencia y retorno de la población. Se reconocerá el derecho de las comunidades indígenas a retornar a los territorios de donde fueron desplazados contra su voluntad, así como a permanecer libremente en ellos conforme a sus usos y costumbres. En el caso en que Estado o autoridades indígenas propongan la reubicación de población víctima de desplazamiento forzado, esta solo podrá ser resultado del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Medidas o Mecanismos Para ello se definirán, establecerán, fortalecerán o ejecutará/n, las siguientes acciones específicas: • Asistencia humanitaria de emergencia para enfrentar las situaciones de carencia

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o desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles, servicios y bienes básicos que el conflicto armado causa en poblaciones desplazadas, confinadas o receptoras, con garantías de los actores armados de no obstaculizar, dañar o desviar dicha atención. El Estado proveerá dicha asistencia en acuerdo con las autoridades indígenas y según las disposiciones de seguridad que estas definan para su distribución en las comunidades. • Política Pública Diferencial e Integral de Protección Individual y Colectiva de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas formulada mediante concertación e implementación efectiva del Programa Nacional de Garantías y las medidas de la Sentencia T-025 de 1994 en materia de atención, retorno seguro y estabilización de la población indígena en situación o amenaza de desplazamiento y confinamiento forzado. Esta política garantizará el enfoque de género, generación y discapacidad, y se proyectará para las etapas de conflicto, transición y posconficto. • Formulación e implementación de 34 Planes de Salvaguarda Étnica para los pueblos indígenas en riesgo de extinción física o cultural reconocidos por la Corte Constitucional, y para los 31 pueblos en esta misma condición que no cuentan con igual protección judicial. Se dará prioridad a 13 de ellos que en la actualidad cuentan con menos de 400 integrantes. • Rutas diferenciales de atención y restitución de derechos para la población indígena que no opte o no pueda retornar a sus territorios de origen, lo cual incluye dotación de tierras, vivienda y opciones de estabilización social, económica y cultural dignas, adecuadas y de calidad.

3. En Relacion Con La Integridad De Los Territorios Y Bienes Comunes Indígenas

Compromisos 3.1 Desmilitarización integral de los territorios. En reconocimiento del derecho de autonomía de los pueblos indígenas, Estado e insurgencia se comprometen a poner fin a la ocupación temporal o permanente de los territorios y bienes comunes o privados indígenas, y a no utilizarlos como escenarios de confrontación, como corredores estratégicos o para cualquier otro propósito militar. 3.2 Prohibición de producción, siembra y almacenamiento de armas y artefactos de guerra. Se suspenderán toda producción, siembra, almacenamiento y deshecho de armas convencionales y no convencionales de impacto indiscriminado dentro de los territorios indígenas o con destino a ser usados en centros poblados y en los propios territorios. Las partes en confrontación acatarán las normas del Derecho Internacional Humanitario en la materia. 3.3 Prohibición de ataques a bienes indígenas. En acatamiento al principio de

3. Avance Temático

distinción y proporcionalidad consignado en los Convenios de Ginebra, se suspenderán las acciones armadas tendientes a infringir castigo y sufrimiento en la población mediante la destrucción o daño de viviendas, escuelas, puestos de salud, casas comunales, sitios sagrados, sembradíos, caminos, acueductos, puentes y cualquier bien indispensable para su bienestar y supervivencia. 3.4 Suspensión de actividades que afecten la integridad física, espiritual y medioambiental de los territorios indígenas. En reconocimiento de la relación inescindible entre pueblos indígenas y Madre Tierra, se suspenderán las acciones que la destruyan, contaminen o victimicen como resultado de las estrategias de guerra de las partes o de las actividades económicas para financiarla. Estado e Insurgencia se abstendrán de conceder licencias o presionar la exploración y explotación de recursos naturales en los territorios indígenas afectados por incursiones armadas, masacres y desplazamientos.

Medidas o Mecanismos Para ello se definirá, establecerá, fortalecerá o ejecutará/n: • Protocolos específicos para la verificación del cese de incursiones armadas en los territorios indígenas y del cumplimiento de acuerdos y cronogramas para la desmilitarización integral de los mismos. • Desalojo inmediato de bienes privados y comunitarios ocupados por actores armados, los cuales se reconocerán como bienes civiles o bienes culturales protegidos por el derecho internacional humanitario. El Estado proveerá los fondos públicos para su recuperación o reconstrucción por parte de las autoridades y comunidades indígenas respectivas. • Reconocimiento en terreno y desmonte de batallones de alta montaña, bases militares, puestos de policía, campamentos transitorios o permanentes de la guerrilla, centros de entrenamiento, trincheras y demás infraestructura de guerra establecida en los territorios indígenas. Se dará prioridad al desmantelamiento de las instalaciones construidas en medio de la población civil. • Identificación cartográfica, señalización y destrucción de campos con minas antipersonas (MAP) y sitios de producción, almacenamiento o deshecho de armas trampa, explosivos remanentes de guerra (ERG), artefactos explosivos improvisados (AEI) y cualquier tipo de munición sin explotar (MUSE) existente en territorios indígenas, a partir de la información fidedigna y completa que suministre el actor armado responsable. Se adelantará desminado humanitario de emergencia, en las áreas prioritarias que definan las comunidades, con verificación internacional y asesoría técnica sobre la calidad y seguridad de los procedimientos. • Suspensión de actividades victimizantes de la madre tierra como bombardeos, ametrallamientos, voladura de oleoductos, fumigaciones químicas aéreas e instalación

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de dragas mineras, cultivos de uso ilícito, laboratorios de drogas y pistas aterrizaje al servicio del narcotráfico, así como el desecho de insumos químicos y otros residuos contaminantes que generan productores ilegales, contingentes armados y erradicadores manuales a su paso por los territorios. Las tareas de control sobre este tipo de acciones estarán a cargo de la Guardia indígena correspondiente.

4. En Relación con Población Indígena Vinculada a Grupos Armados

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Compromisos 4.1 Retorno inmediato de niños y niñas indígenas reclutados. La insurgencia se compromete a la suspensión total y sin condiciones de toda modalidad de reclutamiento de menores indígenas, así como a garantizar el retorno inmediato de los ya incorporados a sus comunidades, sin esperar para ello un acuerdo formal de paz con el Gobierno Nacional. 4.2 Cese de reclutamiento forzado de mayores de edad. Fuerzas Armadas e insurgencia suspenderán toda práctica de reclutamiento forzado de personas adultas, en tanto configuran prácticas de secuestro y servidumbre con fines militares. El Estado garantizará el derecho a la objeción etno - cultural frente al servicio militar obligatorio, del que están exentos los indígenas. 4.3 Desvinculación inmediata de adultos indígenas. Se otorgarán plenas garantías para el retorno de los y las indígenas mayores de edad que expresen su intención de renunciar a ser parte de dichos contingentes armados antes de la conclusión de las negociaciones de paz. No se tomarán represalias por esta decisión, ni se les presionará a convertirse en cooperantes o informantes de ninguna de las partes, preservando así la seguridad personal y familiar de los desmovilizados y el propósito de paz de la reincorporación. 4.4 Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Una vez suscritos los acuerdos de paz, la insurgencia proporcionará a las autoridades indígenas y estatales, la información completa de los y las indígenas mayores de edad que hacen parte de sus filas, con el propósito de adelantar el proceso de desmovilización, desarme y reinserción comunitaria autónoma en el marco del Derecho Propio y las normas de la Justicia Transicional que sean pertinentes. Medidas o Mecanismos Para ello se definirá, establecerá, fortalecerá o ejecutará/n: • Censos regionales o subregionales diferenciados para los casos de menores indígenas reclutados y adultos indígenas con voluntad inmediata de reincorporarse a la vida civil, los cuales se elaborarán a partir de la información fidedigna ve-

3. Avance Temático

rificable que suministren autoridades indígenas, familias indígenas y el actor armado directamente implicado. • Protocolo marco de retorno inmediato de niñas y niños reclutados, con sus respectivos cronogramas, procedimientos de entrega y mecanismos de alerta temprana que eviten la comisión de nuevos casos por grupos armados. Dichos protocolos garantizarán la participación de las comisiones humanitarias indígenas subregionales y los garantes nacionales e internacionales que se convoquen. • Programas de atención especial para la restitución de derechos y la plena reincorporación de los niños y niñas reclutados, conforme a los parámetros culturales de las comunidades a donde pertenecen y a los estándares internacionales de los derechos humanos de este sector social de especial protección. El Estado garantizará los recursos necesarios para la formulación e implementación de los programas, y ofrecerá la asistencia sicosocial y técnica requerida siempre y cuando así lo convengan autoridades indígenas y padres de familia. • Rutas jurídicas para la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Transicional, en los casos específicos por resolver de los y las indígenas mayores de edad que estando en la insurgencia opten por la desmovilización, el desarme y la reintegración durante o con posterioridad a los acuerdos de paz. Estado y Autoridades Indígenas acordarán los criterios de esta coordinación, dando prioridad a las instancias y procedimientos propios de armonización y remedio sobre el juzgamiento ordinario y la reclusión en el sistema nacional penitenciario. • Programas de atención integral para la reincorporación de indígenas desmovilizados según parámetros culturales propios y enfoques diferenciales de etnia, género, generación y discapacidad. El Estado garantizará los recursos necesarios para el diagnóstico, formulación e implementación concertada de programas productivos, educativos, laborales, sicosociales y jurídicos que aseguren una reinserción justa, eficaz y definitiva.

5. En Relación Con La Autonomía, Autodeterminación Y Gobierno Propio De Los Pueblos Indígenas

Compromisos 5.1 Reconocimiento del gobierno propio y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Estado y FARC - EP reconocerán a las autoridades y estructuras del gobierno comunitario – consejeros, cabildos mayores, caciques, capitanes y guardia indígena - como autoridades públicas con funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales en sus territorios que deben ser respetadas y acatadas conforme al Derecho Mayor, el derecho internacional de los pueblos indígenas y las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

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5.2 Cese de usurpación de competencias de la autoridad indígena. Los diferentes niveles de mando de las partes en confrontación, pondrán fin a la práctica de usurpación de las funciones de la autoridad política y espiritual indígena, así como a la imposición de estructuras de decisión paralelas o la división de las organizaciones indígenas, en tanto impiden el ejercicio del gobierno indígena, la justicia propia y el desarrollo de los Planes de Vida y demás procesos comunitarios. 5.3 Respeto irrestricto a la autonomía territorial indígena. Los actores armados se abstendrán de incursionar de manera forzosa en los territorios colectivos, y reconocerán el derecho de control territorial autónomo que autoridades, guardia indígena y comunidades garantizan en cumplimiento de las atribuciones de la Jurisdicción Especial Indígena. El ingreso excepcional y transitorio de las fuerzas armadas estatales a territorios indígenas solo será posible a solicitud expresa de las autoridades civiles o indígenas y previo consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, excluyéndose en todo momento los sitios sagrados y de especial significado espiritual. 5.4 No regresividad. Los negociadores de Gobierno Nacional y de las Farc – EP se comprometen a no suscribir acuerdos que signifiquen, en cualquiera de los temas de la agenda, retroceso en la garantía de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de los pueblos indígenas. El Consejo Nacional Indígena de Paz examinara el contenido de los mismos y exigirá consulta previa para toda medida legislativa o administrativa que considere contrarios a la integridad de los pueblos indígena, para lo cual no serán suficientes otros mecanismos de participación ciudadana. 5.5 Garantía de la paz y desmonte de estructuras armadas criminales. El Estado asume la responsabilidad de desvertebrar y judicializar las estructuras paramilitares y las bandas armadas criminales que pueden socavar el proceso de paz y propiciar dinámicas de violencia contra pueblos indígenas, en las zonas donde actualmente operan o en aquellas que despeje la insurgencia una vez desmovilizada.

Medidas o Mecanismos Para ello se definirá, establecerá, fortalecerá o ejecutara/n: • Declaración pública de la Mesa de La Habana donde se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, el carácter de entidad territorial de los territorios colectivos y la existencia de la Guardia Indígena como un actor no armado que contribuye a la paz y a la gobernabilidad mediante el control autónomo de los territorios. Dicha declaración ratificará el compromiso de no atacar, estigmatizar, criminalizar y desconocer a las autoridades e instituciones del gobierno indígena.

3. Avance Temático

• Sistemas de Alerta Temprana sobre posibles amenazas a la autonomía territorial y política de los pueblos indígenas e implementación de protocolos que impidan que este tipo de violaciones sigan ocurriendo. • Reconocimiento legal y garantías plenas para el funcionamiento de la Guardia Indígena, alguaciles y otras modalidades no armadas de control autónomo territorial indígena. El Estado proveerá los recursos necesarios para su fortalecimiento, bajo la responsabilidad de las autoridades indígenas, y para la adecuación de los Sitios de Asamblea Permanente (SAP) donde se resguardan las comunidades en casos de confrontación armada o amenaza de desastres naturales. • Políticas, directrices ministeriales y protocolos que encaucen y orienten la actuación de funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública en temas de derechos indígenas, derecho internacional humanitario, gobierno propio, jurisdicción especial indígena y control autónomo del territorio. Los contenidos de estas políticas, directrices y protocolos se concertarán en su integralidad con las autoridades indígenas y sus organizaciones representativas. • Estrategias verificables de desvertebramiento y judicialización de organizaciones paramilitares y bandas criminales al servicio del narcotráfico, el latifundio armado y otros sectores empresariales y políticos que se benefician de su accionar, generan inseguridad en las comunidades e impiden una verdadera transición hacia la sociedad del posconflicto. 31.

Verdad, Justicia y Reparación Integral de los Pueblos Indígenas 1 En Relación con el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación de los Pueblos Indígenas

Compromisos 1.1 Derecho a la verdad. Estado e Insurgencia reconocen el derecho de los pueblos indígenas al esclarecimiento de la verdad por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos, individuales o colectivos, cometidos contra la población indígena en el contexto del conflicto armado en los últimos cincuenta años. La reconstrucción de la memoria histórica tendrá como protagonista central a las víctimas, a quienes se respetará en su dolor, dignidad e integridad física y emocional, evitando revictimizaciones o cualquier tipo de represalias por sus testimonios, denuncias o reclamaciones. 1.2 Compromiso contra la impunidad y garantía de no repetición. Los responsables directos e indirectos de violaciones graves a los derechos humanos de los pueblos indígenas se someterán a las normas y procedimientos que para calificar los hechos y las afectaciones, imponer sanción penal y cumplirla efectivamente esta-

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blezca la justicia transicional, en coordinación con la jurisdicción especial cuando los imputados sean de origen indígena. La búsqueda de perdón y beneficios judiciales obliga a la no repetición so pena de exclusión de este tipo de mecanismos. 1.3 Reparación integral transformadora. Quienes se acojan a la justicia transicional repararán simbólica y materialmente a las víctimas colectivas e individuales indígenas, según los procedimientos establecidos en el Decreto Ley 4633 de 2011, lo protocolizado en la consulta previa del Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas y lo que para su aplicación concreta acuerden autoridades indígenas y judiciales. Como responsable de la garantía de derechos, el Estado buscará la transformación de las asimetrías históricas que posibilitaron la mayor vulneración física, espiritual, económica y sociocultural de las comunidades indígenas por el conflicto armado. 1.4 Enfoque diferencial. Para responder a las características sociales, culturales y territoriales de los 102 pueblos indígenas del país, y dentro de ellos a los grupos de especialísima protección como infantes, jóvenes, mujeres, personas mayores y en discapacidad, los procesos de verdad, justicia y reparación tendrán obligatoriamente un enfoque diferencial. Para ello, el Estado adelantará las adecuaciones institucionales requeridas en todos los niveles político – administrativos, y coordinará el modo, tiempo y lugar de estos procesos con las autoridades políticas y de la jurisdicción especial indígena correspondiente.

Medidas o Mecanismos Para ello se definirá, conformará, fortalecerá o ejecutará un/una: • Comisión Nacional de la Verdad para Pueblos Indígenas, como instancia civil encargada de recuperar la memoria histórica desde las víctimas, establecer causas, macrodinámicas y determinadores de la violencia y formular recomendaciones para una reparación y reconciliación integrales. La Comisión se constituirá con criterios de autonomía, neutralidad y representatividad, y estará integrada por personalidades nacionales e internacionales con valor ético, capacidad intelectual y sensibilidad al enfoque de etnia y género necesarios para adelantar su labor. • Centro Indígena para la Memoria Histórica, como instancia autónoma encargada de reconstruir la verdad de las víctimas y los tejidos de resistencia y reconciliación realizados por las comunidades locales afectadas por el conflicto. La documentación de los casos relevantes sustentará el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional de la Verdad para Pueblos Indígenas y la Comisión de Reparación y Restitución de Tierras previstas para la etapa de transición y de consolidación en el posconflicto. • Protocolos de monitoreo a la aplicación de la justicia y contra la impunidad en ma-

3. Avance Temático

teria de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves cometidas por actores armados contra pueblos indígenas, a partir de informes periódicos consolidados que los Tribunales de Justicia y Paz entreguen a la Comisión Nacional Indígena de Paz, la Comisión Nacional de Reconciliación y la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Defensa rendirá cuentas sobre la implementación de esta estrategia en las Fuerzas Armadas y procederá a enjuiciar a los elementos activos que hayan cometido estos delitos o mantengan vínculos con el crimen organizado y grupos paramilitares. • Planes Integrales para la Reparación Colectiva y la Restitución de Tierras pertenecientes a Pueblos Indígenas concertados entre Estado, autoridades y comunidades a partir de los principios consagrados en la Ley de Origen, la Ley Natural y el Derecho Mayor o Derecho Propio de cada pueblo y lo establecido en el Decreto 4633 de 2011. La reparación integral incluye el conocimiento de la verdad, la entrega de cuerpos de personas asesinadas, la restitución territorial, la recuperación del tejido sociocultural y el fortalecimiento de los sistemas de gobierno indígena, con planes de contigencia donde se priorice. • Fondo Especial para la Reparación Colectiva y la Restitución de Tierras pertenecientes a Pueblos Indígenas constituido con los bienes que se entreguen por colaboración con la justicia y los recursos públicos que sean necesarios, los cuales no serán asimilables a los que se destinan por el Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías. El Estado desarrollará el componente étnico del Registro Unico de Víctimas (RUV) y simplificará los trámites de reconocimiento e inclusión. • Planes de atención especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual y de género por actores armados, donde se garantice la plena participación de estos grupos poblacionales a los servicios legales, sicosociales, de salud sexual reproductiva y de generación de oportunidades educativas, productivas y laborales que les permita proseguir una vida plena y digna en sus comunidades. El Estado garantizará los recursos para la formulación e implementación concertada de estos programas, e incorporará los temas de mujeres viudas, mujeres cabeza de familia, ancianos solos, discapacitados y niños huérfanos o abandonados por causa de la violencia y el conflicto armado. • Planes Integrales de Reparación y Restauración de Derechos de la Madre Tierra, a la que se reconocerá como víctima del conflicto armado en los términos establecido en el artículo 3, capítulo 1 del Decreto Ley 4633 de 2011. El Estado, a través de las entidades competentes, garantizará que los procesos de reparación simbólica, mitigación de daños y armonización espiritual del territorio puedan adelantarse conforme a la cosmogonía, espiritualidad y prácticas culturales de las comunidades indígenas. En estos casos aplica igualmente el principio de no repetición.

