Ana Cárdenas / Camilo Navarro (2013) El Movimiento Estudiantil en Chile by Camilo Navarro

ANA CÁRDENAS TOMAŽIČ | CAMILO NAVARRO OYARZÚN

REDEFINIENDO LÍMITES, ACORTANDO DISTANCIAS

Redefiniendo lĂmites, acortando distancias: El movimiento estudiantil en Chile

Ana Cárdenas Tomažič Camilo Navarro Oyarzún

Redefiniendo límites, acortando distancias El movimiento estudiantil en Chile

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento estudiantil en Chile Primera edición: diciembre de 2013 © Ana Cárdenas TomažiČ y Camilo Navarro Oyarzún, 2013 Producción editorial RIL® editores, 2013 Los Leones 2258 cp 7511055 Providencia Santiago de Chile Tel. Fax. (56-2) 22238100 ril@rileditores.com • www.rileditores.com Composición, diseño de portada e impresión: RIL® editores Imágenes de interior: Ana Cárdenas TomažiČ Impreso en Chile • Printed in Chile ISBN 978-956-8966-02-7 Derechos reservados.

Índice

Agradecimientos

Introducción

Capítulo i. Jóvenes, política y sociedad 1. Sociedad y política 2. Jóvenes y política 3. Jóvenes y Estado 4. Modernidad reflexiva, des/relimitación y política 5. Des/relimitación y el poder de la distancia

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Capítulo ii. El movimiento estudiantil en chile: algunos elementos históricos para su comprensión 1. Los orígenes del movimiento social estudiantil chileno 2. La reforma universitaria y la democratización social 3. El carácter refundacional de la dictadura y el movimiento juvenil 4. La transición y los límites de la democratización Capitulo iii. Imaginarios sobre el (sub)sistema político 1. «De espaldas a la ciudadanía»: bases institucionales de un sistema político autorreferente 2. Autorreferencia y (neo)elitización de la política: pocos jugadores y muchos espectadores. 3. Autorreferencia política y democracia 3.1 Autorreferencia y participación 3.1.1 Participación e institucionalidad política: «Todo se ha ido limitando al voto». 3.1.2 Participación y partidos políticos: «Los mismos de siempre» 3.1.3 Participación y cultura política o la cultura de la despolitización: «El quiebre entre lo político y lo social»

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3.1.4 Participación y desconfianza: «Aportar, opinar, pero no incidir» 3.1.5 Participación y miedo: la emergencia de «la generación sin miedo» 3.2 Autorreferencia y representación política 3.2.1 La política es para los políticos: la profesionalización de la política 3.2.2 Representación política y tecnocratización de la política 3.2.3 Representación y delegación política 3.3 Autorreferencia y fiscalización 3.3.1 Fiscalización e impunidad

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Capítulo iv. Jóvenes y estado 1. El Estado subsidiario vs. el Estado garante 2. El Estado represivo

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Capítulo v. Jóvenes, estado y regiones

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Capítulo vi. Jóvenes mapuche y movimiento estudiantil 1. El sistema educativo: asimilación y resistencia 2. Las Organizaciones Mapuche durante el Siglo XX 2.1 Las organizaciones estudiantiles mapuche 3. Transición y movimiento mapuche 4. Poder de la distancia y violencia institucionalizada: El Estado y el pueblo mapuche 5. La Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), la educación y el Estado: «Tenemos que reivindicarnos como mapuche». 5.1 El desafío orgánico a la Confech como avanzada democratizadora

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Capítulo vii. Género y movimiento estudiantil 1. Acceso a la educación y creciente participación laboral: ¿redefiniendo límites y acortando distancias entre hombres y mujeres? 2. Relaciones de género y sistema político 3. Participación de mujeres en puestos de dirección de las federaciones de estudiantes en Chile

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4. Percepciones de los/as dirigentes/as estudiantiles sobre las relaciones de género en el movimiento estudiantil 4.1 «No es tema» 4.2 La actitud vigilante 4.3 La solidaridad de género 4.4 «Poner las demandas por delante y actuar en unidad»

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Capítulo viii. Un orden social desligitimado y la emergencia del movimiento estudiantil contemporáneo

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Capítulo ix. El (sub)sistema político ideal

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Capítulo x. Redefiniendo límites, acortando distancias: la construcción de un nuevo orden social 1. Los espacios propios 2. El autocuestionamiento del orden social y su politización desde abajo 3. La democratización de los espacios educacionales: el caso de la Confech 4. ¿Institucionalización o radicalización del movimiento estudiantil?

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Capítulo XI. Reflexiones finales 1. Las prácticas políticas: sus límites y distancias 2. Naturalización del orden social 3. Democratizando la democracia 4. La redefinición de los límites y las distancias: Refundando el orden social.

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Bibliografía

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Agradecimientos

La elaboración de este libro ha sido posible gracias a la colaboración y confianza de muchos/as dirigentes estudiantiles de todo el país, que estuvieron dispuestos a conversar con nosotros y a ponernos en contacto con cada uno/a de ellos/as desde el comienzo de las movilizaciones del año 2011 hasta la fecha. ¡Muchísimas gracias a cada uno/a de ustedes! Asimismo, le agradecemos al profesor Claudio Fuentes, director del ICSO, sus comentarios durante todo este proceso de investigación. Por último, quisiéramos expresar nuestros más especiales agradecimientos a la Fundación Böll Cono Sur, específicamente a su Representante Regional, el señor Michael Álvarez Kalverkampy a la señora Regine Walch, quien fuera Coordinadora de Programas de esta fundación. Gracias a su apoyo constante, desde los inicios de este proyecto, finalmente este libro ha podido ser escrito. Esperamos mediante este texto contribuir a la construcción de una sociedad chilena más justa y democrática en el corto plazo.

Ana Cárdenas Tomažič Camilo Navarro Oyarzún

Introducción

Durante la década de los ‘90 Chile emergía en el contexto internacional como una sociedad ejemplar. Aquel orden societal ideado y construido por la expertise economista e ingenieril, y en el marco de una dictadura cívico-militar, mostraba una baja inflación, un crecimiento económico sostenido en el tiempo, una integración de la economía nacional en los mercados internacionales, un aumento en los niveles de educación de las nuevas generaciones y una disminución de la desnutrición y pobreza. El experimento neoliberal del Cono Sur de Sudamérica parecía haber conducido finalmente a esta sociedad en la senda de la modernidad. Al poco tiempo, se logró poner término a una dictadura cívico-militar de larga data (1973-1989) y transitar a un sistema político de tipo democrático. Los diagnósticos que surgían indicando altos niveles de desigualdad social y un malestar significativo respecto de su estructuración y funcionamiento parecían provenir de una mirada pesimista o un diagnóstico inacabado. El terremoto del año 2010 pareció remecer no solo la tierra, sino además parte de los cimientos de este modelo presentado como perfecto. Frágiles fachadas de viviendas sociales y también edificios para la población que gozaba de mayores posibilidades de movilidad en el país se cayeron súbitamente. Se hizo entonces visible la fragilidad de este modelo societal paradigmático. En especial, el sismo mostró que, tras un aparente bienestar material erigido sobre la base de altos niveles de endeudamiento privado, en la vida cotidiana de las personas la precariedad ha seguido siendo un elemento constitutivo. Al mismo 13

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tiempo, se manifestaron las tensiones y contradicciones del proceso de descentralización del país, donde las decisiones políticas y la distribución de la riqueza han continuado centrándose en la Región Metropolitana, pese a que son las demás regiones las que más han aportado al crecimiento económico. Por último, el desastre permitió observar la (in)capacidad del Estado para actuar frente a las necesidades de la población. Específicamente, los ámbitos de intervención que han venido siendo entregados a los privados (las carreteras concesionadas, la construcción de viviendas sociales, etc.) se constituyeron en barreras centrales para una acción estatal oportuna en una situación de crisis. Este terremoto natural se transformó finalmente en un “terremoto social” (Aguilera, et al. 2010) que ha develado la fragilidad de un orden social construido sobre la base de cimientos institucionales no participativos. Las movilizaciones sociales lideradas por los estudiantes desde el año 2011 han permitido la conformación de un nuevo escenario sobre el cual los fundamentos de este modelo de sociedad neoliberal están siendo remecidos. Específicamente, se ha visibilizado y tensionado el marco institucional que hasta ahora ha establecido los límites de acción de las personas en esta sociedad. Éste es un escenario que ha sorprendido tanto al mundo político, como al mundo académico y a la ciudadanía en general. Sin embargo, pareciera ser acorde con la persistente y creciente desconfianza juvenil respecto de las instituciones políticas durante el proceso de democratización, siendo la resistencia a participar en los procesos eleccionarios posdictadura una de sus más claras manifestaciones (Injuv 2004, 2006; Pnud 2004; Sandoval 2002). La última ola de movilizaciones lideradas por el mundo juvenil parecieran dar cuenta de un accionar político colectivo por parte de esta población que desmitifica dicha supuesta apatía política y que adquiere relevancia social. En concreto, han logrado convocar progresivamente a diversos sectores de la sociedad civil y han mantenido una movilización social sostenida en el tiempo, con un alto apoyo ciudadano. Sus críticas y demandas cuestionan el sistema educacional vigente pero también, yendo más allá, los fundamentos institucionales del modelo chileno actual. El presente libro es una síntesis de los principales resultados de dos años de investigación acerca de las movilizaciones estudiantiles. Sobre la base de más de 30 horas de entrevistas individuales y grupales, revisión de material secundario (diarios, revistas y literatura especializada) 14

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y material fotográfico de arte visual callejero, se analiza la compleja relación entre los/as jóvenes, el sistema político y, finalmente, la sociedad chilena contemporánea. Se pretende con ello no solo contribuir al análisis y la comprensión de los actuales procesos de movilización social, sino también a las reflexiones relativas a las posibilidades de transformación del orden societal vigente. Al respecto, se plantea en este libro que las actuales movilizaciones sociales constituyen una expresión de un malestar social que se ha venido gestando históricamente, pero cuya manifestación pública ha alcanzado recientemente niveles de masividad inéditos desde el regreso a la democracia. Ello, en el marco de una fase particular del despliegue del proyecto de modernización chileno: la consolidación de un modelo económico neoliberal que “amplía” las posibilidades de consumo, principalmente a través del endeudamiento individual, mientras que limita a su vez la representación y la participación de las personas en los procesos decisionales en el espacio público. En este contexto, la toma de conciencia de dichos límites y su progresivo cuestionamiento ocurre a partir de las vivencias cotidianas de las personas, las cuales se distancian cada vez más de las normas, ideas y valores proclamados por las elites a través de un discurso técnico-instrumental. A través de los nueve capítulos que conforman este libro se intenta comprender las movilizaciones estudiantiles actuales como una acción colectiva orientada a democratizar la sociedad chilena contemporánea. A partir del material empírico acá presentado, se reconstruyen y analizan las percepciones e imaginarios colectivos de los/as dirigentes/as estudiantiles respecto del sistema político chileno y sus posibilidades de transformación. En el primer capítulo, se revisa la relación establecida entre jóvenes, sistema político y sistema social, integrando una reflexión acerca de cómo la distancia objetiva del Estado con sus ciudadanos y, en especial con los jóvenes, es parte fundamental de dicha conexión y sus tensiones. Asimismo, se conceptualiza la modernidad reflexiva como contexto para los procesos de cuestionamiento a las instituciones vigentes. En el capítulo segundo, se hace una revisión de la historia del movimiento estudiantil chileno. Allí se pone en perspectiva el momento actual y se reconocen algunos rasgos de cambio y continuidad con lo que ha sido el desarrollo del movimiento estudiantil, tanto en sus elementos organizativos como en el contenido de sus reivindicaciones.

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El tercer capítulo está orientado a ofrecer un análisis de los imaginarios sobre el sistema político, cuyos principales rasgos identificados corresponden a su autorreferencia y (neo)elitización; profesionalización y tecnificación; ausencia de participación, representación y accountability por parte de la sociedad, así como desconfianza hacia los jóvenes como actor sociopolítico. El capítulo cuarto centra su análisis en las percepciones e imaginarios políticos que los/as jóvenes tienen respecto del Estado que se ha construido en Chile. La discusión allí planteada acerca de la legitimidad y pertinencia de un Estado garante versus un Estado subsidiario se realiza considerando el marco institucional en que se desenvuelve la juventud, destacando las posibilidades y límites que obstruyen la satisfacción de sus aspiraciones, intereses y necesidades. En los capítulos cinco, seis y siete se estudian y reconstruyen las percepciones e imaginarios de estos/as dirigentes en relación con tres segmentos de la población que enfrentan hasta hoy límites que los distancian tanto del Estado como del sistema político en general en esta sociedad: las regiones no metropolitanas, los pueblos originarios y las mujeres. Específicamente, en el capítulo número cinco se discute acerca del carácter altamente centralista del Estado chileno, de las barreras a la participación ciudadana y los déficits de representatividad que los/as dirigentes identifican producto del centralismo y la preponderancia de la Región Metropolitana. En el sexto capítulo, y a propósito del surgimiento de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae) durante las movilizaciones estudiantiles de 2011, se revisa el desarrollo de las organizaciones mapuche vinculada a la demanda educativa. En concreto, se discute el rol que ha desempeñado el Estado tanto desde el sistema educacional como frente a la demanda de los pueblos originarios. Asimismo, se presenta el caso de la incorporación de la Femae en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) con el propósito de evidenciar las tensiones aun presentes en la integración del pueblo mapuche en la sociedad chilena. En el séptimo capítulo se analizan las relaciones de género, destacando tanto las continuidades como los cambios de dichos vínculos en el marco del movimiento estudiantil. Se abordan entonces en esta parte del libro preguntas tales como: ¿La mayor participación de las mujeres en el sistema educacional y en el mercado laboral han significado una mayor participación de estas en el actual movimiento estudiantil? ¿Cuáles son los patrones de participación femenina que se observan en este contexto de acción colectiva? 16

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En el capítulo ocho, los/as propios/as dirigentes explican desde su mirada la emergencia del movimiento estudiantil, situándolo en un contexto de malestar social general. En ese marco, los/as dirigentes relevan y buscan representar las experiencias cotidianas de las personas más allá del saber técnico a partir del cual se ha constituido el orden social vigente. De esta manera intentan contribuir a la democratización tanto del sistema político como de la sociedad en general desde las necesidades y anhelos de las propias personas. En el capítulo nueve se reconstruye el imaginario político de estos/as dirigentes relativo al sistema político ideal. Como en otros capítulos, allí surge una reflexión acerca de la necesidad de democratizar el modelo democrático en Chile, enfatizando su dimensión participativa y los mecanismos de democracia directa. Adicionalmente, emerge entre los/as entrevistados/as la idea de ampliar el concepto de democracia hacia la dimensión económica, estableciendo que una plena democracia implica la participación y redistribución tanto del poder político como de la riqueza y la propiedad como base fundamental para dicha redistribución. En el décimo capítulo se exploran las acciones que los/as jóvenes han desarrollado en el contexto de su cuestionamiento al orden societal actual. En dicho apartado se aborda la constitución de espacios de participación propios no institucionalizados y el desafío por transformar estas formas de participación en experiencias capaces de trascender los ámbitos propios, para el cambio del orden social general. Dentro de ese marco se examina el caso de la Confech como un lugar de democratización educacional, entendiendo el actual proceso como un esfuerzo por expandir la democracia hacia las distintas esferas de la sociedad.

Capítulo I Jóvenes, política y sociedad

1. Sociedad y política La sociedad chilena vive actualmente un momento complejo en su desarrollo. Por un lado, ha alcanzado un relativo mayor nivel de bienestar material (Oecd 2011, 2013; World Bank 2005, 2013; Pnud 1998, 2012). Por otro lado, persisten niveles de desigualdad social importantes al interior de su población, tanto en términos de sus ingresos como de su acceso a los servicios básicos (ibid.). En dicho contexto, la literatura actual da cuenta de una paulatina transformación de las instituciones sociales que han regulado la vida moderna en la sociedad chilena. Específicamente, se destaca la creciente participación de las mujeres tanto en el sistema educacional1 como al mundo del trabajo remunerado2 y una pluralización en las formas de conformación de las familias (Gubbins/Browne/Bagnara 2003; Pnud 1998, 2002, 2004, 2010; Ine 2013). De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado en el país (2002), los grupos etarios más jóvenes (15-29 y 30-34 años) alcanzan niveles educacionales mayores que los hombres en relación con la educación media y superior (Teitelboim/ Salfate 2002:177). 2 La tasa de participación laboral femenina creció desde un 22% en el período 19601970 a un 35,7% en el año 2002 (Godoy/Díaz/Mauro 2009: 88). Actualmente, las mujeres de 15 años y más presentan una participación laboral de un 47,6% en Chile (Cepal/Oit 2012). 1

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Las instituciones que han normado y orientado la vida política han perdido, asimismo, parte importante de su legitimidad. Es así como los partidos políticos y los parlamentarios (senadores y diputados) actualmente son percibidos por las personas como instituciones que les otorgan los niveles más bajos de respaldo en la realización de sus proyectos personales, familiares o comunitarios, recogen mínimamente su opinión y no las defienden frente a situaciones de abuso, maltrato y arbitrariedad (Pnud 2004: 286-287). Esta «crisis de representación» por parte de las instituciones políticas modernas es un problema observado en diversas democracias a nivel mundial (Kaase/Newton 1995; Putnam/Pharr/Dalton2000; Newton/Norris 2000). Sin embargo, el fenómeno de la desafección política encuentra en la historia política reciente chilena antecedentes específicos a ser considerados. Bajo el lema «Chile, la alegría ya viene» se inició el proceso de retorno a la democracia a comienzos de los ‘90s, generándose en la población un conjunto de expectativas relativas a mayores grados de libertad y un mayor nivel de bienestar material. Pese a los avances alcanzados en este sentido y a la valoración de la democracia como forma de gobierno preferida (Pnud 2004: 295), la población en Chile ha venido expresando sistemáticamente un «malestar» (Pnud 1998, 2002, 2004, 2010) respecto del modo en que esta sociedad se ha venido desarrollando en estas últimas décadas. En relación con el sistema político, es decir, el conjunto de instituciones que regulan la vida política en sociedad (el parlamento, el gobierno y los partidos políticos), dicho malestar se refiere a la persistencia de grandes brechas resultantes de una distribución desigual de los recursos y derechos, la vigencia de un marco legal originado en el período de la dictadura militar (1973-1989) y el predominio de relaciones verticales de poder organizadas en torno a una lógica autoritaria y de sumisión que no logra ser regulada ni transformada a partir de los derechos ciudadanos (Pnud 2004). Consecuentemente, las relaciones sociales son percibidas por la población, especialmente por aquella correspondiente a los niveles socioeconómicos bajo y medio, como abusivas por parte de «quienes dominan el orden social» (ibid.: 114). El fenómeno de la desafección política en esta sociedad y sus respectivos malestares ha sido asociado a un proceso de «oligarquización» de la elite nacional (ibid.: 23). Éste se refiere a un cierre de la elite sobre sí misma, que supone el deber de tener que cumplir una función tutora frente a una población que «carecería de capacidades y cultura para 20

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el autogobierno» (ibid.: 25). Pese a reconocerse al interior de esta que las bases culturales y materiales de la sociedad chilena han cambiado, la elite chilena tendería a naturalizar el orden social existente y a reproducirlo bajo su dirección (ibid.). En consecuencia, la sociedad chilena contemporánea vive, desde el punto de vista de su población, un dilema de gran relevancia: mientras las personas adquieren mayores espacios de decisión en un contexto de cuestionamiento de las instituciones sociales modernas, el sistema político chileno se vuelve crecientemente autorreferente y elitista, limitando con ello la participación política por parte de la ciudadanía. Al respecto, las acciones emprendidas por la población presentan también su propio dilema: por un lado, demandan una dirigencia que tenga una visión orientadora y que conozca mejor la realidad que a diario viven las personas; por otro lado, muestran dificultades para exigir sus derechos (ibid.: 25-27).

2. Jóvenes y política La visión crítica de la población respecto del sistema político en Chile tiende a acentuarse en el caso de la población joven de esta sociedad. Específicamente, a partir de la década de los ‘90s y en el marco del proceso de transición a la democracia se habría producido un «proceso de despolitización» por parte de esta población (Injuv 2006), siendo su máxima expresión una sostenida renuencia a la inscripción electoral de los/as jóvenes durante las dos últimas décadas (Servel 2012). Sin embargo, este malestar juvenil no se expresa hoy únicamente a través de la falta de inscripción electoral y, con el cambio a inscripción automática, la ausencia en las urnas,sino en una profunda desconfianza hacia la institucionalidad política vigente. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Juventud, los jóvenes manifiestan su menor confianza en las instituciones políticas, específicamente en el Congreso (2,5%) y en los partidos políticos (2,2%) (Injuv 2010: 132). Por el contrario, son las instituciones educacionales, específicamente las universidades (38,8%) y la escuela/el liceo (31,0%) las instituciones que concentran la mayor confianza por parte de los jóvenes (ibid.). La baja confianza en las instituciones políticas tiene su correlato en los actores políticos. Es así como los parlamentarios (senadores/ diputados) y los políticos (2,7% y 2,8%, respectivamente) reciben el menor grado de confianza de los jóvenes, mientras que la familia 21

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(81,5%) y las amistades (62,8%) constituyen los actores que concentran la mayor confianza por parte de este grupo etario (Injuv 2010: 134). Asimismo, los partidos políticos no constituyen hoy un espacio usual de participación juvenil (1,4%) (Injuv 2010: 129). Sin embargo, cabe tener presente que la escasez de participación política partidaria juvenil es mayor en los niveles socioeconómicos medio-bajo y bajo, en los estudiantes de educación secundaria y en los jóvenes que residen en zonas rurales del país (ibid.). Pese a los diversos rechazos juveniles hacia la institucionalidad política vigente, dicha población continúa valorando la democracia como forma de gobierno (43,0%) (Injuv 2010: 147). Sin embargo, dicha valoración es significativamente menor a medida que se desciende en el nivel socioeconómico de los/as jóvenes3. A su vez, es precisamente este segmento de la población juvenil el que expresa con mayor fuerza que «a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático» (39,3%) (ibid.: 146). Por último, casi un tercio (27,3%) de los/as jóvenes está insatisfecho/muy insatisfecho con el sistema democrático actual, opinión que es relativamente mayor a aquellos/as jóvenes que al respecto están satisfechos/muy satisfechos (24,2%) (Ibid.: 147). En este contexto de malestar político juvenil, los jóvenes han tendido a desarrollar espacios de participación no institucional (Sandoval 2002; Injuv 2004, 2009, 2010; Haitbovic/Sandoval/Cárdenas, 2012). En concreto, la participación juvenil ha tendido a concentrarse en los clubes deportivos, las comunidades o grupos virtuales y las organizaciones culturales (Injuv2004, 2010), dando origen así a «una contracultura centrada en la esfera del ocio» (Salazar/Pinto 1999; Injuv 2006).

3. Jóvenes y Estado La relación de los jóvenes con el sistema político pareciera ser aún más compleja en el caso de uno de los actores políticos más relevantes: el Estado. Durante las últimas décadas, el Estado chileno ha orientado las políticas públicas a favor de la población joven del país principalmente hacia el sistema educacional (Dávila 2003; Baeza 2006). Dichas políticas han contribuido a una universalización de la educación básica Según esta misma encuesta, un 64,3% de los/as jóvenes de nivel socioeconómico ABC1 valora la democracia como forma de gobierno, valor que desciende hasta un 29,0% en el caso de los/as jóvenes de nivel socioeconómico E (Injuv 2010: 147).

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y una significativa ampliación de la educación secundaria y superior (Teitelboim/Salfate 2003; Injuv 2004). De hecho, actualmente en Chile, la condición de joven es asociada generalmente con la de estudiante (Hein/Cárdenas 2009). La expansión de la oferta educativa en el país ha venido mostrando, sin embargo, un carácter altamente segmentador (Oecd 2011). Por un lado, el sistema escolar presenta hoy una clara división interna, donde niños y jóvenes provenientes de hogares de estratos bajos se concentran en la educación municipal, mientras que aquellos provenientes de hogares de estratos medios y altos tienen una mayor presencia en la educación particular subvencionada y particular4. Esta distribución escolar se ha expresado en resultados diferenciados en las principales pruebas de rendimiento escolar (Simce, Psu), ubicándose los mejores puntajes en los niveles educacionales particular-subvencionado y especialmente, en el particular privado (Injuv 2010). Por otro lado, la educación superior ha reproducido también dichas segmentaciones. Es así como los y las jóvenes de los grupos-socioeconómicos altos se concentran principalmente en la educación universitaria (51,0%), mientras que los/as jóvenes de nivel socioeconómico medio y bajo se encuentran representados en menor y mucho menor medida (Injuv 2010)5. Por el contrario, en la educación técnico superior se observa una clara concentración de los/as jóvenes correspondientes a los niveles socioeconómicos medios. Por último, la expansión del sistema educacional superior presenta importantes falencias en términos de su calidad, situación que se expresaría en las dificultades que tiene la población joven para responder a los requerimientos del mercado laboral (Weller 2006; Oit 2007). Pese al desarrollo de políticas públicas orientadas a incrementar la integración de los jóvenes al sistema educacional, estos no cuentan aún con una institucionalidad por parte del Estado chileno que logre apoyarlos en las diversas dimensiones que comprenden la compleja transición al mundo adulto (Baeza 2006; Hein/Cárdenas 2009; Cárdenas 2009). Consecuentemente, en esta importante etapa de la vida, la

Mientras un 64,3% de los jóvenes provenientes de hogares de nivel socioeconómico ABC1 valora la democracia, dicho porcentaje desciende a un 30,3% y un 29,0% en el caso de los jóvenes provenientes de hogares de nivel socioeconómicos D y E, respectivamente (Injuv 2010). 5 De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Juventud, la presencia de jóvenes de correspondientes a los niveles socioeconómicos C2, C3, D y E en la educación universitaria es de 37,1%, 18,1%, 8,5% y 6,6%, respectivamente (Injuv 2010). 4

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familia aparece como la principal proveedora de los recursos materiales, simbólicos y afectivos que requieren los jóvenes (Injuv 2006). Sin embargo, paralelamente se viene observando un claro «agotamiento» de la familia como fuente de recursos para el apoyo de la transición de sus miembros más jóvenes (Pnud 1998; Cárdenas 2009). De hecho, la última Encuesta Nacional de Juventud evidencia que más del 40% de los jóvenes que ha ingresado al sistema educacional lo abandona por razones económicas, específicamente por «problemas o necesidad económica» (39,7%) o por «trabajar/buscar trabajo» (Injuv 2010: 48). Como es de esperar, dichas razones son expresadas principalmente por aquellos jóvenes de nivel socioeconómico medio bajo y bajo (ibid.). En este contexto y pese al malestar de los jóvenes hacia la política, estos «hijos del mercado» (Weinstein 1990, Injuv 2006) demandan hoy un mayor presencia del Estado en su vida diaria. Según la Cuarta Encuesta Nacional de Opinión Pública Icso-Udp, los jóvenes, más que la población adulta, desean una mayor presencia estatal en la prestación de diversos servicios básicos tales como el sistema de salud, el transporte público, el sistema de previsión social, el sistema financiero, el sistema educacional superior y las empresas de utilidad pública (luz, gas, agua) (Cárdenas 2009). Dicha demanda estaría ligada a las dificultades que están viviendo hoy muchos/as jóvenes para desarrollar estrategias privadas que aseguren su integración al interior de esta sociedad, siendo precisamente aquellos/as que tienen y/o sienten un mayor nivel de endeudamiento quienes adhieren con más fuerza a la idea de un rol más activo por parte del Estado en la provisión de servicios de utilidad pública (ibid.).

4. Modernidad reflexiva, des/relimitación y política Las dinámicas actuales de los/as jóvenes y el sistema político, así como el desarrollo del movimiento estudiantil contemporáneo en Chile pueden ser comprendidos, por lo menos en parte, desde los procesos de transformación mismos que ha tenido el proyecto de modernidad en las sociedades occidentales. Al respecto, diversos autores (Beck 1986; Beck/Giddens/Lash 1996; Beck/Bonß/Lau 2004) han planteado que las sociedades modernas estarían transitando desde una primera modernidad hacia una modernidad reflexiva (ibid.). En términos generales, dicho tránsito sería el resultado de la crisis del proyecto de modernidad que orientó la configuración de las sociedades principalmente en 24

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los últimos dos siglos. Específicamente, desde la década de los ‘70s se estaría viviendo un triple proceso (ibid.): i) De destradicionalización, es decir, de cuestionamiento de las tradiciones y la institucionalidad de la sociedad industrial (en especial, la clase, la familia nuclear, el trabajo asalariado y el orden moderno de género), las que, sobre la base de dicotomías tales como hombre/mujer, trabajo (remunerado)/no trabajo (remunerado), estructuraron la vida social moderna. Actualmente, sus fundamentos, normas y certezas estarían perdiendo legitimidad social, producto de sus consecuencias no esperadas, razón por la cual estarían hoy teniendo que ser paulatinamente redefinidas y negociadas; ii) De deslimitación, donde las diferencias funcionales básicas y sus resultantes fronteras, dicotomías, lógicas de orden y acción, definidas precisamente a partir de aquellas mismas instituciones modernas, se estarían diluyendo y perdiendo relevancia; iii) De reflexividad, donde la racionalidad técnico-instrumental crecientemente relevante en la configuración del orden social moderno sería cuestionada a partir de las consecuencias no previstas del proceso de modernización, dando origen a una pluralización de racionalidades. El despliegue y configuración de esta «segunda modernidad» supone, así mismo, un proceso paulatino de «individualización». Específicamente, el cuestionamiento de los fundamentos, las normas y delimitaciones de las instituciones modernas tendría como consecuencia 1) una expansión de las posibilidades de elección y decisión de los sujetos y, consecuentemente, 2) una pérdida de las seguridades y certezas que tradicionalmente dichas instituciones proporcionaron a las personas (Beck 1986, Beck-Gernsheim 1994, Beck/Beck-Gernsheim 1994; Beck/Giddens/Lash 1994). Estas «libertades riesgosas» (Beck/ Beck-Gernsheim 1994) implicarían para los sujetos asumir paulatinamente las responsabilidades y posibilidades, los riesgos e (in) seguridades relativas a la definición, planificación y organización de su propia forma de vida y de sus relaciones sociales, dando origen una mayor dependencia del Estado y del mercado (laboral), es decir, de organizaciones e instituciones impersonales (Beck 1986, Beck y Sopp

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1997), y con ello, a nuevas formas de estandarización y dependencia institucional por parte de los individuos (ibid.). Los procesos contemporáneos de cambio social en Chile han venido siendo comprendidos e interpretados conceptualmente desde la teoría de la individualización6. De hecho, desde la década de los ’90s se viene registrando un paulatino proceso de pérdida de legitimidad, no solo de las instituciones sociales políticas modernas, sino que también de otras tres instituciones sociales básicas sobre las cuales se ha construido el orden moderno en Chile: el trabajo asalariado, la familia nuclear y el orden tradicional de género. Al respecto, se ha observado un mayor cuestionamiento de las normas, valores e ideas sobre las cuales se han estructurado estas instituciones sociales, así como prácticas que apuntan hacia una pluralización en las formas de construcción de las relaciones sociales en las esferas de la familia y el trabajo remunerado7. Considerando los antecedentes teóricos y empíricos anteriormente esbozados, en el presente libro se analiza el movimiento estudiantil contemporáneo especialmente desde la teoría de la deslimitación (Beck/ Bonß/Lau 2004; Gottschall/Voß 2005; Jurczyk 2001; Jurczyk et al. 2009). Esto porque los malestares y demandas de dicho movimiento estudiantil parecieran dar cuenta de un profundo cuestionamiento a los límites institucionales sobre los cuales se ha estructurado el orden en la sociedad chilena contemporánea, buscando redefinir dichos límites para construir unos que alcancen un mayor nivel de legitimidad. A nivel social, la construcción de límites y su pérdida de legitimidad ha sido una temática que históricamente ha acaparado la atención por parte de la sociología. El establecimiento de límites ha sido considerado como un mecanismo mediante el cual las sociedades orientan las acciones de los individuos y con ello, predefinen y aseguran un determinado orden social (Durkheim 1930/1999). En este sentido, la diferenciación y con ello el establecimiento de un contorno definido han sido considerados como funcionales a los requerimientos de coordinación entre los individuos (Beck/Bonß/Lau 2004). Sin embargo, la funcionalidad de la diferenciación y su resultante generación de fronteras tienen también su contracara: mediante dichos mecanismos se construyen y legitiman

Véase al respecto la relevante discusión que viene realizando el Pnud sobre el caso de Chile en sus Informes de Desarrollo Humano en Chile desde 1998 a la fecha. 7 Gubbins/Browne/Bagnara 2003; Oxfam/Activa Consultores 2003; Oxfam/Tac 2003; Guzmán Mauro 2004a; Guzmán/Mauro 2004b; Todaro/Yáñez 2004; Yáñez 2004; Valdés/Valdés 2004, Valenzuela et al. 2006, Godoy/Díaz/Mauro, 2009) 6

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simbólicamente las posiciones de poder y las relaciones de dominación al interior de un determinado orden social, limitándose finalmente con ello las posibilidades de acción de los individuos (Bourdieu/Wacquant 1996; Giddens 1998; Gottschall 2000; Gottschall/ Voß 2005). En el marco del despliegue del proyecto de modernidad, la construcción de los límites no solo ha acaecido a través de un conjunto de instituciones sociales, sino que además ha sido plasmado a través de la acción de organizaciones modernas, tales como la empresa y el EstadoNación (Weber 1921/1997; Beck/Giddens/Lash 1996; Beck/Bonß/Lau 2004). Característico en ambas organizaciones es que han tendido a estructurarse a partir de una racionalidad técnico-instrumental, a través de la cual se ha intentado delimitar las acciones de los individuos en sociedad, como por ejemplo, a través de la estandarización de procedimientos sobre la base de las estadísticas, la técnica y la tecnología. Al respecto, han sido los impulsos de deslimitación de las empresas, específicamente de descentralización de sus procesos productivos a nivel mundial en estas últimas décadas, uno de los ejemplos más claros de transformación de los límites de la acción económica emergidos en el marco de la modernización (Castells 2004, Kratzer/Boes/Döhl/Marrs/ Sauer 2004; Kalleberg 2009, 2012; Sayer/Walker 1994; Vallas 1999). El cuestionamiento general de las instituciones sociales modernas ha implicado también una revisión de las bases institucionales del sistema político (Beck 1996). En el marco del proceso de formación y desarrollo de la sociedad moderna, se produjo una «creciente capacidad de imposición del progreso, el que sustituye la votación» (Beck 1986: 301). Específicamente, el fin del progreso (y sus medios) se constituyó en un «sustituto de las preguntas, en una «condición ya votada» (Vorauszustimmung) de los objetivos y medios, los cuales quedan desconocidos y no nombrados» (ibid: 301). En este sentido, la sociedad moderna ha sido «democráticamente dividida» (ibid.: 302), porque solo parte de las competencias de decisión fueron transferidas al sistema político, mientras que parte de dichas competencias fueron sustraídas del control y la justificación pública y delegada a la ciencia y a las empresas (ibid.). De esta manera y pese a haberse creado un imaginario relativo a una política (moderna) dotada de un centro (ibid: 313) en el cual confluyen los diversos subsistemas, se trazaron los límites entre «lo político» y «lo no político» (ibid.: 302). Específicamente, se limitaron así parte de las acciones propias de todo proceso de convivencia que, independiente de la esfera de la vida, supone la 27

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discusión y la negociación sobre los fines y los medios para construir y transformar un orden social. Actualmente, el proceso de deslimitación de las instituciones sociales modernas comprendería también a la política, específicamente la redefinición del concepto, la localización y los medios de «la política» (Beck 1986: 300). Dicho proceso se entiende en un doble sentido: por un lado, los límites establecidos en el sistema político a través de una democratización y estatización impuesta sitúan las demandas de participación fuera de este y dan origen a una nueva cultura política conformada por iniciativas ciudadanas y movimientos sociales. Al mismo tiempo, el desarrollo técnico-económico deja de ser un espacio «no político» o «políticamente neutro». Producto de sus consecuencias no deseadas, es decir, de los riesgos emergentes de dicho desarrollo (como por ejemplo, riesgos medioambientales y sociales), este comienza a ser politizado, es decir, se vuelve objeto de discusión y requiere de una creciente justificación (Beck 1986: 304). Así, «lo político se vuelve político y lo no político deviene político» (ibid. 305). Sin embargo, en el ámbito político cada vez más se toman las decisiones sobre la base de criterios técnicos-económicos no debatidos y en el ámbito de la empresa, los procesos de discusión y de justificación en dicho espacio no pueden ser llevados a cabo, porque los actores responsables al interior de aquellos no cuentan con una legitimidad basada en un proceso de votación previo. En consecuencia, el concepto, los fundamentos y los instrumentos de la política y de la no política se vuelve «poco claros, abiertos y requieren una nueva definición histórica» (ibid: 312). En este contexto, el modelo de democracia representativa no ha quedado ajeno a dicho proceso de deslimitación de lo político. Por el contrario, se ha planteado que este estaría dando origen a una «democracia reflexiva» (Beck 1996: 69), es decir, a un modelo de democracia que emergería a partir de un cuestionamiento institucional conformado por dos dimensiones básicas: 1) una «dimensión vertical», donde se revisan tanto las instituciones democráticas específicas (los partidos políticos, el parlamento, el gobierno, las competencias del tribunal constitucional, la relación entre el derecho y la política, etc.) así como también los principios mismos de la democracia; 2) una «dimensión horizontal», donde paulatinamente se extiende la ciudadanía a todos los miembros de la sociedad (mujeres, niños, 28

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etc.) y deben consensuarse y sintetizarse las diversas lógicas de las diferentes esferas de la vida con el principio de la democracia (ibid. 79). En el caso de la sociedad chilena contemporánea, los procesos de deslimitación se han hecho evidentes a través de los siguientes rasgos: a) las transformaciones que han experimentado las empresas, cuyos patrones de externalización y subcontratación han venido dando cuenta de una proceso de redefinición de los límites ya clásicamente modernos de las empresas y la emergencia de redes mucho más complejas para estructurar los procesos productivos; b) los cambios ocurridos en la institución social del trabajo asalariado a través de la desregulación o la re-regulación de las relaciones laborales y la emergencia de diversos tipos de contratos de trabajo; c) la transformación de la institución de la familia nuclear, a partir de una creciente legitimación de diversas formas de construcción de los vínculos familiares y d) el cuestionamiento y el desarrollo de prácticas entre los géneros que, por lo menos parcialmente, estarían dando cuenta de una relativa emancipación de los límites entre los géneros establecidos a partir del orden tradicional de género y el establecimiento de nuevas fronteras entre estos. Desde el punto de vista de la teoría de la deslimitación, el movimiento estudiantil actual puede ser entendido entonces tanto como una manifestación de un profundo cuestionamiento de las instituciones políticas vigentes, específicamente como un conflicto de límites (Beck/ Bonß/Lau 2004: 49) así como acciones colectivas que buscan democratizarlas tanto en términos de su dimensión vertical como horizontal a partir de su propia experiencia con estas.

5. Des/relimitación y el poder de la distancia En América Latina, el Estado-Nación ha sido una de las organizaciones centrales desde las cuales se ha promovido el orden moderno y, con ello, se han trazado los límites de inclusión y exclusión ciudadana. Al respecto, el despliegue del Estado-Nación en la región ha ocurrido usualmente de manera centralizada, lo que ha llevado a que parte de la ciudadanía históricamente ha quedado marginada de las acciones protectoras del emergente Estado-Nación, surgiendo por parte de la población un sentimiento de distancia respecto del Estado (Davis 1999: 619). De acuerdo a Davis (1999), dicha situación es un elemento central 29

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para la comprensión de los movimientos sociales en la región, pues estos están constituidos precisamente por «ciudadanos colectivamente organizados con el propósito de participar en el Estado o de tener una respuesta estatal a sus demandas» (ibid.: 610)8. En este sentido, el espacio, específicamente la ubicación donde las personas viven y actúan (ibid.: 601), es un constructo tanto material como social que establece parámetros para la acción individual y social, determinando la formación, los objetivos y estrategias ciudadanas (ibid.). Específicamente, la distancia de los/as ciudadanos/as respecto del Estado explicaría precisamente tanto su interés por adherir a un movimiento social como sus estrategias, el significado que le otorgan a las acciones del movimiento y su identidad (ibid.: 601). En consecuencia, los movimientos sociales constituirían un mecanismo de democratización de las sociedades al tratar de participar e influir en el Estado y no de rechazarlo, buscando con ello finalmente abrir nuevos canales de participación política (ibid.). Siguiendo a Davis (1999), existirían diversas formas a través de las cuales las personas pueden estar distanciadas o conectadas con las instituciones, las prácticas, las políticas, los procedimientos y los discursos con el Estado. Al respecto, habría que considerar cuatro dimensiones, las que en muchos casos tienden a traslaparse: geográfica, institucional, de clase y cultural (ibid.: 603). En el caso de América Latina estas dimensiones dan cuenta de diversas formas de distancia de la ciudadanía respecto del Estado: Dimensión geográfica: Distancia conformada principalmente por los procedimientos e instituciones de justicia distributiva. Históricamente, este tipo de distancia ciudadana ha sido conformada principalmente producto de la formación de un Estado-Nación que se ha desarrollado a través de un aparato estatal altamente centralizado y concentrado espacialmente (por lo general en las ciudades-capitales de cada país de la región). La distancia geográfica se relacionaría entonces positivamente con el radicalismo de los movimientos sociales. Dimensión institucional: Esta dimensión hace referencia al compromiso con —o el acceso a— las instituciones formales estatales. En lo concerniente a ello, el Estado en América Latina tendería a ser débil en términos de su capacidad para elaborar e implementar normas y políticas públicas que vinculen de manera equitativa a su población, la cual se debería precisamente al desarrollo altamente centralizado Traducción propia.

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y burocrático que ha tenido el Estado en esta región. Esta situación no solo se expresaría en una concentración del poder en la capital del país, sino en la figura del presidente y su gabinete así como en una circunscripción del poder parlamentario al poder de aquellos («presidencialismo»). En este sentido, la distancia geográfica y la distancia institucional estarían correlacionadas. En dicho contexto, emergerían paralelamente figuras de autoridad política alternativas (los «caciques» o líderes carismáticos, en el sentido weberiano) (ibid.: 607) y movimientos a nivel local para expresar sus preferencias e intentar focalizar las políticas estatales a estas (ibid.: 609). Los movimientos sociales en la región no buscarían entonces aumentar su distancia del Estado, sino reducirla para alcanzar un mayor acceso a los procedimientos e instituciones estatales (ibid.). Dichas acciones estarían orientadas principalmente por una visión idealizada del Estado, donde este abarcaría tanto las instituciones de procedimiento como de representación para la participación de los ciudadanos en el gobierno y la elaboración de políticas públicas (ibid.). Sería entonces precisamente la distancia entre las prácticas de gobierno y esta idealización del Estado lo que daría origen, en parte, a los movimientos sociales en la región. Dimensión de clase: En América Latina, las personas de hogares de nivel socioeconómico alto suelen generalmente tener un mayor acceso al Estado, producto de su mayor nivel educacional y sus vínculos con personas que ocupan cargos en el sistema político (ibid.: 612). Así mismo, este sector de la población suele tener menos demandas hacia el Estado, pues tienden además a vivir en barrios donde cuentan con todos los servicios que requieren. En el caso de los segmentos pobres de los países latinoamericanos ocurre todo lo contrario. Sin embargo, parte de estos sectores han desarrollado un mayor vínculo con el Estado, pues viven en barrios de mayor data donde el Estado ha alcanzado una mayor presencia. En este sentido, sería la población pobre que ha sido trasladada o se ha ubicado en nuevos barrios en las periferias de las urbes latinoamericanas las que se encontrarían más distantes respecto de la acción estatal. Una situación similar ocurriría con aquellos barrios donde predominan las ocupaciones desarrolladas al margen de la institucionalidad vigente, como lo es el empleo informal (ibid.: 612-613). Dimensión cultural: La distancia entre Estado y ciudadanos se configuraría a partir de los atributos culturales y las identidades propias de aquellos grupos poderosos que las distinguen de los grupos menos poderosos. Al respecto, la distancia cultural en la región no solo 31

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está asociada a la distancia geográfica, institucional y de clase, sino que también a la formación del Estado latinoamericano. Más aún, la producción y reproducción de dichas identidades no solo ocurriría a partir de las acciones de los ciudadanos, sino también a través de las diversas acciones del Estado, tales como la represión, los discursos nacionalistas oficiales y las políticas públicas (ibid.: 616). Al respecto, en la región históricamente ha sido la población originaria y las mujeres los grupos que han solido estar culturalmente más alejados del Estado. Analizar y poder comprender la relación entre los jóvenes en Chile con el sistema político, específicamente su vínculo con la sociedad chilena contemporánea, implica entonces considerar que en el proceso de modernización de esta sociedad, específicamente la configuración del Estado-nación y la posterior implementación de un modelo económico neoliberal, ha llevado al establecimiento de límites y consecuentemente de distancias entre el Estado y sus ciudadanos/as. Al respecto, las movilizaciones estudiantiles de estos últimos años parecieran ser precisamente un intento por parte de estos/as jóvenes por redefinir dichos límites y con ello, las diversas formas de distancias resultantes a partir de estos.

Capítulo II El movimiento social estudiantil en Chile: algunos elementos históricos para su comprensión

El objetivo de este capítulo es aportar algunos elementos que permitan observar en perspectiva el contexto sociopolítico actual. Específicamente, se busca poner a disposición algunos elementos centrales implicados en procesos sociales de larga data que pudiesen ser comprendidos como herencia para el movimiento social estudiantil en el presente. Más que analizar detalladamente el desarrollo de este fenómeno (que excedería el propósito de este estudio), buscamos revisar momentos claves de este e incorporarlos a la discusión actual sobre esta manifestación política juvenil.

