ejecutar los aportes tributarios de la minería”

• La minería debe ser impulsada en todo momento por ser uno de los grandes motores de la economía nacional.

• Lo que está ocurriendo en los últimos meses es un mensaje sumamente negativo a nivel internacional, aleja la inversión nacional y extranjera que exige seguridad política, económica y jurídica para apostar por el Perú.

proveyendo al mercado interno y regional. El déficit de infraestructuras de interés social no es responsabilidad de las compañías mineras, sino del propio Estado”.

“Es preocupante la falta de capacidad técnica en la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura social por parte de los municipios y gobiernos locales, a pesar de disponer presupuestos asignados por el canon minero. El promedio de la capacidad de gastos en proyectos no llega al 40% de sus presupuestos. A los presupuestos mal gastados se suma la corrupción generalizada. El Estado es incapaz de ejecutar los aportes tributarios de la minería”.

Enfatiza “Las actuales reservas mineras de franca producción y productividad en el país, son resultados de muchos años de estudios, inversiones y exploraciones. Los proyectos como Antamina, Quellaveco, etc., no se desarrollaron en pocos meses”.

El Ing. Adelino Taipe Rosales, Gerente General de ATR Mining SAC, sostuvo que “El Perú, por su ubicación geográfica, dispone de muchos recursos naturales y en cuanto a minerales, la naturaleza hizo que el país sea de una variada geología, con un potencial de yacimientos polimetálicos y no metálicos. Desde la época pre inca y a lo largo de su historia, la minería siempre estuvo ligada al beneficio de la sociedad. Esta actividad contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en territorios donde la presencia del Estado es menor. De hace décadas, es el sector productivo que prioriza el control ambiental y la rentabilidad social. Precisa que la minería en relación a otros sectores genera los mayores ingresos de divisas por las exportaciones, también más ingresos fiscales y los aportes al PBI, convirtiéndose el soporte principal de la economía nacional”.

El profesional sostiene “Que esta actividad es la que invierte más que los municipios y otras industrias en la preservación del medio ambiente, también dinamiza el movimiento económico de la región, complementando con la responsabilidad social de orden ético y moral. Otorga importantes presupuestos como el canon y regalías mineras a los gobiernos locales y regionales, inmatriculaciones y usufructos territoriales comunales y privados”.

Señaló también: “Dentro de la zona de influencia, la industria metalmecánica, servicios y comercio se han consolidado agrupaciones o empresas familiares, comunales y municipales gracias a que forman parte de la cadena productiva del sector minero. También las poblaciones aledañas lograron superar la seguridad alimentaria de autoconsumo incrementando su producción agrícola y ganadera

Recuerda “Que en las últimas dos décadas, se dieron normas legales de buena fe, como la consulta previa para salvaguardar los derechos colectivos nativos, así como la licencia social a cargo de las comunidades campesinas y las certificaciones ambientales que acreditan los organismos del gobierno, todos en línea para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, salvo excepciones reconocidas, estas disposiciones no cumplen las comunidades campesinas, desvirtuando sus objetivos fundamentales, empleando todo tipo de presiones de difícil control, con presencias masivas, desmedidas y hasta violentas, arengados por las ONGs anti mineras y ante la inacción de las autoridades del gobierno, atribuyéndose autoridad o autonomía ilegales y sin responsabilidad, aspirando dar oportunidad a sus apetencias territoriales y propiedad de los recursos minerales para negociar participaciones, amenazando y paralizando las exploraciones, producción y la concentración, dentro de un estado de anarquía gubernamental. Parece ser que en la minería nacional, el impacto comunal hoy en día es de más riesgo y peligroso que el impacto ambiental”.

“En un régimen atinado, los peruanos sabemos que la actividad minera, en manos del sector productivo, prioriza el crecimiento económico y desarrollo integral que demanda el país. Es notoria la diferencia administrativa, cuando se percibe que en el sector productivo prevalece la escala de méritos, capacidad y solvencia moral de sus integrantes, comparados con la abultada burocracia estatal, inerte, corrupta e improvisada del sector de consumo”.