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Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

• Procesos de capacitación a autoridades, líderes y comunidades indígenas sobre el sentido e instrumentos de la Justicia Transicional, la reconstrucción de la verdad y la reconciliación que les permita afrontar estos procesos en sus comunidades y en el contexto de la sociedad nacional. Se promoverá la creación de redes comunitarias de reconciliación y el intercambio de experiencias de construcción de paz a nivel nacional e internacional. • Verificación Internacional para el cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación y Restitución de Derechos de personas, comunidades y de la Madre tierra, una vez cumplido el ciclo de desmovilización, desarme y reincorporación (DDR).

Fuentes El presente documento se elaboró con base en las siguientes fuentes:

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• “Mandato Político General” del VII y VIII Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 2007 y 2002 respectivamente. • Programa Nacional de Garantías. • Puntos de propuesta al gobierno nacional por parte de las comunidades indígenas del CRIC, para la humanización y cese de la guerra en la búsqueda de paz Toribío, 3 de agosto de 2012. En: http://www.cric-colombia.org/portal/puntos-de-propuesta-al-gobierno-nacional-por-parte-de-las-comunidades-indígenas-del-cric-para-la-humanizacion-y-cese-de-la-guerra-en-la-busqueda-de-la-paz/ • “Propuestas a la Sociedad Civil, al Gobierno Nacional, a las FARC, al ELN y a la Comunidad Internacional desde el Movimiento Indígena Colombiano”. Declaración La María, Piendamó, Diciembre 14 de 2012. En: http://cms.onic.org.co/2012/12/por-una-pazmas-alla-de-las-negociaciones-entre-los-armados/ • Cumbre Ideológica de los Pueblos Indígenas Declaración. Cabildo Menor Indígena Escobar Arriba, Sucre. 13 de febrero de 2013. En: http://cms.onic.org.co/2013/02/declaracion-de-las-organizaciones-y-los-pueblos-indígenas-de-colombia-cumbre-ideologica-de-los-pueblos-indígenas/ • Propuestas de ONIC y regionales indígenas en el foro de desarrollo Agrario Integral. Ponencia presentada por la ONIC en el marco del “Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral - enfoque territorial”, PNUD – Universidad Nacional. Diciembre 18 de 2012 En: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=67359#.UdmuZqDmdEJ • Declaración final Minga Indígena de Paz y la Reconciliación del país, Medellín, abril 7 de 2013. En: http://cms.onic.org.co/2013/04/ con-marcha-por-las-calles-de-medellin-culmino-la-minga-nacional-indígena-por-la-paz-y-la-reconciliacion-del-pais/ • Carta al Gobierno Nacional y a las FARC frente a los diálogos de Paz en Cuba, 23 de mayo de 2013. En: http://www.cric-colombia. org/portal/carta-al-gobierno-nacional-y-las-farc-frente-a-los-dialogos-de-paz-en-cuba/ • Carta abierta a las FARC EP de parte de los pueblos indígenas de Colombia, Silvania, Cundinamarca, 31 de mayo de 2013. En: http://cms.onic.org.co/2013/06/carta-abierta-a-las-farc-ep-de-parte-de-los-pueblos-indígenas-de-colombia/ • Comunicado Movimiento Indígena exige verdad justicia y reparación a las FARC. Toribío, Cauca, 29 de abril de 2013. En: http:// www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/5707-movimiento-indígena-exige-verdad-justica-y-reparacion-integral-a-las-farc • Pronunciamiento conjunto de la ONIC, MUA y PCN en el Segundo foro temático de los Diálogos de Paz de la Habana. Bogotá,28 de abril de 2013. En http://cms.onic.org.co/2013/04/onic-presento-propuesta-inter-etnica-en-el-foro-de-participacion-politica-en-el-marco-de-los-dialogos-de-paz/ • Mandato del XIV Congreso Regional del Consejo Regional Indígena del Cauca. Resguardo indígena de Kokonuco, Cauca, 21 de junio de 2013. En: http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5868-mandatos-del-xiv-congreso-regional-del-cric • Palabra y acción para seguir caminando de la mano con la comunidad. Relatorías de las mesas de trabajo del XIV Congreso del CRIC. En: http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5855-palabra-y-accion-para-seguir-caminando-de-la-mano-de-la-comunidad • Decreto Ley 4633 de diciembre 9 de 2011, “por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas”. En https://www.dnp.gov.co/ LinkClick.aspx?fileticket=BtNz1hcnGas%3D&tabid=1080 • En búsqueda de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz, Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), 2013. En: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-Spanish.pdf

4. Anexos

Declaración Conjunta de los Campesinos, Afros e Indígenas Representados en la Mesa de Unidad Agraria, Organizaciones Afrocolombianas y ONIC Septiembre 26 de 2013

En el marco del Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas de uso ilícito celebrado en Bogotá del 24 al 26 de septiembre, teniendo en cuenta la grave situación del país, en gran parte como efecto de la acción perversa del narcotráfico, y de las políticas para combatirlo, y de la insuficiencia del modelo de desarrollo en marcha para responder a las necesidades fundamentales de pueblo colombiano. Las organizaciones firmantes de esta declaración hemos definido nuestra posición frente a estos temas tratados a través de las propuestas que consideramos prioritarias. Las hemos socializado entre nosotros y hemos concluido que la mayoría de sus apartes, sin negar la existencia de diferencias que deben irse confrontando mediante diálogo, tolerancia y pluralidad democrática. Estas características deben orientar en la construcción de unidad entre los sectores populares y de la sociedad civil mayoritarios, de un nuevo país multiétnico y pluricultural, de regiones y de múltiples expresiones que deben ser tenidos en cuenta para forjar procesos de unidad que permitan verdaderas alternativas políticas y económicas frente al modelo imperante en Colombia. Para nosotros el proceso de la Habana es expresión del pueblo colombiano que pide con insistencia se avance en una paz, que nos sea solamente la dejación de armas sino la entronización de la justicia social como base fundamental de la reconciliación. Todos los colombianos debemos tener como prioridad la paz y la democracia, por ello consideramos irresponsables aquellos sectores que buscan impedir en los diálogos de la Habana. Rechazamos esta actitud y los llamamos a que se unan a fortalecer y sacar adelante la paz de los colombianos poniendo a un lado sus mezquindades políticas y económicas. Nuestras propuestas conjuntas son las siguientes: 1. Se requiere una política de sustitución en la que el Estado garantice el derecho humano a la alimentación y el acceso a los recursos naturales de los pueblos que han hecho de los cultivos de uso ilícito su medio de vida. 2. Se deben detener inmediatamente las fumigaciones, las erradicaciones y la promoción de los sembríos de cultivos de uso ilícito por cuanto violan el derecho humano a la alimentación y acceso a los recursos naturales de los campesinos, afro e indígenas. 3. La política de sustitución de cultivos debe servir para fortalecer las relaciones interétnicas en el territorio, así como para fortalecer la autonomía territorial de los pueblos afro, campesinos e indígenas. 4. En el proceso de sustitución de cultivos se debe respetar el derecho de los pueblos a definir el uso de la tierra y los alimentos a cultivar, fortaleciendo los procesos

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Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

participativos y de diálogo interétnico e intercultural, y reconociendo como base el derecho a la soberanía alimentaria, así como el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos afro, indígenas y campesinos. 5. Proponemos en el corto plazo, la recuperación, promoción y diversificación de los usos culturales, alimenticios y medicinales de las plantas con inversión pública y autonomía en los territorios. 6. Saneamiento integral y desmilitarización del territorio por todos los actores armados. 7. Reconocimiento a los derechos políticos y sociales indígenas, afro y campesinos, reconocimiento a su territorialidad, sus planes de vida, su derecho propio y su gobernabilidad interétnica y autónoma. 8. Diversificar la economía de las zonas con cultivos de uso ilícito garantizando la soberanía alimentaria y el desarrollo autónomo de las comunidades con compras públicas de las cosechas LA COCA NO ES COCAÍNA. 9. Debe crearse un fondo que financie el proceso de organización de las comunidades campesina, indígena y afro, así como los proyectos alimentarios participativos de la política de sustitución. 10. Propender por una paz verdadera significa eliminar la discriminación y el racismo, con políticas de inclusión diferenciales.

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Ponencia de ONIC sobre la Paz y el problema de las drogas en Foro “Solución al problema de las drogas ilícitas” Septiembre 24 de 2013

Esta ponencia sintetiza múltiples pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus organizaciones filiales sobre el tema que hoy se debate en este foro que convocan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y La Universidad Nacional de Colombia en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La coca planta ancestral. La coca es una planta sagrada. Es la expresión de la cultura propia, consejo sabio del chaman en la maloca amazónica, palabra orientadora de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, reafirmación de lazos comunitarios por el Jaibaná y el Tehuala de nuestras cordilleras andinas. La coca es un ser espiritual y es nuestra madre. Su transformación química en laboratorios mimetizados en las selvas y su posterior comercialización en ciudades de Norteamérica o Europa, no corresponde a nuestras prácticas, ni costumbres; la destrucción indiscriminada de estas plantas a nombre de la lucha contra el terrorismo o por la supuesta perversidad de sus principios activos vegetales, es una afrenta a la Naturaleza y a nuestras identidad milenaria.

4. Anexos

El narcotráfico es mercado capitalista. Para el movimiento indígena, el narcotráfico es una expresión perversa del mercado capitalista que utiliza plantas con propiedades visionarias, medicinales y nutritivas para transformarlas en sustancias químicas concentradas que demandan millones de consumidores en los cinco continentes. Esta actividad económica resulta muy atractiva para este tipo de empresariado criminal, gracias a los precios exorbitantes que alcanza, no por los costos de su producción, sino por los riesgos que deben sortearse hasta llegar al consumidor final. Ya casi nadie niega que el secreto de la rentabilidad del narcotráfico está, precisamente, en su ilegalidad. Si esto es así, los aquí presentes deberíamos preguntarnos, con toda sinceridad, hasta donde un proceso de paz que no incluya una reformulación a fondo de la política antidrogas podrá acabar con los incentivos que empujan a muchos colombianos a involucrarse en uno de los negocios más lucrativos a nivel planetario. Los indígenas no tenemos la respuesta definitiva. Pero si estamos convencidos de que todos los sectores sociales afectados no solo por el narcotráfico sino por la “guerra contra las drogas”, debemos proponer soluciones certeras que nos impidan caer en los mismo errores cometidos por los Estados. En un fenómeno transnacional como este, los indígenas hemos comenzado a mirar más allá de nuestros resguardos para referirnos a asuntos de la política y la economía globales que afectan, directa o indirectamente, a nuestras comunidades y a la sociedad colombiana de la somos parte. Colombia tiene una larga relación con la producción y comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y heroína, sin que hasta ahora pueda afirmarse que dejamos de ser una pieza central en el engranaje mundial del narcotráfico. A lo largo de cinco décadas hemos presenciado el surgimiento de poderosos carteles y su desestructuración en decenas de organizaciones criminales desperdigadas por todo el país; cientos de traficantes grandes y medianos extraditados pero reemplazados por otros tan avaros y violentos como ellos; toneladas de cocaína y millones de narcodólares incautadas cuyas pérdidas se recuperan en el precio de los cargamentos que logran expenderse. Es tan jugoso el negocio, que estos golpes son un rasguño en el torrente de divisas que se lavan en la economía legal y se legitiman en el sistema político, donde se ocultan buena parte de los responsables de la vitalidad del narcotráfico. Develar estos vínculos es necesario para construir la paz. Los cultivos de uso ilícito, expresión de la desigualdad rural. Muchas de las realidades del mundo de las drogas son muy lejanas a nuestra vida como indígenas. Otras, como la siembra de coca, amapola o marihuana por campesinos, afrodescendientes e indígenas son más cercanas porque compartimos la vida y los territorios rurales. Resulta difícil negar que la mayoría de quienes cultivan estas plantas son parte de los productores agrícolas que se manifestaron en el paro agrario nacional del mes de agosto contra una de las peores estructuras de desigualdad rural en América Latina, así como en rechazo de políticas de libre comercio que arra-

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san los cultivos campesinos por los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiadas en los países de origen. En este punto, la ONIC formula una segunda pregunta a los asistentes a este Foro: ¿que asidero puede tener una política de sustitución de cultivos, cuando la política agraria se encuentra atada a los acuerdos de libre comercio y cuando todos los días nos recuerdan que el modelo económico vigente no se someterá a la discusión ni en La Habana, ni en nuestro país, entre otros razones porque los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio son superiores a nuestro ordenamiento jurídico? En su momento, el movimiento indígena se manifestó contra los tratados de libre comercio, y en 2005 realizó una consulta autónoma sobre el TLC entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Según el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNDOC), 60.000 familias rurales viven actualmente de la agricultura proscrita por el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Contrario a lo que puede creer la opinión pública, un cultivador de coca recibe $2’350.000 promedio anual por cultivar una hectárea e coca, equivalentes a escasos $195.000 mensuales, y una familia de cinco miembros la suma de $11’700.000 anuales por hectárea de coca, apenas suficiente para garantizar el mínimo vital para reproducirse. ¿Por qué, entonces, los agricultores deciden involucrarse con los cultivo de uso ilícito, a pesar del gramaje por pagar a todos los armados o los riesgos de la violencia, la erradicación forzosa y la cárcel? La protesta del Catatumbo nos dio recientemente la respuesta: el kilo de hoja de coca fresca o de pasta básica de cocaína se vende a los intermediarios en la finca o en el pueblo más cercano, sin someterse a trochas tortuosas que aumentan los costos de transporte y vuelven poco competitivos los productos agrícolas. El panorama es más difícil en el caso de comunidades indígenas con vocación agraria, muchas de ellas distantes de las vías de acceso y los mercados. Según el último reporte de Naciones Unidas, en 2012 se cultivaron 48.000 hectáreas de coca en 23 departamentos del país, de las cuales el 53% se concentró en Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. De ese total, 6000 hectáreas se encuentran en territorios indígenas, más de la mitad en la región pacífica y un 34% en los resguardos de la Amazonia y la Orinoquia colombianas. Si bien en algunas comunidades pueden existir motivaciones económicas para procurar ingresos monetarios con que adquirir bienes básicos en el mercado, otros factores inciden en la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros territorios, entre ellos la presión de actores armados para sembrar y la invasión de áreas que no alcanzamos físicamente a controlar. Con violencia e intimidación se aseguran también corredores para el tránsito de drogas e insumos, como sucede en otras regiones donde no hay presencia de comunidades indígenas. Los indígenas y campesinos buscamos soluciones sostenibles Si la producción de materia prima para los narcotraficantes es una falsa solución entre los indígenas, en tanto esos ingresos llegan acompañados de ruptura del tejido

4. Anexos

familiar, pérdida de valores, ingobernabilidad y desobediencia a nuestras autoridades tradicionales, cuáles soluciones sostenible debemos proponer en este foro? Los pueblos indígenas viven en territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales que pueden protegerse mediante procesos participativos de reordenamiento, conservación y restauración de los ecosistemas afectados por los cultivos de uso ilícito, el procesamiento químico y las fumigaciones aéreas. No nos parece utópico pretender vivir con dignidad, además de la agricultura propia, del reconocimiento de estas funciones ambientales que hemos sabido aplicar durante siglos. Por esta razón nos preocupa la redacción del punto 4 de la agenda de negociaciones entre el Gobierno Santos y las FARC, donde se da a entender que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos es casi que la única salida, sin que se dimensione la vocación del suelo, la localización central o periférica de las comunidades, sus culturas o las aptitudes de sus gentes. Como lo señaló ayer Ricardo Vargas en el periódico El Tiempo, volver a proponer proyectos productivos comerciales en las puntas de colonización o en territorios alejados, es repetir una vez más las falsas promesas del desarrollo alternativo. Los usos benéficos de la coca pueden ser una opción económica y un puente de relación intercultural con la sociedad colombiana. La política antidrogas debe replantearse Un proceso de paz debe abordar también el tema de la política antinarcóticos que en nuestro país se aplica bajo enfoques eminentemente represivos. Si bien la lucha contra el narcotráfico es un imperativo estatal, los distintos gobiernos la han realizado a costa de las garantías democráticas de los colombianos, de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos y de los derechos colectivos diferenciales de pueblos indígenas y las comunidades negras. Con la misión de erradicar la oferta de drogas, el Estado Colombiano concentró sus esfuerzos en la destrucción de los cultivos, mediante campañas sistemáticas e indiscriminadas de fumigaciones aéreas con agrotóxicos y más recientemente con erradicaciones manuales forzosas que castigan desproporcionadamente a la población rural. Los indígenas conocemos las fumigaciones desde 1988 cuando de manera ilegal se asperjó con paraquat, la marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta, un potente herbicida prohibido en los Estados Unidos. A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional del 2003 que tuteló los derechos de las comunidades indígenas amazónicas contra las fumigaciones del Plan Colombia, y de los esfuerzos de autoridades indígenas por controlar las siembras no deseadas o la instalación de cocinas y laboratorios en nuestros resguardos, las fumigaciones aéreas se siguen realizando con la misma agresividad de siempre. Los cientos e incluso miles de denuncias por afectación a los cultivos lícitos, las fuentes de agua, la biodversidad y la salud de nuestras mujeres, ancianos e infantes, se amarillan en los archivos de las Personerías Municipales y la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos, sin que nadie asuma responsabilidades serias al respecto. En la ONIC seguimos recibiendo estas denuncias. Tan solo en el primer semestre del 2013, se reportaron fumigaciones en resguardos Nambi Piedra Verde y Pipalta

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Palvi del pueblo Awa en el departamento de Nariño, en el resguardo Joaquincito del pueblo Siapidara en el departamento del Valle del Cauca y de manera inclemente sobre los resguardos embera de Uradá – Jiabandó en el departamento del Choco. Estos hechos nos obligan a cuestionar la seriedad de la tan anunciada reformulación de la política antidrogas del presidente Santos, quien propone legalizar el consumo de la marihuana mientras guarda silencio frente a la problemática social de los cultivos. Como su antecesor, el gobierno de la Prosperidad Democrática mantiene la racha anual de 100.000 hectáreas fumigadas y 30.000 hectáreas arrancadas manualmente pero de manera forzosa . Es una realidad que el conflicto armado se fusionó con él narcotráfico para favorecer el negocio de las mafias y financiar a los actores armados. Mucho dolor se ha causado a nuestras comunidades por esta alianza tenebrosa. Pero también hemos visto como desde el Estado se utiliza la estrategia antinarcóticos para golpear a indígenas, campesinos y afrocolombianos como si fuéramos sus enemigos. Sobre este tema hemos llegado a una dolorosa conclusión: tanto el narcotráfico como la “guerra contra las drogas” hacen parte de un modelo de expansión de economías de “enclave” legales e ilegales que para llevarse nuestras riquezas requieren desalojar territorios, cambiar las culturas e involucrar a los civiles en el mercado de la violencia armada. Más allá de la “Sustitución de cultivos” y la “solución al problema del consumo” y a la “ producción y tráfico de drogas”, somos conscientes de lo que está en juego: la presencia de narcotraficantes y grandes empresas extractivas promoviendo explotación minera y monocultivos lícitos e ilícitos en nuestros territorios. Todo ello a costa de nuestro bienestar y nuestra autonomía. Un proceso de paz debe responder por la victimización a la que nos somete el narcotráfico, el conflicto armado y la política antidrogas. Un proceso de paz requiere reformulaciones de fondo en estos temas, empezando por diferenciar claramente los eslabones sociales y criminales de la cadena. Sin ocultar a estos últimos y sin la escalofriante corrupción que en la Dirección Nacional de Estupefacientes impidió que las tierras confiscadas a los narcotraficantes, llegara a las miles de pobres rurales que las necesitan o las exigen en restitución. Durante este Foro los indígenas reflexionaremos sobre la problemática y sus posibles soluciones, las cuales se esbozan en estos títulos: • Respeto al uso tradicional del uso de coca por parte de pueblos indígenas. • Reformulación política antidrogas desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. • Definición de procesos productivos y reordenamiento territorial indígena que desincentiven el cultivo con fines ilícitos. • Reconocimiento de usos lícitos de la coca, como opción económica. • Separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena de las drogas. • Descriminalización de los cultivadores y de los consumidores, para quienes se

4. Anexos

deberán contemplar políticas de desarrollo integral y de atención psicosocial. • Aplicación de mecanismos de represión , confiscación y castigo, a las empresas del narcotráfico, y a los actores de apoyo y lucro en el mundo legal • Suspensión de la erradicación aérea y manual forzosa, y en el caso de los indígenas respeto a las decisiones que sus autoridades tomen en los territorios frente a este tipo de cultivos. • Compromiso de la insurgencia de no intervenir los territorios indígenas presionando la instalación de cultivos, laboratorios y rutas de comercialización • Indemnización estatal por los daños causados por las fumigaciones en comunidades indígenas desde el año 2000 hasta la actualidad.

