Fiscales de EE. UU. piden congelar programa migratorio para Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba

de Biden ha implementado una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo. El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.

Senadores Durbin y Graham presentan iniciativa para dar residencia a dreamers

A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como “parole humanitario” para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera.

Washington DC.- Los fiscales generales de 20 estados de EE.UU. pidierona una corte federal, este martes 14 de febrero de 2023, que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso. A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EE. UU. Los demandantes argumentan que la decisión del Gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue “arbitraria y caprichosa”. A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de “ser- vicios a los migrantes”. La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EE. UU.

Mayorkas ha defendido el programa, asegurando que ha reducido en un 90 por ciento los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de “incomprensible”. La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de una incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México. A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como “parole humanitario” para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera. En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EE.UU. bajo este programa, según datos de DHS. Paralelo a los beneficios migratorios, el Gobierno

‘Patrocinadores EEUU’: el negocio clandestino en Facebook tras el programa humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Las alertas de fraude se han encendido por grupos en Facebook que ofrecen y buscan patrocinadores para solicitantes. Un negocio clandestino parece haber surgido en Facebook desde que la administración de Joe Biden anunció que aceptaría 30,000 inmigrantes cada mes que lleguen por avión desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Los solicitantes de este programa humanitaria necesitan a alguien en Estados Unidos, a menudo un amigo o familiar, que prometa brindar apoyo financiero durante al menos dos años. El temor es que estafadores y tratantes se estén aprovechando de la desesperación de estos migrantes. Publicaciones en dicha red social solicitando hasta 8,000 dólares por apoyar a migrantes de dicho trámite se pueden leer en grupos de Facebook, como ‘Patrocinadores EEUU’. Otros incluso solicitan propiedades a cambio de ayudarles ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La nueva estrategia migratoria de la Casa Blanca exige que inmigrantes de dichos países solo puedan ingresar por avión a Estados Unidos a través de un proceso de petición iniciada por un familiar o un patrocinador que resida legalmente en EEUU. Los beneficiarios podrán permanecer legalmente en el país por un período de dos años y serán elegibles para solicitar una autorización de empleo temporal. El objetivo es aumentar la seguridad en la frontera y reducir los cruces ilegales. El cubano Pedro Yudel Bruzón buscaba a alguien en EEUU para apoyar su esfuerzo por solicitar asilo cuando llegó a una de estas páginas de Facebook que le exigían un pago de hasta 10,000 dólares por el apoyo de un patrocinador. Bruzón, quien tiene 33 años y vive en Cuba, no conoce a nadie que pueda hacer eso, así que buscó en la internet. Pero tampoco tiene dinero para pagar un patrocinador y no está seguro de que las ofertas, o quienes las hacen, sean reales. Le preocupa ser explotado o ser víctima de una estafa.

“Lo llaman libertad condicional humanitaria, pero no tiene nada que ver con ser humanitario”, lamenta Bruzón, quien dice que lucha para mantener a su madre con lo que gana como guardia de seguridad en La Habana. “Todos quieren dinero, incluso las personas de la misma familia”.

Washington DC.- Para ser aptobado en la Cámara Alta, el proyecto de ley necesita 60 votos y luego ser enviado a la Cámara de Representantes donde se necesitan 218 apoyos. La iniciativa otorga un estatus legal permanente (green card) a los dreamers y, eventualmemte, cinco años después de recibirla calificarían para solicitar la ciudadanía por naturalización. Dos senadores, uno demócrata y otro republicano, presentaron este viernes un proyecto de ley que incluye la residencia legal permanente para los dreamers, un debate que se ha extendido por más de dos décadas en el Congreso, reportó el diario The Washington Post. El plan, patrocinado por los legisladores Dick Durbin (demócrata por Illinois) y Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), marca el inicio de un nuevo impulso en el actual Congreso que asumió el 3 de enero, donde el Senado sigue en manos demócratas, pero la Cámara de Representantes quedó en manos de los republicanos encabezados por Kevin McCarthy, un aliado del expresidente Donald Trump. El proyecto de ley es similar al que ambos legisladores han presentado sin éxito en años anteriores. Se trata del primer esfuerzo que se lleva a cabo de manera bipartidista tras la rendición el discurso de Joe Biden ante el Congreso el martes, donde el presidente pidió a ambos partidos trabajar juntos en los siguientes dos años. Para ser aprobado, el plan requiere 60 votos en la Cámara Alta. Luego debe ser enviado a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde necesita 218 apoyos. El Dream Act, como se conoce la iniciativa de ley, permitiría a los jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos (antes de los 16 años) obtener la residencia legal permanente. Deben tener educación secundaria y/o matrícula universitaria, empleo o servicio militar. Eventualmente y de acuerdo con la ley actual, cinco años después de recibir la tarjeta verde o green card, el portador de la residencia legal permanente calificaría para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización. El plan asoma en momentos que poco más de 600,000 dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 para los Llegados en la Infancia (DACA) aguardan un fallo de una corte federal de Texas que puede dar por cancelado el programa tras una demanda presentada por estados gobernados por republicanos. El futuro de otros 82,000 soñadores, cuyas solicitudes de inscripción fueron recibidas por el servicio de inmigración, pero no procesadas por orden del tribunal, también pende del mismo fallo, El proyecto de ley presentado este viernes es el mismo que asomó en febrero de 2021 poco después de la llegada de Biden a la Casa Blanca. “Y el mismo que se presentó hace 10 años”, dijo la oficina del senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey), quien dijo que “por supuesto” que respaldamos nuevamente esta iniciativa. “Los dreamers son maestros, enfermeras y propietarios de pequeñas empresas en nuestras comunidades, pero debido a que DACA pende de un hilo en los tribunales, viven cada día con el temor de ser deportados”, dijo Durbin en un comunicado al momento de entregar el plan. “Está claro que solo el Congreso puede darles la estabilidad que merecen y un camino hacia la residencia permanente legal”.