1. Los orígenes del movimiento social estudiantil chileno La emergencia del movimiento estudiantil chileno puede considerarse a la par del surgimiento en Chile del movimiento social en general. Asimismo, tal como señala Garretón (1985) su heterogeneidad hace que este concepto sea meramente analítico, siendo más preciso hablar de movimientos estudiantiles (Garretón/Martínez, 1985: 11). De este modo, lo que se entiende como movimiento estudiantil sería parte del fenómeno de la «cuestión social» a principios del siglo veinte. Según Garcés (2012) este concepto, acuñado en Europa, hacía referencia en nuestro país a un doble fenómeno que daba cuenta del deterioro en 33

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las condiciones de vida de los sectores populares y, por otra parte, a la emergencia de una protesta social dirigida a la superación de dicha situación (Garcés, 2012; 77). En ese contexto, el movimiento estudiantil surge como un actor sociopolítico enmarcado en un movimiento social de mayor amplitud constituido principalmente por la clase obrera. El punto de encuentro entre estos dos componentes del naciente movimiento social chileno va a tener su expresión orgánica en la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (Aoan), cuya irrupción pública más contundente fueron las masivas movilizaciones sociales conocidas como «mítines de hambre» o «marchas de hambre» desarrolladas a partir de 1918 (Garcés, 2012; 86). Para Salazar (1999), la Aoan y sus jornadas de protesta expresaban no solo la extrema necesidad a la que habían llegado las clases trabajadoras a principios de siglo, sino que por sobre todo una crisis de representación de la clase política y una crisis de legitimidad del Estado (Salazar, 1999: 41). En el sector estudiantil, esta crisis resulta particularmente visible en los principales hitos fundacionales de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech). Ésta hizo su estreno público en 1906 abucheando a la oligarquía en el Teatro Municipal y persiguiendo a pedradas al nuncio papal por las calles de Santiago, constituyendo ello un momento de ruptura simbólica con dos de los más grandes mentores de la juventud chilena: la élite de clase alta y la Iglesia Católica (Salazar 1999). De este modo, la Fech se convirtió desde su origen en la base institucional de la oposición al sistema dominante en los planos cultural, social y político (Salazar, 2002: 110-111). Otro elemento que puede ser considerado como evidencia de la crisis de legitimidad es la intensidad con que el Estado recurre a la activación de su aparato de coerción frente a la emergente protesta social, situación que evidenciaría su incapacidad de mantener el orden social a través de mecanismos democráticos, es decir, consensuados. En efecto, en el marco de las masivas manifestaciones de la Aoan, el gobierno responde en dos dimensiones alternando diálogo y violencia. Tras la primera concentración de la Aoan en 1918 (que convocó a 60 mil ó 100 mil manifestantes comprendidos entre las calles San Diego y San Martín), el Presidente de la República recibió a sus dirigentes y accedió a sus demandas. Sin embargo, según consigna Garcés (2012), la estrategia del gobierno había sido la de acoger algunas de las demandas (como, por ejemplo, la creación de las Ferias Libres y la conformación 34

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de un comité que estudiara la reducción del precio de los alimentos), derivar otras al Congreso y, en la medida que el movimiento persistía, accionar el aparato represivo del Estado9 (Garcés, 2012: 90). Ya para la década del ‘20 el desarrollo del movimiento social adquiere tal magnitud que puede considerársele un actor sociopolítico relevante en la vida pública de esta sociedad. La coordinación de sus diversos componentes –entre los cuales destaca lo obrero y estudiantil– así como también la visibilidad a través de las marchas del hambre, posibilitan que este ejerza una gran presión hacia la élite política demandando mejores condiciones para las clases subalternas. Si bien el elemento catalizador de la protesta social se hallaba en el elemento más sensible sobre la vida cotidiana de las personas como era el alto precio de los alimentos (Garcés, 2012; 86), no es menos cierto que el programa del movimiento social abarcaba también cuestiones relacionadas con la salud pública la educación y la vivienda (Garcés, 2012; 86). Tanto así que para 1925 se estructuró lo que se conoce como la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales10, cuyo programa incorporó principios y demandas concretas en diversos ámbitos, dando cuenta con ello de la heterogeneidad de dicho movimiento social. Entre ellas, se reivindica el rol activo del gobierno tanto en calidad de agente coordinador e impulsor de la producción económica como de la distribución del producto. Asimismo, se establece la propiedad social de la tierra, la asignación de los productos de la actividad económica al fomento de la ciencia y las artes, la necesidad de procurar a las personas lo necesario para la vida y su desarrollo integral. Igualmente, Según se indica, entre fines de 1918 y mediados de 1920 hubo matanzas obreras en Puerto Natales, Punta Arenas y en las Oficinas de Coya y Domeyko, se asaltó e incendió la Federación Obrera de Magallanes con un saldo de 35 fallecidos, agentes del Estado asaltaron y destruyeron imprentas donde se producían periódicos obreros, más de 500 trabajadores fueron detenidos en el denominado «proceso a subversivos», se elaboraron listas negras de obreros para evitar que fuesen contratados por las empresas, se atacó la sede de la Fech y, el poeta Domingo Gómez Rojas murió en la cárcel producto de torturas. Tras congregar a 50 mil personas en Valparaíso y anunciar nuevas movilizaciones en Santiago, la AOAN obtiene como respuesta estatal el decreto de Estado de Sitio para las ciudades de Santiago, Valparaíso y Aconcagua (Garcés, 2012; 90-92). 10 La Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales fue realizada de manera autónoma en el Teatro Municipal de Santiago en marzo de 1925. Se trataba de una Asamblea popular integrada por trabajadores, profesores, estudiantes y profesionales. Se excluyó expresamente a los militares, militantes de partido y mercaderes-banqueros). Este hito se encaminaba a la preparación de una Asamblea Nacional Constituyente (Salazar, 2011: 69). 9

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en materia de reformas políticas, se estipula que la República de Chile debe ser federal; el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo Federal y el poder de los Estados será elegido por los gremios, la revocabilidad de dichos mandatos, la separación entre Iglesia y Estado, la disolución del ejército y, la igualdad de derechos políticos y civiles de ambos sexos (Garcés, 2012: 95). Por último, en materia educacional, la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales establece que: La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo y darle cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad (cit. en Garcés, 2012: 95).

Pese a este hito, en el que los grupos subalternos logran impulsar propuestas específicas y concretas al sistema político, desde el gobierno de Alessandri se da paso a la conformación de una comisión constituyente que redacta la Constitución de 1925 ignorando los resultados de la Asamblea de Asalariados e Intelectuales. Dicha constitución puede considerarse una respuesta a las necesarias reformas políticas exigidas por el movimiento social, pero a la vez una manifestación de la voluntad del Ejecutivo de operar con prescindencia de la participación de los ciudadanos y contener su radicalización. De hecho, el liderazgo de Alessandri ha sido considerado la expresión de una tendencia cada vez más natural dentro de la Alianza Liberal, según la cual era necesario integrar a la clase media en los destinos del país y neutralizar el creciente potencial revolucionario de sectores populares (Portales, 2004: 382). Para lograr aquello, resultaba imprescindible mejorar la situación económica de estos grupos y estructurar una legislación social que los integrara al sistema sociopolítico, pero de modo subordinado (Portales, 2004: 382)11. Al respecto, las orientaciones de Alessandri se ven faci Como evidencia de tal disposición, Portales (2004) cita el discursó que Alessandri dio para convencer de su candidatura a los radicales: «Los radicales tradicionalistas, los de la vieja guardia del Partido, que me temían porque mis doctrinas sociales se hacían aparecer como subversivas, una vez que me escucharon, comprendieron que precisamente yo trataba de proteger el orden público mediante la evolución requerida por los momentos históricos que vivía la humanidad» (cit en Portales, 2004: 383). En 1943, Alessandri da muestras de su doctrina y su carácter oligárquico abogando por un Senado compuesto sólo en un tercio por sufragio universal, mientras que dos tercios de él debían componerse por lo que considera «fuerzas vivas de la nación» (profesionales liberales, representantes de industria y socie-

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litadas durante su campaña presidencial, porque el movimiento social experimentaba ya un proceso de repliegue. Es así como al comienzo de la carrera presidencial (febrero de 1920) se precipita la autodisolución de la Aoan, debido a la represión de Sanfuentes, sumada a la crisis económica y las propias debilidades internas del organismo (ibid.). Asimismo, la bifurcación y los antagonismos de un movimiento social conformado por fuerzas tan disímiles como el Partido Demócrata, los anarquistas y los comunistas, contribuyeron de forma importante al debilitamiento orgánico del movimiento social y generaron un contexto más propicio a la victoria de Alessandri (Portales, 2004: 389). En este contexto, se amplían entre 1925 y 1973 los derechos constitucionales de las personas a través de la interpretación legislativa y el aumento en el uso de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo (Ruiz-Tagle/Cristi 2006: 115). Se desarrolla entonces en esta «Cuarta República» (Ruiz-Tagle/Cristi 2006) el concepto mismo de ciudadanía y de representación o inclusión política, incorporándose a los mayores de 18 años entre los votantes, aprobándose el sufragio femenino y poniendo término al voto censitario y al cohecho mediante la cédula única (Ruiz-Tagle/Cristi 2006: 115). Sin embargo, la crisis de legitimidad política y representación estaba lejos de resolverse satisfactoriamente. De hecho, a la intervención militar que pone en el poder a Alessandri en 1924 le sigue la del gobierno de Carlos Ibáñez y la instalación de la República Socialista de los catorce días. No es sino hasta 1932 que se consolida un gobierno constitucional. Sin embargo, e independiente de la estabilización conseguida, la búsqueda por una verdadera solución a las demandas del movimiento social va a continuar durante toda la denominada Cuarta República. La tensión característica de este período se centró en la discusión sobre las prerrogativas de los derechos clásicos de la democracia liberal frente a las necesidades económico-sociales (por ejemplo, el derecho de propiedad versus la necesidad de la reforma agraria) (Ruiz-Tagle/Cristi 2006). Más allá de los debates constitucionales ya mencionados, la Constitución de 1925 no logró finalmente dar solución a las demandas y aspiraciones del movimiento social, en parte porque esta no se asentó en una legitimidad de origen (Garcés 2012). De hecho, según Garcés (2012), el surgimiento de recurrentes crisis institucionales en esta sodades obreras) bajo el argumento de selección de los más preparados y eficientes (Portales, 2004: 384-385). 37

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ciedad ha sido fruto de las propias limitaciones de marcos constitucionales surgidos todos con prescindencia del poder constituyente de los ciudadanos. Más allá de su larga duración y de la relativa estabilidad que estas han alcanzado en algunos períodos, ello no ha sido sinónimo de legitimidad (Garcés 2012: 98). En conclusión y más allá de las particularidades del contexto, las demandas por inclusión, participación y democratización de la sociedad chilena han sido un continuo en la historia de desde el siglo XX, constituyendo hasta hoy una de las tareas pendientes del proceso de modernización. De esta manera, en la actualidad la persistencia de rasgos excluyentes conviven con las conquistas aún presentes en el imaginario de la lucha social y estudiantil. Así mismo, una revisión de la evidencia disponible nos permite observar que las necesidades y reivindicaciones del movimiento social han sido desde muchos años asumidas por este como demanda, pero también desde la propuesta. Los distintos componentes del movimiento social se las han arreglado para crear espacios deliberativos capaces de generar proyectos de desarrollo distintos al trazado por los canales oficiales de representación (cuya expresión más contundente de las acá revisadas ha sido la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales). Resulta destacable el nivel de coordinación que en determinados períodos han alcanzado los distintos componentes del movimiento social, siendo en esta etapa el sector obrero y estudiantil dos pilares fundamentales de su desarrollo. Sin embargo, a la vez es posible identificar el límite que estos encuentran al enfrentarse a un aparato estatal que ha asumido históricamente una actitud represiva o que cuando ha afrontado la satisfacción de las reivindicaciones sociales lo ha hecho de manera parcial, en el marco de instituciones que no son suficientemente incluyentes.

2. La reforma universitaria y la democratización social Como se ha revisado hasta acá, desde principios del siglo veinte va a nacer paulatinamente un polo crítico compuesto por múltiples actores entre los cuales se encuentra también la juventud universitaria. Junto al surgimiento de la cuestión social y el movimiento obrero, la década de 1920 va a ser recurrentemente señalada como el boom del movimiento juvenil universitario. En ese marco, resulta inevitable mencionar al movimiento por la reforma como un momento clave dentro del 38

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desarrollo de la lucha estudiantil. Éste es quizá uno de los procesos de mayor trascendencia tanto por los alcances de su proyecto como por su expresión simultánea en diversos países de la región. Sin embargo, en nuestro país el movimiento por la reforma puede caracterizarse entre otras cosas como un proyecto inconcluso y violentamente interrumpido por el golpe de estado de 1973. Al respecto, uno de los hitos más reconocidos del movimiento por la reforma tiene lugar en Argentina. El Manifiesto Liminar de Córdoba (1918) constituye un momento fundamental para el movimiento juvenil estudiantil. Este señala: Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que peor aún– el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil.

Tras este manifiesto, se inicia lo que se conoce como el Movimiento para la Reforma Universitaria. Su crítica profunda a la institución universitaria no solo contiene la exigencia de mayor democratización interna sino que subyace en ella un cuestionamiento al orden societal general. La Universidad comienza a ser reclamada como una institución al servicio de la transformación social. Además de estos elementos, el Manifiesto Liminar de Córdoba reivindica el carácter protagónico de la juventud en la transformación social y muestra su vocación por constituir un movimiento de alcance latinoamericano: La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.

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El eco de las corrientes libertarias no tarda en escucharse. En Chile la intelectualidad se articula en torno al periódico Claridad de la Fech y en ese espacio se conformará lo que conocemos como la generación del 20. Según Arrate/Rojas (2003), allí tomarían posición diversas corrientes de pensamiento, entre las que destacan las ideas humanistas, pacifistas, libertarias y socialistas (Arrate/Rojas 2003: 109)12. La articulación del actor universitario con el sector obrero constituye uno de los rasgos más destacables del movimiento social, cuya expresión más clara radica en la Aoan y las «marchas del hambre». Sin embargo, conviene destacar que, para Salazar (2002), los jóvenes universitarios no son tan solo un componente de este movimiento sino que desempeñan un papel de mucha mayor trascendencia, al posibilitar una confluencia histórica de largo alcance entre la juventud oligarca y de estratos medios, allí presentada como estudiante, y la juventud trabajadora, representada de forma temática (Salazar 2002: 111). En otras palabras, aun cuando en las facultades el joven de origen popular se encuentra ausente, la preocupación del actor universitario por propiciar reformas democratizadoras que aseguraran su inclusión hace posible una alianza interclasista con proyección de su par obrero, aún excluido (Salazar 2002: 112). Así, entre 1920 y 1973 se produce una importante institucionalización y modernización de las relaciones laborales y una mayor apertura y sistematización de la educación media y superior (Salazar 2002: 101-102). A partir de esos desarrollos, que según Salazar (2002) implican una mayor presencia proletaria en la universidad y propician una intensificación del debate teórico político, el movimiento juvenil universitario crece cuantitativa y cualitativamente dando paso a su segundo boom, que conocemos como la generación de 1968 (Salazar 2002: 111). En una de sus ediciones del año 1920, Claridad se dirige al ciudadano chileno con las imperativas y acusativas frases que siguen:«¿Cuándo ha levantado su voz ante la infamia escandalosa que lo rodea? ¿Cuándo?...A ver, revise su vida. Mañana o pasado muere Ud. y para qué le ha servido. ¿Sabe lo que es esta sociedad en que vivimos, la sociedad capitalista? ¿Sabe lo que es el régimen que nosotros preconizamos y que Ud. retarda? Ud. piensa, sin duda, como El Mercurio, La Nación, el Diario Ilustrado, etc; como el diario que Ud. lee todos los días. Aprenda hombre, Ud. no sea un muñeco. Tenga vergüenza. Use su propia cabeza, para eso la tiene. Averigüe, entérese. No sea un miedoso. Es en vano que se haga el sordo. Es Ud. un cobarde, a merced del que mejor le pague o más fuerte le grite. No se haga ilusiones. ¿Cuándo se animó a decir algo que pudiera comprometerlo? Por los mansos individuos como Ud. es que el mundo es inhabitable de canalla».

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

Con propiedad puede decirse que el proceso iniciado por el movimiento de la reforma universitaria abarca desde 1920 hasta 1973. Sus logros son más bien graduales y producto de años de organización. En este contexto, la Universidad de Chile alberga sus primeros intentos reformistas en 1920 y 1930, repitiéndose tales expresiones en 1945 y 1952 en las facultades de Filosofía y Medicina; en tanto, en la Universidad de Concepción similares manifestaciones ocurren en 1933 y 1953. Para la década de 1950 las tentativas reformistas alcanzan la Universidad Católica en Santiago, y ya en mayo de 1961 los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (Ute) se toman diversas sedes de su casa de estudio, en el marco de un proceso de cambio que se realiza seis años después (Cifuentes 2003: 104-105). Asimismo, los Seminarios de Reforma Universitaria se extienden por los planteles educacionales durante toda la década de los sesenta. En 1963 la federación de estudiantes de la Ute lleva a cabo el primero de ellos, con participación de docentes, estudiantes y autoridades. En 1964 es el turno de la Universidad Católica de Valparaíso y en 1966, de la Universidad de Chile. Por último, en el año 1967, todos los planteles han visto nacer grupos reformistas, y en ese marco son tomadas las casas centrales de la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Chile(Cifuentes 2003: 104-105). Uno de los primeros logros de esta evolución ocurre el 27 de octubre cuando, tras algo más de un mes de ocupación, el gobierno de Eduardo Frei Montalva aprueba la formación de una Comisión de Reforma de la Universidad Técnica del Estado con participación de delegados estudiantiles. Ese mismo mes, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile elige a su decano en claustro pleno. Se sentó así un precedente no exento de conflicto con el consejo superior de la universidad, el que se oponía a la idea de que los estudiantes eligieran a sus autoridades (Cifuentes 2003: 105). Sin embargo, uno de los momentos más recordados del movimiento por la reforma es el protagonizado por los estudiantes de la Universidad Católica en 1967. En medio de la toma de la casa central de la institución despliegan un cartel, cuyo lema dice: «Chileno: El Mercurio miente». Esta acción estudiantil efectuada en respuesta al periódico que días atrás había afirmado que los dirigentes estaban conducidos por el Partido Comunista (Cifuentes 2003: 105). Producto de este hecho, el 21 de agosto de ese mismo año renuncia el rector y es designado prorrector Fernando Castillo Velasco. Para noviembre de ese año, este 41

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se convierte en el primer rector electo por votación de los docentes y representantes del estamento estudiantil y, desde ese cargo, desempeña un importante rol en el proceso reformista (Cifuentes 2003: 105). A su vez, en el año 1968, diversas comisiones de reforma son el resultado de la masificación del espíritu de cambio en los diversos planteles universitarios. En la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirberg se transforma en el primer rector electo por votación universal de profesores y estudiantes, siendo luego reelecto en 1969. En diciembre de 1968, la Universidad de Concepción elige a Edgardo Enríquez en un claustro pleno, que incluyó además la participación de los funcionarios administrativos (Cifuentes 2003: 105). Ese mismo año, Raúl Allard es electo rector de la Universidad Católica de Valparaíso a través de un claustro de académicos y representantes estudiantiles. Por último, en la Universidad de Chile, también mediante claustro pleno, se elige a Edgardo Boeninger como rector de dicha casa de estudios (ibid.)13. Todos estos hechos pueden ser entendidos como manifestación del proceso de democratización de la institución social de la universidad en Chile, tanto en la elección de sus autoridades (votación universal; claustro pleno) como también en las posteriores instancias colegiadas, por medio de las cuales se comenzó a ejercer el gobierno interno (claustros triestamentales). En este contexto, y en su dimensión modernizadora, la extensión y la investigación son reconocidas como funciones esenciales de la universidad. Asimismo, se reconocieron roles adicionales hasta entonces inéditos en estas casas de estudio en Chile, tales como la prestación de servicios, la educación de los trabajadores, la integración cultural, la creación artística y la reflexión filosófica. Adicionalmente, comienza a establecerse la carrera académica mediante la contratación de los profesores a horario completo y la capacitación del profesorado a través de las becas de posgrado (Cifuentes 2003: 106). En cuanto al compromiso social de la institución universitaria, se potencia la extensión; se comienzan a implementar programas de educación a trabajadores y se desarrollan masivos programas de becas, que

La ponderación de los estamentos varió en cada universidad. En la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado fue: académicos 65%, estudiantes 25% y funcionarios 10%. Independiente de ello, el método de elección se transformó paulatinamente en la norma desde 1969 hasta antes del golpe militar (Cifuentes 2003: 105).

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en pocos años aumentaron el ingreso de sectores más desaventajados al sistema de educación superior (Cifuentes 2003: 106). Este proceso de reforma que comenzaba a dar sus primeros frutos se ve truncado por el golpe de estado en 1973. Estas circunstancias son las que permiten hablar de un proceso incompleto e interrumpido. Puede decirse incluso que a partir de entonces sufre un retroceso, cuyas primeras expresiones institucionales son la instalación de rectores designados por la dictadura. Sin embargo, su cara más brutal, sin lugar a dudas, la constituye la persecución política a profesores y estudiantes que —al igual que muchos chilenos— luego son torturados, asesinados y desaparecidos. Según Cifuentes (2003), mientras el movimiento por la reforma implicó desde 1920 distintos grados de democratización en varios países, en Chile este es un proceso gradual que extiende los intentos reformistas hasta la década de 1960 (Cifuentes 2003: 103) y que, además, en 1973 se desmantela forzosamente.

3. El carácter refundacional de la dictadura y el movimiento juvenil La consecuencia en términos de política educativa comienza a volverse determinante en la medida que existe una sinergia entre la nueva institucionalidad y la poderosa influencia ideológica de los economistas de la Escuela de Chicago. Según Castiglioni (2001) los cambios profundos en la política educativa se hacen posibles debido a tres elementos claves: la concentración del poder en la figura de Augusto Pinochet14, la ideología de los policy makers15 y la desarticulación de los gremios educacionales que pudieron actuar como poder social de veto16. Se estableció que la dirección del Poder Ejecutivo recaería en las tres ramas de las Fuerzas Armadas de forma alternada, procediendo según antigüedad (comenzando así por el Ejército). Sin embargo, Augusto Pinochet consolidó prontamente su hegemonía y permaneció a la cabeza por todo el periodo. El carácter personalista que adquirió la Junta Militar, sumado al cierre del Congreso, consolidaron el poder de Augusto Pinochet sin actor de veto institucional. 15 Principalmente articulada en tres pilares: una doctrina de seguridad nacional, predominio de una visión gremialista del orden social, y una perspectiva monetarista de la política económica. En el caso de esta última, fue decisiva la acción de los «Chicago boys», equipo de economistas de la Universidad Católica formados en la Escuela de Chicago, bajo la instrucción de Milton Friedman. 16 En efecto, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional conllevó a la intervención de los espacios educativos y a la represión de las organizaciones del profesorado, que eran entendidas por el régimen como instrumentos del Partido Comunista y Partido Socialista (Castiglioni 2001: 60). 14

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Desde el punto de vista ideológico, la influencia decisiva del pensamiento de Milton Friedman implica una profundización del mercado, que por vez primera alcanza al sector educativo. Sabido es que Adam Smith —impulsor de la teoría de la mano invisible— excluía de las leyes del mercado a los sectores de defensa, salud y educación. Por lo tanto, la teoría de Friedman y su decisiva colaboración con la dictadura chilena convirtieron a nuestro país en el laboratorio donde el mercado coparía prácticamente todas las esferas del desarrollo. La dictadura no partiría desde cero. El documento base de la nueva política socioeconómica es el programa para la candidatura de Alessandri, conocido comúnmente como El Ladrillo. En su apartado sobre la política de educación superior, se señala: Los niveles superiores de educación —técnica y profesional— representan un beneficio directo y notorio para los que lo obtienen, de modo que no se justifica en absoluto la gratuidad de este tipo de educación; de hecho, ni siquiera se justifica el subsidio parcial que hoy reciben pues él accede principalmente a los grupos de mayor poder económico. El cobrar el valor real de la educación superior a los educandos tendría grandes ventajas… (El Ladrillo, cap.2).

Se justifica así la supresión del universalismo en política pública y se introduce el elemento de pago y, con ello, el consumo en la educación. Asimismo, se concibe que esta política de arancel universitario aumentaría el ingreso de las casas de estudio (El Ladrillo, cap.2). Por último, se proclama la bondad de introducir criterios de racionalidad económica en el sistema educacional, como el de la competitividad y el esfuerzo individual, ambos implicados en el cálculo costo/beneficio derivados del enfoque de acción racional: Al vivir cada Institución Educacional de sus propios ingresos, se verían obligadas a cuidar la calidad de sus servicios, pues sus educandos elegirían a las mejores (…) Dado el costo de la educación, los educandos desplegarían al máximo su esfuerzo para aprovecharla; de esta manera dejarían de existir los alumnos eternos y los que van a las universidades a ilustrar su holgazanería (El Ladrillo, cap. 2).

En atención a los estudiantes de menores ingresos, la nueva política introduce como complemento el sistema de becas y préstamos de largo 44

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plazo precisando que «las becas deberían ser para los más talentosos, habida consideración de su incapacidad económica» (El Ladrillo, cap.2). Los elementos aquí señalados marcan el exilio de los criterios universalistas, dando paso al rol subsidiario del Estado e implicando como única política posible la focalización del gasto. En este período, la fuerte presencia de movimientos sociales opositores a la dictadura resulta innegable. Sin embargo, durante gran parte del régimen ocurre también un proceso de repliegue. La irrupción más contundente de esta fuerza opositora en el espacio público toma lugar durante la década de los ochenta y, desde el punto de vista de los movimientos juveniles, resulta destacable tanto su composición popular (movimiento de pobladores) como también estudiantil (universitario y secundario). Sin embargo, su carácter y vinculación con el sistema de representación —así como entre sus componentes— es algo más debatido. Según Muñoz Tamayo (2011), durante el desarrollo de las acciones cada vez más confrontacionales del mencionado decenio, las federaciones estudiantiles se convierten en instituciones alternas al orden dictatorial desde las cuales los referentes sociales juveniles se relacionan con las instituciones estatales, desde la doble representatividad sectorial como la militancia partidista (Muñoz Tamayo 2011: 116). De este modo, se rearticulan ámbitos de participación que tienden a reproducir lo que habían sido las tradicionales lógicas de acción juvenil anteriores a 1973 (Muñoz Tamayo 2011: 116). En ese marco, las federaciones estudiantiles representan un espacio en disputa para ocupar la esfera pública y ganar representatividad (Muñoz Tamayo, 2011; 116). Según Sandoval (2002), la movilización impulsada por los jóvenes pobladores fue políticamente superior a la promovida por los estudiantes, debido a su mayor experiencia acumulada y la consecuente capacidad de articulación con el sector popular adulto (Sandoval 2002: 152). Así, durante los primeros años de la dictadura17comienzan a gestarse en las poblaciones diversas acciones, cuyo énfasis principal estuvo en lo solidario-popular (Sandoval 2002: 149)18. Para el período 1980-1983, con una crisis económica desatada, el sector juvenil popular habría adquirido aún mayor presencia en las manifestaciones sociales, pero con un carácter menos institucionalizado y con preocupación 17 18

Los años 1974 y 1975. Ello respondería a la situación crítica vivida en los sectores populares, así como también a la percepción del régimen como transitorio (Sandoval 2002: 149). 45

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por nuevas dimensiones (como, por ejemplo, culturales, deportivas y de recreación) (Sandoval, 2002: 150). En este lapso, la necesidad de hacer frente a la institucionalización del régimen potencia la idea de reconstruir comunidad en torno al espacio común de la población (Sandoval 2002: 150)19. Para Salazar (2002), la actividad partidaria de los años ’80 está más presente en el imaginario popular que en la evidencia. La presencia de los partidos en el mundo popular, según el autor, se haya más bien en el plano de eventuales apoyos operativos y al reclutamiento de «cuadros políticos» que estaban formados ya en una nueva cultura de la resistencia. En síntesis, son los partidos de izquierda quienes reflotan sobre la juventud popular y el movimiento cultural, y no al revés. Asimismo, muchas de estas «máquinas partidarias» son las que posteriormente adscriben a la estrategia negociadora con el régimen (Salazar 2002: 243). El desarrollo de las masivas protestas sociales desde la segunda mitad de los ochenta genera las primeras concesiones de la dictadura20. Sin embargo, su acción no solo impacta al régimen, sino que también motiva la reflexión dentro del liderazgo opositor. Según Moyano (2012), la élite de la oposición ve en las jornadas de protesta —donde la juventud popular era un componente central— una profunda transformación social generada por la dictadura. Para ellos, el régimen de Pinochet había tenido como consecuencia una profunda atomización de los sujetos y un divorcio entre el mundo social y el mundo político, produciendo con ello una crisis del sistema de representación que auguraba una difícil conducción y organización de estos sectores (Moyano 2012: 30). En el mismo sentido, Salazar (2002) asegura que el repliegue de la juventud hacia lo local y hacia los espacios autogestionados fue conceptualizado por la intelectualidad de los ochenta como «desintegración social» o «regresión anómica», cuando en realidad se trataba de procesos de recomposición social. Desde este punto de vista, lo que había sido desintegrado por acción de la dictadura era el sistema Para fines de los ochenta, el autor destaca la audacia, la radicalidad y la politización en la acción del movimiento poblador juvenil; sin embargo, agrega que dicha acción carecía de objetivos claros y precisos. Asimismo, el cuestionamiento a la conducción de los partidos políticos y las organizaciones hizo que muchas veces estas se viesen sobrepasadas por las acciones de los jóvenes (Sandoval 2002: 153). 20 Como, por ejemplo, una mayor tolerancia a la crítica en los medios de comunicación y la posibilidad del retorno de los exiliados Portales: 2000). 19

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democrático tradicional, más no el proceso histórico ni la historicidad de sus sujetos que ahora iniciaban un proceso de repliegue comunitario (Salazar, 2002: 239-240). La experiencia de las jornadas de protesta despierta una reflexión en la oposición que marcaría su actitud futura y su estrategia transicional. Para Portales (2000) la masividad de las manifestaciones muestra sus límites al persistir la represión del movimiento social, a la vez que evidenciaba la radicalización de algunos sectores de la izquierda21. Ello impulsa a la dirigencia opositora a experimentar nuevas vías de transición a la democracia. Desde la óptica de grupos de oposición, los límites de la demanda social son argumento a favor de una salida institucional, que implica el aval de al menos parte importante de la derecha (Portales, 2000: 23-24)22. Ese diseño se ve favorecido por el carácter cupular que adquiere la conducción de dicho proceso (Portales, 2000: 31), concluyendo finalmente en un acuerdo de reforma constitucional en el cual la Concertación de Partidos por la Democracia renunciaría a su futura mayoría parlamentaria (Portales, 2000: 33). Dicha disposición legal determina hasta hoy la distribución del Congreso y las posibilidades de reformas sustantivas23. Pero la estrategia negociadora no solo se ve movida por el análisis que hizo la intelectualidad transicional acerca del orden social generado por la dictadura, sino también por la interpretación que esta hizo del quiebre democrático. De acuerdo a ello, los artífices de la transición explican el golpe de estado de 1973 como efecto de la polarización y la confrontación político-ideológica (Moyano, 2012: 30). En efecto, Edgardo Boeninger —uno de los artífices del retorno a la democracia Surge en 1983 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, aparato de lucha armada iniciado por el Partido Comunista en el marco de la política insurreccional o de rebelión popular de masas. 22 A estos elementos concesivos, dice el autor, se suma la presencia de una elite opositora, cuya formación económica en escuelas norteamericanas de marcada hegemonía liberal propiciaron un relativo consenso en las doctrinas económicas, primero entre sectores oficialistas y democratacristianos para extenderse luego a socialistas (Portales, 2000: 30-31). 23 La coexistencia de un sistema electoral binominal y de quórum calificados obliga a contar con la aprobación de la derecha para lograr una reforma. El sistema binominal ha generado durante toda la transición un empate entre las dos coaliciones dominantes, cuando la modificación de áreas fundamentales del desarrollo implican quórum calificado (4/7). Asimismo, el mayor efecto en la práctica política es que ese sistema electoral obliga a un régimen multipartidista a comportarse en la práctica como uno bipartidista, donde son dos grandes coaliciones las que se disputan el apoyo del centro político, moderando sus proyectos. 21

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y del gobierno de Patricio Aylwin— estimaba necesario crear una percepción o seguridad de que al régimen militar le sucedería una democracia estable y ordenada, que no reprodujera la polarización de periodos anteriores, incluido el respeto a la propiedad privada (Portales, 2000: 25). Otro elemento central del debate postmanifestaciones de 1986 es el relativo al concepto de democracia. Desde la intelectualidad de la élite transicional se gesta una conceptualización des-esencializada de la democracia, cuya implicancia es que ahora esta se comprende como «organización formal de los conflictos» y como «empresa política encargada de seleccionar alternativas capaces de producir gobierno» (Moyano, 2012: 30). En síntesis, para Moyano (2012), la consecuencia de la reflexión de la elite opositora24 implica una transición organizada enfatizando el carácter estructural y elitista de la democracia. El temor a la pérdida de armonía social y la emergencia o persistencia del conflicto moldea parte de la experiencia de la futura clase política concertacionista, líder de la transición democrática (Moyano, 2012: 31). La aceptación del marco institucional se transforma tempranamente en un eje central de la negociación. Edgardo Boeninger aseguraba que entre las condiciones básicas que debían cumplirse para que las Fuerzas Armadas aceptasen la entrega del poder se encontraban la admisión de hecho de la Constitución de 1980 (sin perjuicio de introducirle reformas) y el aislamiento político (no formal) del Partido Comunista (Portales, 2000: 25). El progresivo avance de esta particular negociación con la dictadura ha sido descrito por Salazar (2002) como una nueva derrota de las vanguardias juveniles. En efecto, para Salazar (2002), junto con el fracaso de 1973, la «frustración combativa» de 198625 y el «desencanto democrático» de 1992-1994, estos son los elementos que contribuyen al refugio de los movimientos sociales sobre sí mismos y el vuelco hacia sus redes asociativas locales durante los ’80 y ’90 (Salazar, 2002: 235). Esta estrategia de repliegue tiene a las jornadas de protesta como excepción, pero luego se expresa y consolida durante los ’90 hasta constituir un nuevo ciclo de silencio juvenil, popularizado por la expresión «no estoy ni ahí» (Salazar, 2002: 235). Cuyos pilares interpretativos serían los aquí mencionados: una supuesta atomización social propiciada por la dictadura, la polarización como elemento explicativo del quiebre democrático y la des-esencialización de la democracia. 25 Cuyo hito más claro, según el autor, es el fracaso del atentado contra Pinochet. 24

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Al respecto, Portales (2000) ha planteado que el liderazgo de la Concertación hace lo posible por desmovilizar a su base social. Así mismo, esta coalición tampoco habría hecho los esfuerzos por recomponer las organizaciones sociales destruidas o minimizadas por la dictadura como fueron los sindicatos, las juntas de vecinos, los colegios profesionales, las federaciones de estudiantes, el movimiento cooperativo, entre otras (Portales, 2000: 46-47). En síntesis, la desarticulación del tejido social y la mantención del orden político se plantean como una condición necesaria para dar paso a la democracia, pero a la vez generaron las condiciones para la conducción de un modelo particular de transición que contendría numerosos enclaves autoritarios. Inclusive, se ha señalado que el propósito fundamental de la actual institucionalidad diseñada por la dictadura, y posteriormente aceptada por la elite transicional, era precisamente mantener incólume la obra del régimen. Quizá la evidencia más contundente respecto de tal objetivo se halla en las declaraciones del propio Jaime Guzmán, quien señala que el objeto del andamiaje institucional era asegurar que … si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario» (cit. en Correa, 2001: 325).

El resultado de los enclaves autoritarios presentes en la Constitución de 1980 ha significado, desde el punto de vista de Ruiz-Tagle/ Cristi (2006), la permanencia de un orden constitucional autoritario, antidemocrático, neopresidencialista, neoliberal y, en consecuencia, profundamente antirrepublicano (Ruiz-Tagle/Cristi, 2006: 130-137). Estas características van a determinar un estrecho margen de lo posible para el nuevo ciclo político que se inaugura en 1990. A su vez, ha planteado serios desafíos para los movimientos sociales y los partidos políticos que habían contribuido a la caída del régimen. Esto porque en el plano de los derechos esta Constitución enfatiza una concepción subjetiva, privilegiando el derecho de propiedad y el aspecto libertario26, particularmente de aquellos derechos que se definen como Concepción de «libertad negativa» (libertad como no intervención) en contraposición a la libertad republicana entendida como «no dominación» (noción que involucra la intervención como forma de asegurar el ejercicio de las libertades).

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económico-sociales (Ruiz-Tagle/Cristi, 2006: 131). Es precisamente el cuestionamiento a ese orden el que se ha venido manifestando con gran fuerza en las décadas recientes, de mano de múltiples expresiones ciudadanas que vuelven a plantear la necesidad de restablecer los derechos sociales y asumir un rol más activo del Estado en cuanto garante de tales prerrogativas. En síntesis, pese al enorme potencial de los movimientos sociales, que en la década de 1980 posibilitan la caída de la dictadura, la transición a la democracia ha sido ilustrativa del poder de recomposición de las élites en la dirección de tal proceso. Al mismo tiempo, el fuerte repliegue comunitario del movimiento juvenil altera las lógicas tradicionales de funcionamiento de las agrupaciones sociales y del sistema de representación. Por último, las propias transformaciones institucionales generadas por la dictadura y aceptadas de facto por el proceso de transición van a limitar los procesos de democratización, cuestión que hasta el día de hoy no logra ser resuelta de manera satisfactoria o aceptable para sectores importantes de la población.

4. La transición y los límites de la democratización La transición chilena a la democracia contiene determinadas características que van a configurar un particular tipo de democratización, el que finalmente ha determinado, en gran medida, el desenvolvimiento de los actores sociales y su poder en el nuevo contexto sociopolítico. La conducción del proceso transicional aquí descrito —sin ruptura institucional y eminentemente negociadora con el régimen— tiene como resultado la configuración de una «democracia tutelada» (Portales, 2000) o incompleta y limitada por sus enclaves autoritarios (Garretón, 1995). Al respecto, Garretón (1995) destaca que las transiciones democráticas desde regímenes militares o autoritarios han sido, por lo general, sin ruptura institucional27. Ello ha conllevado a transiciones De acuerdo al autor, en América Latina hubo al menos tres tipos de «democratización política» (entendido tal concepto como el paso de una situación de predominio de instituciones no democráticas a una de predominio de régimen democrático). Primero existen la de tipo«fundacional»y tiene como caso paradigmático a Nicaragua y algunos países centroamericanos que pasaron de dictaduras oligárquicas o guerras civiles a procesos de pacificación y finalmente a refundaciones de la sociedad y de su sistema político. El segundo tipo corresponde a las «transiciones» e implican el paso de regímenes militares formales a regímenes o situaciones democráticas. Este tipo de democratización política es la que se da en los países del Cono Sur que transitaron desde las dictaduras militares a situaciones democráticas (se

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incompletas en donde la presencia del régimen autoritario persiste a través de enclaves autoritarios de tipo institucional, ético simbólicos y la permanencia de actores no democráticos (Garretón, 1995: 28). Tal es el caso de la transición chilena a la democracia, encabezada bajo el signo particular de un cambio de régimen de gobierno que asume, sin embargo, la herencia político-institucional de la dictadura. La aceptación de tal sistema —como se ha revisado en el apartado anterior— obedece a una acción deliberada tendiente a garantizar la estabilidad mediante la anulación del conflicto y el aislamiento de los sectores con mayores expectativas democratizadoras. De hecho, Edgardo Boeninger (2004) sostiene que las instituciones de la «democracia protegida» junto a la Ley de Amnistía dictada por Pinochet en 1978 resultaron ser una ayuda de facto para la conducción no conflictiva del país, pues «en la práctica hacía imposible intentar reformas más confrontacionales» (Boeninger, 2004: 34). Más aún, el también ministro secretario general de la Presidencia del primer gobierno posdictadura en Chile (1990-1994), destaca que … se planteó desde el Gobierno la voluntad de reconstruir los consensos básicos en la sociedad chilena, retornando a la tradición histórica de la negociación y los acuerdos con una práctica política pragmática y desideologizada. Un aporte decisivo fue el respeto incondicional a las reglas del juego político, el compromiso y la decisión de actuar sin ambigüedades ni dudas dentro de la institucionalidad vigente, aunque varias de sus normas no eran del agrado del gobierno que no ocultaba su intención de procurar su modificación (Boeninger, 2004: 35).

La mantención de esa institucionalidad ha sido durante la transición uno de los principales límites para modificar el equilibrio existente. Incluso puede sostenerse que ello ha sido advertido como el principal obstáculo para la construcción de una democracia plena. De hecho, Ruiz-Tagle/Cristi (2006) han señalado que las disposiciones antirrepublicanas contenidas en la Constitución de 1980 han generado una caracterizan también por tener hitos concretos que permiten identificar el paso de un sistema a otro, como es el plebiscito de 1980 en Chile). Finalmente encontramos a las «reformas», las cuales no son calificadas por el autor como transiciones en sentido estricto, sino más bien como procesos que mediante fuerte presión desde abajo provocan la extensión de instituciones democráticas y la eliminación de barreras autoritarias (ellas se llevan a cabo desde el titular del poder sin implicar su traspaso). 51

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transición paradojal donde el titular de la soberanía sigue siendo la Junta Militar, aun cuando nominalmente se reconozca al pueblo como el sujeto depositario del poder constituyente (Ruiz-Tagle/Cristi, 2006: 130; 131). Los enclaves autoritarios presentes en la institucionalidad de 1980 han llevado a que la vida democrática transcurra por el cauce de disposiciones político-institucionales de carácter autoritarias y antidemocráticas, a la vez que en lo económico se mantiene la orientación neoliberal, heredada del régimen de Pinochet. La modificación de las leyes orgánicas constitucionales que consagran estos elementos requiere de quórum parlamentarios inalcanzables en el marco del sistema electoral binominal, ocasionando que toda reforma resulte en algo muy similar a lo previamente dispuesto en la Constitución. Tanto así que Ruiz-Tagle/Cristi (2006) han caracterizado el actual marco institucional como «gatopardo», enfatizando que, de hecho, esta es la Carta Fundamental que más reformas ha sufrido en toda la historia de Chile y es, a la vez, la que menos cambia en su espíritu original (Ruiz-Tagle/Cristi, 2006: 197-204). Ello ha repercutido en que las expectativas por mayor democratización no siempre encuentren respuesta en el plano institucional, o que cuando lo hacen sea de manera muy moderada. En parte, eso puede ayudar a entender el malestar de la sociedad chilena tan ampliamente descrito en la literatura (Pnud 1998, 2004). Al respecto, por lo menos parte de dicho malestar pareciera estar expresándose en la explosiva y larga manifestación de descontento que se ha venido registrando en las calles durante los últimos años. Una de las manifestaciones colectivas más significativas ocurre el año 2006 cuando lo que se denomina popularmente como «revolución de los pingüinos» o «rebelión de los pingüinos» articula un sólido movimiento de estudiantes secundarios28. En su petitorio se incorporaron inicialmente necesidades urgentes y más estrictamente relacionadas con la condición estudiantil (infraestructura, tarjeta de transporte escolar, becas de alimentación y Psu, contenidos curriculares, entre otras) para luego formular demandas que apuntaban a las características estructurales del sistema escolar (fin a la Ley Orgánica de Enseñanza, fin al lucro con fondos públicos, sistema público de educación administrado por el Ministerio de Educación y no por los municipios, eliminación de 28

«Pingüinos» es la denominación popular que reciben en Chile los estudiantes de secundaria. Ello por el color blanco y negro del uniforme escolar. 52

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

la selección de estudiantes por los liceos, calidad y equidad educativa, entre otras) (Redondo, 2009: 25-26). Dicho movimiento concita un gran apoyo ciudadano y se desarrolla incluyendo a establecimientos educacionales públicos y privados. Asimismo, moviliza el apoyo de estudiantes universitarios, profesores, apoderados, asistentes de educación, entre otros actores de la sociedad civil (Redondo, 2009: 25-26). Cabe mencionar que aspectos como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) son parte de la herencia institucional de la dictadura. De hecho, dicha ley fue decretada en el último día de la dictadura militar. Al respecto, el punto más cuestionado por los estudiantes radica en que esta ley consagraba la libertad de enseñanza (comprendida como la libertad de un privado para abrir y administrar colegios) por sobre las garantías del derecho a la educación. La Loce, derogada parcialmente en 2009 por la Ley General de Educación (Lge) ha sido identificada como un antecedente central para la comprensión de las movilizaciones estudiantiles desarrolladas a partir del 2011, cuyo foco es la defensa y promoción de la educación superior pública y de calidad. Como se revisará en este estudio, muchos de los dirigentes universitarios de 2011 viven las movilizaciones de 2006 desde sus liceos, ya sea como dirigentes o como estudiantes que participaron de las instancias de debate y asambleas estudiantiles, siendo un hito clave de su formación como líderes. En definitiva, los aspectos pendientes de la democratización comienzan a reaparecer con mayor fuerza cada vez en la sociedad chilena. Parte de lo que se verá en el presente estudio se relaciona con la visión que los dirigentes estudiantiles tienen respecto de este proceso, entendido como una labor de refundación del orden social. Desde su perspectiva, las tareas pendientes de la democracia tienen que ver fundamentalmente con posibilitar una mayor participación en la toma de decisiones en el sistema político. Esta acción es la que, en gran parte, posibilitaría un real ejercicio de la democracia y la recuperación de los derechos sociales que la ciudadanía reclama. A su vez, la democracia es entendida en un sentido amplio, no restringiéndose a sus aspectos políticos formales sino también considerando elementos como la democratización social y el acceso a determinados derechos, bienes y servicios.

Capítulo III Imaginarios sobre el (sub)sistema político

En la historia de los movimientos sociales en Chile, las movilizaciones encabezadas en los últimos años por los/as estudiantes de esta sociedad han constituido un hecho no esperado, principalmente por los logros macroeconómicos y, en parte, políticos y sociales alcanzados en las dos décadas más recientes. En este capítulo se presentan y discuten los imaginarios del poder de los/as dirigentes juveniles estudiantiles, es decir, sus representaciones y predisposiciones respecto del sistema político, el poder y la democracia en orden a situar y comprender sus demandas educacionales en el marco de un malestar social más general.

1. «De espaldas a la ciudadanía»: bases institucionales de un sistema político autorreferente Pese a haber transcurrido más de dos décadas de iniciado el proceso de democratización de la sociedad chilena, el sistema político no es percibido crecientemente como integrador de la población en sus procesos de toma de decisión. Por el contrario, la gran mayoría de las personas considera que dicho sistema funciona al margen de sus demandas y necesidades (Pnud 2004). Consistentemente con dichas percepciones generales, los/as dirigentes entrevistados/as consideran al (sub)sistema político como (sub) sistema autorreferente, en la medida en que funciona según sus propios 55

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requerimientos y con independencia de sus fundamentos sociales. Dicha característica, observada en los procesos de modernización, es asociada por estos/as jóvenes a la búsqueda de la preservación del orden construido durante el período de la dictadura militar en Chile (1973-1989). Yo creo que el sistema político, entendiendo como sistema político los partidos políticos, la institucionalidad de Estado... eh... está de espaldas a la ciudadanía en el sentido que no incorpora los planteamientos, las demandas sociales de las mayorías, porque creo que todavía representa el pacto social que emergió después de la dictadura ¿ya? O sea, de la Concertación y la derecha, que es básicamente a partir de los principios que estableció Jaime Guzmán en la Constitución del 80... esos son los cimientos de la institucionalidad, del sistema político que todavía existe en Chile (Entrevistado 8).

Al respecto, la vigencia de la institucionalidad política elaborada en aquel período (el sistema electoral, la ley de partidos, la Constitución, entre otros) sería uno de los elementos que favorecerían el carácter autorreferente del sistema político en esta sociedad: Creo que uno de los problemas insoslayables son los principios excluyentes y antipopulares que están dentro de la institucionalidad política chilena, expresado en el sistema binominal, expresado en la ley de partidos, expresado en los quórum contramayoritarios que hay en el Parlamento, en la naturaleza del Tribunal Constitucional…. (Entrevistado 8).

