Suplemento DH by prensa cdhdf

DH Lunes 6 de mayo de 2013

MILENIO diario

Hablemos bien... El riesgo del lenguaje inadecuado pág. 23

Informe 2012

Trabajo doméstico

Charla

La comisión atendió a más de 92 mil personas

Sin beneficios, el 76% de las empleadas

Paco Ignacio Taibo II, una de nuestras voces críticas

pág. 10

pág. 21

pág. 22

Número 4

Recomendación 7/2013

Urge una reforma policial: CDHDF sonia blanquel

Poblaciones callejeras Hemos creado una sociedad discriminadora

pág. 08

Eliminan arraigo en DF Una práctica violatoria de DH

pág. 19

ALDF Impulsan ley penitenciaria que busca la reinserción

pág. 19

escriben

lLuis González PlacencialErnesto López PortillolDenise DresserlDilcya Samantha García Espinoza de los Monteros lMario Ernesto Patrón SánchezlGustavo FondevilalMarcelina Bautista BautistalValeria López VelalMario Alfredo Hernández Sánchez

2 o Lunes 6 de mayo de 2013

Editorial

El remedio

y el trapito E

s indudable, y hasta de sentido común, que el respeto por las garantías individuales de las personas en este país debe ser el eje fundamental de las acciones de un Estado que se precie de ser democrático y que promueva, defienda y garantice el ejercicio de los derechos de las y los integrantes de su sociedad. El legítimo uso de las herramientas para cumplir sus tareas en todos los ámbitos debe apegarse estrictamente a las normas constitucionales, y más cuando éstas mandan su interpretación a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, ninguna acción de gobierno deberá estar por encima de los derechos de las personas. El 1 de diciembre de 2012, mejor conocido como 1DMX, cámaras de seguridad del gobierno capitalino, teléfonos celulares de manifestantes, curiosos y transeúntes, y cámaras de medios de comunicación que cubrían los acontecimientos captaron lo que sería uno de los más documentados casos de agresiones, uso desmedido de la fuerza, tortura y detenciones arbitrarias contra personas, en su mayoría jóvenes, que ejercían pacíficamente su derecho a la manifestación y libre expresión; personas que circunstancialmente se encontraban en el lugar de los hechos, sin participación alguna en las movilizaciones o en los actos delictivos que ahí ocurrieron; y profesionales de la comunicación que realizaban cobertura informativa. La investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dio sustento a la Recomendación dirigida recientemente a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal, por el operativo policial y los procesos judiciales iniciados en contra de las personas detenidas, no sólo reveló flagrantes violaciones a derechos humanos sino que también mostró el estado del arte de los modelos de servicio público carentes de perspectiva de respeto a los derechos fundamentales. Los problemas estructurales que aquejan a las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia pueden analizarse desde varias dimensiones. La primera es la relativa a la impunidad imperante que permite a servidoras y servidores públicos alterar y falsear informes, presionar a las y los presuntos responsables en la comisión de delitos para que se autoinculpen, torturar y

abusar de la fuerza, no presentar inmediatamente ante el Ministerio Público a las y los detenidos, fabricar culpables, agredir sexualmente a mujeres, no tomar en cuenta los derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso, entre otros, sin que haya castigo alguno. La frecuencia y lo común de estas prácticas demuestran que la impunidad se ha filtrado en todas las estructuras de mando y en la vida cotidiana de las instituciones. Otra gran dimensión tiene que ver con que operativos policiacos de esa naturaleza evidencian una visión que criminaliza la protesta social, como si salir a las calles a manifestarse fuera per se motivo de vandalismo, violencia, perturbación de la paz pública o amenaza contra la seguridad ciudadana; lo que entonces justificaría toda acción para restablecer la paz y el orden. Por supuesto que es condenable cualquier acto fuera de la ley que atente contra los derechos de otros, pero para ello existen cauces legales de aplicación del Estado de derecho. La tercera dimensión, y no menos apremiante que las anteriores, es la ausencia de una política pública integral y de no discriminación para las y los jóvenes. El caso New’s Divine mostró que este grupo es vulnerable por su condición de juventud y sus expresiones de identidad. No basta con efímeros programas de inclusión, desarrollo o rescate de espacios públicos para construir áreas deportivas con visión asistencialista; la juventud es parte fundamental del desarrollo social y no se está asumiendo conciencia de ello. Finalmente, la solución a los grandes problemas no está sólo en la simple voluntad para cambiar las cosas ni en el reconocimiento de la situación. Encontrar respuestas para conocer el camino que lleve al cambio de visión de un servicio público basado en el respeto a los derechos humanos pasa necesariamente por fortalecer la convicción de que hay que comenzar ya para abatir los grandes problemas, para iniciar el largo camino que lleve a la verdadera transformación, a una acción de gran calado que trascienda el impacto mediático y produzca resultados medibles, verificables y tangibles, asumiendo la responsabilidad de enfrentar los problemas aunque éstos hayan sido generados en el pasado. El cambio es una tarea de Estado en la que sus instituciones y la sociedad deben aportar y construir soluciones; dicho en otras palabras, dando el remedio y el trapito. H

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Lunes 6 de mayo de 2013 o 3

Secuencia de videos de recomendación 7/2013 CDHDF

Urge reforma

Analiza Gobierno del DF recomendación de la CDH para una reforma policial El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, analiza una recomendacion emitida por la CDHDF para llevar a cabo una reforma policial

Fernando Cárdenas Oropeza

nte las graves violaciones a derechos humanos cometidas el pasado 1 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en calles de la ciudad y documentadas fehacientemente por la CDHDF, las autoridades capitalinas prevén aceptar la recomendación 7/2013 emitida por la comisión. Cabe destacar que en otras ocasiones el Ejecutivo local ha aceptado en todos sus términos las recomendaciones emitidas por este organismo, por lo que se espera que su respuesta sea favorable e impulse los cambios necesarios hacia el interior de la policía.

Rosa María, comerciante de 52 años de edad El pasado 1 de diciembre acudió al Centro

Histórico de la ciudad para surtir mercancía. Al caminar por las calles de Regina y 20 de Noviembre se percató de que un policía estaba golpeando a un joven. Se acercó y le reclamó su proceder; el uniformado le preguntó que si ella también era de los manifestantes que protestaban en contra de Enrique Peña Nieto. A pesar de que lo negó, el policía la detuvo. La mujer, al resistirse al arresto, perdió sus zapatos; fue cargada por el policía y rodeada por otros más hasta que la subieron a la camioneta A5-066 de la SSPDF para ser trasladada a la agencia 50 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El caso de Rosa María formó parte de las 99 detenciones arbitrarias que la CDHDF documentó en la Recomendación 7/2013, emitida por la inadecuada intervención policiaca durante las manifestaciones registradas en calles de la ciudad de México con motivo de la toma de protesta del presidente de la república. Debido al fallido operativo, este organismo urgió al Gobierno del Distrito Federal para que implemente un proceso de reforma democrática de la policía, realice un diagnóstico en torno a su estructura y marco normativo, y modifique su diseño con base en el concepto de seguridad ciudadana. La CDHDF constató la violación a los derechos a la seguridad personal, a la libertad personal, a la integridad personal, a la libre manifestación y a la protesta de 102 personas agraviadas.

¡No se vayan a meter a Juárez! Mediante videos, testimonios, entrevistas a policías, inspecciones oculares y análisis de las bitácoras policiacas y radiocomunicaciones, la CDHDF investigó el operativo Transmisión del Poder Ejecutivo Federal; los principales objetivos eran salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz pública. El 1 de diciembre pasado la SSPDF desplegó en las inmediaciones de San Lázaro a 2 mil 400 elementos, por lo que desde las 6:40 horas ya sabía de la existencia de un grupo de 40 o 50 personas que se manifestaban de forma violenta. Este grupo recorrió seis kilómetros en poco más de tres horas, del Palacio Legislativo hasta el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma. La policía estuvo radiando e informando a sus superiores sobre diversos hechos de violencia que realizaban a su camino. A pesar de ello, no se tomaron las decisiones para detenerlos, lo que generó daños patrimoniales e incluso la exposición de los propios elementos de la policía a hechos beligerantes en su contra. Entre Eje 1 Norte, Eje Central y avenida Juárez por lo menos en cuatro ocasiones se pretendió encapsular y efectuar detenciones en flagrancia; sin embargo, nunca existió capacidad operativa en el terreno para poder hacerlo. En las radiocomunicaciones se advierten reclamos de mandos superiores a mandos de tierra por esta circunstancia, e www.milenio.com

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incluso se escuchan órdenes contradictorias y confusas de los primeros hacia los segundos. Esto originó que el operativo, a partir de la avenida Juárez, se viera rebasado. Por ejemplo, a pesar de que en dos ocasiones se previno la necesidad de proteger comercios, nunca se dieron las instrucciones ni se operaron las acciones para ello. En las grabaciones de las frecuencias de radio de la policía se escuchó:

no estaban ligados con el ejercicio de la libre manifestación, como es el caso de Rosa María. Cabe subrayar que en 58 casos de personas detenidas se venció el plazo de 48 horas que indica la Constitución para integrar una averiguación previa con detenido. La jueza que tuvo conocimiento de la acusación omitió computar dicho plazo para advertir que éste se había excedido.

—Comandantes, escúchenme, ya no avancen sobre avenida Juárez. —Ya se está dando la instrucción jefe, se está bajando al personal para que ya no avancen. —Pues no las están dando porque estoy viendo que están avanzando. Ya que hagan alto ahí, hombre, hagan alto.

INDEBIDA ACTUACIÓN POLICIAL Durante el operativo hubo ataques a la integridad de las personas por parte de la policía. La CDHDF registró seis casos de tortura, por las características de las agresiones: a) en un caso la persona detenida recibió más de 200 golpes; b) en tres casos se utilizó un aparato de descargas eléctricas; c) en un caso se registraron agresiones de índole sexual, y d) en un caso se causó una fisura grave en el brazo derecho de la persona agraviada. Asimismo, se encontraron otros 21 casos sobre uso indebido y desproporcionado de la fuerza, pues se constató un patrón de actuación policial que consistió en rodear a las personas, agredirlas con escudos y puños, y tirarlas al suelo y patearlas; tales actos son calificados como uso desproporcionado de la fuerza. Finalmente, la CDHDF también se pronunció por tratos crueles, inhumanos y degradantes, debido a que cuando los 58 hombres detenidos ingresaron al Reclusorio Norte fueron desnudados completamente y obligados a hacer ejercicios como un acto de degradación.

La CDHDF subrayó que, una vez que los mandos superiores fueron informados de la dispersión de los manifestantes que realizaron actos de violencia, se dio la orden superior de llevar a cabo las detenciones, a pesar de que en esos momentos ya no pudieran hacerlo en flagrancia: —Todos esos jovencitos con mochila en la espalda… Ésos son los vándalos, ¿eh?; esos son los vándalos. —Ya jefe, ya estamos a la altura de Doctor Gálvez y ya se dispersaron totalmente los vándalos. —Sí, pero necesitamos R9 [detenerlos]

MÚLTIPLES DETENCIONES ARBITRARIAS De las 99 detenciones arbitrarias que documentó la CDHDF, 97 fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Al hacer un análisis acusación por acusación, de acuerdo con los partes policiales, advirtió que en 97 casos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las detenciones informadas por la policía eran falsas. Se realizaron múltiples detenciones de personas que se manifestaban legítimamente en el centro de la ciudad y que no representaban ningún riesgo para el orden y la paz pública. Además, la Comisión pudo constatar que se detuvo a personas que se encontraban ahí por motivos de sus vidas privadas y que incluso

¡Libertad de expresión, no represión! La CDHDF considera que también se violó el derecho a la libre manifestación, pues se llevaron a cabo detenciones de personas que se expresaban de forma legítima; además, algunas de ella se encontraban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, al estar grabando escenas del operativo. Recomendación de la CDHDF Durante la presentación de la Recomendación 7/2013, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se pronunció enérgicamente contra la violencia y reconoció que la transgresión de la ley es el límite al ejercicio legítimo de los derechos.

Apuntó que se registró “una deficiente operación policial que motivó o toleró por acción, por aquiescencia o por omisión, daños en propiedad privada o pública, detenciones arbitrarias, agresiones con distintos niveles de violencia que fueron proferidas por particulares a otras ciudadanas y ciudadanos, así como a la policía de la ciudad de México; y evidentes abusos que denotan brutalidad policial contra ciudadanas y ciudadanos sin justificación alguna”. En la presentación, Luis González Placencia estuvo acompañado por las y los integrantes del Consejo de la CDHDF Nashieli Ramírez Hernández, Mónica González Contró, José Woldenberg Karakowsky, José Luis Caballero Ochoa y Manuel Fuentes Muñiz. En tanto, el primer visitador general de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, explicó que la Recomendación 7/2013 fue dirigida a la SSPDF, a la PGJDF, a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Además de urgir a una reforma policiaca en el Distrito Federal, recomendó la modificación del Protocolo de control de multitudes y la emisión de un protocolo sobre la cadena de custodia de personas detenidas y los objetos e instrumentos del delito con los que se detiene a las personas. En otros puntos recomendatorios, la CDHDF pidió investigar los delitos cometidos por servidores públicos y los abusos de autoridad. Al TSJDF le solicitó hacer el control de legalidad de las detenciones y computar el plazo de 48 horas de manera obligatoria. Durante la presentación pública de la Recomendación familiares de las personas agraviadas se manifestaron con pancartas y se pronunciaron por la libertad absoluta de las y los procesados.

“Lo que hicieron no es de Dios” Aquel 1 de diciembre Rosa María fue acusada de ataques a la paz pública. Su único delito fue decirle a un policía que estaba golpeando a un joven “Lo que hace no es de Dios”. Del Ministerio Público fue a dar a cárcel; y luego de pasar una semana en el Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha Acatitla, fue puesta en libertad por falta de pruebas. H sonia blanquel

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Lunes 6 de mayo de 2013 o 5

Para entender los derechos humanos

Luis González Placencia* • luisgonzalez.dh@cdhdf.org.mx

Derechos, garantías, obligaciones y compromisos

enemos claro que los derechos humanos son herramientas jurídicas que protegen nuestra identidad, nuestro estilo de vida, y que buscan a través de la equidad y la inclusión disminuir la desigualdad. Cuando hablamos de nuestros derechos, de los de cada quien, eso queda más o menos claro; pero, ¿cómo armoniza esta idea cuando hablamos de los derechos de los demás? Aquí interviene un par de elementos sobre los cuales vale la pena comentar, pues una condición para hacer valer nuestros derechos es que cada quien haga valer los de los demás. Un punto de partida necesario requiere considerar que un elemento básico de los derechos humanos es que éstos son incondicionales, es decir, que no pueden estar sujetos a requisitos de ninguna clase. Por ejemplo, no se puede decir que el derecho de una niña a ser alimentada depende de que haga su tarea o lave los platos; tampoco se puede restringir el derecho a la educación a la pertenencia a una determinada clase social o religión. En este sentido, algunos autores hacen una distinción que puede resultar útil y que plantea que los derechos tienen dos dimensiones: una fundamental y una patrimonial. La primera salvaguarda esa característica incondicional de los derechos, que a su vez se complementa con otros dos aspectos: su irrenunciabilidad y su indisponibilidad. Así, esta dimensión significa tres cosas: 1) que nadie puede ni debe quitarme un derecho que me pertenece; 2) que no puedo renunciar a un derecho que me pertenece, y 3) que a pesar de que el derecho me pertenece, tampoco puedo enajenarlo, es decir, venderlo, regalarlo, donarlo o dárselo a alguien más. Por su parte, un derecho patrimonial es justo el que permite disponer de aquello sobre lo que se tiene derecho. Por ejemplo, puedo renunciar a comer, pero no puedo renunciar a mi derecho a la alimentación; puedo vender una propiedad, un coche o una casa, pero mi derecho a poseer una propiedad nadie puede quietármelo; puedo incluso disponer de mi vida, pero el derecho a la vida me debe ser salvaguardado. ¿Cómo es posible lo anterior? Para comprenderlo existen dos nociones que

resultan indispensables: las garantías y las obligaciones. En términos llanos, las primeras son aquellas vías que permiten el acceso a los derechos. Por ejemplo, no se puede acceder al derecho a la salud si no hay un sistema de salud gratuito o una red de hospitales con médicos, infraestructura y medicinas que estén disponibles para atender a las personas; así como el derecho de acceso a la justicia requiere de un sistema de juzgados y tribunales que lo garantice. Sin garantías los derechos no pueden ser protegidos; no tiene sentido que sean promovidos ni puede seriamente decirse que son respetados mientras no cuenten con sus respectivas garantías.

