Pol\u00EDticas archiv\u00EDsticas para la justica transicional en Argentina: Los casos de ex Archivo Hist\u00F3rico de la Justicia Militar y los Archivos de las Fuerzas Armadas

B O L E T Í N | A R C H I V E R O S S I N F R O N T E R A S

E U G E N I A B E L É N A L V E S ; A L E J A N D R A A R A G Ó N ; R O C Í OG A B R I E L A C A L D E N T E YE S T U D I A N T E S D E L C U R S O E N A R C H I V O S Y D E R E C H O SH U M A N O S : R E F E R E N T E S I N T E R N A C I O N A L E S E NC O N T E X T O S D E P O S T C O N F L I C T O

En la historia argentina abundan hechos de persecución,tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial depersonas, perpetrados por el Estado o por fuerzas paraestatales,bajo la complicidad de distintos gobiernos cívicos ymilitares, cuya máxima expresión fue el terrorismo de Estadode la última dictadura cívico-militar (1976-1983).Según sostiene Antonio González Quintana (2008: 36), losArchivos son instrumentos sociales insustituibles paraconformar nuevas relaciones sociales durante los procesos detransición. El derecho a saber, a conocer el pasado, elestablecimiento de responsabilidades, las garantías de norepetición y las políticas de reparación son pilaresfundamentales para sostener la legitimidad de un nuevorégimen democrático y aquí los archivos resultan centrales ytransversales. En los contextos de juzgamiento de crímenes delesa humanidad se hace evidente la triple función social delarchivo: no sólo ser reservorio de documentos útiles para lainvestigación, sino también en tanto memoria institucional ygarante de derechos. Más aún si tenemos en cuenta que lostestimonios orales de los sobrevivientes y testigos suelentener menor peso evidencial que las pruebas escritas(Peterson, 2008:1).En el caso argentino, ante una ciudadanía que reclamó “¡abranlos archivos!”, las autoridades usualmente respondieron con“soluciones arrebatadas” (Nazar, 2014: 15) y provisionales, sinconfiar en las instituciones archivísticas tradicionales(históricamente debilitadas), ni en la disciplina archivística.Por ejemplo, frente a ese reclamo de apertura, se crearon“archivos de la memoria” que combinan tareas de difusión,acompañamiento a las víctimas y recolección de testimonios ydocumentos de diversa índole.

Fue un símbolo político claro, pero no siempre eficiente en términos de accesibilidad, que además llevó a confundir políticas archivísticas y de memoria, en detrimento de una mirada integral y a largo plazo. Incluso llegó a desdibujarse el concepto de fondo documental como conjunto orgánico, original e íntegro (Nazar, 2017: 28), afectando la recuperación de la información y el valor probatorio de los documentos. En un marco heterogéneo, también hubo avances en casos particulares, como la transferencia de la documentación del ex-Archivo Histórico de la Justicia Militar (AHJM) al Archivo General de la Nación, y el trabajo archivístico en los Archivos Generales e Históricos de las Fuerzas Armadas (Archivos FF.AA.).

El primero es un ejemplo de integración de un archivo de la seguridad del Estado en un Archivo histórico nacional, producto del trabajo conjunto entre el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (AGN-DAI) y el Ministerio de Defensa. El AHJM se compone de series documentales producidas por la aplicación del ex Código de Justicia Militar, entre los años 1895 y 2009. Desde que ingresó al AGN en el año 2010 permitió responder cientos de requerimientos relacionados con políticas reparatorias por violaciones a los derechos humanos durante todo el siglo XX. Se destaca el haberse transferido el fondo íntegro (y no series o fracciones de series de acuerdo al período o la temática), su inmediata puesta a la consulta, el no desmembramiento del fondo al no entregarse originales a las causas judiciales y la búsqueda de estrategias para poder brindar acceso cumpliendo con la normativa sobre protección de datos personales y sensibles.

Respecto de los Archivos FF.AA., el Ministerio de Defensa encomendó la búsqueda de documentos de potencial valor probatorio en las causas de Lesa Humanidad a la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (Dirección Nacional DDHH), que en 2010 creó equipos de relevamiento documental. Tras detectar múltiples dificultades prácticas y legales para el acceso, por recomendación del AGN-DAI, en 2012 estableció el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa, con un equipo asesor en archivística, conservación y digitalización abocado a profesionalizar y mejorar el acceso de los Archivos FF.AA. Dicho Programa resultó (con altibajos y limitaciones) eficaz y en base al mismo se creó a fines de 2015 el Sistema de Archivos de la Defensa (SAD), siguiendo el modelo homónimo español, que asumió como dirección archivística funcional sobre los organismos, centralizados y descentralizados, civiles y militares, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, continuando bajo la Dirección Nacional DDHH y buscando reafirmar el vínculo institucional con el AGN. En la actualidad se reciben alrededor de veinte solicitudes de información por día por parte de las fiscalías, y se responden alrededor de cien al mes, datos que permiten dimensionar la importancia de haber institucionalizado estos proyectos.

La estrategia de dicha Dirección Nacional de solicitar asistencia técnica al AGN-DAI como organismo especializado fue clave al señalar la necesidad de crear un equipo de archivistas asesores para coordinar las tareas a realizar en las diferentes Fuerzas -lo cual constituyó la base del actual SAD y permitió la continuidad del trabajo al generar instancias de institucionalización “desde abajo”-, y porque al aceptar la transferencia del AHJM al AGN-DAI se evitó que fuera remitido a otras instituciones sin experiencia y/o criterios archivísticos. Sin embargo, este caso tiene sus límites en la medida en que no se pudo trasladar la misma metodología a otros ámbitos o generar un plan archivístico global (y coherente) para los archivos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos. Las medidas en torno a dichos archivos tampoco se vieron acompañadas de mejoras generales en la realidad profesional y material de los archivos “tradicionales”, ni se avanzó en la conformación de un sistema archivístico nacional, o en la creación de sistemas de archivo dentro de los organismos públicos. Tampoco se generaron las condiciones para el reconocimiento de la profesión archivística, que continúa invisibilizada y marginada. El Estado argentino como estado de derecho tiene aún una deuda estructural fundamental en relación al acceso a los archivos como herramientas para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Como país a la vanguardia en el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, y ejemplo de organización y lucha de la sociedad civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el potencial es enorme.