Las instituciones sociales no solo están configuradas a partir de las leyes, sino que también a partir de tradiciones, creencias, ideas y prácticas (Berger/Luckmann 1968/2005). En este sentido, la autorreferencia del (sub)sistema político y la naturalización de su funcionamiento estarían también siendo reforzadas por una cultura política a nivel societal que acompañaría la legislación vigente. Acorde con la literatura especializada (Pnud 2004, 2006; Injuv 2010, 2012), parte de la población joven y adulta del país finalmente se habría automarginado de tratar de incidir en el sistema político, puesto que consideraría que no sería posible determinar su funcionamiento y con ello, sobre las condiciones de su propia vida29: A comienzos del nuevo siglo XXI la movilidad social era considerada una incipiente característica de la estructura social de esta sociedad, producto de las nuevas posi-

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Yo encuentro que el sistema político está funcionando mal. Todo. O sea, está funcionando mal... más que nada, porque yo creo que está mal constituido el sistema político. El sistema político ya no tiene representatividad de la sociedad... o quizá a las clases media baja... es lo que estoy viendo yo. Quizá a las clases más acomodadas de este país no les interesa tanto, porque ellos viven su propia sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bastante ya mal mirado; manoseado por las mismas personas desde hace 180 años atrás... Entonces, más que nada por eso yo creo que el sistema político no funciona, es malo y no tiene representatividad (…) Porque se ve reflejado en que los pobres no quieren participar de, por ejemplo, las elecciones... No se quieren inscribir, porque realmente ellos ven que el sistema electoral y la política chilena no vale... no vale para los jóvenes que están creciendo, que son de la sociedad del conocimiento y que a medida que va pasando ese rechazo va a ir creciendo si no se mejora hoy. (Entrevistado 6)

En conclusión, en el imaginario de estos/as dirigentes estudiantiles el sistema político en Chile se caracterizaría por su absoluta autoclausura frente a las demandas y necesidades de la población. Sin embargo, dicha autorreferencia no sería únicamente el resultado de un marco legal establecido durante la dictadura militar y conservado hasta el día de hoy, sino también de prácticas cotidianas institucionalizadas en el sistema social. En el marco de dicha institucionalidad, el (sub)sistema político habría logrado establecer claros límites respecto de la ciudadanía y, con ello, distanciarse cada vez más de sus fundamentos sociales. De esta manera, pese a las diversas situaciones de desigualdad social, la persistencia de un sistema político autoclausurado y el desincentivo de la ciudadanía para participar en las decisiones públicas, habría logrado finalmente mantener y reproducir el orden social vigente.

bilidades de empleo e ingresos emergidas durante la década de los ‘90s y pese a una persistente desigualdad en los ingresos (Torche/Wormald 2004; Torche 2005). Sin embargo, estudios realizados con posterioridad vienen destacando la fragilidad de dicho proceso de «mesocratización» en esta sociedad, en especial debido al énfasis puesto en el mercado laboral como vía principal de la movilidad social (Núñez/ Tartakowski 2009; Núñez/Miranda 2010; Espinoza/Barozet/Méndez 2011; MacClure 2012; Solimano 2007, 2012). 57

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2.Autorreferencia y (neo)elitización de la política: pocos jugadores y muchos espectadores El establecimiento de límites y distancias del (sub)sistema político respecto de la ciudadanía es asociado en el imaginario de los dirigentes estudiantiles con el desarrollo de una renovada elitización del sistema político del país (Pnud 2004). En parte, dicho proceso estaría ocurriendo debido a la autorreproducción de una elite política —muchas veces también económica— que, mediante el establecimiento de vínculos familiares, ha logrado mantenerse en el poder a lo largo de la historia30: … el sistema es centralizado, poco democrático y excluye a las minorías porque, de partida, hace que las cúpulas de poder de este país, las cúpulas familiares, se sigan manteniendo en el poder por lo que duren, poh. La familia Frei viene de hace como 50 años, los Alessandri siguen en el poder… Bulnes, imagínate, este ministro de educación es tataranieto del presidente Bulnes, poh. O sea, las familias siguen siendo las mismas y las cúpulas no van a cambiar con el actual sistema (Entrevistado 10).

Sobre los procesos de conformación y transformación de la elite en la sociedad chilena desde el punto de vista de las alianzas matrimoniales, véase Aguilar 2011.

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En este imaginario político, la capacidad de autorreproducción por parte de la elite política y económica sería una característica altamente problemática, puesto que repercutiría finalmente sobre la configuración del Estado, las políticas públicas y la distribución de los recursos generados socialmente. Las decisiones relativas a las políticas públicas en Chile estarían fuertemente determinadas por los intereses de los grupos económicos existentes en el país31. Su poder de influencia en la redistribución de los recursos y la baja presencia de otros en la deliberación pública afectarían gravemente la satisfacción de las diversas demandas de la ciudadanía y, con ello, su bienestar: Si tenemos un 1% o un 5% que maneja todo el país... no sé, por citar a alguien, a los Angelini, los Heller, que tienen influencia en todos los ámbitos de poder: la economía, los medios de comunicación y la política... ¿Cómo tú le vas a quitar la hegemonía a estos sectores a los que no les interesa el Estado, o cuando les interesa ser parte del Estado lo hacen subsidiando? (Entrevistado 9).

Sin embargo, en la concepción política de estos/as jóvenes, la concentración del poder en la sociedad chilena contemporánea no sería únicamente el resultado de la autorreproducción histórica de la elite política chilena, sino también de un proceso de «neoelitización». Dicho fenómeno habría tenido origen en el establecimiento de vínculos entre el poder político y económico, y viceversa, en el marco de los acuerdos políticos que han regido el país en el período posdictadura militar32. Específicamente, la «política de los consensos»(Garretón 2001) sobre la cual se llevó a cabo la transición política del régimen dictatorial a uno democrático-representativo en Chile habría favorecido las alianzas políticas y económicas y con ello, una creciente concentración del poder político y económico entre la alianza gobernante («la Concertación») y Análisis recientes que dan cuenta respecto a las dinámicas de reproducción de la concentración económica en Chile y sus posibilidades de incidir en el debate público y las decisiones políticas han sido realizados por Mönckeberg 2001, 2009, 2009b y Solimano 2007, 2012. Un último estudio realizado al respecto por Urquieta y Carmona (2013) http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/04/el-poderpolitico-y-economico-detras-de-las-afp/. 32 Con anterioridad a dicho período cabe tener presente los diversos procesos de privatización llevados a cabo durante el período de la dictadura cívico-militar, los cuales contribuyeron no sólo a la reproducción de la concentración de la riqueza en Chile, sino que también a una cierta renovación de la elite económica fuertemente ligada al gobierno cívico-militar. Véase al respecto Mönckeberg 2001 y 2009. 31

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la alianza opositora («la Alianza por Chile»). Una manifestación clara de dicho vínculo sería precisamente la incapacidad de la elite política en su totalidad para dar respuesta a las demandas de los sectores actualmente movilizados, tendiendo más bien aquella a mantener una posición de defensa del orden social existente. En consecuencia, este grupo minoritario no generaría ningún espacio para el planteamiento de formas de gobernar y órdenes sociales alternativos: … el duopolio que existe entre Concertación y derecha tampoco permite que surja una alternativa distinta a la ya existente, una alternativa independiente que haga política de cierta forma, pero que además tenga ideas, ideas distintas (…) quienes toman las decisiones siguen siendo unos pocos que además están muy coludidos con la clase empresarial que tiene todo el sistema… todo el poder tanto político, comunicacional y empresarial también. Ésa es la crítica en realidad, hoy en día no hay mucho sentir real de democracia, porque las mayorías no son las que están gobernando. No se está sintiendo el poder de las mayorías (Entrevistada 9).

Esta tesis encuentra sustento en las investigaciones realizadas por Mönckeberg (2001, 2009, 2009b). Al respecto, la autora ha planteado que el proceso privatizador seguido por el régimen militar, además de una operación económica, fue una estrategia política destinada a mantener el poder de ciertos grupos más allá de lo que durara la dictadura (Mönckeberg, 2001: 13-14). En efecto, muestra como la mayoría de quienes fueron decisivos en la privatización de empresas del Estado ostentan hoy posiciones de poder que desarrollaron y consolidaron gracias a dicho proceso (ibid.: 23). Esta intervención, además de fortalecer grupos empresariales en sectores estratégicos y de gran rentabilidad, estableció nuevos poderes fácticos como el de los conglomerados comunicacionales, que ejercen hoy gran poder e influencia política (ibid.: 161). Este proceso de «neoelitización» de la política en Chile implicaría, siguiendo a Davis (1999), un distanciamiento institucional creciente de una gran mayoría de la población respecto de la toma de decisiones que finalmente dan acceso a determinados recursos o derechos. Esta situación sería, desde el punto de vista de los dirigentes entrevistados en este estudio, especialmente contradictoria en el marco de un sistema político que se define como democrático, es decir, donde el control de su funcionamiento debería radicar precisamente en la voluntad 60

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ciudadana. Por el contrario, la política emerge como una «cancha de fútbol», donde gran parte de la población simplemente debe sentarse y observar cómo resuelve una minoría política que no da cabida a la participación ciudadana: Hoy en día hay una cancha, el típico ejemplo de la cancha de fútbol. Hay una cancha donde se está jugando un partido, pero en definitiva todo Chile está siendo expectante y no logran entrar a jugar. (…) Más allá de quién esté sentado en la mesa o no, finalmente terminan siendo diez personas las que van a tomar la decisión por todos los chilenos, por los cientos de miles que han estado en las calles (Entrevistada 9).

Este proceso de (neo)elitización del (sub)sistema político ha implicado no solo un distanciamiento de la población respecto de las instituciones formales del Estado chileno (hecho que efectivamente ocurre con la progresiva focalización de las políticas sociales), sino también un distanciamiento cultural de la elite política del país. Esto sucede porque la preservación de la estabilidad económica y política promovida por las elites dirigentes en el marco del proceso de democratización de esta sociedad ha implicado la subordinación de las demandas por mejores condiciones de vida por parte de la ciudadanía. Sin embargo, dicho objetivo alcanzaría cada vez un menor grado de legitimidad social, porque ha sido finalmente la población quien ha debido asumir cotidiana y privadamente gran parte de los riesgos asociados al respecto33: Una de las esferas en donde se ha hecho más evidente el creciente traspaso de los riesgos del proceso de modernización reciente de esta sociedad hacia los individuos ha sido la esfera del trabajo remunerado. Por un lado, mientras la población debe realizar una gradual inversión en su educación, es decir, en la formación del capital humano, el mercado del trabajo ofrece cada vez menores posibilidades de encontrar un empleo que le asegure una estabilidad laboral, acceso a la seguridad social y un salario digno. Aquellas condiciones laborales fueron las que, en el marco de la sociedad moderna, se intentaron promover y asegurar a través de la institución social del «trabajo asalariado» (véase al respecto Robert Castel 1995 y Kalleberg 2012). En estas últimas décadas se viene registrando en Chile un proceso paulatino de «precarización del trabajo», es decir, una progresiva pérdida de la seguridad contractual y social del trabajo (Oit 1998; Wormald/Ruiz-Tagle 1998; Todaro/ Mauro/Yáñez 2000; Reinecke/Valenzuela 2000; Cárdenas/Link/Stillerman 2012; ILO 2012). Por otro lado, se observa en Chile un fenómeno continuo de «subjetivación del trabajo» (véase al respecto Moldaschl/Voß 2002, Lohr/Nickel 2009; Moldaschl 2010), donde los individuos deben y quieren asumir un conjunto de riesgos laborales que anteriormente asumían las empresas (tales como la seguridad social, la capacitación y la organización temporal y espacial del trabajo), lo que

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O sea, creo que en los 90’s el duopolio Concertación-Derecha gozó de cierta lealtad de masas. La gente básicamente les concedía... sobre todo a la Concertación... representar sus aspiraciones, sus anhelos. Pero esas condiciones de legitimidad en la sociedad se han ido desgastando. Entonces, no es una crisis de la institucionalidad dentro de sí misma, sino que progresivamente se distancia de los anhelos de la sociedad (Entrevistado 8).

Este malestar respecto del (sub)sistema político y el rol que han cumplido en este las elites políticas y económicas en la distribución de los recursos en el país apuntan hacia una situación observada también en diversos países que han recuperado o establecido regímenes políticos democráticos de tipo representativos en las últimas décadas: el crecimiento de la pobreza y de la inequidad económica. Como indica Ippolito (2004) dichos procesos cuestionan la tesis redistributiva de la democracia, la que ha planteado que la incorporación de la regla de la mayoría y del sufragio universal llevaría a todas estas sociedades hacia una mayor igualdad social (2004: 169). daría cuenta de una internalización de la lógica de mercado por parte de la fuerza de trabajo (véase al respecto Cárdenas 2005, 2010, 2012; Godoy, Stecher, Díaz 2007; Sisto 2009; Soto 2011). 62

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Al respecto, el caso de Chile viene mostrando que la construcción de un régimen democrático representativo no ha permitido resolver automáticamente la brecha en la distribución de la riqueza34. Por el contrario, el proceso de «oligarquización de la elite nacional» (Pnud 2004: 25) ocurrido en el marco del proceso de democratización de esta sociedad pareciera haberse constituido en una de las principales limitaciones para la introducción de cambios profundos al orden social existente con miras a una disminución de dicha brecha, situación que de por sí ha sido históricamente un problema en el país (Barrera 1998; Solimano 2012). En consecuencia, un proceso de transición democrático no solo requeriría: a) reinstaurar y proteger los derechos humanos fundamentales, b) restablecer la separación e independencia de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), c) reformar los marcos regulatorios surgidos durante el período dictatorial, d) introducir el principio de electividad de los principales cargos de responsabilidad política; sino que sería también esencial e) contar con una elite política con voluntad para cuestionar y reformular los fundamentos institucionales de un orden social construido o reorientado durante el período de la dictadura. En el caso chileno, esta pareciera ser una condición especialmente difícil de cumplir, dado que la democratización supuso la protección de la institucionalidad vigente por parte de los gobiernos posdictadura35. Así y pese a que dicho desarrollo pudo haberse constituido en un momento histórico para debatir y redefinir los fundamentos institucionales, este se ha desplegado finalmente como un momento de reproducción tanto de los marcos regulatorios como de las prácticas sociales que permitieron la formación y el desarrollo de un orden social neoliberal. En este sentido, el proceso de (neo)elitización de la política en Chile pareciera haber contribuido a la construcción de una estructura que pretende liberalizar la circulación y el uso del capital, los bienes, los servicios y las personas según los requerimientos del

A finales de la década de los ‘90s, Barrera destacaba la persistente concentración de la riqueza en Chile después de haber transcurrido los primeros años de los gobiernos posdictadura (Barrera 1998). Más de una década después Solimano da cuenta de este mismo diagnóstico (Solimano 2012). 35 De hecho, Tomás Moulian (1994) enfatiza la «política inmovilista» (Moulian 1994: 4) adoptada en el período de traspaso de mando hacia el primer gobierno posdictadura, en donde se evitó todo tipo de movilización para lograr simultáneamente la elaboración de una nueva constitución política, priorizándose una «negociación constitucional limitada» (ibid.). 34

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sistema productivo, pero al mismo tiempo continúa limitando material y normativamente el despliegue de la subjetividad36.

En conclusión, la autoclausura del (sub)sistema político se evidenciaría a través de un proceso de (neo)elitización de la política, el cual habría ocurrido en el marco del proceso de democratización de esta sociedad. Su contracara sería la subordinación de las demandas ciudadanas en pro de la estabilidad macroeconómica y política ocurridas paralelamente. Las relaciones de dominación resultantes parecieran haber encontrado actualmente sus propios límites en relación con sus posibilidades de individualización de los riesgos sociales. Tal sería el caso de la experiencia del endeudamiento. Pese a que en un primer momento la expansión de las posibilidades de crédito logró financiar las necesidades básicas y emergentes de consumo en un contexto de escaso aumento de los salarios, el creciente endeudamiento por parte de

Una esfera donde claramente se viene observando esta situación es el caso de la esfera del trabajo. Al respecto, véase Pnud 1998, 2002; Cárdenas 2010, 2012, 2013.

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la población37 y sus cada vez menores posibilidades de financiamiento parecieran evidenciar los límites de dicha estrategia de integración individual. Redefinir y establecer nuevas fronteras en este sentido pareciera volverse una necesidad individual y colectiva en la sociedad chilena contemporánea.

3. Autorreferencia política y democracia Las representaciones de los/as dirigentes/as estudiantiles respecto de la autorreferencia del sistema político y con ello su creciente (neo)elitización están fuertemente ligadas a una profunda crítica a tres principios constitutivos de un sistema político de tipo democrático: la participación, la representatividad y la fiscalización. Desde el punto de vista de estos/as jóvenes, el funcionamiento actual del (sub)sistema político en Chile ya no estaría siendo estructurado sobre dichos principios. En las próximas páginas se presentan y analizan los imaginarios colectivos en torno a cada uno de dichos principios. 3.1 Autorreferencia y participación El (sub)sistema político chileno se entiende actualmente como un régimen democrático representativo. Esto significa que las decisiones políticas residen en la ciudadanía, pero son ejercidas por los representantes electos por aquella. Dichos representantes deben actuar, en principio, orientados según el interés de sus representados (Manin/Przeworski/ Stokes 1999). Para que dicho vínculo de representación se conforme, se requiere entonces previamente de la participación ciudadana en los procesos eleccionarios, específicamente en la elección de los representantes de esta en el sistema político. Sin embargo, en el imaginario colectivo de los jóvenes dirigentes estudiantiles, la participación ciudadana no debería estar limitada únicamente a dicha instancia de participación, pues facilitaría la delegación total del poder, contribuyendo con ello finalmente a la autoclausura del (sub)sistema político. Por el contrario, la participación política, específicamente ciudadana en el (sub)sistema Según un estudio del Banco Central de Chile, entre los años 2000 y 2009, la deuda de los hogares creció a una tasa promedio de 12,8% real anual, lo que ha significado un aumento de la relación deuda a ingreso de 35,4 a 59,9% en dicho período. Los principales proveedores de crédito a los hogares chilenos son los bancos, los que financiaban 72% del stock de deuda total de los hogares en el año 2008. Asimismo, Chile se caracteriza por tener una participación relativamente alta de las casas comerciales como oferentes de crédito de consumo (16% en 2008). http://www. bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ief/2010/ief2010_1endeudamiento.pdf

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político, es entendida en dos sentidos por estos/as jóvenes: por un lado, como la posibilidad de formar parte del debate público a partir de la formulación de demandas y temas de discusión; por otro lado, como la opción de poder ser parte constante del proceso de toma de decisión. Es precisamente desde dicho concepto de participación ciudadana que el funcionamiento actual del sistema político es percibido por estos/ as jóvenes como autorreferente, pues actualmente no lograría generar espacios mínimos de participación ciudadana regular. A continuación se revisan algunas dimensiones básicas en torno al problema. 3.1.1 Participación e institucionalidad política: «Todo se ha ido limitando al voto» En el imaginario político de los entrevistados, la percepción de un (sub)sistema político que limita las posibilidades de participación es construida desde un sentimiento de pérdida que se enmarca dentro de la historia política y social reciente de este país. Al respecto, el período predictadura militar constituye, desde las representaciones estudiantiles, un momento histórico donde se intentó generar mayores espacios para la participación ciudadana dentro de la historia nacional. Sin embargo, a partir de la dictadura militar dicho proceso se habría detenido, produciéndose una separación entre el sistema político y sus fundamentos sociales, específicamente entre un sistema político que se debe constituir a partir de la participación ciudadana y que, en la práctica, puede funcionar legalmente al margen de esta: Ya, a ver…siento que hay una falta de las mayorías considerables. Creo que desde el año 73 en adelante hubo una especie de quiebre entre lo político y lo social. (…) Entonces, en ese sentido, antes de eso, en los años 60, y después en el gobierno de Allende, el movimiento social mucho influía dentro de las decisiones políticas, incidía en las correlaciones de fuerza, por así decirlo, en las decisiones que se tomaban en Chile. En el ‘73 eso claramente cambia (...) No hay un sentido de las masas, de las mayorías que incidan dentro de ese espacio. Me da la impresión como que hay una bifurcación desde esa fecha en adelante entre lo social y lo político, en donde los movimientos sociales, las movilizaciones, hoy en día vemos casi 40 marchas muy grandes. Que en definitiva no logran incidir dentro de las decisiones que se toman en el espacio político por así decirlo, en la política formal. Entonces en ese sentido la falta de de66

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mocracia real que hay en Chile es precaria. La democracia en Chile es precaria, crea una falsa democracia (Entrevistada 9).

Según Lechner (1982), la política chilena logró constituirse en una actividad institucionalizada con límites relativamente nítidos (gobierno, parlamento, partidos). Sin embargo, con el desarrollo del capitalismo y sus procesos de racionalización se ponen en duda los modos habituales de entender la política y lo público (Lechner, 1982: 209-229). En este sentido, las dictaduras militares del Cono Sur habrían propiciado una resignificación de la política a partir de un discurso técnico-neutral que expresa la política en categorías económicas (Lechner, 1982: 211). Junto a la despolitización (prohibición de hacer política) se realiza una re-politización, es decir, un proceso de resignificación de esta actividad. Para el autor, más que una «despolitización de la sociedad» se trata de un proceso neoconservador de «despolitización de la política» (Lechner, 1982: 212). En este sentido, el retorno a la democracia no habría permitido «re-politizar la política». Por el contrario, en este nuevo contexto habrían persistido aquellas orientaciones institucionales propias del período dictatorial, donde se tendió a criminalizar y privatizar lo público, limitando con ello la participación política. Dicho suceso es percibido por estos/as dirigentes como contradictorio en el contexto de un (sub)sistema político que habría transitado hacia un régimen político de tipo democrático: … Desde el golpe de estado de 1973 y la llegada de la dictadura, se pierden varias intenciones de poder desarrollar una democracia mucho más participativa, mucho más directa ¿ya? y sin tanta burocracia institucional por decirlo de alguna forma (…) Con la llegada de la democracia y lo que todos pensábamos que era la vuelta de una generación mucho más participativa, nos encontramos con la gran sorpresa que no es así... y se siguen criminalizando los espacios de participación (Entrevistado 8).

El proceso reciente de democratización de esta sociedad no habría entonces implicado la recuperación de antiguos y el desarrollo de nuevos espacios de participación para la deliberación colectiva que permitiesen revisar el orden social instaurado durante el período de la dictadura cívico-militar reciente. Al respecto, una de las principales limitaciones sería la vigencia de un marco legal creado durante dicho 67

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período y el cual obviamente buscaba restringir toda posibilidad de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión. Ha sido precisamente este «murallón» institucional, como lo indican los/as propios/as dirigentes, el que ha limitado la participación política y contribuido al proceso de (neo)elitización de la política ya descrito. Se habría logrado con ello estructurar la así llamada «democracia limitada» (Barrera 1998) o «democracia bloqueada» (Moulian 1994), donde el restablecimiento de la institucionalidad política propia de una democracia contemporánea (la división de los poderes, la elección de las principales autoridades del país y el reconocimiento de las libertades humanas básicas) ha estado acompañado de la preservación de los fundamentos de un orden societal neoliberal, cuyo origen careció de todo tipo de deliberación popular y el cual no fue modificado en el marco de este proceso de democratización: … Tenemos un sistema binominal excluyente que no permite y tiene negada cualquier posibilidad de una diversidad política o acceder al poder de una forma más… no sé si equitativa… pero más integral. Entonces, yo creo que eso es lo que causa, o lo que ha causado en estos 20 años el tremendo descontento ciudadano, porque la gente posdictadura o cuando votó por el No, la gente esperaba otra cosa (Entrevistado 1).

Desde el punto de vista de estos/as dirigentes/as, la participación ciudadana en el sistema político chileno estaría entonces limitada actualmente a la emisión de un voto en los procesos eleccionarios (municipales, parlamentarios y presidenciales)38. Pese a que la crisis de los regímenes democráticos radica hoy en, parte, en esta tendencia de los sistemas políticos a acotar la participación ciudadana a los comicios, en el caso chileno dicha tendencia pareciera ser especialmente problemática en el contexto de recuperación de la democracia, ya que las expectativas, por lo menos de algunos sectores sociales, han estado puestas no solo en un traspaso del poder desde el mundo cívico-militar hacia el mundo político, sino en recuperar y profundizar los espacios de participación que existieron en el período predictadura. Al respecto, se supuso que dicho proceso sería liderado principalmente por la Ya a finales de la década de los ‘90s Barrera (1998) daba cuenta de esta situación: «El principal acto ciudadano es la emisión del voto. Entre una elección y otra los ciudadanos conforman un público de un espectáculo sobre el cual darán su juicio en el acto de votar» (Barrera 1998: 12).

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elite política. Sin embargo, y como ya se indicó anteriormente, dicha elite no ha logrado responder a dichas expectativas, debido a que no ha reestablecido ni ha generado suficientemente espacios formales de participación para la expresión de la voluntad ciudadana: Hoy día la ciudadanía está empoderada solamente en elegir representante. Hoy día la ciudadanía no puede elegir sobre los temas, poh. Que es algo sumamente… sumamente grave ¿ya? Hoy día la ciudadanía tampoco tiene la posibilidad de instalar un tema más allá de las discusiones que se puedan generar en estos espacios semi institucionales ¿ya? Pero sería distinto si, por ejemplo, en el parlamento hubiera iniciativa popular de ley y que la gente pudiese presentar proyectos de ley, que tuviesen respaldo de parlamentarios, que pudiesen realizar trabajo territorial conjunto, pero no hay participación más allá de, insisto, la limitación de un tema más allá de la votación. Entonces, yo creo que… hoy día la institucionalidad política, insisto, que tiene un ordenamiento jurídico, que posiciona una constitución, que es de la dictadura, que restringe las cuotas de participación de la ciudadanía en general, hoy día limita a las personas solamente a votar y no les da pie, que es uno de los principales problemas del sistema político actual, a decidir sobre los temas y queda en manos de una elite política decidir cosas fundamentales para lo que es nuestra propia vida (Entrevistado 12).

En consecuencia, la participación política estaría limitada hoy por un marco legal creado durante el período de la dictadura militar reciente en el país y no modificado durante el período de restauración del régimen democrático. En dicho contexto, la participación política constituiría una participación restringida o semiparticipación, pues estaría acotada institucionalmente a los procesos eleccionarios. Si desde el punto de vista de la teoría democrática este escenario da cuenta de un ejercicio restringido de los derechos políticos ciudadanos, desde el punto de vista de una sociedad neoliberal dicho escenario tampoco es satisfactorio, porque aquella supone que el consumo es ilimitado y el consumidor es finalmente un sujeto que adquiere cada vez mayores derechos frente a quien le presta un servicio o le vende un bien. En este sentido, la participación política en la sociedad chilena ciudadana, entendida como una forma de intercambio en el (sub)sistema político entre el votante y su representante, pareciera también volverse disonante. En el caso de una generación a la que, en parte, le han transmi69

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tido los valores y prácticas políticas predictadura, pero que al mismo tiempo ha sido socializada en el marco de una sociedad de consumo, los límites impuestos a su participación política pueden volverse así altamente contradictorios e insatisfactorios. 3.1.2 Participación y partidos políticos: «Los mismos de siempre» En el marco de este cuestionamiento al principio de participación política sobre la cual se ha estructurado el modelo democrático representativo, parte de las críticas contenidas en el discurso dirigencial estudiantil se concentran también en una de las principales instituciones políticas de las democracias modernas: los partidos políticos. En el imaginario político de estos/as jóvenes, los partidos son entendidos como espacios de participación ficticia o pseudoparticipación, pues en la práctica no les permitiría ser parte de la toma de decisión. En consecuencia, los partidos, más que representar los intereses y necesidades de la ciudadanía y redefinirlos en términos políticos, buscarían limitar 1) la participación ciudadana en estos (lo que podríamos llamar una «participación directa») y 2) la representación de los intereses de la ciudadanía («participación indirecta»). Así, la incorporación de los jóvenes a los partidos políticos se restringiría a reproducir las dinámicas de interacción política que han venido estableciendo la elite adulta, en donde no habría espacios de acción para poder transformar, específicamente democratizar, desde allí el sistema político chileno: … En este sistema no existen espacios para nuestra participación. O sea, lo que existe son los partidos políticos… muchos jóvenes están en los partidos políticos… las juventudes UDI, RN, Juventudes Comunistas, los socialistas… Son espacios donde el joven puede militar, pero no puede construir. (Entrevistado 10)

La participación parcial de los/as jóvenes en los partidos políticos, es decir, según los requerimientos de estos, se desarrolla, como se verá más adelante, bajo una lógica similar con la cual ha ocurrido la paulatina incorporación de las mujeres a los partidos políticos y, en general, al sistema político39: pueden integrarse, pero su intervención 39 De acuerdo a las últimas investigaciones relativas a la participación de las mujeres en puestos de poder político, se observa una relativa mayor participación de las mujeres en dichos puestos. Sin embargo, dicha participación es claramente mucho 70

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supone su subordinación a los principios y límites de acción de una institución social en la que ha predominado una cultura política patriarcal y adultocéntrica: Los espacios que están, los que se imponen, de alguna forma, son limitados. ¿Limitados en qué sentido? A ciertas condiciones. O sea, tú tienes que trabajar de esta manera. De esta manera tenís que moverte en este espacio y si te sales de ese espacio cometes una falta… un agravante (…) (Entrevistado 2).

Como se indicó anteriormente, el creciente distanciamiento de los partidos políticos respecto de la ciudadanía ha sido un fenómeno observado en diversas sociedades organizadas como democracias representativas. Sin embargo, en el caso de la sociedad contemporánea dicho fenómeno sería reforzado por la estrecha relación que ha existido entre la elite económica y política y las dirigencias de los partidos políticos a partir de clivajes históricos de tipo religiosos y de clase (ver al respecto J.S.Valenzuela 1999). Dicho vínculo contribuiría finalmente a la construcción de límites a la participación ciudadana que se plasmarían en prácticas políticas que excluyen a parte de las personas mayores de 18 años de las instancias de interacción política, pese a que formalmente les sean reconocidos la totalidad de derechos ciudadanos. En consecuencia, la composición y las prácticas partidistas se constituirían en un mecanismo que aseguraría la autorreproducción tanto de esta institución política como del (sub)sistema político y el orden social existente, estableciendo con ello claros límites a la participación de las nuevas generaciones, en especial de aquellos/as jóvenes cuyas familias no han pertenecido a estas elites. Se lograría así finalmente mantener las distancias que históricamente han situado a gran parte de la ciudadanía alejadas de las decisiones determinantes de las acciones estatales: No. No. No milito en ningún partido político. Y yo creo que el rechazo que le da a los partidos la sociedad chilena, o quizá la clase media baja como dije anteriormente, hace que uno tenga, más que un temor, tenga fobia a los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque han sido menor a la participación de los hombres en estos puestos de poder y en la estructura de poder interna de los partidos políticos (Pnud 2010; Cárdenas/Correa/Prado 2013). 71

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mandatados y van a ser mandatados por la misma gente siempre. Por más que haya jóvenes que se ilusionan con militar en una Juventud Comunista, en una Juventud Socialista, ellos jamás van a llegar a dirigir un país, jamás van a llegar a articular nada ¿Por qué? Porque son los mismos... que dirigen a ellos que los van a dirigir a sus hijos y a sus nietos... da lo mismo. Estoy más que nada por la organización social, por la organización de ciertos actores, pero desde atrás (Entrevistado 6).

La baja participación partidaria al igual que eleccionaria40 por parte de los/as jóvenes manifestaría entonces no solo una desconfianza y una pérdida de significación de los partidos políticos para esta sociedad. Como indican estos/as dirigentes/as, dicha supuesta apatía política representaría también una búsqueda de espacios alternativos desde los cuales poder constituirse en actores, esto es, en agentes de transformación y no en «peones» de una elite política que busca asegurar tanto su autorreproducción como la del modelo societal vigente: Hoy día los jóvenes se agrupan en organizaciones deportivas ¿cierto? en organizaciones sociales culturales, pero le tienen mucho resquemor a las actividades de tipo político ¿cierto? Insisto, esto responde a que solamente en otro tipo de organizaciones ellos se sienten importantes. Hoy día, los jóvenes que se meten a un partido cuando quieren hacer cambios se nota que hay que tener una política mucho más directa que les permita hacer esos cambios… o tener una participación influyente. Pero cuando entras a un partido y hay una cúpula de dirigentes políticos que están instalados irremoviblemente de sus espacios de poder, simplemente no se puede construir, poh. (…) Son como los peones, digamos, ¿ya? ... no tienen posibilidad de influir y siempre ven solamente a una clase política o a una elite política dentro de sus mismas organizaciones políticas y que están amarrados en el poder y no les permiten hacer esos cambios, por Según Contreras/Navia (2011), los datos del INE muestran que en Chile el 67,8% de los chilenos en edad de votar estaba inscrito en los registros electorales. En la elección presidencial de 2009 sólo el 63% de los mayores de 18 años (población en edad de votar) participó del proceso y sólo el 56,7% emitió votos válidos. En contraste a este escenario, para el plebiscito de 1988, el 90% de los jóvenes había emitido votos. Para la elección municipal de 2012, ya implementada la inscripción automática y el voto voluntario, el nivel de abstención llegó al 67,4% (y para el segmento entre 18-24 años la abstención alcanzó el 78%).En tanto, para las elecciones presidenciales de 2013, el 58,21% de los chilenos habilitados para sufragar no llegaron a las urnas en segunda vuelta. http://www.servel.cl/controls/ neochannels/neo_ch44/neochn44.aspx

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que el modelo como está simplemente les conviene (…) Participé en una organización política, en un partido, y me decepcioné por lo mismo. En algún momento pensé que… eh… en algún momento pensé que se podían hacer cambios desde un partido, hacer cambios por dentro y simplemente me di cuenta que no, que ya no tenía sentido… que estaba muy perverso, muy corrupto el espacio. Entonces, decidí retirarme (Entrevistado 12).

En conclusión, las vivencias negativas de estos/as dirigentes en relación con los partidos políticos han llevado a un cuestionamiento de estas instituciones centrales de la democracia. Al respecto, en el imaginario colectivo de estos/as jóvenes no habría mecanismos formales desde los cuales poder reformar desde los propios partidos políticos su funcionamiento. Acorde a la tendencia observada en los así llamados «nuevos movimientos sociales»41, la participación ciudadana ha buscado ser canalizada principalmente en actividades no institucionales que, como se verá a lo largo de este libro, finalmente crean nuevos límites entre los/las jóvenes y el (sub)sistema político, ampliando así la distancia entre estos y reforzando finalmente con ello la autorreferencia de dicho (sub)sistema. 3.1.3 Participación y cultura política, o cultura de la despolitización: el quiebre entre lo político y lo social Las restricciones a la participación ciudadana en el sistema político chileno encontrarían, desde el punto de vista de los dirigentes juveniles que han colaborado en esta investigación, sus fundamentos en una cultura política fuertemente determinada por el período de la dictadura militar y la implementación de un modelo económico neoliberal en esta sociedad. En dicho contexto, la participación política comienza incluso a ser valorada negativamente, puesto que contradice el discurso tecnocrático que los líderes políticos de aquel momento buscaron instaurar para justificar las reformas introducidas al orden institucional de esta sociedad y que progresivamente iría permeando la vida cotidiana de la población desde ese momento histórico42: Para una revisión general sobre los nuevos movimientos sociales véase Andersen/ Wichard 2003 y Schubert/Klein 2011. 42 Importantes aportes en esta línea de reflexión han hecho Montesinos 1997, Huneeus 1998 y Silva 2006, así como últimamente Joignant/Güell (2011a), en cuyo libro se recogen precisamente un conjunto de artículos centrados en el análisis de las elites en la sociedad chilena durante el período posdictadura. 41

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…Desde el año 73 en adelante hubo una especie de quiebre entre lo político y social. La dictadura no solamente impuso un sistema económico y político, sino que también fragmentó tejido social por así decirlo (…) impuso una forma de hacer política. De ahí en adelante, hizo que Chile fuera tan individualista, que tenga este sentido de la meritocracia, el sentido que yo con mi propio esfuerzo voy a poder salir adelante. En definitiva, lo político es malo, lo político es sucio, porque lo hacen los políticos (Entrevistada 9).

Estas percepciones son consistentes con las observaciones hechas por Lechner (1982) respecto a la progresiva incorporación del discurso técnico-neutral durante las dictaduras militares del Cono Sur y la consecutiva «despolitización de la política» (Lechner, 1982: 212), cuyo propósito no es el reemplazo de una autoridad política por otra sino la sustitución del poder político por un poder social cuyo único vínculo es bajo la óptica del mercado (Lechner, 1982: 212-213). Al respecto, en el imaginario político de estos/as jóvenes se entiende que la participación política supone necesariamente un proceso de socialización que oriente las acciones de las personas. En este sentido, le otorgan gran relevancia a la educación cívica que debería ser promovida por el Estado chileno dentro de los espacios educacionales formales, en especial después de un largo período de dictadura cívico-militar. Sin embargo, y desde su punto de vista, el Estado chileno no ha tendido a promover la educación cívica durante el período posdictadura, lo que evidenciaría el interés de las elites políticas y económicas por preservar el orden social vigente. Al mismo tiempo, las prácticas que se despliegan al interior del (sub)sistema político reforzarían también negativamente dicha socialización, en la medida en que la minoría rectora se habría constituido en un referente normativo con el cual los/as jóvenes más que querer identificarse, buscan diferenciarse: Yo creo que hoy día los jóvenes nos hemos ganado, digamos, la participación… hemos ido ganando terreno. Pero no necesariamente hemos ganado (…) Porque… yo creo que hoy día la justificación no es echarle la culpa al binominal de por qué los jóvenes no participan. Yo creo que sería un análisis que puede tener cierta relación, pero no lo es todo. Hoy día, los jóvenes no participan por algo meramente educacional, donde, efectivamente, se perdió la educación cívica, se perdió la politización… entendiendo la política no como la política de los viejos… no esta política 74

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tradicional que no nos gusta, la repudiamos… y donde creemos que si nos metemos todos vamos a ser como ellos. Entonces esa, digamos, es una razón de por qué hoy día los jóvenes no participan. O sea, hoy día ven con muy malos ojos la política ¿ya? Y sienten que, los mayores, o sea, los políticos no gobiernan para los jóvenes y obviamente puede ser, porque quizás no voten, está claro… Pero ven muy lejana la política y ven que la clase política y la política, en general, está desprestigiada, y por eso hoy día hay poca participación (Entrevistado 12).

Este contexto político, social y cultural que ha sancionado la participación política no generaría las condiciones mínimas para que los sujetos cuenten con los recursos necesarios para poder entender la estructura, el funcionamiento y los debates al interior del (sub)sistema político43. Desde el punto de vista de estos/as dirigentes, se vuelve entonces muy difícil que los/as jóvenes y también el mundo adulto en esta sociedad desarrollen el interés, la confianza y la capacidad para poder participar políticamente, es decir, elaborar y emitir una opinión respecto del orden social vigente y a modelos societales alternativos: Un sistema donde no participa la mayoría del país… eh… por sistema electoral… y tampoco participa la mayoría del país en una sensación de poder opinar o hacer sentir tus posiciones en alguna coyuntura, poh (Entrevistado 10).

En resumen, pese a haberse reestablecido las instituciones políticas básicas en el período posdictadura, ha primado una cultura política que, en general, no ha promovido la participación ciudadana. De esta manera, los individuos no sabrían cómo constituirse finalmente en ciudadanos y cómo poder participar en dicho (sub)sistema. La autorreferencia de dicho (sub)sistema ha sido entonces lograda tanto mediante la preservación de la legislación construida en dictadura como a través de una cultura política altamente autoclausurada en sus diversas formas de manifestación (lenguaje, prácticas políticas, entre otros). Sin embargo, cabe tener presente que estas dinámicas políticas contemporáneas se enmarcan dentro de la historia política de Chile, En efecto, un estudio reciente del Instituto Nacional de la Juventud en Chile da cuenta del escaso conocimiento que tienen parte importante de los jóvenes sobre la estructura y funcionamiento del sistema político en el país, así como de sus propios representantes políticos (Injuv 2012).

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cuyos fundamentos culturales de tipo oligárquicos han restringido tradicionalmente la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión (Pinto/Salazar 1999). En este sentido, el proceso de modernización económico de tipo neoliberal llevado a cabo en esta sociedad no habría contribuido a una «despolitización de la política» (Lechner 1982: 212), sino más bien a su resignificación, específicamente a su politización en términos neoliberales, pues la introducción de la racionalidad económica de tipo neoliberal no es políticamente neutral. Por el contrario, supone la conformación de un orden social en donde la distribución del poder se consigue a partir de la capacidad que tengan los individuos de participar en los mercados, tales como de los bienes, los servicios, el capital, el trabajo y la política. De esta forma, sería precisamente el despliegue de la racionalidad de tipo neoliberal, en especial el reconocimiento de los individuos como consumidores en tanto sujetos de derechos y deberes, la que, en parte, estaría encontrando sus propios límites y generando, en la sociedad chilena, las condiciones sociopolíticas para un proceso de democratización de las instituciones políticas. 3.1.4 Participación y desconfianza: «Aportar, opinar, pero no incidir» En el marco de una cultura política que limita la participación ciudadana, la escasa participación de los jóvenes en el (sub)sistema político se constituye sobre la base de una relación de mutua desconfianza entre el mundo adulto y el mundo joven. Desde el mundo adulto se supone que los jóvenes no tienen la experiencia ni los conocimientos necesarios para poder participar en el sistema político. Esta actitud de desconfianza hacia los jóvenes, la que también se ha venido observando sistemáticamente en el mercado del trabajo (Campusano/de la Lastra 2006; Oit 2007, Cárdenas/Flores 2009), tiende a ser vivida por estos/ as dirigentes como inherente a las instituciones políticas contemporáneas en Chile: … Lo he escuchado incluso de algunas personas del sistema político... que los jóvenes por su inexperiencia o no sé, por su impulso un poco rebelde se podría decir... o más contestatario... no deberían participar activamente de la política. O sea, sí aportar, sí opinar, pero no incidir...» (Entrevistada 13).

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En este contexto de desconfianza hacia el mundo joven, el mundo adulto pareciera tener su propio imaginario colectivo, donde están incluidos los/as jóvenes concebidos de múltiples formas, desde estudiantes a delincuentes, esta última imagen asociada a aquellos provenientes de hogares de escasos recursos (Goicovic 2000; Sandoval 2002). De esta manera, en las últimas décadas se ha tendido a criminalizar a la población joven de esta sociedad, cuya dimensión de clase ha permeado fuertemente el discurso público (Hein/Cárdenas 2009). En consecuencia, el mundo adulto ha tendido a relacionarse con el mundo joven principalmente desde su estigmatización: … Yo creo que tiene que ver mucho con una cosa cultural de que el joven… em… el joven se muestre muy ligado a las drogas… yo encuentro que la tele es lo más dañino para nuestra sociedad… como todo lo que se muestra en la tele… como el joven que carretea y no hace nada (Entrevistada 3).

Desde el punto de vista de los/as jóvenes, la desconfianza actual hacia el mundo político adulto estaría arraigada, por lo menos en parte, en las negativas experiencias vividas durante el así llamado «Pingüinazo» o «Revolución Pingüina». Al respecto, dicho momento de protesta e intento de diálogo con el mundo político adulto fue vivido por los/as jóvenes participantes como una clara expresión de su no reconocimiento como ciudadanos/as y finalmente como sujetos por parte del (sub)sistema político: … En la revolución pingüina lo que se produjo fue que ellos tenían una demanda, trataron de ponerla, y a pesar de todo igual su demanda no fue acogida… Y yo creo que eso… ese hecho como simbólico que tiene que ver con «nosotros hicimos todo, y al final tú no fuiste capaz de escucharnos» eso hizo que este movimiento tuviera tanta fuerza… la rabia, la impotencia de no haber sido escuchados. Yo creo que eso fue un antecedente muy importante. (Entrevistada 3)

La manifestación más evidente del carácter autorreferente de dicho (sub)sistema sería finalmente el no cumplimiento por parte de las autoridades de los acuerdos alcanzados en aquel momento y el establecimiento de un conjunto de regulaciones en materia educacional

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quetenderían a perpetrar tanto las desigualdades en materia educacional como en materia de participación política: La desconfianza. Nosotros tenemos mucha desconfianza y se lo hicimos saber. Por los traumas. Para nosotros es un trauma lo del 2006 y 2008. Y ellos se lavan las manos, poh weón. Se lavan las manos: si el trauma es de ustedes. Claro, de nosotros va a ser… si tu firmaste la LGE, poh weón(Entrevistado 10).

La desconfianza de los jóvenes hacia el (sub)sistema político, específicamente hacia sus autoridades no solo se fundaría en situaciones de conflicto puntuales, sino en diversas prácticas de gobierno que han tensionado la relación entre jóvenes y Estado en estas últimas décadas. Al respecto, durante los primeros años de transición democrática se creó el Injuv, es decir, el Instituto Nacional de la Juventud. Este órgano estatal ha tenido como función estudiar la realidad juvenil y promover la formulación de políticas públicas dirigidas a esta población objetivo. Desde el punto de vista de estos/as dirigentes el Injuves percibido como una instancia que, en la práctica, casi no se relaciona con los/as jóvenes y cuando lo hace, tiende a instrumentalizar dicho vínculo con miras a profundizar la no participación ciudadana: Las instituciones, en este caso de la juventud, han servido de una u otra forma como ente plataforma para el Estado para desmovilizar cierta área (…) por ejemplo, el Injuv en (región donde vive el entrevistado) es la institución que organiza a los secundarios. O sea, ellos hacen la Federación de Estudiantes de … (región donde vive el entrevistado)... en los secundarios... y se coordinan para eso. Entonces, el nivel de confianza hoy día de los jóvenes hacia las instituciones es nula. Es más, se mira como enemigo, porque ellos también plantean, es un sector político que quiere controlar un espacio. Son más que nada redes ideológicas que imponen el Estado y el gobierno de turno (Entrevistado 7).

Los espacios creados por el Estado para fomentar la participación de los/as jóvenes han contribuido también, desde las propias experiencias de los/as jóvenes en estos, a un creciente distanciamiento de este segmento de la población respecto de las formas tradicionales de participación política. Las experiencias de su no representación en estos, así como su instrumentalización y la desmovilización a partir de dichos 78

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espacios, parecieran haber generado las bases institucionales para el repliegue de los/as jóvenes del (sub)sistema político y la construcción de espacios de participación propiamente juvenil: Pocos, pocos, porque, al final, los espacios que se han creado los hemos creado nosotros mismos. Entonces, ponte tú, está el Injuv, que tiene el Corejuv… que es el Consejo Regional de la Juventud, que en muchas regiones son elegidos por las mismas personas… y, al final, no demuestran o no representan el verdadero sentir de la juventud en general. Ha pasado en el movimiento estudiantil que todas las organizaciones se han creado porque los mismos estudiantes sintieron la necesidad de organizarse. No hay espacios donde uno mismo pueda llegar y participar (Entrevistado 11).

