Se cumple plazo en juicio que decidirá futuro de DACA y el de unos 700,000 dreamers

Jueces de inmigración establecen récord de cierre de casos de deportación

Los abogados de las partes involucradas en el proceso judicial de DACA deben presentar los escritos en oposición a la solicitud de juicio sumario de solicitado Texas y otros ocho estados gobernados por republicanos. Dreamers dicen que seguirán presionando al Congreso por una solución migratoria permanente.

Washington DC.- Una corte federal del sur de Texas celebra este jueves una nueva audiencia sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa humanitario que en 2018 fue demandado por una coalición de nueve estados gobernados por republicanos. En la audiencia, pautada a mediados de diciembre del año pasado y cuyo limite se cumple a la media noche de este 2 de marzo, los abogados de las partes involucradas en el proceso deben presentar los escritos en oposición a la solicitud de juicio sumario de Texas y otros estados. “Esta presentación es el siguiente paso establecido por el calendario de sesiones informativas emitido anteriormente por el tribunal”, dijo a Univision Noticias Sandra Hernández, vicepresidenta de comunicaciones y Media de The Mexican American Legal Defense and Educational Fund ( MALDEF). En la actualidad DACA ampara de la deportación a poco más de 600,000 jóvenes que entraron indocumentados a estados unidos antes de los 16 años y se les conoce como drea- mers. Otros 82,000 presentaron sus peticiones de registro, pero por orden judicial sus peticiones no fueron procesadas y aceptadas. Creado en 2012 por el entonces gobierno de Barack Obama, en respuesta a la inacción del Congreso en la aprobación de una reforma migratoria, el programa otorga además una autorización temporal de empleo renovable cada dos años. El grupo de demandantes está integrado por Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia, todos ellos gobernados por republicanos. La estrategia original del grupo que demandó el programa en 2018 fue volver a discutir en la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen la legalidad de DACA y pedirle que pronuncie un dictamen definitivo. En julio de 2021 Hanen mantuvo vigente el programa, pero suspendió el otorgamiento de nuevos permisos, situación que impidió a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país obtener un amparo temporal de deportación y un permiso de trabajo renovable cada dos años. Ante esta decisión, MALDEF encabezó una apelación ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito para derrotar el dictamen de Hanen y liberar al programa de la demanda. En la apelación también participaron abogados del gobierno y del estado de Nueva Jersey. Desde que el juez Hanen decidió en contra de DACA, el gobierno de Biden emprendió acciones para arreglar las fallas expuestas por los demandantes y con ello acabar con los argumentos de la coalición. Entre ellas, publicar el nuevo reglamento en el Registro Federal y someterlo al comentario público. “Los sacrificios realizados por los beneficiarios de DACA en la primera línea de servicio a la comunidad han brindado un apoyo incalculable a una nación que enfrentó agitación política y negación politizada al enfrentar la amenaza mortal para tantos (como fue la pandemia del COVID-19). Es por eso que en estos 10 años cobra tanta prominencia”, ha dicho dice Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF. “Sabemos que en este momento para las personas que tienen DACA nada ha cambiado. Así es que renueven sus documentos a tiempo, no lo dejen para última hora”, dijo a Univision Noticias José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD). “Los nueve estados republicanos que han demandado al programa no van a estar contentos hasta que acaben con él y el permiso de trabajo. Ellos quieren poner fin a nuestra seguridad. Así es que, si tiene DACA, es muy importante que, cuando venga su tiempo de renovar, hágalo de inmediato. No lo deje para última hora”, precisó. El gobierno se ha sumado al llamado de los grupos organizados y también pidieron a los dreamers que renueven a tiempo sus protecciones bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y aseguren sus amparos de deportación. Tras el vencimiento del plazo de este jueves, el tribunal seguirá revisando el programa, de acuerdo con el calendario de audiencias fijado por el juez Hanen. La corte también ha ordenado que “cualquier plazo de respuesta a la demanda complementaria de los demandantes se suspenda hasta que se resuelvan las mociones de juicio sumario”. La comunidad de dreamers dijo que, mientras aguardan un fallo final, seguirán presionando al congreso por una solución permanente. El pasado 10 de febrero los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois) y Linsey Graham (republicano por Carolina del Sur) reintrodujeron el proyecto de ley Dream Act que incluye la residencia permanente para los dreamers y un camino a la ciudadanía. El proyecto de ley es similar al que ambos legisladores han presentado sin éxito en años anteriores. Se trata del primer esfuerzo que se lleva a cabo de manera bipartidista tras la rendición el discurso sobre el Estado de la Unión de Biden, donde el presidente pidió a ambos partidos trabajar juntos en los siguientes dos años.

