Aprendizajes y propuestas El ejercicio del derecho al CPLI tiene como telón de fondo un contexto de Estado de Derecho en el que la ciudadanía y el imperio de la ley opera en la vida del país. Hoy por hoy, Honduras enfrenta una prolongada crisis multidimensional derivada entre otros, por la desigualdad, corrupción sistémica y exclusión. Conjunto que condiciona el ejercicio de los derechos humanos. La persistencia de las limitaciones que han llevado a la falta de garantía de ejercer el derecho de consentimiento previo, libre e informado está en el centro de las causas de la conflictividad socio ambiental en el país. Se constituye como una puerta de la conflictividad por la imposición, opacidad y los impactos sociales, ambientales y en derechos humanos que afectan a las comunidades. Esto se ve profundizado por la institucionalidad fiscal que, con más frecuencia de lo tolerable, no está cumpliendo su rol redistributivo de la riqueza. Sumando a lo anterior la incorrecta utilización del aparato de justicia penal para criminalizar, estigmatizar y reprimir a la población, defensores y defensores de los recursos naturales y el territorio. En este sentido y partiendo del análisis de los imaginarios, practicas del Estado y experiencias observadas, existieron algunos aprendizajes cuya aplicación puede constituirse en un avance en el objetivo de permear los imaginarios existentes en relación con el consentimiento previo, libre e informado: 1. Una justa y equitativa distribución de la riqueza se dará en la medida que los propietarios de los factores de la producción (tierra, fuerza de trabajo y capital) reciban una renta por el uso. Es en este sentido que las comunidades indígenas y negros propietarias de las tierras donde se realizan la explotación minera deben ser beneficiarios de una parte de las ganancias que se obtengan por la actividad que realice una empresa sea extranjera o nacional. Precisa, por lo tanto, el cambio de paradigma, en que la comunidad se beneficia de la explotación minera a través de la construcción de infraestructura u otras especies transitorias, y pasa a ser un accionista que recibe una renta variable sujeta a los rendimientos de la productividad y que participa de las decisiones y acciones de la empresa. Los recursos extraídos por la explotación minera deben ser usados mayormente para reducir los costos dentro del país, siendo utilizados para obras metalúrgicas, infraestructura y la producción de bienes para el consumo local, una vez satisfecha esta demanda, el excedente puede exportarse. 2. En el mismo sentido, la inacción colaborativa de gobiernos; el actor obligado a proteger y garantizar los DDHH, establece pactos que pueden apuntar a señalamientos de complicidad con sesgo a favor de las empresas. Esto se ve profundizado por la injusticia fiscal que, con más frecuencia de lo tolerable, las instituciones responsables promueven al no cumplir con su rol redistributivo de la riqueza. Se suma a esta situación la represión, criminalización y estigmatización de pueblos indígenas presentados como destructores de la propiedad privada u opositores al desarrollo, debido a las contradic-
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