#EsConAcciones 10 pilares con acciones
El nuevo pacto social Los violentos y los corruptos nos retrasaron la construcción de la Colombia que nos merecemos 27 años. Pero ninguna de las dificultades, amenazas o frustraciones de estos años nos quitaron nunca la sonrisa, la fe y la decisión de que somos la generación que terminaría la guerra y con decencia e inclusión construiría el país igualitario, transparente, moderno y justo que nos merecemos. Por eso seguimos trabajando con decencia y disciplina para hacer realidad la Colombia que queremos. Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación, vamos a asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo para todos. Ese fue el juramento que hicimos hace 27 años en nuestra Constitución. Y ese es el mismo juramento que vamos a hacer realidad. A quienes lograron construir un consenso nacional para deslegitimar y excluir el uso de la violencia con fines políticos, ¡gracias! A los humildes jóvenes de Colombia que son el corazón de nuestra Policía y nuestra Fuerza Pública, gracias por recuperar la seguridad y terminar esta guerra. A los padres y madres que sacrificaron su tranquilidad para que lo hicieran, ¡gracias! A los miles de campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos que nunca se rindieron, ¡gracias! A los jóvenes de ayer y a los de hoy, que son el aire fresco que inspira y moviliza lo mejor de Colombia, ¡gracias! Cuatro factores que se retroalimentan nos han retrasado la Colombia que juramos construir. La violencia, la corrupción, el centralismo y la exclusión son los componentes del círculo vicioso que ha desestabilizado nuestra democracia, arrasado con tantas vidas e impedido nuestra calidad de vida. Solo ahora, en pleno siglo XXI, estamos llegando al pacto apenas elemental de decir nunca más a la violencia en la política. Pero no hemos sobrevivido a estos 100 años de soledad y 50 de violencia para quedarnos en sueños cortos y ambiciones básicas. Hoy quiero invitar a todas las mujeres y hombres, a los jóvenes y a los mayores, a que juntos demos el siguiente paso, a que nos propongamos un nuevo pacto generacional, porque ninguno de los cambios necesarios para tener el país que queremos y la calidad de vida que nos merecemos tomará menos de una generación. No proponemos un simple plan de gobierno, proponemos un plan de vida para los próximos 25 años. En el país del pasado nos guiábamos por los indicadores de la supervivencia: que cómo va la tasa de homicidios, de secuestros, de desplazados, de caídos en combate, que cuántas hectáreas de coca hay o no hay, que cómo va la erradicación, que cómo va la inflación y el PIB. En el país de hoy tenemos que guiarnos y obsesionarnos por cumplir los indicadores de la vida, no de la supervivencia; del bienestar, no del mero crecimiento; de la felicidad construida, no de la resignación pasiva. Estos nuevos indicadores son la base del pacto generacional, del nuevo contrato ciudadano, del nuevo contrato social y del nuevo contrato laboral que invitamos a todos los colombianos a firmar y votar. Este es un compromiso no sólo con los hombres y mujeres que nos elegirán para ser el próximo Gobierno, sino con los niños y jóvenes que serán la próxima generación. Nos comprometemos a liderar y hacer realidad el nuevo pacto generacional y el decálogo de la Colombia que queremos construir.
clopezsenado10@gmail.com
¿QUÉ PROPONEMOS? Justicia, seguridad y cierre de brechas ¡Tener Estado, seguridad, justicia e inversión pública, es un derecho de obligatorio cumplimiento! 15 millones de colombianos en la mitad de nuestro territorio sobreviven sin Estado, sujetos a los vejámenes de ilegales y corruptos que imponen su ley. Aseguraremos que la Colombia urbana y rural tenga al fin la Policía y Fuerza Pública que garantice su seguridad; los inspectores, comisarios y jueces que garanticen oportunas medidas de protección y justicia; y un sistema de inversión pública transparente e incluyente que sustituya el clientelismo, la corrupción y la mermelada que hoy reina. A nuestra Colombia afro, indígena, raizal y palenquera, y a nuestros campesinos, nuestra palabra y decisión de poner fin a la inmoral oferta de plomo, despojo, exclusión y glifosato que es lo único que les han dado hasta hoy. Nuestro gobierno le dará al fin un plan de inversiones regionales para asegurar su inclusión, respeto, tierra, desarrollo rural integral y competitividad. Desactivado el conflicto armado no podemos bajar la guardia. Tenemos que reemplazar la seguridad y economía ilegal de los grupos armados por seguridad y justicia pública en los campos, y una eficiente seguridad urbana. ¡Vamos a construir Estado, ciudadanía y mercado!
