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Investigan al dueño de Autogermana y Autocentro

Gobierno dominicano investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por sobornos y lavado de dinero. Sacó sobre $356.2 millones al exterior, se presume a Puerto Rico. Aquí tiene a Autogermana, y Autocentro Toyota, Nissan y Chrysler

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

Quien se presenta en Puerto Rico como el dueño de los dealers de automóviles Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler, así como del dealer de caros de lujo BMW y MiniCooper, Autogermana, enfrenta un pesado caso de corrupción en la Republica Dominicana por lavar sobre $356.2 millones en el exterior. Se trata del exministro de Hacienda en el vecino país, Donald Guerrero. Al exfuncionario dominicano, que en un momento llegó a ser presidente del banco Chase en Puerto Rico, se le acusa de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. Guerrero es investigado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la Republica Dominicana. Desde que este caso surgió en el 2021 se presume que mucho del dinero que se alega que estafó del pueblo dominicano, pudo haber llegado a Puerto Rico. Por casi 18 meses En Blanco y Negro con Sandra hemos venido denunciando este caso en más de 20 artículos, vídeos y programas de radio, por los vínculos directos que tiene con Puerto Rico y con la economía de ambos países. La prensa comercial no ha querido tocar el tema, a pesar de la magnitud de las disputas legales, por temor a perder anuncios de los dealers de autos. Una es de esas disputas es una demanda que enfrenta en Puerto Rico Guerrero por la friolera de $21.8 millones. El fundador de Autogermana, Eduardo Pellerano Nadal, lo demandó el año pasado, alegando que el exministro Guerrero cometió fraude, y se apropió ilegalmente del negocio de importación y venta de vehículos en Puerto Rico para sacarlo a él del negocio que el mismo había fundado en San Juan. Pellerano Nadal alega entre otras cosas que Guerrero violó sus deberes fiduciarios, incumplió el contrato, engañó y cometió fraude. Le pidió al tribunal que declarara un interdicto para que Guerrero deje de sacar fondos de Autogermana. La demanda también incluye a la esposa del exministro Guerrero, Milagros Mena García. Pellerano Nadal contrató al principal bufete de abogados en Puerto Rico, McConnnell Valdés LLC. Guerrero tiene a varios abogados, entre estos el analista político Leo Aldridge. En medio de esa polémica, y justo cuando la prensa dominicana cuestionaba sus acciones ante las acusaciones en su contra, Guerrero vino a Puerto Rico de fiesta. Llegó a celebrar los 25 años de Autogermana en julio de 2021 y eso fue cubierto por revistas de la alta sociedad. Pero la demanda que enfrenta en Puerto Rico por $21.8 millones palidece cuando se compara con la gravedad del caso que Guerrero encara en la Republica Dominicana. En el vecino país llevan investigando una serie de notorios casos de corrupción en una campana sin precedentes en la historia reciente dominicana, en parte por la labor del Pepca y la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. Los casos investigados han culminado con los arrestos y encarcelamientos de senadores, militares, religiosos evangélicos, exministros y hasta dos hermanos del expresidente Danilo Medina. En la operación denominada Antipulpo, por ejemplo, terminó con la convicción del principal cabecilla de lavado de dinero público, Alexis Medina Sánchez y Magali Medina, hermanos del expresidente. A Guerrero se le relaciona con la operación Antipulpo, pero las autoridades dominicanas le informaron que tiene además otros casos aparte. Desde febrero del año pasado, se informó que la procuradora Germán Brito dirigía la investigación por corrupción que involucraba al exministro de Hacienda y al exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita. Guerrero fue citado en al menos cinco para ser interrogado en la Procuraduría. De 64 años, Guerrero es un empresario, catedrático y economista dominicano. Fue ministro de Hacienda de la República Dominicana desde el 16 de agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de 2020.

La prensa bajo asedio

Es intolerable e inexcusable lo que hace el gobierno para ocultar la corrupción y limitar el derecho del pueblo a saber lo que pasa mediante ataques a periodistas

(Esta columna-ensayo fue publicada en !Ey! Boricua el 28 de agosto de 2022 - https://eyboricua.com/opinion/la-prensa-bajo-asedio/ )

Golpes. Agresiones. Incitación a la violencia. Campañas de descrédito. Trolls y cuentas en redes sociales creadas por oficiales de prensa del gobierno y gente de Luma. Uso de “analistas” en la radio y televisión.

Puerto Rico no es Nicaragua, ni México, ni Cuba, pero la manera en que el gobierno y el poder se mueven para silenciar a la prensa hace que se parezcan. Aunque suene increíble, es un hecho indiscutible que la violencia institucional hacia el periodismo se afianza cada vez que en el poder hay un gobierno del Partido Nuevo Progresista, como está pasando ahora mismo.

Son los que dicen que quieren la libertad americana, pero operan como regímenes totalitarios donde no puede haber cuestionamientos. Organizan campañas de desprestigio, agreden periodistas e impera la impunidad. Pasó bajo Romero Barceló, Pedro Rosselló y su hijo, bajo Fortuño y Wanda Vázquez y ahora bajo Pedro Pierlusi.

Y no es que eso no pasara bajo otros gobiernos, porque el libro de la represión a la prensa y la libertad de expresión en Puerto Rico lo comenzaron a escribir los populares con Luis Muñoz Marín. Fue bajo gobiernos del Partido Popular Democrático que se aprobó la Ley de Mordaza, y se permitió la represión política y encarcelamiento a opositores, la confección de carpetas, amenazas y hasta ataques a medios informativos.

Pero lo que ha pasado en esta última semana en Puerto Rico es altamente peligroso porque es coordinado, tiene múltiples vertientes y se vio ante los ojos de todo el país.

Incluyó golpes, amenazas, insultos en televisión, campañas de desprestigio y propagación de mentiras en televisión y redes sociales, y ataques de trolls cibernéticos.

Las agresiones de abusadores de la Policía contra periodistas cubriendo la protesta anti-Luma el jueves es una prueba fehaciente de que esto es más complejo. Quieren parar la

fiscalización de la prensa, porque sacar a LUMA es sacar los intereses personales y económicos de muchos en Palacio. Parece que por eso van a todas.

