ACOMIPE: Medida contra tercerización laboral afecta a 1’600,000 trabajadores aproximadamente

• Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú – ACOMIPE: En 25 años de vida institucional, hemos trabajado de la mano con las compañías mineras, generando puestos de trabajo formales. Hoy estamos en lucha permanente contra este D.S. que atenta contra la Tercerización laboral.

• Experiencias similares en México, Ecuador y Bolivia han significado gran fracaso para los gobiernos y enorme daño para las empresas y los trabajadores. No queremos que se repita la historia en el Perú.

El decreto supremo N° 001-2022-TR que prohíbe la tercerización laboral a cuántas empresas y trabajadores afecta en el país?

- Según estimaciones oficiales existen cerca de 3 millones de empresas que en época de pandemia disminuyeron a 2 millones aproximadamente. Considerando que el 80 % utiliza algún tipo de tercerización estarían afectadas alrededor de 1’600,000. En el sector minero, están registradas en el MINEM más de 2,000 empresas contratistas de las cuales están activas 620 con un total de 140,000 trabajadores aproximadamente.

Si producto de las fiscalizaciones por parte de SUNAFIL aplicaran indebidamente la norma, progresivamente se irían perdiendo miles de empleos en las diferentes industrias, lo que agravará aún más el problema inicial, por la pérdida de especialización, productividad, competitividad y rentabilidad.

Esta norma afecta derechos como la libre contratación y la libertad de empresa. Se han presentado centenares de recursos de amparo y medidas cautelares, ¿en qué sentido se vienen resolviendo estas demandas?

- De manera general la carga procesal del Poder Judicial es muy grande y hay muchos casos pendientes de resolver. Ante esta situación particular, se han incrementado los casos que principalmente han recaído en Juzgados Constitucionales y otros de corte Administrativo Contencioso como es el caso de INDECOPI que resolvió contra el DS 001-2022 TR por barreras burocráticas.

También se han resuelto algunas cautelares en respaldo a la actividad empresarial, productiva y por ende del empleo. ACOMIPE, ha presentado tanto una Acción Popular en defensa de todas las empresas contratistas, como Acciones de Amparo que son de carácter particular, para muchos de sus afiliados.

Es importante precisar que existe jurisprudencia importante en donde el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han validado la tercerización, señalando que es constitucional toda actividad productiva sea nuclear o no. La Comisión de Economía del Congreso aprobó en el mes de julio derogar el Decreto Supremo que prohíbe la tercerización laboral, pero la medida debe ser debatida por el Pleno, lo cual no se ha cumplido. ¿Alguna presión ha ejercido Acomipe?

-Desde hace 2 legislaturas existe un dictamen favorable para la derogatoria del referido decreto. Después de una primera exposición en el pleno ingresó a cuarto intermedio, situación en la que aún se encuentra esperando para volver al pleno y ser sometido a votación.

Institucionalmente hemos participado de diferentes mesas de trabajo y debates en las comisiones de Trabajo y Economía explicando los efectos nocivos y la inconstitucionalidad del DS 001-2022 TR, así como brindando aportes técnicos y propuestas para un texto sustitutorio que ayude a consensuar las posiciones de empresarios y trabajadores.

Lamentablemente, los constantes conflictos políticos e intereses subalternos en el Congreso han venido aplazando la decisión.

¿Qué significa la prohibición de la tercerización laboral para las compañías mineras?

- Prohibir o restringir en gran parte la tercerización afectará gravemente el funcionamiento integral del sector minero. La ejecución de operaciones a través de las empresas contratistas son muy especializadas y diversas. Se perjudicará toda la cadena de valor, pues son muchas empresas que prestan servicios y están involucradas en proyectos mineros.

Por ahora, son las acciones legales emprendidas las que están conteniendo los efectos de esta norma de inferior jerarquía que sin asidero legal ni técnico ha cambiado traumáticamente el reglamento de la Ley de Tercerización.

¿Hay experiencias similares en algu- nos países de la región y cómo se han superado?

- En México, Ecuador y Bolivia se han experimentado resultados adversos y con mucha afectación a los trabajadores y las empresas. En el primer caso, solo el 50% de los trabajadores pasaron a ser parte de la empresa principal y ahora están intentando mecanismos para evitar más complicaciones. En Ecuador, prácticamente el 80% perdieron sus empleos formales.

Es casi el mismo caso de Bolivia, donde se ha incrementado exponencialmente la informalidad. Ni siquiera, estas nocivas experiencias han evitado que lamentablemente el Ejecutivo, a través de Ministerio de Trabajo, ponga en ejecución este decreto.

Representantes del gobierno anterior sostenían que la medida protege a los trabajadores tercerizados, ¿cuál es su comentario?

- Cualquier opinión que sostenga que la norma protege a los trabajadores es errónea. En tercerización los trabajadores son empleados de manera formal y justamente es el empleo de estas personas el que se pone en riesgo. Esto ocasionará un incremento de la informalidad laboral que actualmente ya sobrepasa el 80% de la PEA.

Las posturas favorables al DS 0012002 TR tienen un componente altamente político y populista, que no corresponde a una defensa real y práctica de los trabajadores. Para tener una justificación, de manera adrede se han tomado los conceptos de la intermediación, figura laboral muy distinta a la tercerización y se han realizado campañas satanizando a las empresas, mencionando incluso que sus trabajadores no están en planilla.

Finalmente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberían tener como uno de sus principales objetivos fomentar e incentivar el empleo formal para que más personas cuenten con todos los derechos que les otorgan las leyes.

¿Y cómo celebraron los 25 años de COMIPE, señor Bernal?

- Lo hemos celebrado trabajando, analizando los logros obtenidos y también algunos errores para corregirlos. En estos 25 años hemos trabajado de la mano con las compañías mineras, generando puestos de trabajo formales y hoy nos encontramos en lucha permanente contra la norma que restringe la tercerización laboral.