Fontera Cero no10

Distribución gratuita

Publicación trimestral de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – www.cear.es

Nº 10 – Invierno de 2009 / 2010

El 20 de noviembre entró en vigor la nueva Ley de Asilo Mario Amorós El 20 de noviembre entró en vigor la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, tras su publicación el 31 de octubre en el Boletín Oficial del Estado y después de diez meses de tramitación en el Parlamento. Aunque esta ley incorpora algunas mejoras respecto al proyecto remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales el 5 de diciembre de 2008, a juicio de CEAR significa un retroceso evidente para el compromiso de España con el derecho de asilo y la protección de los refugiados.

La exclusión de los ciudadanos de la Unión Europea del derecho a solicitar asilo, la supresión del derecho a pedir el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas, el aumento de las causas de exclusión de la protección internacional, la ampliación de los plazos de detención en frontera, el establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo o la desaparición del reexamen (aspectos analizados extensamente en los tres números anteriores de FC) justifican el rechazo de la nueva ley expresado por Amnistía Internacional y CEAR en un comunicado conjunto difundido el 15 de octubre, día en que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó su texto definitivo.

Aquel día los grupos parlamentarios tuvieron la oportunidad de expresar su opinión por última vez ante el proyecto de ley. El primero en intervenir, tras rehusar hacerlo los diputados del grupo mixto, fue el de Esquerra Republicana-Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya Verds por medio de Joan Tardà, quien se refirió de manera muy crítica a la nueva ley y recordó que la memoria del exilio republicano y antifascista exige que España sea tierra de acogida para los seres humanos que hoy se ven forzados a emprender los caminos del exilio.

Minorías parlamentarias.- Los restantes grupos (PNV, CiU, PP y PSOE) subieron a la tribuna para apoyar esta reforma legal. Emilio Olabarría, del PNV, admitió que debatían “una ley que afecta al núcleo esencial del sistema de libertades públicas y derechos fundamentales, una de esas leyes de nervio que quizás deberían tener más relevancia mediática y seguramente despertar más interés político en los debates en esta Cámara…”. Aunque anunció el voto positivo de su grupo, Olabarría expresó sus reservas ante la exclusión de los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo en España.

M. Amorós El 23 de octubre los líderes de la Unión Africana (UA), reunidos en Kampala (Uganda) en la Cumbre sobre Refugiados, Retornados y Desplazados Internos en África, adoptaron un marco jurídico pionero que por primera vez codifica los derechos de las personas desplazadas dentro de sus propios países, según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El instrumento, denominado Convención para la Protección y Asistencia de las Personas Desplazadas Internas en África, será el primero jurídicamente vinculante en definir, a escala regional, las responsabilidades que los Estados, e incluso los grupos armados, tienen de proteger y ayudar a sus propios ciudadanos desarraigados. Para su entrada en vigor, deben ratificarla al menos quince países de la Unión Africana.

Por CiU, la diputada Mercè Pigem ensalzó, como ya lo había hecho antes Olabarría, la inclusión de la orientación sexual entre los motivos de persecución contemplados en el artículo 3 que justifican la protección del estatuto de refugiado. Entre los aspectos de la nueva ley a que hizo referencia, Pigem se detuvo en “el tema tan cuestionado de las embajadas” para subrayar que se ha acordado que el nuevo Reglamento de Asilo, que aprobará el Gobierno por Real Decreto en el plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley 12/2009, determinará de manera expresa “las condiciones de acceso a las embajadas y consulados, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los peticionarios, lo cual da mayores garantías para que este procedimiento pueda hacerse realmente efectivo”.

Por su parte, el diputado del PP Gonzalo Robles se felicitó por el texto de la ley aprobado y coincidió con la portavoz de CiU en la necesidad de precisar más la nueva forma de solicitar asilo por vía diplomática. Después de repasar los aspectos positivos a su juicio, sentenció: “Hoy nos podemos sentir, como digo, razonablemente satisfechos de que la ley responde, primero, a una adaptación de la normativa comunitaria y, segundo, a las necesidades de un país moderno que quiere y que cree en la necesidad de potenciar el asilo y lo hacemos con garantías y sin perder el norte del objetivo de esta ley”.

Posición del PSOE.- En último lugar, el portavoz socialista, Antonio Hernando, intervino para proclamar: “No sé si hoy estaremos o no haciendo historia, lo que sí sé es que damos un paso más en la consolidación, mejora y ampliación de una institución reconocida en el artículo 13 de la Constitución”. Habló con satisfacción de la creación de un estatuto con rango jurídico propio para la protección complementaria, del compromiso de que España participe en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR o del a su juicio relevante papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de asilo en España.

Incluso, ante las escuálidas cifras del compromiso de España con los refugiados (151 personas obtuvieron el asilo en 2008 y sólo 4.517 pudieron solicitarlo), se atrevió a cerrar el debate con esta argumentación: “Si a España no llegan tantos refugiados como llegan a otros países y se reconocen menos estatutos, es porque no llegan aquí. Miren de dónde vienen y se darán cuenta de que los países de los que vienen esas personas tienen muchos problemas, pero entre esos problemas, afortunadamente para ellos, no está el de

AMINATTOU HAIDAR, LA DIGNIDAD SAHARAUI.- Desde el 14 de noviembre la defensora de los derechos humanos saharaui Aminattou Haidar está en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para exigir su derecho a retornar a su patria, el Sáhara Occidental, de donde fue expulsada días antes por el régimen marroquí, que ocupa militarmente este territorio desde el otoño de 1975. El 14 de diciembre, al cierre de este número, Aminattou había rechazado todas las propuestas del Gobierno español, incluidas la concesión del estatuto de refugiada o la nacionalidad española, y seguía pidiendo con su ayuno volver a El Aaiún, donde le esperan su familia, sus dos hijos y sus compañeros… para continuar la lucha pacífica por el derecho a la autodeterminación de su pueblo, reconocido por Naciones Unidas. A lo largo de estas semanas, distintos representantes de CEAR se han desplazado a Lanzarote para expresar personalmente a Aminattou el apoyo de la organización que en mayo de 2006 le entregó el V Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados.

FOTO: JUAN MORENO

la persecución a las personas por su ideología o la violación de sus derechos humanos. Tienen motivos para salir de esos países, pero no por estas razones”.

Nigeria, Colombia, Costa de Marfil, Somalia, Argelia y Sudán fueron los seis países de origen de un mayor número de solicitantes de asilo en España en 2008. Lugares donde reina la vulneración de los de-

África aprueba una histórica Convención para proteger a los desplazados internos Más allá de los conflictos armados, la conocida ya como Convención de Kampala cubre las principales causas de desplazamiento, incluida la obligación que los gobiernos tienen hacia sus ciudadanos que huyen de los desastres naturales o causados por el ser humano y hacia las personas expulsadas de sus tierras al ponerse en marcha proyectos de “desarrollo”. Las personas obligadas a huir encontrarán en la Convención toda una relación de derechos de los que deberían beneficiarse antes, durante y después del desplazamiento.

Según los datos de ACNUR, aunque el número de refugiados está disminuyendo en África, el de personas desplazadas dentro de sus países de origen continúa aumentando. En la actualidad, hay 11,6 mi-

llones de desplazados internos en África, cerca del 45% del total de los desplazados internos del mundo, y 2.659.000 refugiados y solicitantes de asilo bajo amparo de ACNUR. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, que participó en la Cumbre de Kampala en representación del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó que con la Convención el concepto de “responsabilidad de proteger” se convierte en acción y añadió que la Convención establece que pertenece, en primer lugar, a cada Estado la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos y, cuando un Estado incumpla ese deber, existe a partir de ahora una responsabilidad colectiva, en África, para asumir esta acción.

rechos humanos y persiste una impunidad lacerante.

Lugares de los que huyen unos refugiados que, con la Ley 12/2009, tendrá aún más difícil encontrar protección en España.

- Mario Amorós es miembro del área de Estudios y Movimientos Sociales de CEAR.

La Cumbre de Kampala se ha producido cuando se han cumplido cuarenta años del hito que supuso la Convención de la Unión Africana sobre la protección de los refugiados africanos.

En la capital de Uganda los jefes de Estado y de Gobierno de los países africanos abordaron cómo hallar soluciones al desplazamiento, cómo identificar formas de prevenirlo, cómo mejorar la protección de la población desplazada de manera forzosa, cómo atender las necesidades específicas de los niños y de las mujeres desplazadas, cómo idear estrategias para reducir el impacto de los desastres naturales como causa de desplazamiento de población, cómo desarrollar enfoque para facilitar la reconstrucción de las comunidades que emergen tras los conflictos y cómo mejorar las alianzas para hacer frente al desplazamiento forzado en África.

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El acceso al derecho de asilo, en peligro

Iván Forero Colombia feroz. Del asesinato de Gaitán a la presidencia de Uribe (Catarata. Madrid, 2009) es el nuevo libro del periodista José Manuel Martín Medem, quien durante más de treinta años trabajó en RTVE, con periodos como corresponsal en Colombia y otros países latinoamericanos. Su trabajo desvela claves fundamentales del proceso histórico de este país que nos ayudan a comprender la ferocidad de un conflicto sociopolítico y armado que desde hace más de 60 años se constituye en una verdadera “democracia genocida”.

A través de las doce “historias canallas”, los ocho capítulos de esta Colombia feroz van dando cuenta de lo que el periodista colombiano Antonio Caballero señala con todo acierto “En los últimos sesenta años ningún gobierno colombiano ha renunciado a la utilización de la violencia para reprimir a su capricho, no digamos algún tipo de sublevación, sino de oposición”. De la “pacificación” con 300.000 víctimas en total impunidad tras la dictadura del general Rojas Pinilla a los actualmente más de 50.000 desaparecidos, más de 170.000 ejecutados, 7.000 presos políticos, la aplicación sistemática de la tortura, más de 4.000.000 de desplazados internos, centenares de miles de refugiados... Son cifras que desnudan las heridas de la realidad colombiana.