AGRESIONES: Lo que hicieron agentes de la Fuerza de Choque a periodistas como Juan Costa de Noticel, (al que le cayeron a palos frente y se vio en vídeo), o al fotoperiodista freelance Rafael Contreras que cubría para el periódico Metro, (al que a propósito le echaron gas pimienta en la cara para que no pudiera fotografiar), demuestran que esto es coordinado. Es un abuso. AGRESIONES: No fueron los únicos. Policías abusadores también agredieron intencionalmente a las reporteras Yesenia Torres Figueroa de TeleOnce y Nahira Montcout de El Vocero, como denunciaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la Asociación de Fotoperiodistas. El comisionado de la Policía Antonio López Figueroa primero intentó minimizarlo, luego distanciarse, y casi a regañadientes, después dijo que investigarían todas las agresiones. El gobernador Pedro Pierluisi siguió el libreto hueco de que investigará, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Se olvidan de que hay una reforma de la Policía. De hecho, allí estaba el Monitor Federal, John Romero, cuyo silencio sigue siendo más que elocuente.

Pero eso no fue todo. Además de agresiones de policías hubo agresiones de manifestantes a la prensa. Lo que es peor, viene de un numero de agresiones verbales, humillaciones y vejámenes que están creando un clima hostil, para callar a la prensa. Para que la prensa se intimide y deje de publicar los actos de corrupción.

OFENSAS: El mismo viernes otro abusador que le ha costado al pueblo de Puerto Rico sobre $165,000 por su brutalidad policiaca, la emprendió contra una periodista en la televisión nacional. El expolicía y hoy senador Gregorio Matías , en un despliegue de “mansplaining” y macharranería, le gritó e insultó a la periodista de Noticel, Denise Pérez, en el programa Pelota Dura de Teleonce, sin que pasara nada. No podemos olvidar que la conducta violatoria de derechos de cuando Matías era agente fue una de las bases que usó el Departamento de Justicia federal para imponer la Reforma de la Policía, según consta en un acuerdo ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. DESCRÉDITO: No podemos obviar que en el mismo Teleonce, canal que contrató a periodistas de calidad indudable, también tienen como “analistas” a miembros del chat de Telegram que se burlaron de todo el país como Ramón Rosario y otros como el exlegislador Gary Rodriguez, conocido por mover grupos de trolls cibernéticos. INCITACIÓN A LA VIOLENCIA: También permiten allí en Teleonce a Kobbo Santarrosa, que todos los días la emprende contra algún periodista. Es de conocimiento público la campaña de odio que incita ese hombre hacia mi persona que llega al punto de llamarme “mona” por ser negra, o de pedirle a los televidentes que me agredan y destruyan propiedades de mi familia, y no pasa nada. Un tribunal municipal se lavó las manos y dijo que se acudiera a otro foro más alto para buscar un detente a la escalada de sus agresiones. Escondido en la imagen de una muñeca, suele burlarse a diario de muchos otros periodistas, casi siempre mujeres, y nadie dice nada. Planta en el público la idea de que humillar, perseguir, decir mentiras e insultar está bien. El canal y sus anunciantes apoyan esas prácticas. AMENAZAS: Esta semana conversé con la periodista independiente Bianca Graulau, a quien también la han amenazado por sus oportunas investigaciones en la web sobre los beneficiarios de la Ley 60. CHILLING EFFECT: Todo esto coincide también con una serie de cartas que distintos abogados han enviado, amenazando con demandar a periódicos, medios digitales editores, noticieros de TV y emisoras de radio para que dejen de cubrir ciertos temas. La idea es crear un “chilling effect” o congelar y neutralizar las coberturas. BARRERAS: Igualmente, no podemos olvidar la falta de respeto de los ejecutivos de Luma a los periodistas en las últimas dos conferencias de prensa, especialmente en la de Wayne Stensby. El no permitir preguntas y conducir conferencia en inglés sin interprete fue a propósito para usar a los periodistas en un acto de burla al pueblo. ODIO CIBERNÉTICO: Como si esto no fuera poco, esta semana quedó evidenciado al menos uno de los equipos de trolls en las redes sociales. Se divulgaron nombres de varios de oficiales de prensa del gobierno y Denise Morgan, una exempleada de Quanta Service, dueña de Luma, aparecen con cuentas en Facebook y Twitter para atacar a la prensa y los opositores. Se trata de la cuenta “Tumba el Tumbe” que por casi dos años estuvo difamando y atacando a lideres de la Utier, a legisladores y periodistas. La Asociación de Relacionistas Profesionales y la Junta Reglamentadora no se han expresado. REGIONALES: Hay otros casos a nivel regional de alcaldes y legisladores que presionan a periodistas regionales y a emisoras de radio para que no los fiscalicen. Todas estas cosas coinciden con momentos en que los medios de comunicación se están transformando por la tecnología y la crisis económica. Ahora es todo virtual y cibernético, y los medios no tienen ni quieren destinar presupuestos para defenderse en los tribunales. Los periodistas independientes no tenemos ese apoyo económico tampoco, así que se crea un clima que facilita el abuso de los corruptos hacia la prensa.

Es conocido que las agresiones a periodistas no son un fenómeno nuevo. Se sabe que las dictaduras en América latina se caracterizaron por la desaparición, las agresiones a la prensa independiente y los asesinatos de periodistas. La presión también sucede en otros países.

ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos tiene su historia de represión a la prensa. Más recientemente los seguidores de Trump y la administración republicana agredieron a periodistas y los han silenciado. Bajo el gobierno de Obama, grababan e interceptaban ilegalmente teléfonos de

periodistas de The Washington Post o The New York Times entre otros. Esto no se ha detenido. AMÉRICA LATINA: En lo que va del 2022 ya van más de 19 periodistas asesinados en Latinoamérica según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En México el 2022 ya es el año más mortífero en su historia con 14 asesinados según Reporteros sin Fronteras. Hay que añadir las encarcelaciones, golpes, exilio forzado y asesinatos en Nicaragua, y sucesos en Brasil, Colombia, Argentina, Haití y República Dominicana. No podemos tolerar que Puerto Rico llegue a esos extremos.