Las obligaciones frente a los derechos las tiene el Estado; y para que los derechos de todas y todos puedan armonizar, es necesario que la ciudadanía asuma compromisos, que son deberes de comportamiento cuya finalidad es evitar un daño a los derechos de las y los demás Y en este punto donde se vuelve relevante el tema de las obligaciones ya que, frente a cada derecho que es incorporado al régimen constitucional, el Estado tiene la obligación de crear sus garantías. Es muy importante entender que ésta le corresponde al Estado, pues con frecuencia se confunde esta idea y se dice que las y los ciudadanos tienen derechos siempre y cuando cumplan con sus obligaciones. En efecto, tenemos obligaciones como pagar nuestros impuestos o no cometer delitos, pero éstas no lo son frente a los derechos sino, en todo caso, frente al Estado. Por ello, incluso el incumplimiento de estas obligaciones frente al Estado no puede ser condición para el acceso a nuestros derechos. Al igual que en el ejemplo de la niña a quien no se puede condicionar su derecho a alimentarse si no hace la tarea, una o un ciudadano que no paga sus impuestos no puede ser privado de ninguno de sus derechos por ello; podría ser sancionado con una multa o una prohibición, pero eso no le quita sus derechos. En el régimen constitucional vigente en México ni

siquiera es posible que los derechos queden suspendidos por el incumplimiento de una obligación frente al Estado; podría ocurrir sólo con algunos, en caso de guerra o catástrofe, pero incluso en tales situaciones hay un núcleo duro de derechos que debe ser respetado y garantizado, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Pero, entonces, ¿las y los ciudadanos tenemos derechos sin ninguna obligación frente a ellos? La respuesta es sí, porque las obligaciones frente a los derechos las tiene el Estado. Sin duda, la principal de ellas es la de crear las garantías para que la ciudadanía pueda acceder a ellos; y enseguida, las de protegerlos, promoverlos y respetarlos. Sin embargo, dicha respuesta estaría incompleta si no mencionamos un elemento que es necesario para armonizar los derechos de todos y todas, el cual lo constituyen los compromisos. Frente a los derechos de todos, las y los ciudadanos adquirimos compromisos; éstos suponen deberes que son éticamente vinculantes frente a la posibilidad de que los derechos de las y los demás sean obstaculizados o anulados por una acción u omisión nuestra. Ello quiere decir que mi compromiso frente a los derechos de las y los demás es a no actuar o dejar de hacerlo si de ello se deriva un daño a éstos, si por mi causa –directa o indirectamente– los obstaculizo o los anulo. Todos los días enfrentamos situaciones en las que se ponen a prueba esos compromisos. En resumen, los derechos humanos no están sujetos a condición alguna; no pueden ser enajenados y ni siquiera su titular puede disponer de ellos. Deben, en cambio, ser garantizados y corresponde al Estado la obligación de hacerlo como condición para que también puedan ser cumplidas sus obligaciones de respeto, protección y promoción. Por lo tanto, las obligaciones frente a los derechos las tiene el Estado; y para que los derechos de todas y todos puedan armonizar, es necesario que la ciudadanía asuma compromisos, que son deberes de comportamiento cuya finalidad es evitar un daño a los derechos de las y los demás. H *Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

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Denise Dresser**

Omisión e indiferencia frente a los derechos reproductivos en México*

En opinión de...

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stos son tiempos de priistas robustecidos e izquierdas disminuidas; de problemas cada vez más grandes y soluciones cada vez menos apetecibles. Tiempos confusos y desconcertantes en los que no se sabe a ciencia cierta adónde mirar, en quién confiar o en qué pacto por México creer. Pero aun así hay algo en lo cual yo creo con absoluta certeza, aquello que la antropóloga Margaret Mead escribió con tanta elocuencia: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo; en efecto, es la única cosa que lo ha hecho”. Por eso apoyo y convoco a aplaudir el informe y la labor de GIRE, porque las mujeres de GIRE entienden que el trabajo de toda mujer en este país es mantener vivas las aspiraciones de verdad, justicia y equidad en un sistema que con frecuencia las detiene. Ellas saben que les corresponde pararse al lado de las víctimas, representar a las personas y a las causas que muchos preferirían ignorar, defender los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen. GIRE contribuye a crear un contexto de exigencia y es autor de un lenguaje que busca siempre decir la verdad de las mujeres en el caso del aborto legal inseguro, la anticoncepción, la mortalidad materna, la violencia obstétrica, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, la omisión y la indiferencia sobre estos temas que aún persisten en México. Pero ser un buen grupo de defensa de los derechos de las mujeres en México no es tarea fácil; implica indagar, investigar, evidenciar y señalar violaciones a estos derechos, provengan de donde provengan. Para GIRE ha implicado vivir con los vituperios de quienes se sienten traicionados por el uso de anticonceptivos y su postura frente a la despenalización del aborto; resistir las críticas de quienes aún no comprenden que es más importante defender derechos fundamentales que ser panista, defender la legalidad que ser perredista, defender ciudadanos que proteger cotos partidistas, impulsar una política de Estado en materia de salud reproductiva que una creencia personal o ideología política. Por ello hay algo de gran valor en la labor de GIRE, algo moral e intelectualmente aplaudible en encabezar la lucha por la protección de las desprotegidas. Y por eso se vuelve imperativo que haya un cambio nacional hacia lo que GIRE ha hecho en el Distrito Federal: defender a las débiles, dar voz a las vulnerables, retar a la autoridad opresiva o imperfecta, denunciar la manipulación política del aborto y la vida reproductiva, impulsar los derechos asociados con la vida laboral y la anticoncepción, resaltar los desafíos al Estado laico, pelear contra la institucionalización de la impunidad. En un país en que tantos conceden, claudican y recortan sus conciencias para ajustarlas al tamaño del puesto que aspiran a ocupar, GIRE ocupa una posición inusual: es una entidad emblemática de la inteligencia libre, sin ataduras ni sometimiento, sin lealtades políticas o aspiraciones partidistas. Y precisamente porque www.milenio.com

es libre provoca incomodidad entre quienes querían mujeres sumisas; engendra escozor entre quienes preferirían una organización que promoviera intereses partidistas por encima de derechos femeninos; produce preocupación entre quienes desearían que emprendiera cruzadas religiosas sobre causas ciudadanas. Por ello es criticada, por hacer lo que hace y presentar los reportes que elabora; por el activismo, la independencia feroz y el feminismo responsable con que coloca la primacía de la ley sobre las preferencias personales, la decencia esencial de todas las mujeres de GIRE.

Apoyo y convoco a aplaudir la labor de GIRE, porque entiende que el trabajo femenino en este país es mantener vivas las aspiraciones de verdad, justicia y equidad Y por eso me enorgullece estar aquí hoy, al lado de tantas ciudadanas más en apoyo de quienes siempre han querido saber en dónde están paradas. Por eso exhortamos a los políticos a que alcen la mano y saquen al pequeño estadista que llevan dentro; y pedimos que los partidos impulsen el derecho a decidir en los estados donde es penalizado. GIRE ha demostrado que en tiempos de inercias arraigadas ha sido un agente de cambio, un grupo de mujeres que se ha negado a ser espectador de la injusticia o la arbitrariedad, cuya sola existencia se ha vuelto un antídoto contra el cinismo y el desasosiego, cuya actuación se ha convertido en una forma de abastecer la esperanza en el país posible, el país que todavía brinda oportunidades para creer en vez de razones para claudicar; en el que hay cabida para nosotros y nosotras y aquellas que triste y dolorosamente han tomado la decisión de abortar. Hace años, en medio del debate sobre la despenalización del aborto, escribí un artículo sobre una amiga: la de los ojos tristes, la tendida sobre una tabla cubierta con una sábana desteñida, la de la mirada nublada que decía todo sin decir nada, la que optó por abortar después de semanas de sufrir, padecer, cuestionar –noche tras noche de desvelo y dudas–, preguntándome qué hacer y cómo, qué hacer y dónde, qué hacer y con ayuda de quién. Angustiada, atrapada, asustada; una mujer como las de hace décadas que se descubrían embarazadas sin quererlo ni desearlo, sola ante un mundo que la juzgaba sin compadecerla. Me miraba y yo la miraba, mientras a lo largo de sus ojos y los míos destilaban batallones de tristeza. Me tomó la mano y al hacerlo, en ese acto de solidaridad, confirmé mi postura en favor del derecho a decidir. Desde entonces pienso largamente en la mirada de esa mujer que podría ser como la de cualquiera, esa mirada tan honda, tan profunda y tan elemental como la de mi hija Julia, mi hija adorada; una niña deseada, espe-

rada, anhelada, concebida en buen momento; a la que vi por primera vez a las 16 semanas en un ultrasonido y me sonrió; la que nació con prisa y ganas de estar en el mundo; la que alguna vez fue un conjunto de células y ahora es una persona de verdad… Me mira y la miro, mientras a lo largo de sus ojos destila un ejército de posibilidad. Mi Julia, que con su sola existencia confronta todas mis torpezas y asegura todas mis certezas sobre un embarazo deseado, a la que bauticé antes de que naciera, a la que comencé a sentir cuando crecía y pateaba, con quien comencé a conversar en la regadera mientras enjabonaba un abdomen dentro del cual había una persona a la cual quería cantarle; susurrarle que podía ser presidente de México –aunque ojalá aspirara a algo mejor–; enseñarle a creer en Dios y a platicar con él; prometerle una vida con libros, música, viajes, besos y caricias; con una madre para leerle en las noches y hablarle de política en el día. Había en mis brazos una nueva esperanza. Desde el primer día de su vida estuve atrapada entre dos miradas contradictorias: una de mí que ayudé a mi amiga a abortar y una de mí que concebí una hija. Parada de manera precaria en el bando de las mujeres inaugurado por una escritora que odia la idea del aborto pero más su penalización, que odia la cancelación de la vida pero comprende que en ocasiones es la única opción, dispuesta como yo a pelear por el derecho a decidir y entristecida por sus consecuencias.

Los opositores de la despenalización del aborto son personas que demuestran con palabras y acciones su molestia con las mujeres pensantes, las demandadas, las conscientes Por eso entendí, desde el momento en que mi amiga abortó y mi hija nació, que el aborto es la decisión correcta en ciertas ocasiones, en ciertos lugares y para ciertas mujeres: las que han sido violadas, presionadas o cohesionadas; las que no pueden o no quieren ser madres por circunstancias económicas, sociales o personales; las que se enamoraron del hombre equivocado; las que tienen cinco o seis hijos y son incapaces de mantenerlos, menos a uno más; todas las que forman parte de las estadísticas desconsoladoras de la Secretaría de Salud: en México, entre 2002 y 2006, 80% de las mujeres hubiera deseado no estar embarazada; de 1 204 548 mujeres embarazadas, más de 800 mil hubieran preferido evitarlo; 36.2% de los embarazos no deseados se presenta en mujeres de menos de 20 años. Por ello muchas han actuado como mi amiga hace 30 años: arrinconadas bajo una sábana, en un lugar inhóspito –probablemente insalubre, seguramente clandestino–, muertas de miedo, frío y descuido; clasificadas como delincuentes o condenadas como pecadoras;

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acusadas de mataniños o criticadas por negarse a tenerlos; víctimas de una sociedad que prefiere cerrar los ojos, mostrar los crucifijos y regodearse en la doble moral; víctimas de los juicios implacables y los corazones santificados; víctimas de quienes muestran videos de fetos desmembrados y se olvidan del dolor que padecen los niños no deseados, los arrumbados y abandonados: niños que se encuentran así por hombres de blanco que amenazan con la excomunión, hombres con uniforme del Ejército que protegen reuniones de grupos antiabortistas, hombres con sotana obsesionados con la vida de los fetos pero despreocupados de los pederastas…

El aborto es la decisión correcta en ciertas ocasiones, en ciertos lugares y para ciertas mujeres: las que han sido violadas, presionadas o cohesionadas Hombres, todos hombres –ni un útero a la vista, ni una sola persona que podría quedar embarazada y despertar apabullada–; Onésimo Cepeda, Norberto Rivera y tantos más congratulándose por defender las reglas que han elaborado para sujetar a las mujeres y usar su posición jerárquica para amedrentar en vez de comprender. Hombres al frente de un debate donde siempre la religión intenta imponerse sobre la democracia, donde las obligaciones morales son escuchadas para posponer las garantías liberales, donde la oposición al derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo oculta la oposición a su derecho a decidir sobre su propia vida. Porque los opositores de la despenalización del aborto son personas que demuestran con palabras y acciones su molestia con las mujeres pensantes, las demandadas, las conscientes, las que dicen “no”, las que preguntan “por qué”, las que leen la Biblia y Aura al mismo tiempo, ésas ante las cuales los clérigos tuercen la palabra de Dios para usarla contra la equidad de género, esas que obtuvieron la capacidad para controlar su fertilidad y serán capaces de controlar su futuro como lo hará sin duda mi hija Julia, que a sus 16 años se sabe mujer con derechos, que jamás dejará a un hombre como Norberto Rivera decidir por ella, que caminará por el sendero que su madre y las mujeres de GIRE seguirán pavimentando para ella y las que vienen. Porque aquí estaremos señalando la deshonestidad de los argumentos detrás de la penalización, condenando la insensibilidad de quienes juzgan a las embarazadas sin haber estado en su lugar. Porque no importa cuánto se obstaculice, las mujeres de México seguirán buscando cómo acabar con un embarazo no deseado –lo han hecho y lo seguirán haciendo, con agujas de tejer o con doctores en clínicas clandestinas, como mi amiga de los ojos tristes– hasta que tengamos en toda la república el derecho a decidir, hasta que cese la omisión y pare la indiferencia. H *Resumen del discurso pronunciado durante la presentación del informe Omisión e indiferencia. Derechos reproductivos en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), A. C., que se llevó a cabo el 9 de abril de 2013 en el Museo Memoria y Tolerancia **Académica, columnista, editorialista nacional e internacional, y consejera de la CDHDF

Acción histórica de CDHDF

Exhaustiva reconstrucción de hechos desnudó la forma en que actúa la SSPDF La Recomendación 7/2013, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y derivada del operativo policial del 1 de diciembre pasado, constituye un parteaguas tanto para la función policial en México como para la defensa de los derechos fundamentales sonia blanquel