En conclusión, las limitaciones culturales a la participación política en la sociedad chilena contemporánea tendrían una dimensión etaria estructurante, donde la matriz cultural adultocentrista que predominaría (Aguilera/Duarte 2009; Duarte 2012; Gamboa/Pincheira 2006) restringiría la participación al mundo (masculino) adulto. Al respecto, las instituciones políticas que se relacionan con la población joven del país tenderían a no reconocer en el/la joven a un individuo sujeto de derechos y deberes con el cual poder y tener que establecer un vínculo de reciprocidad a lo largo del tiempo (Hein/Cárdenas 2009). Por el contrario, el mundo político adulto construiría una condición juvenil a la cual asociaría diversas características «no ciudadanas», específicamente «no adultas», tales como no respetuosos de las normas y no informados acerca de la vida pública. Al mismo tiempo, promovería una condición juvenil asociada a actividades clásicamente distanciadas del mundo adulto y político, tales como el esparcimiento y la educación. Consecuentemente, mediante dichas construcciones sociales se buscaría restringir aquellas acciones que estarían orientadas a revertir las jerarquías etarias existentes y con ello, la autorreferencia del (sub) sistema político. Frente a este ejercicio de autoclausura, específicamente de distanciamiento realizado por parte del (sub)sistema político hacia los/las jóvenes, estos/as habrían optado, en el marco de este (no) diálogo intergeneracional, por restringir sus acciones con dicho (sub)sistema o no relacionarse y crear sus propios espacios de participación.

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3.1.5 Participación y miedo: la emergencia de «la generación sin miedo» El miedo a expresarse reiteradamente ha sido indicado en la literatura especializada44 y en el debate público como un factor que ha incidido en la baja participación política de la población. La «cultura del miedo» (O’Donnell1982) da cuenta de cómo los autoritarismos producen un efecto sobre la vida cotidiana de las personas. Lo particular de este fenómeno es que persiste más allá de la permanencia del régimen autoritario. Para Lechner (1985) lo característico de las dictaduras del Cono Sur es que se apropian de los miedos y encarnan una respuesta autoritaria al deseo de orden. Según el autor, este deseo radica en que, a falta de un referente por medio del cual la sociedad pueda reconocerse a sí misma como proyecto colectivo, la heterogeneidad estructural de la sociedad latinoamericana ha sido vivida por los sujetos como desintegración social. Las dictaduras de América del Sur responden a los miedos apropiándose de ellos y resignificándolos en forma de temor al caos y al enemigo interno, a tal punto que el sentimiento de impotencia resulta en un alejamiento de la participación, pues el sujeto se siente incapaz de lidiar con las fuerzas del caos (Lechner, 1985: 397-401). Al respecto, y pese a haber ya transcurrido varios años desde el término de la dictadura, las vivencias cotidianas de las personas parecieran no haber cambiado significativamente, siendo la represión institucional una amenaza constante que limita todo deseo de involucramiento: El problema es las ganas o la motivación que tengamos como jóvenes al hacerlo. Yo creo que da un poco de miedo participar hoy en día, tanto por lo que puedan ser las consecuencias con la dirección como con la vida cotidiana. Es lo que pasa con la represión que se vive por parte de este gobierno o de los gobiernos anteriores también. Yo creo que hay miedo a participar políticamente y eso es como piedra de tope también (…) y quizás hay algo heredado de «la generación del terror» que la llamo yo, que es esta generación que vivió todo lo que fue dictadura, que supo cómo es no tener libre expresión y de la cual, probablemente, mucho heredamos… mucho heredamos de tener miedo a decir las cosas

Diversos autores se han referido al rol central que ha tenido dicha «cultura del miedo» en la sociedad chilena contemporánea para asegurar la reproducción del orden neoliberal instaurado durante el período de la dictadura cívico-militar. Al respecto, véase Pratt, 1996; Moulian 1994, 1997; Pnud 2002.

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de repente… y yo creo que eso genera un nivel bajo de participación política de los jóvenes» (Entrevistada 4).

En el imaginario colectivo de estos/as jóvenes el miedo a expresarse no solo estaría presente en la población en general, sino que también en aquella elite política que ha liderado la transición a la democracia y que debería haber generado las condiciones básicas para crear confianza en la población y, con ello, la paulatina participación de las masas en el sistema político. En este sentido, la escasa promoción de la participación política por parte de la elite habría estado determinada, por lo menos en los primeros años del período de transición a la democracia, por un miedo a perder los espacios democráticos mínimos alcanzados durante dicho período: …Lo veo en mis papás… ellos son una generación como muy asustada de decir algo distinto. Yo creo que todo lo que fue y sigue siendo la Concertación son líderes que al final trataron de hacer cambios, pero muy limitados… un poco por miedo. Por miedo a lo que fue todo antes de la dictadura, todo lo que ellos lograron… y que después llegara la derecha… un poco también miedo a eso, yo siento. Nosotros somos una generación que no le tiene miedo a eso (Entrevistada 3).

Para esta generación de jóvenes dirigentes, el miedo no es un rasgo que la identifique ni con el cual quiera identificarse. Por el contrario, en este contexto, la identidad individual y colectiva de estos/as jóvenes pareciera construirse, por lo menos en parte, a través de su diferenciación respecto de las generaciones pasadas. De hecho, se definen a sí mismos como «la generación sin miedo». Precisamente desde allí se intentaría participar políticamente y organizar a la ciudadanía: …Tú tienes que organizarla, porque la gente; una, tiene miedo, porque son hijos de la dictadura… tiene miedo de organización y no tiene capacidad ni el material político como para organizarse. Nosotros no es que lo tengamos todo, pero tenemos… nosotros no tenemos miedo. (Entrevistado 10)

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Sin embargo, el situarse reflexivamente desde el «no miedo» frente al orden social existente y sus desigualdades pareciera ser también un intento de las nuevas generaciones por cambiar el estado de alienación en que ha estado esta sociedad durante el período posdictadura. En dicho período se ha tendido a aceptar una organización social carente de legitimidad con el fin de evitar perder nuevamente la democracia, específicamente las libertades básicas relativamente recuperadas. Adicionalmente a este «miedo al regreso de la dictadura» o al «miedo a la pérdida del orden democrático», las elites políticas y económicas que han liderado el proceso de transición han construido un discurso generador de un nuevo tipo de miedo: «el miedo a la desmodernización». Dicho miedo se referiría al temor de dejar de contribuir al bienestar material alcanzado («dejar de crecer al 6%») y con ello retomar hacia uno de los estadios que han caracterizado a las sociedades latinoamericanas: la pobreza (material), es decir, la carencia de recursos que aseguran la sobrevivencia de los seres humanos. En este sentido, «este miedo a dejar de crecer» se habría constituido en uno de los fundamentos culturales centrales que han permitido la defensa,

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la reproducción y la profundización del orden económico y societal de tipo neoliberal45. Asimismo, el discurso en torno a dicho miedo ha sido estructurado y reforzado a partir de la realidad material de la vida cotidiana de las personas: el endeudamiento. Mientras el acceso al crédito en sus diversas formas le ha permitido a muchas personas en esta sociedad integrarse al consumo de bienes y servicios a los cuales no podría haber accedido a través de sus propios ingresos, el endeudamiento ha reforzado otro de los principales temores de las sociedades contemporáneas: el miedo al desempleo. Este adquiere hoy dimensiones diferentes en un contexto de un creciente endeudamiento, en la medida en que la gran mayoría de la población aceptaría trabajar bajo jornadas laborales cada vez más extensas, salarios no acordes a los costos actuales de vida y niveles de desigualdad de renta récord a nivel mundial en orden a poder preservar dicha fuente de ingresos46. En el contexto de un creciente endeudamiento privado, el miedo al desempleo se referiría al temor a no poder asegurar materialmente ni el presente ni el futuro. En consecuencia, la esfera del trabajo (remunerado) nuevamente se constituye en uno de los espacios de dominación para la preservación del orden social vigente47. En este contexto, las nuevas generaciones parecieran haber desarrollado uno de sus propios miedos: el miedo a ser estandarizados y con ello, dominados. Específicamente, el miedo de «la generación sin miedo» sería finalmente el «miedo a la pérdida del sentido» en su proceso de incorporación al mercado del trabajo y con ello, al mundo adulto. Al respecto, el mercado del trabajo y, en general, esta organización social es vista por la población como una «máquina» (Pnud 1998), donde las personas se constituyen simplemente un engranaje Cabe tener presente que la sociedad chilena ha presentado históricamente una «obsesión por el orden y un temor por el caos» (Pnud 2002: 60), característica que daría cuenta de su fragilidad institucional (Jocelyn-Holt 1998; Salazar/Pinto 1999). 46 Al respecto, el último informe del «índice de mejor vida» de la Oecd 2013 (Oecd Better Life Index 2013) presenta resultados recientes, en donde nuevamente las percepciones de insatisfacción de la población en Chile tienden a ser consistentes con indicadores relativos al bienestar humano, tales como el acceso y la calidad de los servicios de salud, educación, seguridad social, un medioambiente limpio y un adecuado balance entre trabajo y vida. Dicha tendencia ha sido ya estudiada por el Pnud, quedando plasmada en los diversos Informes de Desarrollo Humano de estas dos últimas décadas. 47 Al respecto, véase Barrera 1994; Ruiz-Tagle 1989; Campero 1999; Morgado Valenzuela 1999; Urmeneta 1999; Stillerman 2012. 45

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que no puede dejar de funcionar48. En este sentido, la crítica por parte de estos/as jóvenes no se referiría únicamente al (sub)sistema político, sino que también al (sub)sistema económico, el cual genera una enorme separación respecto de sus fundamentos sociales e intenta una constante racionalización, específicamente, una estandarización de los individuos. Las movilizaciones actuales serían entonces, por lo menos en parte, un intento por redefinir aquellas condiciones estructurales que estaría dando origen a dicho miedo.

Por último, esta «generación sin miedo» no está exenta del terror a la represión vivida por las generaciones mayores. Por el contrario, y como se planteará a lo largo de este libro, la represión hacia los jóvenes por parte del Estado chileno ha sido una dinámica observada habitualmente en este contexto de movilización social49. En este escenario, los/ as jóvenes movilizados/as han vivido diversas formas de represión en el Véase al respecto Cárdenas 2012, 2013. El Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2012 publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) destaca las tensiones entre la política de seguridad ciudadana y la política de derechos humanos, donde la violencia policial utilizada para reprimir las actuales movilizaciones sociales sería una clara manifestación de dicha tensión (Indh 2012).

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espacio de sus colegios, universidades, institutos técnicos, en las calles y comisarías. De esta manera, las experiencias de coacción de estos/as jóvenes y/o sus pares desde comienzo de las movilizaciones en el año 2011 habrían reforzado aún más las situaciones de desconfianza entre los jóvenes y el sistema político.

3.2 Autorreferencia y representación política

Junto con la participación ciudadana, la representación de los intereses de los ciudadanos es otro de los principios fundamentales de las democracias modernas (Manin/Przeworski/Stokes 1999). Esto último se debe a que las decisiones tomadas por los/as representantes políticos/as pueden determinar las condiciones de vida de sus electores/as y de la sociedad en su conjunto (ibid.). Al respecto, y desde el punto de vista de estos/as dirigentes, dichas decisiones en el sistema político chileno tenderían actualmente a no representar las demandas e intereses de la población. Por el contrario, una vez electos/as los/as representantes de la ciudadanía, sus acciones en el (sub)sistema político dejarían de corresponder a la función básica que le fue conferida, distanciándose así progresivamente de la voluntad ciudadana: 85

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Yo creo que el sistema político en Chile está en crisis. Yo creo que el sistema político en Chile hace mucho rato que se agotó. Ayer lo que sonó mucho más allá de la demanda por educación pública y educación gratuita es la deslegitimación del sistema político actual, la deslegitimación de la clase política actual. Es como «ya no los queremos a ustedes». Y el mismo sistema como se ha ido viciando. O sea, estamos frente a una democracia que efectivamente no es representativa. Ese exceso de paternalismo que se genera desde Pinochet respecto al tema de la despolitización de la ciudadanía... en el sentido de «ustedes entréguenme los votos y yo soluciono los problemas de Chile»... Esa democracia delegada representativa se agotó hace mucho rato (Entrevistada 14).

La limitación de la participación política ciudadana a los procesos eleccionarios ocurriría entonces junto con una progresiva cortapisa de la representación de sus intereses. Específicamente, la reconstrucción del régimen democrático no habría dado lugar al establecimiento de un vínculo más simétrico entre representantes y representados. Por el contrario y desde el punto de vista de estos/as dirigentes/as, a partir del golpe militar la usurpación del poder democráticamente constituido habría generado un «paternalismo político», es decir, un vínculo de poder vertical, donde los gobernantes pueden ejercer su rol con prescindencia de los ciudadanos. En consecuencia, se habría producido una creciente verticalización del poder, en el marco del cual la conexión básica en el sistema político no se establecería entre los ciudadanos y sus representantes, sino más bien entre gobernados y gobernantes. Actualmente, y pese a la evolución de la democratización en esta sociedad, la representación de los intereses de la ciudadanía se vería restringida, por un lado, por un proceso de profesionalización, específicamente de tecnocratización de la política y, por otro, por una paulatina delegación del poder por parte de la ciudadanía a sus representantes. 3.2.1 La política es para los políticos: la profesionalización de la política Un primer proceso que estaría condicionando el ejercicio del principio de representación en el (sub)sistema político en Chile sería la gradual especialización, específicamente profesionalización50, de la actividad Según Max Weber (1988), hacer política, significa «tratar de influir sobre la distribución del poder entre las distintas configuraciones políticas (por ej. el Estado) y dentro de cada una de ellas». Dicha (inter)acción puede llevarse a cabo de diversas

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política. Al respecto, el proceso de especialización de las funciones ha sido considerado como una forma de dar respuesta a la creciente complejización que han debido enfrentar las sociedades en el marco de su proceso de modernización (Durkheim 1930/1999). Sin embargo, dicha especialización encuentra sus propias fronteras cuando al mismo tiempo se considera que el (sub)sistema, en este caso político, tiene como principal medio el poder. En este caso, y en particular en el marco de un régimen que aspira a ser democrático representativo, quien cumple la función de relevar a la ciudadanía en la dirección de una asociación política, como por ejemplo el Estado, debe, en principio, interactuar con sus representados/as para permitirles incidir, de manera indirecta, en los procesos de toma de decisión y con ello, en la dirección de la sociedad. En la sociedad chilena contemporánea, el político profesional, es decir, quien participa regularmente en los procesos de decisión y dirección política a cambio de ingresos regulares, estaría representando su rol con prescindencia de la interacción que supone el rol del político profesional en una democracia: Hoy día los chilenos, también la sociedad en sí misma, y al menos es lo que yo percibo, tienen esta idea de delegar en el otro lo que se tiene que hacer. Y en definitiva es un acostumbramiento por esta baja participación cívica y baja formación cívica que tienen los chilenos. En que, bueno «yo voto cada cierto tiempo y ellos tienen que hacer lo que se tenga que hacer»... Un poco lo que decía la Ena [Von Baer] a principio de año con el problema de Hidroaysén, que dice «bueno, ustedes ya votaron por nosotros, ahora déjennos a nosotros gobernar». Y ese es como el switch que es necesario hoy día cambiar (Entrevistada 5).

Pese a que en el (sub)sistema político chileno el proceso de profesionalización de la política no es nuevo, en el contexto general de cuestionamiento de las instituciones sociales modernas da origen a maneras: a) como «político ocasional», es decir, cuando la persona manifiesta su voluntad en un proceso de decisión; b) como «político semiprofesional», es decir, desempeñando un cargo de responsabilidad política «sin ‘vivir’ principalmente de ellas y para ellas, ni en lo material ni en lo espiritual» (Weber 1988: 93); c) como «política profesional», es decir, quien i) vive para la política y/o ii) de la política. Quien vive «para la política» hace de dicha actividad parte del sentido de su vida y debe contar con su propio patrimonio para ser independiente económicamente independiente de la labor política que cumpla. Quien vive «de la política», «trata de hace de ella una fuente duradera de ingresos» (Weber 1988: 95-96). 87

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un creciente malestar. Esto, en la medida en que dicho proceso habría contribuido a limitar tanto la participación como la representación de la ciudadanía en este (sub)sistema. Específicamente, la profesionalización de la política no habría contribuido a una mayor distribución o transferencia del poder, sino más bien a su conservación51: …Es que solo se respeta la opinión de figuras políticas. Me refiero a figuras políticas, a sujetos que están legitimados para hacer política, porque, por ejemplo, nosotros los jóvenes o a las organizaciones sociales que nosotros tenemos o la población y las juntas de vecinos, no son figuras políticas que puedan tomar decisiones. Y ese es un problema que tiene este país, porque no hay... como en un ejemplo súper cercano, como lo hay en Brasil. Brasil, en el Estado de Porto Alegre, la junta de vecinos es un actor político que toma decisiones, poh, o la provincia toma decisiones complejas, pero toma decisiones de las bases. Entonces, las figuras públicas acá son centralizadas y son jerarquizadas (Entrevistado 9).

El proceso de profesionalización de la política supondría, implícitamente, la exclusión de la población joven del (sub)sistema político. Específicamente, el carácter adultocéntrico de la cultura política al interior de este (sub)sistema reservaría el proceso de profesionalización a la población adulta de esta sociedad, pese a ser reconocidos/as los/ as jóvenes/as como votantes por la ley electoral: La institucionalidad en Chile no reconoce a ciertas figuras para tomar decisiones. Eso hace que uno los vaya deslegitimando. Por ejemplo, pasó que desde el 2000 pa’ delante muchos movimientos sociales fueron capaces de levantar demandas. El mochilazo, el 2006, el 2005, el 2008, el 2011, levantamos las demandas, pero «ustedes llegan hasta ahí, porque ustedes no tienen la capacidad de decidir ni de ser actores políticos relevantes, así que nosotros decidimos por ustedes». Y eso hace que exista poca representatividad y que obviamente todos estos sectores estén deslegitimados, poh (Entrevistado 9).

En resumen, el proceso de modernización de la sociedad chilena habría contribuido a una creciente profesionalización de la política. De acuerdo a este mismo autor, la actividad política se estructura y desarrolla según los intereses «en torno a la distribución, la conservación o la transferencia del poder» (Weber 1988: 84).

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Dicho proceso enfrentaría hoy sus propios límites, en la medida en que ha implicado una creciente monopolización de la actividad. Desde el punto de vista del principio de representación, la profesionalización de la política se vuelve aún más problemática cuando se considera que en los procesos de toma de decisión y la dirección política intervienen políticos profesionales no electos (ministros, asesores, técnicos, presidentes de partido, gremios, think tanks, entre otros). En consecuencia, la profesionalización de la política reproduciría finalmente una institucionalidad centralizada, jerárquica y adultocéntrica, reforzando con ello el funcionamiento autorreferente del mencionado (sub)sistema. 3.2.2 Representación política y tecnocratización de la política La profesionalización de la política ha impuesto cortapisas a la representación de los/as jóvenes y en general, de la ciudadanía en Chile. Sin embargo, dicha situación pareciera verse reforzada también por una paulatina tecnocratización de la política, es decir, por una creciente incorporación de saberes y lenguajes técnicos, específicamente económicos e ingenieriles52 en los procesos de toma de decisión y dirección política. La racionalización técnico-instrumental en los modos de dominación modernos (Weber 1921/1997; Beck/Lau 2004; Bonß/Lau 2011) ha significado que a) el conocimiento científico se adjudica socialmente el «monopolio de la verdad» (Beck/Bonß/Lau 2004: 30) y; b) el «conocimiento experiencial» (Erfahrungswissen), es decir, aquel que es obtenido y aplicado en la acción práctica (Böhle/Bolte/Dunkel/ Pfeiffer/Porschen/Sevsay-Tegethoff 2004: 95) queda subyugado al conocimiento científico (Beck/Bonß/Lau 2004; Böhle/Bolte/Dunkel/Pfeiffer/ Porschen/Sevsay-Tegethoff 2004). En el caso de la sociedad chilena, la racionalización técnico-instrumental ha significado que la incorporación al (sub)sistema político requiera cada vez más acumulación de un capital cultural específico, que excluye a importantes segmentos de la población, entre ellos el juvenil, para los procesos de toma de decisión. En este sentido, la organización y expresión de las demandas de estos/ as jóvenes parecieran requerir no solo una creciente «adultarización» Para el caso de Chile se ha destacado el predominio de los/as economistas y los ingenieros como profesiones que han adquirido una posición privilegiada en los procesos de toma de decisión y dirección política, porque sobre la base de su expertise asegurarían la estabilidad económica de esta sociedad/de y este modelo económico. Véase al respecto Huneeus 1998; Montecinos 1997, 1998; Ossandón 2011; Silva 2006, 2011; Centeno/Silva 1998.

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de sus lógicas de acción y lenguajes, sino que también una paulatina «cientifización» de su saber experiencial53: … Yo creo que hubo un muy mal manejo de parte del gobierno por el hecho de no escuchar nuestras demandas, porque éramos jóvenes (…) no hay una conciencia de que nosotros, para llegar a este año, nos preparamos, preparamos nuestras propuestas, buscamos información, nos apoyamos en gente que sabía… Y en el fondo por pensar que viene desde un lado que no ha vivido tanto no se toma mucho en consideración. Y eso me parece muy negativo (Entrevistada 3).

Al respecto, el diseño de la política pública en Chile actualmente sería una clara manifestación del proceso de tecnocratización de la actividad política, en la medida en que dicho diseño sería llevado a cabo principalmente por un grupo reducido de tecnócratas y no por representantes de los intereses y necesidades de la ciudadanía. En consecuencia, emergería el riesgo de que los fines de las políticas públicas se distancien de dichos intereses y dichas necesidades, volviéndose estas políticas un medio para objetivos de un grupo reducido de ciudadanos/as: Siento que la forma de hacer política en Chile es errada. Finalmente, [las decisiones] se terminan tomando en paneles de expertos. El otro día veíamos que Bulnes [ministro de Educación] cita a un panel de expertos para hablar de la gratuidad en vez de acoger las propuestas que ha hecho el movimiento estudiantil (…) Finalmente, terminan siendo diez personas las que van a tomar la decisión por todos los chilenos, por los cientos de miles que han estado en las calles. Son solo espacios consultivos, pero la forma de hacer política se ha reducido a una elite en Chile (Entrevistada 9).

La excesiva influencia de los tecnócratas en el gobierno y en la decisión de política pública ha sido abordada como un fenómeno que entra en tensión con la democracia. La falta de participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas y el creciente monopolio Al respecto, cabe tener presente la distinción entre los diversos tipos de tecnócratas así como también entre tecnócratas y technopols, conformándose dichas categorías de acuerdo a la dotación de capital político y/o técnico con que cuenten (véase al respecto Joignant 2011). En el presente texto se busca sacar a la luz no sólo la conformación del agente tecnócrata, sino por sobre todo el progresivo despliegue de lógicas tecnocráticas en la actividad política.

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de los «expertos» en esta labor no solo afectaría la calidad de dichas políticas, sino que limitaría el principio de la representación, que es constitutivo de los regímenes democráticos (Dávila 2011: 23). Estas tensiones serían propias del proyecto de modernidad: el «aura de autoridad» (Giddens 1996: 162) que va adquiriendo progresivamente la ciencia lleva a que la acción científica comience a ser entendida como un acto universal y valóricamente neutral (Giddens 1996), mediante el cual se podría lograr la «solución óptima de los problemas» (Beck/ Bonß/Lau 2004: 29). Sin embargo, el despliegue del proceso de modernización ha visibilizado precisamente que el conocimiento, como todas las diversas formas de saber, a) es construido socialmente; b) crea realidad y con ello, c) construye y reproduce relaciones de poder (Bourdieu/Wacquant 1996). Estas mismas dinámicas pueden ser consideradas para el caso del «no conocimiento» (Beck 1996b), el cual se puede referir al «conocimiento potencial», pero también al «no poder conocer», es decir, a la infinitud del no conocimiento producto del propio ejercicio de generación constante de conocimiento. En consecuencia, no existiría tal solución óptima y con ello, estaría constantemente sujeta a discusión. En el caso de América Latina, y desde el punto de vista político, el fenómeno de la tecnocracia adquiere características particulares, puesto que han sido los tecnócratas quienes han jugado un rol central en la elaboración, justificación e implementación de las reformas económicas neoliberales (Dávila 2001). Con ello, dicho modo de reconstrucción y construcción de la realidad social y sus problemáticas ha ido limitando progresivamente la participación y representación de los diversos modos de conocimiento en torno a los medios y fines de las políticas públicas en la región. La representación de los intereses de la ciudadanía encontraría entonces sus límites, por lo menos en parte y, según Lechner (1982), en los procesos actuales de resignificación de la política. Por un lado, la actividad política se entiende como un quehacer propio de quienes se dedican remuneradamente a participar o influir en el poder, es decir, a su distribución, conservación o transferencia. El fenómeno de profesionalización de la política ha llevado entonces a comprender dicho quehacer como restringido a unos pocos. Por otro lado, pero de manera complementaria, la política se entiende cada vez más como una práctica que requiere de una justificación científica para los procesos de toma de decisión y dirección. De esta manera, tiende a instalarse 91

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progresivamente una supuesta neutralidad valórica, específicamente política en el diseño de la política pública, pese a que, como ya se indicó, la neutralidad científica ha sido cuestionada desde la ciencia misma (Bourdieu/Wacquant 1996; Beck/Bonß/Lau 2011). En este sentido, y en el contexto de las dictaduras latinoamericanas, más que una «despolitización de la sociedad» se habría producido, como ya se ha visto, un proceso de resignificación de la política bajo el signo de una «despolitización de la política» (Lechner 1982: 212). Sin embargo, los/as dirigentes estudiantiles cuestionan hoy el carácter neutral de los tecnócratas en Chile. Específicamente, los tecnócratas son percibidos como funcionarios de la élite política, pues finalmente tendrían la función de legitimar bajo el carácter de ciencia aquello que emerge desde los intereses o la ideología de los políticos profesionales54: Todos sabemos que las políticas públicas se hacen entre cuatro paredes, en las cúpulas políticas. Las leyes se mandan a hacer a un panel de expertos, tanto en Chile como en el extranjero, y los parlamentarios obviamente y las cúpulas de los partidos con sus fuentes de ingresos pagan estos procesos y luego los presentan en el Congreso Nacional, sin la posibilidad de hacer iniciativas populares…(Entrevistado 15).

En el contexto de una democracia pactada, la creciente fusión entre profesionalización y tecnocratización de la política habría permitido entonces trazar claras separaciones55 entre la ciudadanía con su saber experiencial y quienes participan en los procesos de toma de decisión, justificando finalmente así dichas decisiones como responsables56. Sin De hecho, Joignant ha mostrado a través de su investigación sobre la elite política chilena que la gran mayoría de los tecnócratas que han alcanzado los puestos más altos de responsabilidad en los gobiernos posdictadura son miembros de algún partido político (Joignant 2011). 55 Al respecto, Giddens ha visibilizado las tensiones que viene presentando el conocimiento de los expertos y los límites que lograron construir en el marco de la formación y el desarrollo de la sociedad moderna, en la medida en que precisamente el proceso de especialización que requiere la formación del experto lo inhabilita para constituirse en «expertos para todas las ocasiones» (Giddens 1996: 318). 56 De acuerdo a Max Weber (1988), el político debe tener como cualidad mesura y sentido de la responsabilidad, así como también pasión. Al respecto, este autor distinguió entre dos tipos de éticas que orientan la acción política: la «ética de la convicción» y «la ética de la responsabilidad». La primera supone actuar según las ideas, valores y proyectos de sociedad que uno valora; la segunda implica considerar en la propia acción política las consecuencias previsibles de dicha acción (Weber 1988: 163-164). 54

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embargo, al respecto cabe preguntarse sobre el tipo de consecuencias que dichas acciones políticas «responsables» han tomado en consideración. Como se leerá a lo largo de este libro, ha sido precisamente la responsabilidad frente a la estabilidad macroeconómica, es decir, frente al crecimiento económico alto y sostenido, así como frente a la estabilidad política, es decir, el no cuestionamiento al modelo de sociedad, las que han orientado las principales acciones políticas. Desde allí se ha construido entonces un imaginario colectivo de lo socialmente deseable y lo políticamente posible, así como también de lo públicamente malo y «el miedo a dejar de crecer». De la mano de la ciencia, específicamente de aquellas ciencias centradas en el logro constante de mayores niveles de productividad y eficiencia, se han venido entonces estructurando las acciones políticas en esta sociedad. Así, los desarrollos descritos habrían finalmente amurallado y excluido tanto los saberes ciudadanos en la construcción del espacio público como la representación de sus intereses, reforzando con ello el proceso de (neo)elitización del poder político y la clausura del (sub)sistema político. Sin embargo, la supremacía del saber científico por sobre el saber experiencial57 como modo de justificación para acotar la representación de los intereses ciudadanos estaría encontrando sus propios límites a partir de los resultados alcanzados por las políticas públicas y su escaso impacto en las condiciones de vida de las personas. Dichos resultados parecieran entonces estar dando origen, en el marco del cuestionamiento institucional general, tanto a una reflexión crítica respecto del sentido de la ciencia y su relación con la política, así como también a la demanda por redelimitar y con ello, reconocer los diferentes saberes y prácticas políticas existentes en el Chile contemporáneo. 3.2.3 Representación y delegación política Los límites que presentaría hoy la representación política a partir de su profesionalización y tecnocratización se construirían también a partir de las acciones delegativas desde la ciudadanía hacia la elite política. Dichas acciones estarían fundadas, en parte, en un agotamiento ciu57

Al respecto, es especialmente interesante el hecho destacado por Böhle et.al. (2004), donde la construcción de dicha jerarquía de saberes se ha llevado a cabo sobre la relación entre una ciencia moderna, que pretende distanciarse de los saberes experienciales o el así llamado «sentido común», y el carácter empiricista que tiene la ciencia moderna. 93

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dadano, es decir, en una progresiva reducción de los propios recursos sociales, físicos y psíquicos de las generaciones adultas resultantes de su movilización para recuperar la democracia en el país. En este sentido, una vez restablecida la división de poderes y su funcionamiento, la población adulta habría tendido a delegar58 completamente el ejercicio del poder político en las autoridades: Yo creo que la generación del colectivero y de nuestros padres hicieron la lucha hasta el momento que llegaron a la democracia... pseudo democracia. Entonces, como que ya llegó la hora de delegar. Y se produce ese quiebre generacional entre nosotros, entre todas estas expresiones y esa generación (Entrevistada 4).

Las acciones delegativas por parte de la generación adulta serían a su vez el resultado de la paulatina instauración de una sociedad de consumo al interior de esta población. Como ya se indicó, en Chile la sociedad de consumo se basa principalmente en el endeudamiento privado. En consecuencia, las personas necesitarían crecientemente destinar la mayor cantidad de su tiempo al trabajo remunerado, restringiéndose con ello sus posibilidades para dedicarse a proyectos o acciones de tipo colectivas. El miedo a perder el trabajo remunerado, es decir, la fuente que asegura los recursos para pagar las deudas adquiridas y mantener la capacidad de endeudamiento, terminaría por generar las condiciones propicias para la delegación del poder: Con el tema de delegar el poder yo acuso netamente a la condición social y económica del pueblo chileno, porque si una patente que supo ocupar el neoliberalismo fue abrir la sociedad de consumo a todos fue para que la gente no tuviera la capacidad de poder hacerlo. Porque si yo estoy endeudado, no voy a hacer nada y voy a delegar las decisiones a los demás (…) Y ¿qué hace un trabajador que está sobreendeudado y se quiere movilizar? Y el jefe le dice «no te puedes movilizar, porque te voy a dejar sin trabajo» y hay cien mil personas esperando por un cupo. El carácter delegativo del (sub)sistema político chileno posdictadura ya fue destacado en la década de los ‘90s por el sociólogo Manuel Barrera (1998), quien sugiere que sólo ciertos roles dentro de dicho (sub) sistema, específicamente el Presidente de la República, los magistrados superiores del Poder Judicial, los altos jefes de las fuerzas armadas, los presidentes de los partidos políticos y los altos dignatarios de la Iglesia Católica los que contarán con la consideración ciudadana (Barrera 1998).

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Entonces, «mejor cuido mi puesto de trabajo, tengo muchas deudas y no hipoteco todo lo que tengo por movilizarme». Eso es lo que coarta el sindicalismo chileno.... y llega a que los trabajadores en este momento no tengan la capacidad de organización (Entrevistado 9).

En resumen, los límites a la representación política se construirían no solo a partir de la profesionalización y tecnocratización de este quehacer, sino que simultáneamente a través de prácticas de delegación política por parte de la propia ciudadanía. Dichas prácticas serían el resultado de los problemas de los propios sujetos para controlar órdenes sociales que suponen la negación de los individuos. La convergencia entre este proceso y los dos anteriores permitirían finalmente construir un sentido de la actividad política donde esta es entendida como un ejercicio monopólico del poder por parte del político profesional. Desde el punto de vista de la representación, la monopolización tendría finalmente como consecuencia un creciente distanciamiento entre representado y representante electo. 3.3 Autorreferencia y fiscalización Los problemas de participación y representatividad en el (sub)sistema político chileno no pueden ser entendidos, según estos/as dirigentes/as, si no se considera a un tercer principio básico de todo sistema democrático: la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar y, con ello, responsabilizar a sus representantes por sus acciones (accountability) (Manin/Przeworski/Stokes 1999). Específicamente, la ciudadanía tendría escasos medios para ejercer una fiscalización sistemática de los actos de sus representantes y una injerencia indirecta en el proceso de toma de decisiones: Hoy en día, yo creo que este desencanto de la población se debe básicamente al concepto de democracia que impera en el sistema. Un concepto de democracia en el cual tú votas por un político cada cuatro años, en la presidencial, en las municipales, pero de ahí tú no tienes cómo fiscalizar de manera efectiva, de manera real, la toma de decisiones (...) y sobre todo yo creo que se ha reflejado en cuanto a los jóvenes que han dicho «¡No! No queremos esta forma, o no aceptamos, no avalamos este concepto de democracia (Entrevistada 1).

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La carencia de mecanismos para fiscalizar la representación de los intereses y necesidades de la población en el (sub)sistema político chileno habría permitido una creciente autonomía de sus representantes, los que han tendido a distanciarse de sus promesas y compromisos adquiridos con sus representados durante los procesos eleccionarios. En consecuencia, se habría generado un distanciamiento cada vez mayor entre la ciudadanía y sus representantes, contribuyendo con ello finalmente a la autorreferencia del (sub)sistema político chileno, específicamente a la autorrepresentación de una minoría en este: … Los partidos políticos en definitiva se representan a sí mismos en lugar de representar a lo que la mayoría de la gente está hoy día reclamando... incluso dentro de sus mismos votantes (Entrevistada 5).

Este fenómeno tendría como resultado la deslegitimación de los partidos políticos y el consecuente alejamiento de la ciudadanía respecto del sistema de representación. De este modo, el carácter autorreferente del sistema se vería también facilitado por una ciudadanía cuya desconfianza allana el camino para dicha actitud autorreferencial. Con todo, la falta de organizaciones que sean representativas de la sociedad es enfrentada con la generación de nuevos referentes políticos no institucionalizados y con el impulso de un nuevo ethos fundado en el principio de la participación: Cuando tú ves esa consigna de «al pueblo unido lo cagan los partidos», es básicamente porque el partido político hace un lobby para las elecciones, pero no se preocupan de las reales necesidades de la gente en el día a día. Por lo tanto, simplemente está explicando por qué cada vez son menos los jóvenes que se incorporan a los partidos políticos o por qué surgen nuevas fuerzas políticas paralelas o alternativas a los grupos políticos que tú actualmente conoces. Y es por eso que yo creo que es responsabilidad de todos cuando uno decide darle proyección a un movimiento, ver de qué manera nosotros podemos ser actores y partícipes de la toma de decisiones para generar los cambios que efectivamente la sociedad necesita (Entrevistada 1).

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En definitiva y desde el punto de vista de los/as dirigentes/as entrevistados/as, un bajo nivel de accountability está relacionado estrechamente con el imaginario acerca del sistema político ideal. Dentro de ese esquema, se reclama la necesidad de una organización basada en la participación popular y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al poder y evaluar su nivel de cumplimiento. La existencia de mecanismos efectivos de participación aparece en el discurso como un elemento central que trae consigo necesariamente un incremento de la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar y evaluar a las autoridades. Sin embargo, en el caso del (sub)sistema político chileno habría una ausencia de mecanismos de participación y control de la actividad política profesional. Asimismo, el recíproco distanciamiento entre sistema de representación y ciudadanía reforzaría en la práctica los rasgos de autonomía y autorreferencia que configuran un bajo nivel de accountability. 3.3.1 Fiscalización e impunidad La distancia entre los/as ciudadanos/as y el Estado adquiere una de sus expresiones más radicales en el funcionamiento del Poder Judicial. Específicamente, el funcionamiento arbitrario de dicho poder permitiría 97

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una aplicación desigual de la ley y una reproducción de los privilegios y desigualdades sociales59: Yo creo que muy pocas personas pueden confiar, por ejemplo, en el trabajo que puede ejercer el poder judicial. A pesar de que se habla de la independencia de los poderes del Estado, yo creo que tenemos que entender que hay muy pocas personas que realmente creen que los tribunales de justicia sí pueden impartir justicia y que la ley se aplica por igual para todos. Y los ejemplos respecto al tema de La Polar, de los pollos60... yo creo que hay un todo en su conjunto y que se va reflejando en esto... al fin y al cabo es la institucionalidad en su conjunto la que está siendo cuestionada (Entrevistada 5).

Coherente con esa percepción, la desproporcionalidad del sistema penal chileno ha sido analizada por diversos observatorios en la materia. En esa dirección, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2012) señala precisamente que el sistema de justicia criminal chileno opera de manera selectiva, criminalizando con más rigor a aquellos sectores más desaventajados de la población. Esto se explica porque la política criminal chilena se orienta de manera prioritaria a la persecución de los delitos contra el patrimonio, en los cuales suelen incurrir de manera predominante los sectores más marginados de la población (Udp, 2012: 204-208)61. Esta selectividad arbitraria, agrega el informe, genera que los sectores más desfavorecidos de la población se encuentren sobrerrepresentados en el sistema de justicia penal, aunque no necesariamente afecten mediante

Diversos estudios anteriormente realizados han venido dando cuenta que dicha percepción se encuentra muy extendida en la población de este país (véase al respecto Pnud 2009 y Universidad Diego Portales 2009). 60 La Polar es una empresa del rubro del retail involucrada en una serie de delitos luego que se descubriera la recurrencia de repactaciones unilaterales (ilegales) en las deudas de sus clientes. El mencionado «caso de los pollos» corresponde al descubrimiento de un caso de colusión de precios entre distintas empresas avícolas. Ambos casos aparecen mencionados en las entrevistas como ejemplos de parcialidad de la ley porque los gerentes y ejecutivos involucrados no fueron procesados o accedieron a penas sustitutivas. 61 De acuerdo a información entregada por Gendarmería de Chile, durante la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos de la Udp (2012), de un total de 51.612 imputados y condenados adultos a julio de 2012: 523 no tenían ninguna instrucción, 20.178 solo habían cursado enseñanza básica, 19.441 enseñanza media, y solo 1.267 contaban con estudios superiores (Udp, 2012: 206). 59

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sus conductas los bienes jurídicos más fundamentales, o causen mayor daño individual o social(Udp, 2012: 206). Tal como se relata en las entrevistas, la falta de proporcionalidad del sistema penal chileno queda aún más en evidencia al observar algunos casos emblemáticos en que se ven involucrados los grupos económicos. De hecho, los ejecutivos de La Polar —imputados por lavado de dinero, entrega de información falsa al mercado e infracciones a la Ley de Bancos— se mantuvieron en prisión preventiva muy por debajo del promedio62 y gozaron de penas sustitutivas como, por ejemplo, el arresto domiciliario. Lo anterior ocurriría por no contar el Código Penal con una regulación adecuada, actualizada y proporcional respecto de ese tipo de delitos (Udp, 2012: 212-214).

Estas condiciones del sistema penal chileno pueden reforzar la observación acerca del carácter discriminatorio y clasista de la justicia, tal como parece desprenderse de los relatos de estos/as dirigentes/as Según el informe, los ex ejecutivos cumplieron 119 días de prisión preventiva y la ex ejecutiva 134. Como contraparte a este dato, en 2007 el número de días promedio de prisión preventiva para robos fue de 290 días, para robos no violentos de 267 días y para hurtos de 202 días.

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estudiantiles. En efecto, el sistema judicial aparece en sus relatos como condescendiente con los grupos más poderosos de esta sociedad: Tuvimos este año un ministro que en la tele reconoció que había incumplido la ley de manera flagrante y se había llenado los bolsillos de plata de manera ilegal. Y el tipo ahora es ministro de otra cartera (Entrevistado 6).

Adicionalmente, el Poder Judicial es percibido como un instrumento de dominación y coacción política frente a las diversas iniciativas ciudadanas orientadas a cuestionar y modificar el orden social existente. De hecho, estos/as jóvenes identifican diferentes mecanismos contemporáneos de represión política, donde los poderes del Estado han sido utilizados por los gobiernos en ejercicio en orden a controlar toda expresión de descontento colectivo: … Se fue configurando una manera en democracia en la cual desactivar los movimientos era, en el caso de los mapuche, meterlos presos o matarlos, y en el caso de los dirigentes de cualquier manifestación pública, utilizar la fuerza (…) o sea, las prácticas policiales están diseñadas como un elemento de disuasión de demandas políticas (Entrevistado 5).

Pese a que la institucionalidad política estaría fundada sobre el principio de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), en la práctica no existiría un respeto efectivo a dicho principio. Según ese diagnóstico, la acción conjunta de dichos poderes estaría orientada más bien hacia la reproducción del actual modelo de sociedad. En este sentido, el no respeto del principio de igualdad ante la ley y, con ello, la impunidad resultante de las elites políticas y económicas simplemente reforzarían una característica ya mencionada de este sistema político: la concentración del poder. Lo anterior muestra su punto crítico cuando los jóvenes analizan el desbalance entre sus derechos y sus obligaciones para con la ley. En ese sentido, la responsabilidad penal juvenil aparece como contradictoria en el marco de una sociedad donde esos/as mismos/as jóvenes no tienen derecho a voto y, además, experimentan altos grados de coerción al expresar sus proyectos en la esfera pública. Se debería votar desde los 14 años en adelante, porque a partir de esa edad judicialmente son sujetos que pueden ser sometidos a la ley de 100

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responsabilidad penal adolescente. Entonces, bajo ese criterio, a los 14 años no te hacen un examen de discernimiento, si tienes más de 14 años te van a procesar judicialmente entonces, en base a este criterio, estos jóvenes también tiene derecho a expresarse (Entrevistada 15).

En síntesis, las distancias percibidas por los jóvenes respecto del Estado se experimentan en el conjunto de la dimensión institucional. No son solo los partidos políticos, sino también el poder judicial el que resulta percibido como un instrumento de clase o al servicio de los poderosos. En ese sentido, la falta de proporcionalidad del sistema de justicia criminal repercute en una percepción de erosión del principio de igualdad ante la ley, ello al constatarse que los sectores más desaventajados son tratados con mayor severidad que aquellos ciudadanos de alta posición en los ámbitos político o económico. Peor aún, lejos de percibirse al Poder Judicial como un ente que aplica la ley con rigurosidad y que respeta la separación de los tres poderes del Estado-Nación, se percibe a este poder como un ente que aplica discrecionalmente la ley en complicidad con el poder Ejecutivo y Legislativo. El sesgo de clase y la coacción política aparecen como rasgos distintivos del sistema de justicia. Por último, muchas de estas percepciones se fundan en hechos ocurridos durante el mismo período de protesta, los que reafirman el carácter no solo teórico sino además experiencial de la crítica allí expresada.

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Capítulo IV Jóvenes y Estado

En el marco del despliegue de proyecto de modernidad, el Estado se constituye en un actor central en la vida de los/as ciudadanos/as. De hecho, la reflexión en torno al Estado adquiere gran relevancia entre los/as dirigentes/as estudiantiles estudiados. Es por ello que en las próximas páginas se presentan y discuten las representaciones que tienen estos/as jóvenes en torno al Estado en general y acerca del Estado chileno en particular. Al respecto, cabe tener presente que las acciones individuales y colectivas de los jóvenes con el sistema político y con su sociedad se estructuran en el marco de «regímenes de transición» (Übergangsregime) (Pohl/Walther 2006). Estos son «constelaciones de regulaciones relativas a las transiciones, las que surgen a partir de la interacción entre las estructuras de la seguridad social, de la educación general y profesional/técnica, del mercado del trabajo así como de los mecanismos de adscripción de género, en el marco de las cuales se manifiestan diferentes interpretaciones acerca de los problemas de transición como desventajas individuales o estructurales» (ibid.: 35). Específicamente, los regímenes de transición son un conjunto de regulaciones y finalmente de expectativas sociales referidas a lo que se entiende por juventud e integración en una determinada sociedad en un momento específico del tiempo (ibid.). Dichas regulaciones se pueden expresar directamente a través de leyes, así como también a partir de las diversas estructuras sociales orientadas a integrar (o excluir) a la población joven. 103

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La condición juvenil y las transiciones de los jóvenes a la vida adulta, es decir su progresiva independencia económica, emocional y residencial (Egris 2001; Iris 2001), no ocurre entonces en un vacío institucional ni dependen únicamente de las decisiones individuales, sino que están mediadas por los recursos institucionales y simbólicos que la propia sociedad, a través de la familia, el Estado y/o el mercado, pone (o no) a disposición de las nuevas generaciones. Es precisamente en el marco de estos «regímenes de transición» donde la relación entre jóvenes y el sistema político puede ser analizada de manera más compleja, puesto que permite reconstruir los contextos institucionales en los cuales se despliegan las acciones de los/as jóvenes y se vinculan con el sistema político. En el caso de la sociedad chilena contemporánea, esta correspondería a un «régimen de transición subinstitucionalizado», dentro de los cuales también se encontrarían por ejemplo los países del sur de Europa (Portugal, Grecia y España) (Biggart et al. 2002; Pohl/Walther 2006). Este tipo de régimen de transición está configurado por un alto nivel de desempleo juvenil y una carencia de estructuras de formación confiables y de reivindicación de servicios sociales para los jóvenes. Pese a que la mayor parte de este grupo alcanza en este contexto institucional la educación secundaria, depende finalmente en gran medida de su familia y del trabajo informal. En Chile, se observa también una creciente participación de los jóvenes en el sistema escolar y superior. Sin embargo, esta muestra al mismo tiempo importantes falencias en términos de su capacidad para asegurar la participación laboral de los/as jóvenes (especialmente de aquellos provenientes de hogares de origen socioeconómico bajo), un acceso altamente focalizado a los servicios sociales básicos y una fuerte dependencia de la familia y el propio trabajo (Injuv 2004; Weller 2006; Oit 2007). En el marco de un régimen de transición subinstitucionalizado, el paso de los jóvenes al mundo adulto se ha vuelto paralelamente también mucho más complejo, en la medida en que la integración de los jóvenes al mercado del trabajo y la formación de la propia familia se han desestandarizado (Dávila/Ghiardo/Medrano 2008; Cárdenas 2010). El paso de los jóvenes a la adultez suele entonces no desplegarse linealmente, sino a partir de la realización de diversas transiciones, muchas veces con tiempos y lógicas muy distintas, hasta alcanzar el estatus de adulto. En dicho proceso, la familia y el mercado tienden a adquirir cada día mayor protagonismo para la población joven de este país (ibid.). 104

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En consecuencia, el cuestionamiento actual de las instituciones políticas y las acciones orientadas a democratizar sus fundamentos por parte de la población joven del país ocurre en un contexto institucional 1) escasamente desarrollado para acompañar el complejo tránsito de los jóvenes hacia la adultez y; 2) insuficientemente legitimado en su población objetivo. Tener presente las características específicas del régimen de transición en Chile permite entonces tomar en cuenta tanto el contexto institucional general, así como también aquel contexto particular dentro del cual viven y se desarrollan a diario los/as jóvenes actualmente.