Limitar el trabajo de un periodista, golpearlo, perseguirlo o intentar destruirlo afecta el pueblo. Las golpizas, el allanamiento de morada, el robo de materiales, las amenazas telefónicas, cibernéticas y televisivas, son golpes al pueblo. La falta de voluntad del gobierno para detener estos hechos y perseguir a los que los hacen, genera impunidad.

La OEA establece que la violencia contra los periodistas tiene un efecto triple: 1. Vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;

2. Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;

3. Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Los políticos del PNP, del PPD y de los demás partidos que se queden callados, son cómplices de esta violencia. Igual de cómplices son las organizaciones sociales que callan.

La violencia contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación constituye un ataque a la libertad de prensa, limita el derecho que tiene el pueblo a estar informado y daña a la sociedad porque vulnerar el periodismo es atacar el pueblo. Un periodista silenciado es un pueblo enajenado. Esto no se puede permitir.

Entregan el Sixto Escobar a privatizador (documentos)

Sin hacer subasta eliminaran el parque para crear un gran estacionamiento para los dueños del hotel Normandie. Decisión se tomó en reunión via Zoom

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

(NOTA: Esta noticia fue publicada también en !Ey! Boricua el 25 de agosto de 2022 https://eyboricua.com/noticias/puertorico/municipio-aprueba-demoler-edificio-delsixto-escobar-para-crear-un-parking-para-elnormandie/

Justo cuando la atención del país está en la protesta contra Luma Energy pautada para hoy en San Juan, la Legislatura Municipal de la capital aprobó en una reunión vía la plataforma Zoom arrendar el área del Escambrón y demoler el edificio histórico del parque Sixto Escobar para darle a los nuevos dueños del hotel Normandie un espacio para construir gran estacionamiento.

Esta movida se hizo por la mayoría absoluta de legisladores del Partido Nuevo Progresista, aplastando la oposición del Partido Popular Democrático y del Movimiento Victoria Ciudadana.

En una comisión total celebrada casi al filo de las seis de la tarde de ayer miércoles, 24 de agosto, la Legislatura Municipal autorizó el arrendamiento terreno del Escambrón a The Normandie OZ, LLC. Además eximió dicho arrendamiento de pasar por una subasta, amparándose en la Ley 107-2020 conocida como el “Código Municipal de Puerto

Rico” que les faculta a los legisladores municipales establecer parámetros, términos y condiciones para esos fines.

El alcalde Miguel Romero no hizo declaraciones ayer, pero en todo el documento se establece que es parte de la política del ejecutivo municipal. Incluso se menciona que el Municipio construirá en la zona un parque para correr patinetas, pero que los dueños del Normandie serán responsables del mantenimiento del gran estacionamiento privado.

La comisión total de la Legislatura Municipal que aprobó esta privatización se compuso por Carlos Acevedo Acevedo, Ada Clemente, Luis Crespo Figueroa, Carmen Ana Culpeper, Camille García Villafañe, Alberto Jiménez Cruz, José Hernández Concepción, Ángela Maurano Debén (Angela Meyer), Fernando Ríos, la exlegisladora estatal Albita Rivera Ramírez, Nitza Suarez Rodriguez y el Dr. Ernesto Torres Arroyo. Aparece también la presidenta de la legislatura municipal, Gloria Escudero, quien es la hermana del vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero.

Los legisladores de otros partidos fueron excluidos. No aparecen votando Michel A. Taulé Pulido como portavoz de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, ni la portavoz alterna, Mari Laura Rohena Cruz. Tampoco aparece el legislador municipal del Partido Popular democrático, Manuel Calderón Cerame.

Además de los legisladores del PNP, en la reunión asistieron varios empleados del Municipio tales como Israel Alicea, director de la oficina de asuntos legales; Ricardo de la Cruz, director del departamento de desarrollo económico y turismo, y Ricardo del Rosario, subadministrador de operaciones e ingeniería.

También estuvieron presentes el privatizador Eddy Ishay the Normandie OZ, LLC, y la a la arquitecta Edna Echandi Guzmán, de Marvel Designs.

La justificación para otorgar esto es porque el hotel Normandie carece de espacio para parking adecuado y requieren mejoras significativas en toda la zona que está en abandono “ y ha sufrido daños físicos que lo han convertido en un peligro y una amenaza para la seguridad del público en general”. Entrada al Sixto Escobar

También justifican la privatización diciendo que los nuevos dueños “van a invertir dinero suficiente para expandir y crear en esta zona un hotel con habitaciones, residencias, restaurantes, café, piscina, salones de belleza, bar, terraza y hasta un gimnasio”. Indican que municipio va a construir un parque de patinetas dónde está el campo de softbol usando la propiedad del Escambrón.

El mantenimiento lo tienen que hacer los compradores y que no pueden limitar el acceso de los ciudadanos a la playa. Como parte de la construcción se comprometen a hacer un estacionamiento en donde esta la zona de la pista y campo del Hiram Bithorn.

Establecen que los dueños del Nrmandie serán responsables de demoler la pared norte de las gradas del Estadio Sixto Escobar, que actualmente constituye un grave peligro para la seguridad del público en general. The Normandie OZ, LLC., será responsable, a su exclusivo costo y gasto, del diseño y la construcción de un pabellón de eventos que se ubicará en el sitio de la instalación que actualmente alberga una tienda de alquiler de buceo, que se reubicará de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

MONUMENTO HISTÓRICO

El parque Sixto Escobar fue declarado Monumento Histórico Nacional en el 2014. La fachada y estructura histórica fue construida en 1935 y han intentado que el mismo sea incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos de América y en el Inventario de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico de la Junta de Planificación de Puerto Rico, para promover su protección y preservación. Pero esto contrasta con el marcado deterioro en la zona, y ya desde el 2021 había interés en demolerlo para otorgarle mas espacios a futuros dueños del Normandie.