En materia de justicia vamos a construir un sistema universal, eficiente y oportuno: Financiación adecuada. La justicia es un bien público prioritario que debemos financiar con todo el músculo estatal. Vamos a incrementar el presupuesto en justicia para garantizar más acceso, mejorar los tiempos de los procesos, garantizar justicia en las zonas rurales, reducir la impunidad y avanzar en las políticas de descongestión judicial. Justicia para los poderosos. Se debe crear un Tribunal Aforados que investigue y juzgue a los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación. El Tribunal estará conformado por magistrados de las más altas calidades. La justicia es para todos. Gobierno judicial. Nuestra firme intención es modificar la estructura administrativa de la rama judicial. Queremos que la administración y el gobierno de la Rama Judicial estén en cabeza de órganos técnicos y no de magistrados. Acceso a justicia. Para superar las barreras geográficas que impiden acceder a la justicia por el limitado uso de las TIC y las asimetrías e impertinencia de la oferta institucional, es necesario: Implementar herramientas tecnológicas, es clave facilitar la interacción de los ciudadanos en el marco de los procesos judiciales. El litigio en línea podría comenzar a implementarse en la tutela y en algunos de los procesos que se adelantan ante la sección segunda del Consejo de Estado. Vamos a poner en marcha soluciones TIC para desarrollar los métodos alternativos de solución de conflictos. Queremos construir el expediente digital y de esta forma cumplir con el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial.
Para superar las barreras económicas que impiden el acceso a la justicia proponemos: brindar apoyo económico a los usuarios de escasos recursos a través de auxilios para el transporte para acceder físicamente a los despachos a las víctimas y a las partes que demuestren insuficiencia económica. Crearemos incentivos para que los abogados presten sus servicios en zonas apartadas a la población vulnerable. Reduciremos las acciones judiciales que requieren representación de abogado y fortalecer el control disciplinario de los abogados. Para superar las barreras culturales que se manifiestan principalmente en el desconocimiento de derechos y deberes, en la ausencia de orientación y asistencia jurídica y en la complejidad normativa vamos a avanzar en: la formación de líderes comunitarios en resolución de conflictos, crearemos puntos de orientación ciudadana en justicia en los palacios de justicia, casas de justicia y en las oficinas de los principales operadores de justicia, promoveremos comportamientos que mejoren la convivencia ciudadana y fortaleceremos la formación de los abogados.
