Distribución gratuita
Publicación trimestral de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – www.cear.es
Movilización con motivo de la nueva Ley de Asilo en Bilbao el 17 de abril.
FOTO: TINIXARA SUÁREZ / IKER BOCOS
ACNUR expresa su preocupación ante el proyecto de nueva Ley de Asilo Mario Amorós “España tiene con esta reforma [de la legislación de asilo] la oportunidad de mostrar el tipo de sociedad que quiere ser. Creemos que, lejos de apostar por una reducción de los estándares de compromiso con los refugiados, el pueblo español tiene la posibilidad de mostrar la misma generosidad que recibieron ciudadanos españoles por circunstancias parecidas hace no mucho tiempo”, aseguró el 20 de marzo Maricela Daniel, representante de ACNUR en España, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El proyecto de nueva Ley de Asilo, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre y que al cierre de este número a finales de mayo estaba en la fase de discusión de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, ha despertado también la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Maricela Daniel subrayó que “si bien incorpora algunos aspectos positivos, como el reasentamiento, requiere modificaciones relevantes para considerarse que tiene un nivel adecuado de garantías” y añadió que varios de sus artículos son “preocupantes” y “mejorables”, ya que “se encuentran por debajo de los estándares mínimos” dispuestos en la Unión Europea. Entre los aspectos del proyecto de ley que no comparte ACNUR, Daniel citó la privación del derecho a solicitar asilo en España a los ciudadanos del resto de países de la UE. Además, recomendó la adaptación a la Convención de Ginebra de las cláusulas de exclusión del estatuto de refugiado debido a “las graves consecuencias” que implica su aplicación para apartar a una persona de la protección internacional. Precisamente, en un extenso documento de valoración del proyecto de ley que incluye numerosas propuestas, la delegación de ACNUR en España ha expuesto al Ministerio del Interior los aspectos
de la iniciativa que considera positivos y los que necesitan ser mejorados. Respecto a las cláusulas de exclusión, ACNUR señala en este documento: “Es profundamente preocupante que, de acuerdo con los artículos 19 y 22 del proyecto de ley, un análisis de la posible exclusión de solicitantes de protección internacional pueda ser efectuado en un procedimiento acelerado, incluyendo el procedimiento en frontera, antes de que se haya procedido a una evaluación sustantiva de los criterios de inclusión. Las causas de exclusión deben ser examinadas en la parte sustantiva del procedimiento de asilo, dadas las graves consecuencias de su aplicación y la necesidad de efectuar un balance, en relación con las alegaciones de persecución del solicitante”. ACNUR también recuerda que la relación de las cláusulas de exclusión del estatuto de refugiado, incluida en el artículo 1F de la Convención de Ginebra de 1951, es “exhaustiva y no puede ser ampliada”, tal y como pretende el Gobierno con el artículo 8 del proyecto de ley. En cuanto a la desaparición de uno de los aspectos del procedimiento de asilo en España en el que ACNUR desempeña un papel más relevante (la posibilidad de entrar en territorio nacional de una persona cuya solicitud de asilo ha sido inadmitida a trámite, pero que ha obtenido un informe favorable a la admisión de ACNUR, para interponer un recurso contencioso-administrativo), esta agencia de Naciones Unidas expresa de nuevo su preocupación por “el hecho de que las garantías alternativas que contempla el proyecto de ley y que podrían suponer la suspensión de la resolución recurrida no puedan hacerse efectivas en todos los casos debido a aspectos vinculados con el procedimiento judicial y los breves plazos del procedimiento en frontera y de un posible retorno del solicitante”. Por ello, recomienda que se contemplen en el proyecto de ley medidas que permitan asegurar que el solicitante tenga acceso a un efectivo control jurisdiccional y a una asistencia letra-
da especializada antes de que se proceda al retorno a su país de origen. Además de ACNUR, el 20 de marzo intervinieron ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados miembros de Amnistía Internacional, ACCEM, ACSAR, FERINE, Médicos del Mundo y CEAR, que trasladaron a los grupos parlamentarios múltiples propuestas para mejorar sensiblemente el proyecto de nueva Ley de Asilo. El 5 de mayo, y dado que los dos partidos con mayor representación (PSOE y PP) se muestran reacios a modificar los aspectos más restrictivos del proyecto de ley, las directoras de ACCEM, Julia Fernández Quintanilla, y Amnistía Internacional, Eva Suárez-Llanos, y los presidentes de Rescate Internacional, Juan Ángel López Romero, y CEAR, Javier de Lucas, suscribieron una carta dirigida a los grupos parlamentarios. En este documento estas organizaciones plantearon a los diputados que en el debate del proyecto de ley apoyen once puntos que son cruciales para discernir si la nueva Ley de Asilo será un avance o un serio retroceso. Entre estos once puntos, citan la no exclusión del procedimiento de asilo de los ciudadanos de otros países de la UE; que las cláusulas de exclusión se ajusten de manera estricta a la Convención de Ginebra; la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas españolas; la no utilización de listas de países de origen o tránsito “seguros” para decretar la inadmisión de una solicitud; el mantenimiento en los términos vigentes del papel de ACNUR en el procedimiento; la inclusión de un artículo que recoja los derechos de los solicitantes de asilo, al igual que existe uno en el proyecto de ley que estipula sus obligaciones; o el rechazo de la ampliación de los plazos de las solicitudes de asilo en puestos fronterizos y de la posibilidad de utilizar las cláusulas de exclusión en frontera. - Mario Amorós es miembro del área de Estudios y Movimientos Sociales de CEAR.
El Congreso de los Diputados prosigue en junio el debate de las enmiendas presentadas por todos los Toda la información en www.cear.es grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Asilo.