Ponencia IX Conversatorio Jurisdicción Constitucional LFAA-ONIC “Dialogo Constitucional para la Paz” Septiembre 20 de 2013

Luis Fernando Arias Arias, Consejero Mayor Organización Nacional Indígena de Colombia La Construcción de la Paz en Colombia: Un Propósito que Trasciende la Negociación Política. Propuestas desde el Movimiento Indígena Colombiano Presentación En mi calidad de Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia y en nombre de los 102 Pueblos Indígenas de nuestro país, agradezco la invitación y saludo la iniciativa de la Honorable Corte Constitucional de llevar a cabo este Conversatorio, que de manera integral ha venido reflexionado sobre el desafío de la paz, a partir de múltiples voces de actores de la sociedad civil, de la institucionalidad, de la academia colombiana y de instancias / organizaciones internacionales. Para los Pueblos Indígenas la paz es un tema fundamental, razón por la que la construcción de una posición del movimiento indígena colombiano al respecto, ante el Estado y los actores armados ilegales, se empezó a definir explícitamente en la década de 1990 (Cavides, M., Ed., 2007, p. 79). Esta ponencia presenta, a partir de unos breves antecedentes y reflexiones elaboradas colectivamente, en mingas de pensamiento, por nuestras autoridades, líderes y organizaciones indígenas, las propuestas que desde los Pueblos Indígenas, como víctimas pero también como sujetos políticos, hemos construido en el propósito de forjar una paz estable y auténtica, más allá del proceso de negociación política que se adelanta en la actualidad entre el Gobierno Nacional y las FARC. 1. Antecedentes Los 102 pueblos indígenas que habitamos en Colombia hemos padecido el conflicto armado, y nos hemos destacado por ejercer la resistencia pacífica y negarnos

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a participar como actor armado. La movilización indígena representa un proceso ejemplar ante el conflicto armado y una alternativa social para los problemas que este causa. Esencialmente, los pueblos indígenas reclamamos autonomía frente a los actores armados, tanto legales como ilegales, del conflicto. En ese sentido, rechazamos la presencia y el control social tanto de insurgentes, como de paramilitares y fuerzas armadas, el desplazamiento y reclutamiento forzado de indígenas; exigimos respeto por nuestra vida y territorios. Como señala Aparicio Ríos, comunero del Cauca (2008), “decimos que no estamos ni con los unos ni con los otros, ni con la insurgencia ni con el Estado, lo cual no quiere decir que seamos neutrales, pues ser neutral es quedarse quieto, lo que decimos es que tenemos nuestras propias propuestas de paz”. Colombia ha asistido en los últimos 20 años a la emergencia de iniciativas paz y resistencia desde la sociedad civil, entre otras, las comunidades de Paz, el Mandato Ciudadano para la Paz, Vida y Libertad y los “Laboratorios de Paz”, para hallar y construir formas alternativas de paz a nivel regional y local. Igualmente, varias iniciativas y mecanismos han sido desarrollados por los Pueblos Indígenas: el Consejo Nacional Indígena de Paz (CONIP) surge en 2001 a nivel nacional, “como resultado de las transformaciones de la guerra en Colombia que provoca una toma de conciencia de los pueblos indígenas frente a los resultados y las transformaciones de la contienda, no sólo ante los sucesos que han afectado directamente a los pueblos indígenas, sino también ante las consecuencias que la guerra ha tenido para la sociedad nacional en general” (Cavides, M., Ed., 2007, p. 79), con el propósito de consolidar propuestas para elaborar una política de paz desde la perspectiva del movimiento y los pueblos indígenas. También se han desarrollado diálogos humanitarios entre los pueblos y organizaciones indígenas con las guerrillas, tendientes al respeto y reconocimiento de la autonomía en nuestros territorios; y comisiones humanitarias de búsqueda, que se han conformado para enfrentar casos de desaparición de líderes indígenas, donde la Guardia Indígena ha sido determinarte en tanto mecanismo no armado constituido para preservar y garantizar el orden y el control territorial en las comunidades indígenas. Entre otras iniciativas, en 2009 la Minga Indígena y Popular propuso un “Congreso de los Pueblos” para llevar al nivel nacional su propuesta de una paz transformadora, y en abril pasado se llevó a cabo la Gran Minga Nacional Indígena por la Paz y la Reconciliación, en la cual manifestamos “Que los pueblos presentes a lo largo y ancho del territorio nacional hemos venido padeciendo históricamente los rigores de un conflicto que nos es ajeno desde los actores en confrontación, pero que hemos tenido que asumir como propio desde las víctimas y las impactos desproporcionales que genera sobre nuestros territorios y nuestras mujeres, niños, ancianos y jóvenes; comprometidos significativamente nuestras posibilidades de pervivencia cultural”. De esta manera, el ejercicio de autonomía de los Pueblos Indígenas camina de la mano de una propuesta propia y permanente de dialogo y solución política del conflicto armado, en aras de lograr la paz.

4. A

2. Consideraciones generales La Constitución Política, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Colombiano, reconocen a los pueblos indígenas facultades legales para su autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio y autonómico. La búsqueda de una paz integral como anhelo cultural y político de nuestros pueblos, en el marco de un Estado Social de Derecho es un mandato de nuestras autoridades políticas, administrativas y espirituales. Por lo mismo, en reiteradas oportunidades hemos afirmado que la solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país: “de manera prioritaria, para quienes, ante la degradación del mismo y la violación de los derechos humanos por todos los actores armados, sufrimos las muertes y las masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios, y de nuestros procesos organizativos y de gobernabilidad. Hemos saludado esta iniciativa y llamado tanto a las FARC como al Gobierno Nacional a que no se levanten de la mesa hasta no lograr una solución definitiva. También hemos planteado que con el ELN se inicien procesos similares”. Así mismo, hemos manifestado que “para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. Actualmente el conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos. La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los pueblos indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos” (Por una paz más allá de las negociaciones entre los armados, 2012) Los Pueblos Indígenas somos constructores de paz desde nuestros principios de armonía, equilibrio, equidad, compensación y respeto por la madre tierra y la vida en sus diversas manifestaciones. En el pasado cercano hemos trabajado para una salida política al conflicto armado que vive nuestro país, ahora en lo inmediato y en el marco del actual proceso de paz, proponemos que se avance en la concreción de una agenda de paz viable e incluyente para todos los colombianos. 3. Propuestas desde el Movimiento Indígena En este propósito, el 14 de diciembre de 2012, los Pueblos Indígenas reunidos en el Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociación, Resguardo Indígena La María (Piendamó, Cauca) -actuando conforme los principios de unidad en defensa de la vida- presentamos públicamente nuestra propuesta de paz, dirigida a todos los actores civiles, institucionales y armados, que se recoge en el documento Por una paz más allá de las negociaciones con los armados. Propuestas a la Sociedad Civil, al

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Gobierno Nacional, a las FARC, al ELN y a la Comunidad Internacional desde el Movimiento Indígena Colombiano1 y que a continuación se señalan: “-Propuestas a la Sociedad Civil Constituirnos como sociedad civil en actor decisorio en la transformación del país. Debemos construir una propuesta de paz consensuada entre todos y todas, más allá de las negociaciones entre los armados; que ponga en la agenda nacional problemas fundamentales como: A. DESARROLLO RURAL Y REFORMA AGRARIA • Reconocimiento, protección y garantía al ejercicio de nuestro derecho a la territorialidad ancestral de los pueblos indígenas. • Reordenamiento territorial, social, ambiental, cultural y regional, en el marco de una reforma agraria y de un gran acuerdo político nacional. • Derechos a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Defendemos el derecho a producir nuestra propia comida como ejercicio a la resistencia. • Reconocimiento y garantía al desarrollo diferencial de los pueblos. B. NACIÓN MULTIÉTNICA • Garantizar a todos los colombianos su derecho al desarrollo dentro del respeto a su cultura y cosmovisión. Particularmente para las poblaciones indígenas garantizar su territorialidad ancestral y el respeto al ejercicio de gobierno propio y de control territorial, al igual que los avances logrados por los pueblos afrocolombianos y campesinos. Las propuestas indígenas en sistemas propios de salud, educación, comunicación y de autoridad ambiental territorial indígena, deben ser conocidas por los colombianos desde una perspectiva de la diversidad como riqueza y no como problema. C. PARTICIPACIÓN POLÍTICA • Los sectores mínimamente organizados del país estamos llamando a un gran Congreso Nacional por la paz y/o Encuentros de Constituyentes Regionales en abril del próximo año y a explorar escenarios de tipo regional y nacional como asamblea constituyente o constitucional, y utilización de mecanismos existentes como referendos, plebiscitos, movilizaciones, que en todo caso busquen llevar a una democracia real en Colombia y que tengan como punto de arranque un gran acuerdo político nacional entre todos los sectores. Llamamos a todos los sectores y a la sociedad civil no organizada hacer parte de este propósito. D. VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN • Planteamos un ejercicio de memoria a través de una comisión de la verdad que nos permita llegar a las causas estructurales y los determinantes de la violencia. 1 Disponible en http://cms.onic.org.co/2012/12/por-una-paz-mas-alla-de-las-negociaciones-entre-los-armados/, recuperado Septiembre 13 de 2013.

4. Anexos

Propuestas al Estado Colombiano A. RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO ACTOR FUNDAMENTAL POR LA PAZ • No estamos planteando participar en las mesas de La Habana. Por el contrario, planteamos que las mesas de la Habana tienen que poner sus acuerdos en escenarios donde la sociedad civil pueda tomar las decisiones en perspectivas acorde con la democracia participativa; acuerdos que seguramente serán bien recibidos en la medida en que se puedan ubicar en el horizonte de corto, mediano y largo plazo para una paz estable y duradera, que al interior de la misma venimos construyendo. Por ello planteamos al Gobierno interlocutor desde ahora con los procesos de sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios. B. GARANTÍAS PARA UNA COMISIÓN DE LA VERDAD DE NIVEL NACIONAL • Avalar desde el Gobierno nacional, ante la opinión pública, la necesidad de llegar a la verdad y la justicia y el papel que dentro de ello debe jugar una comisión de la verdad. Compromiso con no estigmatización de la misma y garantías para su funcionamiento y seguridad. C. GARANTÍA PARA LA REPARACIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL DE LAS VÍCTIMAS. • La reparación y el papel de las víctimas no pueden ser algo marginal y sin incidencia, y mucho menos constituir un proceso de re-victimización, sino que deben ser la base para la transformación democrática de Colombia. El Gobierno Nacional debe garantizar la participación de las víctimas en todos los procesos de paz. D. COMPROMISO CIERTO CON EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL RESPETO A TRATADOS INTERNACIONALES Y ESPECÍFICAMENTE RESPETO Y VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. • Desde comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas y en general, desde los pobladores de la Colombia rural sabemos que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no se respeta en su integralidad por el Estado colombiano. Es un deber constitucional que ello se haga, y debe ser un compromiso cierto del Estado colombiano el cumplimiento y vigilancia permanente del DIH. • Reclamamos al Estado Colombiano que permita el funcionamiento de comisiones humanitarias de la sociedad civil, debidamente reglamentadas, que tengan por objetivo la realización de acercamientos con los actores armados para exigir y vigilar que estos a su vez también afirmen y cumplan sus compromisos con el DIH, en su condición de actores armados. -Propuestas las FARC y al ELN • Realización de diálogos humanitarios de la Guerrilla con Comisión Humanitaria indígena, en el Resguardo La María (Piendamó), o en otro territorio ancestral

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en Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar la grave problemática de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). • Realización de diálogos políticos de la Guerrilla con Comisión de Paz indígena, en el Resguardo La María (Piendamó) o en un territorio ancestral de Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar temas como: - Desvinculación inmediata de niños y niñas de la guerra con garantías de Retorno a sus hogares sin esperar el acuerdo con el Gobierno nacional. - Retorno de excombatientes a casa y sus comunidades. - Compromiso de las FARC y del ELN de respetar en la mesa o mesas, los avances ya logrados por las comunidades indígenas, campesinas y afro colombianas, en términos de derechos económicos, sociales, ambientales y territoriales. - Compromiso de las FARC y del ELN en el sentido de que su acción política y el movimiento o movimientos políticos resultantes de los acuerdos de paz, respetarán las dinámicas propias de las comunidades dentro de la autonomía en sus territorios. - Puntos mínimos de compromiso entre las FARC y el ELN y la Comisión de Paz indígena respecto al funcionamiento de la comisión de la verdad.

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-Llamado a la Comunidad Internacional • Es importante el acompañamiento de la comunidad internacional para que los procesos e iniciativas de paz que aquí se plantean desde el movimiento indígena, y las iniciativas desde la sociedad civil, sean revestidos de garantías a la vida, a la organización, a la movilización y a la acción política. Los países amigos de Colombia interesados en la paz de Colombia siempre encontrarán en nuestros procesos transparencia y reconocimiento, al igual que el sistema de Naciones Unidas y demás órganos de la comunidad internacional. Particular llamado hacemos a la sociedad civil organizada a nivel internacional que lucha por un mundo mejor, con derechos para todos y para la naturaleza. Desde aquí les decimos que este proceso se articula con todas las dinámicas nacionales e internacionales que buscan un mundo diverso y en paz, con justicia social. La María, Piendamó, Diciembre 14 de 2012” CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA A modo de epílogo “(…) Son muchas las cosas que nos distinguen de los civilizados; ellos hablan de paz todos los días, pero la paz no se consigue hablando de ella sino viviéndola como hacemos nosotros. Ellos hablan de paz mientras se preparan y hacen la guerra. ¿Para qué tanto papel, tantas armas, acuartelamiento y millones gastados en la guerra, sin parar de hablar de paz?. Aquí no hablamos de paz, nosotros la practicamos y la vivimos ¿Por qué no aprenden de nosotros en lugar de matarnos?.

4. Anexos

Una persona vive en paz cuando se relaciona con la naturaleza a través del pagamento, nosotros le reconocemos unos tributos y esa armonía nos trae la paz con los hermanos. Los indígenas vivimos con la naturaleza mientras que el civilizado trata de vivir a costa de ella. A nosotros se nos enseña que hay que vivir en armonía con la brisa y el viento, que si no vivimos en paz con la naturaleza entonces no viviremos en paz con nosotros mismos. El Bunachi (no indígena) no vive en paz ni con su propio hermano, no se puede entender que se busque la paz sobre la base de acabar al otro por ese camino es imposible avanzar hacia la paz. Al Gobierno le decimos que es imposible que nos indemnice por la pérdida de nuestros sakukos (autoridades), no hay precio por la sangre que se ha derramado en la tierra. Pero exigimos que se nos dé el saneamiento de nuestro territorio tradicional, la línea negra. Esa era la tarea de nuestros líderes asesinados y por eso murieron. Nosotros no somos raza para morir con armas, ni fusiles, no pertenecemos a la clase de morir a plomo, por eso los que quedamos necesitamos seguir viviendo”. 2 Bibliografía • Caviedes, Mauricio (Editor) (2007), Paz y resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía, 1ª ed., Centro de Cooperación al Indígena y Organización Indígena de Antioquia, Colección Autonomía Indígena, Bogotá. • Comunicado de la asamblea del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta al pueblo colombiano en relación con el asesinato de sus líderes Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Hugues Chaparro. Nabusimake (Sierra Nevada de Santa Marta), Enero 23 de 1991 • Por una paz más allá de las negociaciones con los armados. Propuestas a la Sociedad Civil, al Gobierno Nacional, a las FARC, al ELN y a la Comunidad Internacional desde el Movimiento Indígena Colombiano (2012)

Propuesta de “Unidad en la Lucha por el Territorio y la Reforma Agraria Integral” Diciembre 19 de 2012

Unidad en la Lucha por el Territorio y la Reforma Agraria Integral La Mesa Nacional de Unidad Agraria - MUA, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Pueblo Negro/Afro en Colombia, Movimiento Colombiano por la defensa de los territorios y afectados por represas - Ríos Vivos, Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo – ASOQUIMBO, Asociación 2 Aparte del Comunicado de la asamblea del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta al pueblo colombiano en relación con el asesinato de sus líderes Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Hugues Chaparro. Nabusimake (Sierra Nevada de Santa Marta), Enero 23 de 1991. Disponible en http://200.74.133.188/csj_portal/jei/buscador_decision/detalle.jsp?id=48&v_ r=1, recuperado Septiembre 13 de 2013

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Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, SINTRA CATORCE, como resultado del diálogo en ocasión de este Foro de Desarrollo Agrario proponemos al pueblo colombiano la unidad por los siguientes propósitos: 1. Acceso a la tierra para la población rural colombiana con criterio diferencial étnico y de género, con redistribución de la propiedad de la tierra afectando el latifundio improductivo en condiciones dignas de trabajo para los asalariados del campo. 2. Las mujeres rurales, jefas de hogar, victimas de la violencia o en estado de desprotección social deben tener prioridad en las políticas rurales. 3. Reordenamiento territorial que respete la autonomía de las comunidades rurales y étnicas con base en usos potenciales, cambiando una parte de los usos actuales en ganadería hacia la agricultura y conservación ambiental (por lo menos 11 millones de los 37 millones de hectáreas dedicados a la ganadería, deben pasar a la agricultura). 4. No aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles. Suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y suspensión inmediata de las licencias ambientales de todos lo proyectos minero – energéticos que viene causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursa para los proyectos minero-energéticos. 5. Todos los baldíos de la Nación y los bienes del fondo de tierras de la Nación que se destinen a particulares y no tengan restricciones por razones de territorialidad ancestral, serán destinados a indígenas, afrodescendientes y campesinos (reiterando disposiciones de la ley 160/94). 6. Declaratoria, respecto de las políticas y mecanismos para garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y al territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, como de utilidad pública e interés social de la Nación. 7. No aceptación de la figura de derecho real de superficie. 8. Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, y a la soberanía y autonomía alimentaria, y la conservación, libertad circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación. 9. Exigencia al Estado Colombiano de garantía a los derechos de las victimas y la efectiva y pronta restitución de tierras. 10. Las normas limitarán la inversión extranjera en tierras en el país evitando el acaparamiento y los procesos legislativos que no respetan los derechos a la consulta y el consentimiento previos. 11. Defensa de derechos de la Madre Tierra (territorialidad ancestral, sistemas ambientales, ecosistemas). 12. Dentro de una concepción de territorialidad ancestral reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.