1. El Estado subsidiario vs. el Estado garante La vida cotidiana de los/as jóvenes en la sociedad chilena contemporánea se despliega en el marco de un «régimen de transición subinstitucionalizado» (Biggart et al. 2002; Pohl/Walther 2006), es decir, y como ya ha sido visto, de una carencia de estructuras de formación confiables y de reivindicación de servicios sociales para los jóvenes, dependiendo su bienestar principalmente de su familia y de su propio trabajo (Injuv 2004; Weller 2006; Oit 2007). Pese a que en las últimas décadas se ha alcanzado una masificación de la educación básica y secundaria, así como una expansión de la educación superior en las últimas décadas en Chile63, entre los jóvenes tiende a primar una sensación generalizada de ausencia de políticas estatales capaces de brindarles seguridades básicas. En efecto, el Estado chileno es percibido como un Estado de tipo subsidiario. En el marco de este modelo, los servicios sociales destinados a satisfacer las necesidades básicas se ponen a disposición con criterio de focalización en los grupos más vulnerables de esta sociedad, quedando una gran parte de la población sujeta a sus propias posibilidades de financiamiento: 63

Según Pnud (2005), a partir de 1980 se produce un incremento del número de instituciones educativas mediante la creación de universidades privadas. En efecto, la «oferta educativa», constituida hasta entonces por ocho instituciones educacionales, aumentó en 1990 hasta 302 institucionesentre Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. A partir de entonces, el cierre de IPs y CFTs redujo la oferta de manera paulatina hasta llegar a cerca de 223 instituciones en 2003.En cuanto a la expansión de la matrícula en la educación superior, se pasó de 249.482 en 1990 a 594.247 para el año 2004, siendo la matrícula en universidades privadas la de mayor expansión. Por su parte, mientras la matrícula en IPs ha aumentado de 40.006 a 106.758, la de los CFT’s ha ido a la baja (de 77.774 a 63.932 para el mismo período). Fuente: http://www.desarrollohumano. cl/otraspub/pub10/Ed%20superior.pdf 105

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Políticas de Estado yo no sé si he vivido, pero sí he vivido gobiernos subsidiarios. Por ejemplo, el tema de la salud, de los créditos, el tema del transporte... no me veo en mi quehacer con una política de Estado (Entrevistado 9).

Las percepciones relativas al rol subsidiario que en Chile tiene hoy el Estado son de hecho consistentes con la transformación del papel del Estado en materia de política social, ocurrida en estas últimas décadas, donde políticas sociales relativamente universales han tendido hacia su creciente focalización (Arellano 1985; Raczynski 1994; FfrenchDavis/Stallings 2001). Al mismo tiempo, se establecieron condiciones legales e institucionales para que el sector privado extendiera sus inversiones hacia la educación, la salud y la previsión social (Pizarro 2001). Sin embargo, dichas percepciones parecieran surgir también desde un modelo de Estado ideal, el cual estos/as jóvenes visualizan en otras sociedades contemporáneas. En el marco de este y acorde con la opinión generalizada de la población joven en Chile (Cárdenas 2009), el Estado es imaginado como un actor central en la promoción y la protección del bienestar de todos/as los/as ciudadanos/as: Pa’ mí el Estado tiene que ser un Estado garante, creador y que sostenga políticas públicas. Nosotros en educación decimos eso... Educación es una arista de todo un sistema. Y hay estados en el mundo que viven en sistema liberal, pero son garantes (Entrevistado 9).

Este imaginario colectivo juvenil relativo al Estado contrasta con las percepciones sobre el proceso de racionalización del Estado chileno ocurrido en estas últimas décadas, el cual es percibido por estos/as jóvenes a partir de sus vivencias cotidianas o de sus entornos sociales. De acuerdo a estas, el Estado es percibido como un actor que ha tendido a generar diversos límites y, con ello, un mayor grado de distancia con los/as ciudadanos/as. Una manifestación de dicha situación sería la delegación de parte de las responsabilidades estatales vía subsidio a la demanda y pago por acciones realizadas (Raczynski 1994). En ese marco, el principal vínculo se establece a través de vouchers: Si a mí me pasa algo, ellos prefieren darme un bono y que yo decida donde vaya, como querían hacerlo con las universidades y que yo decida donde estudie...(…) Y no debería ser así poh, sino que el Estado tiene que ser un Estado garante... pa’ no ponerle Socialista y todas esas cosas... tiene 106

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que ser un Estado garante. Dejémoslo ahí, por ahora dejémoslo en que tiene que ser un Estado garante(Entrevistado 9).

En este mismo sentido, el mercado es identificado como el principal agente asignador de recursos en la sociedad chilena actual. En el marco de éste, el acceso a determinados servicios, tales como la educación superior, ocurre principalmente sobre la base del endeudamiento de los individuos64. El problema de dicha situación radicaría en el hecho de que las personas adquirirían la sensación de poder proveer para sí cada uno de sus servicios, olvidando que finalmente tendrán que enfrentar también por sí mismas los riesgos de dicho endeudamiento:

Según Meller (2011), los aranceles universitarios han aumentado un 60% en los últimos 12 años y actualmente el arancel promedio representa el 41% del PIB per cápita. Un hijo universitario implica un gasto superior al 40% del ingreso familiar de los tres menores quintiles de ingresos.Así las cosas, los universitarios chilenos tienen el mayor endeudamiento del mundo y la relación deuda total respecto al ingreso anual es de 174% (Meller 2011). Según un informe elaborado en conjunto por la Ocde y el Banco Mundial (2009), el gasto total de Chile en educación, como proporción del PIB, es de 6,4 por ciento (3,3% del gasto corresponde a la educación pública y 3,1% a la educación privada). El gasto en educación terciaria, en tanto, corresponde a 1,6% del Producto Interno Bruto. En la educación privada terciaria, el gasto privado alcanza un 84,5% del cual el 83,7% proviene del ingreso familiar (Oecd/Banco Mundial (2009).

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Porque justamente hoy día estas capas medias que han accedido a la educación por el sistema educacional que ellos mismos han propuesto, han permitido que estas mismas capas de clase media entre comillas entren a la educación y tenga que obligatoriamente acceder a ciertos créditos y sobreendeudarse para poder estudiar (Entrevistada 5).

En un orden societal donde el mercado ha sido erigido como el principal distribuidor de los recursos, el Estado podría ser observado como un actor político irrelevante al interior de la sociedad. Sin embargo, en el contexto descrito, el Estado emerge para estos/as jóvenes como un actor político y económico central, en la medida en que una de sus principales funciones sería generar las condiciones para que el mercado comience a estructurar el funcionamiento de un determinado espacio de la vida social: …Pa’ mí el Estado no se ha replegado nunca... de hecho ha avanzado dentro de lo que ellos creen que es lo correcto que hay que avanzar... porque el Estado pertenece a un sistema y debería responder a ese sistema. O sea, abrirle las puertas económicamente a ciertos sectores. En vez de ser garante, ser subsidiario, porque así permite la instalación de ciertos entes que pueden manipular... (Entrevistado 9).

La centralidad que adquiere el propio Estado en la reproducción de un modelo subsidiario es consistente con su escasa presencia en la promoción y el resguardo de las condiciones mínimas de bienestar para la población, en especial aquellas regiones situadas más distantes de la región metropolitana de este país65. Al respecto, los relatos de los/as dirigentes/as que provienen de las regiones no metropolitanas o representan a las universidades regionales son especialmente ilustrativos de esta situación y los malestares asociados a esta: Cuando se hizo esta población, que queda como a 10 kilómetros de Puerto Montt, que se llama Alerce, no había micros, poh. O sea, recién ahora creo que se hizo el segundo colegio. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que la gente exigía una compañía de bomberos... y De hecho, el último terremoto acaecido en el país el año 2010 visibilizó las dificultades que tiene el Estado chileno actualmente en este sentido, en especial en situaciones de emergencia que requieren de una acción rápida y simultánea a lo largo del territorio nacional (Garcés 2010).

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cuando la tuvieron quemaron el carro... porque fue una manifestación... y fue pa’ mí muy impresionante el absoluto despojo de Estado por los menos privilegiados. Y como que esa imagen de que queda la cagá con los salmones; toda esta gente que se vino a vivir a Puerto Montt y que está viviendo situaciones infrahumanas, queda absolutamente cesante; la delincuencia sube; hay una cárcel nueva en Puerto Montt... y el Estado no pone plata en hacer una ciudad integrada sino en darle créditos blandos a las salmoneras pa’ que solucionen su tema (Entrevistado 6).

Dicho accionar estatal no correspondería únicamente a restricciones materiales del propio Estado chileno, argumento cuestionable dado el crecimiento económico sostenido alcanzado en las últimas décadas, sino que es asociado a los fundamentos ideológicos de este modelo de sociedad neoliberal. Específicamente, lo que hoy estaría en conflicto no sería únicamente la distribución de determinados recursos, sino valores y concepciones diferentes acerca de lo público: …Lo que supimos hacer en cierta medida fue develar un conflicto ideológico, porque acá, por más que tú pidas algo, hay un conflicto de ideologías. Ellos no van a ceder ante algo, porque ideológicamente no pueden hacerlo. Valóricamente ellos nunca van a hacer lo que el pueblo pide, porque no va de sus raíces, no va en su ideología (Entrevistado 9).

Dentro de las percepciones de estos/as jóvenes respecto de las políticas públicas se vuelve central la distinción conceptual entre «Estado» y «gobierno». Al respecto, los derechos sociales de la población no estarían hoy asegurados, en la medida en que dependerían de las decisiones del gobierno en curso. En consecuencia, en términos de políticas públicas, no existiría hoy un enfoque de Estado en Chile. En este sentido, la pérdida de los derechos ya adquiridos es percibido como un riesgo constante entre estos/as jóvenes: (…) esa fusión entre Estado y Gobierno hace que no hayamos vivido un Estado sino cinco gobiernos que quieren hacer las cosas de manera distinta al gobierno que estaban anteriormente. Políticas de Estado yo no sé si he vivido, pero sí he vivido gobiernos subsidiarios. Por ejemplo, el tema de la salud, de los créditos, el tema del transporte... no me veo mi quehacer con una política de Estado. Eso es por la capacidad que tuvieron de fusionar los dos conceptos (Entrevistado 9). 109

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Tal asimilación entre los conceptos de «Estado» y «gobierno» es percibida como una situación orientada a reforzar la incapacidad de las fuerzas políticas para afianzar iniciativas públicas de mayor cobertura. De esta manera, en caso de avanzar hacia un enfoque universalista de los derechos, la alternancia en el poder podría fácilmente implicar un retroceso hacia el rol estatal subsidiario: Un gobierno le puede abrir las puertas para ciertas cosas y esa política de gobierno la puedo cambiar en el gobierno siguiente. Para ellos es mucho más conveniente que existan políticas cada cuatro años, que a nosotros nos afectan profundamente (…) Pero no existe una política transversal que, da lo mismo quién esté, me diga que, por ejemplo, la educación va a ser gratuita y de calidad sin importar quien esté... sea un comunista, un leninista, da lo mismo... eso va a estar sí o sí. Eso no existe. Y esa capacidad te la va dar solo un gobierno y ahí quedaste (Entrevistado 9).

La fusión o, más bien, la reducción del concepto de Estado al de gobierno sería, desde el punto de vista de estos/as jóvenes, una manifestación de la concentración del poder al interior del sistema político chileno. Específicamente, dicho concepto del Estado correspondería a una estrategia de las elites económicas y políticas para preservar la propiedad sobre los recursos en esta sociedad y con ello, asegurar su posición de privilegio al interior de esta66. En consecuencia, para dichas elites no tendría sentido generar las condiciones institucionales para el fortalecimiento de un Estado que garanticen un conjunto de derechos sociales básicos a todas las personas que forman parte de esta sociedad: Del por qué se fusionan estos conceptos, desde mi punto de vista, por un interés desde el punto de vista político ideológico que, en definitiva, lo que pretende es proteger la Constitución Política que tenemos hoy en Chile. Una constitución que en ningún caso garantiza derechos de las personas sino que todo lo contrario, termina beneficiando a una minoría, que es la minoría empresarial que termina llevando a cabo la ideología liberal que tenemos en Chile (Entrevistada 5).

Las acciones estatales para asegurar el ejercicio del poder en Chile no constituyen un fenómeno contemporáneo. La historia social de Chile da cuenta de vínculo de larga data entre el Estado y el poder oligárquico (véase al respecto Goicovic 2000)

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En conclusión, en el imaginario político de estos/as jóvenes el Estado es considerado como el principal responsable de asegurar un nivel de bienestar mínimo tanto para ellos como para toda la población en esta sociedad. Dicha idealización del Estado contrasta con la experiencia cotidiana de la mayoría de estos jóvenes, donde el Estado es percibido como un actor político ausente. En este sentido, mediante la distinción conceptual entre gobierno y Estado, ellos parecieran buscar simbolizar no solo la distancia institucional (Davis 1999)con el Estado chileno, específicamente en lo concerniente a las prácticas de gobierno imperantes, sino también la distancia cultural con las elites gobernantes, referida a los problemas de desigualdad en esta sociedad. Estos resultados evidenciarían la compleja relación entre democracia, Estado y desigualdad. Específicamente, y desde el punto de vista de estos/as jóvenes, la configuración de un sistema político democrático se lograría solo en la medida en que este es capaz de resolver las desigualdades básicas de una sociedad. Al interior de éste, el Estado debería cumplir dicha función, en la medida en que respondería a los intereses de toda la sociedad.

2. El Estado represivo El proceso de modernización de las sociedades ha supuesto el monopolio del uso legítimo de la fuerza física por parte del Estado (Weber 1921/1997). En el caso de la sociedad chilena, la configuración de los límites externos y con ello, internos del Estado-Nación ha ocurrido 111

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también a través de un proceso de monopolización del uso de la fuerza física por parte del Estado (Goicovich 2000; Pinto 2003; Figueroa 2013). En este contexto, al sentimiento de ausencia del Estado en materia de bienestar social se contrapone paradójicamente su alta presencia en términos represivos. Ello, sobre todo ante la manifestación individual y colectiva relativa a un cuestionamiento del actual orden social. Al respecto, la experiencia de la represión por parte del Estado chileno hacia la población no es una vivencia atribuida al período del régimen militar, sino que es percibida como una acción presente en la vida cotidiana del período posdictatorial: Yo no soy para nada amigo de las teorías de la conspiración ni nada por el estilo, pero yo he llegado a la conclusión de que la represión policial durante los últimos 20 años ha sido utilizada como mecanismo directo de disolución de demandas políticas. O sea, eso es evidente. En las marchas no había posibilidad de que ningún movimiento creciera, porque ya una marcha que tenía más de mil o dos mil personas siempre era disuelta de manera muy violenta... (Entrevistado 6).

En efecto, el Informe Anual de Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales (2011) da cuenta que la visión crítica que las autoridades del Estado tienen de la protesta social impacta sobre el tipo de decisiones que estos adoptan a la hora de otorgar o negar permisos para las manifestaciones públicas. Según el Informe, pese a que la Constitución asegura a todas las personas el «derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas» (art. 19, nº 13), en la práctica las personas no pueden hacerlo, en virtud de un decreto administrativo que data de la dictadura de Pinochet y sigue vigente. De acuerdo a éste, si las movilizaciones en lugares públicos no son autorizadas por la Intendencia o Gobernación (según sea el caso), la autoridad puede disolverlas por medio de la fuerza policial. Un ejemplo concreto han sido los hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones colectivas. Éstas se han constituido en un nuevo espacio para la expresión explícita de las acciones de represión por parte del Estado chileno67: Consistente con ese diagnóstico, el Informe de la Universidad Diego Portales (2011) arriba citado menciona que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó como ilegales 67 detenciones de las ocurridas en las marchas contra HidroAysén

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… Pa’ mí fue muy patente en nuestra primera manifestación grande este año, que fue el 20 de mayo... que llegaron como 20 mil personas en Santiago... Estábamos en el Paseo Bulnes y había 100 personas tirándoles cosas a los pacos al lado de la Alameda, mientras que adentro del Paseo había unas 15 mil personas esperando que partiera un acto... Los pacos no fueron capaces, habiendo 500 o no sé cuántos, de agarrar a estos 100 y llevarlos y... no sé... de alguna manera pelear con ellos... tiraron lacrimógenas como locos pa’ dentro... o sea, a las 15 mil personas que estaban ahí. Yo en ese minuto, un poco más ingenuo, decía que sus mecanismos estaban mal diseñados, pero como que a medida que avanzaba el año parecía que la estrategia era esa (Entrevistado 6).

Estas experiencias de represión estatal hacia la población formarían especialmente parte de las vivencias cotidianas de aquellos/as dirigentes de las regiones no metropolitanas y/o pertenecientes a las minorías del país. Consistente con las dinámicas de los movimientos sociales contemporáneos (Davis 1999), son precisamente estas regiones donde la población ha manifestado de manera más explícita su (ello, argumentando «excesiva desproporcionalidad» y el haber sido «Carabineros [quien] había comenzado el hostigamiento de los manifestantes… con carros lanzaagua, bombas lacrimógenas»). Igualmente, el Informe señala que de 400 detenciones realizadas en la marcha «no autorizada» del 4 de agosto en Santiago, solo 6 detenciones fueron objeto de formalización. Las declaraciones de ilegalidad, concluye el informe, exhiben que Carabineros recurre a detenciones ilegales solo para dispersar, controlar y ahogar las marchas (Udp 2011: 78-79). 113

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profundo malestar hacia el Estado por sus precarias condiciones de vida, las cuales no se condicen con el significativo aporte que hace al desarrollo económico del país: Es cuático que la gente... Yo creo que poca gente que no sea de las ciudades se da cuenta de los enfrentamientos que había. O sea, en Concepción, por ejemplo, se agarraban cuático. De verdad uno ve... los que seguimos y conocemos un poquito más cachábamos que la weá era así. Y bueno en Temuco obviamente. Sí, poh... y en Valpo igual» (Entrevistado 6).

En conclusión, las percepciones de estos/as jóvenes respecto del Estado chileno apuntan al despliegue de diversas formas de violencia institucional en contra de ellos(Aguilera/Duarte 2009:14), es decir, modos de control social que afectan «sus posibilidades de despliegue y crecimiento en pos de mantener (determinados sectores de la sociedad) las fuerzas de dominación, el statu quo y sus condiciones de privilegio y poder»(ibid.). Al respecto, se estaría en presencia de una forma de violencia institucional específica: el «abandono político» (ibid.: 15). Ésta se refiere tanto a la pasividad de las autoridades del poder político e institucional como a las acciones por parte de los agentes de la seguridad pública hacia la población joven. El abandono político en sus dos acepciones caracterizaría entonces el actuar del Estado chileno en el período de posdictadura.

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Capítulo V Jóvenes, Estado y regiones

En el marco del «régimen de transición subinstitucionalizado» (Biggart et al. 2002; Pohl/Walther 2006) en el que viven y se desarrollan hoy los/as jóvenes en Chile, la región de residencia y/o de origen de esta población emerge como un factor central para poder comprender sus percepciones acerca del Estado. Al respecto, la concentración del poder en Chile a partir de la división regional del país, específicamente la centralización de los procesos de elaboración de las políticas públicas y su respectiva no representación de las necesidades y demandas regionales específicas emerge como uno de los principales malestares en el discurso de estos/as jóvenes: Un sistema político está muy centralizado (…) Discutíamos mucho internamente en el Confech que siempre... y en la discusión de nuestros espacios también... que se tiene que representar la decisión de las regiones en los espacios de decisiones que son relevantes para el tema país (Entrevistado 8).

En efecto, el proceso de regionalización del país no ha implicado un proceso real de descentralización del poder político en Chile. Por el contrario, la conformación del Estado-Nación ha supuesto una homogeneidad cultural interna, la que se ha construido históricamente desde la Región Metropolitana hacia las regiones no metropolitanas del país (Figueroa 2013). A partir de esta, se han trazado límites geográficos 115

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internos del Estado-Nación, los que han variado según los proyectos políticos de las elites del momento (ibid.). El carácter centralista del poder político y los límites que le ha trazado con ello a la ciudadanía no solo se expresa hasta hoy en una administración regional dependiente del poder central, sino en diversas situaciones cotidianas vividas por estos/as jóvenes68. Como ya se indicó, un primer malestar que emerge en el discurso de los/as dirigentes regionales no metropolitanos se refiere a las precarias condiciones de los espacios de educación formal en la región donde estudian. Específicamente, las universidades públicas de las regiones no metropolitanas, las que progresivamente han venido recibiendo menos financiamiento directo e indirecto por parte del Estado, son también aquellos espacios donde hay una importante presencia de jóvenes que necesitan precisamente de la ayuda estatal para poder integrarse al sistema educacional. Estas condiciones materiales de vida contrastan con los recursos que se extraen de estas regiones y que suelen no ser repartidos finalmente entre su población: Mira, es muy claro, es muy claro. Desde lo económico, mi universidad hoy día presenta un déficit de 11.500 millones de pesos. Y no se sabe lo que va a pasar este año. Se perfila de diciembre a diciembre y de ahí se sabe la realidad económica de la universidad. Dicen que hoy día hay un déficit… se suma ¿ya? 3 mil millones de pesos más. Tuvimos un aproximado de 3.500 estudiantes que somos, como mil que congelaron o postergaron este año. Entonces, hay una cagada gigantesca. Y, aparte, nuestra universidad es la que recibe el Aporte Fiscal Directo más bajo... ¡más bajo! ... de todas las universidades. Es una de las universidades más precarizadas del país... y se encuentra en una de las zonas más extremas del país. Mi universidad no recibe tampoco el Aporte Fiscal Indirecto. El Aporte Fiscal Indirecto consiste en que los 27.500 puntajes de Psu se van a universidades y más encima el Estado les hace entrega de una cantidad de plata determinada a esos personajes. Obviamente sabemos a qué universidades se van poh: la Chile, la Católica, entre otras ¿ya? La situación económica en nuestra región es compleja, sabiendo también que tenemos una de las regiones más ricas del país, en donde tenemos Los resultados presentados en este punto son consistentes con los resultados del Barómetro Regional desarrollado por el Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos. Véase al respecto Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas 2013.

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una minera que es la Minera Collahuasi que se proyecta a 50 años y que no entrega una cantidad de dinero concreta a nuestra universidad para poder financiar a los estudiantes más pobres del país (Entrevistado 7).

Las precarias condiciones de las universidades en estas regiones no se restringirían únicamente a los insuficientes recursos que entrega el Estado a los/as jóvenes para poder financiar los diversos costos asociados al período de estudio (mensualidad, alimentación, transporte, fotocopias, alojamiento, etc.), sino también al financiamiento de los recursos humanos de estos espacios educativos, limitando con ello su acceso a servicios educacionales de calidad: Económico me refiero a que yo tengo un solo profesor jornada completa en mi carrera (…) tengo un solo profesor jornada completa y tengo todos los demás profes hora. Tú debes entender de qué se trata el profe hora y eso. Entonces, es compleja la situación y principalmente en lo financiero. Nosotros si tuviéramos más plata en la universidad podríamos generar mayor investigación. Entonces generai un estudiante mucho más completo, mucho más audaz y con mayor opinión (Entrevistado 7).

El malestar referido a un acceso restringido a una educación de calidad en las regiones no metropolitanas expresaría finalmente un malestar más general relativo a las posibilidades de investigación y con ello, de desarrollo y autonomía de la región: Las universidades regionales son pura transmisión de conocimiento y muy poca investigación. (…) ¿Por qué nosotros molestamos? Yo siempre he dicho, «preocúpense de las universidades regionales para que atiendan las necesidades mismas de la región». O sea, nosotros por ejemplo, siendo una zona rural, siendo una zona, no sé poh, de cultivos de vino, cosas así, incluso la carrera de biología y química han tenido varios proyectos, pero no han tenido el financiamiento. En ese sentido, porque atiende las necesidades propias de la región, a las cosas esenciales dentro de la universidad» (Entrevistada 13).

Estos malestares se multiplican cuando se considera la realidad material en toda la región donde viven y/o provienen estos/as jóvenes. Aquella reflejaría no solo la concentración del bienestar material en la Región Metropolitana del país, sino su escasa participación y con ello, 117

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su distancia respecto de los espacios de toma de decisión y distribución de las riquezas del país. En consecuencia, el centralismo presente tanto en la institucionalidad como en la práctica política se expresa en el acceso marginal de las regiones no metropolitanas a las instituciones formales estatales y sus recursos, otorgando con ello espacio para el surgimiento de movimientos regionales que buscan mayor autonomía y que escasamente se identifican con el proyecto de Estado-Nación promovido desde el nivel central del Estado chileno: Yo este año, durante seis meses, he viajado desde Iquique a Magallanes (…) y ha sido una experiencia súper enriquecedora en el sentido de conocer diversas realidades. O sea, este país es riquísimo culturalmente por también la diversidad geográfica que tiene y la diversidad de personas, pero se ve expresado en que las regiones están totalmente desplazadas. O sea, yo... un claro ejemplo... estuve en Antofagasta el fin de semana. Antofagasta, ciudad minera, que es súper... tiene... concentra la mayor parte de las riquezas naturales y de las utilidades que genera estas empresas... sobre todo privadas... y es súper pobre la región. O sea, Calama, Antofagasta, Sierra Gorda también, que está dentro de esa zona. Y las riquezas no se centran ahí, se centran en la capital financiera que es Santiago, poh. O sea, lamentablemente todas esas cosas se trasladan al extranjero. Entonces, también tiene que ver con el impulso de las políticas... que trata el gobierno de no distribuir bien la riqueza. También en Magallanes... incluso en Magallanes pasa una situación muy particular que a mí me sorprendió mucho, que ellos tuvieran una cuestión identitaria con su bandera. Es increíble. O sea, yo decía que un weón chileno... pero más argentino incluso... que tienen mejor relación con los argentinos... y una cuestión identitaria... O sea, ellos se sienten la República Independiente de Magallanes. Increíble... Yo eso lo diferencia mucho... la cuestión identitaria... como la gente va creando sus propias comunidades, su propia colectividad. Y muy pocos se sienten... se sienten... existe ese sentimiento de abandono por parte del Estado... que todo el mundo se centra en Santiago (…) incluso como te comentaba recién, en torno a la vida cultural, o sea, tenemos un teatro que está abandonado... ni siquiera se ocupa. Creo que hay varios proyectos, pero que se demoran mucho, porque quizás te mandan pa acá, pa allá... la burocracia (…) En diversos ámbitos de la vida y de la cotidianidad, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la vida cultural... las regiones están totalmente desplazadas (Entrevistada 13). 118

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Por último, la escasa participación y representatividad que tienen las regiones metropolitanas en el sistema político, así como su distancia respecto de las instituciones formales estatales y de los procesos de repartición de los recursos se expresa también en su invisibilización en los medios de comunicación nacionales. En general, estos suelen representar las realidades y demandas de la región metropolitana del país, quedando relegada la situación de las zonas no metropolitanas y sus necesidades a los medios de comunicación propios de cada región. En consecuencia, alcanzar un mayor grado de participación y representación de estas regiones en el sistema político chileno dependería tanto de una mayor presencia de sus representantes en los espacios centrales de toma de decisión (usualmente ubicados en la Región Metropolitana del país o en el parlamento, situado en una de las regiones aledañas) así como de su aparición en los medios de comunicación de carácter nacional: Desde las regiones todo es más complicado. Una, un detalle, para poder viajar, poh. Es complicadísimo ¿cachai? Uno eso… Y ver que las personas que tienen la capacidad de estar en los medios, hablando, no plantean la realidad de las regiones. Yo me acuerdo de una conferencia de prensa que hizo la Camila hace poquito… no sé poh… en que allá en Temuco nos estaban sacando la chucha… poco más y los pacos disparando… y esa weá no sale, poh. Nosotros no tenemos la capacidad de aquí de Santiago (Entrevistado 10).

En este contexto, representar a una universidad regional no metropolitana sitúa a estos/as jóvenes inmediatamente en una situación de menores recursos económicos, visibilidad mediática y cercanía física con los centros de poder para poder incidir en el debate púbico y el proceso de toma de decisión política: … La Camila, el Giorgio, siempre mostraban una posición ante ciertos temas... y el otro sector que es mayoría en el Confech y que es desorganizado nunca posicionó un discurso o nunca posicionó un vocero en este caso y eso pasaba ¿por qué?, porque no estábamos en Santiago; segundo, no teníamos la capacidad de adquirir medios como lo tenían ellos; eras de región. O sea, las universidades de regiones por más que uno en la región que esté pueda decir ciertas cosas o se convierta en

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un referente de opinión, acá en Santiago no lo eras y en otras regiones tampoco (Entrevistado 9).

Pese a que las regiones no metropolitanas suelen compartir el paulatino abandono económico por parte del Estado chileno, al interior de dichas regiones y sus espacios educacionales pueden también haber diferencias interregionales en relación con la disponibilidad de recursos. Dichas diferencias pueden dar origen a una diversidad de objetivos, demandas y estrategias dentro del propio movimiento juvenil estudiantil: …Justo nos tocó dos Confech en el norte: Antofagasta e Iquique. Y pa’ mí fue impresionante ver que allá era gratuidad o muerte, poh... Cuando allá nosotros habíamos decidido que esto no daba más... que era otra cosa... cuando ya el proceso era que nos estábamos replegando casi, y allá era gratuidad o muerte (Entrevistado 9).

Sin embargo, la distancia de tipo geográfica e institucional (Davis 1999) que se originaría en relación con el Estado a partir de la centralización de las decisiones en el marco del proceso de regionalización del país relevaría la importancia de la unidad interregional frente al poder central. Específicamente, la reducción de la distancia geográfica no radicaría necesariamente en la exaltación de las diferencias regionales, sino que supondría a su vez la identificación de las necesidades comunes para la formulación de demandas redistributivas al Estado. En consecuencia, la generación de una mayoría regional no metropolitana sería una condición fundamental para superar esta forma de alejamiento en el marco de la institucionalidad vigente: Personalmente, pa’ mí, la visión de Estado que yo tengo es un Estado representativo de todo Chile, no comparto mucho con la división de regiones, porque se discrimina a realidades que no son tan distantes. Por ejemplo, el sur está dividido en cinco, seis, siete regiones, a espacios súper pequeños, poh... crear una región nueva como la Región de los Ríos, que era una región súper amplia, hace que se vayan polarizando más los territorios y se vayan dividiendo en diferentes políticas (Entrevistado 9).

En resumen, en los últimos años se han abierto nuevas posibilidades para que los/as jóvenes de las diversas regiones no metropolitanas del 120

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país puedan integrarse al sistema educacional. Sin embargo, el acceso a los recursos que debería acompañar dicho proceso ha tendido a no ser asegurado por parte de los gobiernos respectivos. Dicha situación es vivida por los estudiantes de manera similar al proceso de regionalización del Estado chileno, donde finalmente a las zonas fuera de la Región Metropolitana no se les ha dotado de los recursos necesarios para su funcionamiento y se les han restringido sus posibilidades de autogeneración y autodisposición de estos. Al respecto, el Estado chileno estaría acotando la participación y presentación de esta población, estableciendo, en términos de Davis, una distancia tanto institucional como regional que se acrecienta día a día.

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Capítulo VI Jóvenes mapuche y movimiento estudiantil

En este capítulo se presenta sintéticamente el desarrollo de las organizaciones mapuche a lo largo de la historia y su relación con las instituciones del Estado. Dicha revisión se centra principalmente en torno al nexo entre la institución educativa y las demandas de las organizaciones mapuche en dicho ámbito, en el marco de los procesos sociales y de democratización de la sociedad chilena contemporánea. A partir de estos antecedentes históricos, se presentan y analizan la participación y la representación de los/as jóvenes mapuche en el movimiento estudiantil actual.

1. El sistema educativo: asimilación y resistencia Toda política educativa es el resultado de una serie de valoraciones, cuyo examen no puede desentenderse de un análisis sobre sus componentes ideológicos ni pasar por alto el dilema acerca del poder. Para el caso de las nacientes repúblicas latinoamericanas, la construcción y consolidación del Estado-Nación constituía un objetivo central. Ya desde la Colonia se asumió en la sociedad chilena la educación del mapuche como un medio para transformar su identidad y facilitar la ocupación del territorio (Pinto 2003: 203). Posteriormente, el proyecto educativo tuvo como propósito la socialización política, articulándose como un mecanismo de dominación y subordinación del mapuche al proyecto nacional (Bengoa 2004: 320). El propósito geopolítico asignado a la 123

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educación por parte de las autoridades de ambos momentos históricos es descrito en la literatura como un proceso en el que la identidad del mapuche resulta negada y/o construida desde los grupos dominantes. Así, el proyecto del Estado-Nación articula un sistema educativo con evidentes rasgos homogeneizantes (Foerster/Montecino 1988: 77) asumiendo la misión educativa bajo una retórica civilizatoria (Caniuqueo 2006: 165; Pinto 2003: 203) que va a constituir una expresión más del racismo y la discriminación (Bengoa 2004: 321). En un primer momento, el proyecto Estado-nación confió la instrucción de la población mapuche a las iglesias. Así, durante la primera mitad del siglo XIX se extiende en la Araucanía lo que se conoce como escuela misional, a cargo de franciscanos y capuchinos (Pinto 2003: 203). Para la segunda mitad del siglo, el Estado mantiene las escuelas misionales, pero inicia una intervención estatal más directa (Pinto 2003: 203). Así, para 1858 había en la provincia de Arauco veintidós escuelas públicas, veinte fiscales y dos municipales (catorce eran de hombres y ocho de mujeres). En ellas, veintidós preceptores (de los cuales cinco eran normalistas) atendían 920 alumnos, y desde Santiago se financiaba una escuela en cada nuevo pueblo que se fundaba (Pinto 2003: 203). Según Foerster y Montecino (1988) la Iglesia Católica y en menor grado la Anglicana y Metodista fueron actores de gran relevancia política en la región. Su visión acerca de los temas indígenas tuvo un peso significativo en las decisiones gubernamentales, pero junto con evitar despojos y atropellos, su acción muchas veces obstaculizó el desarrollo de algunas organizaciones indígenas más distantes a su propia visión (Foerster/Montecino 1988: 52). En efecto, para la Iglesia Católica el pueblo mapuche necesitaba ser civilizado y asimilado a la nación (Foerster/Montecino 1988: 52) mientras que para los misioneros anglicanos debía reemplazarse la antigua cultura por una nueva con el fin de integrar al mapuche a la sociedad chilena «con el orgullo de pertenecer a la raza araucana» (Bengoa 1999, 105). Los capuchinos, por su parte, también poseían una visión modernizadora, pero enmarcada en un tradicionalismo teológico con aun mayor oposición a la cultura mapuche (Bengoa 1985: 384). En definitiva, la acción de los misioneros revela siempre un carácter ambivalente. A la vez que muestran voluntad de contención de los atropellos cometidos contra el pueblo mapuche, desempeñan un rol dentro de un proceso asimilacionista por la vía de la educación. Como era de suponer, este proceso produjo una primera generación 124

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de mapuche escolarizados en el marco del sistema educacional chileno que, mediante diferentes trayectorias, sea a cargo de generales o de misioneros de diversas órdenes religiosas, habían llegado a terminar la escuela e incluso transformarse en profesores primarios y secundarios (Bengoa 1999: 100). Con todo, el efecto de estos desarrollos da origen también a una generación que posteriormente va a presionar al Estado por integración o reconocimiento de determinados derechos. En efecto, de estas escuelas van a egresar quienes posteriormente van a encabezar las modernas organizaciones mapuche del siglo veinte, tales como la Sociedad Caupolicán y la Federación Araucana. La cobertura educacional en la población mapuche se inicia con un carácter sumamente focalizado, asumiendo el mismo modelo de la Colonia, que consistía en educar prioritariamente a los hijos de los caciques para que luego estos se convirtieran en agentes educadores del resto de la población mapuche (Pinto 2003, 205). Este cuadro está asociado a la violencia del período de ocupación de la Araucanía, donde se les exigía a los caciques derrotados entregar a un hijo en señal de paz (Bengoa 1985, 386). Décadas más tarde, muchos caciques derrotados optaron por enviar a sus hijos al colegio, asumiendo que las nuevas generaciones debían desenvolverse en el nuevo contexto (Bengoa 1985, 386). Pinto (2003) señala que esa orientación del sistema educativo convierte a la escuela en un verdadero enclave sociocultural desde el cual se intervenía la cultura del mapuche (Pinto 2003: 205). De acuerdo al autor, muchos mapuche advirtieron dicha situación, mientras que otros tantos vieron en la educación una herramienta para corregir las injusticias que se cometían contra su pueblo (Pinto 2003: 205). Según Pinto (2003) la educación se transformó, para los mapuche, en un arma que contribuía a contener los abusos, pero, a la vez, socavaba las bases culturales de su sociedad (Pinto 2003: 206). En el mismo sentido, Bello (2003) señala que los intelectuales mapuche formados en la etapa inmediatamente posterior a la ocupación de la Araucanía pagaron el precio de la violenta imposición de una lengua y una cultura ajena. La apropiación de la cultura chilena se transformó en un dispositivo que otorgó poder para sostener una disputa soterrada mediante los códigos del dominador, volviéndose un transitar de doble filo entre la asimilación y la incorporación autónoma de un conocimiento y una lógica ajena (Bello 2003: 82). Para poder comprender el vínculo entre el sistema educacional y la población mapuche en Chile cabe hacer un importante alcance respecto 125

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de cómo se ha entendido el concepto de intelectualidad mapuche en la literatura, el cual suele estar relacionado con lo que occidentalmente se entiende por intelectualidad. Por lo general esta ha revelado en sí misma la negación de su cultura, al no reconocer en la propia sociedad mapuche el estatus que diversos actores tradicionales adquieren por ser reconocidos por su propio pueblo como portadores y trasmisores del conocimiento. Asumir la reflexión intelectual como parte de una cotidianidad mapuche que se extiende desde los kimke (sabios) hasta los actuales pensadores, implica el desafío de asumir una lectura no colonialista de los procesos de formación intelectual (Nahuelpan et al. 2012). La intelectualidad mapuche, así comprendida, puede asumirse como fruto de quiebres y dominaciones, pero, a la vez, de resistencias, adaptaciones y negociaciones a lo largo de complejos procesos de dominación colonial (Nahuelpan et al. 2012). En síntesis, puede decirse que para las generaciones mapuche hasta aquí revisadas la expansión del sistema educativo y su inclusión en la escuela forma parte de procesos de colonización. Esos procesos de asimilación vía sistema educativo van a tener como resultado el surgimiento de organizaciones mapuche con fuerte perspectiva integracionista aunque también con un marcado acento en el respeto de su identidad cultural. Como se verá posteriormente, los jóvenes mapuche del siglo veinte van a asumir la organización de su pueblo y la demanda por mejores condiciones para sus hermanos, utilizando las herramientas que el propio Estado le proporcionó en dichos procesos de dominación.

2. El sistema educativo y las organizaciones mapuche durante el siglo XX La intelectualidad mapuche surgida al alero de los procesos del siglo XX se constituye orgánicamente en torno a nuevos y diversos instrumentos políticos. Para 1910 emerge la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, la primera asociación indígena después del proceso de ocupación y reducción. Fue presidida por Manuel Neculmán (primer profesor normalista de Temuco) con Basilio Garda como Secretario General y con Tomás Guevara (Director del Liceo de Temuco) como Presidente Honorario. Este último, en la alocución con que celebraran el primer año de la Sociedad Caupolicán, expresó:

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Antes se defendían con las armas, ahora deben defenderse con la instrucción: para no quedar totalmente vencidos manden a sus hijos a las escuelas, al liceo, etcétera. Así la generación venidera reemplazará dignamente a sus antecesores (Diario Austral, julio de 1911).

Foerster/Montecino (1988) hacen notar que la concurrencia al primer aniversario de la Sociedad Caupolicán es sumamente ilustrativa del carácter y orientación de la misma, donde la legitimidad de los dirigentes radicaba en su calidad de representante de las comunidades como en su preparación intelectual69. Al respecto, los principales derroteros de la organización son la defensa frente a los atropellos, el vínculo con las comunidades y el nexo con la política y con los huincas indigenistas que promocionaban la educación (Foerster/Montecino 1988: 18). En efecto, sus primeras acciones estuvieron orientadas a la denuncia de las injusticias cometidas contra su pueblo, así como también a las reivindicaciones relativas a la radicación e instrucción de los mapuche (Foerster/Montecino, 1988: 20). Esta orientación y estos objetivos fueron asumidos estratégicamente por la Sociedad Caupolicán mediante la vinculación directa con la sociedad chilena, asumiendo sus formas organizativas e incluso —en algunos casos— formando parte del electorado y la militancia de partidos políticos70. Es así como algunos de ellos conformaron el primer contingente de mapuche que participaron de la vida política en las ciudades de la Araucanía (Bengoa 1985, 386). Es el caso, por ejemplo, de los dirigentes de la Sociedad Caupolicán

En la celebración se encontraban líderes mapuche que en 1906 habían articulado una Sociedad Indígena de Protección Mutua (cuyo objetivo era defender a su pueblo de los atropellos e impulsar la candidatura al Senado del Radical Ascanio V. Santa María). Se encontraban también don Tomás Guevara, quien era uno de los primeros investigadores mapuche y el pastor anglicano Carlo Sadlier. (Foerster/ Montecino 1988: 18). 70 Aunque resulta innegable que muchos mapuche adscribieran ideológicamente a las filas de diversos partidos, se ha afirmado también que muchos pudieran haber asumido una relación más bien de carácter funcional que doctrinaria (Caniuqueo, 2006: 175). Bengoa (1999) ha señalado algo similar para explicar la adhesión de muchos mapuche de la sociedad Caupolicán a las filas del Partido Conservador y del Partido Liberal, señalando que su militancia principal era en la propia Sociedad Caupolicán y su presencia en el sistema de representación institucional respondería a una estrategia de posicionamiento y uso efectivo de los recursos de poder disponibles en la sociedad chilena. Sin embargo, ello no debe llevar a pensar que dentro del movimiento mapuche algunas familias no llegaran a expresar sus diversas preferencias ideológicas y lealtades partidarias (Bengoa 1999, 102). 69

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Defensora de la Araucanía, Manuel Manquilef y Venancio Coñoepán, en la generación de 1910 y de 1930, respectivamente. En paralelo a la Sociedad Caupolicán surge la Federación Araucana, cuyo origen está vinculado a la creación de la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche. Su primera dirigencia estuvo a cargo de Manuel Aburto Panguilef, quien asumió como Presidente de la Federación. Junto a él, en los cargos directivos se encuentra a José Luis Aburto (secretario), Abelardo Millanao e Hilario Catrilaf (tesoreros). En la primera sesión, su presidente habló acerca de la necesidad de un acercamiento entre todos los indígenas del país y de unión en la «defensa de la raza» (sic) (Foerster/Montecino 1988, 33). Se ha afirmado que la diferencia perceptible entre ambas organizaciones aquí mencionadas es que la primera abogaba por cambios culturales por vía de la educación, mientras que la segunda se orientaba mayormente hacia reivindicaciones culturales y territoriales. La diferencia de enfoque puede explicarse, según Caniuqueo (2006), en la fuerte influencia de la tradición anglicana y su orientación integracionista en la formación de los principales dirigentes de la Sociedad Caupolicán. Similar interpretación puede desprenderse de Bengoa (1985), quien señala que muchos dirigentes indigenistas integracionistas como Venancio Coñoeapan proceden de formación de la Misión Araucana encabezada por los anglicanos (Bengoa 1985: 384). De acuerdo a Bengoa (1985), el efecto de las condiciones aquí descritas es que a partir de 1900 los hijos de caciques que habían recibido instrucción chilena se habían establecido ya en los pueblos y pertenecían a las familias que habían recibido más tierras, tuvieran fuertes aspiraciones integracionistas en una sociedad donde la inclusión mantenía fuertes componentes discriminatorios (Bengoa 1985: 386). En 1934, una nueva generación, principalmente dirigida por jóvenes de Temuco, toma posición dentro de la Sociedad Caupolicán. Bajo el nombre de Juventud Araucana inician un proceso de renovación que, tras consolidar su hegemonía dentro de la organización, cambian su nombre a Corporación Araucana. Liderados por Venancio Coñoepán, se fortalece el enfoque integracionista y el vínculo más estrecho con el Partido Conservador, donde este militaba (Bengoa 1985: 389). Tras el fracaso electoral en la aventura parlamentaria de varios de sus dirigentes, la Federación Araucana y la Sociedad Caupolicán proclaman la República Araucana, aprovechando la proclamación de la República

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Socialista por Marmaduke Grove, Carlos Dávila y Eugenio Matte (Bengoa 1999: 106). La diversidad de tendencias y estrategias políticas dan cuenta de lo heterogéneo de las organizaciones. A su vez, los autores aquí revisados destacan el carácter instrumental asignado por los dirigentes mapuche a las instituciones y los procesos políticos de la sociedad chilena. En esa línea, Bengoa (1999) destaca, por ejemplo, el grado de acuerdo que tenía Venancio Coñoepan con las teorías comunitaristas del antropólogo comunista Alejando Lipschutz, siendo él militante del Partido Conservador. Bengoa (1999) afirma que la contradictoria aproximación que los mapuche han tenido y tienen a la política chilena se explica únicamente por los propios intereses indígenas, su sentido de grupo minoritario discriminado, que los conduce a utilizar de manera pragmática los diversos aspectos y posibilidades que la política chilena les entrega (Bengoa 1999: 114). En efecto, independiente de sus militancias particulares, los parlamentarios mapuche fueron activos en la denuncia de los atropellos y usurpaciones cometidos por la derecha política y por la izquierda política chilena (Bengoa 1999: 113). Adicionalmente, Caniuqueo (2006) muestra que la caracterización delineada por Foerster (1983) de «mapuchismo mesiánico» (atribuida a Manuel Aburto Panguilef), «mapuchismo de derecha» (a Venancio Coñoepan) y «mapuchismo de izquierda» (a Martín Painemal) no da cuenta del entramado de alianzas tejidas entre ellos y con todo el espectro de la clase política chilena (Caniuqueo 2006: 193). Tal es el grado de heterogeneidad de las organizaciones surgidas en esta época que, para 1926, bajo el lema «Dios, Patria y Progreso» surge la Unión Araucana. Según Foerster/Montecino (1988), esta organización nace ligada a la iniciativa y tutelaje de los capuchinos como forma de contrarrestar la hegemonía de las organizaciones mapuche descritas en párrafos anteriores, cuya orientación era comprendida por estos como «subversiva propaganda comunista» (Foerster/Montecino 1988, 54). La organización fue presidida durante varios años por Antonio Chihuailaf. Sin embargo, fue en el Prelado Apostólico de la Araucanía Guido de Ramberga en quien recayó el programa y la dirección de la organización (Foerster/Montecino 1988: 54). En 1938 se forma el Frente Único Araucano, vinculado al Frente Popular. Su organización también se componía de mapuche profesionales, fundamentalmente del área educativa, catalogados como una clase media emergente en sectores urbanos. Aparte de la lucha territorial, 129