Nº 8 – Verano de 2009
La protección de los refugiados cae en picado En 2008, el número de solicitantes de asilo en los 51 países industrializados aumentó un 12%, según las estadísticas provisionales de ACNUR, y sumaron 382.670. Este incremento se explica por el elevado número de solicitantes originarios de países como Irak (40.483), Somalia (21.823), Rusia (20.477), Afganistán (18.459) o China (17.428). Sin embargo, en España (uno de esos 51 países industrializados), el número de solicitantes de asilo cayó un 41,06%, ya que de los 7.664 de 2007 se pasó a 4.517, la cifra más reducida desde 1989. En cambio, Francia acogió a 35.160 solicitantes (aumento del 20% respecto a 2007), Reino Unido a 30.550 (aumento del 8%) y Alemania a 21.370 (aumento del 12%). En varios países que registraron también una notable caída del número de solicitantes, como Suecia (33%) o Grecia (21%), el número total fue muy superior al de España (24.350 y 19.880). Los países de origen del mayor número de solicitantes de asilo en España en 2008 fueron Nigeria (808), Colombia (752), Costa de Marfil (500), Somalia (195) y Argelia (152). Llama poderosamente la atención la caída en picado (del 70%) de los colombianos, puesto que en 2007 pidieron el estatuto de refugiado en España 2.497 personas procedentes de este país y en 2008 sólo 752. En cuanto a la protección que España otorga a los refugiados, en 2008 se registró una caída de proporciones históricas, ya que sólo 151 personas (la cifra más baja desde 1995) lograron el estatuto (el 2,91% de las resoluciones de asilo firmadas por el ministro del Interior), un descenso del 25,98% respecto a los 204 estatutos de 2007. Respecto a las distintas formas de la protección complementaria, sólo 126 personas accedieron a una de ellas, apenas el 2,43%, cuando en 2007 la lograron 340 personas (el 5,24%). - La situación de las personas refugiadas en España. Informe 2009 de CEAR. Editorial Entimema. Madrid, 2009. 384 págs.
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TRIBUNA ABIERTA
Política europea de asilo: disuasión y externalización CLAIRE RODIER MIEMBRO DE GISTI Y MIGREUROP En el otoño de 1998, las conclusiones de la Cumbre europea de Tampere anunciaban “la puesta en marcha de un sistema europeo común de asilo basado en la aplicación integral y global de la Convención de Ginebra” y el mantenimiento del principio de no devolución. Diez años más tarde, este objetivo está lejos de alcanzarse. Ahora que se han adoptado un decena de reglamentos y directivas para definir este sistema común de asilo es necesario constatar, como lo hicieron la mayoría de los Estados en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo (suscrito en París en octubre de 2008), que “subsisten importantes disparidades en la concesión de la protección y las formas y procedimientos en que se enmarca”. De hecho, las oportunidades de obtener protección internacional en Europa dependen más del lugar donde presenta la solicitud de asilo que de la naturaleza de las amenazas o las persecuciones sufridas. Esta constatación llevó al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, a estimar que “en Europa el derecho de asilo no está plenamente protegido”. La evolución de las cifras de solicitantes de asilo ilustra la frágil situación de este derecho: de los 429.580 de 2002 se han pasado a 238.000 en 2008, a pesar de que la Unión Europea ha aumentado de 15 a 27 sus países miembro. Como este periodo no se ha caracterizado por una reducción notable de las causas de persecución en el mundo, hay que buscar las razones de este notable descenso en la politica disuasoria desarrollada por la Unión Europea. Por un lado, el marco legal establecido desde el año 2000 para la acogida de los solicitantes de asilo y el tratamiento de las solicitudes en los Estados miembros muestra una evidente voluntad en este sentido y, por otro, la UE se ha embarcado en un proceso de externalización del control de sus fronteras que le permite deslocalizar su deber de protección. Una política disuasoria.- Varios instrumentos jurídicos adoptados entre 2001 y 2005 perfilan esta política. Por ejemplo, el Reglamento Dublín II, de 2003, establece que el Estado que permite a una persona la entrada en el territorio de la Unión Europea es el responsable de tramitar su solicitud de asilo, por lo que el solicitante es incluso transferido a éste en contra su voluntad. Sin embargo, como se ha dicho, las regulaciones
nacionales en materia de acogida y procedimientos son muy diferentes de un Estado a otro. La Directiva de 2005 de normas mínimas relativas al procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado permite, bajo el pretexto del retraso en el estudio de las solicitudes, la creación de un procedimiento acelerado que dificulta la instrucción de un caso de asilo en los plazos que requiere. De ahí los verdaderos riesgos de expulsión de personas con necesidad de protección. También instaura el concepto de “país seguro”, que vulnera el principio del estudio individual de todos los casos de asilo, tal y como lo impone la Convención de Ginebra, y permite que muchas solicitudes sean consideradas manifiestamente inverosimiles. La disuasión también podría referirse, por ejemplo, a la reclusión de solicitantes de asilo en centros de internamiento, que las normas internacionales sólo consideran para casos excepcionales. Autorizada por la directiva sobre procedimientos y la de normas mínimas de acogida, la práctica del internamiento de los solicitantes de asilo puede generalizarse con la Directiva de Retorno, aprobada en junio de 2008. Habría que recordar que en Malta y Chipre el internamiento de los solicitantes de asilo ya es sistemático. Externalización.- El análisis del derecho de asilo en la UE no puede obviar la creciente dificultad de las personas necesitadas de protección internacional para acceder a los territorios de los países miembro a consecuencia de un doble proceso que se inscribe en el discurso oficial que habla de “la dimensión exterior del asilo y la inmigración”. Por un lado, la política europea de lucha contra la inmigración irregular también tiene por objeto evitar o dificultar el acceso a aquellas personas que necesitan protección internacional. De esta forma, la agencia FRONTEX, cuyas intervenciones (principalmente marítimas) tienen por objeto evitar la llegada de inmigrantes irregulares, no prevé identificar a aquellas personas necesitadas de protección internacional, por lo que pueden ser devueltas sin ejercer sus derechos. ¿Cuántos solicitantes de asilo potenciales pueden haber existido entre las decenas de miles de personas que han sido devueltas por FRONTEX a las costas senegalesas y mauritanas?