“La política actual del Gobierno Central sobre la minería es todavía más dañina por sus posiciones ideológicas o populismo irresponsable, alejando las inversiones privadas nacionales y extranjeras, las carteras de inversión para los próximos diez años se han diluido, tal vez buscando garantías jurídicas en otras regiones o países mineros. La política anti minera y la corrupción en todos los niveles están poniendo en riesgo el futuro de la minería y del país”.

“El actual gobierno modificó el Reglamento que regula los servicios de la tercerización laboral, limitándola a núcleos de actividad principal, sin considerar las opiniones del Ministerio de Economía y otras colegiaturas. Este decreto del Ejecutivo, políticamente estaba orientado o direccionado a socavar la actividad minera, logrando afectar el emprendimiento de las empresas contratistas mineras, formalmente registradas en el Ministerio de Energía y Minas”.

Declara: “Estas empresas especializadas, promueven la competitividad y la especialidad en el sector productivo, cumpliendo contractualmente el marco legal, generando más puestos de empleo formal. Un claro ejemplo de la especialización, de los tantos con que contamos, es la ejecución de labores verticales en minería subterránea con el Sistema PEM, diseñado y patentado por mi persona, que en la XXVI Convención de Ingenieros de Minas del Perú del año 2003 llevada a cabo en la ciudad de Arequipa, ganó el Premio Nacional de Minería. Los reconocimientos y certificaciones obtenidas en las diferentes Unidades Mineras del país, validan nuestra experiencia y aplicabilidad de este sistema. Debo resaltar que las convenciones de PERUMIN tienen por objeto la actualización de la tecnología minera, intercambio de experiencias y promover la competitividad operativa, con valores éticos y legales en la seguridad de la vida humana y la preservación ambiental”.

“Esta antojadiza modificación política, seguramente será revisada por el Legislativo porque atenta contra el emprendimiento, libertad de empresa. No tiene fundamentos económicos, los costos dependen únicamente de la oferta y demanda de los servicios de tercerización y operaciones mineras en conjunto. Estos servicios son encargados a los contratistas mineros, que por su calidad de empresas especializadas están calificados para realizar actividades mineras en las fases de exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Gracias a la alta especialización han cruzado fronteras elevando la competitividad de la minería nacional”.

El rol del Estado es impulsar la inversión, no solo en minería, sino también en otros sectores, de esa manera el Fisco captaría ingresos y se generarían pues- tos de trabajo. “Los bonos son paliativos y temporales y no resuelven el fondo del problema que es la pobreza estructural”, subrayó.

Adelino Taipe exhorta al gobierno y al sector privado a aprovechar el alto precio de los metales en el mercado internacional, promover la inversión, para orientar sus frutos a la innovación científica y tecnológica. “No debe repetirse la historia del guano de las islas o del caucho que después de una bonanza no quedó nada importante en beneficio nacional, ya que fueron reemplazados por nuevas alternativas. Los expertos ambientalistas pronostican que los metales tomarán protagonismos geopolíticos en el futuro, así como lo fue el carbón hace dos siglos o el petróleo en el siglo pasado. Actualmente nuestro país, con reservas potenciales, es uno de los principales productores de metales a pesar de las posiciones anti mineras.” recordó.

El Ing. Adelino Taipe Rosales proviene de una familia ligada a la minería. Es natural de Alis de la provincia de Yauyos, Lima, región con un gran potencial minero, teniendo como ícono a la mina Yauricocha, donde laboró en su época de estudiante. Su señor padre trabajó en la mina Colquijirca en la región Pasco. En consecuencia, por esa influencia decidió estudiar minería en la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, egresando en la promoción 1973. Se desempeñó en diversas minas del país.

“Trabajé en la actividad privada del sector minero y también como contratista y en proyectos mineros en conjunto. Tengo una experiencia de más de 40 años en el rubro, además de ser socio vitalicio del Colegio de Ingenieros y socio activo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú”. Comentó con orgullo el profesional.