Ernesto López Portillo Vargas*

or primera vez un organismo público de los derechos humanos decidió reconstruir un operativo policial con base en diversas evidencias que incluyeron la videograbación de los hechos y el audio de las instrucciones emitidas por los mandos policiales. En términos pedagógicos, esta excepcional investigación tiene un potencial que trasciende nuestro tiempo. Estamos ante una doble evaluación de lo hecho por la policía: la que transita por los hallazgos asociados a múltiples violaciones a los derechos humanos y la que se asoma a los problemas estructurales de la policía que están detrás del operativo y de las conductas de quienes lo encabezaron y lo ejecutaron. En México las instituciones policiales y sus operadores representan una profunda fractura entre el mandato y las prácticas, detrás de la cual hay un problema de diseño que a muy pocos importa. La CDHDF ha dado un salto histórico precisamente porque trasciende la condena por las graves violaciones a la ley y a los derechos humanos y acude a la cita con la experiencia internacional que, al mismo tiempo, entiende el quehacer policial como el resultado de un ambiente institucional y social y que ha venido construyendo robustos modelos de control externo de la policía. El adelanto a su propio tiempo queda evidenciado cuando incluso quienes reconocen el valor de la Recomendación 7/2013 no alcanzan a dimensionar la profundidad de la investigación y de los puntos recomendatorios. Los medios no se quedan atrás y, fieles a su tradición, retoman las responsabilidades de los mandos, pero hacen lo mismo con la responsabilidad institucional que está detrás de ellos. Hay que leer la Recomendación y ver también los videos que la propia CDHDF distribuyó. Miles de horas fueron revisadas por un equipo de profesionales, cientos de entrevistas, la reconstrucción de hechos que desnuda la forma en que actúa la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ante lo que es quizá una de las tareas más delicadas: el control de multitudes. Recuerdo los gritos de un policía que avisa de la presencia de medios a su compañero que tortura, pero nunca le dice que no torture. La Recomendación 7/2013 nos recuerda la policía que es, no la que queremos. Esta comisión de derechos humanos ya ha convocado anteriormente a la sociedad y a la propia policía para construir una idea colectiva de la policía que queremos; emitió su primer informe especial sobre los derechos humanos de las y los policías, y también mostró el desastre institucional que hubo detrás de los dramáticos hechos ocurridos en el New’s Divine. Ahora la CDHDF se supera a sí misma: ha reconstruido un operativo caótico en espacio abierto que sirvió para dejar libres a los culpables y detener a los inocentes, un operativo que ahora también está abierto para que cualquier ciudadano sepa lo que pasa

cuando la más numerosa institución policial del país enfrenta a un puñado perfectamente identificado y localizado de personas violentas. Sería imposible olvidar en esta reflexión la reforma que crea al auditor especial de las policías federales, la cual espera su aprobación en el Senado; ahora la decisión política que crearía dicha figura en esta ciudad también espera la decisión del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, pues la CDHDF la incluyó entre sus puntos recomendatorios. Debemos tener claro que el 1 de diciembre de 2012 la policía del Distrito Federal realizó alrededor de cien detenciones arbitrarias, además de que torturó a cielo abierto; podemos imaginarnos ya lo que hace lejos de la visibilidad. Allí está la terca realidad que justifica la Campaña Nacional contra la Tortura, promovida por el Instituto para la Seguridad y la Democracia y ya presente en diversas entidades federativas. La respuesta de Miguel Ángel Mancera a la Recomendación 7/2013 aún no llega; deberá hacer lo propio el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Policías, fiscales y jueces, en ese orden, reprodujeron la rutina que permite a la primera evitar su propia modernización democrática. Sin la decisión de la CDHDF, sin el acceso a los videos y audios, sin las valientes declaraciones de las víctimas y de elementos de la propia policía, la ciudad de México ya habría pasado la página de los hechos dramáticos del 1 de diciembre pasado, impávida y a la espera del siguiente escándalo. La mesa está puesta, el Gobierno del Distrito Federal decidirá si la reforma policial democrática tiene cabida o no. H *Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), A. C., y exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal www.milenio.com

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8 o Lunes 6 de mayo de 2013

La exclusión de la ley

SONIA BLANQUEL

y las comunidades que viven en la calle

Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros*

a vida siempre se abre camino en cualquier contexto. Mujeres y hombres, niñas y niños en situaciones de exclusión social, económica o de otra índole viven en las calles en sistemática violación a sus derechos humanos. En cada situación particular resulta vital conocer las diversas razones que orillaron a las y los miembros de estas comunidades a habitar en las calles. No hay que perder de vista que ya existen generaciones de personas que han nacido y crecido en la calle. Existen voces que manifiestan que si se garantizan los derechos de las poblaciones de calle se fomentará su permanencia, provocando situaciones de inseguridad y delincuencia. En algunas ciudades de la república incluso existen parques o cruceros que ostentan sendos letreros, generalmente colocados por asociaciones de colonos de zonas habitacionales clasemedieras, con leyendas como “No compres nada a vendedores ambulantes, afectan la estética de nuestra colonia”. Estas aseveraciones reflejan la forma de pensar de una sociedad que teme y desconoce a

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Están aquí por una necesidad de supervivencia. Son la evidencia viva de que el Estado no ha hecho el esfuerzo suficiente para proporcionarles educación, empleo, salud y alimentación

quienes viven fuera de los estereotipos o, peor aún, en las situaciones de violencia más crueles en la propia comunidad. Son concepciones que dejan ver la ignorancia, la indolencia y la limitación de criterio de colectivos que dan la espalda a quienes comparten los mismos espacios en circunstancias muy distintas: quienes están dentro de un hogar y quienes no lo están, con todas las consecuencias que esto conlleva. Tales pensamientos absurdos no hacen más que evidenciar que hemos creado una sociedad discriminadora, poco solidaria y muchas veces sorda y ciega respecto de los fenómenos más profundos que han contribuido a su propia construcción. En estos sectores no se percibe que las personas que viven o que trabajan en la calle lo hacen por una pura necesidad de supervivencia y que son la evidencia viva de una laguna de actuación por parte del Estado, el cual no ha realizado los esfuerzos suficientes para generar derramas económicas más equitativas; proporcionar empleo, salud, alimentación y educación de modo universal; e implementar modelos de intervención eficaces de combate a la violencia dentro de los espacios privados. Debe haber una conciencia plena en

el todo social –comunidad, Estado, sociedad civil– de que se requiere trabajar arduamente por una sociedad con mayor igualdad de oportunidades y pleno acceso a los derechos fundamentales. Hay que identificar por completo las acciones que se requiere poner en marcha para evitar que más personas tengan que llegar a esta realidad extrema, y crear políticas públicas que les permitan vivir la protección a sus derechos a quienes ya se encuentran en ella.

LEGISLACIÓN: URGE RESOLVER ALGUNOS ASPECTOS Las legislaturas buscan dar cumplimiento a las demandas sociales a través de la promulgación de cuerpos legales. Desde luego, la legítima exigencia social de contar con espacios públicos seguros dio origen a diversas reformas penales, de cultura cívica y de apropiación de espacios públicos, algunas muy buenas y otras pendientes de revisión. En la ley se establecen aquellos supuestos que ocurren y que es deseable que dejen de ocurrir –como los delitos– o los que no ocurren y que sí quisiéramos que ocurrieran –como el respeto irrestricto de los derechos humanos.

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Indudablemente, la ley debe ser un auxiliar para la transformación cultural que se necesita de manera emergente para que nuestra comunidad goce de la diversidad y viva el pleno respeto a los derechos de todas y todos. No obstante, a veces la legislación más bien refuerza los patrones de violencia y discriminación, sustenta el discurso de un grupo en el poder –que ni siquiera llega a representar la postura del gobierno– y justifica, en cumplimiento estricto de la norma vigente, actos de violencia que contravienen los tratados internacionales de derechos humanos, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, sobre todo, los mínimos éticos a que una sociedad debe actuar y aspirar en todas sus dimensiones en la búsqueda del bienestar y de los postulados democráticos.

Hemos creado una sociedad discriminadora, poco solidaria y muchas veces sorda y ciega respecto de los fenómenos más profundos que han contribuido a su propia construcción En algunas leyes y reglamentos locales relativos a la cultura cívica (Puebla, Guanajuato y Tabasco, entre otros) aún se utilizan términos de etiquetamiento que estigmatizan a aquellas personas que viven o trabajan en la calle como agentes de descomposición social, degradación moral o fomento a la criminalidad. En la ya muy antigua –pero aún vigente– Ley para la Integración y Funcionamiento de las Juntas Municipales de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, del estado de Coahuila, se señalan como causas productoras de la criminalidad “la prostitución, la vagancia y la mendicidad”, que no son más que formas de trata de personas, exclusión y falta de oportunidades. En el Distrito Federal, diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica pueden ser interpretados de tal manera que afectan directamente a las personas que viven o trabajan en la calle, debido a que señalan como merecedoras de infracción la obstrucción de las vías públicas, la utilización de objetos de las calles para fines distintos a su destino, la colocación de bienes muebles en la calle y el ejercicio de ciertas tareas que encajan en la descripción de actividades económicas informales, entre otras.

Los derechos a la igualdad, a tener cubiertas las necesidades básicas de sustento, a contar con servicios de salud y de seguridad social, trabajo y educación no son sólo para un sector de la población En Quintana Roo, la Ley Orgánica de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno es supletoria de reglamentos y bandos municipales en la materia. Refiere como merecedoras de infracciones aquellos actos que atenten contra “la moral y las buenas costumbres” y, de modo similar a las otras leyes mencionadas, sanciona actos en los que se vendan bienes de cualquier naturaleza en la vía pública. En todas las entidades federativas existen bandos municipales que tienden a seguir esta misma línea normativa, lo que nos conduce a reflexionar que la cultura de la exclusión puede filtrarse al aparato del Estado, y que es precisamente el Estado quien debe combatir tal situación y revertirla en los sectores de la comunidad de donde proviene. En contraste con lo ya mencionado, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales que reconocen los derechos humanos de todas las personas, sin importar su raza, género, edad, nacionalidad, clase social, nivel de instrucción, creencias, o cualquier

característica particular o colectiva. Estos instrumentos han sido adheridos a la Constitución mediante la reforma del artículo 1º, que reconoce esta normativa internacional como propia del Estado mexicano. Es decir, que todas estas legislaciones que no toman en cuenta los derechos de las personas que viven o trabajan en la calle no sólo violentan los tratados sino que además son inconstitucionales y deben ser reformadas de inmediato. Asimismo, en casi todas las entidades federativas y en el fuero federal existen diversas leyes en materia de desarrollo social, de protección de derechos y de creación de instituciones que son garantes de tales derechos, las cuales, sin embargo, parecen no ser aplicables a quienes habitan o trabajan en la calle. ¿Por qué? Los derechos a la igualdad, a tener cubiertas las necesidades básicas de sustento, a contar con servicios de salud y de seguridad social, trabajo y educación no son sólo para un sector de la población sino para todos. Las personas que pertenecen a poblaciones callejeras no parecen tener acceso al ejercicio de sus derechos, pese a que existe la reglamentación que reconoce tales derechos a todas las personas.

sólo comprende el ejercicio de los derechos políticos. Quienes no cuentan con ciudadanía económica, civil, social y cultural no pueden ejercer plenamente a la ciudadanía política. Quienes hoy están viviendo en la calle, en cambio, encuentran mucho más trascendente protegerse de las agresiones sexuales, de la falta de alimentos o de otro tipo de vejaciones que tener credencial de elector y votar en las siguientes elecciones. Debe reconocerse que, desde el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos, se ha analizado este fenómeno y se ha buscado un camino que resuelva la problemática de las comunidades que viven en la calle. Sin embargo, es fundamental generar mecanismos de participación directa de las y los miembros de estas poblaciones, a efecto de contar con la información real de sus problemáticas y de lo que ellas y ellos consideran que podrían ser las soluciones a éstas. Dicha información debe ser el primer motor y fundamento de quienes toman las decisiones, construyen las leyes y elaboran las políticas públicas en la materia.

LA NO EXISTENCIA JURÍDICA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN O TRABAJAN EN LA CALLE En efecto, la igualdad de todos los individuos ante la ley es un pendiente que aún tenemos en la realidad. Existen prácticas e interpretaciones jurídicas o cuasijurídicas de muchos funcionarios públicos en todo el país que se encuentran muy lejanas del derecho a la igualdad. El derecho a la identidad es un tema fundamental para las personas que se encuentran viviendo en la calle. La falta de documentos que acrediten la identidad y la ciudadanía ocasiona que estos hombres, mujeres, niñas y niños no existan para el Estado, y les dificulta el acceso a centros de salud, de educación o a trabajos formales. Esto se va dando de modo transgeneracional. Las madres y padres que no cuentan con documentos de identidad, a su vez, tienen dificultades para tramitar los de sus hijas e hijos, y así sucesivamente. Ello provoca que haya varias generaciones dentro de estas comunidades que están privadas de sus derechos fundamentales, al no contar con documentos. Existen otros muchos obstáculos y problemas de la vida diaria de quienes pertenecen a las comunidades callejeras. ¿Quién puede saberlas en realidad?

CONCLUSIÓN Todas y todos somos ciudadanos desde que nacemos, en tanto que la ciudadanía va más allá de votar y ser votado. No podemos tener plena ciudadanía si no ejercemos nuestros derechos fundamentales; las personas que pertenecen a comunidades callejeras no la tienen. Proteger el derecho de una persona que no existe ante el Estado es un problema que el Estado mismo debe resolver. Debemos crear programas y políticas que reconozcan la identidad de las personas que viven en la calle, con el objetivo de darles la llave que les abra todas las puertas de sus demás derechos y, desde luego, no privarlas de éstos mientras se materializa la documentación conducente. También debemos escuchar qué es lo que ellas y ellos viven, quieren y necesitan. Resulta ineficaz buscar resolver las cuestiones de las comunidades a partir de una óptica que no es la suya. Es algo que la historia de las políticas públicas nos ha dejado como una lección –a veces no aprendida– desde hace muchas décadas. La única forma de vivir en democracia y cambiar nuestra perspectiva de vida a otra más rica y entretejida es la senda de la diversidad y la solidaridad. Sólo en el reconocimiento en las y los demás de lo que hay en nosotras y nosotros mismos podremos dar el salto cuántico para vivir como sociedad en plenitud. H

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN PRINCIPIO DE SOLUCIONES La ciudadanía, desde las tesis de Marshall, no

*Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) www.milenio.com

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Comparece ombudsman ante ALDF

Derechos humanos, pilar de la reforma política en el DF En la capital se considera que las etapas de procuración y administración de justicia, no deben seguir siendo un espacio propicio para la reproducción de violaciones a las garantías

Francisca Arrieta Acevedo

a necesidad de respetar y reconocer a la institución del ombusdman como pilar en la reforma política de la ciudad de México, fue uno de los temas destacados por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, durante su comparecencia ante la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo de su Informe Anual 2012. El ombudsman de la ciudad de México, enfatizó que el eje de la reforma política en la capital son los derechos humanos, de ahí que planteó que la consolidación de la CDHDF debe garantizarse, y su derrotero tiene que apuntar hacia un futuro que le permita una continuidad fundada en resultados. Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo sólido y comprometido, ejemplo de institucionalidad democrática y de creatividad en la gestión de sus atribuciones y de sus recursos, siempre a favor de los derechos humanos. Informó sobre la situación de los derechos humanos en la capital e hizo un recuento de las actividades del organismo durante 2012. Detalló que la seguridad pública y el sistema de justicia se mantuvieron en los primeros lugares de quejas recibidas y recomendaciones emitidas por la CDHDF.

CDHDF atendió a más de 92 mil personas en 2012 Mencionó que el trabajo de la CDHDF se tradujo en la atención a más de 92 mil personas. Se recibieron 8 129 quejas, de las cuales se investigaron y concluyeron 7 597, y se emitieron 5 892 medidas precautorias. Además, se dirigieron 20 recomendaciones, de las cuales dos fueron totalmente aceptadas; pero el gobierno local reconsideró y fueron aceptados integralmente ocho instrumentos recomendatorios; siete fueron aceptados parcialmente y cinco no aceptados. Refirió que las instalaciones de la CDHDF fueron sede del histórico debate entre la y los candidatos a la Presidencia de la República, convocado por un grupo de jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy132. Asimismo, señaló que se motivó a las y el candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal

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a firmar una carta compromiso con los derechos humanos, acción que se replicó con las jefas y jefes delegacionales electos y con las diputadas y diputados a la VI Legislatura. De acuerdo con el informe 2012 del organismo, se brindaron más de 35 mil servicios, de los cuales 57.4% fueron de orientación y prevención; 40.3% de protección y defensa; y 2.1% atenciones derivadas de las atribuciones de la Oficina de Información Pública (OIP). En tanto que de las 8 129 quejas presentadas y atendidas durante 2012, la mayor parte se relaciona con presuntas violaciones cometidas en contra de personas privadas de la libertad o en centros de reclusión, por lo que se plantea la pertinencia de repensar las condiciones existentes en las cárceles y adoptar medidas que garanticen los derechos de las y los internos. De los expedientes de queja totales, se identificaron 871 menciones de presuntas violaciones a derechos contenidos en el núcleo Democracia y Derechos humanos; 3 mil 749 menciones del núcleo de Seguridad Humana, y 9 mil 749 menciones del núcleo de Sistema de Justicia. Así, se considera que las etapas de prevención e investigación del delito, procuración y administración de justicia, no deben seguir siendo un espacio propicio para la reproducción de violaciones a los derechos humanos. En el periodo reportado, la Segunda Visitaduría de la CDHDF es el área con mayor número de quejas recibidas en el tema del sistema penitenciario (3 160); y a un año de su creación, la Quinta Visitaduría recibió 862 quejas referidas al ámbito laboral.