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trabajaron fuertemente los temas de crédito agrario y educación (Caniuqueo 2006: 178). En materia educacional, propusieron que todas las escuelas indígenas sean del Estado y que se pase a este aquellas que estén en manos de órdenes religiosas. Asimismo, reclamaron la formación de una Escuela Normal Indígena Agrícola e Industrial para la formación de personal docente mapuche y el aumento de las becas indígena en los diferentes grados de la enseñanza, así como también la creación de una inspección de enseñanza indígena (Foerster/Montecino 1988: 158). Para 1940, el Frente Único Araucano celebró su Segundo Congreso con énfasis en la unidad indígena y con una serie de propuestas coherentes con la orientación seguida desde su fundación. Profundizando en el plano educacional, propusieron esta vez la creación de tres tipos de escuela; Quintas, Politécnicas y Granjas Agrícolas. Así mismo, exigieron la creación de un Hogar Indígena en Temuco, la promoción de brigadas culturales y de alfabetización, el aumento de las becas indígenas y la provisión por parte del Estado de mobiliario y material pedagógico para las escuelas de las reducciones (Foerster/ Montecino 1988: 160). Tras el debilitamiento y las divisiones de estos nacientes grupos, la hegemonía la concentra la Sociedad Caupolicán recibiendo a los mapuche que desertaban de estas experiencias políticas. Así, durante la década del cuarenta y cincuenta logra consolidarse como la más importante organización del movimiento indígena. Incluso, bajo la administración de Carlos Ibáñez, Coñoepán llegó a ser Ministro de Tierras y Colonización; a la vez que Romero y Cayupi —ambos de la Sociedad Araucana— alcanzaron la Cámara de Diputados. Ya para 1953, el movimiento mapuche lograría articular un completo programa que abarcó diversas áreas sociales. En dicho año se funda la Asociación Nacional Indígena, quienes para la década de 1960 presentarán una serie de demandas en conjunto con el Movimiento Indígena de Chile, la Sociedad Indígena Galvarino y el Grupo Universitario Indígena del Colegio Regional de Temuco. En una extensa carta, dirigida al vicepresidente de la República, estos dan cuenta de la amplitud de reivindicaciones que configuran una verdadera propuesta de desarrollo (Caniuqueo 2006: 186-188). En lo educacional solicitaban cuestiones específicas como la ampliación de la Escuela Quinta N°41 de Gorbea y la creación de nuevas escuelas de ese tipo con sus correspondientes internados; reposición de la Escuela Agrícola de Temuco y la creación de nuevas escuelas agrícolas y técnicas en las 130

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zonas de mayor población indígena cuyas especialidades se ajusten a las características económicas de la región; poner en práctica la autoconstrucción de escuelas rurales, considerando la mano de obra de las comunidades; baja en la nota mínima a 4, en todos los niveles; aumento de las cuotas de alimentación, vestuarios y materiales para niños indígenas; creación de hogares para estudiantes campesinos de las ciudades más importantes de la zona indígena; gratificaciones para el trabajo en el sector; entre otras (Caniuqueo 2006: 188). En conclusión, como se ha revisado hasta acá, la orientación colonizadora del sistema educacional chileno respecto del pueblo mapuche tuvo como resultado un proceso de asimilación sociocultural. Los nuevos procesos de resistencia surgidos a partir de entonces van a poner mayor acento en la integración con respeto de la identidad, así como también en la equiparación de los derechos económico-sociales de su pueblo respecto del resto de la población. Como todo proceso social, este implicó una serie de complejas relaciones políticas que llevaron a pueblo mapuche a utilizar de forma pragmática las instituciones de la sociedad chilena, así como también sus códigos organizacionales. 2.1 Las organizaciones estudiantiles mapuche Con posterioridad se desarrollan las organizaciones estudiantiles propiamente tales. Para 1967, nace el Grupo Universitario Indígena, que meses más tarde se transformó en la Federación Universitaria Indígena. Desde allí se abocaron a la difusión de los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario entre las comunidades, a fin de posibilitar su integración en todos los niveles y preferentemente en los culturales y económicos. Adicionalmente, esta organización se asumía como representante de los estudiantes mapuche ante las autoridades educacionales, políticas y administrativas (Foerster/Montecino 1988: 325). Su presidente y su vicepresidente eran estudiantes de la Universidad de Chile, mientras que los tres integrantes que les seguían en la dirección eran de la Universidad Técnica del Estado (Foerster/Montecino 1988, 325). Para el gobierno de Frei Montalva y el de Salvador Allende ya puede verificarse una expansión tanto de la matrícula secundaria como universitaria. Esta ampliación de cobertura hacia sectores rurales tiene como consecuencia una mayor presencia del pueblo mapuche en el sistema educativo. Sin embargo, la expansión de la matrícula acrecentó la demanda por hogares estudiantiles y becas (que ya venía tomando mayor fuerza desde la década de 1950). 131

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Para 1970, surge con fuerza la Federación de Estudiantes Secundarios Indígenas, presidida por Ramón Tranamil, del Instituto Superior de Comercio. Entre los logros propiciados en esta etapa puede contarse el efectivo incremento de los hogares indígenas, la alimentación en el casino de la Unctad y la gratuidad de los estudios universitarios para los mapuche (20 en Santiago y 30 en Temuco) mediante la Universidad Técnica del Estado. Sin embargo, esos años van a generar un intenso debate acerca de las alianzas políticas posibles versus la concepción de autonomía como pueblo. Mientras un grupo de jóvenes introduce la perspectiva de pueblo y considera a la izquierda como un aliado estratégico, otros sectores de la intelectualidad —como Lorenzo Ayllapan— asumen la militancia como parte de la realidad de muchos mapuche pero, sin embargo, estiman que el elemento étnico unificador del pueblo mapuche no puede calificarse de comunista o socialista, dada una supuesta incompatibilidad entre el carácter científico de estas y la cultura mapuche (Caniuqueo, 2006: 194). A su vez, pese a la mayor atención prestada por estos partidos a las demandas del pueblo mapuche, se ha señalado que los partidos de la Unidad Popular no fueron suficientemente capaces de comprenderlos como pueblo y tendieron a asimilarlos conceptualmente al campesinado (Bengoa 1999: 136-138). El golpe de Estado de 1973 fue afrontado de diversas formas por las organizaciones mapuche. Así como la Confederación de Sociedades Araucanas manifestó su lealtad a la Junta Militar, otros sectores comenzaba a sufrir la represión de la dictadura (Caniuqueo, 2006: 196). En materia educacional, Caniuqueo (2006) señala que se concibió al mapuche como objeto de planificación pública, siguiendo con lo que había sido históricamente el tratamiento de los asuntos propios del pueblo mapuche. Se instala progresivamente la necesidad de implementar una educación bilingüe, pero siempre en clave colonizadora, teniendo como propósito configurar un proceso de ideologización permanente a través de la escuela (Caniuqueo, 2006: 201). Por otro lado, los mapuche nucleados en organizaciones de izquierda son duramente reprimidos en el proceso de contrarreforma agraria71. En síntesis, el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles en los años sesenta es nuevamente asumido por el pueblo mapuche como una oportunidad de utilizar herramientas organizativas en la perse En este proceso, las tierras que se habían logrado recuperar en los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende es devuelta a los propietarios que habían resultado expropiados (Caniuqueo, 2006: 207-208).

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cución de sus objetivos. Como suele suceder, los nuevos instrumentos políticos despiertan la natural reflexión respecto de su pertinencia y efectividad, configurando así diferentes trayectorias políticas y diversos instrumentos organizativos. El avance de los procesos de democratización, cuyos logros comienzan a materializarse durante los años ‘60 y ’70, sufren un retroceso con el golpe militar a la vez que se generaliza la represión de las comunidades.

3. Transición y movimiento mapuche La transición a la democracia comienza con un nuevo hito para los pueblos originarios. En la Granja Escuela de los Metodistas de Nueva Imperial se reúnen diversas organizaciones y dirigentes con quien sería el nuevo Presidente de la República, Patricio Aylwin. La cita tenía como propósito la firma de un compromiso acerca de la política indígena de la transición (Bengoa, 1999: 182). Entre los puntos centrales, el futuro gobierno se comprometía a enviar al parlamento una Reforma a la Constitución de la República que reconociese formalmente a los pueblos indígenas de Chile. Además, se comprometía a impulsar una nueva ley indígena (preparada mediante una comisión con participación indígena). Por su parte, los pueblos indígenas allí reunidos se comprometían a resolver sus problemas y canalizar sus demandas por la vía institucional (Bengoa, 1999: 184) 72. El Chile posdictadura se inicia así con grandes expectativas democratizadoras, pero a la vez con grandes límites político-institucionales. Asimismo, los múltiples intereses económicos y el imperativo del desarrollo parecen colisionar tempranamente con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, siendo la instalación de la Central Ralco el episodio más ilustrativo —aunque no exclusivo— de dicha situación. Adicionalmente, en la actualidad el tratamiento penal de las demandas históricas del pueblo mapuche tiene como consecuencia que decenas de dirigentes enfrenten juicios con herramientas tan cuestionadas como la Ley Antiterrorista73. Por último, el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas no constituiría un instrumento mediante el cual poder comprender y abordar las relaciones entre los Ello se contempló como una forma de evitar futuras tomas de terrenos. La exigencia ocasionó un fuerte debate entre aquellos que estuvieron dispuestos versus quienes consideraban inapropiado hipotecar una herramienta de lucha tan importante como aquella (Bengoa, 1999: 184). 73 Veáse al respecto Human Right Watch 2004. 72

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pueblos indígenas y el Estado chileno, tanto desde sus antecedentes históricos como desde sus problemáticas y dinámicas sociales contemporáneas (Barrientos 2013). Las organizaciones mapuche hoy enfrentan nuevos desafíos y debates. Tal como señala Bengoa (1999), los jóvenes mapuche de la zona sur se han preparado para llevar a cabo planes de desarrollo en sus comunidades y se encuentran ante dificultades de toda naturaleza de parte de las empresas, del modelo de desarrollo imperante y del Estado (Bengoa, 1999: 229). La autogestión parece ser un elemento cada vez más preponderante dentro de la experiencia organizativa de las comunidades, instalándose progresivamente la demanda por autonomía para poder decidir y actuar (Bengoa, 1999: 229). En nuestros días, las comunidades autónomas, las herramientas políticas como el Partido Wallmapuwen y las organizaciones estudiantiles como la Federación Mapuche de Estudiantes son ilustrativas de la actualización de la característica diversidad de estrategias y tácticas que han definido la historia del pueblo nación mapuche.

4. Poder de la distancia y violencia institucionalizada: El Estado y el pueblo mapuche Como se ha revisado en este capítulo, el uso de métodos coactivos contra el pueblo mapuche es una herencia que se arrastra históricamente. En este apartado se revisan algunos elementos propios de la última década. Primeramente es necesario tener presente que la conceptualización que los dirigentes mapuche realizan de la violencia no se centra exclusivamente en el uso de los instrumentos represivos del Estado, sino fundamentalmente en la falta de reconocimiento por parte de este y de la sociedad en su conjunto respecto de su cultura. Esta situación representa una violencia mucho más profunda, cuya respuesta coactiva es una de sus manifestaciones más visibles y extremas. En este sentido, la represión y los discursos oficiales emergen como medios políticos orientados a la (re)producción de una identidad homogénea, la cual es altamente cuestionada por los dirigentes de los pueblos originarios. De este modo, se trazan, por lo menos en parte, los límites entre el pueblo mapuche y los ciudadanos/as chilenos/as, dando origen a lo que Davis (1999) ha caracterizado como una distancia de tipo cultural entre

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Estado y comunidades, la cual ha sido negada desde los procesos de construcción del Estado latinoamericano. Siguiendo a Davis (1999), la distancia entre Estado y pueblo mapuche se produciría tanto por la negación histórica de su identidad cultural y, en consecuencia, la imposición de procesos de aculturación o integración forzosa, así como también por la represión institucional que se ejerce sobre dicho pueblo, ante las fuerzas en contrario de resistencia cultural y demanda por reconocimiento. En efecto, como puede observarse en la literatura, para hacer frente a las movilizaciones mapuche el Estado ha utilizado tanto la estrategia del diálogo como la coacción. La judicialización de las demandas mapuche es, desde luego, cuestión de larga data. Ya en la década de 1930 Manuel Aburto Panguilef sufrió la represión por sus vínculos con grupos de izquierda, siendo apresado y relegado junto a otros dirigentes mapuche (Foerster/Montecino 1988: 144). En el gobierno de Alessandri la acción del gobierno se orientó a eliminar la mediación de las organizaciones mapuche y a implementar un «Plan Integral de Desarrollo» para pequeños campesinos mapuche en el contexto de la Reforma Agraria. En cambio, durante el período de Frei Montalva se expandieron ese tipo de políticas, retomándose la interlocución con las organizaciones (Foerster/Montecino, 1988: 351). Con la profundización de la reforma agraria en los ’60 y ’70, la demanda territorial se intensificó con las «tomas de terreno» y «corridas de cerco», incrémentándose la presión de los dueños de fundo por la aplicación de medidas represivas como la Ley de Seguridad Interior del Estado o el Estado de Emergencia (Foerster/Montecino 1988: 355). En consecuencia, las dinámicas de inclusión y exclusión han sido algo más complejas de lo que pudiera pensarse, existiendo una permanente tensión entre resolver los conflictos mediante la satisfacción de las necesidades y la penalización de la protesta. Con todo, independiente del camino escogido y de los énfasis puestos en la respuesta a esta tensión, la distancia entre Estado y pueblo mapuche es un tema no resuelto hasta la actualidad. En definitiva, como un continuo en la historia de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, la demanda territorial y la búsqueda de mejoras en las condiciones materiales han sido asumidas por el Estado mediante una doble dimensión que incorpora elementos de política social (restitución de tierras, becas académicas, hogares indígenas) y paralelamente una doctrina de seguridad interior (militarización del territorio, aplicación de Ley Antiterrorista) basada en la percepción 135

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de la demanda territorial mapuche como una amenaza a la integridad nacional y al Estado de derecho imperante (Cepal, 2012: 101). La consecuencia de esta forma de comprender la demanda histórica es, desde luego, la adopción de una doctrina represiva y criminalizadora de la protesta cuya expresión más clara es la alta presencia policial en las comunidades y los múltiples procesos abiertos contra comuneros mapuche. En efecto, según Cepal (2012), la actual movilización indígena y los actos de ocupación de tierras usurpadas han sido afrontadas por el Estado a través de la judicialización y la penalización de la acción colectiva, la militarización de los territorios, el hostigamiento a los dirigentes que lideran el proceso y con la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura (Cepal, 2012; 102). Sin embargo, parte importante de los delitos imputados a la población mapuche se resuelven sin forma de juicio, lo que permitiría concluir que los actos que se cometen no comprometen gravemente el interés público74. Tomando en consideración los antecedentes acá planteados, en las próximas páginas se presenta y analiza la participación y representación política de los/as jóvenes mapuche en el (sub)sistema político chileno a partir del caso específico del movimiento estudiantil contemporáneo. Al respecto, se destaca y discute el proceso de incorporación de la Femae (Federación de Estudiantes Mapuche) en la Confech, puesto que ha permitido visibilizar las fronteras y las distancias entre los jóvenes mapuche y dicho organismo de representación estudiantil de carácter nacional.

De los 183 delitos asociados al conflicto entre 2004 y 2009 contenidos en la Defensoría Regional de la Araucanía, un 16,4% de estos terminan por el ejercicio de las facultades propias del Ministerio Público (Cepal 2012; 108). Asimismo, un cuarto de los delitos imputados termina con salidas alternativas; otro 14% es sobreseído temporal o definitivamente, situación que pondría en entredicho el carácter delictivo de los hechos imputados o la posibilidad de probarlos. Además, de los 69 delitos que se resolvieron en forma de juicio, sólo 28 (un 15% del total) tuvieron sentencia condenatoria (Cepal 2012; 108). Por último, cabe tener presente que muchas sentencias condenatorias incluyen el uso de testigos protegidos, cuya condición de anonimato deja a la defensa sin posibilidad de poner a prueba la veracidad del testimonio. Como se ha señalado antes en este trabajo, esta situación ha sido considerada por los organismos nacionales e internacionales como juicios que no cumplen con las garantías de un debido proceso.

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5. La Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), la educación y el Estado: «Tenemos que reivindicarnos como mapuche». En el marco del proceso de democratización, durante el año 2011 surgió la petición de ingreso a la Confech de una nueva federación estudiantil. Se trataba de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), que agrupaba a estudiantes mapuche de diversas universidades públicas y privadas. Tras su nacimiento, esta nueva organización exigió participar al interior de esta confederación que, hasta entonces, estaba integrada únicamente por federaciones que representaban a los estudiantes por casas de estudios. La conformación de la Femae generó así un desafío a las lógicas de participación, representación y fiscalización que guiaban a la Confech desde su origen y con ello, visibilizó las falencias asociadas a las prácticas en que dichas lógicas se habían venido plasmando al interior de esta organización estudiantil. Desde el punto de vista de los/as dirigentes de la Femae, la Confech era un espacio de participación y representación de los/as estudiantes chilenos/as, pero no daba cuenta de los puntos de vista y necesidades de los/as universitarios mapuche, que ahora decidían agruparse en esta única y novedosa federación: Ese espacio no existía, pero nosotros lo creamos, porque no queríamos participar dentro de la estructura que ya estaba, porque no nos sentíamos representados ni por un centro de alumnos ni por una federación de estudiantes de una universidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Nosotros somos mapuche, tenemos una realidad histórica muy distinta, tenemos demandas que son puntuales y que siempre, históricamente, hay gente que defiende el tema, pero sin nosotros (…) Entonces nosotros dijimos «¡No! Tenemos nuestras propias formas de organizarnos y tenemos que reivindicarnos como mapuche desde nuestra propia orgánica y de nuestra propia creación como mapuche» (Entrevistado 1).

Este proceso puede ser comprendido desde la perspectiva de la «democratización de la democracia» (Beck, 1996). Al respecto, la institucionalidad del movimiento estudiantil no estaría exenta del constante cuestionamiento a las instituciones sociales modernas pertenecientes a los procesos de la modernidad reflexiva. En este marco, la propia organización de la Confech resulta sometida a examen por no dar cuenta de un sector de la sociedad que se considera históricamente 137

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ignorado o indebidamente representado. Emerge así la necesidad de reivindicación a partir de reconocerse a sí mismos como sujetos políticos y no aceptar intermediarios entre sus demandas y el Estado. Incluso podría decirse que la voluntad por generar una interlocución directa con este último es una manifestación de la necesidad de redefinir los límites que han generado una distancia histórica entre Estado y el pueblo mapuche. En ese sentido, la intermediación huinca entre mapuche y Estado no sería garantía de la reducción de esa brecha, en la medida que no representarían adecuadamente la reivindicación o la cosmovisión de este pueblo indígena. Adicionalmente, la necesidad de constituirse en actores políticos capaces de influir en los procesos de definición de las características del sistema educativo se relaciona también con el diagnóstico de la escuela como una institución desde la cual se ha asimilado forzosamente al pueblo mapuche. Coherente con ese diagnóstico, los/as dirigentes mapuche evidencian la tensión entre la necesidad de igualdad educativa con la importancia del reconocimiento a la diversidad cultural: Acá no queremos una educación igual para todos. Aquí vivimos en un país en que somos distintos y en en el cual queremos que se reconozcan las distintas lenguas, los distintos idiomas. Y si ustedes no se hacen cargo como dirigentes estudiantiles de las 38 federaciones de la Confech, van a ser parte, van a ser cómplices de un nuevo genocidio a los pueblos indígenas: un genocidio lingüístico, un genocidio cultural (Entrevistada 15).

En este punto del análisis se puede establecer un rasgo de continuidad con lo que ha sido la reivindicación educativa del pueblo mapuche. De hecho, los dirigentes reconocen la importancia de las organizaciones mapuche que ayer lucharon por el acceso igualitario pero, al mismo tiempo, existe hoy una evaluación crítica respecto de esos procesos que no habrían logrado la integración respetuosa de la cultura mapuche. Principalmente se pone el acento en la necesidad de compatibilizar el necesario acceso a oportunidades con la consideración hacia su cultura: Mi abuela, gracias a la lucha de estas organizaciones, logró estudiar la enseñanza básica. Llegó a segundo básico, y por no hablar bien el chileno se le pegaba, se le hacía arrodillar, en pleno invierno, en arvejas, porotos. Era una tortura para niños de 7 u 8 años y ¿por qué la sometían a eso? Porque no hablaba el español, no hablaba el chileno, porque no 138

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respondía a un modelo educacional. Ella era de un pueblo distinto y la estaban obligando a transformarse en chilena… o sea, es una violencia histórica, una violencia cultural, una violencia cruel» (Entrevistada 15).

Esta falta de reconocimiento se manifiesta tanto en las prácticas cotidianas de la institución escolar como también en el propio currículo educacional. En ambas dimensiones, los diversos ámbitos que configuran la identidad nacional (como son la lengua, el territorio y la historia), resultan negados: (…) sistema educacional que te pasa contenidos con la versión de la historia que… en 1598 existió el «gran desastre de Curalaba» ¿Por qué? ¡Porque en esa ocasión los mapuche ganaron! Para ellos, para los vencedores, para los chilenos, fue un desastre […] te dicen que el pueblo mapuche era del sur, pero en el norte estaban los Picunche, en el mar estaban los Lafquenche, en la cordillera estaban los Pehuenches y te los pasan como pueblos distintos y actualmente te lo pasan así, desconociendo que son pertenecientes a un mismo pueblo (Entrevistada 15).

En este punto, es necesario destacar que la distancia entre el Estado y una comunidad específica no tiene que ver necesariamente con la ausencia de órganos estatales, sino fundamentalmente con un modo determinado de dominación. En este sentido, las políticas públicas son una forma de resolver o reproducir la distancia entre el Estado y las comunidades sociales. Así, por medio del caso del pueblo mapuche se evidencia en el discurso de estos/as dirigentes un sentimiento de desafección que está marcado por una presencia estatal de carácter asimilacionista y colonialista. Sin embargo, el rol de la institución escolar en los procesos de aculturación no solo está presente en el discurso de los dirigentes mapuche sino también dentro de los líderes que no pertenecen a dicho pueblo. Desde ese diagnóstico, se evalúa positivamente la incorporación de la Federación Mapuche al movimiento estudiantil y se asigna importancia al aporte que ello puede significar para el diseño de un sistema educacional que reconozca y valore su cultura: Es decir… que hoy día el movimiento estudiantil tenga una mirada mucho más amplia, y eso es fundamental, o sea, plantear que las mallas curriculares o el modelo educacional debe tener incorporado hoy día y 139

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acoger lo que han sido nuestras raíces históricas, o proteger la identidad cultural o los derechos lingüísticos de quienes forman naciones dentro de nuestro mismo país. Es fundamental para tener una propuesta más integral (Entrevistado 12).

Ahora bien, configurar una educación que reconozca el carácter multicultural de esta sociedad es solo una parte de lo que los/as dirigentes mapuche evalúan como necesario. En su diagnóstico, es importante también avanzar hacia el reconocimiento constitucional que permita modificar las estructuras que niegan la existencia de los pueblos originarios. Como en otras dimensiones del análisis hasta acá revisadas, el logro de este propósito está coartado por la ausencia de mecanismos de participación que permitan a la diversidad cultural expresarse y materializarse en el ámbito institucional: … una reforma constitucional con cambios estructurales en los cuales se permitan, por ejemplo, iniciativas populares de leyes, en donde se permita que todos los sectores sociales se puedan expresar respecto de diversas temáticas, en donde nos podamos reconocer como país. Hoy en día se totaliza: la constitución chilena dice que Chile es un país unitario y que somos todos iguales, desconociendo las diversas nacionalidades que coexisten y que cohabitan en un territorio como son las naciones indígenas (Entrevistada 15).

Del mismo modo que para el diagnóstico anterior, dentro de la dirigencia no mapuche existe hoy mayor conciencia respecto de la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento y la valoración de los pueblos originarios, así como también hacia la concreción institucional de tal reconocimiento mediante la conformación de un orden político que se asuma desde lo plurinacional. … Aquí es fundamental, digamos, entender al país como un Estado plurinacional, donde no solo está el chileno… también hay otras raíces que hay que mirarlas como mucho aprecio y mucho respeto, porque han sido parte de la historia de nuestro país… y que tienen visiones distintas de la tierra, del agua, del Estado, de la organización, que nos ayudó a tener una visión mucho más integra como país (Entrevistado 12).

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Como se ha señalado anteriormente, estos elementos pueden ser vistos a la luz de los procesos de la modernidad reflexiva y de democratización. Desde esa matriz de análisis es posible identificar la emergencia de la Femae y su incorporación a la Confech como manifestación de una acción política orientada a democratizar el propio movimiento estudiantil. Este sería un paso necesario para la democratización de la sociedad en su conjunto. El movimiento estudiantil de 2011, una de las manifestaciones más importantes de los últimos años, constituyó una oportunidad inmejorable para impulsar las reivindicaciones de los estudiantes mapuche y, con ello, del pueblo mapuche en general. Con todo, esa decisión política no estuvo exenta de dificultades, las cuales a su vez revelaron la permeabilidad del propio movimiento social a las dinámicas excluyentes presentes en la sociedad chilena. Como se verá en el apartado siguiente, la incorporación de la Femae a la institucionalidad del movimiento estudiantil puede ser entendida como parte de los procesos de democratización de las estructuras político-sociales de nuestra sociedad. 5.1 El desafío orgánico a la Confech como avanzada democratizadora El ingreso de la Femae a la Confech constituyó un momento conflictivo dentro del desarrollo del movimiento estudiantil, pues visibilizó las dinámicas internas y reveló la baja disponibilidad para la inclusión de las minorías étnicas. A su vez, planteó desafíos en el ámbito de la participación y la representatividad, toda vez que la negativa a la inclusión de la Federación Mapuche de Estudiantes se manifestó en dinámicas no participativas y no representativas. En primer lugar, la dificultad inicial para aceptar la incorporación de la Femae se presentó bajo la forma de una diferencia de tipo cultural. La estructura de organización de la Confech no daba cabida a las formas de representación de la Femae asumida bajo la figura tradicional mapuche del werken y, por tanto, se cuestionó directamente la representatividad de la Federación Mapuche y la legitimidad de sus dirigentes: … Los dirigentes de otras federaciones no entendían que no tuviéramos un presidente, un vicepresidente, un secretario, sino que trabajáramos con la lógica de vocero. No podían entender que existieran diversas cabezas que se fueran rotando en la vocería interna de la federación. Eso respondía a la lógica de organización horizontal que es tradicional del 141

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pueblo mapuche, la lógica de las vocerías, la lógica de los werken y no a una lógica vertical… porque nosotros pensamos que si tu cortai la cabeza principal se desmorona toda la pirámide (Entrevistada 15).

Una segunda resistencia a la incorporación de la Femae, según los/ as dirigentes mapuche, guarda relación con razones político-ideológicas. Como se ha revisado en este capítulo, el carácter nacional de la demanda mapuche ha implicado que asuma muchas veces una práctica política pragmática o instrumental respecto de las instituciones políticas chilenas. La subordinación de los clivajes políticos tradicionales a sus intereses nacionales emergería ante la dirigencia de la Confech como problemáticos para la conducción política de la organización, pues auguraría una bajo nivel de predictibilidad y control de su comportamiento a la hora de alinear posturas: También ha habido mucho temor en torno a sectores políticos presentes en el movimiento estudiantil que tenían un miedo, yo creo de nosotros, porque nosotros siempre nos hemos planteado ni de derecha ni de izquierda… tenemos una posición que defiende intereses de un pueblo nación y no respondemos a lógicas o instrucciones de ningún partido (Entrevistada 15).

Con todo, según el relato de los dirigentes estudiantiles de la Femae, a la hora de construir mayorías dentro de la Confech se busca posibilitar un clivaje con la alineación de la instancia mapuche, pues dentro del imaginario de los dirigentes estudiantiles de izquierda se concibe al mapuche como más proclive a su sector: Y nosotros lo hemos vivido en el Confech. Porque a nosotros la mayor cantidad de gente que nos apoyó para entrar fue la gente de izquierda que no era de los partidos políticos, apartidistas, pero resulta que llega un momento en que nos dicen «¡ya, poh! ustedes tienen que cuadrarse con la izquierda, poh» (Entrevistado 1).

Al respecto, los dirigentes de la Femae se definen como una expresión nueva dentro del contexto de las lógicas organizativas estudiantiles. Asimismo, buscarían generar mayores grados de comprensión histórica del fenómeno que se vivía en el proceso de incorporación de su institución a la orgánica de la Confech: 142

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Y nosotros: «a ver, tranquilos… nosotros no somos de la izquierda y no vamos a ser tampoco de la izquierda… porque…» … y bueno, se da más en la izquierda eso, poh, con esa idea media leninista de acaparar, de sumarte a sus filas al final… Y nosotros «tranquilos, chiquillos, si nosotros no somos de izquierda, pero no se asusten, porque tampoco somos de derecha ni de la Concertación, nosotros somos una expresión nueva» (Entrevistado 1).

En este sentido, la distancia cultural constantemente señalada en las instituciones políticas se reveló como transversal a la estructura social. La irrupción política de la Femae generó así un proceso de reflexión interna que obligó a la organización estudiantil a observarse a sí misma dentro de los procesos democratizadores que estaban impulsando. Aunque pueda resultar paradójico, el carácter democratizador del movimiento estudiantil se vio interrumpido momentáneamente por una coyuntura política que los situó esta vez en la posición de agente de exclusión. Con todo, los procesos reflexivos internos de la Confech tuvieron como resultado final la incorporación de la federación mapuche; hecho que ha sido reconocido como constitutivo de un movimiento estudiantil más integral. Ello tras haber comprendido que sus posibilidades de liderazgo político dependen precisamente de su capacidad de ampliar la participación y la representación: Fue un tema complejo. Al menos yo debo decir que fui uno de los principales gestores para que ellos pudiesen entrar. Consideraba que, más allá del tema de la representación, era fundamental lo que ellos pudiesen aportar (…) Y efectivamente aportaron, porque, por ejemplo, agregaron el tema de la interculturalidad en el discurso, agregaron el tema de la interculturalidad en la propuesta (…) yo creo que se tiene que avanzar en rescatar todas las identidades de los pueblos originarios para así que no existan sistemas, digamos, un conocimiento homogéneo… un sistema educacional homogéneo… sino que es necesario saber convivir con tales diferencias (Entrevistado 12).

En el actual escenario ha emergido entonces la necesidad de los dirigentes mapuche por constituirse en actores políticos colectivos y ser reconocidos como tales. En esa dirección surge como necesario no solo ajustar las instituciones políticas para cumplir con el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación, sino también adecuar 143

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las propias prácticas del movimiento social para generar desde allí un correlato de los principios que buscan instaurarse a nivel societal. Estos elementos, que pueden ser comprendidos como parte del proceso de democratización de la sociedad, parecen haberse consolidado a partir de la acción impulsada por los propios dirigentes estudiantiles mapuche, que obligaron a instaurar un periodo de reflexión interna del movimiento estudiantil. Sin embargo, las dinámicas de inclusión y exclusión a nivel social son siempre dinámicas y, por tanto, el desafío de la democratización puede considerarse una constante en el desarrollo del movimiento estudiantil y el movimiento mapuche a futuro. En efecto, la revisión a la literatura realizada en este capítulo da cuenta de complejos procesos en términos de la relación entre Estado y pueblos originarios a lo largo de la historia. En ese sentido, la redefinición de las fronteras y de las distancias establecidas es un asunto en el cual no solo resulta interpelado el Estado o las élites gobernantes, sino la totalidad de la sociedad en la cual la estructura social está encarnada. Dicho de otro modo, las dinámicas de inclusión/exclusión, involucradas en el dilema del poder, no se encuentran centralizadas sino que se manifiestan en la complejidad de las relaciones sociales y en diversas esferas de la sociedad. Por ello, puede decirse que en los procesos de democratización, impulsados desde el movimiento estudiantil, se hallaba —quizá a modo de punto ciego— una de las exclusiones políticas históricas de nuestra sociedad, como es el no reconocimiento a nuestra diversidad étnica. Esta experiencia plantea una cuestión no menor que se relaciona con los límites de la representación, dado que incluso los sujetos políticos más activos no estarían en condiciones de ver aquello que ha sido puesto más allá de las fronteras del discurso hegemónico. En este caso, pese a la alta probabilidad de que los dirigentes estudiantiles tuvieran conciencia de la exclusión histórica del pueblo mapuche en la vida política nacional, no fueron capaces de ver en el conflicto por el ingreso de la Femae a la Confech la (re)producción de dichas dinámicas. Este fenómeno nos remite una vez más al recurrente tópico de la participación y la representación, en el sentido de que, junto a los principios de la representación, deben fortalecerse mecanismos de participación política que viabilicen una adecuada resolución de las tensiones inherentes a la vida colectiva.

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Capítulo VII Género y movimiento estudiantil

En el marco de la modernidad no solo se han establecido límites para participar en el sistema político, sino que en términos más generales, también para diferenciar el espacio público del espacio privado. Específicamente, el orden social moderno se construyó a partir de una división sexual del trabajo social entre hombres y mujeres, definiendo claros límites entre ambos en términos de tiempo y espacio (Montecino Aguirre 2008; Godoy/Díaz/Mauro 2009). Se configuraron así ámbitos de acción diferenciados por género, siendo el espacio público y el espacio privado los ámbitos de acción asignados a cada uno/a, respectivamente. En dicho contexto, el trabajo remunerado, aquella actividad pública que adquiriría en una economía monetarizada cada vez mayor prestigio social, se conformó en un espacio de predominio masculino (ibid.). De esta misma manera, la esfera política se constituyó en otro ámbito más de acción y construcción pública de lo masculino. Pese a que ciertamente Chile nunca se constituyó en una sociedad moderna a través de su proceso de industrialización, sí incorporó las instituciones sociales fundamentales de dicho modelo. Es así como en el marco del orden moderno de género, el trabajo asalariado y la familia nuclear han regulado y estructurado las acciones e interacciones de las personas durante el siglo XX en Chile (Sagredo/Gazmuri 2007; Montecino 2008). En este marco institucional, el lugar socialmente asignado a las mujeres ha sido la esfera privada, específicamente la 145

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familia. Al respecto, se ha supuesto que sus necesidades materiales así como las de sus hijos/as serían satisfechas por parte de sus parejas (González Mora 2006; Montecino 2008; Godoy/Díaz/Mauro 2009). En consecuencia, la participación laboral de las mujeres durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX fue significativamente menor a la participación laboral masculina (Sagredo Baeza /Gazmuri R. 2006, 2007; Arriagada 2007; Montecino 2008; Godoy/Díaz/Mauro 2009). En el caso del sistema político, los límites definidos para la participación femenina en la esfera pública estructuraron también allí sus acciones. Es así como el derecho a voto de las mujeres en Chile recién se reconoció en 1934 para las elecciones municipales y en 1949 para las elecciones presidenciales, mientras que el sufragio alfabeto masculino comenzó en 1874 (Maza Valenzuela, 1995). Los avances alcanzados en términos del reconocimiento de estos derechos políticos han sido, por lo menos en parte, el logro de la emergencia de muy diversas asociaciones de mujeres que se fueron estructurando progresivamente en esta sociedad75. Parte importante de dichas diferentes formas de organización colectiva se han formado a partir de la participación laboral femenina por parte de los segmentos populares y progresivamente de los sectores profesionales. Desde allí fueron tomando conciencia de sus desigualdades laborales, familiares y políticas y generando organizaciones colectivas heterogéneas entre sí (ibid). Al respecto, la dictadura cívico-militar ha sido identificada como un contexto que propició finalmente la creación de un «movimiento desde la diversidad» (Carrasco 2008: 145), específicamente una acción colectiva que logró tener como objetivo común la recuperación de la democracia y la denuncia de los diversos abusos a los derechos humanos (Carrasco 2008; Illanes 2012). El proceso de transición a la democracia abriría nuevos desafíos para dicho movimiento y sus avances en el cuestionamiento de los límites impuestos por el orden moderno de género.

Sobre las diversas formas de asociacionismo femenino en Chile véase Antivilo Peña 2008; Brito Peña 2008; Carrasco 2008; Stuven 2008; Illanes 2012.

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Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

1. Acceso a la educación y creciente participación laboral: ¿redefiniendo límites y acortando distancias entre hombres y mujeres? En las últimas décadas se observan transformaciones importantes en la participación de las mujeres en el sistema educacional y el mercado laboral que podrían llevar a pensar en una transformación en las relaciones modernas de género, tanto en la esfera privada como pública. Específicamente en el marco de la expansión general del sistema educacional en esta sociedad, las nuevas generaciones de mujeres han venido siendo incorporadas crecientemente a dicho sistema. Concretamente, entre los dos últimos Censos de Población y Vivienda (1992 y 2002) se registraron niveles educacionales más altos en la población femenina, correspondientes a los grupos etarios 15-29 y 30-44 años, que en la población masculina (Teitelboim/Salfate 2003; Pnud 2010). Actualmente, en el sistema de educación superior hay una mayor presencia de mujeres que hombres en el primer año de pregrado en el país (ver cuadro N°1). Cuadro N°1: Matrícula de pregrado de primer año por tipo de institución y género, 2012. Matrícula primer año mujeres (%)

Matrícula primer año hombres (%)

Total

Universidad

52%

48%

Institutos profesionales

50%

33%

C.F.T.

51%

49%

19%

Total

51%

49%

100%

Tipo de institución

Fuente: Consejo Nacional de Educación (2012).

En este contexto, y acorde a las tendencias observadas en América Latina (Abramo 2002; Piras 2006; Cepal 2011; Oit, 2011), han aumentado también los niveles de participación laboral femenina en Chile. Al respecto, cabe tener presente que las reformas neoliberales y los procesos de reorganización productiva ocurridos en las últimas décadas en América Latina han considerado al trabajo, específicamente, al trabajo femenino como una de las principales variables de ajuste económico (Oit 1998; Tokman/Martínez 1999; Abramo 2004 147

Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún

Bensusán 2006; Iranzo/de Paula Leite 2006; Novick/Carrillo 2006; Cárdenas/Link/Stillerman 2012). En el caso de Chile, donde dichas reformas se iniciaron en la década de los ‘70s, la tasa de participación laboral femenina creció efectivamente desde un 22% en el período 1960-1970 a un 35,7% en el año 2002 (Godoy/Díaz/Mauro 2010: 88). Actualmente, las mujeres de 15 años y más presentan una participación laboral de un 47,6 en Chile (Cepal/Oit 2012). Esta situación ha sido posible, por lo menos en parte, debido al sistemático aumento de la economía en estas últimas dos décadas (Cepal 1996; Oit 1998; Reinecke/Velasco 2007) y la importancia del trabajo remunerado femenino como medio para asegurar la integración material y simbólica de las familias y los requerimientos productivos en esta sociedad (Todaro/ Yáñez 2004; Mora 2006; Godoy/Díaz/Mauro 2010; Cárdenas/Link/ Stillerman 2012; Cárdenas 2013b). Los avances alcanzados en materia de participación laboral femenina siguen siendo, sin embargo, claramente inferiores a la tasa de participación masculina. De hecho, actualmente la participación laboral femenina en Chile no solo es inferior a la de dicha fuerza de trabajo, sino que se sitúa por debajo del nivel de participación laboral de las mujeres en América Latina (ver cuadro N°2). Cuadro N° 2: Participación laboral en Chile y Latinoamérica según género, 2011-2012, (Oit 2013) Chile

Mujeres

Hombres

2011

47,2

72,9

2012

47,6

72,0

2011

49,3

71,3

2012

49,8

71,4

Latinoamérica

Al mismo tiempo, la mayor participación laboral femenina en el espacio público no se ha traducido en una redistribución de las tareas en el espacio privado. Específicamente, en los hogares chilenos persiste aún una división sexual de las labores domésticas, donde las mujeres siguen siendo las principales responsables del aseo, las compras y el cuidado infantil (Pnud/Oit 2009; Pnud 2010; Cárdenas 2013b). 148

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

Por último, la mayor participación laboral femenina no se ha expresado en un acceso significativo de este segmento de la población a puestos de decisión y liderazgo (Pnud 2010; Cárdenas/Correa/Prado 2013a, 2014). Por el contrario, en los diversos sectores de la economía, así como en el sector privado y público se observa una clara segregación laboral según género (ver cuadro N°3). Esto significa que las mujeres tienden a concentrarse en determinados segmentos del mercado de trabajo (segmentación horizontal) y en posiciones de poder relativamente inferiores (segmentación vertical) (Anker 1997; Leitner 2001). Las segregaciones horizontal y vertical no son fenómenos independientes entre sí, sino que estos tienden a estar interrelacionados, dando finalmente origen a estructuras de dominación entre hombres y mujeres (Anker 1997; Leitner 2001; Brunet/Alarcón, 2005; Godoy/ Díaz/Mauro 2009; Aulenbacher 2010; Gottschall 2010). De hecho, en las últimas décadas en Chile se viene observando una participación laboral femenina caracterizada por condiciones de trabajo precarias, es decir, de progresiva pérdida de la seguridad contractual y social del trabajo (Oit 1998; Wormald/Ruiz-Tagle 1999; Todaro Yáñez 2004; Piras 2006; Pnud 2010; Cárdenas/Link/Stillerman 2012). El significativo acceso de las nuevas generaciones de mujeres al sistema educacional, así como su creciente participación laboral en Chile, estaría entonces dando cuenta de un cierto debilitamiento de los límites normativos sobre los cuales se construyó un orden de género de tipo patriarcal. Sin embargo, y al mismo tiempo, se observan dinámicas sociales de reproducción que estaría creando nuevas limitaciones (Guzmán/Mauro 2004a; Todaro/Yáñez 2004; Pnud 2010), es decir, una «retradicionalización de las relaciones de género» (Jürgens 2001, 2003) para contener la mayor presencia de las mujeres en la esfera pública en esta sociedad.

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Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún

Cuadro N°3: Relación hombre/mujer en puestos de poder según sectores, 201376.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de páginas web de empresas, sector financiero y seguros, asociaciones, salud, autoridades electas, sindicatos, educación, autoridades no electas y servicios nacionales.

2. Relaciones de género y sistema político La progresiva participación de las mujeres en el espacio público no se ha restringido a su integración al sistema educacional o al mercado del trabajo, sino que también al sistema político chileno. Después de ya casi un siglo de su primera participación como votante en un proceso eleccionario municipal, y en un escenario de transición democrática, las mujeres políticas tienen hoy una relativa mayor presencia en los gabinetes y el parlamento (Pnud 2010). Más aún, en este período fue elegida la primera presidenta mujer en esta sociedad: Michelle Bachelet. De hecho, en los momentos en que se termina de escribir este libro compiten por el cargo de la Presidencia del país dos mujeres: la ex Presidenta Michelle Bachelet y la parlamentaria y ex ministra Evelyn Matthei. Este cuadro presenta una síntesis de un estudio más amplio realizado durante el año 2012 con el apoyo de la Fundación Böll, en el marco del cual se sistematizaron y analizaron diversas fuentes de información secundarias publicadas por organizaciones privadas y estatales a nivel nacional. Véase al respecto Cárdenas/ Correa/Prado 2013a, 2013b, 2014.

150

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

Los procesos de cuestionamiento y transformación de los límites del orden moderno de género se enmarcan y han sido propiciados por contextos internacionales y nacionales. A nivel internacional, destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) (1979) así como la I, II, III y IV Conferencia Mundial de la Mujer realizadas en México (1975), Copenhagen (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) a través de las cuales se fueron estableciendo lineamientos para la construcción de una institucionalidad de género, es decir, un conjunto de normas y prácticas que promoviesen la igualdad de género en los diversos ámbitos de acción a nivel de los estados. A nivel nacional, se ha venido construyendo también en Chile progresivamente una institucionalidad de género (Carrasco 2008; Pnud 2010; Guzmán Barcos/Montaño Virreira 2012; Hiner 2013). La creación del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) ha buscado simbolizar, a través de sus diversas iniciativas77, el interés del Estado chileno por realzar como objetivo transversal la superación de las diversas desigualdades entre hombres y mujeres en Chile (Franceschet 2003; Hiner 2013). Al respecto, cabe también considerar las acciones del Estado en tanto empleador. Como ya se indicó, datos recientes muestran que este ha tendido a situar a sus trabajadoras en puestos de decisión en una mayor proporción que el sector privado (ver cuadro N°3). Dicha dinámica se ha plasmado especialmente en las autoridades no electas78 y en los diferentes servicios nacionales (ver cuadros N° 4 y N° 5), así como también en el sector de la salud pública y sus diversos organismos (ibid.).

Dentro de estas iniciativas destacan la aprobación y entrada en vigencia de ley contra la violencia intrafamiliar (1994), el Programa Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex parejas y en situación de riesgo grave y/o vital, el Programa Hombres por una vida sin violencia, los Centros de la Mujer (ex Centros de Atención Integral y Prevención de Violencia Intrafamiliar) y los Centros de Atención Reparatoria a mujeres víctimas de agresiones sexuales. 78 En el estudio anteriormente mencionado se consideró bajo la categoría «sector público no electo» a las intendencias, los/as ministros/as de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los ministros de gobierno y las superintendencias. 77

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Cuadro N°4: Relación hombre/mujer en puestos de poder dentro del sector político elegido, 2013.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de páginas de cámara de diputados, cámara de senadores, gobierno de Chile y emol.com (listado de alcaldes y concejales electos).