Por otro, la “dimension exterior” se apoya cada vez más en la colaboración de la Unión Europea con terceros Estados. A través de diversos programas, las relaciones entre la UE y África se sitúan en un marco político global que vincula las relaciones diplomáticas, económicas, culturales y comerciales con las cuestiones migratorias. En materia de asilo, la cooperación se traduce en la ayuda suministrada por la UE en favor de “un reparto de responsabilidades”, así como el refuerzo de las “capacidades de protección” de sus vecinos respecto a los refugiados. Pero la combinación de la ayuda aportada a terceros países con la progresiva impermeabilización de sus fronteras, destinada a evitar la inmigración irregular, tiene importantes consecuencias sobre muchas personas, que se ven privadas de la posibilidad de solicitar asilo en la Unión Europea. Las relaciones entre la UE y Marruecos ilustran esta colaboración centrada en el control de los flujos migratorios: más de una decena de personas procedentes del África subsahariana murieron en 2005 por los disparos de las fuerzas de seguridad marroquíes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Además, la UE contribuye a reforzar las fronteras de Estados limítrofes que, como Ucrania, carecen de un sistema de asilo con garantías, por lo que se convierte en cómplice de los abusos que puedan sufrir los solicitantes de asilo y los refugiados, como lo denuncian muchas organizaciones internacionales. Después de una serie de consultas, que concluyeron en 2007 con el Libro Verde sobre el futuro del sistema europeo de asilo común, la Comisión Europea decidió emprender su revisión. Pero esta reforma propuesta a finales de 2008 al Parlamento y al Consejo europeos no aborda los aspectos preocupantes expuestos en estas líneas. En lo que respecta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, se inscribe en una línea de continuidad, ya que cuando hace referencia a las normas del Derecho Internacional y se propone un “nivel de protección más elevado”, los medios previstos para alcanzar este objetivo no constituyen ningún avance. Y, sobre todo, frente al capítulo que consagra al asilo, dedica tres a las medidas que buscan impedir entrar a Europa a las personas necesitadas de protección internacional. - Traducción: Javier Ramírez, miembro del Servicio Jurídico de CEARMadrid.
DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2009
En el 30º aniversario de CEAR ALFREDO ABAD SECRETARIO GENERAL DE CEAR La conmemoración de un Día Mundial del Refugiado sigue siendo necesaria y no tenemos en el horizonte una perspectiva que nos permita soñar con su desaparición en un futuro próximo. Más bien al contrario, la situación de los refugiados en el mundo y en concreto las políticas europeas respecto al asilo, entre ellas también la española, nos llevan a insistir con fuerza en que el derecho de asilo es hoy un derecho amenazado. Según la definición básica de la política europea común de asilo, la terna libertad- justicia-seguridad es el fundamento de la creación de un sistema común de asilo. La realidad dice que estos valores se vuelven contra las personas migrantes y los necesitados de protección internacional cuando los miedos de la seguridad y el control se imponen a los compromisos de solidaridad y protección. En lugar de los loables propósitos expresados por António Guterres, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien afirma que no debe de hacerse una política a la baja, encontramos la ausencia de una política decidida de reasentamiento de refugiados en la UE o gestos como el reciente de Italia, cuyo Gobierno ha vulnerado el principio de no devolución, y una dedicación de recursos creciente al Frontex como sistema de cierre y externalización de fronteras, sin que se apliquen en este dispositivo los seguimientos que permitan a las personas acceder a la protección internacional. Asimismo, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo parece tener como única prioridad la lucha contra la inmigración ilegal, reinterpretando los valores de justicia, seguridad y libertad según intereses populistas y economicistas. Éste es un año especial para CEAR y sigue vigente su vocación inicial de cumplir con los fines humanitarios y asistenciales de su acta de constitución, suscrita el 7 de mayo de 1979 por personalidades y organizaciones muy relevantes de la sociedad española. Son muchas las personas que se han esforzado por cumplir nuestro objetivo fundamental de velar por la correcta aplicación de la Convención de Ginebra de 1951 y las demás normas internacionales y nacionales de
protección de los refugiados y desplazados. Con dedicación profesional, desde el voluntariado o como trabajadores remunerados, la gente de CEAR ha buscado, como sus estatutos indican, la aplicación más favorable para el ser humano. Este empeño se ha visto reflejado de forma especial en los debates y las movilizaciones de estos meses en favor de una nueva Ley de Asilo que responda a los compromisos y responsabilidades internacionales de nuestro país. Nuestra preocupación sigue siendo el respeto de todos los derechos humanos, de aquéllos que afectan a la libertad de conciencia, columna vertebral de la protección del asilo, pero también, en la necesaria comprensión integral de los derechos de la persona, de los económicos, sociales y culturales, según se expresa en la Declaración Universal de 1948. El asilo, un derecho amenazado.- Las cifras, expuestas en este mismo periódico y de manera muy exhaustiva en nuestro Informe 2009, hablan de la crisis del derecho de asilo en España. Pero estos datos y los del conjunto de países industrializados no dejan de ser una imagen muy parcial de la situación de los refugiados en el mundo, ya que los mayores movimientos de personas buscando protección se producen en el Sur; así, en Pakistán en el último mes se han incrementado los refugiados en dos millones de personas. Y Ecuador, por ejemplo va a conceder el estatuto de refugiado a 50.000 colombianos, mientras que en 2008 y en lo que va de 2009 la puerta de nuestro país se ha cerrado a los procedentes de este país. Consideramos el derecho de asilo como un derecho amenazado particularmente por las dificultades de acceso que las personas necesitadas de protección internacional tienen para presentar sus solicitudes. Adecuar nuestra legislación a las directivas europeas no puede nunca significar un recorte de los niveles actuales de protección, como sucede con el proyecto de nueva Ley de Asilo, si se mantienen la desaparición
de la vía diplomática o la reducción sustancial del papel de ACNUR en el procedimiento. Debemos seguir trabajando para que nuestra contribución como Estado sea mantener un nivel alto de protección y éste empieza con la posibilidad misma de acceder a esa protección. El control de fronteras, y en particular de la frontera sur, no debe resultar dañina para la protección internacional. La gestión de las situaciones que se producen en aguas internacionales y países de tránsito nos obligan cuando extendemos nuestra jurisdicción a esas situaciones cumpliendo las obligaciones derivadas del Derecho Internacional. Principio de no devolución.- En tercer lugar, hay que constatar con hechos la apertura de la Convención de Ginebra a las situaciones producidas por las actuales formas de persecución, en particular personas perseguidas por violencia de género, opción sexual, identidad de género y refugiados medioambientales. Finalmente, la práctica concreta y cotidiana en los procedimientos debe respetar el principio básico de no devolución en las fronteras y en los centros de internamiento, garantizando el asesoramiento jurídico y el apoyo solidario a las personas especialmente vulnerables. La celebración del Día Mundial del Refugiado, a treinta años de la constitución de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, nos compromete con fuerzas renovadas en la exigencia de responsabilidad con los derechos universales e indivisibles de las personas, con su dignidad y con la aspiración de éstas a un futuro posible y a un futuro mejor. Lo que celebramos, cuando hay tanto que lamentar ante las injusticias en nuestro mundo y el sufrimiento de tantas personas, es que contamos con personas comprometidas con un vivo ardor por la justicia, con un mundo de derecho, solidario y dispuesto a enfrentarse a las fuerzas de la violencia, la exclusión y la barbarie por el ejercicio de la solidaridad y el derecho.
