ONU acusa al gobierno de Daniel Ortega de crímenes de lesa humanidad

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua menciona entre las violaciones y abusos las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, los cuales se llevan a cabo, aseguran, de forma sistemática y por motivos políticos.

Por: José Angel Aguirre

Washington DC.- Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe publicado este jueves en el que reclamaron sanciones internacionales. El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. “Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó el experto independiente Jan Simon, citado en un comunicado. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”, agregó Simon. El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de al menos 355 muertos y cientos de detenidos. El presidente Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria. El despojo de la nacionalidad, una práctica que Daniel Ortega copió de Augusto Pinochet El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”. Simon acusó al gobierno nicaragüense de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para [...] implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”. Según el grupo de expertos, Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo. Simon destacó que el Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, ya sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países. El informe apunta que la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, que se prolongaron por casi cinco meses. Muertes cuya investigación obstruyó el gobierno de Ortega, según los expertos.