Justicia Rural Nuestra firme intención es garantizarle acceso oportuno y justicia eficiente a los colombianos de la zona rural. En este sentido vamos a desplegar una política de justicia conformada por el siguiente paquete de acciones: Vamos a aumentar los jueces rurales. Vamos a asegurar que haya un juez/juzgado por cada cincuenta mil habitantes que tenga competencias generales como las de un juez promiscuo, con sistemas de selección que garanticen la asignación de los mejores y les dé un incentivo mayor de remuneración. Crearemos un fiscalía rurales. Habrá una fiscalía por cada 150 mil habitantes rurales compuesta por un fiscal, investigadores, técnicos y peritos de medicina legal. Debemos crear brigadas móviles que vayan a todos los municipios rurales. Dependiendo de las necesidades territoriales se definirá la composición de la brigada, en general tendrá: juez, fiscalía, policía judicial, medicina legal, comisaria de familia, inspector de policía, ICBF, notarías, alcaldías, juntas de acción comunal, y personerías. Las brigadas brindarán servicios de: atención en demandas por reconocimiento de paternidad, denuncias por inasistencia alimentaria, asesoría en conflictos vecinales por linderos, orientación en formas de adquisición de propiedad inmueble, asesoría jurídica a víctimas del conflicto, apoyo psicosocial a víctimas, empleo efectivo de tutelas para reclamo a derechos fundamentales como la salud, asistencia preventiva en salud pública, entre muchos otros. Para financiar las brigadas móviles proponemos modificar Fonsecon: Destinar el 60% de esos recursos por 10 años a financiar los sistemas locales móviles de justicia, recaudando así $1.3 billones en 10 años. Proponemos fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria y la formación de agentes ciudadanos en mecanismos alternativos de resolución de conflictos como los conciliadores en equidad y los jueces de paz, con las Juntas de Acción Comunal veredales, los cuales podrían incluso cumplir algunas funciones de inspección de policía a escala veredal rural, en coordinación y supervisión de la Inspección de Policía de la Alcaldía. El Sistema Local de Justicia puede tener como epicentro de coordinación los llamados Centros de Convivencia que ha venido instalando el Ministerio de Justicia, y el Ministerio debe encargarse de proveerles un coordinador y los sistemas de información y evaluación para apoyar y asegurar su buen desempeño.
Nuestro paquete de justicia rural se complementará con una mayor de inspectores de policía, comisarios de familia y la construcción de centros de convivencia municipales
La seguridad será fortalecida: No reducción del presupuesto. No vamos a reducir el presupuesto destinado a defensa y seguridad. Colombia no puede reducir el gasto de defensa y justicia en los próximos 10 años. Se debe mantener la inversión entre 3% y 4% del PIB. Comandos conjuntos. Para copar el territorio integralmente, combatir de forma eficaz a los grupos ilegales y desplegar e instalar esquemas de seguridad y justicia proponemos la creación de Comandos Conjuntos de Seguridad y Defensa. Serán grupos élites con inteligencia unificada, unidad de mando, operación descentralizada, objetivos y metas medibles y con operaciones conjuntas entre las diferentes fuerzas. La seguridad rural debe ser una obsesión. Las brigadas móviles y los comandos conjuntos deberán asegurar: I) La protección a nuestros líderes sociales, II) el copamiento integral de los municipios donde tenía presencia las FARC, III) la protección ciudadana en zonas rurales y IV) el enfrentamiento decidido de las amenazas ilegales provenientes del ELN, las BACRIM y las disidencias de las FARC Duplicar el esquema de policía rural. El actual es deficitario. Solo el 9% de la policía está fuera de las cabeceras municipales. Le vamos a cumplir a nuestras fuerzas. Vamos a cumplir los compromisos salariales y sociales que merecen nuestros héroes. Revisaremos toda la política salarial y haremos los ajustes necesarios para cumplir las obligaciones adquiridas en el pasado. Seguridad fronteriza. Consolidar la protección fronteriza, fortalecer las capacidades en inteligencia y lucha contra fenómenos ilegales y amenazas externas será una de las nuevas prioridades de las fuerzas militares. Creación de los Batallones Verdes, los cuales tendrían el objetivo principal de la protección de Páramos y otros activos ambientales. Seguridad urbana. Avanzaremos en mejorar la eficacia en la atención de las contravenciones y reducción de los hechos de intolerancia entre los vecinos y en los barrios. Para enfrentar al crimen organizado y sus transformaciones es necesario hacer micro gestión de seguridad. Trabajaremos por desarticular los mercados ilegales y no solo dedicarse a la captura de los miembros de las organizaciones criminales. Tendremos una estrategia que nos permita reducir el número de delitos, aumentar el número de personas judicializadas y condenadas y a su vez incrementar la percepción de seguridad en los municipios. De la mano con la policía vamos a trabajar por reducir los delitos de alto impacto y hacer de nuestros parques y nuestras calles espacios tranquilos Para superar las barreras culturales que se manifiestan principalmente en el desconocimiento de derechos y deberes, en la ausencia de orientación y asistencia jurídica y en la complejidad normativa vamos a avanzar en: la formación de líderes comunitarios en resolución de conflictos, crearemos puntos de orientación ciudadana en justicia en los palacios de justicia, casas de justicia y en las oficinas de los principales operadores de justicia, promoveremos comportamientos que mejoren la convivencia ciudadana y fortaleceremos la formación de los abogados.
