27/6/2016
La OCDE hace 66 recomendaciones al Perú en materia ambiental | Semana Económica
La OCDE hace 66 recomendaciones al Perú en materia ambiental | Semana Económica La semana pasada se presentó el Informe de Desempeño Ambiental del Perú, realizado por Cepal y la OCDE. En éste se destaca la sólida institucionalidad del sector, pero se observa la falta de presupuesto para aplicar las políticas ambientales.
“Vamos bien, pero estamos mal”. Así resumió Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal, la evaluación que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Perú en material ambiental. El Perú es el quinto país latinoamericano en ser evaluado por la OCDE en este tema, después de México, Chile, Brasil y Colombia. Esta entidad, junto con la Cepal, también trabaja actualmente en otros dos reportes sobre territorialidad y gobernanza. La evaluación está contenida en el Informe de Desempeño Ambiental del Perú, presentado ayer y elaborado en el marco del Programa País. Contiene 96 conclusiones y 66 recomendaciones sobre el desempeño ambiental del Perú y el desarrollo de políticas públicas propias del sector. De estas recomendaciones, los altos funcionarios de la Cepal, la OCDE y el ministro de Ambiente, Manuel PulgarVidal, destacaron las siguientes: Brindar mayor presupuesto al sector ambientalLa OCDE sugiere “fortalecer las entidades subnacionales y locales con responsabilidad ambiental en materia de financiamiento” y “asegurar la sostenibilidad financiera y operativa” de entidades dedicadas a la fiscalización ambiental, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.“Notamos que el http://semanaeconomica.com/article/economia/medioambiente/189864laocdehace66recomendacionesalperuenmateriaambiental/?utm_source=boleti…
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presupuesto público para temas ambientales está bastante por debajo de los estándares de la OCDE. En los cálculos que tenemos, el 0.4% del PBI [S/.2,032 millones] es notablemente bajo, sobre todo para un país con las dificultades y necesidades en términos ambientales como el Perú”, señaló De Miguel, de la Cepal. Los países de la OCDE invierten entre 1% y 2% de su PBI en el sector ambiente. Implementar y fortalecer el Senace y Sanipes En este apartado, la OCDE sugiere al Perú implementar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y fortalecer el trabajo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). En este último caso, específicamente para controlar la contaminación de productos de pesca y acuicultura. “Es fundamental que la creación del Senace continúe. Es interesante tener este sistema de ventanilla única para el licenciamiento ambiental; pero no se debe olvidar nunca que el objetivo es garantizar la protección del medio ambiente, pese a que es necesario generar estrategias de crecimiento e inversión”, señaló De Miguel. Establecer nuevas tarifas de agua Según la OCDE, las tarifas del agua deben costear su servicio. En el caso del Perú, esto no sucede por distintas razones: el 40% del agua consumida no se factura, existen distintas tarifas según el uso que se da al recurso y se aplica un subsidio cruzado de usuarios industriales hacia usuarios domésticos y de hogares de mayores ingresos a hogares pobres conectados a la red de agua. Gerard Bonnis, representante de la dirección de medio ambiente de la OCDE, indicó que el Perú está al nivel de Corea del Sur, país de la OCDE que ocupa el penúltimo lugar en cuanto a la tarifa que cobra por el agua: cada hogar en ese país paga alrededor de US$0.61 por metro cúbico. En promedio los países de este organismo cobran entre US$1.23 y US$4.41 por metro cúbico. El experto resaltó el bajo precio que pagan especialmente los usuarios de la agroindustria por el agua. La OCDE estima que éstos pagan entre S/.1 y S/.5 por 10,000 metros cúbicos. En la misma línea, el ministro de Ambiente, Manuel PulgarVidal, afirmó: “los niveles de recaudación y uso tienen que ser mejorados (…) La política de agua tiene que incorporar el riesgo de escasez, cuestión que nos va a llevar a determinar una tarifa correcta”. Otra recomendación de la OCDE es que se alineen las tasas de agua por tipo de consumo y por las externalidades ambientales que generan. Crear tribunales ambientales especializados En las recomendaciones sobre sociedad y ambiente, la OCDE sugiere mejorar las capacidades de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público para aplicar las leyes ambientales. Así, se aconseja ampliar los espacios de formación de los funcionarios judiciales en materia ambiental, quienes, según la organización, deben tener un mayor soporte técnico y científico para ejecutar sus labores de administración de justicia en material ambiental. PulgarVidal mencionó que en Chile, tras recibir la misma recomendación de la OCDE, ya funcionan dos tribunales ambientales especializados. Éstos se encargan de tramitar controversias medioambientales. Los tribunales son conformados por abogados y licenciados en ciencias ambientales. Sus fallos, como la autorización de medidas provisionales ante delitos ambientales, pueden ser revisados por la Corte Suprema de http://semanaeconomica.com/article/economia/medioambiente/189864laocdehace66recomendacionesalperuenmateriaambiental/?utm_source=boleti…
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Chile. También se recomienda fortalecer los cuerpos de policía especializados en delitos ambientales. Avanzar en titulación de tierras y ordenamiento territorial La Cepal y la OCDE recomiendan aprobar una ley general de ordenamiento territorial que integre todos los instrumentos legales y técnicos, como la zonificación ecológica y económica (ZEE) y los estudios especializados (EE), que conforman el diagnóstico integrado del territorio (DIT) y los planes de ordenamiento territorial (POT). Todos estos documentos, que sirven para definir las potencialidades y limitaciones de un territorio y analizar el uso que se da al mismo, constituyen para la OCDE una “dispersión legal”, pues no queda claro el alcance jurídico de éstos. También se plantea “acelerar el proceso de titulación, especialmente en territorios indígenas”.
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