4. Anexos

13. Reafirmar la propiedad de los territorios que han ocupado los afrodescendientes en el país y la defensa de los títulos colectivos de la tierra y de sus derechos, así como de consejos comunitarios y sistemas de justicia y control territorial. 14. Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y conformación de nuevas y su reconocimiento legal en los lugares del país en donde las condiciones agroecológicas y económico-sociales lo justifiquen, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. La dotación de tierras a campesinas también podrá hacerse por fuera de la figura de Zonas de Reserva Campesina, en cualquier parte del territorio nacional. 15. Generar la figura jurídica de “territorios interétnicos e interculturales” que permita la convivencia en la diversidad y el desarrollo territorial conjunto, de manera concertada y autónoma, entre indígenas, campesinos y/o afrodescendientes, allí donde tengan un común ámbito territorial. 16. Las decisiones en la implementación del desarrollo rural y reforma agraria, deben garantizar la participación y decisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en cada uno de los niveles territoriales (Nación, departamento, municipio), variando la composición en cada nivel y territorio, acorde con la diversidad étnica y cultural. 17. Aplicación de la consulta previa con consentimiento previo libre e informado acorde con los cánones del derecho internacional, vinculando además de las comunidades étnicas a las comunidades campesinas. 18. Buscar el reconocimiento jurídico político como sujetos de derechos específicos y actores sociales para campesinos, afrodescendientes e indígenas. 19. Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un modelo de desarrollo desde la diversidad con características de relaciones territoriales solidarias entre comunidades, con fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano-rurales entre sectores populares. 20. Garantizar por parte del Estado, la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma. En la búsqueda del avance en términos de estas propuestas llamamos a: a) Construcción de procesos de unidad entre diferentes sectores populares de la ciudad y el campo. Llamamos a articular a las diferentes iniciativas como Congreso por la Paz, Congreso Indígena y Popular, Encuentro Nacional de Comunidades Afro, II Congreso Nacional Agrario, Constituyentes regionales y sectoriales por la paz con justicia social, hacia un gran Encuentro por el territorio y la reforma agraria integral y a una Gran Movilización nacional por la exigibilidad de derechos y la defensa y posicionamiento de nuestras propuestas.

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b) Invitamos a todos los sectores políticos, económicos y sociales, a la construcción de un gran acuerdo nacional en la búsqueda de acompañar los avances positivos en las negociaciones del conflicto armado y en la construcción de una agenda para la paz integral. c) Ante los proyectos de “ley de tierras y desarrollo rural” del gobierno nacional y la propuesta de “ley agraria alternativa” de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, avalamos la propuesta de la Mesa, como desarrollo del Mandato Nacional Agrario, y llamamos a nutrirla con los insumos de este Foro, las iniciativas de las diferentes sectores y regiones y los procesos participativos y de consulta previa. d) Respaldar e impulsar en todas sus partes el documento producido por la comunidad negra/afro en el marco de este foro. Firmado en Bogotá D.C. el 19 de diciembre de 2012 Mesa Nacional De Unidad Agraria - Mua Organización Nacional Indigena De Colombia - Onic Consejo Regional Indigena Del Cauca - Cric Pueblo Negro/Afro En Colombia Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – Asoquimbo. Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectado por Represas – Rios Vivios. Sintra Catorce – Corteros De CañaAsociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - Anuc 54.

Propuesta “Por una Paz más allá de las negociaciones entre los armados” de la ONIC y regionales indígenas en Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial) en el marco de la Mesa de Conversaciones de la Habana Diciembre 19 de 2012

Consideraciones La solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país y de manera prioritaria, para quienes, ante la degradación del mismo y la violación de los DH por todos los actores armados, sufrimos las muertes y masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios, y procesos organizativos y de gobernabilidad. Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales, ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. Actualmente el conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos.

4. Anexos

La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los pueblos indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos. Nos parece valido y pertinente el ejercicio de generar una gran discusión nacional de los temas de la mesa de la Habana, siempre y cuando lo resultante del proceso de negociación entre FARC y Gobierno nacional pueda ser consultado con carácter decisorio a la sociedad civil, y particularmente con indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como con sectores pobres del campo y la ciudad (estos últimos, como principales interesados en la soberanía alimentaria). Propuesta De Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria. 1. Reconocimiento, Protección y Garantía al Ejercicio De Nuestro Derecho a la Territorialidad Ancestral Como Pueblos Indígenas. La guerra contra los pueblos indígenas abarca históricamente, en lo que hoy es Colombia, desde el siglo XVI, con la invasión española, hasta la actualidad, desconociendo nuestros territorios, gobiernos, culturas e identidades. Por ello la paz integral debe comenzar por terminar esta guerra de exterminio, reconociendo y garantizando nuestra territorialidad ancestral, así como la que han venido construyendo y luchando afrocolombianos y campesinos. Para ello, planteamos: A.Reafirmar la propiedad ancestral de territorios indígenas, con su carácter inembargable, imprescriptible e inalienable, tanto en las zonas tituladas como resguardo (coloniales, republicanos y por INCORA-INCODER) como en las que están sin titular pero forman parte de su ámbito territorial, como en las reservas indígenas y/o las utilizadas por pueblos indígenas nómades o seminomades para la caza, recolección y agricultura itinerante. B. Reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena, el control territorial, y garantizar el funcionamiento de mecanismos para el ejercicio de los mismos como sistemas de gobierno, guardia indígena, autoridad ambiental, educación y salud propias, sabedores tradicionales, tribunales y consejos de justicia, etc. C. Aplicar el principio constitucional de progresividad en los derechos, de manera que no se atente contra los derechos territoriales ya reconocidos a los pueblos indígenas. Señalamos en este sentido: • Los resguardos indígenas coloniales son reconocidos en la República por el libertador Simón Bolívar en decreto el 5 de julio de 1.810. igualmente se han establecido resguardos indígenas por leyes del Estado del Cauca y otros Estados de los Estados Unidos de Colombia, o según las leyes 89 de 1.890, la 55 de 1.905, 135 de 1.961, y 160 de 1.994. La figura de reestructuración mediante el proceso de clarificación de títulos, aplicada a resguardos coloniales que nunca han sido disueltos legalmente, atenta contra derechos reconocidos y vigentes y contra la territorialidad ancestral.

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• Reafirmar la propiedad de las reservas indígenas según la Ley 160 de 1.994, artículo 85, parágrafo 5: “Los terrenos baldíos determinados por el INCORA con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la CPN y la ley 21de 1.991”. es decir que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no tienen un destino distinto al de ser titulados como propiedad comunal a los respectivos pueblos indígenas. D. Reafirmar la propiedad de los territorios que han ocupado los afrodescendientes en el país y la defensa de los títulos colectivos de la tierra y de sus derechos, así como de consejos comunitarios y sistemas de justicia y control territorial. E. Apoyar las zonas de reserva campesina constituidas y la conformación de reservas campesinas en todos los lugares del país en donde las condiciones agroecológicas y económico-sociales lo justifiquen, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. F. Resolver las superposiciones existentes actualmente entre territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos y parques naturales. No se constituirán nuevos parques naturales en territorios indígenas, de no ser aquellos que cada pueblo, de manera autónoma, decida en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 330 de la Constitución nacional. G. Generar la figura jurídica de “territorios interétnicos” que permita la convivencia en la diversidad y el desarrollo territorial conjunto, de manera concertada y autónoma, entre indígenas, campesinos y/o afrodescendientes, allí donde tengan un común ámbito territorial. Algunas de las características propuestas para estos territorios son: • Que sea una figura de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades que lo habitan. • Que haya gobierno único del territorio interétnico con participación plural de indígenas, campesinos y/o afrodescendientes, que hagan parte del mismo, así como pluralismo jurídico y jurisdicciones administrativas por etnias y/o sectores. • Que tenga un plan de manejo compartido de los recursos y un modelo económico, social y ambiental propio ordenado por un Plan de vida interétnico, que garantice un manejo eco-sistémico del territorio. 2. Reordenamiento Territorial: Social y Ambiental en el Marco de una Reforma Agraria y de un Gran Acuerdo Político Nacional. El enfoque territorial planteado por el gobierno en la propuesta de ley de desarrollo rural que ha presentado para consulta, contempla el territorio como mera unidad de planeación que debe responder a una dinámica económica que determina las decisiones sobre el mismo. Es decir que lo importante del territorio es su función de producción y su capacidad para maximizar la ganancia. Las poblaciones cuentan de manera marginal y dependiente, al servicio de esta dinámica.

4. Anexos

Desde lo indígena reivindicamos un enfoque con énfasis en las poblaciones que habitan y realizan su vida en el territorio, y que por lo tanto lo constituyen y se constituyen en él. El objetivo es la permanencia de las poblaciones en sus territorios de una manera sostenible y con garantía de derechos económicos, sociales y culturales, con característica diferencial étnica y de género. El territorio es la base fundamental de nuestra cultura. Consideramos nuestro territorio como la raíz de nuestras acciones y el despliegue de nuestra identidad; allí están nuestros espíritus y nuestros ancestros. Ahí trabajamos, nos alimentamos y convivimos de forma armónica. En él nos recreamos, educamos y curamos. Es un ser vivo, es sabiduría, comunidad y pensamiento. El territorio rural colombiano se ha venido ordenando acorde con exigencias voraces del capitalismo y hoy están en peligro no solo las poblaciones que aún quedan en él sino también las poblaciones que viven en las ciudades pues se está acabando con el agua, la alimentación, el oxigeno, el paisaje, la posibilidad de sobrevivencia presente y futura de la población colombiana y la de construcción de vida digna y soberana. Una concepción integral del territorio no admite mirar por un lado el tema agrario y por otro lado el tema minero o el de aguas, sin embargo, las políticas públicas nacionales nos plantean, a través de las leyes, una realidad parcelada. Por un lado tenemos que tratar el tema de desarrollo rural y por otro lado el tema de minería, agua, o incluso el de obtentores vegetales y patentes genéticas. Como pueblos indígenas exigimos una ley orgánica que nos permita mirar nuestro territorio en conjunto y no parcelado como el propuesto por el modelo dominante que en últimas nos quiere enajenar nuestro concepto de territorialidad para cambiarlo por el concepto restringido de propiedad de la tierra, que la tecnocracia ubica en el concepto aún más parcelado de suelo. Colombia, si no quiere continuar destruyéndose social, cultural, ambientalmente, requiere con urgencia un ordenamiento territorial. En este sentido planteamos: 2.1 Ordenamiento Territorial Social. Modelo Democratico de Propiedad de la Tierra. Las políticas públicas deben contribuir al fortalecimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y su acceso progresivo y equitativo a la tierra. No obstante, la violencia política y económica, con más de 4 millones de desplazados ha ocasionado el abandono forzado de aproximadamente 9 millones de hectáreas. Las comunidades rurales indígenas, afrodescendientes y campesinas representan el 25% de la población colombiana y sumados con los asalariados rurales constituyen la tercera parte de los habitantes del país, y solo cuentan, en el área de frontera agrícola, con menos del 10% de la superficie catastral, en cientos de miles de microfundios. No obstante estas poblaciones producen el 50% de los productos agrícolas. El actual modelo de alta concentración de la tierra, es resultante de la violencia liberal conservadora y del actual conflicto armado que ha tenido sus raíces en el des-

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pojo y lo ha retroalimentado. La equidad social, el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, mandatado por la constitución colombiana vigente, la soberanía alimentaria de la Nación, requieren de un modelo agrario democrático de propiedad de la tierra. Al respecto proponemos: A. Se establecerán mecanismos expeditos y eficientes para la expropiación por vía administrativa y la extinción de dominio, para garantizar la redistribución de la propiedad rural. Igualmente el Estado garantizará por ley recursos permanentes y adecuados, de acuerdo con metas de país, para el acceso progresivo a la propiedad rural de indígenas, afrodescendientes y campesinos y para la financiación de planes de vida, programas y proyectos, así como de la institucionalidad correspondiente. B. Todos los baldíos de la Nación que se destinen a particulares y no tengan restricciones por razones de territorialidad ancestral, serán destinados a indígenas, afrodescendientes y campesinos (reiterando disposiciones de la ley 60/94). C. Con el mismo criterio anterior se procederá con todos los bienes que constituyan o lleguen a formar parte del fondo de tierras de la Nación, ya sean resultado de extinción de dominio, compra por el INCODER, expropiación administrativa o de confiscación por origen ilegal, irregular o mal habido. D. Además de la prohibición de titulación de baldíos, las normas regularán la inversión extranjera en tierras en el resto del país. Para evitar el acaparamiento por parte de empresas extranjeras se limitará la compra de tierras por parte de personas naturales extranjeras, no nacionalizadas, a un tope máximo de dos Unidades agrícolas familiares UAF. E. Declaratoria, respecto de las políticas y mecanismos para garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y al territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, como de utilidad pública e interés social de la Nación. F. Resolver las más de 600 solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento, de resguardos que se encuentran estancadas en el país, a la vez que cumplir con los compromisos y acuerdos firmados con comunidades indígenas y los vigilados o mandatados por la Comisión interamericana y la Corte Interamericana de DH. G. Se descarta cualquier norma o proyecto que restrinja o disminuya los actuales derechos de los grupos étnicos (comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y room). H. No aceptación de la figura de derecho real de superficie pues es una manera, en las condiciones actuales del país, de colocar una nueva herramienta para legalizar el despojo territorial que se ha realizado a los millones de desplazados y una argucia para dar a los grandes empresarios, y a los extranjeros, las tierras que en principio no podrían recibir de acuerdo con otras normas propuestas. I. Derechos a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida

4. Anexos

de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Defendemos el derecho a producir nuestra propia comida como ejercicio a la resistencia. Declaratoria a la producción indígena, campesina y afrodescendiente, y a la soberanía alimentaria como de utilidad pública e interés social de la Nación. J. Reconocimiento de territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos, como zonas agroalimentarias libres, donde exista pleno acceso al intercambio de semillas, sin ninguna restricción, de acuerdo con las prácticas tradicionales de los pueblos. Estos territorios también serán declarados libres de transgénicos, y sus semillas serán consideradas como patrimonio cultural de estos pueblos. K. Políticas de apoyo a la producción agropecuaria, pesquera y artesanal, a las economías solidarias y comunitarias, diferencialmente en el caso de pueblos indígenas y afrodescendientes, room y raizales. La relación campo ciudad, en términos de mercado interno de alimentos, no debe funcionar a través de operadores especializados de mercado privado sino a través de economía solidaria y/o iniciativas empresariales mixtas entre Estado y comunidades. L. Las decisiones en la implementación del desarrollo rural y reforma agraria, deben garantizar la participación y decisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en cada uno de los niveles territoriales (Nación, departamento, municipio), variando la composición en cada nivel y territorio, acorde con la diversidad étnica. 2.1.2 Ordenamiento Territorial Ambiental. Las comunidades indígenas siempre hemos reivindicado la tierra como nuestra madre y planteamos los derechos para la naturaleza, y no solo para los humanos, pues consideramos a ésta como ser viviente y dadora de vida. Con la locomotora minera y con los grandes proyectos hidroeléctricos, con la agroindustria de desiertos verdes, con la ganadería extensiva y con el cambio climático, la sociedad nacional se ha venido dando cuenta que nuestra vida como colombianos y como habitantes del planeta está en peligro y más aún el de las generaciones por venir. Sin embargo, la invasión del capital a todos los espacios del país, sin otro interés que la ganancia voraz, no es compatible con esta preocupación nacional. Las leyes, que siguen siendo dictadas por los poderosos y no por las mayorías, han dado todas las condiciones para que se termine arrasando y atentando contra la vida. Algunos de las propuestas que tenemos para cambiar este rumbo, son: A. Los mecanismos para superar el actual uso insostenible de los territorios se deben orientar a aprovechar adecuadamente las potencialidades de las tierras aptas para la producción de alimentos, a proteger las riquezas naturales y ambientales y a regular la actividad extractivista minera y forestal. La seguridad y soberanía alimentaria deben ser criterios rectores de las políticas públicas de ordenamiento territorial. B. Encaminar las políticas públicas a lograr que los usos actuales del suelo sean

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acorde con los usos potenciales (políticas de fomento, tributarias, catastrales). Se deben sustentar los usos potenciales del suelo en estudios rigurosos y mapas sobre calidad y aptitud de suelos y territorios. Entre los estudios de referencia se cuentan con los realizados por el IDEAM, el Instituto Humboldt y el IGAC sobre actitud y exclusión de suelos para cultivos de palma aceitera y para bosques maderables (en documento CONPES). Los estudios de FEDEGAN indican que 10 millones de hectáreas de los treinta y ocho millones actuales dedicados a la ganadería extensiva, son en realidad aptos para la agricultura. Otros 9 millones de hectáreas de actuales predios ganaderos podrían destinarse a reforestación y áreas de preservación. En total de los 50,7 millones de hectáreas actualmente en uso, solo el 7.5% están dedicados a la agricultura existiendo una potencialidad de 11 millones de hectáreas adicionales para la producción de bienes agrícolas transitorios o permanentes. C. Para el adecuado ordenamiento del uso del suelo y el territorio se deben eliminar las normas que subordinan todos los usos a la declaratoria existente de utilidad pública e interés social a la industria minera. D. La explotación de recursos naturales no renovables, incluido el uso de aguas superficiales o subterráneas se hará en concordancia con el ordenamiento territorial con enfoques humano y ambiental, en el cual se otorga prioridad a los derechos a la alimentación, el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores rurales, a los derechos territoriales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. E. Eliminación de todas las licencias ambientales, títulos y concesiones mineras otorgados en territorios indígenas y afrodescendientes, sin el ejercicio del derecho a la consulta previa. F. Reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios. Somos los pueblos indígenas quienes hemos conservado ancestralmente los ecosistemas. 3. Vivencia de Nacion Multietnica y Aplicación de Normatividad Internacional. Garantizar a todos los colombianos su derecho al desarrollo dentro del respeto a su cultura y cosmovisión, particularmente para las poblaciones indígenas, garantizar la territorialidad ancestral y el respeto al ejercicio de gobierno propio y de control territorial, al igual que los avances logrados por los pueblos afrodescendientes y campesinos. Las propuestas indígenas en sistemas propios de salud, educación, comunicación y autoridad ambiental territorial indígena, deben ser la base de las políticas públicas diferenciales. La vivencia de la diversidad debe llevar a valorar visiones diferentes de desarrollo de los pueblos y no solo el que plantea el modelo dominante basado en la extracción y explotación desaforada de los recursos de la naturaleza y en el consumismo. Colombia como Nación multiétnica y pluricultural, tiene distintas visiones de desarrollo que deben ser respetadas y reconocidas de acuerdo a cada cultura y cosmovisión.