Justicia Rural Nuestra firme intención es garantizarle acceso oportuno y justicia eficiente a los colombianos de la zona rural. En este sentido vamos a desplegar una política de justicia conformada por el siguiente paquete de acciones: Vamos a aumentar los jueces rurales. Vamos a asegurar que haya un juez/juzgado por cada cincuenta mil habitantes que tenga competencias generales como las de un juez promiscuo, con sistemas de selección que garanticen la asignación de los mejores y les dé un incentivo mayor de remuneración. Crearemos un fiscalía rurales. Habrá una fiscalía por cada 150 mil habitantes rurales compuesta por un fiscal, investigadores, técnicos y peritos de medicina legal. Debemos crear brigadas móviles que vayan a todos los municipios rurales. Dependiendo de las necesidades territoriales se definirá la composición de la brigada, en general tendrá: juez, fiscalía, policía judicial, medicina legal, comisaria de familia, inspector de policía, ICBF, notarías, alcaldías, juntas de acción comunal, y personerías. Las brigadas brindarán servicios de: atención en demandas por reconocimiento de paternidad, denuncias por inasistencia alimentaria, asesoría en conflictos vecinales por linderos, orientación en formas de adquisición de propiedad inmueble, asesoría jurídica a víctimas del conflicto, apoyo psicosocial a víctimas, empleo efectivo de tutelas para reclamo a derechos fundamentales como la salud, asistencia preventiva en salud pública, entre muchos otros. Para financiar las brigadas móviles proponemos modificar Fonsecon: Destinar el 60% de esos recursos por 10 años a financiar los sistemas locales móviles de justicia, recaudando así $1.3 billones en 10 años. Proponemos fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria y la formación de agentes ciudadanos en mecanismos alternativos de resolución de conflictos como los conciliadores en equidad y los jueces de paz, con las Juntas de Acción Comunal veredales, los cuales podrían incluso cumplir algunas funciones de inspección de policía a escala veredal rural, en coordinación y supervisión de la Inspección de Policía de la Alcaldía. El Sistema Local de Justicia puede tener como epicentro de coordinación los llamados Centros de Convivencia que ha venido instalando el Ministerio de Justicia, y el Ministerio debe encargarse de proveerles un coordinador y los sistemas de información y evaluación para apoyar y asegurar su buen desempeño. Nuestro paquete de justicia rural se complementará con una mayor de inspectores de policía, comisarios de familia y la construcción de centros de convivencia municipales
La seguridad será fortalecida: No reducción del presupuesto. No vamos a reducir el presupuesto destinado a defensa y seguridad. Colombia no puede reducir el gasto de defensa y justicia en los próximos 10 años. Se debe mantener la inversión entre 3% y 4% del PIB. omandos conjuntos. Para copar el territorio integralmente, combatir de forma eficaz a los grupos ilegales y desplegar e instalar esquemas de seguridad y justicia proponemos la creación de Comandos Conjuntos de Seguridad y Defensa. Serán grupos élites con inteligencia unificada, unidad de mando, operación descentralizada, objetivos y metas medibles y con operaciones conjuntas entre las diferentes fuerzas.