A lo largo de sus 280 páginas, este libro muestra la directa participación y conducción de las operaciones estratégicas de la guerra contrainsurgente de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos en la aplicación del más brutal terrorismo de estado. De la “operación pantomima” de la CIA para asesinar al dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 a la participación en la gestación, financiación y consolidación del paramilitarismo; del asesinato en ocho meses de los tres candidatos presidenciales en 1989 (Luis Carlos Galán del Partido Liberal, Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del grupo guerrillero desmovilizado M-19) a su colaboración en los diversos planes de acción contrainsurgentes -como el Plan Colombia- y los renovados acuerdos de colaboración militar, que permiten la instalación de diez bases militares norteamericanas en el país.

Pero, sin lugar a dudas, Colombia feroz permite comprender cómo ha llegado a la presidencia del país un personaje tan siniestro como Álvaro Uribe Vélez, máxima expresión del poder mafioso y paramilitar, único presidente acusado simultáneamente de fraude electoral, recibir dinero del narcotráfico para su candidatura, sobornar a parlamentarios para su reelección, convertir los servicios secretos en una policía política para espiar, amenazar y asesinar a la oposición política, los magistrados de justicia, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas o los periodistas y transformar el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- en un verdadera organización criminal. Y en complicidad con los paramilitares y financiado por las multinacionales y los principales gremios económicos del país, Uribe prepara ahora una nueva ilegal, ilegítima y criminal reelección en los comicios de la primavera de 2010.

Este brillante libro de Martín Medem confirma lo que las organizaciones de derechos humanos colombianas denuncian desde hace más de veinte años: el paramilitarismo es una política del Estado colombiano de la que participan no sólo las oligarquías nacionales, las multinacionales, los políticos del sistema, las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia, sino también las grandes empresas de comunicación. Unas empresas de comunicación que en nombre del llamado “periodismo patriótico” han convertido Colombia en el país donde más periodistas han sido asesinados han tenido que exiliarse.

Y, sin embargo, pese a esta realidad conocida y examinada lúcidamente en Colombia feroz por José Manuel Martín Medem, los grandes medios de comunicación y los gobiernos europeos presentan a Colombia como la democracia más antigua de América.

- Iván Forero coordina el área de Estudios y Movimientos Sociales de CEAR.

Invierno de 2009 / 2010

OPINIÓN

De la Ley de Asilo al Reglamento: El retablo de las maravillas ALFREDO ABAD, SECRETARIO GENERAL DE CEAR La referencia literaria que tomo para el título es una obra en la que Miguel de Cervantes cuenta la historia de unos pícaros que venden la “visión” de un retablo mágico al pueblo y sus autoridades con la consigna de que quienes tengan antepasados judíos no podrán reconocer sus maravillas. Cuando valoramos la recientemente aprobada Ley de Asilo recordé este relato por las dificultades que hemos tenido para que se nos reconociese que no veíamos en esta ley mayores garantías de una mejor protección de las personas que buscan asilo en España. Si no encontramos en este desarrollo legislativo una mejor defensa de los derechos humanos no es por no ser “bien nacidos”, sino porque junto con muchos otros, en particular Amnistía Internacional, consideramos que se ha ampliado la carrera de obstáculos para alcanzar en nuestro país la protección internacional.

Acudo a esta imagen ya que la obra del ilustre escritor es una crítica seria al pensamiento único y a la descalificación de la sana discrepancia, sin considerar el fondo de los argumentos, como si todos tuviésemos que ver por los mismos ojos lo que no nos parece ni maravilla, ni protección suficiente.

No hemos dejado de celebrar el proceso de elaboración en el que hemos trabajado codo a codo con diputadas, diputados, senadoras y senadores.

Trabajo en el que hemos hecho coro con instituciones de reconocido prestigio para ser constructivos y aportar nuestra experiencia en el proceso parlamentario. Por eso consideramos que las promesas de trabajo conjunto en el proceso de desarrollo reglamentario deben concretarse en convocatorias y trabajos compartidos para los que no estamos todavía siendo convocados.

Importantes aspectos de la ley han sido trasladados en nuestras negociaciones con el Gobierno a ese proceso de elaboración del Reglamento.

Cuestiones como la posibilidad de acceso al asilo en sedes consulares y diplomáticas o la concreción del plan de reasentamiento. También la posibilidad de crear una oficina en la que se trabajen de forma conjunta los temas relacionados con el asilo en un diálogo entre la sociedad civil y la administración pública. Es muy importante que este proceso de seguir avanzando en la mejora de la ley sirva para orientar la práctica del derecho de asilo en una dirección que tome el punto de vista de la persona perseguida y no desde una actitud defensiva.

Desde nuestra experiencia es precisamente en esa práctica donde se concreta que la ley realice sus maravillas en coherencia con la Convención de Ginebra y no como ampliación de las limitaciones que ésta establece.

Como ocurre con las nuevas causas de exclusión de la protección internacional por motivos de seguridad del Estado.

La prueba de fuego de esta ley será lo útil que resulte para proteger a más personas de las persecuciones que sufren y no su eficacia contra el fraude, que debe estar reservada a los tribunales. Este año no va a acabar con más personas refugiadas protegidas en España y el signo positivo de la ley no estará en el progresismo que seamos capaces de reconocer en ella, sino en la cantidad de personas que se vean amparadas frente a las persecuciones y la ausencia de libertades que sufren.

Tenemos serias discrepancias con algunos de los aspectos de esta ley que afectan a nuestro ordenamiento constitucional y vemos con claridad que la línea a la que nos hemos sumado con el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo es claramente regresiva. Pero estamos esperanzados en poder seguir trabajando en las mejoras y la práctica parlamentaria nos ha demostrado que es posible. Al menos, los cambios desde el anteproyecto de ley al texto finalmente aprobado por el Congreso de los Diputados el 15 de octubre han sido sustanciales.

En América Latina se habla cada vez más de “seguritización” como término para definir la conversión en amenaza de un asunto sobre el que se establece una especie de estado de excepción. Esta dinámica se apoya en la opinión pública y genera situaciones en las que los grandes perdedores son los derechos humanos, como ha ocurrido con el terrorismo o las migraciones. El asilo en Europa, que no ha dejado de decrecer en la última década, es también una de las víctimas y tenemos que conseguir salir de esa corriente para reforzar el sistema internacional de protección.

La sátira cervantina apunta al corazón de esa mirada del “otro” como amenaza que tantos sacrificios nos ha costado en la historia. Tenemos la oportunidad de marcar en Europa, con la Presidencia española en el primer semestre de 2010, una manera distinta de hacer las cosas si nos preocupamos por la seguridad del perseguido más que por la del Estado, que tan malos ejemplos nos ha dado como política neoconservadora de excepción.

Estamos en disposición de seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos y seguros de que se cumplirán las promesas de consulta pública, que nuestro sistema democrático ha establecido y que no podemos burlar.

Una reforma de la Ley de Extranjería injusta y miope MAURICIO VALIENTE OTS, COORDINADOR DEL SERVICIO JURÍDICO DE CEAR El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de noviembre de 2009 la cuarta reforma de la Ley de Extranjería. Como venimos denunciando desde las organizaciones sociales, una vez más en lugar de apostar por un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración social en España coherente con los derechos humanos, se consolida la tendencia de restringir derechos y primar el control policial.

Aunque es cierto que se introducen avances significativos, como la regulación de los derechos fundamentales, el régimen de protección para las víctimas de la trata de personas y la precisión de garantías en el procedimiento sancionador, buena parte de los mismos proceden de la obligada incorporación del varapalo del Tribunal Constitucional a la primera reforma de diciembre de 2000, de la aplicación de tratados internacionales o de la necesidad de equilibrar el sesgo represivo de la reforma. En el actual contexto de la política migratoria estos avances tendrán una escasa repercusión práctica.

Este contexto está determinado con claridad por las directrices del Pacto Europeo sobre Inmigración y Refugio (aprobado en la cumbre de París de octubre de 2008), que apuesta por un enfoque economicista e instrumental en la gestión de la inmigración, la restricción de la reagrupación familiar, la externalización y el aumento de los controles sin que se contrarresten con garantías efectivas de los derechos de las personas.

La tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado no ha introducido modificaciones relevantes en el proyecto de ley remitido por el Gobierno; al contrario, las ligeras mejoras incorporadas no compensan los discursos agresivos que hemos escuchado estos meses, que en algunos casos han rayado con la xenofobia y el racismo, como la vinculación entre inmigración y delincuencia, la falta de sensibilidad hacia los menores no acompañados y la falsa imputación del uso abusivo de los servicios públicos por los inmigrantes.

En la defensa de su proyecto de ley, el Ejecutivo ha insistido en los avances que conlleva y ha acusado a las organizaciones sociales de paternalismo ante los inmigrantes, al insistir en los retrocesos y no reconocer lo positivo de la misma. Este argumento desconoce el papel crítico que necesariamente debe desempeñar el movimiento social. Entre los aspectos más negativos destacamos los siguientes: En primer lugar, se recorta el derecho a la reagrupación de los ascendientes ya que se exige que el familiar tenga más de 65 años, justifique su dependencia económica y unas razones adicionales que la ley no especifica, lo que amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades (artículo 17.1 d).