En marzo de 2021 un documento presentado ante el Tribunal Federal revelaba que los dueños del hotel Normandie pedían $8 millones por la estructura. Esto coincidió con una controversia publica cuando el legislador popular Ángel Matos propuso que el Gobierno expropiara el icónico edificio abandonado para demolerlo debido a que se encuentra en

plena zona turística de la capital y lleva más de una década cerrado.

Eso provocó que el joven de 27 años, Luis Alberto Maldonado Rue, llegara hasta el edificio del al hotel para pintarlo y así borrar los grafitis. Su intención era pedir que la estructura histórica en forma de barco no fuera demolida debido a su alto valor arquitectónico.

El hotel Normandie construido en 1942 es parte del Registro de Lugares Históricos de Estados Unidos. El ingeniero Félix Benítez Rexach quiso evocar el crucero S.S. Normadie en el edificio, donde vivieron en el penthouse.

Era de un lujo exorbitante para esa época porque incluía una piscina interior en el primer piso, dos salones de banquetes, casino, restaurante y áreas comerciales. Fue el centro de las celebridades y la clase política hasta que en el 1990 volvió a abrir restaurado sólo para cerrar en 1998 por los estragos que le causó el huracán Georges. Desde entonces se mantenía como estorbo público, afeando la entrada a San Juan.

En enero del 2022 el Normandie fue vendido a The Ishay Group por $8.6 millones y la seguridad que otorgó el gobierno a los nuevos dueños diciendo que la restauración del mismo los haría elegibles para obtener un crédito contributivo de 20% y el aumento en valores del mercado de bienes raíces en la isla provocado por las compraventas realizadas por los beneficiarios de la anterior Ley 60 (antes Ley 22) para incentivos a inversionistas. También les prometieron los beneficios federales por las "zonas de oportunidad", así como el acceso a fondos federales de reconstrucción bajo el programa CDBG-DR, para lo cual el representante popular Ángel Matos sometió una carta de endoso el 8 de diciembre pasado al gobernador Pedro Pierluisi y el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

Preocupación ambiental en zona del Sixto Escobar

Alcalde, desarrollador y legisladores municipales reaccionan a cuestionamientos de secretividad en procesos para privatizar parque del Sixto Escobar y hacer un “parking” para el hotel Normandie

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

Parque Sixto Escobar.

Todos los sectores reaccionaron ante la falta de información y la secretividad con la que la Legislatura Municipal de San Juan ha manejado el proceso para privatizar los terrenos del parque Sixto Escobar. La mayor preocupación es que los estudios ambientales hechos por los desarrolladores encontraron agua soterrada en la zona donde quieren construir un estacionamiento.

La controversia pública surgió ante cuestionamientos de legisladores durante una reunión de la legislatura municipal que se hizo el miércoles 2 de agosto, al filo de las seis de la tarde, en una reunión por zoom en las que no se permitieron cuestionamiento de las minorías. Hoy, mientras en las calles del Viejo San Juan había multitudes protestando por Luma Energy, el alcalde Miguel Romero convocó a la prensa a una transmisión en vivo por la red social Facebook en la que defendió el proyecto. En síntesis, el alcalde Romero dijo que el parque no se privatizará, pero que si se “entregará” y que el desarrollador del hotel Normandie, va a remodelar la zona. Facebook live Romero aseguró que se demolerán varias murallas del parque Sixto Escobar que están deterioradas y son irreparables, pero que la zona tendrá una necesaria mejora. Alegó que se hará un parque de patinetas, se remozará la pista y que se construirá un estacionamiento soterrado bajo el estadio, el cual también será rehabilitado. Lo que no explicó en su transmisión “Live” el alcalde Romero son las graves dudas que hay sobre el impacto ambiental ni si ha habido cambios en la zona marítimo terrestre en el Escambrón, tras el paso del huracán María y otros eventos. La preocupación mayor es que el mar haya socavado parte de la estructura, ya que encontraron agua bajo la tierra. Fresco en la memoria colectiva está el desgraciado suceso del edificio Champlain Towers en Miami, Florida, que se desplomó en el 2021, provocando cerca de una centena de víctimas mortales.

Plan propuesto para el hotel Normandie

AGUA BAJO LA TIERRA

Ante esa preocupación, los legisladores de minoría exigen que haya transparencia en el Municipio. Tanto Michel A. Taulé Pulido, portavoz de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, como el portavoz del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame coincidieron en que no se está comunicado la verdad. Alegan que la presidenta de la legislatura municipal, Gloria Escudero, no quiere hacer públicos los estudios que el desarrollador entregó. “Cuando la arquitecta que diseña la remodelación del Normandie dijo en la reunión del miércoles que han hecho estudios y que encontraron agua bajo la tierra, y dijo que en esa zona no se puede hacer nada soterrado porque entró el mar, uno espera que haya transparencia en el gobierno municipal. Pero no la hay. Lo que pedimos es que el público sepa lo que pasa” dijo Taulé. “¿De qué vale que el alcalde haga un Live para hablar si no dice la verdad? Los documentos deben hacerlos disponibles al público”. También cuestionan que la versión del desarrollador y la del alcalde se contradicen. Romero habló de hacer un estacionamiento soterrado, pero el desarrollador Eddy Ishay, de The Normandie OZ, LLC, y la arquitecta Edna Echandi Guzmán, de Marvel Designs, dijeron en la reunión del miércoles ante los legisladores que sería un estacionamiento a tres pies bajo el nivel actual y que se construirá un techo encima, en donde entonces ubicarán la pista. “El informe positivo lo quieren aprobar a la cañona y a la trágala, sin la debida documentación que fue solicitada por los legisladores de minoría mediante la vista ejecutiva. El alcalde dijo que tiene los estudios. Los primero que tiene que hacer el alcalde es someterle esos estudios a la legislatura municipal y hacerlos públicos para que la ciudadanía finalmente pueda saber qué es lo que está pasando allí”, dijo el legislador PPD Calderón Cerame. “Si el mismo desarrollador y la arquitecta están dispuestos a entregar los estudios, ¿por qué el municipio no los quiere dar a los legisladores y al pueblo?”.