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Verano de 2009
OPINIÓN
Veinte años de muerte en las fronteras RAFAEL LARA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA
Manifestación del 17 de mayo en defensa de los derechos de los migrantes.
FOTO: PAULA MOSCUZZA
La reforma de la Ley de Extranjería recorta los derechos de los migrantes Susana Pérez Bajo el lema “Puentes y no muros”, el domingo 17 de mayo miles de personas salieron a la calle en diferentes ciudades españolas para manifestarse en contra de la reforma de la Ley de Extranjería y la política europea en el ámbito de las migzraciones. Las manifestaciones fueron convocadas por Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI), Migreurop y otras organizaciones en el marco de una jornada europea de defensa de los derechos de los migrantes. Los manifestantes exigieron a los candidatos al Parlamento Europeo que “sitúen en el centro de las políticas europeas de migración y desarrollo el respeto por la justicia, los derechos humanos y la dignidad humana.” En España se hizo especial hincapié en la retirada de la actual reforma de la Ley de Extranjería y la puesta en marcha de políticas de creación de puestos de trabajo también para los inmigrantes desempleados. El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería seguía, al cierre de este periódico a finales de mayo, su proceso de discusión preliminar antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe y lo remita al Parlamento para su tramitación. Según algunos medios de comunicación, el Gobierno ha introducido algunas modificaciones que recogen algunas de las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Al cierre de este número, el nuevo documento no se había hecho público ni remitido a las organizaciones sociales. Por una parte, el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado al Ejecutivo la modificación del artículo que sanciona a quienes presten ayuda humanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Por otra, el CGAE centró sus críticas en cuatro áreas: la criminalización de los inmigrantes, la falta de garantías para los menores no acompañados, la ampliación del internamiento en los CIE y que se priorice la sanción frente a la integración. En cuanto al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, criticó la ampliación del plazo máximo de internamiento de las personas en situación administrativa irregular de 40 a 60 días y los límites a la reagrupación familiar. Reagrupación familiar.- Pese a que se han conocido algunas de estas modificaciones y que “suavizan” algunos de los puntos más criticados del anteproyecto de ley, CEAR considera que la reforma sigue siendo muy restrictiva de los derechos de los inmigrantes, en la línea de las últimas directivas europeas (como la de Retorno) y de las leyes de otros países comunitarios. Los puntos más controvertidos y más criticados por los organismos citados y por las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes son la reagrupación familiar, las multas por apoyo u hospitalidad a los inmigrantes “sin papeles” y el internamiento. Respecto a la reagrupación familiar, el primer borrador del anteproyecto recogía, en el artículo 17, que el extranjero tiene derecho a reagrupar con él en España a su cónyuge, a sus hijos y a los del cónyuge siempre que sean menores de 18 años o discapacitados y también
a los menores de 18 o discapacitados si el residente es su representante legal y a los ascendientes que estén a su cargo y sean mayores de 65 años. En la ley vigente, no se limita la edad para los ascendientes, sólo se habla de dependencia económica y la concurrencia de los motivos que justifiquen la residencia en España. Curiosamente, se pretende fijar ahora la edad de 65 años, es decir, la edad de jubilación más habitual en España, una medida que las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, entre ellas CEAR, consideran que es totalmente arbitraria y que contraviene el artículo 14 de la Constitución. Según parece, las modificaciones que se han introducido en este apartado matizan que se reagruparán a menores de 65 años por razones humanitarias y de forma excepcional, lo que no supone un verdadero avance respecto al primer borrador ni recoge las propuestas y recomendaciones de las ONG, que defienden que no se introduzca ningún límite por edad. Otro de los artículos más controvertidos es el 53, sobre todo su apartado 2 c), relativo a las infracciones graves. En el primer borrador de la reforma de la Ley de Extranjería se consideraba una infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero, es decir, cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del período previsto. Esta infracción podría ser castigada con multas de hasta diez mil euros. Este punto hizo temer a muchas ONG que serán penalizadas por prestar asistencia a inmigrantes “sin papeles”. Plazos de internamiento en los CIE.- En las modificaciones realizadas por el Gobierno se precisa que se considera infracción grave cuando se promueva la permanencia irregular en España de un extranjero cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Aunque esta precisión excluye de estas infracciones a las ONG, sigue criminalizando y penalizando a personas que ayudan sin ánimo de lucro a estos inmigrantes. Otro de los aspectos más polémicos del anteproyecto y más criticados por las organizaciones de inmigrantes es el que regula el internamiento de las personas “sin papeles” en los Centros de Internamiento. El artículo 62.2 amplía este plazo de 40 a 60 días, inspirado en la Directiva de Retorno, y además se añaden tres supuestos en los que estos 60 días se pueden suspender y, por tanto, prolongar: durante la tramitación de una solicitud de asilo, mientras se resuelve la admisión de un habeas corpus o cuando el extranjero esté enfermo. En la nueva redacción se mantienen los 60 días y se matizan las suspensiones. En el caso de procedimiento de asilo y para el habeas corpus, podrá prorrogarse por un máximo de 14 días, mientras que el caso de los enfermos queda fuera de la nueva redacción. A juicio de CEAR, esta precisión no mejora el primer borrador, puesto que el plazo de internamiento sigue siendo mayor que el actual, vulnerando los derechos fundamentales de los migrantes. - Susana Pérez es miembro del área de Incidencia y Participación Social de CEAR.