Cuadro N°5: Relación hombre/mujer en puestos de poder dentro del sector político designado, 2013.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de páginas web del Poder Judicial, Corte de apelaciones, intendencias, superintendencias de Chile, Servicio de Registro Civil. Así mismo, información de páginas web de Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas, Ejercito, PDI, Aduana, Correos de Chile, Servicio de Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, SENAME, SERNAC, SERNAM, SERNAPESCA, SERNATUR y Servicio Agrícola y Ganadero. 152

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

Pese a que en las últimas décadas se ha logrado crear progresivamente una institucionalidad de género y políticas públicas derivadas de estas, al considerar aspectos adicionales en dicho balance emergen imaginarios colectivos tensionados y contradictorios acerca de lo femenino, tanto en este contexto institucional como finalmente a nivel societal. Es así como a lo largo de su implementación se ha observado que las mujeres ministras tienden a dirigir los ministerios del área social y cultural, áreas consideradas de preocupación y de capacidad de dirección «propiamente femenina», pero no los ministerios del área política y económica (Guzmán Barcos/Montaño Virreira 2012). Así mismo, los programas y políticas orientadas hacia las mujeres han tendido a concebir a este grupo en tanto madres, desconociendo los derechos que les son propios en tanto sujetos (Blofield/Haas 2005; Carrasco 2008; Hiner 2013). Por último, la emergencia de dicha institucionalidad ha logrado solo reducir parcialmente una de las manifestaciones más evidentes de las desigualdades de poder existentes en esta sociedad: la violencia de género. Al respecto, los casos de violencia intrafamiliar y una de sus expresiones más explícitas, como lo es el femicidio79, continúan siendo problemas sociales que dan cuenta de prácticas cotidianas que buscan reproducir el orden moderno de género a través de la limitación y vulneración de la autonomía corporal de las mujeres80. En el proceso de transformación del orden moderno de género, las diversas asociaciones de mujeres han sido quienes, sin lugar a dudas, han continuado liderando sistemáticamente el cuestionamiento de los límites de dicho orden en esta sociedad. En las últimas décadas, se han formado, reorganizado y desarrollado agrupaciones tan diversas como el Memch81, el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, el colectivo De acuerdo a la Unidad de Prevención de Violencia Familiar del SERNAM, entre 1997 y 2011 el número de femicidios ha venido disminuyendo sistemáticamente desde 62 a 34 casos, respectivamente. Sin embargo, la totalidad de casos ocurridos en dicho período es de 299 casos, es decir, un promedio de casi 50 mujeres muertas por sus parejas o ex parejas en cada año (Sernam 2012). 80 La escasa discusión pública en torno al derecho al aborto llevada a cabo hasta el momento también da cuenta de la vigencia del control social del cuerpo femenino como medio para la construcción y reproducción de las relaciones de género en esta sociedad. 81 El caso del Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch) es especialmente interesante, pues a través de su desarrollo de su fundación, en 1935, hasta la fecha se pueden apreciar los diversos avances así como límites que ha tenido el cuestionamiento y la transformación del orden moderno de género por parte de las asociaciones de mujeres en esta sociedad. 79

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Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún

de mujeres afrodescendientes Luanda, Anamuri, la Coordinadora de Mujeres de Organizaciones e Instituciones Mapuche, entre otras. Desde la diversidad de temas que las han convocado, sus acciones se han orientado principalmente hacia la visibilización de las relaciones de desigualdad, dominación y violencia en el marco de las cuales se ha construido y reproducido aquel orden de género (Carrasco 2008; Guzmán Barcos/Montaño Virreira 2012; Illanes 2012; Hiner 2013). Al respecto, y desde el punto de vista de la paulatina participación, representación y fiscalización de estas diferentes asociaciones de mujeres en el sistema político durante el período posdictadura, la literatura especializada ha dado cuenta tanto de avances como de retrocesos. Por un lado, sectores de mujeres tradicionalmente vinculados al mundo político de derecha y profesional se han acercado a las acciones promovidas estatalmente (Valenzuela 1997 citada en Carrasco 2008; Franceschet 2003). Por otro lado, las asociaciones femeninas de la sociedad civil habrían tendido a organizarse «a nivel local y en torno a ejes muy circunscritos, constituyendo numéricamente una mayoría sin presencia en el ámbito público institucional y sin articulación entre sí» (Carrasco 2008: 151). Adicionalmente, Franceschet (2003) ha destacado que la clase y la raza, dos categorías que finalmente permiten comprender en conjunto con el género la configuración compleja de las relaciones de desigualdad en una sociedad (Crewshaw 1989, 1991; Sassen 2007), estarían dando cuenta de una realidad muy diversa respecto de la participación, la representación y la fiscalización de las distintas asociaciones de mujeres, en el marco de la institucionalidad de género hasta ahora construida. Dicha heterogeneidad podría estar dando origen, en el sentido de Davis (1999), a diferentes tipos de distancia. En este contexto, el caso del movimiento estudiantil es especialmente interesante de ser analizado desde el punto de vista de la construcción, la reproducción y la transformación de las relaciones de género. Esto, debido a que este movimiento social busca finalmente transformar los fundamentos institucionales de la sociedad chilena contemporánea. Es así como a primera vista se observa que en el marco del movimiento estudiantil ha habido una importante presencia de mujeres líderes estudiantiles tanto secundarias como universitarias. De hecho, la principal representante del movimiento estudiantil en los medios de comunicación ha sido en estos últimos años una mujer: la dirigenta Camila Vallejos. Considerando dicho liderazgo, inserto en el proceso de democratización de la Confech y del proceso más general 154

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

de transformación del orden moderno de género en la sociedad chilena contemporánea, cabe entonces preguntarse, ¿cómo se ha desarrollado la participación y representación de las dirigentes estudiantiles al interior de esta confederación estudiantil? En las próximas páginas se intenta dar respuesta a esta interrogante.

3. Participación de mujeres en puestos de dirección de las federaciones de estudiantes en Chile Una primera aproximación a las dinámicas de participación y representación de las mujeres en este movimiento estudiantil es indagar en la presencia de ellas en los puestos de dirección electos en las federaciones de estudiantes. Al respecto, la composición de un grupo seleccionado de estas federaciones correspondientes a universidades del Consejo de Rectores muestra que la mayoría de los cargos de los últimos años han sido ocupados en su gran mayoría por hombres (ver cuadro N°6). Dicha dinámica es especialmente evidente en el caso de los puestos de presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a ejecutivo/a o general, donde casi no ha habido mujeres ocupando dichos puestos. Estos resultados no son una novedad, puesto que históricamente ha habido una baja presencia de mujeres en estos puestos de dirección, situación que se explicaría tanto por la exclusión relativa del sistema político, como por su exclusión del sistema educacional, específicamente universitario. Es así como por ejemplo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) ha tenido desde sus orígenes hasta la fecha solo tres presidentas, sobre un total de 103 presidentes. El caso de su símil de la Usach, la Feusach, muestra esta misma tendencia, con 27 presidentes electos desde su fundación versus sólo cuatro mujeres que han ocupado dicho puesto de poder. Por último, la Feuc, federación creada en 1938 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha elegido hace pocos días recién a su segunda presidenta. En conclusión, tras el liderazgo de quien ha sido una de las principales representantes del actual movimiento estudiantil en los medios de comunicación, las federaciones de estudiantes presentan hasta hoy aún una composición altamente masculinizada, la cual contrasta con la alta participación que las mujeres han alcanzado en el sistema de educación superior en esta sociedad. Así mismo, los puestos en que logran participar las estudiantes parecieran reproducir la histórica segregación laboral y política según género existente en esta sociedad, 155

Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún

en la medida en que tienden a no ocupar los puestos de mayor responsabilidad al interior de estas organizaciones y suelen estar a cargo de su gestión interna. Cuadro N°6: Participación de mujeres en los puestos de dirección de las federaciones de estudiantes, 2011-2014. Fech (Lista Integrada) 2011

2012

2013

2014

Presidenta:

Presidente:

Presidenta:

Camila Vallejo (JJ. CC.)

Gabriel Boric (Izquierda Autónoma)

Andrés Fielbaum (Izquierda Autónoma)

Vicepresidenta:

Vicepresidente:

Melissa Sepúlveda (Frente de Estudiantes Libertarios, FEL)

Vicepresidente: Francisco Figueroa (Izquierda Autónoma) Secretario General: Cristóbal Lagos (Nueva Izquierda) Secretario de Comunicaciones: Mauricio Valencia (Izquierda Autónoma) Secretario Ejecutivo: Juan Pedro Lühr (Gremialista)

Camila Vallejo (JJ. Fabián Araneda CC.) Secretaria Secretario General: General: Rebeca Gaete Felipe Ramírez Secretario de (FEL) Comunicaciones: Secretario de Sebastián García Comunicaciones: Secretario Andrés Fielbaum Ejecutivo: (Izquierda Autónoma) Francisco Montoto Secretario Ejecutivo: Julio Maturana (JJ.CC.)

Vicepresidente: Sebastián Aylwin (Izquierda Autónoma) Secretario General: Iraci Hassler (JJ. CC.) Secretario de Comunicaciones: Benjamín Idini (UNE) Secretaria Ejecutiva: Roxana Valdebenito (Colectivo Plataforma Colectiva)

Scarlett Mac-Ginti (JJ.CC.)

156

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento... Feuc 2011

2012

2013

2014

Presidente:

Presidenta:

Giorgio Jackson (NAU)

Noam Titelman (NAU)

Diego Vela (NAU)

Naschla Aburman (NAU)

1era Vicepresidencia:

Andrés Couble

Primer Vicepresidente:

Camila Carvallo

Rodrigo Echecopar

2da Vicepresidencia:

Ignacio Oliva

2da Vicepresidencia:

Francisca Vergara

Segunda Vicepresidenta:

Secretaría General:

Fernanda Mansilla

Francisco Fuenzalida

Daniela Ramos

Primera Secretaria Ejecutiva:

2da Vicepresidencia: Pablo Glatz Secretario General:

1er Vicepresidente:

1er Secretarío Secretaría General: Ejecutivo: Sebastián Vielmas Valentina Latorre José Ignacio Yáñez 1er Secretario Ejecutivo: 1er Secretario 2da Secretaria Ejecutivo: Ejecutiva: Fernando Reyes José Manuel Vidal Andrés Bartelsman 2da Secretaria Ejecutiva: 2da Secretaria Ejecutiva: Aintzane Lorca Emilia Malij

Ignacia Pinto Segunda Secretaria Ejecutiva: Ale Fernández Secretario General: Juan Pablo Palma Consejero Superior: Nicolás Soler

157

Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún Feusach 2011

2012

2013

Presidente:

Camilo Ballesteros (JJ. CC.)

Sebastián Donoso

Takuri Tapia

Vicepresidenta:

Vicepresidente:

Camila Carrasco Felipe Salgado (Juventud Secretario General: Socialista) Francisco Acuña Secretaria General: Secretario de Finanzas y Soledad Caminos Bienestar: Secretario de Finanzas: Esteban Gutiérrez Óscar Silva Secretaria de Secretaria de Comunicaciones: Comunicaciones: Bárbara Vallejos María Ignacia Ruiz Consejeros Académicos: Consejeros Académicos: Takuri Tapia Eduardo Garrido Manuel Villegas (Juventud Socialista) René Andrade Luis Lobos (JJ.CC.)

Esteban Ascencio Secretario General: Sebastián Toledo Secretario de Finanzas y Bienestar: Fidias Alexópolus Secretaria de Comunicaciones: María José Navarrete Consejeros Académicos: Mauricio Pardo Pilar Veas Gonzalo Pacheco

Al cierre de este libro, la federación 2013 se encuentra aún en ejercicio.

158

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento... FEC-UDEC (Lista Integrada) 2011

2012

2013

Presidenta:

Presidente:

Karol Cariola (JJ.CC.).

Guillermo Petersen Núñez Recaredo Gálvez (Construcción Estudiantil). Carrasco (Fuerza Universitaria Rebelde ) Vicepresidente: Vicepresidente: Esteban Valenzuela Jara Javier Miranda Sepulveda (Unión Secretaría General: Nacional Estudiantil ) Recaredo Gálvez Carrasco Secretaría General: (Fuerza Universitaria Rebelde). Camilo Díaz (FEL) Secretaria de Finanzas: Secretario de Finanzas: Camila Valenzuela Calderón (Construcción José Ignacio Estudiantil) Gacitúa (Fuerza Universitaria Rebelde ) Secretario de Comunicaciones: Secretaria de Comunicaciones: Pablo Miranda (Corriente Estudiantil Crítica - UNE Camila Leiva ( Fuerza CHILE) Universitaria Rebelde)

Vicepresidente: Camilo Riffo (JJ.CC.). Secretario General: Ricardo Andrade (DCU) Secretaria de Finanzas: Gabriela Luna (JJCC). Secretario de Comunicaciones: Nicolás Fajuri (Independiente)

Presidente:

Al cierre de este libro, la federación 2013 se encuentra aún en ejercicio y se está constituyendo el TRICEL para las elecciones de federación 2014.

4. Percepciones de los/as dirigentes/as estudiantiles sobre las relaciones de género en el movimiento estudiantil La baja presencia de mujeres en los puestos más altos de dirección de las federaciones de estudiantes pareciera ser consistente con la escasa presencia que han tenido las relaciones de género y sus resultantes problemas de desigualdad en el discurso y objetivos del movimiento estudiantil actual. Para reflexionar al respecto, en este capítulo se presentan y discuten las percepciones tanto de dirigentas/es secundarias como de dirigentas/es universitarias que han ocupado cargos de 159

Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún

presidentas/es o vicepresidentas/es de sus federaciones y/o han sido representantes de estas en el marco de los diversos planteles que forman parte del Consejo de Rectores. 4.1 «No es tema» Las federaciones de estudiantes presentan hasta el día de hoy una distribución desigual de los puestos de poder entre hombres y mujeres al interior de estas. Al reconstruir en concreto las dinámicas a partir de las cuales se conforma finalmente dicha división del trabajo, se observa el predominio de imágenes acerca de lo femenino y masculino que tienden a reproducir, en la práctica, al orden moderno de género: los hombres encargados de realizar las labores de representación, toma de decisión y generación del poder, mientras que las mujeres son las responsables de administrar el orden y el funcionamiento de la organización (en este caso, de la federación): Entonces… bueno, en esa asamblea lo que se hace es… bueno, primero elegir presidente… en donde se proponen candidatos y la gente elige. Y se eligió a X (el nuevo presidente) con una amplia mayoría. Y emm… luego se elige Consejero Superior, que es como un cargo a lo mejor no tan conocido que tiene que ver como con el representante de los estudiantes en el Consejo Superior… Muchos académicos y todo, pero también un líder dentro de la universidad… muy fuerte encuentro yo… un cargo muy importante. Y luego lo que se hace es proponer muchos candidatos para los cinco cargos que quedan de la directiva. Y ahí me propusieron a mí y quedé. La asamblea confió en mí. Y después entre nosotros seis y el Consejero Superior, en el fondo, elegimos el cargo dentro de la directiva. Y en general, como el Presidente está igual más afuera de la Universidad, el Vicepresidente es el que asume más el liderazgo con el equipo… es el que está más adentro. Y, en ese sentido, pensaron que yo podía ser mejor para ese puesto, en el fondo. Yo no soy tan amorosa con el equipo, pero sí soy bien ordenada y como… saco los proyectos adelante como sea, en el fondo. Y ellos vieron que esas características podían ir bien en ese rol. Así se elige (Entrevistada 4).

La tendencia a naturalizar una división del trabajo según el orden moderno de género en las federaciones de estudiantes se ve reflejada en el hecho de que dichas relaciones no han ocupado un lugar central en las propuestas programáticas del movimiento estudiantil. Desde el 160

Redefiniendo límites, acortando distancias: el movimiento...

punto de vista de uno de los dirigentes entrevistados, dicha situación se explicaría debido a que el género no sería una variable relevante y diferenciadora en las dinámicas internas de esta confederación de estudiantes: No. No es tema, pero para la sociedad sí es tema, yo creo. Por ejemplo, tener una dirigenta mujer yo creo que fue la explosión... Yo creo, por ejemplo, que si Camila hubiera sido Camilo Vallejo no hubiese habido tal apego al movimiento. Yo creo que se marcan hitos dentro de esto de que lamentablemente la sociedad chilena es bastante machista... y de repente conviene que sea machista en algunos casos, pero yo creo que dentro de la orgánica Confech no hay una diferenciación de que «Tú soi mujer...» qué se yo... No. Da lo mismo. Y las demandas se tienen que hacer... eeh... más apegado al género femenino o al género masculino, se van a hacer.... porque son demandas que se piden. Y yo creo que no hay una diferenciación. Creo que eso nos ha marcado harto (Entrevistado 6).

El relevar y cuestionar los límites del orden moderno de género no se habría constituido entonces en uno de los objetivos principales de este movimiento estudiantil, debido a que internamente dicha demanda no habría sido central al interior de la Confech. Al respecto, el hecho de que la sociedad no ha exigido tampoco dicho cuestionamiento pareciera reforzar aquella tendencia. Así, en la medida en que este movimiento estudiantil busca representar intereses y malestares ciudadanos, dicho cuestionamiento finalmente no ha ocurrido, porque tampoco sería un tema de relevancia a nivel societal. En este contexto llaman ciertamente la atención las características particulares que adquirió el liderazgo femenino como modo de participación, representación y fiscalización dentro de este movimiento estudiantil durante el año 2011. Dicho liderazgo no se constituyó en un contexto organizacional y societal neutro en términos de las relaciones de modernas de género. Por el contrario, en este caso se pudieron observar características que parecieran tanto cuestionar como reproducir los límites de aquel orden de género según las necesidades de este proyecto político particular82. En concreto, la líder femenina que ha alcanzado mayor visibilidad en los medios de comunicación 82

Para un análisis histórico relativo al modo en que las mujeres participan (o no) en la historia política de esta sociedad según los diversos proyectos políticos de cada época y grupos de interés véase Illanes O. 2012; Montecino. 161

Ana Cárdenas Tomažič y Camilo Navarro Oyarzún

tiene una formación universitaria (Licenciada en Geografía), es decir, es una profesional; fue electa presidenta de una de las federaciones estudiantiles más antiguas del país (la Fech), la cual además está ubicada en la Región Metropolitana; ella es militante de un partido con larga tradición política en esta sociedad (PC) y con ello, cuenta con una formación política formal; por último y en concordancia con lo que ha sido el control social del cuerpo femenino, corresponde a aquellos fenotipos83 socialmente valorados y comunicacionalmente reproducidos. En consecuencia, la configuración de las federaciones de estudiantes, las percepciones de parte de sus integrantes así como el liderazgo femenino más visible en el espacio público de este movimiento estudiantil no han llevado a un cuestionamiento explícito de los límites del orden moderno de género. Sin embargo, y como se verá en las próximas páginas, las dirigentas secundarias y universitarias destacan diversas dinámicas al interior del movimiento que ha dado lugar para su paulatina mayor participación, representación y fiscalización al interior de este movimiento estudiantil. 4.2 La actitud vigilante Bajo «una falsa ‘igualdad’ neutra, donde lo neutro era (es) masculino» (Zalaquett 2008: 565), el orden moderno de género pareciera estar latente tanto en el movimiento estudiantil contemporáneo como en esta sociedad. Mientras en los medios de comunicación se ha construido, en general, una positiva imagen respecto de quien se constituyó en la principal vocera mujer durante las movilizaciones del año 2011, las dirigentas estudiantiles suelen destacar que en las federaciones de estudiantes tienden a ser cuestionadas por parte de sus representados por el hecho de ser mujeres. Esto se debe a que no tendrían la capacidad para defender los intereses de sus bases, pese a haber sido electas precisamente por estas. Sin embargo, en el caso de la Confech, su participación sí sería reconocida por los dirigentes miembros. Al respecto, la «actitud vigilante» (Pnud 2010: 291) de las propias dirigentas contribuiría a velar por la no reproducción de los límites impuestos a las mujeres en la participación política, dentro de un orden moderno de género: Decirte que, por ejemplo, «no, nosotros como estudiantes tenemos todo zanjado en ese tema y somos todos iguales», es mentira. O sea, hay mu La presentación de los principales resultados de un estudio centrado en la relevancia de los fenotipos en los procesos de selección de personal en Chile desde una perspectiva de género puede encontrarse en Undurraga 2014.

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chos argumentos tan burdos como que «las mujeres tienen problemas hormonales, entonces no son estables para una dirigencia estudiantil». No, ahora último no. O sea, sí... en la universidad sí... Cuando yo u otra mujer se alza como dirigenta estudiantil, típico. O sea, «no, no podemos.... está bien que las mujeres ingresen, pero no pueden tener cargos tan importantes». (…) Uno vive con esa discriminación sexista. Muy fuerte. En la Confech no se ve tanto, pero sí en un minuto a la Camila se le cuestionó, porque aparte ella es muy bonita... entonces juntaba atributos que para ellos no daba seguridad de lucidez política. Entonces, si te das cuenta y en general, hasta las vocerías se cuestionan mucho, en el sentido de que ojalá no sea una mujer... y hemos tenido que lidiar con eso. (...) A veces se ríen de nosotras, porque cuando se va a tirar un comunicado se va a poner «estimados...» ... y nosotras «¡No, poh! Estimados y Estimadas...». Y como que somos cuáticas ¿cachai? Pero es eso, nosotros siempre dijimos «ustedes reflejan con el lenguaje el sexismo que quieren seguir manteniendo». Entonces, hasta ese punto llega la lucha (Entrevistada 14).

Las prácticas sociales, como se ha venido enfatizando a lo largo de este libro, constituyen uno de los principales fundamentos de los órdenes institucionales. En este sentido, estas dirigentas son herederas de las generaciones anteriores de mujeres que han buscado precisamente visibilizar en el espacio público las prácticas sociales que, tanto en la esfera privada como pública, han limitado la participación y representación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. Consecuentemente, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles estas dirigentas han debido estar atentas diariamente y en sus diversos espacios de (inter)acción, tales como sus colectivos, asambleas, centros y federaciones de estudiantes y tomas, que no les sean impuestos los límites del orden moderno de género: En las tomas se ha visto una igualdad pero impresionante, que no se veía hace años. O sea, en temas domésticos…, porque mantener una toma es como mantener una casa; hay que cocinar, hay que limpiar… y en eso… o sea, los hombres cocinaban, las mujeres también… Nunca hubo como un… como una clasificación «bueno, los hombres se van a la puerta y las mujeres se quedan cocinando» No la hay. (…) Yo creo que las mujeres nos pusimos choras en ese sentido. Yo me acuerdo, por lo menos en mi liceo las primeras semanas de toma hacíamos guardia toda la noche. Y cuando 163

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estábamos en la pizarra viendo los turnos tiraban a puros hombres en la noche poh. Y nosotras «¡No! ¡No! Yo también quiero hacer guardia ¡Ya! ... ¡No! ¡No! Si yo puedo» ¿cachai?... y «¡No! Pero es que no» y «¡No! ¡No! Lo hacemos todos juntos… O nos dividimos y nos mezclamos… o no poh… no funciona si solo lo hacen los hombres poh». Y ahora ya ni siquiera hacen el intento de ser solo ellos (ríe). O lo mismo nosotras poh… De repente a mí me tocaba cocinar y miraba pa’l lado… y yo creo que los primeros días sí se dio la división de género… porque los primeros días estaba cocinando y miraba pa’l lado y veía a puras minas y veía a un compañero viendo tele y «¡Ya! ¡Ven! ¡Ven poh! ¡Ayuda a cocinar también, poh! ¡Si esto es en conjunto!»… Y yo creo que de ahí ya se creó solo el hábito de que somos todos iguales (Entrevistada 4).

4.3 La solidaridad de género Junto con desarrollar y mantener una actitud consciente respecto de las relaciones de género y sus consecuencias, en términos de la estructuración del poder dentro del movimiento estudiantil actual, los vínculos de solidaridad entre las propias dirigentas sería un recurso adicional que favorecería su participación, representación y fiscalización: ¿En términos de género? No, yo creo que no, y más si tú analizas el porcentaje de mujeres que están dentro del movimiento son muy pocas y dentro de la Femae, por ejemplo, nuestra estructura organizacional mapuche tuvo algo, hay un respeto de género tremendo y un equilibrio en cuanto a los femenino y lo masculino. Por eso se exigía que existieran voceras mujeres, pero la mayoría de los dirigentes de federaciones son hombres y el tema de género es un tema prácticamente nulo, no tratado. Es más, yo con la (…) cuando nos han salido viajes, ella me ha hablado mucho de la solidaridad de género. Me dice que tenemos que ir nosotras las mujeres, porque tenemos otra forma de ver las cosas, que nos tenemos que apoyar entre nosotras. Tenemos otra manera de reivindicar las demandas y a veces hacemos que el mensaje se recepcione mejor, pero el tema del género ni siquiera se discute, ni es de interés en ningún lado y menos en el movimiento estudiantil (Entrevistada 5).

Construir y desarrollar relaciones solidarias de género ha implicado no solo un diálogo intrageneracional, sino también intergeneracional. Al respecto, la experiencia de las diversas agrupaciones de mujeres ha sido fundamental. Es así como espacios de diálogo creados y promo164

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vidos, por ejemplo, por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual han buscado avanzar precisamente en el establecimiento de aquellos vínculos de solidaridad, los que finalmente también podrían contribuir a la toma de conciencia individual y social de las relaciones de género actualmente vigentes, tanto en las dirigentas como en los dirigentes estudiantiles. Por último, significativo desde el punto del cuestionamiento de los límites del orden moderno de género han sido las iniciativas concretas emprendidas en este contexto por las propias federaciones de estudiantes. Junto con los diversos foros y talleres que han organizado, destaca la creación de la «Vocalía Diversidad y Género» de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach). Esta iniciativa tiene como objetivo «generar un espacio de discusión y construcción política desde una perspectiva feminista que sirva como aporte a la transformación de nuestro propio espacio universitario, con una proyección hacia el resto de la sociedad, cuestionando y problematizando las distintas limitantes que generan las imposiciones de género y sexualidad en la actual sociedad capitalista, patriarcal y racista» (Feusach 2013). Particularmente destacable es que, en este espacio autoconstruido, no solo se han cuestionado las relaciones entre hombres y mujeres, sino que se han abierto ámbitos de discusión de dicha dicotomía en orden a visibilizar y reconocer la diversidad sexual y de género existente en la sociedad chilena contemporánea. Las experiencias cotidianas tanto de los/as dirigentes secundarios/as como universitarios/as dan cuenta de la urgencia y emergencia de la revisión de aquellos confines tanto en el mundo educacional como a nivel societal: Yo creo que el tema de la educación sexual es lo que más necesitamos. Hoy día se ve mucho a las secundarias embarazadas, ¿cachai? Y como que la imagen de hoy es el hombre o el secundario bueno pa’l carrete, bueno pa’ las minas, bueno pa’l… y la cabra embarazada ¿cachai? Y nosotros no queremos eso, poh. O sea, sí que haya una educación sexual buena y que haya responsabilidad por parte de ambas partes ¿cachai? Es más pa’ frenar eso… pa’ frenar que haya una irresponsabilidad y poco compromiso. A nosotros lo que más nos impactó, y por lo que pedimos sexualidad responsable, fue la tasa de embarazo que hay en nuestra edad… y también lo que son los problemas propiamente tales de una sexualidad irresponsable. No solo el embarazo es el problema que hay ahora, es mucho más, poh. La discriminación a los homosexuales tam165

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bién es súper fuerte… de parte de los profesores y de los directivos de los liceos. Para nosotros ya es común ver gays o ver lesbianas… o ver otro tipo de orientación sexual, pero yo creo que hace mucha falta que los profesores entiendan que hay un mundo más diverso… los auxiliares, los directivos… Yo creo que ahí va lo que nosotros pedimos, más igualdad (Entrevistada 4).

4.4 «Poner las demandas por delante y actuar en unidad» Problematizar y cuestionar las relaciones modernas de género en el debate público seguramente no será en el corto plazo un tema central para el movimiento estudiantil. Esto, debido a que se ha intentado priorizar los temas que generan consenso por sobre aquellos temas que pudiesen debilitar aquella acción colectiva. Pese a ello, el reconocimiento de la participación de las dirigentes estudiantiles ha sido, como en el caso del reconocimiento de la Femae, una expresión de los intentos por situarse reflexivamente frente a las propias estructuras y prácticas políticas estudiantiles: Actualmente no. Actualmente no. O sea, más allá del tema del bienestar en términos de los estudiantes que son padre o madre no ha habido una discusión en términos de género. Pero, al menos, dentro de las discusiones en término de la equidad nuestra interna, sí se dan. En cómo hacer que haya un reencantamiento en términos políticos de la visión femenina. Eeh… sí, sí se dan… en términos internos, sí. Pero en términos así como nacionales creo que hoy día estamos mucho más enfocados en pos de las demandas que nos unifican a todos. Y yo creo que es una de las cosas buenas que hemos tenido en términos de la unidad. Claramente hay mucha diferencia dentro del Confech… mucha, mucha diferencia… por todos los sectores. Pero hemos sabido, estratégicamente, poner las demandas por delante y actuar en unidad (Entrevistada 9).

En conclusión, el cuestionamiento y la redefinición de los límites que han regulado las relaciones de género en esta sociedad constituyen una tarea constante, en especial para las dirigentas estudiantiles. Adquirir y mantener una «actitud vigilante» al respecto significa estar atentas a todas aquellas ideas, valores, imaginarios, creencias y normas que estructuran las (inter)acciones, lo que definitivamente implica un proceso de toma de conciencia individual y colectiva. Por el momento, el cuestionamiento al orden institucional promovido por este movimiento 166

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estudiantil se ha llevado a cabo sin incluir dentro de dicha acción una revisión del orden moderno de género. A diferencia de lo ocurrido en el caso de la Femae, la discusión de dicho orden ha tendido a llevarse a cabo al interior de la Confech y en las diferentes federaciones de estudiantes a partir de situaciones de conflicto concretas durante el despliegue de las movilizaciones. Situar dicha discusión como parte de la agenda pública de este movimiento estudiantil pareciera ser percibida por los/as propios/as dirigentes como un objetivo que podría debilitar internamente a esta acción colectiva. Sin embargo, tras los liderazgos femeninos más visibles a nivel público en estas movilizaciones se observan aún dinámicas de poder desiguales entre hombres y mujeres. Introducir dicha revisión de las relaciones de género en un contexto de cuestionamiento general del orden social queda entonces planteado como un objetivo que podría permitir dar cuenta de relaciones de desigualdad muy presentes, pero todavía escasamente visibles como restricciones para alcanzar una democracia más democrática.

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Capítulo VIII Un orden social deslegitimado y la emergencia del movimiento estudiantil contemporáneo

Como se ha revisado en otros apartados de este libro, el movimiento estudiantil puede ser analizado desde la óptica de los procesos de la modernidad reflexiva. Visto así, la emergencia del movimiento estudiantil se relaciona con un contexto más amplio de cuestionamiento a los fundamentos, normas y delimitaciones de las instituciones generadas por el proceso de modernización. En ese marco, el movimiento estudiantil se entiende a sí mismo como una expresión ciudadana reflexiva respecto de un orden social que no ha logrado generar los fundamentos básicos para asegurar la integración de y entre sus miembros. En el ámbito educacional, ello se traduciría en un sistema cuyas lógicas operativas no garantizan la equidad ni la excelencia, objetivos que han sido promovidos dentro del proyecto político sobre el cual se han estructurado las reformas neoliberales en esta sociedad: Bueno, yo creo que surge, lo hemos dicho mucho, porque el modelo está en crisis. O sea, eeh… es un modelo que, además de que ideológicamente yo no lo comparto, es un modelo que no funcionó. O sea, finalmente basta ver los números para ver que los estudiantes salen estudiando algo que no les sirve de nada, que al final salen endeudados… (…) finalmente, es 169

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un sistema que falló y el problema que yo veo es que la respuesta todos los años y no solo de este gobierno sino también del gobierno anterior, es inyectar más recursos…y cualquier modelo económico sabe que para mejorar uno no inyecta recursos, sino que cambia la distribución de los recursos (Entrevistada 3).

Desde ese punto de vista, en el marco de un sistema educativo altamente sujeto al mercado, el cuestionamiento a los fundamentos de ese sistema resulta extremadamente compatible con una crítica a sus reglas generales. Por lo mismo es que finalmente el movimiento estudiantil no solo eleva requerimientos que son propios del ámbito educacional, sino que en cierta forma se siente portavoz de una serie de reivindicaciones y sentires que circulan en la sociedad: El movimiento estudiantil representa a la sociedad chilena en su conjunto, no solo a los estudiantes, sino que también a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a una sociedad descontenta, a una sociedad indignada con la injusticia social, a una sociedad que quiere ver a un país más justo, más equitativo, más igualitario, más fraterno (Entrevistada 5).

De este modo, el movimiento estudiantil emerge como un fenómeno de representación que logra incorporar la complejidad de múltiples malestares. Se entremezclan entonces en éste, como se ha expuesto a lo largo del libro, una serie de relatos en el que las demandas más propiamente estudiantiles comparten espacio con la crítica al modelo económico y político y la reivindicación étnica, entre otras. La multiplicidad de requerimientos encuentra en el movimiento estudiantil un espacio de confluencia que permite comprenderlo como una especie de «puente» entre lo que ha sido caracterizado en la literatura como «antiguos» movimientos sociales y «nuevos» movimientos sociales. De acuerdo a la caracterización de Andersen/Wichard (2003) acerca de este tipo de movimientos, de los primeros el movimiento estudiantil hereda su posición anticapitalista, la consideración de la clase obrera como un sujeto revolucionario y la aspiración hacia un proceso democratizador omnicomprensivo. En relación con los «nuevos» movimientos sociales, comparten su crítica a las formas burocráticas de organización, específicamente sus demandas de democratización y el objetivo de formas de vida solidarias y autodeterminadas y un

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mejoramiento de las condiciones de vida, en especial en la esfera de la reproducción (Andersen/Wichard 2003): … Si tú me preguntai qué estamos pidiendo como estudiantes o como movimiento estudiantil… bueno, estamos pidiendo educación estatal, laica, gratuita y de calidad para todos los estudiantes de Chile… pero si me preguntai que está pidiendo la ciudadanía en estos momentos, yo siento que es un cambio entero a nivel sistema… nacional (Entrevistada 4).

Este conjunto de perspectivas y búsquedas del movimiento estudiantil ha sido caracterizado en este estudio como un intento por redefinir los límites de las instituciones resultantes de los procesos de modernización. Como se ha señalado acá, dichos procesos han generado determinadas instituciones, que son percibidas como excluyentes. Además, se han manifestado en una serie de barreras, que para los jóvenes significan distancias en los ámbitos institucionales, geográficos, culturales y de clase (Davis: 1999). A su vez, el movimiento estudiantil contemporáneo es parte de un fenómeno de redefinición de límites de lo público, en el marco de una sociedad donde es el mercado —y no la deliberación colectiva— la que ha definido dichos límites. De tal manera que el movimiento estudiantil 171

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aquí analizado ha realizado un ejercicio permanente por desnaturalizar el orden social construido a partir de dichos desarrollos. Con todo, las características identificadas por el movimiento estudiantil pueden ser comprendidas como producto de los procesos de modernización que han impuesto el imperativo del progreso (y sus medios) sustituyendo las preguntas acerca del orden social (Beck 1986: 302). De esta manera, la discusión y negociación sobre los fines y los medios para construir el sistema chileno resultan restringidas por la imposición de decisiones ya tomadas. Dicha dinámica representa finalmente también un límite a la democracia, en la medida que se trazan límites entre «lo político» y «lo no político» al transferir solo parte de las competencias de decisión al sistema político, mientras que parte de dichas competencias son sustraídas del control y la justificación pública y delegada a la ciencia y a las empresas (ibid.). Sin embargo, la toma de conciencia acerca de los límites que habría alcanzado el modelo societal moderno en Chile pareciera haber encontrado en la propia autorreferencia del (sub)sistema político uno de sus propios límites. El asombro con que han sido recibidas las actuales movilizaciones sociales daría cuenta de la incapacidad de dicho (sub) sistema y finalmente de esta sociedad para autotransformarse (Beck 1996: 27-29), específicamente para romper con su dinámica mecánica y situarse reflexivamente frente modelo de modernidad vigente en esta sociedad: … Hoy día se nota que como esos cambios no se hicieron en el momento, ha traído consigo lo que estemos viviendo hoy día en el movimiento estudiantil. O sea, yo creo que el movimiento estudiantil no nace a partir de unos dirigentes prendidos, sino que es una vivencia y un proceso histórico también, poh. O sea, los movimientos sociales después del 90, o sea, siempre ha estado presente el movimiento social, pero con una capacidad tal vez no de provocar esos cambios, porque la voluntad política nunca ha estado (Entrevistado 1).

Ha sido entonces finalmente la experiencia cotidiana de las personas y no el saber técnico el que ha terminado cuestionando este orden societal y promoviendo su transformación. El diagnóstico acerca de las condiciones estructurales de la sociedad surge, en cierta forma, de un conocimiento experiencial:

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Surge cuando la gente ya se rebalsó de toda la injusticia que existe en este país... Y creo que, más que nada, el movimiento estudiantil tiene como nombre movimiento estudiantil, pero yo creo que este es un movimiento de despertar social. De despertar social y de repudio a muchas cosas, entre esas, a la clase política. Es un repudio hacia la clase política, es un repudio a la forma en cómo se está viviendo en Chile hoy en día... a la forma como se está guiando esta sociedad y que ¿quiénes la guían? ... los políticos. Y yo creo que más que nada es eso... surge hace mucho tiempo, solamente que el reventón lo tuvo quizá en marzo o abril de este año, pero yo creo que surge desde el regreso a la democracia que empezó a surgir este movimiento. Quizá el punto más álgido se ha logrado este año, pero yo creo que va seguir... va a ir creciendo. (…) Surge por la desesperación de la gente, creo. De ver que están parados en un puente que corre y corre agua y no son capaces de tomar un poco de esa agua. Y yo creo que la desesperación de la gente es la que ha hecho levantar quizá a la mayoría del país. Yo creo que mucha gente que aunque no estuvo en las calles, mucha gente que aunque no estuvo en las tomas con sus hijos, tocando una charola con su cuchara de palo, se hace presente en este movimiento (Entrevistado 6).

Sin carecer necesariamente de un relato especializado acerca de las desigualdades sociales o del endeudamiento, emerge en el discurso de

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los dirigentes un elemento vivencial fuertemente cargado de emociones (cansancio, aburrimiento, muerte, miedo, desesperación, etc.), que finalmente daría origen a un ejercicio de innovación social: Yo creo que por cansancio de ver cómo se estaba muriendo la educación pública (…) da miedo ver que hay universidades privadas que son mejor que las estatales, pero que hay que pagarlas… o colegios, que sean mejores que los públicos… Y yo creo que eso fue lo que nos aburrió… ya no… ya no aguantamos más (…) verse atrapados que estamos llegando a cuarto medio y que la universidad está ya a un paso y… craneando cómo la pago (…) Ya nos vimos en la desesperación y ¡paf! ¡movimiento! … ¡No! Hay que cambiarlo. Yo creo que la misma desesperación de mirar pal’ lado y ver que no hay salida, gatilló en que tengamos que movernos (Entrevistada 4).

En consecuencia, los límites construidos a partir de este orden societal y sus resultantes distancias no solo habrían dado origen al cuestionamiento de alguno de sus subsistemas, sino que de dicho orden completo. Pese a que progresivamente se ha logrado una subjetivación de los riesgos resultantes de dicho statu quo, ha sido desde la experiencia cotidiana de las personas desde donde se han evidenciado los límites de un proceso de modernización en términos de la participación, representación y fiscalización ciudadana. Al respecto, esta «Generación No+» busca vías para redefinir los límites del orden social vigente.

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Capítulo IX El (sub)sistema político ideal

Frente a los diversos malestares y las diversas críticas expresadas por los/as dirigentes/as respecto del sistema político chileno es de gran interés conocer desde dónde están reflexionando. En este sentido, se reconstruyen en las próximas páginas los principales elementos que constituyen el sistema político ideal, es decir, aquel que concentra las expectativas políticas de este segmento de la población. En el discurso de los/as estudiantes el sistema político ideal aparece conceptualizado bajo el signo de una democracia participativa, en contraposición a la lógica de la delegación del poder que caracteriza a una democracia exclusivamente representativa. Estos requerimientos se describen como prácticamente inéditos en la historia política nacional. Aunque muchas veces en el imaginario político de los/as dirigentes/ as se describe un Chile que previo al golpe militar de 1973 contaba con mayores niveles de politización y gran protagonismo de las bases sociales, también emerge un discurso que señala que incluso en esos periodos no existieron mecanismos institucionalizados de participación política que garantizaran el protagonismo de la ciudadanía. Así, la definición del sistema político ideal contemporáneo se plantea desde la percepción de estar en la búsqueda de nuevas formas de ejercer la democracia: (…) Para eso necesitamos también reestructurar qué queremos como democracia, porque, sin duda, acá se está criticando el concepto de de175

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mocracia que ha creado el sistema neoliberal, pero tampoco queremos la misma democracia que nos imponía... que nos daba la Unidad Popular. Queremos una democracia realmente participativa y yo creo que obliga a preguntarnos cómo fomentamos las instancias de participación política (…) O sea, cuando uno habla de participación debe ser la misma gente, la misma ciudadanía, quien proponga algún modelo de participación... (Entrevistada 1).

De este modo, es tal la importancia atribuida a la deliberación pública que en la necesidad de avanzar hacia una democracia participativa resulta ser la propia ciudadanía la que debe definir los mecanismos de participación que estime adecuados. Dicho de otro modo, para estos/ as dirigentes/as estudiantes, la democracia es un régimen político cuyas propias reglas han de ser definidas también democráticamente. Adicionalmente, en el discurso dirigencial juvenil tiende a primar la referencia a un sistema político que debería organizarse y funcionar a partir de la conformación de una base social más amplia y con ello, diversa. Esto significa no solo permitir la participación de una mayor cantidad de personas, sino una apertura de dicho sistema a grupos sociales directamente implicados en las decisiones de políticas que se adopten y a personas de orígenes culturales y socioeconómicos diferentes: …Es necesario generar un espacio, un país en donde las organizaciones sociales de base... me refiero, vuelvo a repetir, sindicatos, sedes sociales, tengan una gran participación en la discusión de políticas públicas (Entrevistado 7).

La emergencia de propuestas y decisiones «desde abajo» tiene gran relevancia en dos sentidos. Primero, en la importancia que reviste, desde la perspectiva democrática, la inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Segundo, en la conveniencia y eficacia que implica, desde el punto de las políticas públicas, que quienes experimentan las problemáticas sean parte de la elaboración de las soluciones: Yo creo que lo central es que las propuestas y las decisiones salgan desde abajo y no desde una cúpula dirigencial que quizás nunca ha vivido con las patas en el barro, como se dice. Yo creo que esa es la columna vertebral. Que las decisiones se tomen desde abajo (Entrevistado 6). 176

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Lo anterior puede ser considerado también como una forma de reducir las distancias experimentadas por la ciudadanía respecto del Estado, porque, en el marco de percepciones acerca de un Estado altamente centralista y autoritario, se hace preciso generar mayores niveles de inclusión social tanto en los propósitos de las políticas públicas como en el proceso mismo de su generación. La conformación de una democracia participativa representa, en esta conceptualización del sistema político ideal, una oportunidad para que las instituciones sean un correlato de la comunidad (nacional, regional, provincial, municipal) y que la reflejen tanto en sus niveles centrales como locales: … Yo creo que es importante que existan mecanismos que impulsen la participación en todos los aspectos de las decisiones, en la esfera más local, regional y nacional. Para ir construyendo ciudadanía que pueda empoderarse de las instituciones y hacerlas suyas hay que ir promoviendo el ejercicio de la participación. Entonces, creo que es necesaria hoy día una democracia no solo representativa, sino que participativa. Por ejemplo, la existencia de iniciativas populares de ley, la existencia de plebiscitos impulsados por iniciativa popular, es decir, que la gente organizada tenga posibilidad de ser agente en la toma de decisiones (Entrevistado 8).

Dicho sistema político ideal (participativo e inclusivo) supone especialmente otorgarle un rol central al nivel local en los procesos de discusión y toma de decisión. Este nivel político-administrativo, el cual hoy en día ya existe a partir de las comunas del país, sería precisamente un espacio que posibilitaría la participación de una mayor cantidad y diversidad de personas, en la medida –claro está– que estos permitieran efectivamente la participación de los ciudadanos. Esto implicaría una ampliación de las posibilidades reales de participación de la ciudadanía a nivel local, es decir, en la discusión de temas relevantes para esta, así como en los procesos de toma de decisión respectivos: Que pudiéramos tener asambleas ciudadanas territoriales, por ejemplo, donde en cada comuna se puedan tomar las decisiones. Pero yo creo que debería ser totalmente inverso a lo que hay hoy día. En vez de que la clase política o los gobernantes, y no me refiero solamente al gobierno actual, sino que me refiero a los alcaldes, los concejales, a todos quienes toman las decisiones sin consultarlas… (Entrevistada 4).

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Ampliar la participación ciudadana implica también utilizar aquellas alternativas de consulta popular ya reconocidas al interior de la institucionalidad política vigente (como es el caso de los plebiscitos) y/o crear nuevos mecanismos de consulta ciudadana con miras a que finalmente los procesos de toma de decisión sean representativos de las demandas y necesidades de quienes se vean directamente afectados por ellos: Yo creo que… el plebiscito no lo valido como herramienta, pero preguntarle a la gente de algún modo… no sé qué modo será el modo más perfecto, pero preguntarle a la gente qué quiere, yo creo que es esencial (…) Entonces, hay ciertas decisiones que hay que preguntarle al espacio (…) si van a construir algo en mi terreno, por ejemplo, en las comunidades… que quieren construir un aeropuerto ¿Le preguntaron a las comunidades si querían que les construyeran un aeropuerto ahí? No les preguntaron. Se lo impusieron. Y ahora está totalmente militarizada la región. (Entrevistado 10).

Por último, para estos/as dirigentes/as la participación política de la ciudadanía no debería acotarse a las instancias de participación que suelen ser asociadas al sistema político (por ej. los partidos políticos, las municipalidades, el parlamento, etc.), sino que debe ser ampliada a los espacios productivos y sus respectivos procesos de toma de decisión, en orden a asegurar la base material sobre la cual se construye finalmente el poder político: Creo que un sistema político realmente democrático no puede ser solamente en lo institucional, en lo formal... en el tema de la democracia más bien social… sino que también la económica... Creo que no pueden ir separadas... porque el acceso desigual al poder también está determinado por el acceso desigual a la riqueza... y a la propiedad. No solamente a la distribución de los ingresos, sino que a la propiedad de los medios de producción. Entonces, si uno habla de un sistema político democrático tiene que entender también que tienen que vincularse esas dos esferas, la económica y la política (…) Me imagino también una sociedad que es capaz de a través del Estado y no al revés, a través del Estado, que puede entregar condiciones de igualdad en el acceso no solamente a la riqueza sino que a la propiedad de los medios de producción (Entrevistado 8). 178

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La consideración de la participación y la representación de los intereses ciudadanos en la esfera del trabajo (productivo), pese a que no ha sido uno de los principales pilares de las demandas de este movimiento estudiantil, constituye una búsqueda adicional por redefinir los límites y alcances de la democracia. De hecho, en su discurso emerge un concepto de democracia que busca ampliar su actual sentido, al buscar traspasar los límites de lo político, que han venido siendo cada vez más acotadas a los tres poderes básicos del Estado moderno. En conclusión, el (sub)sistema político ideal para estos/as dirigentes/as corresponde finalmente a un modo de organizar la vida política en sociedad que se distancia fuertemente del (sub)sistema político en el cual viven. Específicamente, la vida política en sociedad no es entendida como un espacio autoclausurado y elitizado, sino como un modo de estructurar las relaciones sociales. Aquí se presenta como central la participación directa de cada uno/a de los/as miembros de la comunidad, tanto en la discusión del orden social deseado como en el proceso de toma de decisión, que finalmente materializaría dicho orden. La participación política ciudadana comprende formas ya tradicionales de participación política, como lo es la participación en los procesos eleccionarios, así como también formas de participación que rompen con los propios límites de participación impuestos por el sistema democrático representativo en esta sociedad. En este sentido, las iniciativas populares de ley con un fuerte arraigo territorial constituyen formas de participación complementarias que buscarían tanto ampliar las posibilidades de participación ciudadana, como también asegurar otro principio básico de la democracia representativa: la representación de los intereses ciudadanos al sistema político. Dicha participación por parte de los ciudadanos permitiría, finalmente, un orden social que asegure un mayor bienestar a cada uno/a de ellos.

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Capítulo X Redefiniendo límites, acortando distancias: la construcción de un nuevo orden social

El movimiento estudiantil que actualmente se viene desplegando, no solo ha buscado cuestionar el orden social vigente, sino también transformarlo. Por esta razón, en las próximas páginas se revisan las acciones que han emprendido estos/as jóvenes con miras a dicho proceso de transformación social.