REACCIONA EL DESARROLLADOR

De igual modo el grupo Ishay emitió un comunicado en el que dice que van a restaurar el hotel Normandie y se comprometen a revitalizar y embellecer el parque del Escambrón. Agregaron que el estacionamiento propuesto no eliminará las instalaciones deportivas existentes, “sino que se pretende un uso más eficiente de este espacio. Nuestros planes incluyen el acceso público a la playa y la implantación de prácticas ambientalmente sostenibles para mejorar y respetar este parque icónico”. El estado de derecho vigente en Puerto Rico prohíbe cerrar accesos a la playa. “Hemos realizado estudios geotécnicos de acuerdo con los análisis de suelo, identificando las líneas de la zona límite marítima-terrestre y hemos presentado una propuesta al Municipio que mejorará y asegurará la viabilidad de la operación del Hotel Normandie y el Parque Escambrón por muchas generaciones. Todos los requisitos de las agencias municipales y estatales se han cumplido y hemos recibido las aprobaciones para este proyecto”, manifestaron en el comunicado corporativo que no atribuyó a ninguna persona individual dichas expresiones.

A probar William Miranda Torres su liderato popular

Alcalde de Caguas pidió la renuncia al presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres, pero sigue en su puesto. Legisladores municipales cuestionan inacción del presidente del PPD en Caguas para parar corrupción.

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

Presidente de la Asamblea Municipal de Caguas, José Torres Torres y el alcalde William Miranda Torres.

Varios legisladores municipales de Caguas se reunieron ayer y se proponen enviar una carta en la que le exigen al alcalde William Miranda Torres que actúe y ejerza su liderato político para que obligue al presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres, a que renuncie luego de este haber sido referido por el Departamento de Justicia a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) por irregularidades en su función.

Tan pronto el secretario de Justicia Domingo Emanuelli anunció el referido al FEI, el alcalde de Caguas le pidió a través de un comunicado de prensa a Torres Torres que renunciara, pero él todavía no lo ha hecho. Los legisladores populares están molestos porque entienden que el alcalde no actúa ni ejerce su liderato político. Anoche tuvieron una reunión para discutir el tema.

La controversia estriba en que si Torres Torres no renuncia, se le podría imputar al alcalde de que sabía de las irregularidades y que se prestó junto a cuatro legisladores municipales para protegerlo.

El manto de protección que se alega tiene el alcalde sobre Torres Torres incluyó traslados y despidos como represalias contra tres empleados de la Legislatura Municipal que denunciaron sus esquemas como presidente. Los empleados que levantaron la voz sobre las irregularidades fueron el secretario municipal Manuel Díaz, secretaria auxiliar María Cáez, y a un ayudante Yamil Cotto Alicea. Los tres fueron despedidos fulminantemente por denunciar la corrupción.

A Torres Torres se le imputa haber utilizado su puesto, los recursos y empleados del municipio y de la Legislatura Municipal para operar desde allí varios negocios privados. Además, se alega que recibió ilegalmente los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) durante la pandemia por el Covid-19 y ofreció información falsa al indicar que no había recibido remuneración ni salarios en las semanas para las cuales solicitó dichos beneficios en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Parte de la controversia data de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, donde Torres Torres aparecía en la papeleta del alcalde popular Miranda Torres.

Había mucha tensión en esos días porque Miranda Torres ganó por un estrecho margen de apenas 1,592 votos. El alcalde popular revalidó con 20,370 votos mientras que el candidato del Partido Nuevo Progresista, Roberto López, quien era un virtual desconocido, sacó 18,778 votos. El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Jason Domenech Miller sacó 6,300 votos según el escrutinio general de la Comisión Estatal de Elecciones. El 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, el Comité Ejecutivo de la Asamblea Municipal atendió las querellas de irregularidades contra el presidente Torres Torres. El comité lo componían el presidente, segundo vicepresidente, portavoz y portavoz alterno. También estuvo el propio Torres Torres. No reaccionaron ante las denuncias.

Diez días después, el 17 de noviembre, intervino el alcalde Miranda Torres. Convocó a la reunión para planchar el plan de acción, pero no invitó a todos los legisladores sino a un grupito de sus más leales allegados. La reunión fue a las ocho de la mañana y ahí cuadraron el apoyo a Torres Torres.

Presentes en esa reunión con el alcalde estaba el portavoz de la mayoría Dr. Alberto Costa Berríos; la portavoz alterna de la mayoría Sylvia Rodríguez Aponte (Sylvia Corujo); la segunda vicepresidenta Victoria “Vicky” Cintrón Cruz, y su yerno, quien es legislador municipal, Juan “Juaniquillo” Velázquez Villares. Este último está casado con Zaquia Azize, quien es hija de Cintrón Cruz y además es la secretaria de Administración del Municipio. Azize ha sido imputada de implantar patrones de represalias contra empleados municipales que revelen corrupción.

El alcalde cuestionó la lealtad al PPD y a su gestión. No explicó por qué excluyó a legisladores de esa reunión. Tampoco explicó por qué se hizo fuera de las instalaciones del municipio.

Ese mismo 19 de abril este medio reveló un posible conflicto de interés del alcalde Miranda Torres cuando aprobó el pago de $100,000 para el alquiler de un edificio de una corporación privada de la que funge como miembro y presidenta de la junta local, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Municipal de Caguas, Victoria “Vicky” Cintrón Cruz.

Pero este evidente conflicto de interés se agrava porque fue en las oficinas de esa corporación privada Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI), donde se llevó a cabo aquella polémica reunión del caucus del Partido Popular Democrático de la Asamblea Municipal de Caguas. En dicha reunión destituyeron a los tres empleados que denunciaron los actos de corrupción que se le imputan Torres Torres.

Ahora los legisladores restantes no quieren ser imputados en el esquema y le exigen al alcalde Miranda Torres que use su poder como presidente del PPD a nivel municipal para que obligue a la renuncia de Torres Torres.