La seguridad rural debe ser una obsesión. Las brigadas móviles y los comandos conjuntos deberán asegurar: I) La protección a nuestros líderes sociales, II) el copamiento integral de los municipios donde tenía presencia las FARC, III) la protección ciudadana en zonas rurales y iv) el enfrentamiento decidido de las amenazas ilegales provenientes del ELN, las BACRIM y las disidencias de las FARC Duplicar el esquema de policía rural. El actual es deficitario. Solo el 9% de la policía está fuera de las cabeceras municipales. Le vamos a cumplir a nuestras fuerzas. Vamos a cumplir los compromisos salariales y sociales que merecen nuestros héroes. Revisaremos toda la política salarial y haremos los ajustes necesarios para cumplir las obligaciones adquiridas en el pasado. Seguridad fronteriza. Consolidar la protección fronteriza, fortalecer las capacidades en inteligencia y lucha contra fenómenos ilegales y amenazas externas será una de las nuevas prioridades de las fuerzas militares. Creación de los Batallones Verdes, los cuales tendrían el objetivo principal de la protección de Páramos y otros activos ambientales. Seguridad urbana. Avanzaremos en mejorar la eficacia en la atención de las contravenciones y reducción de los hechos de intolerancia entre los vecinos y en los barrios. Para enfrentar al crimen organizado y sus transformaciones es necesario hacer micro gestión de seguridad. Trabajaremos por desarticular los mercados ilegales y no solo dedicarse a la captura de los miembros de las organizaciones criminales. Tendremos una estrategia que nos permita reducir el número de delitos, aumentar el número de personas judicializadas y condenadas y a su vez incrementar la percepción de seguridad en los municipios. De la mano con la policía vamos a trabajar por reducir los delitos de alto impacto y hacer de nuestros parques y nuestras calles espacios tranquilos Delincuencia juvenil: Un problema estructural a ser combatido, con el cual las políticas gubernamentales han estado en deuda, es la protección, prevención y control de niños, niñas y adolescentes en su utilización por los grupos armados ilegales y como participantes activos de la delincuencia común. Por lo tanto, es necesario que los esquemas de seguridad permitan realizar labores de prevención de reclutamiento y utilización, tanto en el escenario rural como urbano.
Reduciremos los cultivos ilícitos: Sustituir eficazmente y de forma sostenible, mínimo 50 mil hectáreas de coca al año. Sustitución de cultivos. Fomentaremos un desarrollo agrícola y competitivo en las áreas con presencia de cultivos ilícitos. De forma consensuada adelantaremos procesos de recambio de cultivos en donde se apoyará al campesino y se le garantizará una cadena productiva que incluirá un seguro de compra. El gobierno podrá comprar la mata erradicada y la pasta. Se harán inversiones para el desarrollo integral rural a través de la provisión eficaz de bienes públicos y acompañamiento en la sustitución de cultivos. Enfocar los esfuerzos de investigación en las cadenas de valor más altas. Tendremos tres objetivos concretos: i) Incrementar la destrucción de cristalizaderos, ii) duplicar la tasa de imputaciones en materia de lavado de activos y iii) aumentar la interdicción aérea.
Microtráfico en las ciudades. Vamos a construir 50 Redes subregionales de inteligencia en ciudades intermedias y grandes cuyos objetivos de alto valor sean los miembros de estas organizaciones de narcomenudeo
Nuestras propuestas para tener una inversión pública transparente y coherente: El sello del gobierno. Si queremos cambiar las regiones tenemos que empezar por cambiar el centro y su forma de configurarse como epicentro del poder político y económico, así como las formas con las que se relacionan con las regiones. Domesticar el centrismo represivo, fortalecer las ciudadanías y sus formas de acción colectiva, y reducir la presencia diferenciada del Estado y el mercado nos permitirá cerrar las profundas brechas socioeconómicas e institucionales entre las regiones de manera que dejemos de ser tres Colombias y podamos tener un máximo común denominador como Nación Vamos a cambiar la forma de hacer política, no basta con sólo reformar la Constitución y las leyes, el objetivo es modificar sustantivamente las prácticas perversas que han fundamentado el centrismo represivo, clientelista y delegatario del régimen político colombiano.
¿Cómo lo vamos a hacer?