Desde que hace más de veinte años (el 1 de noviembre de 1988) aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, casi 21.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Es una estimación ajustada que hacemos desde la APDHA y que muestra con claridad la tragedia colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea y de España. A partir de 1985, año en que entró en vigor la primera Ley de Extranjería, y particularmente a partir de 1991, con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de las migraciones de España ha sido el intentar conseguir una “inmigración legal y ordenada” desde una óptica exclusivamente utilitarista, lo que conllevaba una prioridad absoluta en la denominada “lucha contra la inmigración ilegal”. Para el desarrollo de esta opción, convertido ya en modelo de gestión para toda la UE que cada vez más se intenta armonizar, se han realizado ingentes inversiones y se han desarrollado políticas legislativas de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización… siguiendo el modelo de la “Europa fortaleza”. Desde 2006, esta política ha recibido un extraordinario impulso en España con las consecuencias y resultados señalados en el Informe Frontera Sur 2008 que ha editado la APDHA Según este informe, y contrariamente a la visión triunfalista difundida por el Gobierno, los flujos migratorios siguieron aumentando durante 2008: pasamos de 31.610 personas detenidas (entre Canarias, Península, Baleares, Ceuta y Melilla y en las costas africanas) durante 2007 a las 35.642 detenidas durante 2008, según los datos que hemos podido determinar. Por tanto, efectivamente y de forma paulatina se ha conseguido desplazar buena parte del control de las migraciones hacia el sur y se ha logrado la colaboración de los países de partida de las embarcaciones o de tránsito de los migrantes, que han asumido el rol de policías de las fronteras de la Unión Europea. Es la materialización de las políticas de externalización que se diseñaran ya en el lejano Consejo de la Unión celebrado en julio de 2002 en Sevilla y se concretaron en el Programa de La Haya de 2004. Mirado desde una perspectiva europea, más amplia, las migraciones africanas hacia Europa no sólo no se han amortiguado, sino que se han ampliado de forma considerable, como hemos podido comprobar estos días en Italia. Las consecuencias están a la vista: durante 2008, la APDHA contrastó la muerte de 581 personas, de ellas 342 en el Mediterráneo frente a las 239 en el Atlántico, pero no es nada exagerado estimar en 2.900 el número de personas que pudieron perder la vida el pasado año intentando llegar a nuestro país. Sin duda, es imprescindible otro modelo de gestión de las migraciones. Desde el punto de vista de los derechos humanos, el actual “modelo” migratorio conlleva gravísimas violaciones de los mismos, origina enormes sufrimientos para las personas que intentan ejercer el derecho a encontrar una vida más digna, incluso con el resultado de su muerte. Y condena a miles de inmigrantes “sin papeles” a la marginación y la exclusión de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello una política inmoral e inhumana. Esta política pone en cuestión todo el discurso universalista de los derechos humanos, rechazando el principio de igualdad y justificando la exclusión con razonamientos insostenibles acerca de la prioridad nacional, la seguridad y la lucha contra la delincuencia. Pero, por otro lado, desde una óptica instrumental, este “modelo” no responde a la realidad, la cual niega y, por tanto, se muestra incapaz de gestionar el fenómeno migratorio. Y es que es imposible abordar un fenómeno de carácter social (éste como cualquier otro) mediante el recurso exclusivo a la represión y al control policial. Las migraciones son consustanciales a la humanidad, son un fenómeno estructural, que hoy hunde sus raíces en las profundas desigualdades del planeta. La política actual está condenada al fracaso, porque se asienta más en discursos ideológicos, demagógicos y xenófobos que en la propia realidad y en las necesidades sociales. Lo hemos dicho centenares de veces: la búsqueda de un futuro mejor no se puede cercenar con alambradas. Antes o después éstas son desmanteladas por la propia vida. Sin embargo, pese a esta evidencia, lo cierto es que es preciso poner sobre la mesa el debate. El actual “modelo migratorio” que se defiende desde España y la Unión Europea está abocado al fracaso y, además, viola de forma grave los derechos humanos. Hay por tanto que empezar a reconsiderarlo, dejando de aceptarlo como un hecho dado, como una especie de tabú que no se puede cuestionar y que ha llegado a formar parte del pensamiento único. Desde la APDHA no pretendemos tener o presentar ninguna fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar sobre nuevos modelos de gestión que hagan del derecho a la movilidad la norma y de sus limitaciones, excepciones especificadas, temporales y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo único acorde con el cabal respeto a la misma. Se trata en suma de la aplicación de otra política de asilo e inmigración en Europa, acogedora y respetuosa de la dignidad humana y de los derechos humanos. - Más información: www.apdha.org
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Verano de 2009
La Unión Europea aún no concreta el reasentamiento de 10.000 refugiados iraquíes Eugenia García Raya Alemania empezó en marzo a trasladar a su territorio a dos mil quinientos refugiados iraquíes, dos mil desde Jordania y unos quinientos desde Siria, en el marco de un programa de reasentamiento acordado con ACNUR. Esta agencia ha reconocido la rapidez de este país en responder a su llamamiento y ha vuelto a pedir al resto de países europeos que concreten la recomendación hecha el 27 de noviembre de 2008 por la Comisión Europea para reasentar a diez mil refugiados iraquíes durante 2009. Con este programa de reasentamiento puesto en marcha por Alemania por primera vez desde que hace tres décadas acogiera a grupos de vietnamitas, son dieciséis los países que han reasentado a refugiados iraquíes desde 2003. Entre ellos están Chile, Suecia o Suiza, que han acogido a iraquíes palestinos del campo de Al Tanf, en la frontera sirio-iraquí, junto con Estados Unidos, Canadá, Islandia, Noruega o Nueva Zelanda. Entre los países europeos, Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Holanda y Suecia han manifestado también su intención de brindar protección en su territorio a algunos de los cientos de miles de iraquíes que se encuentran en países vecinos a Iraq, especialmente Siria y Jordania, donde carecen de las condiciones mínimas para su permanencia. Sin embargo, estos ofrecimientos no se han concretado todavía. Violencia en Iraq.