“Hace más de un año que se ha venido denunciando públicamente el alegado comportamiento impropio e ilegal del presidente. De la investigación realizada por el Departamento de Justicia se encontraron violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, el Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Anticorrupción del Nuevo Puerto Rico”.

Los legisladores municipales le recordaron a Miranda Torres que la Ley Núm. 107 del 14 de agosto de 2020, mejor conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, según enmendada, en su Artículo 1.036 - Facultades, Deberes y Funciones Generales del Presidente de la Legislatura Municipal (21 L.P.R.A. § 7062, dispone que:“…En aquellas instancias en que el Presidente de la Legislatura Municipal no cuente con el aval de los Legisladores Municipales, podrá ser

removido como Presidente mediante una Resolución Interna aprobada por el Pleno convocado con quince (15) días de antelación y requerirá el voto de dos terceras (2/3) partes del número total de los miembros activos.”

“El presidente lleva casi más de siete meses, sin ejercer sus funciones y dejando interinatos, que no están acorde con la Ley y el Reglamento. Es momento que asuma su responsabilidad ministerial como alcalde y política como presidente del Partido Local del PPD”, sostuvo uno de los legisladores.

De no hacerlo, pide que convoque a un caucus de la Mayoría Parlamentaria del PPD y anticipan que denunciaran públicamente la inacción del alcalde popular.

“De no ocurrir nada, en los próximos me veré obligado a recurrir a los medios para denunciar su inacción de ejercer sus deberes ministeriales”, sostuvo el legislador municipal popular, quien pidió reservar su nombre “por ahora”.

FEI es uno de múltiples señalamientos en Caguas

Referido del Departamento de Justicia a un FEI confirma investigaciones hechas En Blanco y Negro por casi dos años sobre malos manejos en el municipio de Caguas

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

Presidente de la Legislatura Municipal José Torres Torres y el alcalde de Caguas, William Miranda Torres

(NOTA: Esta noticia fue publicada también en !Ey! Boricua el 18 de agosto de 2022 - https://eyboricua.com/noticias/puertorico/caguas-con-multiples-senalamientos-y-unfei/)

El secretario de Justicia Domingo Emmanuelli recomendó que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue graves imputaciones de malos manejos en la Legislatura Municipal y en el Municipio de Caguas.

Pero esto viene después de casi dos años de investigaciones periodísticas ininterrumpidas hechas por En Blanco y Negro tras denuncias de más de una treintena de empleados municipales quienes revelaron esquemas que incluían establecer negocios privados con fondos en el municipio, y la imposición de un patrón de acoso laboral institucional, campañas de persecución y de destrucción de reputación a los empleados que se atrevan a denunciar la corrupción en el ayuntamiento.

Desde el 2020 este medio ha estado publicando consistentemente los esquemas que se le atribuyen a altos funcionarios del municipio encabezados por el ex presidente de la legislatura municipal José Torres Torres, a quien se le imputa usar la propiedad, equipos y servicios de la alcaldía para montar y mantener su negocio personal y familiar. Uno de sus negocios privados es la producción del programa de televisión “Conectados” que se transmite por el canal local de Liberty en Caguas.

Según los testimonios de más de 39 personas entrevistadas por este medio, alegan que el alcalde William Miranda Torres tenía conocimiento de los hechos y permitió las irregularidades.

Ayer Emmanuelli refirió a Torres Torres al Panel del FEI por establecer negocios y usar el personal y los recursos de

Caguas para su beneficio personal, entre otros delitos. Miranda Torres le pidió la renuncia a Torres Torres ayer.

La queja constante en Caguas es que cuando los empleados levantaban la voz denunciando los actos de corrupción, inmediatamente se convertían en objeto de persecución y acoso por parte del gobierno municipal. En varios casos eran destituidos por represalias.

El alcalde Miranda Torres nunca ha querido reaccionar personalmente a estas denuncias hechas tanto en artículos escritos, como en más de 20 programas de radio y entrevistas en vídeo con empleados, exempleados y miembros de la Legislatura Municipal de Caguas.

Ayer Miranda Torres emitió unas declaraciones escritas en las que pedía a los empleados que “no se distraigan” porque esta es la semana del servidor público. Dijo que recibió “con frustración” la noticia de la designación del FEI y alegó que él mismo había hecho un referido contra quien fuera su mano derecha, Torres Torres. Lo cierto, y la investigación así lo constata, es es que hubo quejas y referidos hechos por otros empleados municipales en Justicia mucho antes de que el alcalde actuara.

“El señor Torres Torres tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de inocencia. Sin embargo, le solicito su renuncia como legislador y confío que la Legislatura Municipal hará lo propio. El Municipio Autónomo de Caguas continuará colaborando con las autoridades como lo hemos hecho hasta ahora. Como equipo de trabajo estamos apercibidos de que no toleramos la corrupción. Todos los servidores públicos tenemos que comprometernos en servir de forma íntegra y velando siempre por el bienestar de nuestro País. No es suficiente con legislación para eliminar la corrupción. Hay que tomar medidas contundentes con todo aquel que lacere la confianza de la gente”, manifestó el alcalde por escrito.

Torres Torres y el alcalde eran bien cercanos más allá de la relación usual entre un ejecutivo municipal y quien presida su Legislatura Municipal. Viajaban juntos, jugaban en torneos de golf y Miranda Torres solía participar en los programas de televisión por cable y por las redes sociales que Torres Torres producía y transmitía por la empresa de cable Liberty.

LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

Ya para el 4 de septiembre del 2021 empleados del Municipio de Caguas comenzaron a hacer las denuncias a este medio sobre los malos manejos de Torres Torres y como comenzaba el acoso laboral contra los que denunciaban irregularidades. Ese patrón trascendió la Legislatura Municipal y se propagó por jefes de diferentes oficinas en todo el Municipio con el conocimiento del alcalde. Las denuncias han sido presentadas en más de 30 programas de radio y en la web de En Blanco y Negro, así como en artículos.