4. Anexos

El desarrollo para los pueblos indígenas no se basa en el modelo económico que el sistema capitalista ha desarrollado o en la lógica del mercado y la acumulación, en la depredación de los ecosistemas o en la exploración/explotación de los recursos naturales. Por el contrario, la visión de desarrollo de los pueblos indígenas parte de nuestra ley de origen. Ello ha sido reconocido por diferentes avances de la humanidad y concretados en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, así como en varias sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. En estos instrumentos jurídicos, ante el peligro de que el desarrollo, mirado en una sola dirección, acabe con la riqueza cultural, el conocimiento y la vida misma de los pueblos indígenas, se coloca como derecho de estos el decidir su desarrollo propio y el de ser consultados con consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos y programas en sus territorios que los puedan afectar. La protección de los ríos, lagos, humedales, colchones de agua, paramos, la medicina tradicional, los bosques biodiversos y las plantas, la fauna y la flora, los recursos naturales de suelo y subsuelo, los alimentos propios, la educación propia, nuestros planes de vida, hacen parte de nuestra cosmovisión, de nuestra visión de desarrollo propio, con identidad. La corte Constitucional ha señalado que no se puede imponer un modelo de desarrollo desde afuera, basado en las premisas del interés general o del llamado progreso, cuando en realidad se está es destruyendo la vida de pueblos milenarios. La consulta previa es un derecho fundamental de los grupos étnicos, una herramienta de diálogo que nos permite identificar las necesidades y prioridades como pueblos, y debe ser usada para garantizar nuestros derechos y pervivencia y no puede seguir siendo usada como estrategia para legitimar por parte del Estado, los proyectos que nos están afectando. En el caso particular de la consulta de propuesta de ley de desarrollo rural se debe garantizar el tiempo adecuado para que se conozca por parte de las comunidades y puedan decidir de manera libre e informada; se deben garantizar todos los estándares internacionales para la realización de la consulta previa. Debe acordarse entre la mesa de concertación indígena nacional y el Gobierno colombiano, el procedimiento en materia de consulta previa con los pueblos indígenas, sobre los acuerdos a que se llegue en la mesa de la Habana. El Estado colombiano debe ratificar sin reservas la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, promulgada por Naciones Unidas como resultado de una votación en la cual Colombia participó. Cuenten Con Nosotros Para La Paz, Nunca Para La Guerra. Organización Nacional Indigena de Colombia ONIC, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC- Organización Regional Indígena del Valle Del Cauca –ORIVAC- Consejo Regional Indígena- CRIDEC, Consejo Regional Indígena de Caldas –CRIDEC, Consejo Regional Indigena Del Tolima–CRIT, Organización Indigena de Antioquia- OIA, Asociacion de Cabildos Indigenas del Choco- ASOREWA, Consejo Regional Indígena del Huila-Crihu, Consejo Regional Indígena de Risaralda –Crir y demás organizaciones filiales a la Onic.

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Propuesta a la sociedad civil, al Gobierno Nacional, a las FARC, al ELN y a la Comunidad internacional desde el Movimiento Indígena Colombiano “Por una Paz más allá de las negociaciones entre los armados” Diciembre 19 de 2012

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Consideraciones La solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país. Lo es, de manera prioritaria, para quienes, ante la degradación del mismo y la violación de los DH por todos los actores armados, sufrimos las muertes y las masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios, y de nuestros procesos organizativos y de gobernabilidad. Hemos saludado esta iniciativa y llamado tanto a las FARC como al Gobierno Nacional a que no se levanten de la mesa hasta no lograr una solución definitiva. También hemos planteado que con el ELN se inicien procesos similares. Somos conscientes que quienes están en la mesa de la Habana no nos representan; los llamamos a que no se abroguen el derecho de tomar decisiones por encima de la sociedad civil. Decimos de las FARC que no nos representan, en la medida en que consideramos que el conflicto armado y la actuación de la guerrilla dentro del mismo, han sido un mal mayor que los males que proponen solucionar; igual planteamos respecto al Estado, en la medida en que a pesar de que tenemos derechos Económicos, Sociales, Políticos, Culturales y Ambientales en la Constitución colombiana, estos son en gran parte violados e incumplidos, por presiones de de elites nacionales y transnacionales que se han apropiado del mismo, y además han utilizado el conflicto armado para acallar y debilitar la lucha social y política por estos derechos. Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. Actualmente el conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos. La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los pueblos indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos. Por ello planteamos: 1. PROPUESTAS A LA SOCIEDAD CIVIL.

4. Anexos

A. Desarrollo Rural y Reforma Agraria. • Reconocimiento, protección y garantía al ejercicio de nuestro derecho a la territorialidad ancestral de los pueblos indígenas. • Reordenamiento a nuestra autonomía, territorial social, ambiental, cultural y regional en el marco de una reforma agraria y de un gran acuerdo político nacional. • Derechos a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. Defendemos el derecho a producir nuestra propia comida como ejercicio a la resistencia. • Reconocimiento y garantía al desarrollo diferencial de los pueblos. B. Nación Multiétnica. • Garantizar a todos los colombianos su derecho al desarrollo dentro del respeto a su cultura y cosmovisión. Particularmente para las poblaciones indígenas garantizar su territorialidad ancestral y el respeto al ejercicio de gobierno propio y de control territorial, al igual que los avances logrados por los pueblos afro colombianos y campesinos. Las propuestas indígenas en sistemas propios de salud, educación, comunicación y de autoridad ambiental territorial indígena, deben ser conocidas y entendidas por los colombianos desde una perspectiva de la diversidad como riqueza y no como problema. C. Participación Política. • Los sectores mínimamente organizados del país estamos llamando a un gran Congreso Nacional por la paz y/o Encuentros de Constituyentes Regionales en abril del próximo año y a explorar escenarios de tipo regional y nacional como asamblea constituyente o constitucional, y utilización de mecanismos existentes como referéndums, plebiscitos, movilizaciones, que en todo caso busquen llevar a una democracia real en Colombia y que tengan como punto de arranque un gran acuerdo político nacional entre todos los sectores. Llamamos a todos los sectores y a la sociedad civil no organizada hacer parte de este propósito. D. Verdad, Justicia, Reparacion y Garantia de No Repeticion. • Planteamos un ejercicio de memoria a través de una comisión de la verdad que nos permita llegar a las causas estructurales y los determinantes de la violencia. 2. PROPUESTAS AL ESTADO COLOMBIANO. A. Reconocimiento de la Sociedad Civil Como Actor Fundamental por la Paz. No estamos planteando participar en las mesas de la Habana sino que, por el contrario, planteamos que las mesas de la Habana tienen que poner sus acuerdos en escenarios donde la sociedad civil pueda tomar las decisiones en perspectivas acorde con la democracia participativa; acuerdos que seguramente serán bien recibidos en la medida en que se puedan ubicar en el horizonte de corto, mediano y largo plazo para una paz estable y duradera, que al interior de la misma venimos construyendo. Por ello planteamos al Gobierno interlocutar desde ahora con los procesos de sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios.

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B. Garantías para una Comision de la Verdad de Nivel Nacional. Avalar desde el Gobierno nacional, ante la opinión pública, la necesidad de llegar a la verdad y la justicia y el papel que dentro de ello debe jugar una comisión de la verdad. Compromiso con no estigmatización de la misma y garantías para su funcionamiento y seguridad. C. GarantÍa para la Reparacion Colectiva e Individual de las Víctimas. La reparación y el papel de las víctimas no pueden ser algo marginal y sin incidencia, y mucho menos constituir un proceso de re-victimización, sino que deben ser la base para la transformación democrática de Colombia. El gobierno nacional debe garantizar la participación de las victimas en todos los procesos de paz. D. Compromiso Cierto con el Bloque de Constitucionalidad en el Respeto a Tratados Internacionales y Específicamente el Respeto y Vigencia del DIH. • Desde comunidades indígenas, campesinas, afro colombianas y en general desde los pobladores de la Colombia rural sabemos que el DIH no se respeta en su integralidad por el Estado colombiano. Es un deber constitucional que ello se haga, y debe ser un compromiso cierto del Estado colombiano el cumplimiento y vigilancia permanente del DIH. • Reclamamos al Estado colombiano que permita el funcionamiento de comisiones humanitarias de la sociedad civil, debidamente reglamentadas, que tengan por objetivo la realización de acercamientos con los actores armados para exigir y vigilar que estos a su vez también afirmen y cumplan sus compromisos con el DIH en su condición de actores armados. 3. PROPUESTAS A LAS FARC Y AL ELN A. Realización de diálogos humanitarios de la Guerrilla con comisión humanitaria indígena, en la María, Piendamo, o en otro territorio ancestral en Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar la grave problemática de infracciones al DIH. • Realización de diálogos políticos de la Guerrilla con comisión de paz indígena, en la María, Piendamo o en un territorio ancestral de Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar temas como: • Desvinculación inmediata de niños y niñas de la guerra con garantías de Retorno a sus hogares sin esperar el acuerdo con el Gobierno nacional. • Retorno de excombatientes a casa y sus comunidades. • Compromiso de las FARC y del ELN de respetar en la mesa o mesas, los avances ya logrados por las comunidades indígenas, campesinas y afro colombianas, en términos de derechos económicos, sociales, ambientales y territoriales. • Compromiso de las FARC y del ELN en el sentido de que su acción política y el movimiento o movimientos políticos resultantes de los acuerdos de paz, respetarán las dinámicas propias de las comunidades dentro de la autonomía en sus territorios.

4. Anexos

• Puntos mínimos de compromiso entre las FARC y el ELN y la comisión de paz indígena respecto al funcionamiento de la comisión de la verdad. 4. LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. Es importante el acompañamiento de la comunidad internacional para que los procesos e iniciativas de paz que aquí se plantean desde el movimiento indígena, y las iniciativas desde la sociedad civil, sean revestidos de garantías a la vida, a la organización, a la movilización y a la acción política. Los países amigos de Colombia interesados en la paz de Colombia siempre encontrarán en nuestros procesos transparencia y reconocimiento, al igual que el sistema de Naciones Unidas y demás órganos de la comunidad internacional. Particular llamado hacemos a la sociedad civil organizada a nivel internacional que lucha por un mundo mejor, con derechos para todos y para la naturaleza. Desde aquí les decimos que este proceso se articula con todas las dinámicas nacionales e internacionales que buscan un mundo diverso y en paz, con justicia social. La María, Piendamo Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC- Organización Regional Indigena del Valle del Cauca –ORIVAC-Consejo Regional Indígena- CRIDEC, Consejo Regional Indígena de Caldas –CRIDEC, Consejo Regional Indigena del Tolima–CRIT, Organización Indigena De Antioquia- OIA, Asociacion De Cabildos Indigenas Del Choco- ASOREWA, Consejo Regional Indígena Del Huila-CRIHU, Consejo Regional Indígena De Risaralda –CRIR y demás Organizaciones Filiales a la ONIC. Cuenten Con Nosotros Para La Paz, Nunca Para La Guerra.

Pronunciamiento de Paz Noviembre 20 de 2012

La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, saluda los acercamientos iniciados por el Gobierno Nacional con la guerrilla de las FARC, proceso que esta semana ha tenido como escenario La Habana Cuba y cuya perspectiva es avanzar con Mesas de Diálogos que permitan encontrar caminos de paz para todos los colombianos. En este proceso, como movimiento indígena nacional hemos visto con buenos ojos el anuncio hecho por las FARC, de un cese unilateral de hostilidades, así como la suspensión de actos de sabotaje contra la infraestructura oficial y privada durante un período de dos meses que culmina el 20 de enero de 2013. Dicha iniciativa no solo debe ser acogida por el gobierno nacional sino que debe respetarla y asumir, por su parte, una voluntad similar para que el pueblo colombiano pueda disfrutar con tranquilidad de las festividades decembrinas.

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Sin embargo, observamos con preocupación que desde el momento en que se hizo público el acercamiento para las Mesas de Diálogo, los enfrentamientos armados en nuestros territorios se han intensificado dejando un número lamentable de víctimas a pesar de nuestros llamados constantes tanto a la insurgencia como al gobierno nacional para que respeten la integridad física y cultural de los pueblos indígenas, así como la autonomía indígena y sus distintas formas de ejercerla y ejecutarla. Las situaciones denunciadas del Cauca y de diversas zonas del país, son las mismas de siempre: asesinatos, desplazamientos forzados, campos minados y explosivos abandonados sin explotar, confinamiento y restricción de las libertades políticas, lanzamiento continuo de artefactos explosivos por parte de la guerrilla de las FARC, ametrallamientos permanentes del Ejército Nacional bajo el argumento que ahí estaban horas antes los guerrilleros, tal como sucedió en el resguardo indígena de Kwe´s Kiwe, el pasado sábado 17 de noviembre, cuando el ejército ametralló un sector de La Gallera, situado entre los municipios de Morales y El Tambo, afectando viviendas de la población civil y ocasionando la muerte de la indígena del pueblo Nasa, María Eugenia Diago Rivera de 20 años de edad. Ante estos hechos, la Consejería mayor del CRIC, como proceso regional, cuyas comunidades hemos sido víctimas permanentes de la guerra armada, reiteramos, compartiendo las iniciativas de nuestra organización ONIC, que hay asuntos fundamentales y delicados que deben ser debatidos por los pueblos indígenas de Colombia con las FARC y el Gobierno Nacional. Los temas deben estar referidos a Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Autonomía territorial y Autoridad Tradicional, entre otros. Desde el entendido que somos pueblos indígenas originarios, con una existencia ancestral, distinguidos por la convivencia colectiva, la armonización y la vida integral con la Madre naturaleza, lo cual nos hace constructores permanentes de paz en todo nuestro proceso histórico, instamos a que en los diálogos de paz la posición política del movimiento indígena sea tenida en cuenta y discutida en escenarios propios y abiertos al pueblo colombiano, donde también deben estar presentes las distintas expresiones de la sociedad civil y de los sectores sociales organizados. Es claro que los Pueblos Indígenas seguiremos construyendo hechos de paz y movilizándonos de manera pacífica para lograrla plenamente; lo hacemos a través de Mingas por el derecho a la vida, el territorio y la paz, como sucedió el pasado 6 de noviembre en el resguardo indígena de Corinto López Adentro, o con los procesos de reconocimiento territorial que vienen realizando los jóvenes Indígenas del Cauca por diversos caminos ancestrales con objetivo de llegar al municipio de Puracé, donde, entre el 22 y el 25 de noviembre, realizarán el IV Encuentro Regional de Jóvenes, como estrategia de Defensa de la Vida y por el Respeto a la Autonomía Territorial. En sentido de lo anterior estamos invitando a los sectores organizados de la Sociedad Civil, a la Comunidad Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y a los medios de comunicación a acompañar el acto de lanzamiento

4. Anexos

de la propuesta indígena y popular de paz. Dicho acto se realizará el 14 de diciembre, con el objetivo de ratificar nuestro sentimiento de armonía territorial y fundamentar los diálogos de paz y la convivencia entre los pueblos; el sitio será el resguardo indígena de La María Piendamó, departamento del Cauca, conocido como Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociación de la Sociedad Civil con el Estado colombiano. Para nosotros, resulta imperativo, como obligación del Estado colombiano, que durante el proceso de Mesas de Diálogo para la paz, su fuerza pública acoja, respete y aplique en terreno las normas del Derecho Internacional Humanitario y que el Gobierno Nacional así lo exija a las guerrillas como condición para facilitar los acuerdos hacia una paz real de todos los colombianos. Consejo Mayor de Gobierno Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC Consejería Mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Más información sobre la propuesta indígena y popular de PAZ Consejería ONIC Juvenal Arrieta Cel. 3127852984 Consejería CRIC Aida Marina Quilcue Cel. 3107871382

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, da la bienvenida a la apertura del proceso de paz que formalmente se instaló hoy en Oslo. Octubre de 2012

La ONIC saluda el proceso de paz que se instaló hoy en Oslo. Con firme convicción consideramos que este camino implica trascender el cese del conflicto armado y obliga repensar el modelo de desarrollo y económico, que atenta contra nuestra pervivencia (…) La historia nos ha enseñado que la exclusión sólo alimenta el conflicto y da más armas a la guerra. Un sabio hindú, hablando de paz, nos recordaba que no había camino para la paz, que la paz era el camino; camino que parece iniciar el día de hoy en Noruega, lejos del territorio que ha sufrido la guerra y con la puerta cerrada para los actores políticos que diariamente construimos la nación colombiana. Pareciera que este camino tiene peaje y no puede ser transitado por todos. En el discurso expresado por la comisión delegada por el Gobierno nacional, se solicitó a los medios de comunicación guardar prudencia y una esperanza moderada frente al proceso en marcha. Sin embargo, nos preguntamos ¿cuál es el papel que espera el Gobierno nacional que desempeñemos en este camino que emprendieron solitariamente? Sentarnos pacientemente no es una opción. Esta guerra no es nuestra, pero el camino de la paz es un camino en el que debemos transitar conjuntamente. Los pueblos indígenas como actores políticos debemos mantener nuestra unidad y -en atención a lo mandatado por el VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas ONIC- expresar nuestra voz en torno a la importancia de abrir las puertas a la

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participación de los diferentes actores políticos y sociales colombianos. No es un secreto que uno de los puntos estructurales de los llamados diálogos de Paz, gire en torno a la explotación de los recursos naturales, los cuales, se encuentran en nuestros territorios sagrados. Nuestra propiedad ancestral no puede ser objeto de debate y negociación a puerta cerrada. La historia nos ha enseñado que la exclusión sólo alimenta el conflicto y da más armas a la guerra. Como bien lo han expresado nuestros hermanos del Cauca ¡CUENTEN CON NOSTROS PARA LA PAZ, NO PARA LA GUERRA! Y es por ello que hoy, manifestamos que nuestra solidaridad no implica la entrega de nuestros territorios, sino adelantar el camino de la paz de la mano del diálogo y la democracia desde la interculturalidad. Con firme convicción, consideramos que este camino implica trascender el cese del conflicto armado y obliga a repensar el modelo de desarrollo y económico, que atenta contra nuestra pervivencia y la posibilidad de Vivir Bien o del Buen Vivir. En ese sentido, invitamos a transitar el camino de paz proponiendo que esta marcha sea tejida en defensa de nuestros derechos territoriales, de nuestra pervivencia y permanencia física y cultural, así como de la construcción de una sociedad en la que prevalezca la participación equitativa de los actores políticos y sociales que conocemos y sufrimos la guerra. Damos la bienvenida al proceso de paz, pero sobretodo, invitamos a los delegados del Gobierno nacional y las FARC a que reconozcan que este camino lo transitamos todos los actores políticos y sociales que construimos un Estado social de derecho pluriétnico y multicultural. Este saludo a la iniciativa, también constituye una invitación desde los pueblos indígenas a transitar desde YA el camino de paz que nos ha sido aplazado.

Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Agosto 26 de 2012

Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP); Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cubo, entre febrero 23 y agosto 26 de 2012, que contó con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante; Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de una paz estable y duradera; Atendiendo el clamor de la población por la paz, y reconociendo que: • La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrille-

4. Anexos

ras a las que invitamos a unirse a este propósito; • El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado que debe promoverse; • El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso; • El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país; • Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; • Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz; Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de la integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar este proceso; Hemos acordado: I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la Agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera. II. Establecer una Mesa de Conversaciones que se instalará públicamente en Oslo, Noruega, dentro de los primeros 15 días del mes de octubre de 2012, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. La Mesa podrá hacer reuniones en otros países. III. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la Agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre un pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances. IV. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros. V. La siguiente Agenda: 1. Política de desarrollo agrario integral El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. 1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3. Infraestructura y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo.For-

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malización laboral. 6. Sistema de seguridad alimentaria. 2. Participación política 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición policía en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

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3. Fin del conflicto Proceso integral y simultáneo que implica: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses. 3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. 4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular, contra cualquier organización responsable de homicidios, masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. 6. Garantías de seguridad. 7. En el marco de lo establecido en el punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se establecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final incia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

4. Anexos

5. Víctimas Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARCEP. En ese sentido se tratarán: 1. Derechos humanos de las víctimas. 2. Verdad. 6. Implementación, verificación y refrendación La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. 1. Mecanismos de implementación y verificación. A) Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones. B)Comisiones de seguimiento y verificación. C)Mecanismos de resolución de diferencias. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso. 2. Acompañamiento internacional. 3. Cronograma. 4. Presupuesto. 5. Herramientas de difusión y comunicación. 6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos. VI. Las siguientes reglas de funcionamiento: 1. En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10 personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios quienes llevarán la vocería respectiva. Cada delegación estará compuesta hasta por 30 representantes. 2. Con el fin de contribuir al desarrollo del proceso se podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la Agenda, una vez surtido el trámite correspondiente. 3. Para garantizar la transparencia del proceso, la Mesa elaborará informes periódicos. 4. Se establecerá un mecanismo para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa. Las discusiones de la Mesa no se harán públicas. 5. Se implementará una estrategia de difusión eficaz. 6. Para garantizar la más amplia participación posible, se establecerá un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos. De común acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá hacer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos puntos, o delegar en un tercero la organización de espacios de participación. 7. El Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Mesa, que serán administrados de manera eficaz y transparente.

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8. La Mesa contará con la tecnología necesaria para adelantar el proceso. 9. Las conversaciones iniciarán con el punto Política de desarrollo agrario integral y se seguirá con el orden que la Mesa acuerde. 10. Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Firmado a los 26 días del mes de agosto de 2012, en La Habana, Cuba.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se pronuncia frente a un posible proceso de paz en Colombia Agosto de 2012

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La Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), reunida durante los días 27 y 28 de agosto del presente año, después de analizar la coyuntura política del País y los acercamientos entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC, se permite declarar ante el Presidente de la República Juan Manuel Santos y a la opinión pública nacional e Internacional lo siguiente: 1. Saludamos positivamente las “conversaciones exploratorias con miras a un diálogo de paz” que ha iniciado el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC, en la perspectiva de ponerle fin al conflicto armado que atraviesa nuestro país durante cinco décadas. 2. Los pueblos indígenas en ejercicio de nuestra autonomía, convocamos al país, a los distintos sectores sociales, políticos, económicos y populares a acompañar un posible proceso de paz. Consideramos, que en un eventual proceso de paz no solamente pueden confluir los actores de la guerra, sino los diversos sectores de la sociedad colombiana, en especial, la población más afectada por el conflicto armado, como lo es el Movimiento Indígena colombiano, la población afro descendiente y campesina del país, quienes deben estar presentes en las posibles mesas de diálogo y concertación. 3. La ONIC considera que avanzar en un proceso de paz eficaz y duradero debe partir de condiciones mínimas como el cese al fuego de las hostilidades, el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario y respeto a la autonomía territorial de los Pueblos Indígenas, para que no sigan las muertes, desapariciones y desplazamientos de nuestra población, que no resiste más acciones bélicas en sus territorios. 4. Reafirmamos nuestra vocación de paz como pueblos milenarios y ratificamos nuestra intención política de participar de manera directa en la agenda de diálogo y negociación como un actor político fundamental, sin ceder nuestras voces, para avanzar en la construcción de paz en nuestros territorios y en el País.

4. Anexos

5. Finalmente convocamos a todo el Movimiento Indígena Colombiano, para que en el marco del VIII Congreso de la Organización Nacional indígena de Colombia (ONIC), a celebrarse del 7 al 12 de octubre del 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., podamos hacer en este escenario político un lanzamiento al País de nuestra visión de Paz, que se ha venido construyendo desde otrora y más recientemente en los procesos de movilización liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y otras organizaciones indígenas y sociales del País. Asamblea Nacional De Autoridades Indígenas, ONIC Chinauta – Cundinamarca

Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al Pueblo Colombiano Mayo 11 de 2012

Los hombres y mujeres participantes en la Minga por la vida, el territorio y la paz, realizada en Caloto y Villa Rica (departamento del Cauca) los días 9 al 11 de mayo de 2012, hacemos la siguiente Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al pueblo colombiano Crece la palabra que camina 1. Esta Minga por la Paz nació en varias asambleas comunitarias de los resguardos indígenas de Tóez, Huellas y López Adentro, en Caloto. Asediadas por la guerra, bombardeadas como todo el norte del Cauca de una forma indiscriminada, con temor por las armas no convencionales de la guerrilla, cansadas de estar en un estado de sitio, llamaron a las otras comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares de la región para proponer que sumáramos una vez más la palabra que camina a lo que otros ya vienen andando. Las comunidades afrodescendientes de Villa Rica y Guachené, que viven una situación parecida, que han visto sus casas destruidas por la guerra, decidieron hacer parte de la minga de inmediato. Han sido estas comunidades las que nos han convocado; las demás organizaciones participantes les agradecemos la generosa acogida. 2. De ahí en adelante todo ha sido un crecer de este esfuerzo: Todo el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, El espacio departamental de pazla Unión de Organizaciones Afrodescendientes del Cauca UAFROC, la Ruta Pacífica de Mujeres, Comunitar, el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, las Plataformas de paz de la sociedad colombiana, todos hemos venido a sumar a la Minga por la Paz, sin más aspiración que hacer parte de un instrumento para analizar, discutir, construir, caminos de paz. Sin duda lo más importante de estas nuevas acciones que venimos haciendo, es que se trata de las comunidades mismas las que impulsan una acción sostenida por la

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Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

terminación de la guerra y la construcción de la paz. 3. Y esta gran movilización social de base, de gente humilde y trabajadora, ha encontrado eco en importantes sectores de la Iglesia y de las autoridades locales. El Gobernador del Cauca, los alcaldes de Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Villa Rica, se sumaron a la convocatoria, apoyaron decididamente la Minga y se pusieron al servicio de las comunidades movilizadas para que la exigencia de terminar la guerra y construir la paz tenga una voz más fuerte y pueda oírse más allá de las carreteras del Cauca. Otros alcaldes y alcaldesas, otros gobernadores y gobernadoras, han venido a Villa Rica también a sumar su voz, a decir que la guerra y la militarización no son el camino. Nos han acompañado los voceros de la Iglesia católica; en diferentes momentos de esta Minga han reiterado su compromiso con la búsqueda de la paz y han encendido su cirio espiritual con nuestras antorchas de paz. Las comunidades que venimos a esta Minga reconocemos este gesto valiente y necesario de unos y otros. 4. Y ahora es una Minga de todos y todas las que queremos la paz. Vendrán otras mingas, otros recorridos, otras movilizaciones. Y allá iremos. Porque no vamos a dejar solo o sola a nadie que se comprometa con la paz de Colombia.

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Paren ya la guerra: la guerra no es el camino 5. La Minga por la vida, el territorio y la paz nos ha servido para confirmar lo que por diferentes medios ya han dicho las comunidades: que la guerra está destruyendo al país y el espíritu de estos pueblos, que ha agotado hace tiempo sus posibilidades de transformación a favor de cualquiera de los sectores de la sociedad, que no deja consolidar la organización popular. Es un hecho que la política de consolidación territorial del gobierno nacional no se ha traducido en una mejora de la presencia institucional democrática en los territorios, municipios y departamentos de donde provenimos, ni en más seguridad para las comunidades ni en mayor bienestar humano. Su saldo único es la militarización y la agudización de la violencia política. Así mismo, la estrategia de “desarrollo armado”, de canalizar toda la acción civil estatal a través de las fuerzas militares, también es un fracaso, pues la guerra se chupa siempre el desarrollo. Los programas estatales que se ejecutan en esa modalidad se traducen en un derroche de recursos y corrupción, pues su perfil propagandístico les quita toda racionalidad económica; y en cambio dejan como saldo el involucramiento de las comunidades civiles en las situaciones de guerra. 6. Tampoco ha servido para derrotar a la guerrilla. Por el contrario, tras diez años del Plan Colombia y otros seis del Plan de Consolidación Territorial, las hostilidades entre la guerrilla y la fuerza pública han ido creciendo en la región, no solo en número sino en intensidad. La Guerrilla por su parte intensifica su actuar, intensificando y degradando el conflicto.

4. Anexos

Las comunidades de forma concluyente han confirmado que están viviendo un estado creciente de militarización de la vida civil, un clima de zozobra angustioso y una merma evidente en sus condiciones de vida. Los continuos ametrallamientos y bombardeos en áreas rurales realizadas por las fuerzas oficiales, los ataques a bases y estaciones del ejército y la policía hechos por las guerrillas en medio de población civil, como ocurre siempre en este tipo de conflicto armado interno tienen como principales víctimas a la población desarmada, los bienes civiles y los procesos organizativos comunitarios. ¡No! Colombia no acepta, los colombianos y las colombianas no aceptamos que la guerra sea nuestro destino. La llave de la paz es la movilización de las comunidades 7. Esta Minga por la vida, el territorio y la paz fue convocada esencialmente para concretar una certeza: que solo la movilización social, ciudadana, popular, comunitaria, abrirá el camino de la paz en Colombia. No serán el Estado ni la guerrilla los que aceleren la necesaria apertura de una negociación política para terminar el conflicto armado interno; los tiempos de la guerra, los cálculos de los ejércitos, se convierten en obstáculos reales a la apertura de tal escenario. 8. No queremos una “paz neoliberal”. Ni una paz para facilitar el camino a la minería, las transnacionales y la locomotora minera. Ni una paz sin cambios en el sistema político, sin modificar nada de la estructura socio-económica más desigual de todo el continente. En resumen: No queremos una paz sin paz. Nosotros y nosotras queremos otra paz. Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. Queremos una paz con paz. No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo político todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones políticas y sociales de la vida nacional. El alcance de esas transformaciones no puede ser decidido en un espacio cerrado entre los actores armados, sino y precisamente en un espacio amplio y plural de la sociedad colombiana, donde todos los actores políticos, económicos, militares, acuerden un nuevo pacto político que permita a la sociedad vivir sin guerra y al movimiento popular luchar por la realización de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales sin temor a la muerte, al señalamiento o el desplazamiento. 9. Pero una paz con democracia -la única paz realista y posible- la tenemos que construir pacíficamente nosotras y nosotros: las organizaciones populares, los pueblos indígenas y afros, las comunidades campesinas, el movimiento estudiantil, la intelectualidad, los sectores empresariales que entienden que la guerra es su ruina, las Iglesias, todos y todas. La presencia de las organizaciones de mujeres en este esfuerzo por la paz es absolutamente indispensable, porque los efectos de la guerra sobre sus cuerpos y su experiencia y de la construcción de

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Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

democracia amplían la mirada sobre cualquier paz posible. Así mismo las víctimas de la violencia política, cuya satisfacción a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son necesarios para lograr la reconciliación, son constructoras de este esfuerzo monumental al que nos hemos comprometido. Decisiones para seguir el camino 10. Quienes concurrimos en esta Minga, hemos decidido impulsar una Consulta por la Paz acogiéndonos a nuestros derechos. Para que se pronuncien la ciudadanía y las comunidades sobre el derecho que tenemos a buscar y construir la paz, la necesidad de finalizar el conflicto armado mediante un diálogo político, la obligación para todos los actores armados de respetar a la población civil y la necesidad de realizar transformaciones importantes en el sistema político y económico para consolidar la paz. Llamamos a las autoridades civiles de los municipios y departamentos comprometidas con la paz, para que concurran con esta iniciativa. A los parlamentarios y partidos políticos que nos han venido acompañando les pedimos que intervengan ante el gobierno nacional, el Congreso de la República y otras instancias, con el fin de que las conclusiones de estas consultas sean respetadas como legítima expresión del constituyente primario. Es el momento de que el gobierno nacional escuche a las comunidades afectadas por el conflicto armado, a los colombianos y las colombianas todas. 76.

11. Hemos dicho también que un país donde una sola persona pretende tener la llave de la paz es un triste país. La búsqueda y construcción de la paz no pueden ser privatizadas. Por ello, hemos decidido continuar con los diálogos humanitarios y al mismo tiempo presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 1421 de 2010, que restringe exclusivamente al presidente de la República la competencia para establecer diálogos con actores armados para buscar la paz o acordar compromisos de orden humanitario. Queremos con ello abrir el camino a cientos de alcaldes y alcaldesas municipales, a decenas de gobernadores y gobernadoras departamentales, a miles de autoridades indígenas y dirigentes de organizaciones comunitarias, a líderes religiosos y espirituales, que quieren y necesitan dialogar con diversos actores armados con propósitos humanitarios. Salvar una vida humana, impedir un desplazamiento, detener un ataque que afecte a la población civil, no puede ser un delito y no puede ser competencia exclusiva de un funcionario público. El propósito central de los diálogos humanitarios y la demanda es que la sociedad civil pueda lograr compromisos de los actores armados en materia humanitaria. La Minga por la Paz ha reiterado que necesitamos dichos compromisos de orden local o regional frente al reclutamiento de menores, el uso de armas no convencionales y de minas, los bombardeos indiscriminados, la violencia sexual hacia las mujeres, los fal-

4. Anexos

sos positivos, las desapariciones forzadas, la entrega de combatientes muertos. Y sobre todo, el no involucramiento de la población civil en acciones cívico-militares y el respeto a la autonomía de los procesos comunitarios, asediados por los actores armados. 12. Necesitamos darle continuidad a esta minga por la paz, a esta Movilización Nacional por la Paz. Somos herederos de las movilizaciones por la paz y la resistencia que se realizaron en los años noventa. No son un fracaso, como quieren presentarlo algunos. Fueron la más generosa contribución al país. Estamos tejiendo diálogos con las recientes movilizaciones por la paz que han venido realizando las organizaciones sociales: El Encuentro de Paz de Barrancabermeja, el Congreso de Tierras y Territorios del Congreso de los Pueblos, la reciente movilización de la Marcha Patriótica, la propuesta de los mínimos para la paz impulsada por la Iglesia católica y otras muchas propuestas a nivel del país. Para darle continuidad a este proceso, consideramos necesario dar un salto de calidad. Nos comprometemos en la realización del Congreso Nacional de Paz, que diversos sectores vienen impulsando. Urge al país un encuentro de todas y todos quienes apostamos por la solución política del conflicto armado. Debemos constituir un escenario donde el país nacional aparezca en su diversidad, exigiendo la paz y aportando a su construcción. 13. Saludamos que un número creciente de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes y alcaldesas del Pacífico y Suroccidente, reunidos en Villa Rica (Cauca) a instancias del gobernador del departamento, hayan tomado la decisión de seguir fortaleciendo una red de autoridades locales y regionales por la paz. Es su derecho. Y es una contribución valiosa para este proceso de acumular manos y palabras de paz. Dos acciones estamos prestos a acompañar a la institucionalidad: la constitución y convocatoria a los Consejos Municipales y Departamentales de Paz, con amplia y plural participación de la sociedad civil. Un liderazgo decidido de las autoridades locales en esta tarea puede ser una contribución cierta para cambiar el clima agresivo y de guerra que nos ha dejado una década militarista. Los instamos a que pidan al gobierno nacional que haga lo propio con el Consejo Nacional de Paz. Y en segundo lugar, es urgente que las autoridades locales promuevan de forma coordinada en todo el país una reflexión sobre el modelo de desarrollo regional que impulsa el gobierno nacional, y sobre leyes que no promueven la paz sino que estimulan el conflicto. Estamos convencidos que la estrategia de consolidación territorial liderada por las fuerzas militares, la agresiva política extractivista minero-energética, las concesiones a transnacionales de forma inconsulta e irresponsable, no solo afectan a las comunidades, sino que crean a los gobiernos locales y regionales situaciones de ingobernabilidad creciente, intensificación de la crisis humanitaria que deben atender, pérdida de autonomía para la gestión pública y reducción de los ingresos públicos.

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Agenda Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas de Colombia : Propuesta de trabajo

Declaración de paz A eso hemos venido. A escucharnos y hacernos escuchar. A declararle la paz a Colombia. Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra.