El sistema de justicia recibió más quejas Ya que el porcentaje de expedientes de queja asociados al núcleo de sistema de justicia

constituyó 66.9% del total de expedientes recibidos durante el año, el organismo autónomo sugiere poner en marcha medidas como la transformación de las policías y los mecanismos de control y registro de las detenciones; el fortalecimiento de las capacidades de investigación; la profesionalización de las fiscalías, según sus nuevas atribuciones; la actuación de jueces de control y de causa penal; el tránsito de lleno al proceso oral adversarial; y el arribo a un sistema penitenciario garantista, objetivo y judicializado. Al tiempo que hizo notar la necesidad de instaurar una verdadera política criminal de ultima ratio (último argumento) del Estado para lograr una solución integral y estructural de las condiciones del Sistema Penitenciario en el Distrito Federal, en lugar de construir más centros penitenciarios o destinar mayores recursos para dicho sistema. En el núcleo de seguridad ANTONIO VáZQUEZ humana, los derechos con mayor incidencia de quejas por presuntas violaciones fueron: el derecho a la salud (47.7%); el derecho al trabajo (16.3%); las afectaciones particulares a la niñez (10.2%); el derecho al agua (5.5%); y el derecho a un nivel de vida adecuado (4.3 %). La CDHDF registró 466 quejas por presuntas afectaciones a los derechos laborales, en las cuales fue posible reconocer patrones recurrentes de afectación, tales como descuentos injustificados en los salarios; retardos sin justificar en el pago y reducción de salarios. Además de la omisión reiterada de las autoridades del Distrito Federal para cumplir con laudos, sentencias y otras resoluciones en los ámbitos laboral y administrativo. Se advirtieron diversas circunstancias que enfrentan las y los agentes de policía en la ciudad para el respeto de sus derechos laborales. Una muestra de ello es que, en una de cada tres quejas, por presuntas violaciones específicas a estos derechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) aparece como autoridad mencionada (157 veces). En el núcleo de democracia y derechos humanos se tramitaron 811 expedientes. Los derechos con mayores incidencias fueron el derecho de petición y pronta respuesta (289), el derecho a la honra y la dignidad (263), el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación (108), el derecho a la información (62) y libertad de pensamiento y expresión (25). De acuerdo con el monitoreo permanente de prensa, la Relatoría para la libertad de expresión de la CDHDF documentó 180 agresiones por el ejercicio de este derecho. Las agresiones directas registradas fueron: 88 casos de agresión física o material, 36 casos de amenazas verbales, escritas o de otro tipo; y 22 casos de periodistas desplazados, en refugio o exilio. En el marco de las actividades administrativas realizadas durante 2012, destaca la implementación del Sistema Integral de Administración (SIA); el Tablero de Control Estratégico (TCE) de la CDHDF, así como acciones encaminadas a coadyuvar en la consolidación de la infraestructura informática. Se realizaron dos informes especiales: uno acerca de los derechos humanos de las personas jóvenes en el Distrito Federal y otro que aborda el derecho humano a defender derechos humanos en la ciudad de México. También se emitió la Propuesta General que informa sobre los mecanismos e instrumentos de protección de derechos humanos en el Distrito Federal, en razón del internamiento de policías foráneas en la circunscripción territorial de la ciudad de México. H

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Resultados En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, informó sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de México e hizo un recuento de las actividades desarrolladas durante 2012

8,129 quejas

2012 92 mil

personas atendidas 50.4% son mujeres

Iztapalapa es la delegación con más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

7,597 se investigaron y concluyeron, y se emitieron 5,892 medidas precautorias

1,911

Siguen ocurriendo violaciones graves a derechos humanos, injusticias en el sistema penitenciario, y continuaron vigentes estereotipos discriminatorios como eje de articulación para la relación entre la autoridad y la ciudadanía

Fuente: Informe Anual 2012. Reflexiones sobre la agenda de derechos humanos en el Distrito Federal, vol. I, México, CDHDF, 2013

4 amicus curiae 3 acciones de

recomendaciones 2 aceptadas

8 instrumentos acatados

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como seis informes a los mecanismos y relatorías de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos

integralmente 7 en forma parcial y 5 no aceptadas

Si quieres saber más, consulta:

<informesanuales.cdhdf.org.mx> www.milenio.com

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12 o Lunes 6 de mayo de 2013

Reforma policial, a debate

El DF debe asumir responsabilidad por inadecuada intervención policiaca sonia blanquel

El 1 de diciembre de 2012 se llevó a cabo en la capital de la República un amplio ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta en el contexto del relevo presidencial en nuestro país

Mario Patrón Sánchez*

a mayoría de estas expresiones ciudadanas se llevó a cabo de manera pacífica; sólo algunas, del todo focalizadas, fueron las que recurrieron a la violencia como forma de expresión. La libertad de expresión y la manifestación de las ideas no son derechos absolutos, sino que se ejercen en los límites marcados por la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Manifestar las ideas no puede ni debe ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, menos policial; sin embargo, es indudable que en esos momentos en que la manifestación de las ideas se torna violenta y transgrede los derechos de otras personas, suele incurrirse en la consumación de conductas delictivas que requieren de la intervención de las autoridades. Lo sucedido el 1 de diciembre fue excepcional, pero son justo estas realidades excepcionales las que ameritan contar con instituciones fuertes que tengan mecanismos de intervención que den certeza de lo sucedido a la sociedad en su conjunto. Por desgracia, en los hechos documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), las autoridades policiales –lejos de dar certidumbre– generaron mayores violaciones a los derechos fundamentales, al detener arbitrariamente a 99 personas que no estaban vinculadas con los hechos de violencia y emplear prácticas policiales violatorias del derecho a la integridad personal, lo que conllevó el uso indebido y desproporcionado de la fuerza y actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de éstas. Una intervención policial adecuada debió generar estrategias que previnieran y contuvieran la violencia en las calles de la ciudad de México para con ello evitar daños al patrimonio público y privado de las personas. Además, hubiese permitido realizar detenciones e investigaciones adecuadas sobre las personas que, en un ejercicio excedido de la libertad de manifestación de las ideas, usaron la violencia como método de expresión. Por lo anterior es condenable categóricamente la violencia que se suscitó el 1 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal, de la misma forma que lo es la respuesta policial que generaron tales eventos. La ausencia de una

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estrategia de intervención policial apropiada tuvo efectos colaterales que se materializaron en múltiples violaciones a derechos humanos y en la afectación patrimonial de comercios y bienes públicos. Es importante señalar que la falta de previsión y de concreción de decisiones en tiempos adecuados por parte de los mandos superiores generó, sin duda alguna, una sobreexposición de los elementos de la policía a los actos de violencia; pero también es preciso puntualizar, por otra parte, la responsabilidad de aquellos elementos que, en la ejecución de las instrucciones, utilizaron la brutalidad policial como método de venganza privada o de justicia por propia mano, así como la fabricación de acusaciones y de culpables. Con preocupación, la CDHDF ha observado que existe una tendencia a criminalizar los actos de protesta social y, sobre todo, darle al derecho punitivo funciones que deben ser propias de las políticas públicas y de los programas de gobierno. En el Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2010-2011, la Comisión advirtió el uso de tipos penales como el delito de ataques a la paz pública, regulado por el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, lo que significa un manejo desproporcionado del derecho penal

como ultima ratio. Resulta paradójico que las autoridades encargadas de la investigación de los delitos recurrieran a este tipo penal y dejaran de lado otras figuras delictivas que probablemente tutelarían de mejor manera los bienes jurídicos agraviados, pues el delito de ataques a la paz pública no permite el acceso a la justicia a aquellas personas que fueron agredidas en su patrimonio debido a que el bien jurídico que tutela es la seguridad de las instituciones y no el patrimonio o la integridad de las personas. De ninguna manera la impunidad ha de ser la opción de tratamiento cuando se incurre en conductas delictivas. Debe recordarse que en una sociedad democrática el derecho penal tiene como función ser la última alternativa; sin embargo, cuando éste se aplica debe hacerse de manera proporcional. Los hechos del pasado 1 de diciembre ponen en entredicho la capacidad de las instituciones para dar una respuesta adecuada a la realidad. Si bien a nadie escapa que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) se encontraba en una coyuntura de cambios institucionales, es imprescindible destacar que a partir de más de 60 entrevistas realizadas por la CDHDF a policías –entre ellos mandos medios y superiores– se advirtió la falta de claridad en los estándares de intervención que la policía debe tener para el manejo, contención e intervención frente a multitudes. Lo mismo sucede ante la custodia de personas detenidas, no sólo porque –como ya se ha mencionado en cuanto al derecho a la integridad personal– se recurrió al uso indebido y desproporcionado de la fuerza, sino porque además, ya estando las personas detenidas bajo custodia policial, se perdió del todo la certeza sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo las detenciones. La investigación de la CDHDF ha permitido corroborar la debilidad estructural de la SSPDF respecto de los mecanismos de autocontrol y control externo sobre el desempeño de sus representantes. Los hechos del 1 de diciembre dejaron ver la existencia de problemas en el diseño normativo, la profesionalización y la operación de la institución ante los cuales ésta no ha implementado dispositivos eficaces de control y evaluación; esto, a su vez, resta posibilidades de aprendizaje, evolución y mejora. En dichos términos se vuelve indispensable iniciar un debate profundo y serio sobre la reforma democrática de la policía en la ciudad de México. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal establece la siguiente línea de acción en tal sentido: 352. Realizar una reforma policial sustentada en la promoción y protección de los derechos humanos. Para tal fin deberán considerarse las acciones sugeridas de la consulta “La policía que queremos” realizada por la CDHDF, entre otras: Crear una comisión para la reforma de la policía que establezca un modelo de policía democrática. •Reestructurar las organizaciones de la policía para que sean afines a ese modelo. •Reformar el marco jurídico de las policías para armonizarlo con una visión respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de seguridad ciudadana. •Instaurar un auditor externo para la policía que reciba denuncias, investigue y sancione las faltas cometidas por los malos policías y que defienda sus derechos. •Constituir un Consejo Ciudadano de Control de la Policía Pública de Seguridad, para hacer recomendaciones públicas, posicionamientos y propuestas en materia de policía, procuración de justicia y seguridad ciudadana. Resulta indispensable que, ante los acontecimientos del 1 de diciembre del año pasado,

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el gobierno capitalino asuma su responsabilidad mediante la implementación de tres estrategias: a) ubicando y atendiendo las causas estructurales que ocasionaron una intervención policial inadecuada que generó múltiples violaciones a los derechos fundamentales; b) instrumentando los procesos de investigación y de sanción necesarios para las y los funcionarios poli-

ciales y ministeriales que intervinieron en la consumación de abusos de autoridad, y c) comprometiéndose al cumplimiento de las reparaciones del daño a las víctimas, de cara a la sociedad. Será la aplicación de estos tres ejes de atención lo que permita asegurar que hechos como los sucedidos no se repitan; de lo contrario, la impunidad frente a los actos

de abuso de autoridad seguirá generando contextos de permisividad al interior de las instituciones, con lo cual se consolidarán espacios que favorezcan la violación a los derechos humanos. H *Primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Testimonio

Unidos por la injusticia Rita, Alejandro y Sandino jamás se habían visto hasta aquel 1 de diciembre de 2012, cuando más de 100 personas fueron detenidas arbitrariamente por las manifestaciones en calles de la Ciudad de México Luis Alberto Linares Cubillas

“¡AYÚDAME CON ESTA PERRA…!” oco después del mediodía, Rita Emilia Neri Moctezuma se encontró con su amiga Ana en el Metro San Lázaro. Tras saludarse y en medio de la muchedumbre, se trasladaron a la estación Allende para verse con Obed, el novio de Ana. La intención era unirse a las manifestaciones el día del cambio de poderes del Ejecutivo federal. La joven de 22 años –estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM–, Ana y Obed salieron del Metro Allende. Caminaron por la calle de Tacuba rumbo al Zócalo, pero se encontraron con que estaba cerrada por granaderos. Dieron vuelta en la calle de Palma y se enfilaron rumbo a Francisco I. Madero, en donde observaron a tres personas encapsuladas por policías, quienes después fueron liberadas ante los gritos de “¡libérenlos!” de la ciudadanía. Rita y sus amigos regresaron a la calle de Tacuba y avanzaron hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas. Antes de llegar ahí, observaron que varios camiones que transportaban a militares daban vuelta en avenida Hidalgo, atrás de Bellas Artes. Mucha gente corría en todas direcciones. Ya sobre Eje Central, dieron unos pasos hacia la calle 5 de Mayo. En ese momento, se suscitaba un enfrentamiento. Rita vio cómo volaban piedras. Ella no lanzó ninguna; optó por refugiarse en un puesto de periódicos. Perdió de vista a sus amigos, pero no entró en pánico, pese a que las detenciones arbitrarias ocurrían a su alrededor. Observó cómo unos policías detenían y golpeaban brutalmente a un joven de playera roja. Quiso salir del lugar y correr, pero fue sometida. Un policía la abrazó del cuello y le dobló uno de sus brazos hacia atrás; no opuso resistencia. El agente la entregó a una mujer policía, no sin antes exclamar “¡ayúdame con esta perra…!”. Con jaloneos fue subida a un autobús de la policía, junto con 12 personas más; Ana y Obed fueron trepados al vehículo después. Fueron trasladados a la agencia 50 del Ministerio Público, en donde los metieron a las galeras y les tomaron fotos; vivieron frío, hambre, sed y recibieron agresión psicológica, verbal y hasta física. Rita y Obed permanecieron casi 37 horas en la agencia sin dormir; Ana fue puesta en libertad a las pocas horas. A las 4:00 horas del lunes 3 de diciembre, Rita y 10 mujeres más que fueron detenidas

durante las manifestaciones fueron consignadas al penal de Santa Martha Acatitla; Obed fue trasladado al Reclusorio Norte. Luego de siete días en prisión, el domingo 9 fueron liberadas 10 mujeres. Rita fue la única que quedó privada de la libertad por el delito de ataque a la paz pública; obtuvo su libertad condicional la noche del 27 de diciembre.

“¡AGÁRRENLO, DENLE R-9!” Alejandro Lugo Morán y su novia Paola salieron de su casa ubicada en Abraham González, en la colonia Juárez, después de las 13:00 horas para comer en la taquería “El Caminero”, ubicada en la calle Ignacio Ramírez, muy cerca de Plaza de la República. Se encaminaron rumbo a Paseo de la Reforma. Cuando estaban cerca de la Glorieta a Colón, vieron a mucha gente caminar en ambos sentidos de la calle. Notaron que un grupo de granaderos marchaba de oriente a poniente sobre la avenida. No se preocuparon y cruzaron Reforma. Al llegar a la calle Antonio Caso y a pocos metros de “El Caminero”, uno de los policías gritó a sus compañeros: “¡Agárrenlo, denle R-9!”. Nunca pensó que se referían a él, que la orden era detenerlo. Y es que Alejandro, de 35 años de edad, es alto, de tez morena y complexión robusta; tiene tatuajes y cabello largo en forma de rastas –trenzas enredadas en forma de tubo–. Lo jalonearon, lo golpearon y lo detuvieron, pero los transeúntes protestaron por su detención y los guardias lo soltaron. Entre el bullicio, Alejandro y Paola notaron un intenso olor a gas pimienta. Apresuraron el paso y se refugiaron en un estacionamiento ubicado frente a la citada taquería. Volvió a escuchar el gritó “¡Agárrenlo, denle R-9!”. Varios policías ingresaron al lugar y lo sometieron a golpes; intentaron detener a Paola, pero empleados del estacionamiento lo impidieron. Lo tundieron, le escupieron en la cara, uno de los agentes le hizo tocamientos sexuales y después lo introdujeron a una patrulla junto con dos personas más. Lo llevaron a la agencia 50 del Ministerio Público, ahí lo metieron a las galeras, le tomaron fotos, le pidieron sus datos y lo condujeron varias veces al médico legista, quien siempre negó sus lesiones. Permaneció en el lugar casi 37 horas sin dormir; nunca le permitieron ver la luz del sol, por lo que no tuvo noción del tiempo. El lunes 3 de diciembre a las 5:00 horas fue trasladado, junto con 59 varones más, al Reclusorio Norte. Al sacarlos de la agencia rumbo al autobús policial, los agentes del Grupo Tiburón los pusieron en fila india; mientras caminaban fueron agarrados a patadas y puñetazos. Los esposaron, y ya en el penal los desnudaron, los golpearon otra vez, los pusieron a hacer ejercicio y les ordenaron ponerse el monstruo, el conocido uniforme caqui de los internos. Seis días después, el domingo 9, fueron liberadas 46 personas; Alejandro no fue uno de ellos. El jueves 27 de diciembre obtuvo su libertad condicional junto con 12 personas más.