Uno de estos casos fue el de Elena Flores Dávila, quien por casi 30 años laboraba en la oficina de Cultura del Municipio de Caguas. Ella es esposa del legislador municipal Esteban Ramírez Del Valle, uno de los que cuestionó en la Legislatura Municipal las irregularidades del presidente Torres Torres.

En entrevista con este medio el 6 de septiembre, Flores Dávila, denunció un patrón de represalias cometidas contra ella por sus supervisoras Lydia Sánchez y Carmen Muñoz, junto con la empleada de Recursos Humanos, Ada Martínez. Alegó que el acoso laboral incrementó desde el momento en que su esposo se quejó de Torres Torres.

Otro empleado que denunció represión es Jesús Castro, quien labora en el área de reforestación y denunció irregularidades en las compras de materiales. Le nombraron supervisores sin experiencia, y Castro demandó a nivel federal.

La secretaria Natacha Rivera Navarro alegó que le impedían ascender a otros puestos en el empleo por ella haber denunciado la corrupción. Dijo que primero la obligaron a estudiar un bachillerato para conseguir una reclasificación de un puesto. La madre de niños de diversidad funcional fue a la universidad y se graduó, pero cuando pidió la reclasificación, no se la otorgaron.

Rivera Navarro dijo llorando en la entrevista que se sentía defraudada porque ella le había hecho campaña por Miranda Torres, como le exigían en el municipio, pero cuando fue a pedirle ayuda y a denunciar el acoso, el propio alcalde ignoró sus reclamos. Ella renunció a finales del 2021.

Actualmente varios entrevistados aseguraron en todos estos meses que autoridades estatales y federales investigan unas transacciones hechas con unos terrenos del Municipio que fueron vendidos por menos de la mitad de tasación para construir viviendas de interés social, pero después de la venta se construyen instalaciones de lujo. También se cuestiona la venta de propiedades para supuestamente utilizar en escuelas municipales, pero luego el mismo Municipio las traspasa a corporaciones que luego alquila. Los entrevistados alegan que hay un virtual control mediático de la imagen del Municipio por los contactos que tiene en varios medios y con los que se logra silenciar coberturas que perciben como negativas. Esto incluye el manejo de redes sociales de parte de Luis Herrero, asesor vinculado al PPD; el rol de Lcdo. Stefano Saltamaccia Quiles quien es hijo de la comentarista radial Inés Quiles, y la pauta de programas de radio y anuncios en emisoras en cadena y en periódicos de circulación general. Herrero se comunicó en horas de la tarde de hoy con este medio y negó haber sido parte del manejo de las de las redes.

LÍOS DESDE LAS ELECCIONES

En septiembre de 2020 tres empleados de la Legislatura Municipal comenzaron a denunciar ante sus superiores, todos legisladores, las irregularidades que estaban notado.

Denunciaron que vieron a Torres Torres cometiendo sobre 100 actos ilegales como el uso del vehículo oficial, obligar al personal a trabajar en sus negocios privados, usar propiedad, materiales, y otros gastos pagados con fondos públicos para el beneficio de sus empresas. Además de los programas de televisión tiene otros negocios.

Dichas denuncias fueron ignoradas porque había tensión electoral. En las elecciones del tres de noviembre de 2020 Miranda Torres ganó por un estrecho margen de apenas 1,592 votos. El alcalde popular revalidó con 20,370 votos mientras que el candidato del Partido Nuevo Progresista, Roberto López, quien era un virtual desconocido, sacó 18,778 votos. El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Jason Domenech Miller sacó 6,300 votos según el escrutinio general de la Comisión Estatal de Elecciones.

El 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, el Comité Ejecutivo de la Asamblea Municipal atendió las querellas de irregularidades contra el presidente Torres Torres. El comité lo componían el presidente, segundo vicepresidente, portavoz y portavoz alterno. También estuvo el propio Torres Torres. No reaccionaron ante las denuncias.

Diez días después, el 17 de noviembre, intervino el alcalde Miranda Torres. Convocó a la reunión para planchar el plan de acción, pero no invitó a todos los legisladores sino a un grupito de sus más leales allegados. La reunión fue a las ocho de la mañana y ahí cuadraron el apoyo a Torres Torres.

Presentes en esa reunión con el alcalde estaban varios legisladores incluyendo al portavoz de la mayoría Dr. Alberto Costa Berríos; la portavoz alterna de la mayoría Sylvia Rodríguez Aponte (Sylvia Corujo); la segunda vicepresidenta Victoria “Vicky” Cintrón Cruz, y su yerno, quien es legislador municipal, Juan “Juaniquillo” Velázquez Villares. Este último está casado con Zaquia Azize, quien es hija de Cintrón Cruz y además es la secretaria de Administración del Municipio. Azize ha sido imputada de implantar patrones de represalias contra empleados municipales que revelen corrupción.

El alcalde cuestionó la lealtad al PPD y a su gestión. No explicó por qué excluyó a legisladores de esa reunión. Tampoco se explicó por qué se hizo fuera de las instalaciones del municipio.

PATRÓN DE ACOSO

El supuesto patrón de acoso a los delatores continuó a lo largo del 2021 hasta este año.

El 7 de febrero de 2022 como parte de la pesquisa periodística se dieron a conocer a conocer declaraciones juradas, entrevistas y denuncias de empleados sobre el patrón de irregularidades que tocaba directamente al alcalde Miranda Torres a quien se le imputó tratar de proteger a Torres Torres.

El 18 de abril de 2022 el exlegislador municipal Ismael González Rivera declaró a este medio que el alcalde William Miranda Torres pactó un acuerdo con un grupo de legisladores municipales para proteger y camuflar las movidas de su amigo, Torres Torres y fabricar así la destitución del entonces secretario de la Legislatura, Manuel Díaz, y de otros empleados, por haber sido el primero en denunciar al presidente de la legislatura. Un día después, el 19 de abril de 2022 un contingente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) allanó la Oficina de Tecnología e Información del municipio y la Legislatura Municipal. El alcalde Miranda Torres admitió que también habían recibido visitas de investigadores de la Oficina del FEI y de la Oficina de Ética Gubernamental, y que eso “mancha” la imagen de Caguas. "Yo creo que es injusto para el pueblo que hagan este tipo de “show off”. Hasta lo que están buscando, se lo pudimos haber suministrado", dijo el alcalde a los periodistas en ese momento.

