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A ver si con estos tiros reaccionan

Ahora no digan que la culpa es de Yulín. Para ser honestos, tampoco es sólo de Miguel Romero. El caos criminal que arropa San Juan tiene múltiples factores, comenzando por la incapacidad de la Policía de Puerto Rico

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

Columna publicada originalmente en !Ey Boricua! y republicada en nuestra página en Substack

Ahora no pueden decir que la culpa es de Carmen Yulín, porque ya ella lleva más de dos años fuera. Miguel Romero lleva casi tres en el poder y el caos se le salió de las manos. San Juan es tierra de nadie, pero es que tampoco el alcalde es el único responsable.

Esto es mucho más complejo. Habría que culpar al Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, por su incapacidad, y al embeleco ese de Seguridad Pública que dirige Alexis Torres. Ambos jefes están más pendientes a criminalizar la expresión pública de los periodistas, que en trabajar para lo que les pagan, que es combatir el crimen real.

Como jefes de seguridad devengan miles de dólares al año, pero no dan pie con bola. Con mirar lo que pasa en todo el país todos los fines de semana, tienen una muestra. Hay un Monitor Federal de la Policía que es como si no existiera porque no habla nada, y acaban de imponer un síndico federal que vigile las finanzas. O sea, en la Policía hay crisis real. Mientras tanto, el pueblo sufre una criminalidad que ya superó con creces aquella época cuando impusieron la fallida estrategia de Mano Dura Contra el Crimen en la década del 90.

Pero lo que ha pasado este fin de semana en la Calle Loíza y en todo San Juan es muestra del desbarajuste que no saben cómo detener. Pero esto no es nuevo.

Desde enero no pasa una semana en la que no denuncie en mi programa de radio En Blanco y Negro con Sandra algún incidente que no se atiende en San Juan. El récord periodístico está ahí porque son cientos de llamadas, cartas y mensajes que envían los residentes de la capital denunciando la gran cantidad de crímenes violentos, agresiones sexuales, desorden, asaltos y carjackings que ocurren casi todos los días, aunque los fines de semanas es como una hecatombe. Más allá del abandono a las comunidades que siguen desplazando en Puerta de Tierra o Río Piedras, en toda la capital hay una proliferación de negocios de alquiler a corto plazo tipo Airbnb que ya han alterado la vida en todas las zonas residenciales. En sitios como la calle Loíza hay bares ilegales que abren como si no hubiese

Código de Orden Público. La gente fornica, vomita, se mete droga, pelea y orina en las calles aledañas, creando un ambiente en el que la gente no puede vivir.

Algunos dicen que esto se incrementó desde aquel concierto improvisado de Bad Bunny en el techo de una gasolinera en la Loíza, esquina San Jorge, pero no. Esto viene de antes y no es sólo en esa zona.

Casi todos los fines de semana hay agresiones sexuales en las calles aledañas a la Placita de Santurce y eso no se reporta porque no hay policías que tomen las querellas o sólo hay uno o dos retenes por cuartel, según denuncian residentes. Cuando asaltan turistas, que es algo que pasa casi todos los días en Miramar, tampoco se reporta porque los policías no hablan inglés. Esto es lo que denuncian los residentes de la capital.

Hay carjackings constantes y hace una semana publiqué en mi cuenta de Twitter unos vídeos que se tornaron virales de una corrida en motoras y four tracks por el Condado. Esos pasan a veces por Miramar corriendo por las aceras y nadie dice nada. A veces dan las nueve de la mañana y en la esquina de la farmacia Walgreens en El Condado todavía hay extranjeros vomitando lo que se bebieron horas antes o pasando la nota. Y hoy, mientras escribo estas cuartillas, han circulado en los medios un vídeo en el que aparece una tal Ana disparando frente al Walgreens en la Calle Loíza, en el incidente donde mataron a tiros a dos estudiantes de New York University de nacionalidad peruana. Hoy hubo otros asesinatos en la calle Manuel Corchado y otro en el negocio Marketplace en Hato Rey. Se informó de otros incidentes en otras partes del país, pero lo que pasa en la capital se sale de proporción.

La hecatombe en que se ha convertido San Juan es real, aunque el alcalde lo minimice y la Jefatura de la Policía rechace que exista una “ola criminal”. Claro que no es ola. Es un tsunami que ya nos arropó.

Ese es el resultado del degenere y de las campañas para atraer todo tipo de turistas. El problema es que esas imágenes, así como los crímenes, violaciones y otros hechos delictivos también hacen noticia fuera de aquí. Esas imágenes se exportan, y no hay dinero en el mundo que pueda asignársele al DMO para tratar de cambiar esas percepciones negativas. Esto nos afecta a todos porque, aunque una no viva en San Juan, es la capital del país.

Hace dos semanas hubo una protesta en la calle Loíza, pero el aparato de mercadeo del Municipio rápido empezó a hablar de otros temas, a pautar anuncios y a llevar al alcalde Romero a dos cadenas de radio AM para desviar la atención. La noticia se perdió en los periódicos que no cubrieron el evento o le dieron limitada cobertura, pero la frustración de la gente se difundió por WhatsApp, en la radio, e prensa alternativa e independiente, y en las redes sociales.

Para añadir sal en la herida, hace poco tumbaron una casa histórica en el Condado para construir un edificio en el mismo sitio donde hace dos años hubo una querella porque destruyeron unos mangles que daban hacia la laguna. Según el líder comunitario en San Juan, Amaury Rivera, están construyendo o van a construir 26 multipisos de lujo en el Condado, algunos con permisos ilegales para expandir o edificar en una zona donde la infraestructura está colapsando.

Todas las semanas hay tubos rotos botando aguas sucias, hay descargas en la playa y se va la luz constantemente. Las bombas de acueductos más recientes, según Rivera, datan del 1971. O sea, que van a edificar 26 edificios en una zona sin infraestructura, sin medir las consecuencias y quien sabe si es encima de babote como pasó en los edificios que colapsaron en Miami.

Pero cuando se denuncian estos casos, el tema se despacha como si no fuera importante.

Aquí el énfasis está en privatizar el acceso a la playa del Escambrón, agilizar los permisos para construir un parking en el Sixto Escobar que ya el Instituto de Cultura rechazó, e inventar con el espacio en el parque Luis Muñoz Rivera. El problema real está en que el gobierno abrió las puertas a extranjeros para que se queden con las propiedades o que vengan sólo de juerga. Como hay tanta droga en la calle, todo está fuera de control.

Sonia Palacios, quien reside en la comunidad Machuchal, cercana a la calle Loíza lo dijo bien claro: “el desorden no se puede permitir. Aquí vive gente”.