En segundo lugar, se somete a las víctimas de violencia de género “sin papeles” a un expediente sancionador en el momento de denunciar; aunque este procedimiento se suspenda desde ese momento y la discusión parlamentaria ha introducido la posibilidad de otorgar una autorización de trabajo durante la investigación de los hechos, el riesgo de la expulsión disuadirá a muchas mujeres de acercarse a las comisarías (artículo 31 bis apartado 2).

En tercer lugar, a propuesta del grupo parlamentario de Convergencia i Unió se introduce el peligroso concepto indeterminado del “esfuerzo de integración”, como si éste fuera un proceso unilateral de los inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias que empezaron hace unos años reclamando la introducción de este tipo de “contratos” (artículo 31.7).

En cuarto lugar, se incrementan las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, porque faltas que para un nacional no existen o no suponen más que una multa económica, para un extranjero pueden llegar a acarrear su detención, internamiento y expulsión (artículo 53.1 c) y 2 b). En quinto lugar, se fragiliza el acceso a los derechos, ya que se dificulta el acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo (artículo 53.2 d).

En sexto lugar, se amplía el periodo de internamiento de 40 a 60 días, a pesar del argumento empleado por el Gobierno de que la Directiva de Retorno (aprobada en junio de 2008) no tendría consecuencias en España.

Y, en séptimo lugar y en relación con el punto anterior, debemos alegrarnos de que la tramitación parlamentaria haya eliminado la suspensión del plazo de internamiento para los solicitantes de asilo, lo que hubiera añadido un factor más a la crisis de este derecho, aunque se constata una grave descoordinación con la nueva Ley de Asilo.

En resumen, consideramos que esta cuarta reforma de la ley de extranjería es miope, ya que mantiene un modelo que ha resultado ineficaz en la práctica, como lo prueban la sucesión de reformas y debates estériles; y también es injusta con las personas migrantes, que deberían ser reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos. Las organizaciones sociales han mantenido una labor encomiable en un contexto muy desfavorable para sus posiciones. Es preciso destacar la labor que Cáritas, la Red Acoge y CEAR han desarrollado para elaborar y defender un conjunto de enmiendas que al menos mitigaran los aspectos más negativos de la reforma y destacar la movilización del 17 de octubre, impulsada por la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España.

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Un informe denuncia la situación de los Centros de Internamiento

“Los inmigrantes tenemos derechos, no nos pueden maltratar” Gabriela Morales Gracia “Me negué a subir al avión, por eso empezaron a golpearme sin darme razón alguna, me trataron peor que a un animal y tengo todo el cuerpo destruido porque no quise subir. Subieron dos agentes de la policía a sacarme de la furgoneta y, como me agarré duro de la furgoneta, uno de ellos empezó a golpearme en el cuerpo y el otro empezó a tironearme de la mano y por eso la mano la tengo dolorida y el cuerpo entero también, y por eso ruego al grupo de las autoridades que tome cartas en el asunto porque los inmigrantes también tenemos derechos como los demás y no por eso nos pueden tratar como ellos quieran. Por los golpes que me dieron tengo hematomas en el cuerpo y no puedo ni comer”, escribió Alberto, un migrante boliviano, desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) enclavado en el barrio madrileño de Aluche en febrero de 2008. Éste es sólo uno de los cuarenta testimonios de personas recluidas en este CIE y de sus familiares incluidos en el informe Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, elaborado por Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo Madrid y SOS Racismo Madrid y que se presentó el 17 de noviembre en el Teatro Lara. Como las organizaciones de defensa de los migrantes no tienen acceso a los CIE (unos centros que dependen del Ministerio del Interior), las tres organizaciones trabajaron durante dos años en la recopilación de los testimonios de manera indirecta a través de familiares, visitas a algunos migrantes recluidos en el CIE en los turnos correspondientes y del contacto con las personas finalmente expulsadas y que se encontraban ya en su país de origen.

El informe se divide en ocho capítulos que corresponden a las distintas violaciones de derechos humanos documentadas de forma directa e indirecta en este CIE: tutela judicial y proceso con todas las garantías; condiciones de internamiento; derecho a la intimidad familiar; régimen de visitas y comunicaciones; tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; derecho a la salud, atención social y situación de las familias; acceso de las ONG al CIE; traslados, expulsiones y devoluciones.

Entre las conclusiones que se desprenden de este esclarecedor documento, destacan cuatro. En primer lugar, los CIE se adscriben a una política de control y seguridad respecto al

Manifestación del 17 de octubre en Madrid contra la Ley de Extranjería. FOTO: PAULA MOSCUZZA fenómeno migratorio, no protegen ni garantizan los derechos humanos de quienes se encuentran ahí con independencia de su estatus migratorio.

En segundo lugar, la enorme dificultad para fiscalizar su funcionamiento propicia que determinadas violaciones graves de los derechos humanos de las personas recluidas queden en la impunidad.

De hecho, y directamente vinculado con este posicionamiento, la propia existencia de los CIE criminaliza a las personas migrantes, puesto que el mensaje que trasladan a la sociedad es que se encuentran detenidas por la comisión de un delito y no, cómo sucede en realidad, de una falta administrativa. Se trata de una sanción desproporcionada frente al simple acto de carecer de permiso de residencia en España.

Precisamente, así lo sugirió en una entrevista aparecida en Público el 8 de septiembre de 2009 Gregorio Peces-Barba, ex presidente del Congreso de los Diputados y ponente socialista de la Constitución de 1978: “El internamiento rompe principios básicos del derecho democrático occidental: internar sin comisión de delitos en centros que son casi prisiones no está en la línea del progreso de los derechos humanos en Occidente”.

Y, en cuarto lugar, pese a que las autoridades subrayan una y otra vez que los CIE son una

medida preventiva y de retención, el tiempo de reclusión de los migrantes equivale a una detención y las condiciones vulneran la dignidad de las personas. Más aún ahora, cuando en contra de lo que afirmó en el verano de 2008 el Presidente del Gobierno al señalar que la Directiva de Retorno no tendría repercusión en España, la reforma de la Ley de Extranjería ha ampliado el periodo máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días.

Por todos estos motivos Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo Madrid y SOS Racismo Madrid, como hicieron miles de personas en Madrid en la manifestación del 17 de octubre, defienden la clausura de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Para que nunca más se den situaciones como las que denuncia en estas páginas la esposa de Roland, un migrante colombiano recluido en este CIE en abril de 2008: “A los familiares nos dejan hablar con ellos cinco minutos y con cinco minutos es que no puedes decir nada ¿me entiendes? No nos dejan meter a los niños y eso no es así… ¡Vamos! Ellos son humanos y nosotros también”.

- Este informe está en www.rebelion.org - Gabriela Morales Gracia es miembro del área de Programas Europeos de CEAR.

Invierno de 2009 / 2010

El ejército iraquí reprime el campo de refugiados de Ashraf Raquel Celis El pasado mes de julio, el ejército iraquí irrumpió en el campo de refugiados de Ashraf, en el noroeste de Irak, en el que se encuentran 3.500 personas, en su mayoría opositores al régimen iraní pertenecientes a la organización política de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMzOI, en sus siglas inglesas).

Once personas refugiadas fueron asesinadas y 36 detenidas.

Los detenidos fueron liberados tras 66 días en huelga de hambre y otros seis sin ingerir agua ni ningún tipo de líquidos.

Mil mujeres secundaron la huelga de hambre para denunciar el ataque y el cierre del campo a la entrada de alimentos, medicinas, personal sanitario y abogados. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acaba de admitir a trámite una querella contra los iraquíes que perpetraron el asalto. El magistrado se ha dirigido a las autoridades judiciales de Irak para que le informen de si existe algún procedimiento abierto al respecto, porque, en caso contrario, perseguirá a los presuntos responsables, según han informado diversos medios de comunicación españoles.

Los ataques comenzaron cuando el Gobierno iraquí asumió el control del campo tras el acuerdo al que llegó con Estados Unidos, que hasta ese momento protegía el asentamiento. Desde entonces ha sufrido numerosos ataques de las fuerzas de seguridad iraquíes. Ali Momeni, miembro de la sección española de la Asociación de Defensa de la Democracia y de los Derechos Humanos en Irán, es uno de los refugiados que en 1986 construyeron este asentamiento, en el que vivió hasta 1994. Desde entonces está refugiado en España. Vive en Madrid y desde allí vela por la situación de sus compatriotas: “El campo se encuentra en estado de sitio.

No se permite la entrada de abogados, ni de los medios de comunicación. Se ha cortado el suministro de gasolina… Se necesitan alimentos y medicinas de forma urgente”.

Pese al asedio, Momeni confía en “la fuerza y la energía” de las y los muyahidines de Ashraf: “Han puesto sus esperanzas en la lucha por la democracia. Lucharán hasta el final para liberar Irán, nuestro país, de las manos la dictadura totalitaria religiosa de los mullá. Por eso están en Ashraf. Ashraf ya es el núcleo de la lucha contra el régimen iraní, contra el fundamentalismo”.

El Consejo Nacional de Resistencia de Irán, una coalición de grupos de oposición, y la Asociación de Defensa de la Democracia y de los Derechos Humanos en Irán han denunciado el acuerdo bilateral entre Irak e Irán: “Los ataques al campo de refugiados de Ashraf son una orden directa de Ali Jamenei, líder superior del régimen iraní, al primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki. Muchos miembros del régimen iraquí han vivido años en Irán, han recibo dinero y apoyo logístico, y ahora están siendo utilizados”.

“El régimen iraní está muy nervioso y no puede controlar la situación originada por el levantamiento de millones de ciudadanos iraníes para reclamar la libertad y luchar contra el fundamentalismo. Ashraf se encuentra a 70 kilómetros de la frontera con Irán. Los muyahidines refugiados en el campo llevan treinta años luchando contra el régimen y son el núcleo duro de la oposición. Por eso quieren destruir el campo de Ashraf. Hay una ansiedad generalizada por la posibilidad de que las fuerzas iraquíes provoquen otra masacre. Han tomado posiciones dentro de Ashraf y en sus alrededores”.