Ese mismo 19 de abril se reveló en ¡Ey! Boricua un posible conflicto de interés del alcalde de Caguas que aprobó el pago de $100,000 para el alquiler de un edificio de una corporación privada de la que funge como miembro y presidenta de la junta local, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Municipal de Caguas, Victoria “Vicky” Cintrón Cruz.

Pero este evidente conflicto de interés se agrava porque fue en las oficinas de esa corporación privada Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI), donde se llevó a cabo una polémica reunión del caucus del Partido Popular Democrático de la Asamblea Municipal de Caguas. En dicha reunión destituyeron a los empleados que denunciaron los actos de corrupción que se le imputan Torres Torres.

El 20 de abril se sabia que el alcalde impuso una orden de silencio a raíz del allanamiento por parte del NIE.

REFERIDO DE JUSTICIA

José Torres Torres

“Conforme a los hallazgos la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos recomendamos la designación de un FEI”, expresó ayer el secretario Emmanuelli en declaraciones escritas.

Se le imputa a Torres Torres usar la propiedad pública y los servicios de los empleados públicos para atender asuntos estrictamente personales, ya que encomendó a funcionarios municipales a transportarle en vehículo oficial a diferentes foros en los cuales ofrecía conferencias, en su capacidad personal y por las cuales recibía remuneración económica de entidades privadas. Asimismo, lo trasladaban en vehículo oficial, ida y vuelta, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para viajes personales, no relacionados con sus funciones oficiales. Según trascendió la investigación de Justicia también señala que Torres Torres exigía a los empleados del municipio a que le imprimieran las tareas escolares de sus hijas con equipo del gobierno, que les hicieran las tareas y que las transportara a su residencia en horas laborables. El referido que hizo Justicia a la Oficina del Panel del FEI sólo se circunscribe al caso del expresidente Torres Torres. Se basa en un informe de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor qué, junto con la investigación que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), concluyó que hay suficiente causa para demostrar que Torres Torres violó varias leyes. Específicamente se le imputa al presidente legislativo haber violado una serie de artículos 202 (fraude), 216 (archivo de datos o documentos falsos), 252 (tratamiento ilícito de trabajo y servicios públicos) y 264 (malversación de fondos públicos) del Código Penal, y que cometió delito al violar el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Se le imputa además a Torres Torres haber solicitado los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) durante la pandemia por el Covid-19 y ofreció información falsa al indicar que no había recibido remuneración ni salarios en las semanas para las cuales solicitó dichos beneficios en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Una boda y un entierro

Después de la boda de Jennifer González hay que pensar políticamente acerca de los presentes, los grandes ausentes y el mensaje que enviaron al electorado

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

La boda de hace tres días sigue dando de qué hablar. Este casamiento entre la Comisionada Residente en Washington y Puerto Rico, Jennifer González con el estudiante José Yovin Vargas, se ha convertido en el evento social del año y la fascinación pública persiste con muchos que comentan como si tratara de un evento de la realeza. El mayor deseo es que sean felices en su vida personal, eso es lo que debe imperar. Pero poco a poco empieza a salir lo que hay detrás de toda esa celebración.

Más allá de especular sobre lo que costó que es un asunto que no viene al caso, lo que si importa es ver quien estaba y quién era ausente. Observar como espectadores las transmisiones televisivas y luego, la abundante sucesión de fotos posando en todas las redes sociales, de quienes estaban diciendo “estoy aquí”, demuestran donde estaban las lealtades. No hay duda de que fue una fiesta para Jennifer González y un entierro para las aspiraciones políticas de Pedro Pierluisi. Eso es obvio.

Eso los medios corporativos ya lo están viendo y se aprovecharon de la coyuntura para generar ratings y clics, y por ende, publicidad. Imagino que las audiencias deben haber sido grandes. Eso lo dirá la firma Nielsen después. Las dos semanas anteriores el tema fue Bad Bunny, así que esta había que tocar la boda para no tener que lidiar con la realidad que tiene Puerto Rico de los asesinatos, los arrestos federales, la comunidad y de hasta un Centro Médico sin luz. Eso es muy duro y los medios corporativos necesitan la publicidad del gobierno que gane. Por eso se ubican desde temprano.

Los que estaban allí presentes se están alineando con quien entienden será la candidata. Aunque el gobernador estuvo, la verdad es que el respaldo era a la Comisionada Residente y ya los planteas se están alineando entre los que mas dinero aportan y los que quieren guisar cuando ella suba al poder.

Pierlusi, quien insiste en que buscará la reelección, tiene sobre su cuello la cadena de sus vínculos al Super PAC de “Salvamos a Puerto Rico”, y las investigaciones federales a ese caso apenas comienzan. Eso, y los nexos con la misma gente que aportó a la hoy acusada federal y exgobernadora Wanda Vázquez, lo alejan de ser viable a estas alturas.

Por eso es que hay que pensar quienes eran los presentes y sobre todo, quiénes eran los grandes ausentes a la boda. Quién posó y quien se calló la boca y se ha mantenido escondido de la opinión pública estos días. Más que nada, ¿por qué?

En todos los medios hubo cobertura amplia del evento. En las redes sociales todavía hoy siguen hablando de cómo lucían equis o ye. Abundan las sesiones de fotos y los reels de asesores, contratistas estatales y federales, cabilderos y contribuyentes a las contiendas electorales. Gran parte de la plana política y económica se juntó para llevar un mensaje “loud and clear”, porque las fotos dicen más que mil palabras. “Jgo is our candidate”, parecían decir.

Raro que no estaba Cari Pierluisi y su esposo Andy Guillemard. Si estuvieron en la boda, procuraron no salir en fotos ni en redes sociales. Guillemard está demasiado caliente y eso no conviene. Su cuñado, el gobernador, si estuvo, pero es que tenía que estar allí. Si se ausentaba de la boda de su compañera de gobierno hubiese sido de verdad un escándalo.