En materia de financiera nuestro sello será el siguiente: Gobierno sin mermelada. No hay ninguna posibilidad de mejorar la democracia colombiana y construir Estado en las regiones si el presupuesto de inversión regional de la Nación se sigue repartiendo al famoso estilo de la mermelada. El presupuesto de inversión de la Nación se discutirá en audiencias públicas regionales. En esas audiencias los ciudadanos, organizaciones, autoridades locales y congresistas discutirán de forma amplia, transparente y pública la priorización de cada uno de los proyectos que se ejecutarán en las regiones. No más reuniones a puerta cerrada, no más tratos por debajo de la mesa, la presidencia no comprará congresistas para que estos aprueben proyectos del gobierno. El presupuesto será público, se discutirá en las regiones y la ciudadanía podrá participar en la priorización de los proyectos. Construiremos un sistema de planeación y presupuesto participativo local. Vamos a hacer obligatorio que en todos los municipios y departamentos del país hayan presupuestos participativos, de ahora en adelante la ciudadanía podrá priorizar y decidir en qué y cómo gastarse los recursos públicos. Utilizando los recursos de inversión local, los mandatarios tendrán la obligación de hacer audiencias públicas de priorización de proyectos. Construiremos un sistema de planeación y presupuesto participativo local. Vamos a hacer obligatorio que en todos los municipios y departamentos del país hayan presupuestos participativos, de ahora en adelante la ciudadanía podrá priorizar y decidir en qué y cómo gastarse los recursos públicos. Utilizando los recursos de inversión local, los mandatarios tendrán la obligación de hacer audiencias públicas de priorización de proyectos.
El gasto público tendrá mejor calidad. Cuatro prioridades tenemos: I) Vamos a sacar adelante un estatuto de subsidios que propenda por la buena focalización de recursos públicos. El país no puede seguir desperdiciando sus recursos en subsidios destinados a las personas de los estratos más altos. Es inaceptable. II) Vamos a crear un sistema de información para hogares vulnerables que recoja todos los beneficiarios de los subsidios. El sistema permitirá hacer seguimiento al hogar y saber en qué ciclo de vida están sus miembros y qué clase de programas necesitan para continuar hacia la movilidad social. III) Vamos a consolidar el sistema de presupuesto por resultados. Se acabó la falta de planeación en la ejecución de los recursos públicos. No más partidas globales en el presupuesto. La asignación de los recursos para las regiones se debe hacer con criterios claros y con enfoque de cierre brechas. Los recursos son para las regiones que más los necesitan y no para los políticos que los gestionan en Bogotá. IV) Construiremos un sistema de seguimiento presupuestal donde se muestre municipio por municipio, lo que se está haciendo con los impuestos que pagan todos los colombianos. Se sabrá quién lo está haciendo, dónde, cuánto cuesta y el estado de avance. Contratación electrónica obligatoria. La contratación electrónica y transparente será obligatoria en todos los entes del gobierno nacional y local. El Sistema de contratación pública no será optativo será la regla. Todos los contratistas y todas las administraciones públicas deberán hacer los trámites contractuales vía electrónica, cada ciudadano podrá hacerle seguimiento y verificar el estado del proceso. Cofinanciación estatal objetiva. Toda la cofinanciación estatal hacia los entes territoriales será objetiva. No más contratos a dedo. Vamos a publicar en línea, las entidades territoriales beneficiadas, los criterios de evaluación, los puntajes obtenidos y las razones de escogencia. Findeter, Fonade y demás entidades nacionales no serán fortines políticos sino agencias independientes garantes de inversión social Seguimiento y evaluación de la gestión pública. Vamos a crear una entidad independiente del gobierno que evalúe los principales programas de gobierno, para así poder verificar que se están obteniendo los resultados buscados. Vamos a tomar decisiones basados en la evidencia. Los programas deberán ser modificados según los resultados de las evaluaciones.