- Distintas organizaciones e instituciones internacionales han denunciado reiteradamente el abandono de los refugiados iraquíes por parte de los países industrializados. Sólo en el mes de abril han muerto de forma violenta en Iraq 680 personas, lo que indica que el conflicto desatado en ese país tras la invasión estadounidense en 2003 está muy lejos de resolverse. Según cálculos de Naciones Unidas, la violencia ha causado ya el desplazamiento forzado de más de dos millones y medio de personas, mientras que otros dos millones de iraquíes se han exiliado, mayoritariamente en países vecinos como Jordania, Siria, Egipto o Líbano. Siria y Jordania, que han recibido la mayor parte de esos dos millones de refugiados, han impuesto en los últimos años fuertes restricciones a la entrada de iraquíes y están forzando el retorno a su país de origen, a pesar de que ACNUR, en un comunicado hecho público el 5 de mayo, ha vuelto a advertir de que la situación en Iraq no permite un retorno colectivo de refugiados. Mientras, sólo un diez por ciento de ellos han sido recibidos por la Unión Europea. Incluso Suecia, que se había convertido en un ejemplo de acogida para los refugiados iraquíes, ha decidido, según denuncia Amnistía Internacional, rechazar a un número cada vez mayor de solicitantes, después de recibir nula respuesta del resto de países europeos para compartir la responsabilidad en la acogida de refugiados.
A consecuencia de esta política, frente a los 18.600 iraquíes que pidieron asilo en el país nórdico en 2007, sólo 6.100 lo hicieron en 2008, ya que buscan otros destino para el reconocimiento de una protección internacional que, según ACNUR, debería otorgarse a todos los solicitantes de asilo iraquíes provenientes del centro de Iraq, mientras que respecto a los originarios de otras zonas del país Naciones Unidas hace un llamamiento para que los Estados actúen de acuerdo al espíritu de la protección internacional y cumplan sus obligaciones. Refugiados iraquíes.- Hay que recordar que los iraquíes fueron en 2008 los que más solicitaron asilo en los países industrializados, con 40.483 solicitudes según datos de ACNUR. De ellos, 39.106 lo hicieron en Europa, mil más que el año anterior, y 27.608 en países miembros de la Unión Europea. En 2008, los iraquíes fueron el colectivo más numeroso entre los solicitantes de asilo en Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Turquía. Además, estuvieron entre los diez primeros países de origen de solicitantes de asilo en Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Rumani, Serbia, Eslovaquia, Suiza, Macedonia, Reino Unido y Estados Unidos. España es uno de los países europeos que menos protección brinda a los refugiados iraquíes. Durante 2008, sólo 61 iraquíes pudieron llegar a territorio español para pedir asilo y nuestro país no aplica el reasentamiento para los refugiados iraquíes, a pesar de las reiteradas peticiones de organizaciones sociales como CEAR.
JORNADA SOBRE LA LEY DE ASILO DE 1984.- El 17 de marzo tuvo
lugar en la Casa de América de Madrid un seminario sobre la Ley de Asilo de 1984 con motivo de los 25 años de su entrada en vigor, organizado por CEAR. Entre los ponentes estuvieron Adolfo Hernández Lafuente (director general de Política Exterior del Ministerio del Interior), Maricela Daniel (representante de ACNUR en España), el ex ministro Tomás de la Quadra Salcedo, Juan José Rodríguez Ugarte (ex secretario general de CEAR), Javier de Lucas (presidente de CEAR), así como representantes de IU, PSOE, PP y PNV, quienes en sus intervenciones se refirieron también a la nueva Ley de Asilo que se tramita actualmente en el Parlamento. El numeroso público asistente exigió a los representantes políticos que se comprometieran con la aprobación de una Ley de Asilo acorde con los compromisos internacionales adquiridos por España. FOTO: WENCESLAO SCYZORYK
- Eugenia García Raya es la responsable de Información Pública de CEAR.
España y el reasentamiento Desde que a consecuencia de las políticas de control de fronteras las personas que necesitan protección internacional tienen aún mayores dificultades para llegar a nuestro territorio, CEAR ha solicitado a los distintos gobiernos españoles que asuman programas de reasentamiento de refugiados en colaboración con ACNUR. Desde su adhesión a la Convención de Ginebra en 1978, y al contrario que otros países desarrollados e incluso algunos empobrecidos, España sólo ha aceptado poner en práctica este mecanismo en casos puntuales y excepcionales, a pesar de que cada año otorga una muy reducida protección a quienes solicitan asilo Así, en 1979 y 1980 nuestro país recibió a mil refugiados de Vietnam y Laos; entre 1987 y 1995, el Gobierno aprobó varios reasentamientos de refugiados iraníes, kurdos, iraquíes y vietnamitas; a principios de los años 90, 1.400 personas procedentes de la ex Yugoslavia fueron acogidas de manera
temporal por ONG, instituciones privadas y ciudadanos y, en 1992, España dio asilo a 700 refugiados bosnios. Y, aunque no se pueden considerar como reasentados, entre abril y junio de 1999, en el marco del Programa de Evacuación Humanitaria, España acogió a 1.426 albano-kosovares, a quienes reconoció la condición de desplazados. Por último, en la última operación de este tipo, en noviembre de 1999 recibió a 17 refugiados afganos procedentes de Uzbekistán en calidad de reasentados. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado confía en que el texto de la nueva Ley de Asilo concrete de manera definitiva el compromiso de España con el reasentamiento y recuerda que estos programas en ningún caso pueden sustituir el procedimiento de solicitud de asilo en territorio, frontera o embajadas, un riesgo del que algunas organizaciones internacionales, como Migreurop, han advertido.
