Recomendaciones Mayor complementariedad interinstitucional con la prevención de violencia. Honduras cuenta con normativas legales para prevenir la violencia y proteger a miembros de grupos en condiciones de vulnerabilidad. De igual forma se han impulsado iniciativas públicas, sociales y eclesiales encaminadas al mismo propósito. Sin embargo, la práctica cotidiana muestra que estas normativas e iniciativas no impactan en una reducción de los homicidios (en 2019 aumentó nuevamente la tasa), por lo que deben revisarse y replantearse las estrategias implementadas en aras de reducir la violencia, a través de su prevención. Mayor compromiso en garantizar los derechos humanos. Las instituciones estatales deben comprometerse en garantizar el goce efectivo de los derechos humanos esenciales a toda la sociedad –en primer plano el de la vida-, con especial énfasis a los grupos en condición de vulnerabilidad, por lo que deben dar seguimiento y monitoreo exhaustivo de los delitos cometidos en su contra y garantizar su castigo. Las instituciones estatales deben adecuar un sistema de reporteo estadístico que permita ofrecer a la sociedad civil, la comunidad internacional y el pueblo en general seguimiento de sus acciones. Hacerlo sería una forma de rendir cuentas de su labor. Efectividad en la inversión en materia de investigación de la nueva institucionalidad.
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Es necesario desarrollar una estrategia/mecanismo de evaluación en base a resultados de la gestión institucional, a fin de establecer, entre otros, la coherencia entre la inversión y la efectividad. De lo contrario, el aumento en el índice de judicialización estará condicionado únicamente a la reducción en el número de homicidios ocurridos. Esto transcurre por mecanismos de supervisión y monitoreo de los casos; la aplicación de protocolos para guiar y orientar a los investigadores; la estrategia de asignación de casos y manejo de carga de los investigadores; las condiciones de trabajo de las unidades de investigación; la selección de los detectives de investigación; los incentivos con que cuenta el recurso humano y la formación continua que reciben; y obviamente, por las metas anuales que se trazan para responder a las expectativas de la opinión pública.
