Corte federal acuerda revisar caso sobre el TPS que podría afectar a más de 300,000 inmigrantes

Con la llegada a su fin de los cupones temporales de alimentos de CalFresh este mes de marzo, al acabar las órdenes de emergencia por covid-19, se teme que las familias de bajos ingresos se las verán en aprietos para poner comida sobre su mesa, y que incluso puedan llegar al extremo de pasar hambre.

Washington DC.- El estudio Understating America de la Universidad del Sur de California (USC Dornsife) estima que casi 1.4 millones de beneficiarios de CalFresh en el condado de Los Ángeles se quedarán sin los cupones de alimentos. Cada hogar recibirá $95 menos por mes y algunos podrían ver reducciones hasta de $250 por mes. Katia Garcia, una madre de familia que vive en San Fernando con sus dos niñas de 12 y 10 años, dijo que la ayuda adicional que le quitaron son $133 al mes, más $20 por los beneficios regulares. En suma, va a recibir ahora $366 al mes por las dos menores. “Lo que va a pasar es que tenemos que amarrarnos el cinturón porque cada semana el mandado en el súper cuesta entre $200 y $300. Los precios de los alimentos se han triplicado; y con esta reducción, vamos a buscar ahorros donde podamos. Por ejemplo, ya no le vamos a comprar a las niñas sus snacks como yogur y otros”. Katia Garcia, una madre de familia que vive en San Fernando con sus dos niñas de 12 y 10 años, dijo que la ayuda adicional que le quitaron son $133 al mes, más $20 por los beneficios regulares. En suma, va a recibir ahora $366 al mes por las dos menores. “Lo que va a pasar es que tenemos que amarrarnos el cinturón porque cada semana el mandado en el súper cuesta entre $200 y $300. Los precios de los alimentos se han triplicado; y con esta reducción, vamos a buscar ahorros donde podamos. Por ejemplo, ya no le vamos a comprar

“Como quiera que sea, vamos a salir adelante, pero es preocupante porque para muchas familias, estos cupones pueden hacer la diferencia entre comer y no comer”. De acuerdo al estudio de USC, el año pasado, 37% de los angelinos de bajos ingresos experimentaron inseguridad alimentaria, es decir uno de cada tres. Se trata de 10 puntos más que en 2018 y solo 5 puntos menos que la tasa de 42% de principios de la pandemia en 2020. “La expiración de los cupones de emergencia del programa CalFresh al tiempo que la inflación y los costos de los alimentos siguen altos, empujará a los angelinos de bajos ingresos a un precipicio de hambre’, dice Kayla de la Haye, investigadora principal y profesora asociada de población y ciencias de la salud pública en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. La inseguridad alimentaria está definida como la falta de acceso a suficiente comida para vivir una vida activa y saludable. Según revela el reporte, las mujeres, jóvenes adultos, latinos y afroamericanos son quienes fueron los más afectados por la inseguridad alimentaria en Los Ángeles en 2022. La tasa para latinos y afroamericanos fue de 33% contra 11% de los residentes blancos. Además más de 4 de cada 10 hogares con inseguridad alimentaria.

Washington DC.- Una corte federal de apelaciones decidió el viernes revisar nuevamente el caso Ramos v. Mayorkas, una revisión que podría decidir finalmente el destino de más de 300,000 inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), anulando un fallo que había permitido al gobierno revocar su estatus legal migratorio. A través de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018 respecto a una medida de la Administración Trump que decidió terminar el TPS para ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones eran ilegales y motivadas por intenciones racistas. Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la orden del tribunal inferior. Además, después de 16 meses de negociaciones, las conversaciones de conciliación entre la administración de Biden y los demandantes en Ramos v. Mayorkas colapsaron oficialmente el 25 de octubre de 2022. Esto dejó a más de 300,000 titulares de TPS en riesgo de deportación y a sus hijos en riesgo de separación familiar. Los demandantes pidieron entonces a la corte federal que se realizara una nueva audiencia para revisar el caso con el pleno de los jueces de la corte. Esa solicitud de los demandantes ante el Noveno Circuito en pleno fue aceptada el viernes. La querella presentada en la demanda Ramos v. Mayorkas incluye a 14 demandantes que representan a titulares de TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, así como a sus hijos ciudadanos estadounidenses y luego se sumaron titulares de Nepal y Honduras. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California anuló un fallo de 2020 emitido por un panel de tres jueces que había permitido que la administración Trump terminara el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de inmigrantes de El Salvador, Haití , Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Concediendo una solicitud de los abogados que representan a los inmigrantes inscritos en los programas de TPS, la corte de apelaciones dijo que escucharía el caso una vez más, esta vez “en pleno”, o con la participación de todos los jueces activos. Aunque desde entonces la administración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, la Administración no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países. “Durante cinco años, mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de 20 años y líder en la Alianza Nacional de TPS. “Hacemos un llamado a la administración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, en un comunicado de prensa de ACLU del sur de California. “Nos complace que el Noveno Circuito haya aceptado volver a escuchar este caso”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector de la facultad del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA. “Pero nunca deberíamos haber llegado a este punto. El presidente Biden tuvo, y todavía tiene, todas las oportunidades para cumplir su promesa de proteger a la comunidad de titulares de TPS”.

Los demandantes pidieron entonces a la corte federal que se realizara una nueva audiencia para revisar el caso con el pleno de los jueces de la corte.