Para cerrar las brechas entre los municipios y departamentos más vulnerables proponemos: Si queremos dejar de ser tres Colombias es urgente invertir estratégica y eficazmente para construir equidad horizontal entre entidades territoriales, para lo cual es indispensable disminuir las brechas y equiparar capacidades institucionales, administrativas y fiscales entre municipios y departamentos. Vamos a modificar el Sistema General de Participaciones (SGP). Las transferencias de la Nación hacia las entidades territoriales deben incrementarse. El SGP representa en la actualidad el 26% de los ingresos corrientes del país, lo incrementaremos hasta el 33%. El crecimiento anual nunca podrá ser menor a la inflación causada. Hoy el SGP es de $37 billones y debería llegar a $55 billones en 2022. Vamos a modificar la composición de las bolsas sectoriales y vamos a incluir la atención a la primera infancia como un sector autónomo dentro del SGP.
Los criterios de distribución de recursos deben modificarse, en la actualidad las transferencias están mal repartidas. Incluiremos criterios de cierre de brechas, pobreza y debilidad institucional como factores preponderantes en la distribución de recursos. Consolidaremos un sistema de competencias diferenciadas entre municipios y departamentos Fondo de Inversiones Estratégicas en Equidad y Desarrollo. La mermelada no puede ser el criterio para repartir los recursos en las regiones. El Fondo de Inversiones Estratégicas en Equidad y Desarrollo tendría como objetivo hacer inversiones exclusivamente de escala subregional (más de 6 municipios en promedio) y regional (más de dos departamentos) con metas específicas para disminuir las brechas socioeconómicas entre el sector rural y rural disperso y entre éstos y la Colombia urbana. En ese fondo se priorizaría la cofinanciación de proyectos en áreas como: atención integral a la primera infancia, adolescencia y juventud, aumento de cobertura y mejoramiento de calidad en la educación básica, media y superior, incremento en la cobertura de salud y proyectos de salud pública, construcción y mantenimiento de la malla vial terciaria y secundaria, reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas rurales, aumentar la cobertura en agua potable y saneamiento básico, electrificación rural y desarrollo económico y rural. Para esto se priorizarán los 300 municipios más rezagados. Fortalecimiento de la tecnocracia local. Implementaremos una política universal de capacitación y fortalecimiento institucional tributaria en los departamentos y municipios con mayores debilidades institucionales. Es necesario construir mejores secretarías de hacienda, de gobierno, mejores secretarías de planeación, fortalecer la planeación participativa, hacer más eficaz y transparente el sistema de contratación local y fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia de las entidades territoriales en pro del fortalecimiento de la institucionalidad local. Gobernanza del suelo. Vamos a proveer el catastro a todos los entes territoriales como bien público desde el Gobierno nacional. Sin ingresos territoriales suficientes es muy difícil proveer la inversión que los ciudadanos necesitan. Aseguraremos inversiones de 2,6 billones de pesos para hacer realidad que en todos los municipios del país haya un sistema catastral actualizado y formado. La actualización catastral no será un capricho. La cofinanciación nacional estará atada a la existencia de un sistema tributario sólido y eficiente en lo local. El suelo debe ser una de las principales fuentes de ingresos para los municipios. Se debe fortalecer el cobro de predial, plusvalía y valorización. Nuevo ordenamiento territorial subregional. Construiremos 15 subregiones que agruparán a todos los municipios del país y tendrán como objetivo diseñar y gestionar proyectos de movilidad, servicios públicos, usos del suelo, vivienda y seguridad. La inversión nacional en el territorio se hará teniendo en cuenta estas subregiones, el DNP dejará de estar anclado en Bogotá y se desplegará en estas subregiones para atender y coordinar la planeación del país desde el territorio. Al interior de esas subregiones se promoverá la asociatividad municipal, la planeación regional, el recaudo tributario y la estructuración de proyectos de inversión de impacto territorial. Fondo de iniciativas ciudadanas de paz y desarrollo. Recibirá el grueso de los recursos de cooperación internacional. Financiará la formación, educación, empoderamiento, acción, movilización y organización de las comunidades y ciudadanos de los municipios. Permitirá cubrir los procesos de organización y participación ciudadana requeridos para adelantar los procesos de consulta y priorización del presupuesto de inversión regionalizada