Washington DC.- Un estudio del TRAC de la Universidad de Syracuse también revela que entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de enero de 2023, los cierres de tribunales de inmigración alcanzaron 172,180 casos, cifra que equivale a un 85% más que un período comparable durante 2019. La Corte de Inmigración está alcanzando niveles récord de casos cerrados administrativamente en lo que va del año fiscal 2023, revela un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse. Investigadores hallaron que en los primeros cuatro meses del actual año fiscal los cierres de casos están “en camino de crecer a casi medio millón”. Y que durante el año fiscal 2022 la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) estableció una marca “del 47% más alto que el máximo anterior establecido durante el año fiscal 2019”, indicaron. El estudio señala además que entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de enero de 2023, los cierres de tribunales de inmigración alcanzaron 172,180 casos, cifra que equivale a un 85% más que un período comparable durante 2019. El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año entrante. “El cierre administrativo es cuando el juez de inmigración desestima en un juicio de inmigración los cargos que ha puesto la fiscalía para tratar de deportar al inmigrante”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando eso ocurre, ya no existe un proceso de deportación”. El problema es que, cuando eso sucede, “el inmigrante regresa al mismo estado migratorio en el que se encontraba al momento del arresto y el inicio del proceso, es decir indocumentado y sin beneficios”, agrega Guerrero. “A menos que exista una vía legal disponible para que pueda regularizar su permanencia en Estados Unidos”. A la pregunta si en este grupo puede haber inmigrantes que en los últimos meses llegaron a la frontera, pidieron asilo y sus casos fueron remitiros a un juez de inmigración, Guerrero dijo que “es probable”, pero que por lo general esto sucede cuando la persona lleva algún tiempo en el país, tiene lazos familiares y su caso no se encuentra dentro de las prioridades de deportación del gobierno. Es decir, no ha cometido crímenes y tampoco representa una amenaza para la seguridad nacional, pública o fronteriza. Si bien el incremento en el número de cierres administrativos presagia un descongestionamiento en la Corte de Inmigración, el TRAC advierte que durante los mismos cuatro meses del año fiscal 2023, “se registraron un total de 329,380 Notificaciones (avisos) de Comparecencia (NTA) emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los registros caso por caso de la EOIR. Por lo tanto, añade, la Corte de Inmigración, “está en camino este año para recibir casi un millón de nuevas NTA que buscan deportar inmigrantes”, una crisis que se viene gestando desde el 2013, cuando un informe de la Universidad de California entregado a las Naciones Unidas y luego al gobierno de Barack Obama advirtió la crisis migratoria procedente de Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Washington DC.-

La salud mental es una de esos asuntos que muchos de nosotros preferimos callar o meter debajo de la alfombra.

Pero la realidad no se puede maquillar: casi uno de cada cinco adultos en Estados Unidos vive con una enfermedad mental.

Estamos hablando de 52.9 millones de abuelos, padres, hijos, vecinos y amigos, en cifras correspondientes al 2020, es decir en el primer año de la pandemia de COVID.

Y ahora sabemos que la pandemia no sólo profundizó muchos de esos padecimientos, sino que exacerbó las disparidades en el diagnóstico y tratamiento para las minorías de color, en particular la latina y la afroamericana. Los jóvenes negros e hispanos tenían aproximadamente un 14 % menos de probabilidades que los jóvenes blancos no hispanos de recibir tratamiento para su depresión antes de la pandemia. La situación seguramente ha empeorado.