el Faro de Oriente, le pidió permiso al profesor para ausentarse de la clase e ir a videograbar y fotografiar la manifestación. Como siempre, en su mochila llevaba dos cámaras: una digital y una analógica. Su idea era registrar las violaciones a los derechos de las personas y compartirlas en las redes sociales. Abordó el Metro en Taxqueña y se dirigió al centro de la ciudad, específicamente a la calle de Donceles, para comprar rollos y pilas. De ahí, intentó caminar hacia el Zócalo, pero la plancha estaba rodeada por granaderos. La rodeó y tomó diversas fotografías de las formaciones de los policías. Caminó por República de El Salvador y llegó a la calle Pino Suárez. Nunca dejó de tomar fotos. De tanto caminar llegó hasta la calle de Izazaga. Un grupo de personas le preguntó dónde quedaba la avenida Juárez. Él les dijo que estaba al lado de la Alameda Central. “¿Qué pasa?”, preguntó; “Hay enfrentamientos”, fue la respuesta. Caminó al Metro Isabel la Católica y se trasladó a Santo del Agua, donde transbordó hacia el Metro Bellas Artes. Al salir del Metro y caminar hacia Eje Central vio pedazos de ladrillos, botellas rotas, piedras y tubos. Se dirigió a la explanada del Palacio de Bellas Artes y desde ahí observó cómo en avenida Juárez alrededor de 20 policías encapsulaban a dos personas. En ese momento se dio una trifulca. Las piedras volaban por todas partes, se refugió en la entrada principal de Bellas Artes donde continuó tomando fotos. Cuando el enfrentamiento aminoró, salió de su refugio e intentó cambiar el rollo de su cámara. En ese momento observó cómo varios policías detenían y golpeaban brutalmente a un joven de playera roja. Tomó su videocámara para grabar y observó cómo los policías detenían a Ana y a Obed, quien sólo intentaba protegerla. Empezó a gritar: “¡graben!, ¡graben!”. Uno de los policías lo detuvo. No forcejeó. “¡Identifícate cabrón!, de qué medio eres”, le dijo el oficial, quien lo llevó con jaloneos hasta la calle 5 de Mayo. Lo subieron a un autobús de la policía. Ahí ya estaban Rita, Ana y Obed. Lo trasladaron a la agencia 50 del Ministerio Público, donde vivió la misma pesadilla que Alejandro Lugo. Rita, Alejandro y Sandino coindicen en que no son totalmente libres, pues sus procesos penales continúan; sin embargo, confían en que la resolución final de la titular del Juzgado 47 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sobre estos hechos será a su favor. H sonia blanquel

“¡IDENTIFÍCATE, CABRÓN!” El sábado 1 de diciembre de 2012, las 10:30 horas, Alejandro Sandino Jaramillo Rojas se encontraba en un receso de su curso de francés en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos núm. 13, por el rumbo de Taxqueña. Por un compañero se enteró que la manifestación en los alrededores de San Lázaro ya había dejado una persona muerta. Se indignó. El joven de 31 años, estudiante de fotoperiodismo en www.milenio.com

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14 o Lunes 6 de mayo de 2013

ERNESTO GóMEZ

La reforma debe ser un cambio profundo, no de reorganización A la luz de las actuaciones de las policías de la ciudad de México es impostergable e ineludible el momento de cambio absoluto, de transformación real sin maquillajes ni efectismos; un cambio con visión democrática y de Estado

ensayo por: Gustavo Fondevila*

os medios periodísticos, la comunidad académica y el público en general hemos convertido al tema de la reforma policial en un lugar común en las discusiones acerca de los problemas del funcionamiento de las policías de la ciudad de México. Esa popularidad ha tenido beneficios, como posicionar el tema en la opinión pública para provocar efectos en las políticas del gobierno, y algunos perjuicios, como la banalización y el vaciamiento del tema. Hoy, la reforma policial puede significar una infinidad de cosas y al mismo tiempo ninguna. Y precisamente por esto, es necesario siempre volver a su discusión. A una reforma policial se le pueden dar sentidos y propósitos diferentes; pero en general no se trata de cambiar un aspecto u otro de la institución policial, ni de reorganizar ni mejorar las funciones de la policía (López

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Portillo: 2012). Más bien, una reforma consiste en remplazar un modelo de operación por otro; es decir, cambiar por completo la forma en que trabaja la policía para dar seguridad a las personas.

Modelos de éxito Hay muchas experiencias internacionales en materia de reforma: desde fracasadas –parcial o totalmente–, como Argentina (Ungar: 2009), Brasil (Pinheiro: 2002) y México (Sabet: 2010) en el proceso de democratización de los años ochenta y noventa; hasta exitosas, como las de Alemania –caída del muro y reunificación– e Irlanda del Norte –Acuerdo de Belfast– en la década de los noventa. Cada reforma es diferente y depende de muchos factores políticos, históricos, culturales, etc., por lo que es muy difícil generalizar. Sin embargo, hay ciertos elementos genéricos que se repiten en aquellas que salieron bien: 1) fuerte compromiso político (de las distintas fuerzas y partidos); 2) involucramiento directo y permanente del gobierno; 3) apoyo masivo de la población; 4) un diseño muy definido y claro de lo que se quiere hacer, y 5) recursos para llevarlos a cabo. Cada uno de

éstos también demanda ciertas condiciones. Por ejemplo, para que la política se interese por la seguridad deben existir problemas de gobernanza; es decir, la inseguridad debe provocar pérdida de votos o de legitimidad. En caso contrario, ningún político querrá echarse encima una reforma de la que pagaría todos los costos –las policías

Reemplazar un modelo de operación por otro; es decir, cambiar por completo la forma en que trabaja la institución para dar seguridad a las personas oponen siempre resistencias muy fuertes a cualquier reforma– y no capitalizaría ningún beneficio, porque los resultados positivos de la reforma policial se verán años después, cuando ya no esté en el cargo. Este dilema de hierro solamente se resuelve dispersando el costo en otras fuerzas políticas y en la propia sociedad. Pero para eso deben generarse consensos, lo que trae más dificultades: ¿por qué ayudar a la fuerza política en el gobierno con un tema que le trae problemas y que a su vez puede contribuir a su derrota en las elecciones? Y el resto de los actores también son un inconveniente. Por un lado, la policía no entiende lo que se le pide y culpa a los delincuentes por el aumento de los crímenes y a la población por la desconfianza y

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la falta de ayuda. La lógica policial común es que sus problemas de funcionamiento se deben al presupuesto: con más policías, más patrullas, más bastones y más armas los problemas desaparecerían. A su vez, la población se siente insegura frente al viejo fantasma policial: más derechos humanos significa menos eficiencia para atrapar a los criminales, lo que es absolutamente falso pero tiene un efecto prodigioso en la parte más sensible de la percepción de las personas: su propio miedo.

Reformas democráticas Éste es el complejo escenario mínimo que deben enfrentar los defensores de cualquier cambio. Además, hay distintos tipos de reforma (Mota Prado: 2011), internas –personal, estructura y operaciones– y externas –estrategias y justicia penal–, y modalidades de reforma –políticas, sociales, etc.–. Pero básicamente, en el contexto latinoamericano, cuando se habla de reforma se está pensando en la democratización de las policías. Al respecto también hay muchas posiciones, pero se considera que los criterios más comunes que responden al carácter democrático son: 1) sujeción policial al derecho y no a la política; 2) protección de los derechos humanos; 3) control independiente –civil– del uso de la fuerza, y 4) protección de los ciudadanos y no del Estado (Bayley: 2006). Esto se debe a que en la región se parte regularmente de un diagnóstico coincidente: corrupción, ineficiencia, protección de intereses políticos, alejamiento de la sociedad, desconfianza de la población, etc. No es casualidad que la policía de la ciudad de México encaje perfectamente en este cuadro, y tampoco debería sorprender que la última Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) –7/2013, en marco del 1DMX– haya incluido un breve pero ambicioso catálogo de cambios necesarios en la policía de la ciudad que apunta a esos problemas: 1) restructurar la organización;

2) reformar el marco jurídico; 3) instaurar un auditor externo, y 4) crear un consejo ciudadano de control. Cada uno de estos puntos esconde un universo de medidas y de cambios. En síntesis, se puede decir que hay que comenzar con un diagnóstico, porque la policía es como un cuerpo enfermo del que se conocen los síntomas que es necesario curar, pero sin ningún estudio profundo previo. Hasta ahora, esos síntomas se expresan primero en la organización policial, que carece –entre muchas otras cosas– de: 1) un esquema disciplinario efectivo, independiente, confiable, transparente, objetivo, imparcial y que preserve la seguridad jurídica de los elementos para corregir las irregularidades de la acción policial; 2) un sistema de uso de la fuerza que reglamente, establezca protoco-

La policía es como un cuerpo enfermo del que se conocen los síntomas que es necesario curar, pero sin ningún estudio profundo previo los, fije criterios, capacite a los elementos en los estándares internacionales de uso de la fuerza y, sobre todo, genere mecanismos de seguimiento estadístico del empleo individual de la fuerza policial –un hallazgo interesante de los estudios internacionales sobre el tema es que solamente 10% de los policías es causante de 90% de los abusos–; 3) un sistema de control operativo de la policía que regule la administración y la operación diaria del trabajo policial a través de procedimientos estandarizados, supervisión, procesos de mejora continua, etc. Para realizar estos cambios, hay que modernizar y adecuar el marco y estructura normativos de la policía a los estándares actuales de derechos humanos y de prosonia blanquel

tección de las personas y no del Estado. Además, todos estos cambios y el posterior funcionamiento diario de la policía a partir de los nuevos esquemas y estándares deben estar acompañados por la propia población mediante los mecanismos adecuados, no solamente para establecer canales de comunicación y trabajo conjunto, sino también para que la seguridad misma sea comprendida como un asunto compartido por instituciones y sociedad. Esta última debe participar y vigilar también el desempeño policial. Por eso la CDHDF pensó en un auditor para controlar el desempeño policial, recibir denuncias e investigar y sancionar faltas, además de defender los derechos de los policías acusados. Este auditor debe ser externo y civil, porque las policías tienen una enorme capacidad para transformar los controles internos en prácticas de protección corporativa de los amigos, conocidos y clientes. Esta herramienta tiene que estar acompañada por una estrategia que oriente, mediante recomendaciones y propuestas, el trabajo policial hacia las necesidades reales de seguridad de las personas en la ciudad. Y dicha estrategia se llama consejo ciudadano, el cual deberá observar y supervisar el funcionamiento policial pero también legitimarlo, acercarlo y permitirle entender mejor lo que la población espera de sus policías.

Que las personas dejen de ser consideradas meras víctimas Todos estos cambios enormes y de profundo calado conllevan el riesgo de volverse frágiles si no se hacen en el contexto de un cambio absoluto del modelo de operación policial. Ése es, sin lugar a dudas, el corazón de la reforma policial en la ciudad: el paso de un modelo reactivo y convencional –de patrullajes, flagrancia, etc.– a uno de proximidad orientado a la solución de problemas. Así, la policía requerirá un cambio de operación y, sobre todo, de mentalidad y de cultura policial, ya que se basará en el análisis estratégico del delito desde el contexto. En este modelo, el policía rompe con el esquema del uniformado de la esquina que ve pasar las horas con desgano y aburrimiento, a la espera del relevo, y de la patrulla que circula lentamente con la esperanza de que un delincuente cometa el delito justo delante de sus ojos. Ser policía de proximidad demanda cierto carácter, habilidades proactivas y analíticas, y una gran capacidad para interactuar con la comunidad y sus habitantes. Esto origina que las personas dejen de ser consideradas meras víctimas para convertirse en la fuente primaria de información estratégica sobre necesidades, problemas y posibles soluciones a la inseguridad. Éste es el gran desafío de los próximos años. Y no es ninguna banalidad reformar una fuerza policial acostumbrada a sentirse dueña de las calles – amparada por jueces que convalidan cualquier actuación y detención–, de la seguridad –sin tener necesidad de dialogar ni escuchar a la población– y, por último, de sí misma –como si no tuviera que rendir cuentas a nadie por lo que hace–. Una policía que secretamente inspira miedo al poder político, porque en una noche de estupidez y mala intención puede dejar 12 muertos en la calle –como ocurrió en el caso New’s Divine–, pone a las autoridades contra la pared y a los intentos de reforma en el cajón de los recuerdos. Por todo ello, la reforma policial representa un desafío para la política, pero también para el propio Estado y la sociedad; llevarla a cabo implicaría transformar finalmente al viejo camaleón que tantas veces ha cambiado de color –Unipol, cuadrantes, etc.– pero que astutamente ha seguido siendo el mismo animal de siempre. H *Doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires; profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e investigador nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores www.milenio.com

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16 o Lunes 6 de mayo de 2013

sonia blanquel

r a h c r a m Cuando

Protesta social

y gritar son un delito sonia blanquel

La criminalización es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos como delito y a los sectores que la promueven como delincuentes

Abraham Cornejo

archar, gritar consignas, realizar plantones o huelgas de hambre contra alguna política gubernamental que no nos parezca, es un derecho que tenemos todas las personas, tal como lo especifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En México hemos visto en los últimos meses cómo han sido criminalizados los movimientos sindicales, estudiantiles, políticos o de los pueblos originarios. Un ejemplo fue lo ocurrido el pasado 1 de diciembre, durante el cambio de gobierno federal, cuando un grupo de 15 jóvenes que marchaban de manera pacífica por la calle Filomeno Mata, de la Alameda al Eje Central en el Centro Histórico de la ciudad de México, al llegar a la esquina de 5 de Mayo fueron encapsulados por elementos de la policía, quienes los trasladaron a la Agencia 50 del Ministerio Público, acusados de los hechos violentos ocurridos en la Avenida Juárez. Por los actos vandálicos desatados, las autoridades capitalinas detuvieron a 70 personas

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como probables responsables, de las cuales 56 salieron libres. Las últimas 14 tuvieron que esperar hasta que el 26 de diciembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara una modificación al artículo 362 del Código Penal local, con la cual se redujo el castigo sobre el delito de ataques a la paz pública y así pudieron obtener su libertad bajo fianza. Ante estos acontecimientos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos

Humanos de Naciones Unidas en México, solicitó al gobierno capitalino respetar el debido proceso de los detenidos. Por su parte, Amnistía Internacional se manifestó para que sean investigados lo actos de tortura y el uso excesivo de la fuerza. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado a evitar la criminalización de la protesta, puesto que el derecho a la libertad

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Criminalización de la protesta social

ara diversas organizaciones civiles la protesta social es el termómetro de una sociedad democrática y la calle es el principal espacio para ejercer la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, desde hace meses, han denunciado la creciente criminalización de quienes levantan la voz ante el actuar de las instituciones del Estado mexicano. Aquí algunas de las voces que se han pronunciado al respecto. “Nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación, a la libre expresión; eso está garantizado en la ciudad, sólo queremos que se haga en el marco de la legalidad.” Miguel Ángel Mancera

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

“La inconformidad juvenil no debe ser respondida con violencia ni con detenciones arbitrarias, por el contrario, la autoridad debe ser sensible a las maneras en como se manifiesta este sector.” José Franco

Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias

“La protesta no puede dañar la propiedad de otro ni dañar la integridad de las personas; cuando eso pasa, deja de ser un derecho para convertirse en un delito.” Luis González Placencia

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

“No puedes criminalizar a una persona porque porta un pasamontañas, a menos de que haya pruebas contundentes de que está cometiendo un delito; de lo contrario no puedes juzgar a nadie por su apariencia.” Dinorah Pizano

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

“Es inconcebible que unos cuantos puedan secuestrar nuestras calles, dañar comercios, agredir a policías y generar temor en un contexto de completa impunidad.”

“Tenemos que estar pendientes de que no se criminalice la protesta social legítimamente efectuada.”