En julio, cuando comenzaron los ataques, CEAR pidió al Gobierno que actuara ante las instancias correspondientes de la Unión Europea y de Naciones de Unidas para brindar protección internacional y el reasentamiento inmediato de estos refugiados iraníes. Para Momeni, el reasentamiento en un tercer país tendría que hacerse bajo tres condiciones: traslado a Estados Unidos o a la UE, indemnización a las personas refugiadas por los gastos que les ha ocasionado la construcción de Ashraf (han invertido 200 millones de dólares en levantar el asentamiento) y que se les permita llevarse todas sus pertenencias.

La asociación iraní hace ahora un nuevo llamamiento al Gobierno español y a la comunidad internacional para que “se prohíba el desplazamiento forzoso de residentes en Ashraf y se presione al Gobierno iraquí para que reconozca los derechos fundamentales de los residentes de Ashraf”. “Irak debe aceptar las condiciones de la resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 24 de abril de 2009 relativas al cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra (protección a las personas civiles en tiempo de guerra)”.

En un futuro más lejano, Momeni espera que los muyahidines puedan regresar a Irán en condiciones de seguridad.

“Como ha dicho Maryam Rajavi (líder de la Resistencia), están dispuestos a regresar a Irán. Pero esta vuelta a nuestro país tendría que hacerse con el compromiso fiable del régimen iraní de no perseguir a los opositores, de garantizar los derechos fundamentales de las personas refugiadas. Fuimos a Ashraf para construir un Irán más justo”.

- Raquel Celis es la responsable de comunicación de CEAREuskadi.

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23 ONG europeas denuncian a Grecia por incumplir el Derecho Comunitario de asilo Marta Ballestero 23 ONG europeas, entre ellas el Consejo Griego por los Refugiados y CEAR, presentaron el 10 de noviembre ante la Comisión Europea una denuncia formal contra Grecia por el incumplimiento de sus obligaciones respecto a la implementación del Derecho Comunitario en materia de asilo. La denuncia se basa en aspectos tan graves como la existencia de serias dificultades de acceso al procedimiento; la falta de garantías mínimas para el estudio de las solicitudes de asilo; la detención de solicitantes de asilo en centros que incumplen los criterios mínimos de habitabilidad; los problemas de violencia y discriminación a que se enfrentan los solicitantes de asilo por no garantizarse las condiciones mínimas de acogida; o la práctica del retorno forzoso de solicitantes de asilo a Turquía.

Uno de los motivos principales de esta iniciativa es que, a pesar de haber quedado probado el incumplimiento por parte de Grecia de las garantías mínimas establecidas por el Derecho Comunitario en materia de asilo, el resto de Estados miembros de la UE continúan enviando solicitantes de asilo a este país en aplicación del Reglamento de Dublín.

A partir de la supuesta homogeneidad de los procedimientos de asilo en los Estados miembros, el Reglamento de Dublín establece una jerarquía de criterios que permite determinar el Estado responsable para examinar cada solicitud de asilo presentada en territorio europeo. Son relevantes a este respecto la expedición de un visado o de un permiso de residencia, el no haber impedido la entrada irregular en frontera o el inicio de un procedimiento de asilo con anterioridad.

En aplicación de estos criterios, personas que han solicitado asilo en otro Estado miembro se ven forzadas a confiar en el procedimiento griego, cuya disfuncionalidad está fuera de dudas, como única vía para encontrar la protección internacional que precisan. Como resultado, solicitantes de asilo que cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados ven frustradas sus expectativas de obtener protección al no tener acceso al procedimiento tras el traslado, recibir una decisión negativa u optar por permanecer de manera irregular en el país en el que cursaron su solicitud para evitar el envío a Grecia, donde sus posibilidades de obtener protección son casi nulas.

Centro de detención de migrantes de la isla griega de Samos.

A pesar de las numerosas llamadas de atención dirigidas a las autoridades griegas en los últimos años, las mejoras en su procedimiento de asilo han sido mínimas. Es importante recordar que, según los datos de ACNUR, Grecia recibió entre 2004 y 2008 a 70.780 solicitantes de asilo (en ese mismo periodo 28.230 personas solicitaron asilo en España).

Apoyo de CEAR.- Tras recibir la denuncia, el vicepresidente de la Comisión Europea ha dado el primer paso para el inicio de un procedimizento de infracción contra Grecia mediante el envío de una “carta de emplazamiento”. En caso de que la respuesta de Grecia fuese insatisfactoria, la Comisión Europea podría interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

CEAR ha apoyado formalmente esta denuncia al considerar que las autoridades españolas no pueden continuar ignorando el trato inhumano que Grecia, en violación de sus obligaciones en el marco del Derecho Comunitario, presta a los soli-

FOTO: SARA PRESTIANNI (MIGREUROP)

citantes de asilo. Las 23 organizaciones denunciantes se unen así a ACNUR, Human Rights Watch o el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE en sus siglas inglesas), que han solicitado formalmente que los Estados miembros se abstengan de enviar solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento de Dublín hasta que quede garantizado el cumplimiento del Derecho Internacional y Comunitario por parte de sus autoridades.

Mientras tanto, urgen a los Estados miembros a utilizar la cláusula de soberanía (según la cual pueden asumir el estudio de cualquier solicitud de asilo presentada en su territorio independientemente de los demás criterios fijados en el Reglamento de Dublín) para cumplir su responsabilidad de garantizar un estudio justo de las solicitudes de asilo presentadas en su territorio por personas que, de otro modo, serían enviadas a Grecia.

- Marta Ballestero es miembro del área de Programas Europeos de CEAR.

Madrid acoge la asamblea anual del ECRE Paz Bermejo Representantes de las 69 organizaciones que forman parte del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados, expertos independientes, el director ejecutivo de la Agencia FRONTEX, Ilkka Laitinen, funcionarios y parlamentarios europeos participaron entre el 14 y el 16 de octubre en Madrid en la reunión anual de esta organización. Ésta se celebró en un momento importante para la construcción de la política de asilo común por la inminente aprobación el Programa de Estocolmo y cuando España se apresta a asumir la Presidencia de turno de la UE durante el primer semestre de 2010 de manos de Suecia y antes que Bélgica. Por ello, entre los asistentes estuvieron representantes de la Secretaria de Estado para la Política de Migración y Asilo de Suecia, la Oficina Belga del Ministerio de Migración y Asilo y la Dirección General de Asilo del Ministerio del Interior de nuestro país.

El representante del Gobierno español no mostró que tuviera una agenda de asilo, no hizo propuestas de trabajo y se limitó a enunciar la continuación del apoyo a la reforma en marcha de las directivas comunitarias de calificación y de procedimientos; además, argumentó que la aprobación de la nueva Ley de Asilo es un mecanismo de cooperación con la UE en esta materia.

En cambio, sus colegas de los gobiernos sueco y belga sí establecieron propuestas claras y se adentraron en los asuntos de discusión de fondo, como la necesidad de buscar consensos para establecer criterios de protección y condiciones de recepción, fijar mecanismos de solidaridad entre los países europeos (Reglamento de Dublín II e iniciativas de relocación interna) y con terceros países, así como definir propuestas para garantizar el acceso al procedimiento de asilo y la necesidad de implantar un programa de reasentamiento común en Europa.

La reunión anual del ECRE se organizó, por una parte, en torno a discusiones plenarias sobre el Programa de Estocolmo y las prioridades de las presidencias sueca, española y belga y, por otra, en torno a grupos de trabajo especializados en asuntos como acceso al procedimiento de asilo, dimensión

exterior de las políticas de asilo, reasentamiento de refugiados, así como asuntos más recientes en la agenda como el retorno sostenible y la responsabilidad compartida entre los Estados. CEAR, como miembro de ECRE desde hace más de veinte años, participó activamente en las discusiones plenarias y en los grupos de trabajo para la elaboración de estrategias conjuntas de incidencia, investigación y diseño de proyectos conjuntos.

El secretario general del ECRE, Bjarte Vandvik, comentó los asuntos abordados por los Estados durante las sesiones plenarias y los resumió en tres grandes puntos. En primer lugar, considera que existe el peligro de que, en aras de la armonización de la política de asilo común europea, se reformen las legislaciones nacionales sobre asilo reduciéndose los niveles de derechos humanos y de protección internacional; por ello, recordó que la legislación europea es de mínimos y, por tanto, los Estados, por la aplicación de los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, sólo están obligados a trasponer las directivas en la medida en que sus legislaciones no alcancen esos mínimos.

En segundo lugar, subrayó que el proceso de armonización ha fallado en la creación de un sistema de solidaridad (interna y externa) y de responsabilidad compartida, en la medida en que se ha convertido más en un mecanismo de elusión y transferencia de la responsabilidad y de límite del acceso al procedimiento de asilo que de mejora de la gestión de las solicitudes de asilo, como es el caso de la transferencia de solicitantes a Grecia en aplicación del Reglamento de Dublín.

En tercer y último lugar, Vjarte Vandvik insistió en que los mecanismos de control de fronteras (en especial, el emblemático dispositivo Frontex) deben contemplar el respeto al derecho de asilo e incluir una mayor participación de las organizaciones sociales, expertos independientes y ACNUR en su fiscalización, así como establecer los mecanismos institucionales de verificación y asesoría técnica, en particular por parte de la próxima Oficina de Asilo Europea.

- Paz Bermejo es la responsable del área de Programas Europeos de CEAR.

