Lo que depara el futuro

De cara a la turbulencia política que vive el país, ¿cuáles son las perspectivas económicas y políticas, y sus implicaciones para el sector infraestructura? Análisis.

tante reforma fiscal que, si bien generó cierta preocupación en los sectores más afectados, logró un recaudo adicional de casi $20 billones para este año.

Con estas medidas, mejoraron las perspectivas de deuda y déficit, y se brindó tranquilidad a los mercados financieros después de un periodo turbulento a finales del año pasado. Esto se ve reflejado en la apreciación del peso desde noviembre pasado de casi 12%, en menores tasas de interés para los títulos de deuda pública y en reducciones importantes en los principales indicadores de riesgo país.

Los primeros indicios apuntan a que estas tendencias seguirán con el ministro Ricardo Bonilla, quien se ha comprometido con mantener el ajuste a los precios de la gasolina y cuidar la estabilidad macroeconómica.

La economía colombiana termina el primer semestre del 2023 con señales de opti mismo en un entorno desafiante.

La tasa de crecimiento del primer trimestre del año llegó

Juan Martín Caicedo Ferrer Presidente Ejecutivo

al 3%, impulsada por el consumo y las exportaciones. Se trata de una cifra nada despreciable en un contexto de desaceleración fuerte de la economía global e importantes riesgos externos por las tensiones geopolíticas e inestabilidad bancaria. La inversión extranjera mostró una dinámica positiva a pesar de los temores del año pasado, registrando un incremento del 25% frente al mismo periodo de 2022, según el Banco de la República. Además, la tasa de inflación para el mes de abril mostró un muy esperado descenso, tendencia que probablemente continúe dado el comportamiento reciente de los precios al productor. En términos fiscales, el país sigue la senda de reducción del déficit, aunque los precios del petróleo más bajos van a afectar el ritmo de este ajuste.

Los factores que explican esta solidez son principalmente dos: el responsable manejo macroeconómico del actual gobierno (que esperamos continúe a pesar de las recientes movidas políticas) y la fortaleza de las instituciones del país frente a un escenario político incierto.

En relación con el primer factor, bajo el liderazgo del exministro José Antonio Ocampo, el gobierno nacional tomó la difícil pero acertada decisión de ir disminuyendo el costoso subsidio a la gasolina, además reestableció su compromiso con la nueva regla fiscal y aprobó una impor-

Con relación al segundo factor, la experiencia de los últimos meses ha demostrado que las instituciones políticas y el sistema de pesos y contrapesos son lo suficientemente fuertes para resistir los intentos de cambiar las reglas del juego en materia económica. Est os llamados “guardarraíles de la democracia” se ven reflejadas en las decisiones de las altas cortes, que han rechazado los intentos del ejecutivo de asumir mayor poder en cuestiones regulatorias, así como en el rol de los partidos políticos -y también de la sociedad civil- en oponerse a las propuestas más radicales del gobierno.

E stos pesos y contrapesos institucionales y sociales se van a mantener e, incluso, van a jugar un rol cada vez más importante en lo que queda del año, un periodo crucial para definir el rumbo político y económico en el mediano plazo. Las grandes reformas que el gobierno ha planteado este año en materia de salud, pensiones y el siste - ma laboral conllevan cambios importantes para el ambiente de negocios y el escenario macroeconómico a largo plazo. La reforma laboral, hundida recientemente en el Congreso, en particular, despertó preocupaciones generalizadas en el sector empresarial por su potencial impacto en los costos de contratación de mano de obra.

Sin embargo, es inevitable que las reformas sufran modificaciones importantes en el trámite legislativo, que contribuirán a moderarlas y evitarán un impacto radical en el ambiente de negocios. Los cambios en el gabinete, la decisión de los partidos Conservador y de la U de volverse independientes del gobierno, más la turbulencia política, derivada del escándalo ‘Laura Sarabia-Armando Benedetti’, complican las perspectivas para la agenda legislativa y exigen una mayor con- certación con diferentes fuerzas políticas y grupos de interés.

La experiencia de la reforma tributaria del año pasado mostró que, irónicamente, la inigualable credibilidad del entonces ministro Ocampo con los partidos tradicionales y el sector privado, permitió que tramitara con éxito en el Congreso una reforma ambiciosa que se veía con mucho recelo. Va a ser difícil repetir este éxito político bajo las circunstancias actuales.

En este sentido, consideramos probable que se aprueben las reformas de salud y pensional, conservando su estructura mixta actual, con participación privada en los dos sectores.

En resumen, la ambición de las reformas legislativas y administrativas se verán disminuidas por las limitaciones institucionales y políticas propias de la negociación y concertación con diferentes actores.

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MESES Es el tiempo en que la situación macroeconómica y la tendencia a la baja de la inflación se proyecta disminuirán progresivamente.

En este escenario, el impacto más importante de la actual coyuntura política para el ambiente de negocios puede ser en el entorno social, donde la permisividad y apoyo discursivo del gobierno ha fomentado demandas y reclamos de diversos actores. Según datos de nuestro socio estratégico

Seerist, la incidencia de episodios de protestas significativas llegó a 22 por mes en lo que va del gobierno de Gustavo Petro, comparado a 13 por mes en los últimos 10 meses del gobierno de Iván Duque. La relevancia de estas tendencias y los riesgos operativos, de seguridad, y reputacionales que conllevan para los empresarios, se reflejan en la más reciente encuesta de Fedesarrollo, según la cual el 44% considera la situación sociopolítica el factor más importante al tomar decisiones de inversión.

Las implicaciones de esta coyuntura para el sector de la infraestructura son diversas. Por un lado, la situación macroeconómica y la tendencia a la baja de la inflación serán propicias para la normalización de los costos de construcción, que se proyecta disminuirán progresivamente , a lo largo de los próximos 12 meses. Por otro lado, es probable que las propuestas del gobierno que buscarían modificar las normas de contratación de obras de construcción probablemente enfrenten obstáculos jurídicos y políticos, que previenen una transformación radical a las reglas de juego para el sector. Por último, los proyectos de infraestructura, sobre todo las grandes concesiones, tendrán que enfrentar un clima social más desafiante y exigente. Lo anterior se caracteriza por procesos de consulta previa y otros espacios de diálogo con comunidades más complejos y un sentimiento generalizado anti-peaje que complica las decisiones de subir tarifas o instalar nuevas casetas. Las empresas tendrán que manejar con apertura, flexibilidad y cuidado estos asuntos para evitar protestas y otros riesgos operativos.

HÉCTOR CARBONELL GÓMEZ, DIRECTOR SECCIONAL DE LA CCI NORTE.