Mariana Gómez del Campo Senadora del Partido Acción Nacional

“No vamos a permitir que ilegalicen la protesta social. Las carreteras, las calles, las ciudades son nuestras, no son de ellos, ellos nada más gobiernan en su nombre ni siquiera en el nuestro.” Paco Ignacio Taibo II Escritor

El Ágora...

de manifestación y asociación es básico en toda sociedad democrática. Además dio a conocer, mediante el Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2010-2011, que durante la pasada administración aumentó la criminalización de los jóvenes. Cabe resaltar que la misma CDHDF informó que de 2012 hasta febrero de este año, se tenían abiertas 80 investigaciones en las que se señalaba que los manifestantes fueron agredidos, ya sea física o psicológicamente, al protestar contra alguna política gubernamental. Es sabido que cuando los policías toman fotos a los contingentes de manifestantes, lo hacen para tenerlos ubicados, además de que este es un acto intimidatorio para que no vuelvan a marchar. Las fotografías son captadas cuando los activistas caminan y gritan consignas, lo que conlleva a que los manifestantes opten por utilizar mascaras o pasamontañas para cubrir su rostro. Derivado de esto, el diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, considera peligrosa esta actividad y por ello propuso castigar a personas encapuchadas que cometan actos vandálicos durante las manifestaciones. Con la finalidad de evitar estas problemáticas, la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), emitió un protocolo para manifestaciones en el que los elementos de seguridad llevarán solamente escudos, pero si es necesario, utilizarán sustancias irritantes en aerosol, encapsulamiento de manifestantes, lo cual viola el derecho a la libre manifestación, e incluso portarán armas de fuego en caso de existir problemas mayores, esto sólo con previa autorización de sus superiores. En el ámbito internacional, en Argentina, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, encabezadas por la Asociación de Ex-Detenidos, Desaparecidos, realizaron el Informe sobre criminalización de la protesta, publicado en marzo de 2012, en el cual señalan que existen más de cuatro mil luchadores sociales criminalizados, aunado a esto, desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y los crímenes permanecen impunes. Destaca el informe que los sectores más criminalizados son el sindical y el de los pueblos originarios; además documentan los nombres de los compañeros asesinados y los motivos de su ejecución. En el caso chileno, las y los estudiantes junto con otras organizaciones, luchan por una educación pública y gratuita, ya que el alumnado debe buscar el financiamiento de sus estudios para que, una vez concluidos, comience a trabajar y pague lo que adeuda; es por ello que en cada marcha las y los inconformes salen a las calles, pero se encuentran con tanquetas que arrojan chorros de agua para dispersar a las multitudes, les disparan balas de goma y gas lacrimógeno en un acto claro de no diálogo y sí de criminalizar la protesta social pacífica. A decir de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los países de América Latina con mayor número de protestas sociales son los que también presentan mayores desigualdades socioeconómicas, según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe La protesta social en América Latina examina las protestas sociales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El escenario que se proyecta para México en 2015 es de alta vulnerabilidad, frente a rupturas e importantes limitaciones en la predisposición constructiva hacia el conflicto. Junto con Venezuela, Guatemala y Honduras, nuestro país tiene problemas generados por un clima social deteriorado y limitaciones para procesar los conflictos. No obstante, el informe señala que existe la posibilidad de mejorar el clima social, aunque no se descarta llegar a situaciones de caos. H

Abraham Cornejo

“Una inesperada intromisión de la nueva aparición de los halcones, revientan la protesta social con la finalidad de que ésta sea castigada.”

Aleida Álvarez

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados

“La policía hará uso de la fuerza mínima, racionada y garantista ante cualquier evento, pero no habrá impunidad.” Jesús Rodríguez Almeida

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federa

“Las autoridades deben asegurar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación.”

Alejandro Solalinde

Sacerdote y defensor de los derechos humanos de personas migrantes

Daniel Zapico

Director ejecutivo de Amnistía Internacional, México

“Los delitos y las acciones represivas en contra de la protesta social son muy pocas veces investigados y, en cambio, van desde acciones represivas policiacas, utilizar la ley para sancionar a los defensores y líderes sociales, descalificando su trabajo y difamándolos en su vida personal.” Agnieszka Raczynska

Secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos

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18 o Lunes 6 de mayo de 2013

Mario Alfredo Hernández*

a defensa de los derechos humanos se realiza siempre a contracorriente: primero, de los poderes fácticos; luego, en relación con los abusos de autoridad; y finalmente, a propósito de una cultura pública que ha convertido a la corrupción y la discriminación en recursos cuando está en crisis el imperio de la ley. Así, nos hacemos conscientes de que reivindicamos los derechos –para utilizar la expresión del filósofo italiano Luigi Ferrajoli– como la ley del más débil cuando se ha impuesto, por la vía de los hechos y la naturalización de la desigualdad, la ley del más fuerte. La violación de derechos amerita una sanción de acuerdo con el marco legal vigente, también requiere la modificación radical del servicio público para que desde él no se vulneren las libertades ciudadanas; pero quizá el elemento más difícil de construir en el largo plazo es una cultura ciudadana que vuelva visible cualquier violación a los derechos, aunque no nos toque de manera directa. De esta manera, el reto consiste en encontrar dispositivos para la sensibilización que resulten atractivos para el gran público y que a la vez capturen con objetividad la gravedad de las violaciones a derechos que ocurren todos los días. Un vehículo privilegiado para dicha tarea es el cine, ya que establece un vínculo discursivo, emocional y empático entre quienes observan las narraciones ficticias o documentales que tienen perspectiva de derechos humanos y quienes las crean para su discusión en el espacio público. Pensemos, por ejemplo, en toda la filmografía sobre el exterminio de personas judías durante la segunda Guerra Mundial y en cómo ésta ha modelado nuestra comprensión de lo que significa experimentar un daño a la integridad personal en ausencia de protecciones legales. Para narrar el mal asociado al periodo histórico que convencionalmente denominamos holocausto se ha establecido una relación entre los mecanismos de preservación de la memoria y el intento del totalitarismo nazi –en muchos casos exitoso– de erradicar toda evidencia de sus crímenes y sumergir a las víctimas en el olvido. En esta relación problemática, la carga moral se deposita sobre la persona sobreviviente, quien debe asumir voluntariamente el papel de narradora y restablecer el espacio de comunicación. Muchos sobrevivientes –como el escritor italiano Primo Levi– asumieron con valentía la tarea narrativa, reconociendo que el trauma fue definitivo en sus vidas pero también que evitar la recurrencia del totalitarismo dependía de una preservación de la memoria y de su escrutinio público, tanto por parte de los historiadores profesionales como de la sociedad en general. Otros sobrevivientes, en cambio, no soportaron la carga que sobre ellos se depositó y eligieron el silencio –e incluso el suicidio, como el propio Levi. Es esta renuencia a participar en el diálogo la que plantea la pregunta sobre cómo hacer inteligible en términos morales, y a manera de una narración, un periodo de la historia

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que se caracterizó por su falta de sentido moral. Las narraciones sobre el holocausto enfrentan el reto de lograr la fidelidad histórica e incorporar la fuerza ilocucionaria suficiente para convertirse en objeto de debate. En este sentido, es necesario situarse críticamente en relación con los dos extremos: la posibilidad de que sea inmoral cualquier tipo de representación del mal que el mundo conoció en Auschwitz y lo que significa una descripción adecuada y moralmente respetuosa del dolor. En el nivel de la comunicación masiva, y de acuerdo con la filósofa canadiense Carol L. Bernstein,1 Shoa –película dirigida por Claude Lanzmann en 1985– y La lista de Schindler –dirigida por Steven Spielberg en 1993– constituyen los extremos que constriñen el debate. En la primera, los trenes llegan a las puertas de Auschwitz y otros campos de concentración, pero lo que la cámara encuentra sólo son ruinas, los restos de la historia. A partir de este punto, la narrativa continúa, pero la representación se detiene: la prohibición de los registros visuales incrementa la carga sobre la narrativa. En cambio, La lista de Schindler desatiende la prohibición y nos lleva más lejos de lo que cualquier otra película previa se había atrevido al ingresar el lente en la recreación de las cámaras de gas. Ambas conservarían un estilo narrativo directo y asumirían que lo que muestran en la pantalla se vincula con los recuentos verbales: la primera negándose a recrear el pasado en imágenes y la otra apropiándose del discurso verbal para convertirlo en visual. Ahora bien, la época que nos tocó vivir –el tiempo de los derechos, según la caracterización del filósofo italiano Norberto Bobbio– presenta una peculiaridad en cuanto a las formas de daño que en el pasado podían hacerse desde el autoritarismo o el silencio cómplice. Hoy, los medios electrónicos de comunicación han generado una visibilidad que sitúa a las violaciones a derechos humanos en la esfera pública mundial, de tal manera que, por ejemplo, las represiones a las manifestaciones estudiantiles en China pueden ser seguidas en directo desde México con sólo conectarse a internet. La posibilidad de atraer la atención pública mundial sin duda ha evitado que este tipo de abusos llegue a extremos de violencia que en el pasado ocurrían sin que nadie se percatara más allá de las fronteras nacionales. En este nuevo panorama, el cine ha reinventado su relación con el espectador, al volverse testigo de los modos de daño pero también al plantear alternativas para superarlos. Por una parte, la documentación de violaciones a derechos humanos puede hacerse hoy a través del video digital, lo que representa un abaratamiento del proceso de producción de una película pero también una velocidad de respuesta que no existía en el pasado. Así, por ejemplo, las revueltas que integraron la llamada Primavera árabe nos llegaron fragmentadamente a través de videos alojados en Twitter, YouTube o Facebook. Y en este momento hay muchos jóvenes directores organizando dicha

*Doctor en filosofía moral y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa y asesor de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Véase Carol L. Bernstein, “‘Happy Endings’/ Unendings: Narratives of Evil”, en María Pía Lara (ed.), Rethinking Evil. Contemporary Perspectives, Los Angeles/ Londres, University of California Press, 2001, pp. 225-237 1

vez

Somos testigos cómplices del arte joven que es el cine, que a sus más de 100 años de existencia se ha revelado como una excelente herramienta para promover y defender a los derechos humanos

Cine y derechos humanos

información para dar su versión a través de documentales; también están aquellos cineastas que se sienten más cómodos con la ficción y que se encuentran articulando guiones que servirán de soporte para películas que veremos con el mismo interés crítico. Además, tenemos la posibilidad de compartir estas obras cinematográficas a través de los medios electrónicos, de tal manera que cada vez es menos difícil que un documental realizado, por ejemplo, por un estudiante de cine en China sobre la represión en la época de la Revolución cultural sea exhibido en una pantalla mexicana, y que se genere una discusión sobre nuestras propias modalidades de represión y revisionismo histórico. La capitalización de todos estos cambios tecnológicos e innovaciones en la sensibilidad de las personas espectadoras no sería posible sin espacios de encuentro y difusión como las cinetecas, los festivales de cine y, por supuesto, las conexiones a internet, que permiten estar al tanto de las novedades cinematográficas desde nuestros propios hogares. Aventurar el futuro del cine de derechos humanos –podría ya hablarse provisionalmente de un género– es un tópico que mueve al optimismo acrítico o al pesimismo descarnado. Pero, quizá, la actitud más sensata sea la de la curiosidad hacia las nuevas formas narrativas que se desplegarán a través del cine para echar a andar nuestra imaginación moral y así compartir la posición –mediante la ficción o el documental– de quienes han experimentado violaciones a sus derechos humanos. En este sentido, nos situamos en la posición del testigo cómplice en relación con las transformaciones positivas de este arte joven que es el cine, a sus más de cien años de existencia, el cual se ha revelado como una excelente herramienta para promover y defender los derechos humanos. H

ósca

Una alianza narrativa

Lunes 6 de mayo de 2013 o 19

El tiempo baja de 40 a 20 días en el país

Eliminan arraigo en el DF y crean la figura de detención con control judicial SONIA BLANQUEL

Ante las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos durante la ejecución de esa práctica, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la eliminó Mónica Salguero

n atención a los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y de diversos organismos civiles, así como de las iniciativas presentadas recientemente por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la derogación del arraigo. El proyecto derogó el artículo 270 bis del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal; asimismo adicionaron al artículo 270 bis 1, por el que se crea la figura de detención con control judicial. Ambas propuestas fueron presentadas por los partidos Nueva Alianza y del Trabajo. Cabe destacar que también se abrogó la Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. Al respecto, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, reconoció que la iniciativa es un paso para dar fin a un acto arbitrario y su aprobación significaría colo-

car a la ciudad de México nuevamente a la vanguardia al señalar que es mejor que la propuesta que se presentó a nivel federal al incluir la herramienta del control judicial. En el ámbito federal, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 16 constitucional por medio del cual el arraigo sería acotado de 40 a 20 días y se aplicará en investigaciones sobre delitos de delincuencia

Presentan iniciativa de ley de centros de reclusión locales Mónica Salguero

ntegrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentaron una iniciativa de Ley que busca la reinserción social de los internos, con respeto a la dignidad humana y sus derechos fundamentales como el empleo, entre otros.

Debido a la problemática que priva al interior de las cárceles y con el propósito de impulsar la reinserción social, la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó la iniciativa de Ley de Centros de Reclusión para la Ciudad de México. La propuesta establece, en

más de 200 artículos, el servicio profesional de carrera penitenciaria, impulsar la inversión privada para proporcionar empleo a los internos, modernizar el sistema de aduana y crear un comité multisectorial que vigile el cumplimiento de la norma. La iniciativa contempla la reforma constitucional en

organizada. Ahora pasará al Senado para su análisis y eventual aprobación. Sobre el particular, José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch Latinoamérica, rechazó esta reforma constitucional al calificar el arraigo como un “incentivo perverso” que favorece la construcción arbitraria de culpables y atenta contra la presunción de inocencia. H

materia derechos humanos de 2011, así como la reforma constitucional penal de 2008. Esto con el fin de que la reinserción social se fundamente en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, la seguridad, y la integridad física y moral. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró que el proyecto de ley es un excelente inicio para lograr cambios en el corto, mediano y largo plazo en el sistema penitenciario, mismo que representa un foco rojo

que lleva más de 25 años sin resolver. En tanto, el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, enfatizó que el objetivo de la iniciativa es certificar todos los procesos del sistema penitenciario. En la presentación estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, Oliva Garza de los Santos; el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias el coordinador del PAN, Federico Döring y la subsecretaria del Sistema Penitenciario local, María Mayela Almonte Solís. H

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20 o Lunes 6 de mayo de 2013

Trabajo doméstico

¿Mujeres invisibles?

ernesto gómez

Marcelina Bautista, fundadora del Centro de apoyo y Capacitación para empleadas del hogar

Somos esas mujeres que se esconden en la intimidad de tu casa. Sabemos dónde están las cacerolas, pero también conocemos las risas, y a veces las lágrimas, que se escuchan en tu hogar. Cuidamos de tus valiosos objetos, de ti, de tus hijos... De ninguna manera somos invisibles y merecemos lo mismo que tú: un trato digno

Marcelina Bautista Bautista*

ocío se levanta diariamente a las 4:30 horas. Se alista, prepara las cosas de la casa y sale a trabajar. El camino es largo: toma dos autobuses, el Metro y otros dos microbuses. Llega a su trabajo cerca de las 9:00 horas y en ese momento comienza su jornada laboral. La señora de la casa le deja todos los encargos enlistados. Tiene que recoger la casa donde viven cuatro personas –el matrimonio y dos adolescentes–, meter la ropa a lavar, hacer camas, sacudir, lavar tres baños, y eso es sólo el comienzo. Después viene la cocina: limpiarla, preparar el menú del día y, ya que comieron los patrones, dejarla como si nada hubiera pasado. Para terminar, pone la mesa y limpia los vidrios cuando no le toca planchar. Ella come parada en la cocina, sólo habla con la señora lo necesario, para recibir órdenes, y muy pocas veces de los tres días que trabaja en

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esa casa sale antes de las 7:00 de la noche. No tiene prestaciones; si alguno de sus dos hijos se enferma no cuenta con un seguro que la apoye, desconoce sus derechos y gana mucho menos de lo que vale su trabajo. Rocío es una de casi dos millones de mujeres que trabajan en nuestro país en condiciones poco amables, sin mencionar a miles que sufren vejaciones, abusos y discriminación. Su trabajo constituye una fuerza laboral importante que aporta a la economía y mantiene a miles de hogares; sin embargo, ni siquiera está contemplado como un trabajo formal. Debido a su naturaleza privada, parece que a los gobiernos se les dificulta regular los derechos y obligaciones del trabajo doméstico. ernesto gómez En nuestro país estos derechos son nulos. La nueva reforma laboral no los consideró plenamente; apenas reguló los descansos, pero no consideró las jornadas de trabajo, que suelen exceden las 10 horas diarias.