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La UE aprueba el Programa de Estocolmo M. Ballestero Tal y como hiciesen con los anteriores Programas de Tampere y La Haya, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron el 11 de diciembre en Bruselas el Programa de Estocolmo, que establece las prioridades de la UE en el área de Libertad, Seguridad y Justicia entre 2010 y 2014. En este documento manifiestan, una vez más su interés por avanzar hacia una Europa abierta y segura cuya orientación principal parece ser el servicio al ciudadano. Con este objetivo, se proponen afrontar el fenómeno migratorio desde una perspectiva global, promover el diálogo con los países vecinos y reforzar la armonización y coherencia entre sus políticas.

Está previsto que la Comisión Europea diseñe un plan de trabajo en el que se traduzcan los principios y objetivos adoptados en acciones concretas que se implementarán en un tiempo determinado y que en 2012 realice una evaluación a medio plazo de la implementación de estas acciones.

Más allá de la retórica plasmada en el Programa, la Unión Europea tiene que afrontar retos como el establecimiento de un Sistema Común de Asilo (previsto para 2012), la necesidad de conciliar el interés por controlar sus fronteras con su obligación de garantizar que las personas con necesidad de protección internacional puedan acceder a sus procedimientos de asilo o el establecimiento de un programa de reasentamiento a escala europea para proporcionar protección a aquellos refugiados que no tengan posibilidades reales de integración en sus primeros países de acogida.

Por otra parte, la UE ha de tomar medidas urgentes para garantizar que los principios recogidos en la normativa europea se apliquen a los procedimientos y políticas de asilo de los Estados miembros de manera coherente y armonizada. La existencia de enormes disparidades en los sistemas de acogida, los diferentes criterios y prácticas seguidos en los procedimientos de asilo y las posibilidades de integración originan que las posibilidades de obtener protección internacional continúen oscilando de manera ostensible en función del Estado que examine una solicitud de asilo.

Asimismo, está sobre la mesa la creación de una Oficina Europea de Apoyo en materia de asilo y la revisión de los primeros instrumentos adoptados en este ámbito. Entre ellos, es de particular importancia el Reglamento de Dublín que, pese a seguir basándose en una premisa falsa (la homogeneidad de los sistemas de asilo europeos), se sigue considerando como la piedra angular del sistema europeo de asilo.

Tal como ha puesto de manifiesto el ECRE, la Unión Europea cuenta con los medios para construir un Sistema Común de Asilo cuya justicia y eficacia sirvan de modelo a otras regiones. Sin embargo, queda por demostrar la existencia de un verdadero interés político por avanzar en su consecución más allá de la retórica que exhiben en las cumbres los gobernantes europeos.

Opinión de ACNUR.- El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) manifestó su satisfacción por la aprobación del Programa de Estocolmo, pero alertó de que éste no debe convertirse en un escollo para los principios de protección de los refugiados. “ACNUR da la bienvenida al Programa de Estocolmo. Pero al mismo tiempo hace un llamamiento a la UE para que se asegure de que el control de la migración no eclipse los principios de protección de los refugiados”, señaló en una rueda de prensa el portavoz de la institución Andrej Mahecic.

Además, pidió más comprensión y ayuda para terceros países que acogen a gran cantidad de refugiados: “Los Estados de la UE deberían demostrar más solidaridad con países extracomunitarios que acogen a grandes grupos de refugiados”.

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CONVERSACIÓN CON EL PADRE JERÒME OTITOYOMI DYKIYA, DIRECTOR DE LA MISIÓN CATÓLICA DE NUADIBÚ

“La frontera sur europea ya no está en España, sino en Nuadibú” Elisa Silió El padre Jeròme Otitoyomi Dykiya, director de la Misión Católica de Nuadibú (Mauritania) y mención de honor del VII Premio Juan María Bandrés que otorgan CEAR y la Fundación CEAR, es tan joven de aspecto físico (nació en 1968 en Nigeria) que sorprende oírle hablar con tanta contundencia y experiencia a sus espaldas. En octubre viajó a Madrid para recoger el galardón y pronunciar una conferencia y no quiso desperdiciar la ocasión para denunciar el trato que reciben aquellas personas que cruzan el Estrecho buscando una mejor vida. “Se habla mucho de la inmigración africana en Europa, pero los estudios que se han hecho muestran que estos inmigrantes representan únicamente un cinco por ciento de la inmigración total en Europa. Son una minoría. Hay muchos más latinoamericanos, asiáticos o de Europa del Este”, sostiene el sacerdote. “Es verdad que hay mucha migración, sí, pero es dentro del continente, no hacia Europa”, opina y se lamenta de la postura tomada por los medios de comunicación.

Otitoyomi Dykiya no es un religioso al uso. No viste como tal, sino con un colorido atuendo (en tonos marfil, naranja y morado) tejido por las mujeres participantes en uno de los talleres que organiza con apoyo, entre otros, de la Fundación CEAR y Cáritas.

“Nosotros trabajamos en dos campos: damos información y ayudamos en formación”, distingue. De esta forma, los recién llegados a Nuadibú (capital económica del norte de Mauritania con unos 90.000 habitantes) aprenden pronto dónde encontrar un hospital, trabajo u otras cuestiones relacionadas con la inmigración. “Muchos vienen con enfermedades.

Tenemos cursos de alfabetización que les ayudan a encontrar trabajo. También de informática, idiomas (inglés, francés, español), apoyo escolar y cursos de contabilidad de gestión”, enumera orgulloso.

Nuadibú es también lugar de salida de muchas embarcaciones hacia las islas Canarias y son muchos los que perecen en esa travesía. La mayoría llega en coche por las fronteras con los países del sur y del este. Paran en la capital, Nuakchot, antes de establecer su punto de partida en Nuadibú.

El padre Jèrome intenta disuadir a los inmigrantes dispuestos a desembolsar 500 euros a cambio de un estrecho asiento en el cayuco. Él los denomina “viajes suicidas”.

Migrantes africanos.- Su labor se centra también en “familias sin padre que no tienen apoyo económico y que hacen telas como éstas –aprecia orgulloso con los dedos la calidad del paño-“. Su organización las agrupa en microempresas o cooperativas mediante microcréditos. “También tenemos una farmacia, doctores, organizamos fiestas, jugamos al balón, bailamos...”. Nada parece escapar a su atención, aunque omite citar no sólo las visitas a los hogares o los entierros dignos de los cuerpos que se encuentran en las costas de Nuadibú producto de naufragios de las pateras. “Lo que queremos es que la gente se sienta como en su casa. Tenemos un abogado que les da consejos con la policía. Y apoyo espiritual a quienes son cristianos”.

“La gente que llega a este país procede de Nigeria, centro de África, Ghana, Togo, Burkina Fasso, Guinea, Senegal… La policía de Nuadibú no tiene el nombre de quienes vienen. Nosotros intentamos identificarlos”, denuncia. Un censo propio en el que intenta

gración ha pasado a verse como un problema mundial y se han establecido organizaciones. No seré yo quien las juzgue. No sé mucho de ellas. La iglesia católica es la única conocida por todos”, opina sin querer entrar en detalles el padre Jeròme, tan comprometido en la lucha y concienciación de los derechos humanos como muestra su papel como delegado de Amnistía Internacional entre 1995 y 1999. Cuenta con el respeto de todos, pero nadie olvida que en Mauritania la religión musulmana es la única aceptada oficialmente.

Imagen de la Misión Católica de Nuadibú (Mauritania). dejar constancia de sus condiciones en sus países de origen (siempre penosas), sus objetivos al emigrar y sus expectativas de futuro”. “Separamos a los inmigrantes en seis categorías. Los que vienen huyendo de la guerra; los que quieren evadir la justicia porque, por ejemplo, han cometido un crimen; quienes vienen a comprar cosas, los inmigrantes que vienen a trabajar, las víctimas del tráfico sexual y los que están de paso para llegar a Europa”, distingue. “Probablemente, la mayoría son los que vienen buscando empleo. Hay muchos de Senegal, Guinea Bissau y Malí que trabajan en la ciudad”. Nuadibú, principal punto de partida de los cayucos, está a tan sólo 750 kilómetros de Las Palmas.

“Lo que se sufre en Europa es incomparable con lo que se sufre en África. Allí ganarse la vida es más fácil.

Por eso no podemos detenerlos. ¿Cómo los vamos a convencer”, se pregunta. Les enseña vídeos de las penosas condiciones de la travesía, pero tan sólo logra retener a los que están muy fatigados, los enfermos y heridos. Muchos le llaman al llegar a la orilla anhelada y da por muertos a aquéllos que, dos meses después, no han dado señales de vida a nadie de su entorno.

“Conozco a muchos de los que han muerto. Algunos participaban en nuestras actividades”.

“Hay otras organizaciones nuevas que ayudan a los inmigrantes. Nosotros llevamos sesenta años. La inmi-

Críticas al “Guantanamito”.- Está convencido de que predicar el evangelio no es suficiente. “Nosotros tenemos la ayuda de la Fundación CEAR hasta marzo, de Cáritas Internacional… Puede que continúen con nosotros. Depende de la evaluación de proyectos. Cada proyecto tiene una duración. La Unión Europea se ha interesado por nosotros, pero no sabemos. En la oficina hay cuatro personas, una decena de profesores, también seis animadores…”. Antes de establecer esta Misión Católica hace casi seis años en Mauritania, un país de tres millones y medio de habitantes, el nigeriano participó en proyectos educativos y de desarrollo de distintas comunidades rurales de Senegal entre 2000 y 2003.

Quizá quien más le preocupe son quienes anhelan abandonar el continente africano. “Es la Cooperación Española la que ha construido el Guatanamito. A ese centro llevan a los inmigrantes que han sido rechazados por Europa o a los que han sido arrestados en Nuadibú. Es la policía mauritana quien se ocupa de ellos, pero detrás está la Cooperación Española. Se llama Guantanamito porque tiene cosas parecidas a Guantánamo”, ironiza Otitoyomi Dykiya sobre el centro de detención.