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LUIS GUILLERMO PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DE LA FIDH
“España no puede apoyar al Gobierno de Uribe, responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad”
Luis Guillermo Pérez participó en el seminario “Colombia: conflicto y Derecho Internacional Humanitario”.
Raquel Celis Luis Guillermo Pérez Casas es el secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Creada en 1922, agrupa a 155 organizaciones en casi 100 países, entre ellas la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España, de la que CEAR forma parte. Pérez Casas pertenece, además, al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, una de las más antiguas organizaciones de derechos humanos de Colombia, que representa a víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en tribunales colombianos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional. Un compromiso con los derechos humanos que le ha obligado a salir de su país natal y vivir en el exilio. FC: Se dice que el Gobierno de Álvaro Uribe ha mejorado la seguridad ciudadana, el clima para las empresas, para el turismo y para las inversiones. ¿Qué piensa al respecto? - Es una seguridad que, sin duda, ha beneficiado a ciertos sectores sociales e intereses económicos, pero dicha seguridad no la ha sido para los millones de víctimas del conflicto armado interno, que el Gobierno se niega a reconocer, ni ha sido saludable para las instituciones democráticas. Se han dado golpes contundentes contra la guerrilla y se les ha obligado a replegarse. Todo Estado tiene que buscar el monopolio legítimo de la fuerza, pero no sacrificando las libertades públicas, ni la división de poderes, ni el Estado de Derecho, ni las posibilidades de paz para la población. FC: Se cifran en más de 500 el número de sindicalistas asesinados durante el mandato de Álvaro Uribe y en más de 1.000 los indígenas. Y se habla de más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por las ONG y más de dos millones de desplazados desde que asumió el poder en 2002. ¿Cómo se siente cuando ve al presidente Uribe recoger el premio “Cortes de Cádiz a la Libertad”? - Creo que hace falta un premio universal a la infamia y este de las Cortes de Cádiz a la Libertad podría considerarse como tal, inaugurándolo con la distinción a Álvaro Uribe Vélez, que bien lo merece por liberticida, otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Podríamos proponer al Ayuntamiento de Cádiz que lo otorguen este año a Alberto Fujimori por su “sacrificio en la lucha antiterrorista” o a Omar al Bashir por su resistencia frente a las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Infame es el premio en sí. FC: En julio de 2008, tras la liberación de Ingrid Betancourt, algunos medios de comunicación españoles y latinoamericanos calificaron a Uribe como “un ejemplo de lo que debe ser la conducta de un gobernante democrático”. ¿Qué lectura hace de la “popularidad” de Uribe? - Nos hace pensar en el Ensayo sobre la ceguera de José Saramago; desatada la epidemia, todos terminan en un Estado fallido caminando sobre estiércol y cadáveres. Si el presidente Uribe es popular, constatamos una degradación de la ética colectiva que premia, en una especie de cultura mafiosa, a quien, aliado de criminales y financiado por ellos, se instala en el poder. No olvidemos que en el caso de la liberación de Ingrid, que todos aplaudimos, se utilizó pérfidamente el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), lo que constituye un crimen de
guerra que tiene consecuencias nefastas no sólo para la labor del CICR en cualquier lugar del mundo, sino también para cualquier operación humanitaria en el rescate de rehenes en otros escenarios. FC: Defensores de derechos humanos hablan de una estrategia de criminalización de activistas europeos como cómplices de las FARC para silenciar la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Ha detectado la FIDH algo en este sentido? - Nos preocupa que sectores de la comunidad internacional se hagan cómplices de un régimen autoritario que ve representantes y aliados de las FARC en todo aquél que le critica o en todo aquél que se solidariza con las víctimas del conflicto armado en Colombia. No olvidemos que el propio Uribe ha desatado una campaña de intimidación y persecución incluso en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los que ha llegado a descalificar como “cómplices del terrorismo agónico” por sus investigaciones penales de crímenes cometidos por el entorno presidencial o por sus aliados políticos en el Congreso. FC: En 2008, el número de refugiados colombianos en España cayó un 70%. Hay, además, más de cuatro millones de desplazados internos en Colombia y, mientras tanto, el Gobierno español, que deniega el 95% de las solicitudes, pretende endurecer aún más su política de asilo. ¿Qué margen de actuación tenemos las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos? - En primer lugar, el Gobierno español debería reconocer el drama humanitario colombiano y establecer una política migratoria y de asilo que contribuya efectivamente a salvar vidas de personas amenazadas. Si se estableciera un programa así para Colombia, con el apoyo de ACNUR, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, de las ONG de derechos humanos y organizaciones de víctimas de reconocida legitimidad, se evitaría la indebida utilización del asilo. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos en España podrían propiciar un diálogo con sus autoridades en esta perspectiva. FC: ¿Qué opina del apoyo que el Gobierno de Zapatero y el responsable de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, han dado a Álvaro Uribe? - La política exterior de España, como de la Unión Europea, debe tener unos valores y unos referentes éticos que les impida apoyar regímenes abiertamente violadores de los derechos humanos. Deben considerar que la FIDH, junto con otras organizaciones de derechos humanos en Colombia, ha documentado denuncias contra el Presidente Uribe por crímenes que serían competencia de la Corte desde el 1 de noviembre de 2002. Lamentablemente, parece que priman los intereses de las empresas europeas, y en particular españolas, que invierten en Colombia, sobre una política exterior coherente, que tenga la promoción del respeto de los derechos humanos como una prioridad. No deben olvidar que Alberto Fujimori también contó con el mismo tipo de respaldo en su momento y hoy está condenado por crímenes contra la humanidad. - Raquel Celis es miembro del Área de Incidencia y Participación Social de CEAR-Euskadi.