MISIÓN TRASCENDENTE Las actividades que se realizan en casa podrían parecer poco complicadas, pero basta pasar un día realizando exclusivamente éstas para entender lo demandante que es el cuidado de un hogar. Y basta ver estadísticas para comprobar lo injusto que puede ser el trato hacia quienes lo realizan: desde el uso de apelativos peyorativos –como chacha o sirvienta– hasta el abuso sexual y maltrato psicológico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, en México existen 2 315 330 personas trabajadoras del hogar, de las cuales 2 098 146 son mujeres y 215 184 son hombres. En el Distrito Federal suman 211 615 personas, 191 470 mujeres y 20 145 hombres; y en el Estado de México hay 333 479 personas dedicadas a esta labor, 311 760 mujeres y 21 719 hombres. Esto significa que, de cada 10 personas trabajadoras del hogar, nueve son mujeres. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) surgió en 2000 como un espacio autónomo e integrado por y para las empleadas del hogar de nuestro país. Desde entonces ha buscado construir un lugar propio para la convivencia, pero sobre todo de aprendizaje para la mujer trabajadora y empleada del hogar. Su misión es promover y defender los derechos humanos, entre los que se incluyen los laborales, de las empleadas del hogar, y su mayor reto se basa en lo que se llama el “mundo del trabajo doméstico y la cultura que lo rige”, caracterizado por reproducir la creencia de que el trabajo en casa es exclusivo de mujeres. Las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar generalmente son malas y no son respetados sus derechos humanos laborales, de los que deberían gozar por ley. Por ello CACEH propone una nueva concepción del trabajo doméstico remunerado para lograr una cultura basada en la reciprocidad entre derechos y obligaciones; busca que se valore a este gremio y se compartan responsabilidades entre hombres y mujeres, y que el Estado y la sociedad reconozcan la contribución económica de esta actividad a nuestro país y ofrezcan las condiciones necesarias para el respeto pleno de los derechos de las empleadas del hogar y las amas de casa. Para referirse a los derechos y obligaciones laborales es importante entender el trabajo como un derecho humano y un deber social reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales. Este derecho exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo realiza y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un ingreso digno para la o el trabajador y su familia.

datos

CACEH l Medellín 33, col. Roma, México, D. F. Tel: 5207-5466. Twitter: @untrabajodigno Facebook: Caceh Centro de Apoyo

l Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar <http://www.conlactraho.org>

l Red Internacional de Trabajadoras del Hogar <http://www.idwn.com>

A partir de la formalización de CACEH como asociación civil ésta se ha fortalecido institucionalmente para seguir trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos laborales de dichas mujeres. A lo largo de sus 13 años, ha logrado un buen nivel de convocatoria para sus distintas actividades (capacitación, bolsa de trabajo, difusión, etc.), y ha implementado la colocación laboral de empleadas de hogar, siempre buscando las mejores condiciones de trabajo para ellas. Además, tiene alianzas con organizaciones afines para la promoción de una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo del hogar, la cual ya ha sido entregada a diputados federales. Y a nivel internacional, está afiliada a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho).

LA VIDA NOS ENSEÑA La lucha de CACEH inicia con la lucha de Marcelina Bautista, su fundadora, quien a los 14 años de edad migró a la ciudad de México para trabajar y apoyar económicamente a su familia. Sus vivencias de maltrato, discriminación, largas y extenuantes jornadas de trabajo, abusos y bajo sueldo la hicieron concientizarse de la situación en que, como ella, se encuentran miles de trabajadoras del hogar. Desde la Juventud Obrera Cristiana algunas de ellas empezaron a organizarse, y en enero de 1987 crean el primer grupo de trabajadoras del hogar en México para participar en el primer encuentro latinoamericano de trabajadoras del hogar (hoy Conlactraho); ahí se estableció el 30 de marzo como el Día internacional de las trabajadoras del hogar, con el fin de divulgar las condiciones laborales de este grupo en la región. En 2000 surge el proyecto de capacitación para las empleadas del hogar sobre derechos laborales y reproductivos, para impulsar un programa de difusión de éstos en parques públicos, conformar un sindicato y trabajar con otras organizaciones para lograr la reivindicación y el reconocimiento de estas personas y la indispensable labor que realizan. Hoy la misión de CACEH ha traspasado fronteras. Su historia representa de alguna manera la de miles de ellas: una lucha constante para que las trabajadoras del hogar dejen de ser invisibles y sean consideradas como lo que son: personas que trabajan y merecen los mismos derechos que cualquier trabajador. H *Fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), A. C. De origen mixteco, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito del trabajo en el hogar, primero como trabajadora y ahora como coordinadora regional de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar para América Latina. De 2010 a 2012 fue secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho). En 2006 ganó el premio Hermila Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su trayectoria en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Actualmente coordina la campaña Por un trabajo digno: Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras”, para impulsar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Estado mexicano

Lunes 6 de mayo de 2013 o 21

ANTONIO VáZQUEZ

Ponte los guantes, campaña

Sin beneficios laborales, 76% de las empleadas del hogar Luis Alberto Linares Cubillas

Artículo 11

Valeria López Vela*

ara ellas no hay reconocimiento legal, social y muchos menos económico. A pesar de que desempeñan un rol fundamental para el bienestar familiar padecen las peores formas de discriminación. Su esfuerzo y trabajo no son valorados. Por menos de 60 pesos al día, a veces por unas cuantas monedas, tienen que enfrentar la violencia de género, familiar y sexual para no ser despedidas. Para las empleadas del hogar no hay derechos, son invisibles. A pesar de esta situación, las cifras oficiales indican que en México hay 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 211 mil se encuentran en el Distrito Federal, nueve de cada 10 son mujeres –2.1 millones frente a 100 mil hombres–, 76% no tiene beneficio laboral alguno, siete de cada 10 ganan alrededor de 126 pesos al día en jornadas que rebasan las 11 horas, 83% se dedica al aseo en hogares y el resto trabaja cuidando personas, lavando y planchando o como choferes o cocineros. Ante este panorama sombrío, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (Conapred), lanzó la campaña Por un trabajo digno: Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y ejercer presión para que el Senado de la República ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que se dé certeza jurídica a los derechos de las trabajadoras del hogar. En 2011, el gobierno federal firmó el Convenio 189, pero no ha sido ratificado por el Senado; como resultado, las trabajadoras del hogar no cuentan con un marco jurídico que les garantice sus derechos básicos.

TRABAJO ESCLAVIZANTE Para el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, entre las y los patrones y las personas trabajadoras del hogar existen condiciones de explotación, servidumbre y esclavitud. “Por eso ‘nos hemos puesto el guante’ para acompañar esta campaña en la que es fundamental la participación de todos”, expresó. Por su parte, la directora del CACEH y también secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, Marcelina Bautista, resaltó que México está atrasado en el reconocimiento de los derechos de este sector, a pesar de que en uno de sus informes la OIT reportó que América Latina es la zona geográfica del mundo que más ha avanzado en los derechos de las trabajadoras.

Al respecto, Rosario Ortiz, de la Red de Mujeres Sindicalistas, recordó que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar lleva por lo menos 20 años. Finalmente, la directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas de Conapred, Sonia Río Freije, exhortó al Senado a ratificar el Convenio 189. Explicó que dicha acción obligaría a reformar las leyes General del Trabajo y del Seguro Social, en beneficio de los derechos de miles de trabajadoras.

POR UN TRABAJO DIGNO La campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar tiene previstas diversas etapas, entre ellas, jornadas de difusión y sensibilización en espacios públicos como parques y puntos de encuentro –comenzando en el Bosque de Chapultepec, en la ciudad de México– y manifestaciones en la sede del Senado de la República. H

¡Salud para todos ya! Claves sobre este derecho

ay cosas que damos por supuestas: asumimos que al girar el grifo correrá agua; pensamos que es normal que la naturaleza siga sus ciclos; creemos que las personas habrán de cumplir la palabra dada; vivimos como si la salud fuera una garantía. Nada más efímero. Así, el acceso a un sistema universal y de calidad de salud no es un asunto que pueda postergarse “para cuando haya presupuesto”. Me parece que la ecuación se lee a la inversa: para que haya desarrollo en un Estado, es decir, para que las y los ciudadanos puedan contribuir al crecimiento nacional, es indispensable que tengan una mejor calidad de vida, aspecto que desde luego incluye a la salud. En esta línea, el Estado tiene la obligación de ejecutar acciones para fomentar aquellas prácticas culturales que favorezcan la salud pública, como intervenciones directas para frenar actos que merman los derechos de las personas. Sería un error no incluir mecanismos reforzados de protección a favor de grupos en situación especial de vulnerabilidad. EL ESTADO COMO ARQUITECTO DE LAS ELECCIONES Cada vez son más las voces que piden a los

Estados intervenir en la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos que protejan la salud para así procurar que las y los ciudadanos estén mejor. En su libro Nudge: Improving Decision about Health, Wealth and Happiness (Penguin, 2009), Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler insisten en que los Estados, además de diseñar políticas públicas adecuadas, deben influir positivamente en las decisiones médicas de las y los ciudadanos, asegurando que éstos cuenten con la información que les permita elegir aquellas opciones que generen mejor impacto en sus derechos. Esto se traduce en políticas mínimas como retirar el salero de los restaurantes, pero llega hasta la obligatoriedad del Estado de asegurar de manera universal el derecho a la salud. El Estado, como arquitecto de decisiones, tiene la responsabilidad de favorecer un contexto y los espacios culturales propicios para fomentar que las decisiones de las y los ciudadanos sean las más adecuadas, ya que finalmente éstos tienen la libertad de aceptar o rechazar las propuestas sociales. LA SALUD NO PUEDE SER UN LUJO Por otra parte, el Estado no puede perder de vista la imperiosa necesidad de la ciudadanía: todas y todos, sin excepción, deben contar con

el respaldo de un sistema de salud eficiente y de calidad. Es evidente que en México la salud es un tema de privilegio: hay enfermos, médicos y hospitales de primera y de segunda. Por ello es necesaria una reforma efectiva que realmente proteja a las personas en situación de vulnerabilidad, que limite las despiadadas prácticas mercantiles de las aseguradoras y que, al mismo tiempo, resuelva la mala distribución de los médicos, los recursos y los centros de salud públicos. EL CASO DE LAS MUJERES El caso de las mujeres reclama voluntad política para dar un paso importante en la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, se debe eliminar la diferencia de costos entre los seguros de hombres y de mujeres, pues obviamente constituye un acto de discriminación; el trato que dan las aseguradoras privadas a las llamadas “preexistencias” y los sobreprecios por cierta condición biológica –ser mujeres– son prácticas que deben suprimirse. El Estado mexicano debe frenarlas, ya que van en contra de los principios de nuestra Constitución y del amplio cúmulo de obligaciones internacionales en la materia. H * Médico. Coordinadora del Centro Anáhuac-Sur en Derechos Humanos

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22 o Lunes 6 de mayo de 2013

jesús quintanar

“Las heridas del pasado

Paco Ignacio Taibo II

no pueden sanar si los responsables no son llevados a prisión” El escritor considera que en la sociedad mexicana los derechos humanos no son respetados y que existen continuas violaciones a la dignidad de las personas por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno

por Abraham Cornejo

aco Ignacio Taibo II considera que en la sociedad mexicana los derechos humanos no son respetados y que existen continuas violaciones a la dignidad de las personas por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Para algunos países sudamericanos su futuro dependerá de cómo entiendan su pasado. Hoy Argentina está pasando por un proceso de enjuiciamiento a ex presidentes y ex militares responsables de los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la década de los setenta. Para el escritor Paco Ignacio Taibo II, una de las voces más críticas de la literatura en México, nuestro país debería hacer lo mismo porque “hay cantidad de heridas históricas que no pueden sanar mientras los culpables no sean reconocidos como tales y llevados a la cárcel”. En entrevista para DH, Paco Ignacio Taibo II consideró que en la sociedad mexicana los derechos humanos no son respetados y que existen continuas violaciones a la dignidad de las personas por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno. El encuentro para hablar de derechos humanos tuvo lugar un domingo soleado, familiar y ciclístico, como ya es costumbre en los carriles centrales del Paseo de la Reforma, donde ese día también destacaba el tianguis de libros, organizado por la asociación civil Para Leer en Libertad, brigada cultural que impulsa Paco Ignacio desde 2010, dedicada a organizar ferias de libros y vender ejemplares a precios bajos o muy accesibles para todo público, además de presentar autores. “Resulta que algo que se daría por obvio, que es el respeto a los derechos humanos, están siendo violados. No están siendo respetados en nuestra sociedad. Hay continuas violaciones por parte del aparato del Estado a niveles locales,

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estatales, regionales”, subrayó el escritor y promotor de la lectura. Ante quienes critican a las comisiones de los derechos humanos por defender delincuentes, enfatizó: “la Comisión de Derechos Humanos, particularmente en el Distrito Federal, ha tenido a lo largo de estos últimos meses unas intervenciones muy acertadas y desde luego no defienden delincuentes. Defienden ciudadanos a los que se les limitan sus derechos”. Con respecto a la situación de la educación en México, tema que ha seguido y trabajado de cerca, Paco opina “las políticas de fomento a la lectura son un desastre y tenemos que implementarlas desde la sociedad civil para que funcionen” tal y como él lo realiza con su brigada cultural. Al concluir su participación en una de las presentaciones de libros, el autor de crónicas, novelas históricas y policiacas camina entre los puestos de la feria sin dejar de autografiar ejemplares. La gente le demuestra admiración por su obra literaria, pero sobre todo, por su particular forma de narrar la historia de México, en obras como El Álamo, Francisco Villa. Una biografía narrativa, El cura Hidalgo y sus amigos, entre otras. Taibo II viste cómodo, fiel a su estilo, trae unos jeans y una playera tipo polo de una televisora internacional. Antes de iniciar la entrevista exige sus cigarrillos muy delicados, oscuros con filtro y su refresco de cola, pero aclara que le quita la etiqueta roja para no hacer publicidad.

La reforma educativa: una broma Acerca de la reforma educativa dispara: “me parece una broma, lo único que crea es un aparato burocrático autoritario para juzgar a los profesores” y considera que se debería “recoger la experiencia viva y rica que hay desde abajo, producto de la educación que se está dando en México”. Para el autor de la serie de libros sobre el detective Belascoarán, uno de los más conocidos de la narrativa mexicana, el problema no radica en detener a la lideresa magisterial, porque mientras no se haga lo mismo con los otros sindicatos no habrá solución. Actualmente Paco Ignacio Taibo II lee la novela Salvajes de Don Winslow, una visón sombría de los carteles más poderosos del mundo, los mexicanos; un libro de historia de Tom Holland, acerca de la caída de la república romana; y otra novela histórica de Alfonso Trueba sobre el Imperio de Iturbide en México. Adelantó para los lectores de DH que su próximo libro tratará sobre la represión de la cual fue objeto la comunidad yaqui en el estado de Sonora, durante el régimen de Porfirio Díaz. Defender la protesta social Antes de concluir, Paco Ignacio Taibo II asegura que los defensores de derechos humanos “tienen un chorro de trabajo”, ya que un día antes de la entrevista habían detenido a Felipe Rodríguez Aguirre, líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), en el Estado de México, bajo los cargos de ataques a las vías generales de comunicación, asociación delictuosa y pandillerismo; Rodríguez Aguirre quedó en libertad posteriormente, por no habérsele comprobado los dos últimos casos; sólo pagó una fianza por la acusación de ataques a la vías de comunicación. Por lo anterior, Taibo II advirtió: “no vamos a permitir que ilegalicen la protesta social. Las carreteras, las calles, las ciudades son nuestras, no son de ellos, ellos nada más gobiernan en su nombre ni siquiera en el nuestro”. DH

Lunes 6 de mayo de 2013 o 23

Breves Cerca de Campo Marte

Polémica por Memorial a las Víctimas de la Violencia Con el fin de que no queden en el olvido las personas que han perdido la vida por la criminalidad en el país, el gobierno federal inauguró el Memorial a las Víctimas de la Violencia. Dicho monumento, construido en las inmediaciones del Campo Marte, en Chapultepec, ha provocado polémica entre las asociaciones de víctimas por haber sido construido sobre suelo de uso militar. El vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, consideró “una contradicción inaugurar un monumento en un acto administrativo, con estelas sin los nombres de las víctimas, en un campo dedicado al dios de la guerra, frente al monumento que Felipe Calderón mandó hacer para los soldados y policías muertos”. Es por eso que el movimiento pide la transformación de la Estela de Luz en el Memorial a las Víctimas de la Violencia. La petición se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto, a las distintas fuerzas políticas así como a instituciones educativas y culturales.