Proponemos a Colombia una minga por la paz Agosto 11 de 2011

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“Los pueblos y autoridades indígenas agrupadas en el CRIC hacemos un llamado fraterno a la sociedad colombiana a organizarnos en torno a la exigibilidad -al Estado colombiano y los actores armados no estatales-, para que no se degrade más el conflicto armado y para que busquemos una solución política negociada del mismo... Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad”. Declaración del CRIC a los 40 años de su constitución. La María, febrero de 2011. ¿Desde dónde hablamos de paz? Los indígenas del Cauca hace 50 años venimos trabajando en unas ideas elementales: 1. Constituir territorios autónomos de las comunidades y los pueblos, lo que se opone a los territorios privatizados que impulsan el Estado y el mercado, y es muy distinto al modelo de “zonas liberadas” de la insurgencia; 2. Constituir y fortalecer los gobiernos propios y comunitarios, basados en el poder popular, que se opone también a la democracia simulada que hoy existe en el país y a los gobiernos verticales que proponen la guerrilla y el Estado; 3. Aplicar la justicia propia en perspectiva de la armonía de la gente y con la naturaleza; 4. Desarrollar modos de vida sustentables que enfrenten el consumismo capitalista; y 5. Fortalecer los lazos con el conjunto del movimiento popular colombiano. Algo de eso hemos avanzado. Nuestra convicción es que solo los territorios autónomos gobernados por sus propias comunidades son garantía de la realización de los derechos humanos y garantía de paz y dignidad. Además durante años luchamos para que la ONU aprobara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”; ahí nosotros entendemos exactamente “libre determinación”. Un proyecto de autonomía territorial como éste está muy lejos de los proyectos del Estado y de la insurgencia, pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial

4. Anexos

o de gobierno que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros. Así, aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en fuertes contradictores de los propósitos de los actores armados. Somos actores políticos en el conflicto armado interno. El territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas no solo son los directos afectados por la guerra, sino que son en gran medida el objeto de la disputa (política y militar) de los actores armados. Y ese es el punto de partida realista con que debemos intervenir en este Encuentro, que generosamente la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ha convocado, y al cual acudimos de buen grado, con responsabilidad y con prudencia. Pero sobre todo con decisión. A partir de eso, venimos a compartir con ustedes unas ideas simples. Primera idea: El conflicto armado debe resolverse porque lo estamos perdiendo todos y todas 1. El conflicto armado interno debe resolverse. Los actores que lideran la política nacional -populares, empresariales, insurgentes, estatales- están perdiendo social, económica y políticamente por la continuación de la guerra. Solo unos pocos sectores -especialmente ligados al capital minero-energético transnacional, al narcolatifundio y a la mafia de los gastos militares- son ganadores netos. Es verdad que a pesar de la guerra muchos se han adaptado, hacen negocios, ganan dinero, logran algún poder. Nosotros mismos en el Cauca, enfrentando la guerra, hemos logrado importantes avances en materia organizativa y de autonomía. Pero a la larga la mayoría perdemos. Pierde el Estado mismo, porque ha sido sustituido en su conjunto por las lógicas y la institucionalidad de la guerra, que es el verdadero régimen político en muchas regiones del país. Pierde la economía nacional, porque el derroche del Producto Bruto Interno en gastos de guerra -contratistas ladrones y burócratas armados- es una carga creciente que ataca la producción nacional. Pierde el movimiento popular, porque nuestros acumulados políticos y organizativos son erosionados y difícilmente logran consolidarse en medio de la violencia política. Pierde la insurgencia, no tanto por la evidente asimetría militar frente al Estado, sino porque la necesidad de mantener y fortalecer el aparato militar la distancia cada vez más del movimiento popular. 2. La lucha armada de la guerrilla no da muestras hoy de ser eficaz para cambiar el sistema político ni para defender al movimiento popular de las agresiones del Estado y del mercado. Y el terrorismo de Estado -a pesar de su dinámica criminal- tampoco ha logrado impedir repetidos levantamientos sociales, ni resolver la contradicción interna entre los guerreristas y los sectores empresariales que demandan la modernización de la economía capitalista. 3. Es obvio que el conflicto colombiano tiene unos determinantes socio-económicos. Pero su existencia y persistencia sobre todo es el resultado de las decisiones políticas de los actores armados: de las clases dominantes, que optaron por im-

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pedir a sangre y fuego cualquier posibilidad de cambio democrático en el país; y de la insurgencia, que ha considerado imposible cualquier acción política popular por fuera de la lucha armada. 4. Casi 50 años después de esa decisión de ir a la guerra, el conflicto armado se generalizó y se volvió una guerra crónica que no tenía otro destino que degradarse: desde los “falsos positivos” al reclutamiento de niños y niñas, desde la violencia sexual contra las mujeres hasta los ataques indiscriminados. Cuando la guerra dura tanto ya no es un método extremo para resolver una situación política intolerable; se vuelve un modo de vivir. Y vivir para la guerra es una enfermedad. Por otro lado, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Todo indica que el conflicto armado interno se ha convertido en un pantano cada vez más amplio donde se ahogarán las próximas dos generaciones de colombianas y colombianos si no lo terminamos.

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Segunda idea: el modelo uribista de la guerra se agotó y se abren de nuevos opciones políticas 5. Una vez las guerrillas se replegaron y dispersaron como efecto del Plan Colombia, las ventajas del ejército tendieron a disminuirse; desde el 2008 se evidencian el repunte de los hostigamientos insurgentes, el incremento en las bajas de la fuerza pública y la merma del impacto mediático por los golpes a comandantes guerrilleros. El gobierno es consciente de que un nuevo cambio sustancial en la dinámica de la guerra solo puede lograrse con una inyección masiva de recursos y un copamiento territorial en las zonas de retaguardia estratégica de la guerrilla. Pero la disminución de recursos provenientes del gobierno estadounidense, la fatiga de los empresarios con el impuesto de guerra, el déficit presupuestal, la corrupción generalizada de los mandos militares, hacen que esta vía hoy sea improbable, y sobre todo ruinosa. 6. Ante esta situación, la solución política aparece nuevamente como posibilidad. Al parecer el gobierno considera que antes de hablar de paz es necesario crear algunas condiciones que le posibiliten sentarse con ventaja ante sus enemigos. Por eso requiere debilitar a la guerrilla. Y debilitar a la extrema derecha armada, que es el obstáculo principal a una solución dialogada. Para profundizar el debilitamiento de las FARC el gobierno se concentra en su estrategia de dar de baja a “blancos de prestigio”, una estrategia que tiene efectos sobre la imagen de la insurgencia y menos sobre sus planes operativos, pero que es totalmente ilusoria para cambiar el curso de la confrontación. 7. Para debilitar a la incómoda derecha criminal, el gobierno parece centrado en la restitución de tierras, o mejor, de “títulos” a algunos campesinos expropiados (los otros 5 millones de hectáreas quedarán intocadas). El propósito es que los campesinos se asocien en condiciones de sumisión a las grandes empresas

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del agro-negocio internacional; una solución capitalista al conflicto agrario que “desconoce” que el capitalismo es el responsable de la actual estructura agraria. Pero hay que reconocer que si los narco-terratenientes armados son despojados de algunas de las tierras y títulos conseguidos a sangre y fuego, o son judicializados por sus crímenes, puede significar la disminución de su poder e influencia, o un remezón a la estructura agraria, lo que abriría posibilidades para la terminación de la guerra, al desatar fuerzas políticas rurales importantes y contradicciones del bloque en el poder. 8. Reconocemos que las FARC y el ELN han reiterado su disposición a dialogar con el nuevo gobierno. Los mensajes de Cano y de Gabino son claros al respecto. Se han mostrado dispuestos a la solución política negociada e incluso han mostrado receptividad con las acciones del gobierno de avanzar en condiciones hacia la paz con algunas leyes. Pero el único método adoptado para preparar una posible negociación es la intensificación de las acciones bélicas. Estamos convencidos que es posible para la insurgencia pasar a realizar movimientos políticos más profundos. Tercera idea: estamos obligados a realizar hechos de paz para abrir camino a la solución del conflicto armado 9. Ante la ausencia de voluntad política de los gobernantes para hacer realidad el derecho a paz, la decisión de la sociedad es hacerlo cumplir y garantizarlo por nuestros propios medios. Nuestros principales hechos de paz son dos: El primero es fortalecer y proteger la autonomía política de los pueblos en medio de la guerra. La Minga en Resistencia adoptada por las organizaciones zonales del CRIC consiste en fortalecer la autonomía territorial mientras se protege la vida, el plan de vida y el gobierno propio; en términos operativos es controlar los territorios directamente por las comunidades, e impulsar la desmilitarización de los territorios y el desmonte de la infraestructura de guerra de todos los actores armados. Por eso estamos en total oposición al Batallón de Alta Montaña del Ejército en el resguardo de Tacueyó. No lo hemos autorizado. Ese territorio es propiedad colectiva indígena y el Estado no puede ocuparlo, expropiarlo ni comprarlo, porque es inalienable e imprescriptible. La Constitución solo autoriza usar propiedades particulares para uso militar en caso de guerra exterior. Pero la principal razón para estar en desacuerdo es que son inútiles para proteger a la gente y solo aumentan el riesgo. Y por eso le hemos dicho a la guerrilla que no aceptamos sus campamentos en nuestro territorio en cercanías de la población civil y que no necesitamos su presencia. Nosotros solos, con la movilización de la comunidad, podemos resolver nuestros asuntos y enfrentar las amenazas del mercado y del Estado, como lo hemos hecho cientos de miles de indios en las carreteras. A estas alturas no tenemos que demostrarle esto a nadie. Con estos hechos de paz “no queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Espera-

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mos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario” (Pronunciamiento de Toribío, 20 de julio 2011). 10. Nuestro segundo hecho de paz es la realización de diálogos humanitarios con los actores armados: salvar vidas, evitar ataques indiscriminados, demandar el cumplimiento del DIH. El gobierno dice que estos diálogos están prohibidos. Nosotros consideramos que nuestra Ley de Origen y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas nos autorizan a realizarlos. Y vamos a realizarlos. La sociedad civil debería protegerlos, el gobierno nacional respetarlos y la comunidad internacional podría ser veedora. Tarea urgente de quienes construyen paz es abolir la norma que criminaliza la búsqueda de la paz; no solo es inconstitucional, sino que reduce las posibilidades de la sociedad civil para proponer soluciones creativas al conflicto. La Junta Directiva del CRIC del 20 de julio pasado mandó de nuevo la realización de Diálogos Humanitarios en territorio indígena con el gobierno y la insurgencia. Aprovechamos este escenario para proponer a las FARC la celebración del primer Diálogo Humanitario con los indígenas del Cauca, antes de finalizar el presente año. Será en un sitio desmilitarizado; la Guardia Indígena les garantizará la seguridad. Los temas que proponemos son los que venimos formulando desde la Red de Iniciativas Locales por la Paz (en la que estamos el CRIC y la ACIN), sobre los cuales vemos posible lograr compromisos por parte de los actores armados: 1. El abandono gradual pero decidido del uso de minas antipersonales, 2. la proscripción de cualquier forma de violencia sexual contra las mujeres, 3. el rechazo al reclutamiento de niños y niñas, y 4. el respeto a la autonomía territorial y cultural de las organizaciones sociales y comunitarias. Queremos hablar también de la obligación de cuidar y no realizar combates en medio de la población civil, la necesidad de que los milicianos se distingan como actores armados, y el compromiso del Secretariado de las FARC de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente. Cuarta idea: el gobierno debe realizar hechos de paz creíbles 11. El primer obligado a hacer hechos de paz es el gobierno nacional. El gobierno debe iniciar ya la depuración de las fuerzas armadas; es un tema obvio en una negociación, pero debe ser una política que se inicie desde ahora, y para posibilitarla. El gobierno debe desmontar ese aparato de crimen que hay enquistado en las fuerzas militares -oficiales vinculados con crímenes de lesa humanidad, ideología fascista en la formación de los militares, mafia que vive de los contratos secretos, policía que opera en muchas regiones como apéndice del delito organizado. Una comisión independiente para la depuración de las fuerzas militares es un paso en la dirección correcta. En el mismo sentido, el gobierno debe iniciar en serio el desmonte del aparato paramilitar. Una medida sana es abandonar el lenguaje cómplice con la farsa de

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las desmovilizaciones uribistas. Más allá de los cambios ocurridos en su unidad de mando y su ahora descarado narcotráfico, el paramilitarismo sigue siendo un instrumento del latifundio armado al servicio del ejército y otros sectores empresariales para castigar y aterrorizar al movimiento social. Las bacrim son paramilitares ¡y ya!. Sin una estrategia real para desmontarlos, es improbable abrir caminos de negociación. 12. De forma inmediata el gobierno debe emprender la derogatoria de la norma que penaliza la protesta callejera, pues si el gobierno pretende desactivar la protesta armada, no puede criminalizar la protesta civil. Y debe haber una orden explícita a las fuerzas militares para no involucrar más a los civiles en el conflicto armado: desmantelar la red de informantes, el programa de soldados campesinos, las familias guardabosques, son medidas en esa dirección. Por lo mismo, la estrategia del Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI debe ser anulada, para que las autoridades y acciones civiles del Estado no sean destituidas en la práctica por las órdenes de los militares. Quinta idea: la insurgencia puede y debe hacer hechos de paz más audaces que insistir en el intercambio de prisioneros 13. El balance que hacemos de la propuesta de intercambio humanitario que las FARC lanzaron ya hace 10 años no tiene mayor credibilidad como hecho de paz. Primero, porque las FARC mismas la irrespetaron al secuestrar a civiles para presionar el canje con militares, violando los principios de la guerra; segundo, porque la falta de cuidado con sus prisioneros hizo que parte del país repudiara el método de las retenciones. La falta de respeto con que el Estado trata a los presos de las FARC y a otros presos políticos, de ninguna manera justifica que la insurgencia hubiera hecho lo mismo. 14. Lo que necesitamos hoy es que la sociedad crea de nuevo en la urgencia y necesidad de la solución política. Necesitamos actos políticos de gran envergadura, generosos con el país. El gobierno ha dicho que abre diálogos si las FARC liberan a los secuestrados. Antes que lo dijera el presidente, muchísimos sectores populares, alternativos y de izquierda les hemos dicho lo mismo, porque sabemos que eso no solo destrabaría la situación sino que volvería a poner el debate en el plano político. Es la oportunidad de las FARC de hacer un hecho de paz trascendente. Instamos al comandante Alfonso Cano y al Secretariado para que ordenen liberar esas personas y entreguen a los combatientes menores de edad a sus familias y comunidades. Estamos seguros que amplios sectores sociales -el movimiento indígena entre ellos- veremos esa decisión como un mensaje que llena de contenido político el conflicto, un primer paso para resolverlo. Sexta idea: Solo las organizaciones populares podemos desempantanar la situación

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15. Resulta claro que la sociedad civil debe ser protagonista central de un proceso de negociación. Una paz exclusiva de los actores armados no solo es injusta sino que abre la puerta a posteriores escaladas militares. Nuestra presencia protagónica es fundamental para garantizar que los derechos y proyectos del movimiento popular no sean sacrificados en el altar de la conveniencia política de los ejércitos, pero sobre todo para blindar los acuerdos con la legitimidad que se requiere tras 60 años de confrontación. 16. Las organizaciones y actores sociales y políticos no vinculados con los contendientes debemos imponer la ruta hacia la solución política. Imponer la paz como urgencia, no esperar a que los armados marquen el ritmo en este punto, y no dejarnos quitar la iniciativa y el protagonismo por el Estado y la insurgencia cuando se abran escenarios de diálogo, son aprendizajes del proceso anterior. 17. Debemos garantizar que la agenda se construya sobre los acumulados organizativos y políticos propios. Nada de lo que hagamos en la construcción de la paz puede ir contra esas conquistas históricas. La paz se construye con movilización y se conquista para la movilización; toda búsqueda de la paz debería darse en el marco de las luchas reivindicativas; los indios del Cauca junto a la construcción de paz seguimos con los rituales de liberación de la Madre Tierra.

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Séptima idea: una propuesta viable de solución política al conflicto armado debe basarse en un bloque por la paz más allá del campo popular 18. Aunque hemos perfeccionado nuestros métodos de resistencia e incluso hemos logrado construir las bases de la autonomía territorial en medio de la guerra, ésta continúa; y mientras ésta continúa estamos pagando un costo enorme: casi cien indígenas mueren cada año por causas asociadas al conflicto armado. Por eso para las comunidades es claro que la resistencia a la guerra no puede ser su destino. Por eso la solución del conflicto armado es un mandato estratégico de la organización. 19. Necesitamos activar diversos mecanismos francos y abiertos de diálogo público con los actores del conflicto interno (políticos, armados, económicos). Para la terminación de la guerra no es suficiente construir un proceso exclusivamente popular; la interlocución debe buscar un escenario de paz con actores armados legales e ilegales, con actores políticos, con actores económicos, con iniciativas de paz, con diversos sectores del establecimiento que vean la solución del conflicto como una opción deseable. Más que tener “la” propuesta de paz, lo urgente es construir una correlación de fuerzas a favor de la paz. Solo con un bloque político diverso y amplio por la paz es posible hacer viable la agenda que dicho bloque haya acordado. El movimiento indígena del Cauca ha decidido ponerse a disposición de quienes quieran cumplir ese propósito.

4. Anexos

Octava idea: La solución del conflicto armado no es la paz, pero es un camino para construirla 20. Nos parece importante lo que las FARC dicen que debe ser la paz, manifestado en el Mensaje de Cano por los 47 años de esa organización. Las ideas de desarrollo humano equilibrado, equidad de género, educación y salud gratuitas para todos, la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, salario justo y pleno empleo, protección integral del medio ambiente, garantías políticas para el debate, la movilización y la participación política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a la diversidad, los derechos de las mujeres, son asuntos que en el campo popular todos compartimos; incluso algunos sectores de la oligarquía estarían de acuerdo. 21. Sin embargo consideramos que algunos de esos puntos no podrían ser el resultado de una negociación para terminar el conflicto armado. No porque no sean deseables, sino porque implicarían tumbar todo el sistema político y económico, incluso cambios en la cultura. Por ejemplo el desarrollo humano equilibrado, la equidad de género, el fin de la pobreza, el pleno empleo y la protección integral del medio ambiente. Estas son cosas en las que sin duda no vamos a tener acuerdo en una mesa de negociaciones con los capitalistas, y deberán ser el resultado de la movilización popular permanente. Si ponemos eso como condición para terminar la guerra, pues en la práctica estamos es porque siga. Algunos nos dirán que por eso es que la guerra debe seguir: para imponer esas metas políticas a una oligarquía que no se mueve ni un milímetro en dirección a la democracia y la justicia social. Ya anotamos que el problema de ese argumento es que la guerra de 50 años tampoco los ha movido hacia allá. 22. La solución política del conflicto armado no es la paz misma, no va a hacer desaparecer todos los conflictos sociales, políticos y territoriales existentes, que son consustanciales al capitalismo. Lo que buscamos es un contexto político que permita al movimiento social pelear en mejores condiciones por nuestros derechos. Tampoco significa que renunciemos a nuestros proyectos estratégicos, pues la solución política debe incluir explícitamente el derecho que tenemos para intentar cambiar incluso el régimen político. La idea de que la paz debe significar la renuncia a la lucha social atenta contra la posibilidad de una solución política. Novena idea: pongamos de nuevo sobre la mesa los puntos de una posible negociación 23. Sabemos que mucha gente de los sectores populares no podemos hacer política sin que seamos asesinados o amenazados; muchos de los actuales combatientes de la guerrilla probablemente son luchadores sociales que no tuvieron otra alternativa ante la agresión criminal. Por eso es que creemos que la solución del problema no es solo el desarme de la guerrilla. Tiene que haber cambios. Pero los actores sociales y políticos debemos decir con más precisión qué es lo que nece-

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sitamos cambiar del sistema político y del modelo económico para que cualquier solución del conflicto armado sea duradera. 24. Nosotros pensamos al respecto que hay unos temas claves, que venimos proponiendo a diferentes actores políticos y gremiales: 1. el desmonte del narco-latifundio armado, especialmente su expresión política paramilitar; 2. la depuración de la fuerza pública, que incluya su reducción, la resocialización de sus miembros y el cambio en su orientación ideológica; 3. el reordenamiento territorial que garantice el gobierno de las comunidades sobre sus territorios y recursos naturales; 4. el cambio del sistema electoral para que los sectores populares tengan justa representación; 5. el acceso y control democrático de los medios masivos de comunicación; 6. el cuestionamiento al modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero-energético; 7. la defensa de la soberanía nacional frente a la ocupación militar extranjera y para darle solución al narcotráfico; 8. la garantía de mínimos estándares de satisfacción de los derechos sociales y económicos; 9. la transformación sustancial de los mecanismos para exigir los derechos, especialmente los derechos a la movilización, a la protesta, a la organización social-popular y a la realización directa de los derechos; 10. la garantía de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas, afro y campesino; 11. los derechos de las víctimas. Proponemos profundizar en estos temas a futuro.