Anunciado como un “centro de acogida”, fue levantado en una escuela abandonada de las afueras de la ciudad por 35 militares del ejercito español. Ocurrió en 2006, cuando las personas llegadas al archipiélago canario se contabilizaban por miles. “Eso lo hacen vuestros gobiernos con vuestro dinero, así que vosotros estáis implicados en estos atropellos a los seres humanos. La frontera de Europa ya no está en España, últimamente está en Nuadibú y otras ciudades como ella que se encargan de retener a la emigración a toda costa”, sostiene el religioso, que estudió Filosofía, Teología e Historia de las Religiones en Nigeria y se ordenó en la orden católica de la Holy Ghost Congregation. ¿Y qué ocurre tras su paso por el centro? “Son muchos los que pasan por allí. Depende del momento, están más o menos tiempo en el centro. Depende de a cuántos tengan que dejar en la frontera con Malí. Es terrible. Además, la mayoría de estas personas que dejan en la frontera vuelven a Mauritania. Ésa es la realidad. No creo que sea una responsabilidad española, sino de la Unión Europea. Los europeos pagan a los países del norte de África para que hagan lo que a ellos les daría mala imagen hacer”, puntualiza. “Conocemos el Guantanamito mauritano, pero creemos que hay otro en Malí. Amnistía Internacional ha denunciado esta situación y también CEAR ha hecho un informe sobre ello. Es justo al lado de mi casa, pero me he negado a ir. No es justo”.

- Elisa Silió es periodista y voluntaria de CEAR.

José Manuel Romero, presidente de la Fundación CEAR, entregó al Padre Jeròme la FOTO: PAULA MOSCUZZA mención del VII Premio Juan María Bandrés.

-Más información: www.fundacioncear.org

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MADRID

El impacto de la crisis.- Para conocer cómo afecta la crisis económica a las personas

refugiadas y migrantes, las distintas áreas de intervención de CEAR-Madrid han elaborado un informe (Diagnóstico frente al contexto de crisis actual) con la finalidad de orientar la intervención social partiendo del conocimiento directo obtenido del trabajo diario. Las organizaciones sociales enfrentan situaciones nuevas derivadas del contexto actual de crisis económica, por lo que es necesario sistematizar las experiencias para compartirlas y contribuir a adaptar el trabajo y dar una mejor respuesta a los usuarios. El informe está disponible en www.cear.es JOSÉ AN-

TONIO RUBIO, coordinador de Incidencia y Participación Social de CEAR-Madrid.

ANDALUCÍA

Cohesión del voluntariado.- Las personas que trabajan de forma voluntaria en la zona oriental de CEAR-Sur volvieron a encontrarse en el segundo Curso de Formación del Voluntariado que se celebró el 6 y 7 de noviembre en la oficina de Granada y en el que destacó sobre todo la diversidad de ámbitos de trabajo. Así, mientras que en Almería el voluntariado se centra en el área jurídica con una trayectoria muy satisfactoria, en Granada se emprenden iniciativas como clases de español, trabajo en red, actividades educativas de sensibilización, culturales y de ocio y tiempo libre. Estos encuentros favorecen la cohesión de un voluntariado que son el 95% de las personas que trabajan en estas sedes de CEAR. RICARDO GARCÍA SOTO, coordinador de Incidencia y Participación Social de CEAR-Sur.

CANARIAS

Womad 2009.- Cuando la cita multiétnica con las músicas, artes y danzas del mundo ha

cumplido quince años de festival en Las Palmas, la delegación territorial de CEAR ha realizado en el Womad 2009 una labor de sensibilización y difusión de los valores, proyectos de inserción laboral, campañas y promoción del voluntariado. Han participado de manera activa personas de las áreas de Incidencia y Participación Social y de Formación y Empleo, a través de la cual se ha desarrollado una socialización de otros campos de intervención social de CEAR, que redundan en el apoyo a las personas migrantes y refugiadas. A su vez, y en el marco del Programa AISE de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, se desarrollaron los Talleres de Cooperativismo que forman parte de la labor progresiva de transformación de esta zona geográfica en un lugar sostenible a todos los niveles (pueden consultarse en www.aise.surestegc. org). JUAN MORENO, coordinador de Incidencia y Participación Social de CEAR-Canarias.

EUSKADI

FARO, un observatorio del mercado laboral.- Siguiendo con su labor de investigación el Área de Formación y Empleo de CEAR-Euskadi ha creado FARO, un observatorio del mercado laboral que mensualmente sirve de guía. El nombre elegido responde a que los faros “ven” y “son vistos” desde su estratégica ubicación sobre las rocas y esta herramienta tiene la misión de arrojar un poco de luz sobre los vaivenes del mercado laboral. Así, se publican panorámicas que, como brújulas, buscan orientar los itinerarios formativos y laborales de quienes necesitan un empleo. Se componen de las noticias más relevantes de cada mes en cuanto a su utilidad para las personas refugiadas e inmigrantes, están contadas de manera sencilla y sintética y son extraídas de los diferentes medios que también “navegan” por nuestro entorno.

FARO está actualmente gestionado por un equipo de personas voluntarias. ROSABEL ARGOTE, miembro del área de Formación y Empleo de CEAR-Euskadi.

PAÍS VALENCIANO

“Construyendo la exclusión desde la mirada”.- CEAR-PV reunió en Valencia entre

el 2 y el 4 de noviembre a expertos en imagen, defensores de derechos humanos, creadores y periodistas para debatir acerca de la representación que los medios y la cultura de masas ofrecen de las personas migrantes y refugiadas en el marco del seminario “Construyendo la exclusión desde la mirada. Imágenes de un mundo desigual: migrantes y refugiados”. Se analizaron películas, series de televisión, spots, fotografías, programas de televisión e informativos a través de cuatro conferencias, un taller de análisis de imagen y sendas mesas redondas dedicadas a la mirada de los creadores y a la de las personas migrantes. La conclusión fue que la visión que los medios ofrecen de la inmigración fluctúa entre el paternalismo, la victimización y la criminalización, y revela, de forma evidente o velada, actitudes racistas. ÁUREA ORTIZ, miembro del Área

de Incidencia y Participación Social de CEAR-PV.

EXTREMADURA

II Foro Social Extremeño de Migraciones y Desarrollo.- Entre el 15 y el 17 de octubre se celebró en Mérida el II Foro Social Extremeño de Migraciones y Desarrollo con una amplia participación de las asociaciones y movimientos sociales. Con el objetivo de consolidar este relevante punto de encuentro que tuvo su primera edición en 2007, los contenidos del Foro se estructuraron en torno a tres ejes temáticos: globalización y derechos humanos, sociedades emisoras y alternativas de desarrollo y sociedades de acogida y diversidad. La reforma de las leyes de asilo y extranjería, el derecho de asilo por motivos de persecución de género y por violación de los derechos sociales, económicos y culturales, la violencia de género y la trata de personas con fines de explotación sexual ocuparon una parte de los debates. MANUEL GARCÍA,

coordinador de CEAR-Extremadura.

CATALUÑA

Las guerras vistas desde el exilio.- La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR,

entidad asociada a CEAR), con el apoyo de la Oficina de Promoción de Paz y Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya, ha publicado Les Guerres d’Exili, un libro en el que personas refugiadas escriben sobre su vida cotidiana en un contexto de guerra desde diferentes puntos de vista. Eman A. Kamas de Irak, Marija Djurdjevic de la ex Yugoslavia, Yezid Arteta de Colombia, Mohhamed Rujailah de Palestina y Yssouf Traore de Costa de Marfil son los autores. El propósito del libro es analizar, a través de la experiencia de las personas refugiadas, los conflictos armados, las causas que los originan, los intereses que hay detrás y las propuestas de paz y resolución del conflicto que se hacen (tanto desde el interior de los países afectados como desde el exilio) y el impacto que tienen sobre el respeto y las garantias de los derechos humanos. ÀGATA SOL RUEDA, secretaria general de la CCAR.

Unas 120 personas participaron en esta jormada.

FOTO: WENCESLAO SCYZORYK

Se celebra en Madrid la jornada “No + discriminación” Paula Moscuzza El 23 de septiembre tuvo lugar en Madrid la jornada por la diversidad “No + discriminación” con la asistencia de unas 120 personas, principalmente vinculadas al ámbito del empleo (empresarios, instituciones públicas y entidades sociales). Esta jornada se enmarca en el programa Contra la discriminación: Infórmate y actúa que CEAR desarrolla desde 2006 con el objetivo de potenciar los aspectos positivos del acceso al mercado laboral de las personas refugiadas e inmigrantes y de prevenir posibles casos de discriminación, para que la sociedad aproveche al máximo los conocimientos, experiencias y habilidades de todos sus miembros Las ponencias presentadas por los miembros de ONG, la Administración pública, empresas y sindicatos propiciaron la reflexión sobre los instrumentos y las acciones que fortalecen la diversidad en la empresa y el debate sobre la legislación nacional y europea en materia de lucha contra la discriminación en este ámbito.

Entre las conclusiones de la jornada destaca, en primer lugar, la convicción de que es ilegal la discriminación por motivos de origen étnico en cualquiera de los ámbitos de la vida social, incluido el del empleo, en virtud de la Directiva sobre Igualdad Racial 43/2000 y su trasposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 62/2003 de 30 de diciembre.

