El estándar del consentimiento previo, libre e informado Independiente a los juicios y prejuicios de los actores sobre el derecho a la CPLI existe el derecho de consultar y esta constituye en responsabilidad del Estado debido a que es el Estado, en su rol de garante quien debe asumir técnica, política y financieramente el ejercicio de este derecho, durante todo el ciclo del proyecto. Para permitir que las comunidades tengan voz y se consulte de manera efectiva, debe ser concebida y practicada, asegurando la inclusión de la diversidad de intereses que según la posición y situación de los diferentes miembros de la comunidad pueden implementarse.
El marco jurídico internacional define el estándar de este derecho autoejecutable porque Honduras ha suscrito los instrumentos internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas.
La condición de obligado del Estado ante los titulares de derechos, los pueblos indígenas no eximen de responsabilidad a las empresas en lo relativo a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los hombres, mujeres y comunidades que se pueden ver afectadas por los proyectos de inversión minera. Las empresas en función de la debida diligencia precisada en los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos tienen que asumir una función de empresa responsable, valorar los impactos sociales en los derechos humanos y considerar estos como un factor de riesgo de sus inversiones. La perspectiva de prevención, inclusión, acción sin daño son responsabilidades asociadas con las salvaguardas de organismos financieros, con códigos de ética de los grupos empresariales nacionales e internacionales, incluso con la guía de debida diligencia del OCDE. El gobierno alemán anunció recientemente la “Ley de Debida Diligencia” por parte del parlamento, una instancia gubernamental que va a monitorear si las empresas alemanas cumplen con sus obligaciones de debida diligencia tanto en Alemania como en los países donde empiezan las cadenas de suministro. Si una empresa incumple sus obligaciones, la autoridad puede imponerle multas y excluirla de contratos
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