1. Los espacios propios Frente al negativo diagnóstico que los/as jóvenes/as dirigentes hacen respecto de las posibilidades de participación, representación y fiscalización al interior del sistema político en Chile y la imposibilidad de transformar el statu quo en el corto plazo, los espacios de participación «ganados» y «(auto)creados» se han constituido en estas últimas décadas en los ámbitos casi exclusivos de participación política posibles para ellos/as. Esta estrategia individual y grupal no es nueva en el Chile contemporáneo. Ya a comienzos de la década pasada el Pnud había dado cuenta de la estrategia de construcción del «mundo propio paralelo» en la sociedad chilena (Pnud 2002: 200). Mediante esta, las personas intentarían contrabalancear la negación del sujeto por parte de los sistemas a través de espacios de interacción, especialmente de intimidad, donde poder reconocerse y realizarse (ibid). La tendencia general de 181

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construcción de espacios propios también ha sido observada en el caso de la población joven, a partir de la creación de áreas de participación no institucional (Sandoval 2002; Injuv 2004, 2009, 2010; Haitbovic/ Sandoval/Cárdenas, 2012) o desde «una contracultura centrada en la esfera del ocio» (Salazar/Pinto 1999; Injuv 2004, 2006, 2010). En el caso de los/as dirigentes/as entrevistados/as, y consistente con su sistema político ideal, entre los espacios de participación y representación política autocreados destacan aquellos situados en el marco del sistema educacional, lugar de pertenencia habitual de estos jóvenes: Claramente, hoy día los espacios están, pero que se han construido en base al cuestionamiento, a la construcción social que uno va teniendo de todo este panorama que hay, al diagnóstico que uno realiza de la sociedad en general y de la realidad que uno tiene más cercana, en este caso, de la realidad educativa (Entrevistado 2).

Acorde con las tendencias observadas dentro de los «nuevos movimientos sociales», su proyecto de democratización de la democracia es omnicomprensivo. En consecuencia, se incluye dentro de este la revisión de las formas burocráticas, es decir, las jerarquías de organización y la elaboración de formas de organización basadas en la participación directa y la autodeterminación (Andersen/Wichard 2003). Esto ha significado situarse también de manera crítica frente a los modos en que tradicionalmente se han estructurado tanto las organizaciones dentro del sistema educacional (las escuelas, los liceos, los centros de formación técnica y las universidades) así como las propias organizaciones estudiantiles: Nosotros creamos una estructura distinta de organización estudiantil. Y eso permitió que, incluso, la forma en que se organizaba la universidad también tuviera que cambiar, de alguna manera, porque algo estaba pasando en el movimiento estudiantil. A través, por ejemplo, de que ya no fuera todo centralizado desde el Consejo de Presidente sino que a través de los Consejos de Facultad, desde las distintas facultades, distintos espacios, las escuelas. Entonces hicimos un despliegue de participación en términos estructurales (Entrevistada 9).

Complementariamente el barrio y sus habitantes, así como los grupos de pares, se han constituido para estos/as jóvenes en espacios 182

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de experimentación y configuración de una acción colectiva política democratizadora, desde la cual poder lograr también democratizar los espacios tradicionales de participación y representación: Espacios de verdadera construcción política y trabajo político en este país no existe, salvo lo que hacemos nosotros, que es tener colectivos, ¿cachai? organizaciones en la universidad o en la población… pero… esos son nuestros espacios políticos. Y desde ahí hemos llegado a disputar espacios de poder como ganar en las federaciones a la Concertación, ganarle las federaciones a la Jota ¿cachai? y de ahí continuar con el mismo trabajo colectivo… la idea del colectivo, del proyecto político colectivo para tener una línea de trabajo a nivel nacional. Y a eso hemos apostado… Pero espacios reales de participación en este país no existen. O sea, hay que crearlos sí. Pero lo único que tenemos son nuestros colectivos, nuestros espacios… (Entrevistado 10).

La construcción y el desarrollo de los espacios propios han significado también vincularse con las diversas iniciativas de interés ciudadano. Acorde con las tendencias observadas en el caso de los «nuevos movimientos sociales», dichos planteamientos se han centrado especialmente en la protección al medioambiente Schubert/Klein (2011) así como en el desarrollo de formas de vida solidarias y autodeterminadas y un mejoramiento de las condiciones de vida, en especial en la esfera de la reproducción (Andersen/Wichard 2003). Es así como la participación política de estos/as jóvenes se ha desplegado a través de diversas formas de organización colectiva, donde asumen o han asumido variados roles y diferentes niveles de compromiso: Sí. Participé en un movimiento... mis viejos son de San José de Maipo... y se quería construir una hidroeléctrica de AES Gener... yo soy muy de lo más ambientalista... y dimos la pelea hasta que la sacamos de ahí. Igual no la hemos podido sacar de Cajón del Maipo en general, pero pudimos sacarla de la comunidad ecológica donde la querían instalar y estaban comprando los terrenos a la gente para poder instalarla. Entonces, ahí yo pertenecí mucho al movimiento en contra de AES Gener y en favor de lo que es San José de Maipo. Pero donde tengo mucha personalidad... más que un movimiento... siempre he pertenecido a todas las discusiones y me invitan a diferentes los foros, porque trabajo con profesores en la universidad... yo soy muy amante de la perspectiva de género... 183

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muy amante del rol de las mujeres... como ha costado gestar el rol de las mujeres, como seguimos siendo una sociedad muy machista, donde nuestro lenguaje es muy machista, donde este... no se... sí... existe como un estereotipo de cómo debería ser la mujer...Entonces es como algo que me cala más hondo (Entrevistada 14). He participado en movimientos sociales... eh... con trabajo territorial... eh... Valparaíso es una ciudad que, si bien en las postales se ve bastante bonita, está bastante agrietada por dentro... está bastante mal administrada, y la gente pobre está... que es necesitada... Quizás las autoridades cubren con paños bonitos todo, pero yo creo que Valparaíso es una ciudad bastante necesitada. Y dentro de eso hemos participado bastante en movimientos sociales que se han ejercido dentro de eso. También en territorios cercanos a Valparaíso como, por ejemplo, Placilla, Quilpué, Villa Alemana... que quizá a nivel nacional no son muy nombrados, pero, por ejemplo, han habido movilizaciones en Placilla. Placilla es una ciudad alejada que no tiene... no llega locomoción, no tiene quizás representatividad de la Municipalidad de Valparaíso... y por todo eso la gente se levanta. Yo creo que los grandes movimientos sociales en Chile lamentablemente se levantan por la inconformidad de la gente, cuando ya están hastiados se levantan. (Entrevistado 6). Aparte del tema estudiantil he participado en Patagonia Sin Represas. Como yo soy de Coyhaique, entonces es un tema que lo veo de bastante cerca. Siempre en movilización de los trabajadores también. No asumiendo un rol protagónico, pero sí de apoyo. Pero siempre me centro es el tema educacional, poh, al menos en estos años. No sé que viene después, en realidad, pero al menos mi participación política ha sido en el tema educacional y en el tema de Patagonia Sin Represas (Entrevistado 12).

En resumen, frente a un sistema político que es percibido por estos/ as jóvenes como autorreferente, es decir, que no permite la participación y la representación de la diversidad de demandas e intereses de los/as ciudadanos/as, el mundo juvenil ha creado espacios no institucionales de participación y representación política en los entornos del (sub)sistema político chileno. De esta manera, se ha intentado ampliar finalmente el sentido mismo sentido de lo político, el cual en un sistema político cada vez más autorreferente tiende a ser acotado a los tres poderes del Estado. Sin embargo, la «micropolítica» (Beck 1986; Beck/Holzer 184

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2004) se ha venido entonces desarrollando relativamente desvinculada de la así llamada «macropolítica» (ibid.), dando cuenta así no solo de los límites y distancias que se ha autoimpuesto el sistema político, sino finalmente también de una autoclausura o «autolimitación cotidiana» (Beck/Holzer 2004: 189) de la propia micropolítica.

2. El autocuestionamiento del orden social y su politización desde abajo El despliegue actual del movimiento estudiantil ha implicado romper con los propios límites de sus espacios autocreados y avanzar hacia la promoción del autocuestionamiento del orden social existente. En la línea de la «democracia reflexiva» (Beck 1986, 1996, 2004), las acciones estudiantiles han intentado visibilizar en el espacio público las consecuencias (esperadas o no esperadas) del proyecto de modernización que ha estructurado dicho orden social: Yo tengo como una teoría... yo creo que cuando una persona está durmiendo y abre los ojos, le cuesta volver a quedarse dormido. Y yo he visto a muchos compañeros que nunca le interesaron los problemas sociales… y que dentro de las tomas, dentro de cada espacio de participación que hemos logrado, se han interesado y han empezado a preocuparse de… bueno, lo nombraba… Y no es solo educación… ahora hay algo más, y es esto y esto (Entrevistada 4). 185

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Lo que ha sido llamado «la apertura de espacios de politización» no significa finalmente que previo al despliegue actual del movimiento estudiantil no hubiesen acciones e interacciones de tipo políticas en esta sociedad. Por el contrario, el orden social impuesto bajo el discurso de un proceso de renovada modernización fue y ha sido un proyecto político: un proyecto mediante el cual se buscan establecer determinadas relaciones de poder con miras a una forma también determinada de distribución de los recursos en sociedad. Al respecto, las acciones de este movimiento estudiantil han estado orientadas a generar en la ciudadanía un proceso de toma de conciencia precisamente del proyecto político sobre el cual se ha construido tanto el orden social neoliberal en el Chile contemporáneo como la política moderna en esta sociedad: … Yo creo que el vuelco que dimos en la Católica de Valparaíso el 2008 fue sumamente importante, a pesar de que fue una movilización charcha por el pase escolar… pero que igual mantuvo una toma en la Católica, una movilización de más de un mes. Y… eso hizo, en definitiva, permitir abrirnos espacios de politización (…) ¿El movimiento se ha politizado? Claro que sí, tiene que ser político, porque en definitiva, como se ve la política en pos de la utilidad que te pueda prestar. Hoy en día la gente no ve que la política es útil, es por eso una necesidad reencantar a las personas en pos de la política (Entrevistada 9).

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La autorrenovación de la democracia (Beck 1994: 70) no implica únicamente tomar conciencia acerca de los límites del proyecto de modernidad sobre el cual se ha fundado el orden social existente, sino elaborar un orden social alternativo autodeterminado. En el caso de Chile, dicho ejercicio colectivo se vuelve especialmente central, dado que este fue impuesto en el marco de una dictadura cívico-militar, en donde no hubo debate alguno sobre los fundamentos institucionales que serían instaurados. En el contexto actual, un orden social alternativo debería llevarse a cabo, primeramente, a partir de la organización y colaboración ciudadana a nivel local: Yo creo que los espacios de participación han ido surgiendo dentro de los últimos años, dentro de los últimos meses, en bastantes asambleas, asambleas populares... Han existido espacios de coordinación que los mismos jóvenes realizan. Por ejemplo, en Valparaíso uno se da cuenta que es un espacio abierto a la cultura. Y dentro de esos espacios, por ejemplo, existen lugares físicos como la Ex Cárcel, donde se realizan foros, participaciones.... Y dentro de las mismas políticas dentro de nuestra federación (…) nosotros hacemos que la universidad sea una universidad y que se abra a la sociedad, y que la sociedad se integre a la universidad... y eso estamos haciendo. Nosotros hacemos trabajo en poblaciones, trabajo participativo que los mismos pobladores de los alrededores de la universidad se incluyan dentro de esta. Por ejemplo, si nosotros hacemos un taller o foro, las señoras de las juntas de vecinos son invitadas. Así como ahora las señoras de las juntas de vecinos nos buscan ahora a nosotros, porque confían que los jóvenes puedan realizar un cambio quizás en lo que les dan a ellas (Entrevistado 6).

La lógica de la autodeterminación política supone entonces un proceso de descentralización de los procesos de toma de decisión llevadas a cabo principalmente por el Estado y los partidos políticos y con ello, una deslimitación y pluralización de las formas de hacer política (Beck 1986, 1994, 2004). Sin embargo, dicho proceso no significa una fragmentación de la acción en interacción política, sino nuevas formas de vinculación entre los diversos niveles de toma de decisión, con miras a un politizar «desde abajo» (ibid.)84. En este sentido, el nivel regional en esta sociedad adquiere una relevancia central, puesto que sería un Al respecto, véase también las reflexiones elaboradas en este sentido por A. Giddens a través del concepto de life politics (1990, 1991).

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nivel no solo administrativo, sino que también económico y cultural fuertemente vinculado con las demandas locales: ¿Cómo resolverlos? Yo creo que… desde nuestra marginalidad, como decimos nosotros, que son nuestros espacios pequeños, tratar de irlos coordinando y… primero regional… y después avanzar a lo nacional. Ahora hay ciertas coordinadoras nacionales… son pequeñas, pero están metiendo ruido… nosotros vamos a avanzar en otras ¿cachai?… Pero ir así… construyendo de abajo (…) Pero yo creo que esa es la salida de… o la proyección que se le puede dar, poh… netamente empezar a trabajar desde tu espacio, pero con los demás. O sea, primero coordinarte con la gente que podís trabajar, que plantee algo muy parecido… y después ver cómo a nivel nacional (Entrevistado 10).

Este proyecto de movilización de la ciudadanía ha significado entonces para estos/as dirigentes/as identificar sus demandas y necesidades cotidianas y construir un discurso representativo de estas. Sin embargo y en el contexto de un sistema político altamente tecnocratizado, democratizar la democracia en esta sociedad supone, por lo menos en estos momentos del proceso, utilizar el lenguaje tecnocrático como un medio tanto para el proceso de politización de la ciudadanía como un medio para interactuar con los actores del sistema político: Aferrarnos en el apoyo ciudadano poh. Aferrarnos en el apoyo ciudadano y aferrarnos también, yo creo, a algo que ha sido parte del repertorio de este movimiento… aferrarnos en intelectuales que han sido proclives a nuestra demanda… porque ya no somos estos cabros que, como dijo Chávez el otro día, no somos cabros que tienen un impulso juvenil, sino que hay también argumentos teóricos, técnicos, políticos, que le dan sustento a lo que nosotros estamos planteando. O sea, hay tipos que han estudiado años, que tienen un prestigio académico importante, intelectual importante, y que hoy día dicen que nosotros estamos apuntando hacia algo que va a beneficiar efectivamente a la sociedad, ¿ya? Y eso… y que también yo, insisto, que nos hayamos aferrado al apoyo ciudadano… yo creo que es la manera que nos ha permitido mantenernos vivos y seguir ahí en la pelea. (…) O sea, yo creo que cada uno de los movilizados tiene una responsabilidad de incluir a su familia en esto, ¿ya? Pero también creo que hemos sido capaces de elaborar un discurso o este problema lo hemos tratado de instalar como un problema real de la gente común. 188

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Entonces, la gente… eeh… si bien, hay algo en que tenemos la deuda es que ellos sean parte también de nuestras decisiones. Nosotros decidimos en nuestro espacio universitario el cómo dirigimos el movimiento y cómo lo proyectamos, pero… pero hoy día nosotros hemos sido capaces de instalar, de decir que este problema por el que estamos peleando nosotros no es un problema mío, mío… es un problema de todos. Y hemos sabido llegar a la mesa de todas las familias y decirles, ¿ya?, «su hijo se está endeudando, ustedes están asumiendo un costo que debiese asumir el Estado», y así, poh. Yo creo que hemos compenetrado de alguna manera… y eso ha sido muy importante, el cómo hemos elaborado un discurso y un trabajo también en terreno, ¿ya? De salir a socializar en las calles… y de que nuestros compañeros involucren también ellos a su familia (Entrevistado 12).

En conclusión, la transformación del orden social vigente busca ser llevada a cabo mediante la politización de la vida cotidiana de las personas. Esto implica no solo contribuir al autocuestionamiento de dicho orden social, sino que también a la organización de la ciudadanía. Acorde al sistema político ideal de estos/as dirigentes/as, esto significa situar en el centro de las acciones de movilización social al nivel local y regional, en orden a lograr construir un orden social con mayores grados de autodeterminación a los actualmente existentes.

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3. La democratización de los espacios educacionales: el caso de la Confech Otra estrategia implementada por el movimiento estudiantil para democratizar la vida política en esta sociedad ha sido cuestionar e intentar modificar los fundamentos de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organismo que agrupa a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores en Chile (Cruch). Dentro de los cambios introducidos al interior de la confederación, los/as dirigentes destacan haber logrado transitar desde una institución estudiantil donde la participación y representación política al interior de esta dependía exclusivamente de los partidos políticos hacia una modalidad de representación estudiantil fundada en el apoyo de sus bases: …Bueno, de nuevo el tema, la participación… en lo personal. Hoy día las bases presionan a los dirigentes para esto. Usted tiene que hacer esto, son mandatados, usted hace eso y eso se hace… y no se puede arrancar con los tarros en ciertas cosas. Creemos que hoy día la participación de base es lo fundamental para poder empezar a estructurar ¿cierto? paradigmas y utilizar conceptos de democracia…pero democracia como lo plantea el concepto, no democracia como lo que hoy día estamos viviendo en la práctica… ¿Me entiendes? Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales para poder hoy día decir «¡ya! ¡ahora sí! Ahora podemos trabajar»… y participando no solamente proponiendo ideas, sino también con cómo incidir en las decisiones (Entrevistado 2).

Este proceso habría sido posible por la propia transformación de las federaciones de estudiantes a lo largo del país, donde sus dirigentes/ as tienen cada vez más una base de apoyo estudiantil no partidista y se les exige representar a sus bases: El remezón que hubo este año es netamente porque el Confech no es de los partidos políticos, sino que es gente que tiene otro tipo de trabajo o sino no habríamos planteado el mismo petitorio que fue en abril que buscaba más becas, poh. Y tuvo que haber un cambio de federaciones cuando entramos la mayoría de nosotros como en junio y de ahí apareció la demanda de educación gratuita y de ahí aparecieron nuestras demandas más profundas. Entonces, con esos partidos políticos adentro no se puede 190

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volver… hay que barrer con ellos. (…) El enroque tiene que ver con que las federaciones que entraron no eran de partidos políticos tradicionales y las que estaban adentro se empezaron a caer. Si la Jota ha perdido cinco federaciones por lo menos, en este proceso… la Concertación ha perdido como dos, ¿cachai? Entonces, ese enroque de tú levantar lo que dicen tus compañeros y no lo que dice tu partido es lo que cambió la demanda (Entrevistado 10).

La transformación del modo de representación al interior de la Confech ha implicado también cuestionar el liderazgo exclusivo de las federaciones de estudiantes de la Región Metropolitana, especialmente de la Universidad de Chile y Universidad Católica, y buscar su redefinición a la luz del sistema político ideal que actualmente tiene el movimiento estudiantil: Entonces, siempre hay, siempre va a haber recelo con el centralismo en Santiago. Pero eso se ha derrotado en la Confech ahora. Mandan las regiones. Es complicado el tema del centralismo, pero se intenta romper. Pero vemos que el proceso se dio así y siempre va a ser así. El vocero del Confech siempre va a ser el de la Chile, sea quien sea. El segundo va a ser el de la Cato siempre. Entonces, de ahí, fregado. Y tenís que hacerlo de otra forma no más, poh. Trabajar en tu región. Nosotros en las regiones estamos súper bien posicionados y vemos que desde ahí también hemos hecho buen trabajo (...) Yo creo que el centralismo complica, pero se puede romper. Se puede romper. Teniendo hegemonía o pseudo hegemonía se puede romper (Entrevistado 10).

El autocuestionamiento de las jerarquías internas que han predominado en esta organización estudiantil de carácter nacional ha permitido finalmente abrir espacios para una mayor participación de los/ as dirigentes/as que representan a las universidades no metropolitanas. De esta manera, se ha intentado reformar una organización que ha replicado el modo en que internamente se ha venido organizando esta sociedad, donde las regiones no metropolitanas han tendido a ser subordinadas a las necesidades y los intereses de la Región Metropolitana de este país. En el contexto actual de cuestionamiento institucional y con ello también organizacional, las dinámicas de autodemocratización de la Confech parecieran intentar romper los límites y con ello, las distancias que han creado y reproducido sus miembros entre sí: 191

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Yo creo que eso ha sido algo que ha marcado también la diferencia. Si bien no deja de ser un movimiento que, al menos en lo comunicacional, sí se ha concentrado en las figuras capitalinas, sí ha habido mayor presencia y que hemos podido ganar espacios las regiones ¿ya? Eem, yo creo que hemos podido ganar espacios, y yo creo que eso es fundamental ¿ya? Porque hoy día nosotros, obviamente las regiones, siempre hemos querido romper con esa lógica de que Santiago es Chile. Y hoy día que haya también voceros de regiones y que, de una u otra manera, estén empezando a aparecer en los medios nacionales igual marca una diferencia. Marca una pauta importante, porque, insisto, Santiago no es Chile y, sobre todo, cuando en regiones… Y a nosotros nos pasa algo muy particular como universidad estatal regional y es que hay una realidad muy distinta. Comparado con la universidad estatal de aquí de la Región Metropolitana, hay realidades muy distintas (Entrevistado 12).

En consecuencia, el proceso de democratización de la democracia implica un cuestionamiento de las propias prácticas cotidianas juveniles, así como también un simultáneo proceso de «despoderización de la política» (Entmachtung der Politik) (Beck 1986: 311) y «repoderización» a nivel de sus propias organizaciones. Esto ha significado una revisión y redefinición de los límites y distancias que han se han construido al interior de estas, como lo ha evidenciado el caso de la incorporación de la Femae en la Confech. Al respecto, uno de los grandes desafíos del movimiento estudiantil contemporáneo en estos últimos años ha sido precisamente realizar dichos procesos también tanto en los diversos ámbitos de la vida social así como en la «macropolítica».

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4. ¿Institucionalización o radicalización del movimiento estudiantil? La transformación de los fundamentos institucionales del orden social por parte del movimiento estudiantil se ha mantenido tensionado por una disyuntiva: avanzar hacia una progresiva institucionalización, o hacia una radicalización de sus acciones. La alternativa de institucionalización de las prácticas políticas de estos jóvenes implica finalmente buscar formas a través de las cuales poder vincular «micropolítica» con «macropolítica». Al respecto, parte de los/as dirigentes/as ha ido asumiendo paulatinamente la responsabilidad de presentarse como representantes de la ciudadanía en el parlamento, obteniendo cuatro escaños en la Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias de 2013, algunos de ellos con votaciones récord a nivel nacional. Llegaron a la Cámara Baja Camila Vallejo (La Florida), Giorgio Jackson (Santiago Centro), Karol Cariola (Recoleta) y Gabriel Boric (Magallanes). Su condición juvenil sería asociada por la ciudadanía precisamente como una posibilidad para la renovación del (sub)sistema político: …Los mismos adultos, los colectiveros que a nosotros nos pillaban, como siempre, nos decían: «Ustedes, la juventud, son los que tienen que hacer 193

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el cambio». Entonces, ellos también delegan la responsabilidad de hacer los cambios en nosotros, poh (Entrevistada 3).

Sin embargo, asumir la representación de los intereses de la ciudadanía y en consecuencia, el rol de un/a político/a profesional aparece, desde el punto de vista de estos/as dirigentes/as, como una tarea compleja. Esto, debido al propio proceso de deslegitimación de las instituciones políticas: Nuestros señores políticos nos hacen un flaco favor cuando uno dice que es un político... al menos universitario... porque te deja en un nivel de deslegitimidad absoluta (Entrevistado 6).

En este contexto, un espacio inmediato desde donde poder ejercer un liderazgo a partir de la delegación política lo constituye el sistema educacional, específicamente los colegios, institutos profesionales, centros de formación profesional y universidades. Sin embargo, en dichos espacios tienden a reproducirse las lógicas de funcionamiento del mismo sistema político. Por lo tanto, estos/as dirigentes/as encuentran también allí una cultura adultocéntrica que restringe las posibilidades de participación en procesos de toma de decisión concernientes a temáticas que les afecta directamente a los/as jóvenes en esta sociedad: O sea, nosotros decimos que el ideal es que el voto fuera el 33% de los funcionarios, el 33% de los estudiantes y el 33% los académicos, que son los tres estamentos de la universidad. «No se puede, porque ustedes no están capacitados para tomar decisiones... y los que sabemos somos los de acá...». Y lo que siempre nos dicen «¡No! Es que ustedes son aves de paso. Ustedes pueden cambiar, después la otra generación cambia. Nosotros somos los que estamos aquí de manera permanente». Yo creo que pasa lo mismo con la clase política (Entrevistada 5).

Pese a que las acciones emprendidas por el movimiento estudiantil se han desplegado, en gran medida, dentro de la institucionalidad vigente, la refundación del orden institucional de esta sociedad continúa siendo un objetivo para mucho/as de los/as estudiantes que participan y/o apoyan a este movimiento estudiantil. Dicho objetivo supone finalmente cuestionar y romper con las lógicas de acción sobre las cuales se ha estructurado el orden social vigente. 194

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Sin embargo, dicho objetivo supone como estrategia no solo politizar y democratizar los fundamentos institucionales ya existentes, sino cambiarlos definitivamente. Esto implicaría abolir el marco legal sobre el cual se ha estructurado este orden social, en especial la Constitución, y con ello a la elite política y económica que se ha estructurado y desarrollado al amparo de esta: Para mí un problema grande son las familias que no van a soltar la posición tanto económica y política que tienen. Y eso es complicado. Para mí hay que barrer con ellos, hay que barrer con su burocracia y hay que barrer con su conglomerado social y político (…) Tenís una Constitución que es mala y que siempre va a resguardar y va a validar a estas familias… las va a defender y tiene todos los resquicios legales pa’ defenderlas y que ellas se sigan manteniendo en el poder. Una forma es barrer con esa Constitución y ahí vai a terminar barriendo con esas familias. Y vai a abrirle la puerta a nuevos sectores políticos (Entrevistado 10).

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Los límites y distancias que ha establecido el sistema político son percibidos como reflejo de un proyecto político en donde no cabe hacer una distinción política y económica, pues finalmente sería una misma elite que ha generado relaciones de dominación que subyugan a una inmensa mayoría. En este sentido, en algunos sectores del movimiento estudiantil los medios institucionales vigentes no serían el medio más adecuado para refundar el orden social existente. El uso de la violencia física como medio para refundarlo sería vista como la única alternativa posible para poder introducir los cambios esperados: Entonces, yo creo que no se relacionan, porque el cambio que nosotros esperamos es algo totalmente radical, es algo que no vamos a conseguir a través de una reforma, es algo que necesitamos cambiar un sistema entero… y que las herramientas en el sistema político actual no están… no hay una nueva Constitución, no hay un plebiscito, no hay asambleas ciudadanas. Entonces mientras sigamos en el mismo sistema no... (…) yo creo que lo más fuerte que he escuchado últimamente es «que se vayan todos, que no quede ninguno» y yo creo que lo que más, últimamente es lo que está planteando el movimiento es que es necesario sacarlos (…) he conversado hasta con apoderados y dicen «no, es que para que haya un cambio realmente es necesario sacarlos a todos… desde los 196

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parlamentarios hasta el gobierno… a todos, todos, sea Concertación… sea del Partido Comunista que tienen tres diputados… a todos… a todos

hay que sacarlos» (Entrevistada 4).

La refundación del orden social vía el uso de la violencia física sería liderado, en gran medida, precisamente por aquellos sectores que han sido marginados histórica y actualmente, pero que hoy constituyen la base de esta sociedad neoliberal: los/as jóvenes que, a diferencia de sus padres, han tenido acceso al sistema educacional, así como los/ as jóvenes que provienen de o estudian actualmente en alguna de las regiones no metropolitanas del país: Yo creo que las regiones tienen el... van a tener el sartén por el mango el próximo año... las regiones son las que van a arreglar este país. Y las regiones... los sectores productivos... o sea, las regiones que tienen mayor articulación con los sectores productivos... que son Valparaíso, Iquique, Concepción... van a marcar la diferencia el próximo año... y no va a ser tanto Santiago... y eso es lo que esperamos todos... que Chile por fin pare en todo sentido... que el engranaje se rompa de alguna manera (Entrevistado 6).

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XI. Reflexiones finales

El proceso de modernización de la sociedad chilena durante el siglo pasado ha sido el resultado tanto de acciones promovidas por diversos movimientos sociales así como también por las elites políticas y económicas en cada determinado momento. Al respecto, uno de los intentos relativamente recientes de refundación del orden social ocurrió mediante la instauración de una dictadura cívico-militar (1973-1989), la cual a través del uso explícito e implícito de la violencia transformó los fundamentos estructurales e institucionales de la sociedad chilena. El proyecto y la elite política del «NO», que puso fin a dicha dictadura y que asumió el poder a partir de la década de los ‘90s, ha tendido a reproducir en gran medida aquel orden social. En este período, las experiencias cotidianas de las personas en relación con dicho proyecto no han dado origen a una adaptación absoluta, sino más bien a un progresivo malestar latente que no había logrado ser canalizado colectivamente. Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles que se han desplegado una y otra vez durante el período posdictatorial han buscado generar un cambio social, es decir, un proceso de re-limitación del orden sociopolítico vigente. En el presente libro se han intentado plasmar las percepciones e imaginarios colectivos de los/as dirigentes estudiantiles que han liderado actualmente este proceso de cuestionamiento del orden social. Desde su autopercepción como una «generación sin miedo», es decir, no socializada bajo la cultura del terror creada durante la dictadura cívico-militar y subjetivada durante el período posdictatorial, han bus199

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cado democratizar no solo la política, sino también al conjunto de la sociedad. Para ello, han buscado visibilizar y modificar los límites que han estructurado este orden social con miras a reducir las distancias resultantes entre cada ciudadano/a. Al respecto, las percepciones planteadas por esta «Generación NO +» expresan tanto un cuestionamiento del orden institucional, relativo al marco legal vigente (la Constitución, la ley de partidos, el sistema binominal, entre otros), como un rechazo a sus prácticas sociales, es decir, las acciones e interacciones de las personas que permiten la construcción y la reproducción de dicho orden, así como también su cambio. En lo relativo al sistema político, sus principales cuestionamientos se refieren tanto a la «dimensión vertical» como a la «dimensión horizontal» de la democracia moderna (Beck 1986), es decir, a sus instituciones específicas (los partidos políticos, el parlamento, el gobierno, las competencias de los tribunales, etc.) y principios, así como a la participación y la representación política de cada miembro de la sociedad, respectivamente.

1. Las prácticas políticas: sus límites y distancias El cuestionamiento de los límites establecidos en y por el sistema político supone, desde el punto de vista de estos/as dirigentes, revisar las prácticas de los partidos políticos. Dichas prácticas emergen como límites para el ejercicio pleno de los principios básicos de la democracia moderna. Esto, debido a los procesos de (neo)elitización ocurridos en los partidos políticos a través a) de los pactos suscritos durante el proceso de transición a la democracia y; b) la profesionalización de la labor política mediante su tecnocratización. De esta manera, los partidos políticos no serían colectivos orientados a profundizar los procesos de democratización de esta sociedad, sino más bien hacia la preservación de posiciones y relaciones de poder y con ello, del actual orden social. En concreto, mediante acciones tales como omitir las demandas ciudadanas o llevar a cabo procesos de toma de decisión carentes de una participación de la comunidad habrían trazado claros límites entre «lo político» y «lo no político», alejando con ello cada vez más a la ciudadanía de los procesos de toma de decisión y fiscalización política. Estos procesos de exclusión tienen su raíz más profunda en la propia formación del Estado-Nación en esta sociedad, a partir del cual el orden social se estructuró sobre la base de límites para la inclusión 200

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particularmente visibles en el caso de las regiones no metropolitanas, los pueblos originarios y las mujeres. Considerando las dinámicas de interacción social, la escasa participación ciudadana dificultaría el cambio de aquella estructura, reproduciendo así las exclusiones y los sentimientos de distancia que los ciudadanos experimentan respecto del Estado.

2. Naturalización del orden social Uno de los fenómenos producidos a partir de los procesos de modernización es la naturalización de los fines y los medios, los cuales son sustraídos del control y justificación pública para ser asumidos por la ciencia y la empresa (Beck 1986). Ello, pone en tensión la modernidad con los principios básicos de la democracia, al imponer una subordinación de la racionalidad deliberativa a las exigencias de la racionalidad técnico-instrumental. Dicha racionalidad técnico-instrumental ha dado paso a una profesionalización de la política y del ejercicio de la acción estatal, cuya legitimidad radicaría en una supuesta neutralidad política. Sin embargo, la aplicación de dicha racionalidad no solo es contraria a los principios de una democracia plena —por estar concentrada en un grupo reducido de expertos— sino que además ha generado un conjunto de externalidades negativas que afectan al conjunto de la sociedad como, por ejemplo, la contaminación ambiental y la profundización de las desigualdades sociales. Por lo tanto, la justificación de las acciones al interior del sistema político se vuelve central para enfrentar este tipo de situaciones que no logran ser resueltas satisfactoriamente mediante la simple aplicación de la lógica tecnocrática. Así, las facultades democráticas de la ciudadanía tenderían a estar circunscritas a la participación en procesos de elección de autoridades («todo se ha limitado al voto») y la posterior delegación de las decisiones en dichas autoridades electas. De este modo, las condiciones institucionales favorecerían una creciente distancia entre «lo político» y «lo social». Esto significa que, más allá de la capacidad organizativa de la ciudadanía o de la legitimidad de sus demandas, las decisiones políticas recaen en último término en el político profesional situado en un sistema cerrado y autorreferente. Al respecto y desde el punto de vista de los/as dirigentes entrevistados/as, no sería solo el marco legal vigente el que garantizaría 201

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la reproducción del orden societal, sino que también otro elemento institucional central: las prácticas políticas, específicamente, las normas, valores e ideas que se construyen y reproducen a partir de la interacción entre las personas. En este sentido, la persistencia de una «cultura del miedo» seguiría siendo un medio eficaz para evocar el deseo de conservación de un orden pseudodemocrático en Chile. Específicamente, la represión vivida durante la dictadura habría producido en la ciudadanía no un proceso de despolitización, sino más bien una resignificación de la política, donde la acción política de las personas supone una escasa participación y fiscalización, así como también una creciente delegación del poder en los políticos profesionales. Sin embargo, las recientes movilizaciones sociales expresarían, al respecto, un cambio generacional y la emergencia precisamente de una «generación sin miedo», que intentaría transformar tanto el marco legal como las prácticas sociales institucionalizadas.

3. Democratizando la democracia A lo largo de este texto se ha ofrecido una mirada acerca del movimiento estudiantil que propone entenderlo como un proceso de democratización de la democracia. Desde allí, se han identificado algunos rasgos que, desde la perspectiva de estos/as dirigentes estudiantiles, constituyen límites para la construcción de una sociedad democrática: el carácter altamente centralista del Estado, la falta de reconocimiento a la diversidad cultural y las desigualdades económicas, étnicas, raciales y de género. Al respecto, las movilizaciones estudiantiles desplegadas desde el 2011 a través de su expresión «NO +» han planteado la refundación, es decir, la redefinición de los límites legales y aquellos arraigados en la praxis cotidiana para democratizar tanto el sistema político, como finalmente el orden social. En este sentido, emerge una crítica profunda a las lógicas y los medios de inclusión creados en el contexto de la dictadura cívico-militar y reproducidos en gran medida por la «Generación del NO», los cuales habrían implicado procesos de inclusión funcionales a los requerimientos del aparato productivo, pero a la vez procesos de exclusión en términos de una extensión de la ciudadanía. Este movimiento estudiantil constituiría entonces una acción colectiva orientada hacia la democratización de la democracia, en el marco preci-

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samente de un país que conserva una legislación y prácticas heredadas de su pasado autoritario y antidemocrático. La redefinición de los límites de este orden social es simbolizada, en gran medida, a través de las demandas de reestructuración del Estado. Por un lado, sus acciones debería ser limitadas en orden a asegurar que este garantice un conjunto de derechos ciudadanos básicos en diferentes áreas del bienestar humano, como son la educación, la salud y la previsión social, lo que permitiría reducir las distancias geográficas, institucionales y de clase descritas y discutidas a lo largo de este texto. Por otro lado, los límites que han permitido un accionar altamente coercitivo por parte del Estado deberían también ser reestructurados, para restringir sus facultades de vulnerar los derechos de la población y con ello, reducir la distancia cultural entre las elites que buscan mantener el orden social establecido y aquellos grupos sociales que lo cuestionan. La profundización de una democracia que enfatice sus elementos participativos y que reconozca la particularidad de cada una de las personas que forman parte de esta sociedad implica necesariamente también replantearse la relación entre la Región Metropolitana y las otras regiones del país. Específicamente supone abordar las distancias geográficas e institucionales que ha dado origen el Estado-Nación y los procesos de regionalización llevados a cabo hasta el momento. Al respecto, las percepciones de los/as dirigentes estudiados dan cuenta de Chile como una sociedad altamente centralista, cuyo orden políticoadministrativo y sus políticas públicas no han considerado las realidades particulares de cada región. Una democracia democrática debiese estructurarse, por el contrario, sobre la base de un nuevo ordenamiento político administrativo que haga efectiva y eficaz la descentralización, pudiendo con ello todas las regiones alcanzar mayores grados de autonomía económica, política y cultural. Las recientes y recurrentes movilizaciones en territorios extremos del país, demandando mayores recursos o denunciando problemas medioambientales, son un antecedente que reafirma dicha concepción acerca del orden político-administrativo que debiese construirse para la convivencia en el marco de este Estado-Nación. En concreto, un proceso de democratización de la democracia implicaría entonces la construcción de un sistema político que abandonaría la racionalidad técnico-instrumental («tecnocracia») como fundamento, para basarse en la participación de cada uno/a de sus ciudadanos/as («democracia»). Esto significa revalorizar y otorgar 203

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mayor capacidad de acción a los/as sujetos y colectivos políticos tanto a nivel local como regional, incorporando en el debate público la posibilidad de repensar la estructura político-administrativa con miras a la construcción de un Estado federal.

4. La redefinición de los límites y las distancias: refundando el orden social En el marco de los procesos de modernización, el imperativo del progreso ha terminado por sustituir las preguntas acerca del orden social. Ello mediante una transferencia de las decisiones desde el sistema político a otras esferas que han pasado a autonomizarse del control público y de la deliberación colectiva (Beck 1986: 302). Es en ese contexto y a partir de las consecuencias no deseadas de dicho proyecto de modernidad, comienzan a generarse cuestionamientos a la escasa capacidad que hoy tendría el sistema político y la acción política para generar sociedades más democráticas. Se instala entonces progresivamente la demanda por redefinir los alcances de la democracia hacia esferas que, en dichos procesos de modernización, han terminado por gobernarse ya sea desde la racionalidad técnico-instrumental o desde la tradición. Destaca así la idea de democratizar todas las esferas de la sociedad que, en menor o mayor medida, están siendo estructuradas a partir de dicha racionalidad. Junto a este relativo consenso acerca de las tareas del proceso de democratización surgen, sin embargo, preguntas acerca de los medios más adecuados para conseguir tales fines. Entre aquellos se encuentra siempre latente el cuestionamiento respecto de la posibilidad de transformación de un orden social sin transformar el sistema político. En concreto, ¿es factible democratizar la democracia a partir de sus propias instituciones? Y ¿cuáles son los fines y los medios más adecuados para alcanzar una democracia democrática? La respuesta a la primera interrogante supone preguntarse por los límites de lo político y sus fundamentos. Al respecto, estos/as dirigentes destacan lo político como parte constitutiva de lo social, es decir, consideran que la vida social es política. Esto significa, que en las diversas esferas de la vida se construyen relaciones de poder y finalmente, de dominación. Al mismo tiempo, los fundamentos de lo político no solo están asentados en las prácticas sociales, sino que también en las bases materiales que condicionan las acciones e interacciones de los 204

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individuos. En este sentido, surge también un cuestionamiento a la construcción y la distribución del poder resultante a partir de la propiedad privada. La concentración de la propiedad y la riqueza tiene como resultado la conformación de poderes fácticos que adquieren poderosa influencia sobre el sistema político y generan límites a los principios básicos asociados a los regímenes políticos modernos. Asimismo, la carencia material influiría en una baja participación política, ello en la medida que obliga a las personas a someterse a mayor carga de trabajo para cubrir las necesidades básicas. En consecuencia, la democratización de las diversas esferas de la sociedad cobra mayor sentido entre los/as dirigentes entrevistados/as a partir de la consideración de las precarias condiciones materiales en que se desenvuelve la vida social. Éstas pueden únicamente ser revertidas con mayores herramientas de participación democrática. A su vez, la participación democrática solo es posible de fortalecer o viabilizar en la medida que las condiciones materiales así lo permiten. Se produce de este modo la encrucijada según la cual no es posible transformar el orden social sin modificar de manera importante el sistema político, a la vez que transformar el sistema político requiere también que se generen condiciones favorables para la participación en otras esferas del orden social. La pregunta relativa a las posibilidades de democratización de la democracia a partir de sus propias instituciones, los/as dirigentes suelen concordar en que ello implica, por una parte, modificar el marco legal generado y heredado de una dictadura y reproducido luego en el marco de un proceso de democratización, pero también, por otra, transformar las prácticas cotidianas que influirían de manera importante en la perpetuación del orden vigente. A partir de ese diagnóstico, ellos/as valoran los actuales procesos de movilización social como un camino avanzado en materia de la toma de conciencia colectiva. Entre los mayores logros destaca el haber producido un nivel mayor de comprensión de los problemas y riesgos, pasando del enfoque centrado en el individuo hacia la dimensión social de los problemas. Sin embargo, y considerando los avances producidos en la dimensión subjetiva, la constatación de los nulos resultados en el plano de la política pública refuerzan la idea de estar frente a un sistema político autorreferente y protegido tanto en el plano legal como en las prácticas cotidianas institucionalizadas. En consecuencia, el proceso de democratización de la democracia supondría un cuestionamiento y una transformación de sus instituciones sociales (normas, leyes, valores e ideas) en orden 205

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a poder realizar realmente un cambio sustancial de largo plazoen el orden social. Por último, la discusión acerca de los medios y los fines para la transformación del orden social es una pregunta que compete no solo al movimiento estudiantil, sino a toda la sociedad. Al respecto, la pregunta latente es siempre si acaso resulta adecuado y eficaz utilizar las herramientas ofrecidas por la institucionalidad o, por el contrario, actuar manteniéndose fuera de los márgenes impuestos por ella. A lo largo del desarrollo del movimiento estudiantil esta pregunta aparece de manera recurrente y sus expresiones más evidentes tuvieron que ver con el dilema de abrirse o no a negociaciones con el gobierno (asumiendo que ellas siempre implican como punto de partida descartar la posibilidad de suma cero y abrirse a concesiones). Adicionalmente, y cuando se hablaba de la perspectiva de largo plazo y de las transformaciones sociales más profundas, la tensión entre diversos medios implicó definiciones, desde luego, igualmente profundas, tales como participar de la discusión electoral llamando a votar o a abstenerse, participar o no de elecciones proclamando candidaturas propias, promover la Asamblea Constituyente e incluso la vía armada85. Esta última opción constituye tanto en Chile como a nivel mundial un tabú, puesto que cuestiona el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Sin embargo, cabe tener presente que dicho monopolio constituye el resultado del propio proyecto de modernidad que actualmente está siendo cuestionado en esta sociedad. El momento político actual ha mostrado ya algunas definiciones estratégicas como medios para alcanzar la anhelada democratización de la democracia. Parte de los ex dirigentes estudiantiles de 2011 han optado por competir por un escaño en el Congreso, obteniendo cuatro diputados provenientes del movimiento estudiantil, bajo el supuesto de poder transformar el sistema político y el orden social desde las instituciones legalmente establecidas. Sin embargo, la política de alianzas de cada uno de ellos/as muestra algunas diferencias (las candidaturas de las Juventudes Comunistas se enmarcaron en los pactos electorales establecidos entre el Partido Comunista con la Concertación, mientras que otras candidaturas estudiantiles obtuvieron omisión de la Concertación, establecieron pactos con partidos fuera de los grandes conglomerados o se postularon como independientes y compitieron contra http://elpais.com/diario/2012/01/15/domingo/1326603158_850215.html

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ellos). Asimismo, la postura frente a las elecciones presidenciales del 2013 también fue disímil: mientras algunos ex dirigentes decidieron su apoyo explícito o implícito a candidatos presidenciales, otros optaron por participar de las elecciones parlamentarias sin sumarse a una opción de gobierno. Sin embargo, existe también un sector del movimiento estudiantil que reafirma la postura de mantener la acción política fuera de la institucionalidad política formal. Éste es, por ejemplo, el caso de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, cuyo llamado ha sido a la abstención en las elecciones bajo el argumento de no legitimar la institucionalidad vigente. En conclusión, el caso acá abordado constituye un proceso de cambio social aún abierto. Como se ha planteado en este libro, uno de los principales logros del movimiento estudiantil de 2011 es haber logrado visibilizar y socializar un diagnóstico que subyacía en el malestar tan ampliamente descrito en la literatura especializada, pero que no había logrado formularse en forma de un discurso político organizado. Sin embargo, el desafío pendiente es que los temas ahora instalados en la agenda pública —y que cuentan con respaldo ciudadano significativo— logren traducirse efectivamente en transformaciones políticas. Por ahora, más allá de algunos ajustes, no se han generado los cambios demandados por el movimiento estudiantil. Queda entonces por ver si los diferentes medios utilizados hasta ahora para cuestionar este orden social lograrán finalmente transformarlo en términos de sus fundamentos legales, pero especialmente de sus prácticas sociales. De seguro, aquello será materia de análisis futuros.

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Este libro se terminó de imprimir en los talleres digitales de

RIL® editores Teléfono: 2223-8100 / ril@rileditores.com Santiago de Chile, diciembre de 2013 Se utilizó tecnología de última generación que reduce el impacto medioambiental, pues ocupa estrictamente el papel necesario para su producción, y se aplicaron altos estándares para la gestión y reciclaje de desechos en toda la cadena de producción.

Las movilizaciones sociales lideradas por los estudiantes desde el año 2011 han permitido la conformación de un nuevo escenario sobre el cual los fundamentos de este modelo de sociedad neoliberal están siendo remecidos. Específicamente, se ha visibilizado y tensionado el marco institucional que hasta ahora ha establecido los límites de acción de las personas en esta sociedad. Éste es un escenario que ha sorprendido tanto al mundo político, como al mundo académico y a la ciudadanía en general. Sin embargo, pareciera ser acorde con la persistente y creciente desconfianza juvenil respecto de las instituciones políticas durante el proceso de democratización, siendo la resistencia a participar en los procesos eleccionarios posdictadura una de sus más claras manifestaciones. La última ola de movilizaciones lideradas por el mundo juvenil parecieran dar cuenta de un accionar político colectivo por parte de esta población que desmitifica dicha supuesta apatía política y que adquiere relevancia social. En concreto, han logrado convocar progresivamente a diversos sectores de la sociedad civil y han mantenido una movilización social sostenida en el tiempo, con un alto apoyo ciudadano. Sus críticas y demandas cuestionan el sistema educacional vigente, pero también los fundamentos institucionales del modelo chileno actual.

ISBN 978-956-8966-02-7