Parole Humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití fecha que decidirá el futuro del programa

El ‘advance parole’ anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero fue demandado por una veintena de estados republicanos encabezados por Texas. Alegan que el gobierno creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.

Washington DC.- El juicio que decidirá el futuro del programa de reunificación anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero comenzará el 24 de agosto. Hasta entonces, inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que buscan entrar a Estados Unidos podrán seguir aplicando al perdón humanitario por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El juez federal Andrew Drew Tipton, de la Corte Federal de Distrito en Victoria, sur de Texas, fijó para esa fecha el inicio de la causa, entablada la última semana de enero por una veintena de estados encabezados por Texas, todos ellos gobernados por republicanos. A finales de febrero Tipton decidió no aceptar, por el momento, el pedido de los demandantes, quienes pidieron a la corte suspender el “advance parole” del 5 de enero mientras el tribunal tomaba una decisión final. El programa o perdón humanitario de Biden forma parte de una estrategia para permitir la entrada legal de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al país, las cuatro principales nacionalidades de extranjeros que en los últimos años han llegado a la frontera en busca de asilo, generando una crisis humanitaria sin precedentes. El reglamento del ‘advance parole’ indica que los ciudadanos de los cuatro países señalados que no tengan visa solo pueden entrar a Estados Unidos por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Una vez conseguido el aval del gobierno, los beneficiarios deben ingresar a Estados Unidos vía aérea con un pasaporte vigente. Llegados a un puerto de entrada, son inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), agencia que les da admisión para que puedan permanecer en el país durante dos años y gestionar un permiso de trabajo. Durante el tiempo de permanencia autorizado los titulares deben ajustar su estatus por cualquier vía legal vigente, tal como el asilo. De no hacerlo, deberán salir del país o serán deportados. El grupo de demandantes del `advance parole’, programa que permite la entrada de hasta 30,000 refugiados mensuales de los cuatro países señalados, presentó a la corte de

Victoria una demanda de 39 páginas en la que se alega que el gobierno, a través del DHS, “bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso”. Los demandantes señalan, además, que el poder de libertad condicional del DHS “es excepcionalmente limitado” y advierten que ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso derazones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”. A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa humanitario indicaron que “el plan del DHS permite que extranjeros puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no hay otra base legal para que lo hagan”. “El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el escrito. En la demanda participan los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming. A finales de febrero, cinco semanas después de presentada la demanda, el juez Tipton decidió no aceptar en ese momento el pedido de los 20 estados republicanos, quienes en enero pidieron suspender el ‘advance parole’ mientras la corte toma una decisión final. Los fiscales generales del grupo de demandantes alegan además que, el gobierno de Biden creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso. De acuerdo con el fallo de febrero, la decisión final sobre el programa humanitario de Biden sería tomada en las próximas semanas o meses, una vez concluidas las audiencias programadas por el tribunal de Victoria. La primera de ellas se llevó a cabo el 3 de marzo donde los abogados, tanto del gobierno como de los 20 estados demandantes, presentarán argumentos orales. El juez Tipton estipuló en la decisión donde fija el comienzo del juicio que “las partes comparecerán en persona para una conferencia previa al juicio final el día 23 de agoto a las 13 horas (local)”. La decisión agrega que “el juicio comenzará el 24 de agosto de 2023 a las 9:00 AM en Victoria, Texas”. Y que, a más tardar el 29 de septiembre, “las partes presentarán propuestas, determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con citas al expediente del juicio. Si las Partes desean presentar cualquier memorando de derecho posterior al juicio, deberán hacerlo a más tardar en esta fecha”, precisó.

Fiscal culpa a Florida por envío de migrantes a Sacramento

Washington DC.- El gobierno de Florida parece haber hecho los arreglos para trasladar vía aérea de Texas a California a un grupo de inmigrantes sudamericanos que fue dejado en Sacramento, indicó el fiscal general de California, que señaló que investiga si se cometió un delito con la medida. De ser cierto, los 16 migrantes colombianos y venezolanos que llegaron a la sede de la diócesis de la Iglesia Católica en Sacramento el viernes representarán el grupo más reciente de inmigrantes en ser trasladados de un estado gobernado por republicanos a uno dirigido por demócratas. El fiscal general Rob Bonta dijo que aunque las circunstancias en torno a la llegada de los inmigrantes a la capital de California aún están siendo investigadas, éstos contaban con documentación que parecía haber sido emitida por Florida. Los inmigrantes ingresaron a Estados Unidos por Texas. Eddie Carmona, director de campaña de PICO California, un grupo basado en la fe que ayuda a los migrantes, dijo que las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya habían procesado a las mujeres y los hombres jóvenes y les habían dado fechas para que la corte revisara sus casos de asilo cuando “individuos que representan a un contratista privado” los abordaron afuera de un centro para atención a migrantes en El Paso, Texas, y les ofrecieron ayudarlos a conseguir trabajo y llevarlos a sus destinos finales. “Les mintieron y los engañaron intencionalmente”, sostuvo Carmona, que agregó que los inmigrantes no tenían idea de dónde estaban tras ser abandonados en Sacramento. Carmona dijo que tienen citas judiciales en ciudades de todo el país, no sólo en Texas, y que ninguno de ellos tenía la intención de terminar en California. Los solicitantes de asilo pueden cambiar la ubicación de sus comparecencias ante la corte, pero muchos se niegan a intentarlo y prefieren apegarse a una fecha fija, al menos para sus comparecencias iniciales. Creen que es una garantía, incluso si resulta terriblemente inconveniente. Los migrantes fueron transportados de Texas a Nuevo México y luego en un avión chárter a la capital de California, donde fueron dejados frente a la sede de la diócesis, de acuerdo con funcionarios de California. Los documentos de los migrantes indican que fueron trasladados a través de un programa dirigido por la División de Manejo de Emergencias de Florida y llevado a cabo por el contratista Vertol Systems Co., dijo Tara Gallegos, vocera de Bonta. La portavoz añadió que no podía compartir los documentos porque forman parte de una investigación en curso.

Washington DC.- Las cifras del número de víctimas por armas de fuego en los Estados Unidos son trágicas, devastadoras e inaceptables: Las armas de fuego son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes estadounidenses. Una de cada 10 muertes por armas de fuego corresponde a menores de 19 años. Cuatro de cada 10 adultos en los Estados Unidos viven en un hogar donde por lo menos existe un arma de fuego. Alrededor de la mitad de las muertes por las armas de fuego son suicidios, seguidas por asesinatos. Sólo una minoría son accidentes. Alrededor de 433 millones de armas de fuego se encuentran en manos de civiles estadounidenses. Sólo 6 millones del total de armas en posesión de adultos han sido registradas legalmente, de acuerdo con el centro de investigación Pew. Las dramáticas estadísticas reflejan la realidad de una tormenta perfecta en la sociedad de los Estados

Unidos: un número desproporcionado de armas de fuego, la politización del debate sobre regulaciones