Pese a ello, según los informes de distintas organizaciones sociales, la discriminación étnica es todavía una realidad en varios sectores laborales de nuestro país y se expresa en aspectos como la concentración de inmigrantes en determinados sectores de actividad, percepción de salarios más bajos en iguales condiciones de trabajo respecto a los trabajadores nacionales, mayor siniestralidad y mayor temporalidad de los contratos. Además, en la actual crisis económica, es este colectivo también el más afectado por sus duras consecuencias. Asimismo, se puso de relieve la necesidad de elaborar una ley única antidiscriminación, que complete y desarrolle las directivas europeas.

En segundo lugar, todas las organizaciones subrayaron la necesidad perentoria de constituir organismos de ámbito estatal, autonómico y provincial que presten una asistencia independiente a las víctimas de la discriminación e investiguen y den seguimiento a las denuncias presentadas.

En tercer lugar, se concluyó que para la elaboración de políticas estratégicas y eficaces para comba-

tir la discriminación es imprescindible un análisis previo de la realidad. Sin embargo, no existe una publicación oficial que recopile estadísticas periódicas sobre denuncias o casos de discriminación, racismo o xenofobia ni se supervisa la aplicación y el cumplimiento de la legislación; tampoco existen estudios e investigaciones que proporcionen información objetiva y fiable sobre los fenómenos del racismo y la xenofobia. Se puso también de manifiesto la escasa formación en la materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (fuerzas de seguridad, jueces, fiscales…).

En cuarto lugar, respecto a la diversidad en el ámbito de la empresa, los ponentes (pertenecientes en su mayoría al sector empresarial) coincidieron en que tal diversidad es una realidad y, por tanto, es necesario que los equipos directivos de las empresas abandonen la noción de que sus trabajadores deben ser un grupo homogéneo.

En cuanto a la sensibilización de un equipo directivo, las distintas ponencias hicieron hincapié en que el lenguaje en positivo del valor de la diversidad y su rentabilidad es el que tiene más aceptación en la empresa. Sin perjuicio de que la información sobre no discriminación también sea bien recibida, este enfoque es mucho más efectivo.

El 20 de noviembre se realizó en Barcelona una jornada de sensibilización muy similar y cuyo balance también fue satisfactorio. En esta ocasión, participaron en su preparación la Red Europea contra el Racismo (ENAR en sus siglas inglesas), de la que CEAR forma parte, y la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Consejo contra la Discriminación.- Como obligaba desde hace ya nueve años la Directiva Europea 43/2000, el 27 de octubre se constituyó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, un organismo consultivo cuyas funciones serán asistir a las víctimas de discriminación por origen racial o étnico en la tramitación de sus reclamaciones, realizar estudios y publicar informes, así como formular recomendaciones y propuestas.

- Más información: www.informateyactua.org - Paula Moscuzza coordina el programa “Contra la discriminación: Infórmate y Actúa” de CEAR.

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FERINE promueve un curso sobre cooperativismo

El autoempleo colectivo ¿cooperativas de migrantes?

Rafael Mayoral Durante octubre y noviembre la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha organizado en Madrid el curso Funcionamiento integral de cooperativas, respaldado por el Programa de Apoyo al Asociacionismo de CEAR y realizado por la cooperativa Kinema en colaboración con la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid. En el curso han participado facilitadores de asociaciones de migrantes, dinamizadores y educadores sociales, aportando un posible efecto multiplicador del curso, puesto que, una vez terminado el mismo, los conocimientos no sólo pueden resultar útiles a los participantes, sino también a los procesos participativos en los que desarrollan su actividad cotidiana.

Resulta destacable la amplia coincidencia de los participantes en el diagnóstico de la situación originada por la actual crisis económica y en sus devastadoras consecuencias entre amplias capas de la clase trabajadora. A la destrucción imparable de puestos de trabajo debemos añadir los procesos de embargo y desposesión del derecho a la vivienda, consecuencia de las llamadas “hipotecas basura”. Además, el colectivo migrante sufre el calvario que supone la renovación de la tarjeta de residencia y permiso de trabajo vinculados a una relación laboral, algo que ha abocado a la irregularidad administrativa a muchas personas, una situación que se agrava por las recurrentes redadas policiales contra los indocumentados.

En este contexto, tras el estrepitoso fracaso de las fórmulas basadas en la competencia, emerge la posibilidad de explorar otras fórmulas de creación y mantenimiento de puestos de trabajo basadas en el trabajo cooperativo. La cooperativa como forma de organización económica fomenta la autorresponsabilidad, la autoayuda y la solidaridad como la vía más adecuada para la resolución de las necesidades de las personas.

El curso Funcionamiento integral de coopera-

tivas ha recorrido la evolución de la economía social desde las diferentes experiencias originarias hasta las formas más actuales, ofreciendo una visión crítica de experiencias tan potentes como la Corporación Cooperativa Mondragón. Se visionó la película La Toma, dirigida por Naomi Klein y que se sitúa en la Argentina posterior a la crisis del corralito, para debatir acerca de las experiencias de este tipo en tiempos de crisis.

También se analizó el origen y forma de organización de las empresas mercantiles y su comparación con las potencialidades de las cooperativas Asimismo, se examinó el funcionamiento interno de las cooperativas desde el punto de vista economico, fiscal, laboral y de la organización interna y se abordaron los pasos necesarios para la constitución de cooperativas mediante una explicación teórica y una simulación de constitución de cooperativas, incluyendo la elaboración de los estatutos, así como la explicación de trámites ante la administración pública y la solicitud de posibles subvenciones.

Por último, se trataron los aspectos fundamentales para realizar un plan de viabilidad que permitiera hacer una valoración lo más objetiva posible de los proyectos como un mecanismo necesario para la reducción de riesgos en el emprendimiento cooperativo y como la mejor forma de integrar mecanismos de planificación participativa en la gestión desde el inicio.

Nuevas perspectivas.- El curso ha pretendido, en definitiva, responder a las necesidades de nuevas perspectivas de autoempleo de las personas migrantes y refugiadas en la búsqueda de caminos que permitan el despliegue de las capacidades creadoras de un colectivo dinamico que sufre con especial dureza los rigores de la crisis. Han sido unas jornadas de trabajo enriquecedoras tanto para las personas formadoras como para las participantes en las que reinó un ambiente de trabajo cooperativo y se compartieron experiencias inquietudes y expectativas.

La tarea esencial empieza ahora con el despliegue de la actividad de los dinamizadores y facilitado-

IX ENCUENTRO ESTATAL DE VOLUNTARIADO DE CEAR.- Cien personas han participado en el IX Encuentro Estatal del Voluntariado de CEAR, que se ha celebrado en Valencia entre el 11 y el 13 de diciembre. Sendas ponencias de Alfredo Abad (secretario general de CEAR) y Javier de Lucas (presidente de CEAR) sobre la situación actual del derecho de asilo y los desafíos de la organización y cuatro talleres (nueva Ley de Asilo, consecuencias de la crisis económica, relaciones con los medios de comunicación y reflexiones sobre los procesos del voluntariado de CEAR) vertebraron los trabajos y debates, que se clausuraron el domingo 13 con el visionado del DVD El camino sin fin. Lo mejor del Encuentro fueron los asistentes, que lo enriquecieron con sus diversas trayectorias, experiencias y aportaciones y lo convirtieron así en un momento especial lleno de emociones, en una “inyección” de energía para continuar transformando este mundo.

FOTO: ERVIN SARKISOV

res participantes, difundiendo los valores y principios cooperativos, aportando la posiblidad de la cooperativa como una fórmula útil para la gente trabajora que se plantee crear su propio puesto de trabajo o que busque salir de la economía informal. Las cooperativas no son ninguna receta mágica, pero pueden resultar una herramienta en el trabajo cotidiano contra la precariedad y la exclusión.

El movimiento cooperativo, que nació ante las inacapacidades de las empresas mercantiles para

resolver las necesidades humanas, es una de las alternativas más fértiles en estos tiempos de crisis del capitalismo, con sus efectos devastadores sobre los trabajadores y, entre ellos, particularmente, entre las personas migrantes y refugiadas.

- Rafael Mayoral es abogado y, como miembro de la Cooperativa Kinema, ha coordinado este curso.

- Más información: www.fferine.org

Quito 2010: “Pueblos en movimiento por la ciudadanía universal” Iván Forero Al pie de las inmensas montañas nevadas que rodean la hermosa capital de Ecuador, Quito, el 19 y 20 de noviembre se reunió el Comité Internacional y el Comité Nacional del IV Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se celebrará allí en octubre de 2010, con el propósito de hacer un balance del proceso preparatorio: los avances de la secretaría técnica en relación con la consolidación del Comité Nacional, las gestiones políticas de seguimiento del proceso con el Gobierno nacional, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ayuntamiento de Quito y la valoración de la infraestructura, las necesidades y los avances en términos financieros. Entre los miembros del Comité Internacional participaron Alfredo Abad y Mauricio Valiente.

Un punto central de las reflexiones fue la construcción temática y el debate sobre el lema de la cuarta edición del Foro, que se acordó que debería tener como marco la crisis financiera, económica, ecológica y política mundial, la más profunda crisis del modelo capitalista neoliberal que, en definitiva, ha puesto en riesgo el futuro del planeta. Visto desde los intereses de las personas migrantes, desde los procesos organizativos gestados por ellos y desde la defensa de los derechos humanos, la construcción de la ciudadanía universal es, sin duda, el objetivo central de la acción sociohistórica que representa el Foro Social Mundial de las Migraciones.

Por ello, la primera parte del lema de la cuarta edición es: “Pueblos en movimiento por la ciudadanía universal”. No es sólo un esfuerzo individual, sino que se trata de partir de la gran diversidad de realidades, de identidades, de culturas, de procedencias que se van articulando desde la igual condición de exclusión, de explotación, de dolor social.