Tania Ramírez Hernández**

SCJN

Para evitar que se violen los derechos de las personas indígenas en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un protocolo para juzgarlas cuando comentan algún delito. El documento denominado “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas” contempla seis derechos básicos que deberán atender jueces y magistrados: a la no discriminación; a autodefinirse como indígena; a mantener, desarrollar y controlar sus propias instituciones; respeto a su cultura; protección especial a sus territorios y recursos naturales; y participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte. Para esta determinación el Poder Judicial de la Federación tomó en cuenta la reforma constitucional a los derechos humanos de 2011, leyes nacionales y tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Campaña Artículo 19

Agresiones a la libertad de expresión

Para que los casos de periodistas asesinados como los de Regina Martínez, Daniel Martínez Bazaldúa, Jorge Carrasco, Armando Rodríguez no queden en la impunidad, la organización Artículo 19 impulsa la campaña #impunidadmata. El objetivo principal es proteger a los periodistas mexicanos, así como el derecho de la sociedad a la información. Una de sus acciones consiste en presionar para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) obtenga las facultades legales para ejercer su mandato y adquiera su compromiso. En ese sentido la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló la necesidad de que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes para sancionar a las personas responsables y se garantice la seguridad e integridad personal de las y los periodistas.

Hablemos bien, tratemos bien*

Elaboran protocolo para garantizar derechos de indígenas

Hablar de violencia con palabras no adecuadas puede ser tanto o más violento que lo que se describe

as palabras conforman nuestra concepción del mundo. Son el resultado de una serie de operaciones mentales e históricas a través de las cuales eso que es es mirado de una particular manera. Al nivel de la existencia, las cosas son y punto; pero para poder pensarlas, el ser humano debe percibirlas, mirarlas y entenderlas de una cierta manera. Por mucho tiempo, la filosofía ha desentrañado esta compleja relación y ha intentado dar elementos para poder saber si en el proceso de la comprensión las cosas permanecen tal y como son realmente. Por ejemplo, el mito de la caverna, de Platón, plantea esto también: si alguien que nace y crece en una caverna, sin contacto con el mundo “real”, pasa toda su vida observando una representación de títeres y sombras, ¿tenderá a pensar que la realidad es eso que ve? Este mito ha sido empleado muchas veces para ilustrar cómo el pensamiento de las personas está “cautivo” por el entorno que las rodea, pero también para quitar el velo de una importante cuestión: quizá las cosas no son siempre, real y totalmente, como las pensamos. Algo así como la película Matrix y lo que le pasa a Neo, su personaje, para poder renacer a una realidad que le revela que siempre vivió en una realidad que sólo se percibía como tal, pero sin serlo. Por eso nuestra relación con la realidad y con el mundo está mediatizada por las ideas, las palabras y las concepciones; porque a través de éstas es que podemos “digerir” o asir la realidad; aprenderla pero también aprehenderla. De una manera dinámica (dialéctica, también le han dicho) las ideas y las palabras se relacionan con la realidad: a veces la realidad material determina a las palabras –un ejemplo podría ser la palabra cacareo, determinada por un sonido real emitido por un ave, animal real–; pero otras veces es la idea o la palabra la que determina la realidad –un ejemplo podría ser la palabra judío, que por mucho tiempo implicó desprecio o peligrosidad, al grado de intentar erradicar a ese pueblo–. Por cierto que incluso el cacareo de las aves, dependiendo del lugar y el idioma en el que se describa, puede variar de quiquiriquí a kikirikí o a cocococò. Las formas de percibir y describir algo muy concreto pueden variar mucho, dependiendo de varios elementos. Por cierto que la palabra judío no siempre describió al enemigo ni siempre quiso decir peligro y riesgo para las personas que profesaran esta religión. El hecho de que eso haya cambiado es la mejor prueba de que puede cambiar. Si esta relación entre palabras y realidad puede variar, tenemos todo el derecho a soñar y a trabajar para que varíe y cambie esa relación desigual con la que nuestra cultura propicia discriminación o vulneración de derechos. Vale la pena preguntarse si en el miedo al otro hay mucho de percepción y no tanto de realidad; vale la pena preguntarse si ese miedo al otro podría llevarnos a situaciones de separación, alejamiento, proscripción o prohibición. Vale la pena preguntarse si la persona en la caverna de Platón está más segura adentro que afuera. Vale mucho la pena pensar en estas cosas de cara al discurso de la seguridad en el que la realidad puede empezar a ser percibida y descrita de maneras no siempre convenientes, de las que hay que estar muy al tanto. “SEGURIDAD” Y DISCRIMINACIÓN En los últimos meses han trascendido algunas historias que parecerían insólitas, pero que empiezan a ser más y más comunes. Una persona planea un viaje, compra el boleto de avión correspondiente, llega al aeropuerto en tiempo y forma, se acerca al área de abordaje y al intentar ingresar no puede tomar el vuelo. Esa persona es una persona adulta mayor y se le niega el acceso porque va con su tanque de oxígeno; y para justificar tal negación, se aluden motivos de seguridad. Un parque de recreaciones, grupos de amigos y familias

paseando y disfrutando. En uno de los juegos o atracciones se le niega el acceso a una sonriente persona que quiere ingresar, pese a haber comprado su entrada como corresponde y como todas las demás personas; se le niega pese a que nada en su comportamiento en el parque ha sido violento, irresponsable o incorrecto. Esa persona vive con síndrome de Down y para justificar la negación de acceso al juego se aluden motivos de seguridad. En un muy rápido viaje por las últimas noticias, esas que no tienen demasiado foco, se puede saber de conciertos suspendidos, negación de mítines en las calles o cuentas de correo canceladas “por motivos de seguridad”. También por estos motivos una o un músico no podrá subir a la cabina de los aviones con su instrumento –podrá documentarlos como equipaje, pero ahí no se garantiza su seguridad ni su integridad, claro–. ¿Verdaderamente es más seguro que un señor que necesita, vitalmente, oxígeno entre en un vuelo sin éste? ¿Para quién o para qué intereses, exactamente? El discurso de la seguridad está minando poco a poco nuestra capacidad de asumir y celebrar la diversidad, está generando desconfianza e inseguridad hacia lo otro, hacia lo que se aleja de la norma… y esa norma es cada vez más estrecha. Como dice Villoro: “la mirada ajena nos determina, nos otorga una personalidad [...] nos envía una imagen de nosotros mismos. El individuo se ve entonces a sí mismo como los otros lo miran”. Si permitimos que la mirada de la otredad esté enraizada en el miedo –porque “por motivos de seguridad” todo debe ser de una sola forma–, entonces estaremos irremediablemente en el umbral de una puerta que cualquiera de nosotros, eventualmente, no podremos pasar; y nos habremos convertido en el otro, el enemigo, el proscrito. HABLAR DE SEGURIDAD Describir hechos conflictivos y violentos con las palabras no adecuadas puede ser tanto o más violento que lo que se describe. Los medios y también las personas somos responsables de cómo se describen las cosas y cómo esa descripción determinará el pensamiento de quien las reciba. Hablar de que el 1 de diciembre pasado hubo vándalos, violencia, bombas y actitudes terroristas predispone un ambiente de temor e inseguridad; además de posibilitar excesos en el uso de la fuerza. Hace poco mi alumna Izamal hizo un análisis desde la antropología de la violencia, de cómo en Atenco algunos medios televisivos usaron un lenguaje que llamaba al encono de las fuerzas policiales y reforzaba la idea de que los habitantes manifestados debían ser reprimidos con urgencia. Este tipo de discursos son el germen de percepciones erróneas que pueden propiciar más conflictos y apreciaciones parciales e inadecuadas. El lenguaje que elegimos para hablar de seguridad debe estar acompañado del intento de invocarla desde el respeto a las diferencias y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Un claro ejemplo es la diferencia que marca la idea de “seguridad humana” como aquella que prioriza la seguridad de vida de las personas –con alimentación, vivienda, salud y educación– más que las razones del Estado o la defensa de un sistema o un territorio. La verdadera seguridad está esperando para ser entendida como la garantía de derechos, en la que no haya necesidad pero tampoco miedo. H *Sección dedicada a la relación entre el lenguaje y los derechos humanos, la cultura y las prácticas humanas y sociales que implican **Lingüista/literata derivada en derechohumanera. Directora de la carrera de Derechos humanos y gestión de paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana; integrante de hijos México y de La Cabaretiza. Estudió letras hispánicas en la UNAM y tiene un doctorado en Teoría de la literatura y lingüística en Madrid. Ha trabajado en diversos espacios de alfabetización, cuidado del medio ambiente, participación ciudadana y trabajo comunitario www.milenio.com

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24 o Lunes 6 de mayo de 2013

Se dice colombiana paisa porque nació en Medellín y no en la capital

Crecer con miedo no debe ser la realidad de ningún país: Danna García ANTONIO VáZQUEZ

entrevista Mariana Domínguez Vargas

reocupada por los derechos de la infancia, sobresale su defensa por que no trabajen a temprana edad, una experiencia que ella vivió desde pequeña al protagonizar comerciales y programas de televisión desde los siete años. Aunque su vocación viene de tener una madre y una hermana cantantes, sabe lo valioso que es que las y los niños jueguen, se eduquen, tengan un hogar, cuenten con familia y vivan en un país sin violencia. Y es precisamente este tema el que la acerca a varias fundaciones de apoyo a la infancia. Primero fueron las familias desplazadas; después, manifestándose por los cientos de muertos debido a las minas quiebrapatas que dejaban en la orfandad a miles de niñas y niños; y desde hace varios años, denunciando el abuso infantil. “He sido parte y soy parte activa de varias fundaciones, ahora formo parte de una que se llama Niños por un nuevo mañana. Me conmueve el tema del abuso sexual en los niños, quiero darles alas para que puedan volar y no cortárselas, trabajar por su dignidad, por el respeto a la infancia. Parece ser que lo que hacemos no es suficiente, eso mueve mi corazón, mueve mi mundo”, comenta Danna García en entrevista para DH. Al tiempo que entraba a la adolescencia e incursionó en telenovelas –Café con aroma de mujer, La casa de las dos palmas–, estos productos cambiaron de temática: las llamadas historias rosas o aquellas que destacaban la idiosincrasia de Colombia comenzaron a reflejar la realidad que vivía este país, lo que también modificó la forma de escribir guiones para telenovelas en América Latina. “Colombia es un país que lleva en guerra 50 años, ha sufrido mucha violencia. Las temáticas de la televisión tocaron temas fuertes, muy realistas; pensaron que el tema de narcotráfico, el tema de trata, la guerrilla, los abusos de los derechos humanos eran temas más comerciales que otros y se comenzaron a explorar más abiertamente”, señaló. Este boom en Colombia, y después en otros países que comenzaron a comprar series y telenovelas, también se reprodujo en libros y películas. Se convirtió así en una mina de oro para los guionistas que también vendieron derechos para que se programaran sus productos en todo el continente. Y Danna García, que era una de las actrices adolescentes más populares, fue llamada para actuar en espacios televisivos con esos temas. Ella explica que no quiso llenarse los bolsillos con dinero proveniente de telenovelas que destacaran a los narcos como héroes, que sobreexpusieran la violencia contra las mujeres, que hablaran a los jóvenes de un camino fácil que no fuese el trabajo y el estudio. “No he querido ser parte de la ola del tema

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del narcotráfico, de la explotación de la mujer, del abuso hacia la mujer. Me parece que hay una gran responsabilidad en lo que haces, que aunque sea una realidad o esté basado en hechos creo que los mensajes deben ser positivos. Debe haber una responsabilidad en lo que haces; así tú no lo sepas, así no lo creas, influyes mucho. Viví la experiencia de que en Colombia estas temáticas cambiaron la forma de ver la realidad entre niños y jóvenes, por eso no quise participar en esto”, afirma la protagonista de la telenovela Qué bonito amor. Y fue entonces cuando tomó la decisión de salir de Colombia, hace 17 años, en una época compleja en la que su país vivía crisis económica, hacinamiento y secuestros, y su campo de trabajo se veía disminuido frente a temas reales. Comenta que se dio la oportunidad de trabajar en México con la telenovela Al norte del corazón, y que la experiencia que le dejaron esos años fue que vivir y crecer con miedo no debe ser la realidad de ningún país. Sin embargo, Danna intentó postergar esta medida. Antes intentó quedarse a vivir en Colombia; ella y

su hermana impulsaron el grupo de pop Café Moreno, con el que grabó dos discos donde se destacaba el folklore y las letras exponían el habla popular. Ahora cantar para ella sólo es un hobby. “Hay que ser una persona digna, evolucionar; el cambio empieza en casa, el respeto a uno mismo, a quienes te rodeen, al país al que perteneces. Cuando no hay respeto se rompen muchas cosas; hay que respetar lo más básico, la prioridad debe ser luchar por los demás, luchar por tus sueños”, opina la actriz. Cuando cursaba la carrera de Administración de empresas viajó a la ciudad de Nueva York para estudiar teatro en Lee Strasberg Theatre and Film Institute, y regresaba a Colombia cuando terminaba proyectos en el exterior. También ayudó a su familia económicamente y ahora dice sentirse feliz porque ve a su país como una nación que ha salido adelante, que se ha recuperado, que es diferente del país en que vivió cuando era niña, que le ha hecho frente a la corrupción. Y por eso hay mucho que aprender de él, porque es ejemplo de lucha, afirma. Ha trabajado en cine, en televisión y en doblaje en películas, en diversos países y con distintas cadenas. Lo único que guía su actuación, dice, es hacer cosas que sean coherentes con las metas que se ha trazado. En opinión de Danna García, la televisión tiene una gran responsabilidad: se deben abordar temas que ilustren con mensajes positivos, que nos hagan ver que la prioridad debe ser luchar por los demás, por los sueños. Señala que los latinos tenemos una cultura guerrera que hay que sacar: “nos une el mismo corazón, somos un grupo de países luchadores, emprendedores, con ganas de crecer, de evolucionar, de mejorar, los latinos somos banda, nos une el sentido de familia”, dice esta actriz colombiana que ha vivido en diferentes ciudades del continente. Asimismo, afirma que ser actor es una gran responsabilidad, más que ser director, más que ser guionista. Por eso no hace cierto tipo de programas si el mensaje que llevan va en contra de su mensaje personal, si va en contra de ella; señala que los papeles que acepta deben tener algo que sea coherente con lo que es y vive: “quiero que la coherencia guíe mi carrera, la coherencia es una palabra clave para mí”. Danna es muy solicitada por varios productores, pero se mantiene selectiva en valores y causas que ahora encabeza: “en los medios se limitan en la forma al tocar el tema de abuso. Los actores tenemos la opción de escoger proyectos; quisiéramos, deberíamos impulsar y promover nuestros propios proyectos, tener la oportunidad de hablar a través de nuestro arte. Por eso me encanta el cine y el teatro que sí tienen abierta esta puerta; estos temas tienen voz, tocan fibras”, comenta para DH. Al término de su actual telenovela, Danna García permanecerá en México; hará una obra de teatro y promoverá la película El carrusel, que toca el tema de la corrupción en Latinoamérica. Vecinos que la ven y se detienen para confirmar que esta chica vestida en colores rosa y azul es la actriz colombiana cuentan que varias veces la han visto dar café a gente en la calle o frenar a los automovilistas que casi atropellan a adultos mayores de la zona de Polanco. Paralelamente a su carrera de actriz, seguirá trabajando en las fundaciones en que participa, poniendo especial énfasis en la denuncia del abuso hacia la infancia, grabando mensajes que llamen la atención para cuidar el medio ambiente, reciclando y “aporta[ndo] granitos de arena, el cambio de conciencia comienza por uno mismo, exponiendo las cosas que podemos mejorar”. A sus actuaciones en las telenovelas la revancha, Te voy a enseñar a querer, Corazón partido, La traición, Pasión de gavilanes, Qué bonito amor, y en las cintas Setenta veces siete, El cielo en tu mirada y El carrusel, se le sumarán obras de teatro, espacio donde dice que expondrá los temas que le preocupan y en los que ahora tristemente ve involucrados a niños y niñas de varios países latinoamericanos: que trabajen desde pequeños, que no vayan a la escuela y que se abuse de ellos, en proyectos donde, dice la actriz, pueda unir su trabajo y sus preocupaciones. H