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Ofrecimientos finales 25. El movimiento indígena del Cauca viene a ponerse a disposición de la solución del conflicto armado. A la terminación de la guerra nos sumamos los 103 cabildos, los 320 mil comuneros y comuneras del departamento, nuestros 40 años de lucha por la autonomía, el territorio y la dignidad. Ofrecemos el territorio indígena del Cauca para que sea el escenario adecuado donde la sociedad civil colombiana, el gobierno y la insurgencia, nos sentemos a diseñar la terminación de la guerra y los necesarios cambios en el sistema político y el modelo socio-económico. La Guardia Indígena y nuestras comunidades garantizarán la seguridad de los actores políticos que decidan dialogar, sin armas, para buscar alternativas políticas. 26. Hay que multiplicar los espacios donde promovamos la terminación del conflicto armado interno. Un primer momento para ampliar la audiencia, luego de este Encuentro, deberá ser el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanía, convocado por el Movice, la Minga Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos, en septiembre próximo. El CRIC y la ACIN proponemos que le demos continuidad al esfuerzo de los compañeros/as de la ACVC y los demás convocantes. Convoquémonos desde ya para un nuevo Encuentro por la Paz en Colombia a mediados del próximo año, en el suroccidente del país, en territorio indígena del Cauca. Consejería Mayor – Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN - Cxhab Wala Kiwe

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Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz. Julio 20 de 2011

La Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca –CRIC- nos hemos reunido en Toribío los días 19 y 20 de julio de 2011, para analizar y proponer caminos de solución ante los hechos de la semana anterior en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, que son de responsabilidad directa de las FARC, y ante la decisión unilateral e inconsulta del gobierno nacional de copar militarmente los territorios indígenas, principalmente los del norte del Cauca. Como Comunidades originarias y Autoridades Tradicionales hoy les hablamos a los colombianos y colombianas desde el fondo de nuestro dolor y de nuestra indignación. También desde la profunda convicción de que con la reflexión y el espíritu de las comunidades es posible sacar al país del pantano a donde lo han llevado décadas de invasión y guerra armada del Estado y las guerrillas, principalmente a territorios indígenas del país. En estos dos días los delegados y delegadas de las comunidades hemos hablado y pensado como pueblos originarios, con autocrítica por lo que hemos podido hacer y no hemos hecho, y con responsabilidad por lo nuestro y por el país entero. Nos hemos reunido para manifestarle a los pobladores urbanos de estos municipios afectados por las acciones armadas que sentimos esta agresión como un ataque contra todos los pueblos indígenas, que entendemos han tumbado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frío sentido estos días por ausencia de techo lo hemos sentido en cada resguardo indígena del Cauca; porque no puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social. Por eso, esta Junta Directiva y esta Audiencia Pública son sobre todo un acto de dignidad, unidad y resistencia a la guerra por parte de toda la gente del Cauca. Un acto donde nos guía la convicción de que solo la solución del conflicto armado puede abrir caminos para la construcción de paz y justicia; por eso hemos ratificado la voluntad de seguir construyéndola. Desde nuestra Resolución de Vitoncó emitida en 1985, nuestras comunidades y autoridades exigieron la desmilitarización total de nuestros territorios. En aquella ocasión las FARC se comprometieron a no intervenir nuestros procesos y a respetar a nuestros territorios y autoridades; luego en 1990 se concertó la dejación de armas del grupo indigenista Quintín Lame, que contribuyó con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual, jurídicamente, en la nueva Carta Política, devolvió el poder al pueblo y declaró que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. En 1999, con nuestra Declaratoria de los Territorios de Convivencia

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Diálogo y Negociación nuestras autoridades reclamaron del Estado y las guerrillas la necesaria y obligante participación de la sociedad civil en todo proceso de paz para el país. Las declaraciones y mandatos de Ambaló (1996) y Jambaló (2000) fueron claras en determinar la responsabilidad de los diferentes actores que hacen presencia en nuestros territorios y en ellas se determinaron políticas y responsabilidades internas referidas al conflicto armado, a los llamados cultivos de uso ilícito, a las iglesias y a los intereses económicos de las empresas multinacionales. Sin embargo, lo ocurrido principalmente en Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y en el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, niega lo que el país ha avanzado constitucionalmente en materia de derechos humanos y paz, y por el contrario se ha convertido en una estrategia global que se repite cotidianamente de ocupación territorial de conquista, involucramiento de civiles con propósitos militares, y de arrasamiento con propósito de cambiar el escenario político, poniendo de presente la decisión del Estado y las FARC de una escalada del conflicto no vista antes en nuestros territorios. En consecuencia, si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una terrible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años. Ante ello la Junta Directiva Regional de Cabildos indígenas del Cauca –CRIC, ha analizado: 88.

Sobre la guerra actual 1. La guerra ha absorbido todas las otras dimensiones de la vida nacional, subordinando la política a las prioridades militares de ambos bandos. Con la gravedad que cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento que el otro ya lo había hecho. 2. En la actualidad Las FARC desplazan fuerzas hacia el norte del Cauca provenientes de otros departamentos, y recrudecen el reclutamiento forzado de menores y la incorporación de milicianos a sus filas, al parecer para responder a la estrategia del Estado. de tierra arrasada desde el entendido que su sobrevivencia depende de estar entre la población civil. 3. Por su parte el Estado ha subordinado la ley y sus propios intereses económicos al sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven; mientras para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos -incluido el de ellos- con el propósito de mantener el aparato militar. Es lógico, por eso, la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno que vivimos. 4. Por supuesto, cada vez tenemos menos dudas de que la guerra es funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas y de los afrodescendientes y campesinos, impulsada por las transnacionales. Tanto la invasión de nuestro territorios

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por el Ejército oficial, como la ocupación de nuestras comunidades por la insurgencia, promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales, reproduciendo un sistema de despojo y aniquilamiento que los indígenas conocemos desde hace siglos. Todo indica que en el departamento del Cauca, especialmente en la zona norte y en las áreas contiguas de los departamentos del Huila, Tolima y Valle, todas ellas territorio del pueblo Nasa, se prepara una enorme batalla de incalculables consecuencias para la población. La Madre Tierra nos dio un territorio que por sus características ha resultado ser el más adecuado para la guerra irregular, donde la derrota de la guerrilla solo puede darse mediante el copamiento militar terrestre, el arrasamiento y el uso de bombardeos indiscriminados. Y eso es lo que, desde los planes de quienes dirigen la guerra, vendrá para nuestro territorio y nuestras comunidades en los próximos meses. El Ejército concentra un número cada vez mayor de unidades; miles de hombres armados han desembarcado en helicópteros la última semana en Corinto, Caloto, y Miranda y Tierradentro, preparando una nueva oleada militar. Se ha anunciado la decisión unilateral e inconsulta de establecer un nuevo Batallón de Alta Montaña en Tacueyó, y es de esperar que otros pequeños batallones se instalen en el páramo. Casi 15 mil soldados invaden la Cxhab Wala Kiwe, el territorio del gran pueblo. El Plan de consolidación territorial del gobierno nacional combina una estrategia de “desarrollo armado y humanitarismo armado”, por medio del cual los recursos públicos destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de infraestructura, pasan a través de los batallones. Con la clara intención de involucrar a las comunidades civiles en la estrategia de guerra, los dineros de Acción Social son pagados en los batallones, los puentes reparados por el ejército, las alcaldías presionadas a aceptar el tutelaje de los militares. En la práctica las comunidades se convierten en una especie de escudos humanos para proteger forzadamente a los soldados. El Plan Colombia obligó a la insurgencia al repliegue, la dispersión y el retorno a la guerra de guerrillas. Al no tener ya capacidad para subordinar territorialmente a las comunidades y los gobiernos autónomos indígenas, han optado por erosionar la organización en su conjunto, promoviendo estructuras paralelas que tratan de deslegitimar a nuestras autoridades, al proceso político del CRIC y a sus organizaciones zonales. Derivado de lo anterior, mientras el ejército involucra a la población civil. La guerrilla se camufla entre ella dando como resultado que sea la población civil la que lleve la peor parte. Entonces, como ambos bandos comparten la misma estrategia, disparan, hacen estallar explosivos o bombardean indiscriminadamente, con la supuesta certeza de que los civiles muertos o heridos, por estar cerca de sus enemigos, también son blancos legítimos. Con base en lo anterior recordamos que al firmar la Constitución de 1991 nos

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comprometimos a la construcción de un país en paz y respetuoso de la diferencia. Nosotros como pueblos indígenas hemos cumplido, pero no así los promotores de la guerra y quienes tienen otros designios sobre nuestros territorios. Ratificamos nuestras posiciones y mandatos expresados en la Resolución de Vitoncó, la Resolución de Jambaló, los Congresos del CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó, de los cuales resaltamos los siguientes puntos: 1. Los armados no nos representan, no pueden hablar ni mucho menos realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses. 2. Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte y parte. 3. Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios económicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores externos deben respetar nuestro territorio y autonomía. 10. Exigimos la recuperación de la armonía y nuestros territorios indígenas y en general de la nación colombina, por ello construimos una ruta de solución política al conflicto armado donde la sociedad civil sea un actor fundamental. Con base en esta lectura realizamos el siguiente

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Pronunciamiento: 1. Como nuestros llamados a los actores armados para que respeten la autonomía de las comunidades, la vida de las personas y las leyes de la guerra no han sido escuchados, hemos decidido convocar la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra. 2. Esta Minga tiene tres propósitos. El primero es la desmilitarización de los territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC. Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. 3. Sabemos que no lo harán por su propia voluntad, y que requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana. En los próximos meses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz, iniciaremos acciones hacia el desmonte -como lo hemos hecho en anteriores circunstancias- de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio de la población civil. 4. No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC. Y recordamos a los actores armados que los territorios indígenas son bienes culturales especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario, y por tanto deben ser excluidos de las acciones militares.

4. Anexos

5. La Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es absolutamente clara en que no podrán montarse bases militares sin que se realicen “consultas eficaces” con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas; y ya la Corte Constitucional ha dicho que la Declaración hace parte del derecho internacional consuetudinario, que es obligación para el Estado. En consecuencia, no aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas, anunciados por el gobierno nacional. El gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; además son inútiles para proteger a la población civil y no los necesitamos para ordenar el resguardo. Emprenderemos acciones jurídicas, políticas y humanitarias contra su implementación. Hacemos un llamado al Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que se pronuncie sobre este inminente irrespeto a la normatividad internacional. 6. El segundo propósito de la Minga es convocar al gobierno nacional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Para la interlocución sobre estos temas, el CRIC y sus organizaciones zonales hemos conformado una Comisión especial, con la presencia de mujeres, mayores y exgobernadores, encargada de apoyar a las autoridades, que es responsable de presentar nuestros puntos de vista ante los grupos armados. Enviaremos invitaciones formales al presidente de la República y al comandante de las FARC. 7. Los temas que proponemos a ambos actores son los que venimos impulsando en la Red de Iniciativas de Paz desde la Base: El cese inmediato de reclutamiento de menores o su vinculación como informantes; la prohibición y castigo de la violencia sexual, especialmente contra las mujeres; el uso de minas y armas de efecto indiscriminado; y el respeto a la autonomía, que ya los tratados internacionales reconocen sin discusión alguna. 8. Con las FARC queremos discutir adicionalmente los problemas relacionados con los milicianos, y sobre el compromiso del Secretariado de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente. Y con el gobierno, vemos pertinente discutir el cese de la instalación de bases militares en medio de la población civil y el reclutamiento de informantes; así como que haya total claridad sobre la orden de destruir las viviendas de las comunidades, porque no vemos convincentes las explicaciones dadas por el presidente y el ministro de Defensa. 9. El tercer propósito de la Minga es reactivar los Debates públicos con el gobierno y la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego. Como estamos convencidos de que la solución del conflicto requiere una negociación política, nuestro compromiso es elevar el nivel político de estos diálogos y debates, y exigimos a estos actores que se comprometan a poner en claro sus apuestas estratégicas. 10. La Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra está fundamentada en el derecho ancestral que nos asiste de ordenar

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nuestra casa, de equilibrar el territorio y buscar la armonía comunitaria. Así mismo, en los instrumentos internacionales que reconocen nuestro derecho a la libre determinación como pueblos y a dotarnos de las instituciones políticas que decidamos libremente. Todas estas medidas que hemos tomado hacen parte de los Planes de Salvaguarda que los pueblos indígenas del Cauca venimos formulando para impedir la desaparición física y cultural, cuya aceptación es obligatoria para el Estado frente a la sentencia 025 de la Corte Constitucional. Llamamos a la sociedad civil colombiana, a la Conferencia Episcopal y a la comunidad internacional para que contribuyan en generar condiciones de protección y respeto a las acciones que emprenderemos. 11. Para realizar la Minga necesitamos del acompañamiento político y humanitario de todos nuestros amigos y amigas. Los convocaremos para que nos acompañen en la protección de los sitios sagrados y humanitarios, y en las acciones para liberar la Madre Tierra de la guerra y armonizar el territorio. 12. Hemos tomado también la decisión de recuperar para la comunidad, a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados. Dos acciones realizaremos para hacerlo realidad: En primer lugar, profundizar nuestros planes de Retorno a Casa, mediante el diálogo, la discusión política, la armonización y el remedio, para que se reencuentren con el camino de la lucha indígena por la dignidad; y en segundo lugar, emprenderemos Misiones de exigencia para que los niños y niñas reclutados regresen a casa; entendemos que las FARC dicen no defender esta práctica prohibida, lo que deberá hacer más fácil la entrega de los menores de edad a sus familias y comunidades. 13. Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de la economía ilegal. Reconocemos que los cultivos de coca, marihuana y amapola son una aparente solución que adoptan algunas familias para resolver una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abren las puertas a una creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema; al respecto, realizaremos una consulta a las comunidades para decidir los elementos centrales de la estrategia. Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito, sino en cambiar una economía de renta por otra economía armoniosa con la naturaleza. 14. Por nuestra parte, vamos a fortalecer decididamente nuestra Guardia Indígena, a la que ratificamos el mandato de ser actores de paz y cuidadores del territorio. Con la Guardia, y con la participación de todas las comunidades, vamos a reforzar el control territorial interno. La Junta Directiva ha adoptado un plan interno para hacer cumplir los mandatos que los diversos congresos han aprobado.

4. Anexos

Es urgente buscar caminos para la solución política del conflicto armado 1. La gran confrontación que se avecina en nuestros territorios, y en otras regiones del país, nos obliga a profundizar nuestro llamado a abrir caminos para la solución del conflicto armado interno. Compartimos la visión de muchos sectores, acerca de la inutilidad de propiciar más muertes para llegar a un escenario de diálogo que podemos constituir desde ahora. Conocemos la falta de confianza de muchos colombianos y colombianas en una negociación política; pero hechos como los de Toribío y Corinto prueban que la solución militar es inaceptable. No es coherente condenar y lamentar la destrucción de nuestras poblaciones, los ataques indiscriminados, la muerte dela población civil, y al mismo tiempo defender la continuidad de la guerra. 2. Creemos que nuestra Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra, es un aporte en la apertura de estos caminos. Como señalamos en La María, a los 40 años de conformación del CRIC, los diálogos humanitarios pueden y deben llevar a una solución del conflicto armado, y la solución del conflicto armado puede y debe llevar a un escenario para la construcción de una paz digna y duradera. 3. Ante la negativa de los actores armados de propiciar este escenario con acciones ciertas de paz y su insistencia en crearlo mediante el incremento de la acción militar, llamamos a la sociedad colombiana a ser la protagonista directa de un nuevo esfuerzo por la terminación de la guerra en Colombia. El movimiento indígena del Cauca ratifica su disposición a converger con todas aquellas voces que de nuevo se pronuncian sobre la inutilidad de la guerra y la urgencia de acabarla. 4. Consideramos que la comunidad internacional puede desempeñar un papel mucho más activo en la búsqueda de una solución política del conflicto y en la construcción de la paz; no solo al manifestarse más enfáticamente sobre la necesidad del diálogo político, sino en abstenerse de promover proyectos económicos que alimentan el conflicto, en particular los relacionados con la industria minero-energética. 5. Agradecemos al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que insistan al gobierno nacional sobre la urgencia de buscar una salida política con participación de la sociedad civil y en especial de los pueblos indígenas, así como la necesidad de apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de paz propuestas por las comunidades. Llamamos a estos Relatores para que programen visitas de emergencia a los territorios indígenas del Cauca para que constaten la situación de violaciones generalizadas de los derechos humanos y el DIH. Igualmente solicitamos sean garantes de la reconstrucción de los daños físicos producidos por los actores armados, hagan seguimiento a la atención de las víctimas, y refuercen las acciones indígenas por la paz que los instrumentos internacionales protegen especialmente. 6. Al mismo tiempo, insistimos a los organismos internacionales que hacen segui-

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miento y control al DIH, para que no abandonen su tarea de exigir a los actores armados el acatamiento de los principios de protección a los civiles y de no uso de armas de efecto indiscriminado, y en particular la instalación de campamentos y bases en cercanías de la población civil. 7. Hacemos un llamado perentorio al gobierno nacional para que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono sea rápida y digna. Demandamos que no se convierta en un nuevo acto de guerra, por lo que exigimos que ésta se haga por parte de la comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucramiento de los militares. 8. Como dijimos en los 40 años del CRIC: Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra. Cuenten con nosotros para la Paz... Nunca para la Guerra. Autoridades Indígenas Del Cauca - CRIC

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