Asimismo, los impulsores asumen el compromiso de construir otro mundo posible. Es urgente

avanzar en la toma de conciencia del papel trascendental de este nuevo sujeto político mundial (los movimientos y organizaciones de migrantes en el mundo) en la coyuntura histórica actual. Estas acciones transformadoras podrán avanzar en la medida de que estas dinámicas organizativas se vayan constituyendo en sujetos políticos con capacidad de autonomía, como verdadera fuerza social en movimiento, para construir los nuevos actores, de la mano de otros sectores sociales y políticos, en solidaridad con otros procesos históricos transformadores. De ahí, la segunda parte del lema de IV FSMM: “Derrumbando el modelo, construyendo actores”.

Por ello, es importante señalar los avances que Ecuador ha alcanzado en esta materia. Para el Gobierno la realidad de las personas y pueblos en movilidad humana es sin duda un paradigma fundamental, ya que este país, por efectos de las políticas neoliberales y del colapso de su economía, vio cómo en menos de un lustro emigró más del 25% de su población. Y, al mismo tiempo, por efectos de la grave crisis humanitaria que sufre la vecina Colombia recibe a cerca de 500.000 refugiados y, debido a la dolarización de su economía, también acoge a cerca de 400.000 trabajadores peruanos en el sur. Ésta es la razón por la que el Gobierno ecuatoriano ha hecho de la política migratoria una política de estado. Así, el artículo 9 de la nueva Constitución, promovida por el presidente Rafael Correa, señala: “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución”. Y luego tiene desarrollo en la Sección Tercera referida a la movilidad humana, en la que se explicitan los derechos de las personas migrantes: “Se reconoce que toda persona tiene derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”.

Asimismo, destaca la creación de instrumentos e instituciones como la SENAMI, cuyo objetivo es dar respuesta tanto a las necesidades de los ecuatorianos

Imagen de uno de los conciertos celebrados en el II FSMM en Rivas Vaciamadrid en junio de 2006. que han emigrado como a las de los familiares que se han quedado.

Por otra parte, la creciente articulación de propuestas de integración social, política y económica en América Latina promovidas por los gobiernos de izquierda (Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, El Salvador…), buscando una alternativa para los pueblos de la región, marcarán de forma especial las reflexiones y acuerdos a los que el FSMM llegará en octubre de 2010. El papel protagónico que hoy tienen los pueblos indígenas, los movimientos campesinos, las organizaciones de los millones de pobladores de los barrios populares, las organizaciones de mujeres o de jóvenes y toda la incidencia en las políticas pú-

blicas que los gobiernos de esta región representan tendrán un importante testimonio en los desarrollos del IV FSMM. En este contexto, se definieron también los cuatro ejes temáticos: crisis globales y flujos migratorios; derechos humanos y migración; diversidad, convivencia y transformaciones socioculturales; nuevas formas de esclavitud, servidumbre y explotación humana. Y se acordó tener como ejes transversales los siguientes: género, etnicidad, religiosidad, interculturalidad, generacional.

- Iván Forero coordina el área de Estudios y Movimientos Sociales de CEAR.

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Invierno de 2009 / 2010

En la fotografía superior, de izquierda a derecha, Javier de Lucas, Jon Bandrés, Juan Genovés, Eyuup Doru, el padre Jeròme, Malalai Joya y José Manuel Romero. En las otras dos imágenes, Jon Bandrés y Javier de FOTOS: PAULA MOSCUZZA Lucas entregan “La espiral del viento” a Malalai Joya y Eyuup Doru, quien representó a Leyla Zana en la entrega del VII Premio Juan María Bandrés.

Eugenia García Raya El 21 de octubre se entregó en Madrid el VII Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados que otorgan CEAR y la Fundación CEAR-Habitáfrica con la presencia de Jon Bandrés, hijo de Juan María Bandrés; el presidente del jurado del Premio, el pintor Juan Genovés; fundadores de CEAR (en el año de su 30º aniversario) como Marcos Ana, Carmen Victory o María Jesús Arsuaga; dirigentes políticos como Cayo Lara (coordinador general de IU) o el eurodiputado socialista Carlos Carneros; representantes de organizaciones sociales como la APDHA o la Red Europea contra el Racismo; la representante de ACNUR en España, Maricela Daniel, miembros de asociaciones de refugiados e inmigrantes, sindicatos y defensores de derechos humanos.

“La espiral del viento”, la escultura que Martín Chirino donó para que fuera el símbolo de este Premio, fue entregada a las dos premiadas, la afgana Malalai Joya y la kurda Leyla Zana, quienes junto con el padre Jeròme (que recibió una mención especial del jurado), han sido reconocidas por CEAR y la Fundación CEAR-Habitáfrica en una edición del Premio que ha coincidido con la aprobación de una nueva Ley de Asilo en España que supone un retroceso del derecho de asilo.

Como “faros en medio de las tinieblas que alumbran y marcan el camino en defensa de la dignidad de las personas” fueron calificadas por el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, la ex refugiada y diputada afgana Malalai Joya, expulsada del Parlamento por su denuncia pacífica contra los “señores de la guerra” y el Gobierno, que ha sufrido varios atentados contra su vida y sigue trabajando por la

Faros en medio de las tinieblas democracia en Afganistán; y Leyla Zana, escritora y líder política kurda, encarcelada varias veces por las autoridades turcas, distinguida con el Premio Sajarov del Parlamento Europeo y quien continúa con su trabajo luchando por la paz, el respeto de los derechos de la población kurda y el diálogo entre kurdos y turcos.

Lucha contra la injusticia.- En su intervención, Malalai Joya agradeció que se reconozca su lucha “contra la tiranía y la injusticia”, así como contra la “mentalidad medieval de los talibanes”. Joya recibió el Premio como “un estímulo para seguir luchando por los derechos de mi pueblo” e insistió en que ni los intentos de asesinato, ni las amenazas, insultos y agresiones físicas, ni “nada” podrán mitigar su batalla por “denunciar la corrupción y la violencia que sufren las mujeres en Afganistán” y criticó la presencia de tropas extranjeras en su país, porque “una nación no puede liberar a otra. Debe ser el pueblo afgano el que se libere a sí mismo”.

Ante la imposibilidad de que Leyla Zana acudiera al acto de entrega del Premio, éste fue recogido en su nombre por Eyuup Doru, dirigente kurdo refugiado en Francia, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y consultor del Consejo de Europa.

Leyla Zana envió al acto de entrega del VII Premio Bandrés una carta en la que expreso su deseo de que todas las personas puedan desarrollar su vida

“de manera digna en el lugar donde deseen vivir” y apostó por “un cambio y una transición en Turquía”.

Zana pidió que no se olvide la “lucha del pueblo kurdo desde hace un siglo” y recalcó la necesidad de tenerlo en cuenta si se quiere conseguir una “auténtica transformación y cambio en Turquía”. Para lograrlo, la escritora y candidata al Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones apeló a que los valores que proclama la Alianza de Civilizaciones “se extiendan también al pueblo kurdo”.

El jurado del VII Premio Bandrés quiso reconocer también con una mención de honor el trabajo del sacerdote nigeriano Jeròme Otitoyomi Dykiya en la Misión Católica de Nouadibú. El padre Jeròme recibió la mención de manos del presidente de la Fundación CEAR, José Manuel Romero, y dedicó su premio “a todos los inmigrantes y refugiados que han muerto en las pateras cuando buscaban una vida más digna”.

Jeróme denunció la externalización de fronteras: “La frontera de Europa no está en la Península, últimamente está en Nuadibú y otras cuantas poblaciones como ella, que se encargan de retener a la emigración a toda costa”.

En la estela de Juan Mari Bandrés.- En el cierre del acto Javier de Lucas, presidente de CEAR, agradeció a los premiados su trabajo por los derechos humanos, “en la estela del compromiso que encarna Juan Mari Bandrés”, en una época en la que el trabajo por

ampliar y reforzar el derecho de asilo, tal y como lo exige la situación del mundo, es una obligación jurídica, no un acto de generosidad o humanitarismo, con unas personas “que no son una amenaza, sino los amenazados”. Para el presidente de CEAR esta obligación implica trabajar por extender el asilo para dar protección a todos los sujetos que lo necesitan, por extender la propia noción del derecho de asilo para hacer frente a todas las causas de persecución que hoy existen y por hacer más accesible el procedimiento de asilo.

A juicio de Javier de Lucas, “no es ésta, lamentablemente, la tendencia que podemos encontrar en las políticas de asilo de la Unión Europea y de nuestro país. Acabamos de asistir a la aprobación de la reforma de la ley, cuyos considerables aspectos positivos hemos destacado. Entre ellos la disposición que los grupos parlamentarios han tenido para escuchar y negociar durante la tramitación parlamentaria de la ley. Pero lo aprobado sigue siendo insuficiente, porque sigue recortando un derecho que es la clave del derecho a tener derechos. No podemos estar satisfechos con esa ley, como no lo estamos con la política de externalización de fronteras”.

Por eso, el presidente de CEAR defendió la necesidad de ser radicales en el sentido “de ir a la raíz de los problemas y de las propuestas con las que responder al drama de los refugiados. Y, si por ser radicales en la defensa de los derechos tenemos dificultades, creo que no cabe otra respuesta que seguir en el empeño”.

- Eugenia García Raya es la responsable de Información Pública de CEAR.

Edita: Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Comité de redacción: Alfredo Abad, Mario Amorós (coordinador), Iván Forero, Eugenia García Raya y Mauricio Valiente. Maquetación: Creatividad y Comunicación de Acción Social. Impresión: AFANIAS. Servicios Centrales de CEAR: Avda. General Perón, 32. 2º Dcha. 28020 Madrid. Tf.: 91 598 05 35. fronteracero@cear.es Depósito legal: M-26266-2005.

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