Verano de 2009
Colombia: conflicto y Derecho
Internacional Humanitario
Mauricio Valiente Ots Con este título, que en sí mismo contiene una orientación muy clara de lo que se pretendía destacar por los organizadores, se celebró un seminario internacional entre los días 25 y 27 de marzo en la Universidad Carlos III de Madrid. La iniciativa surgió de la plataforma Justicia por Colombia, de la que forma parte CEAR junto con IEPALA, Paz con Dignidad, Mundubat, Fundación Paz y Solidaridad de CC.OO. y el Comité Monseñor Oscar Romero, en colaboración con el Instituto Francisco de Vitoria de la propia Universidad. El interés por lo que sucede en Colombia (el país con mayor número de personas refugiadas en España) se reflejó en la amplia participación de representantes de organizaciones sociales, medios de comunicación, profesionales del Derecho y del mundo académico, que, con su presencia y participación, contribuyeron al éxito del seminario. Los gobiernos autonómicos de Asturias, Euskadi y Baleares contribuyeron a la financiación del seminario y estuvieron representados en su inauguración. Cabría destacar, asimismo, la presencia de gobiernos europeos y latinoamericanos (Ecuador, Venezuela, Suiza, Francia…), incluido el colombiano, por su incidencia directa en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las ponencias presentadas tuvieron una gran calidad técnica y testimonial, con personalidades de la talla del jesuita Javier Giraldo, Fernando Mariño (catedrático de la Universidad Carlos III), Carlos Gaviria (presidente del PDA colombiano), Daniel Cahen (CICR), Juan Sebastián Losada Polanco, Jaime Araujo (ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia), José Luís Rodríguez Villasante (Cruz Roja Española), Álvaro Leyva Durán (ex candidato presidencial del Partido Conservador), Alfredo Rangel (analista oficioso del Gobierno colombiano), Jean Pierre Gontard (ex delegado suizo en los diálogos de paz), Luís Guillermo Pérez (FIDH), Giulia Tamayo (Amnistía Internacional) y Liliana Uribe (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos). Por diversas circunstancias no pudieron participar y grabaron mensajes en vídeo el premio Nóbel Adolfo Pérez de Esquivel, el director del semanario colombiano Voz, Carlos Lozano, y la senadora Piedad Córdoba Ruiz, cuya intervención anunciando la continuación del dialogo epistolar con las FARC tuvo una amplia repercusión en los medios. Las conclusiones estuvieron a cargo de los profesores Víctor Manuel Moncayo, antiguo rector de la Universidad Nacional de Colombia, y Joan Garcés, jurista y politólogo de reconocido prestigio. Las mismas parten del reconocimiento indudable de la existencia de un conflicto, negado por el Gobierno colombiano como ha ocurrido en otros países en circunstancias relativamente similares. Este punto de partida adquiere una gran relevancia, ya que tiene como consecuencia primera la exigencia de la aplicación de las reglas propias del Derecho Internacional Humanitario. La negación del conflicto coincide en el caso colombiano con una tendencia generalizada en el mundo surgida a partir de los hechos del 11 de septiembre en Nueva York: la obsesión por la seguridad que deforma casi todo. Se insiste en construir una imagen del “enemigo terrorista” y reducir todo conflicto social a un problema de seguridad. En este sentido, las listas internacionales de organizaciones o de personas supuestamente vinculadas al terrorismo, a pesar de la falta de una definición consensuada de este concepto, suponen un serio obstáculo a los contactos y gestiones que deben conducir a acuerdos humanitarios. Solución política.- El papel de la información, de los medios de comunicación, es crucial para un acercamiento ponderado a la realidad del conflicto colombiano y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. El control directo o indirecto de los mismos por un minoría en Colombia ha conducido, a través de un tratamiento sesgado, a ocultar el fondo de las causas que generaron y perpetúan el conflicto y las posibilidades de una perspectiva de solución negociada. Es necesario construir una perspectiva de solución política, tanto en los conflictos llamados internacionales como en los internos o no internacionales. La historia demuestra que el discurso de guerra, la eliminación física, el exterminio, la muerte de los actores de la guerra no conducen al final del sufrimiento; en la medida en que no se atiendan sus causas originarias, los conflictos reviven potenciados. Desde este seminario internacional, después de escuchar testimonios e informaciones acerca de cómo desde la justicia se persigue a los facilitadores y gestores del proceso de paz o las organizaciones sindicales, los periodistas, o inclusive a los que están construyendo la paz desde las comunidades, se expresó la solidaridad y reconocimiento por su labor. En especial, se apoyó y valoramos la importancia de la iniciativa de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, en la medida que se ha demostrado eficaz para impulsar acciones concretas que tienden a reducir el sufrimiento causado por el conflicto. Esta iniciativa se reveló como la esperanza más palpable para un acuerdo humanitario. Por último, a los pocos meses del vencimiento de la reserva formulada por el Estado colombiano en la aplicación del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional, se destacó que la misma no se mantuviera constituiría un gran aporte al compromiso en el respeto al Derecho Internacional Humanitario. - Mauricio Valiente Ots es el coordinador estatal de Incidencia y Participación Social de CEAR. - Más información: www.justiciaporcolombia.org
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ANDALUCÍA
Los refugiados en las universidades de Sevilla.- En el contexto global de crisis
del derecho de asilo y ante la nueva ley que se tramita en el Parlamento, CEAR-Sur ha acudido a las universidades de la capital andaluza para dar a conocer estas situaciones. Con el objetivo de sensibilizar a los universitarios sobre la realidad de los refugiados en España y en el mundo e involucrarles en la defensa activa del derecho de asilo, en los últimos meses se han realizado sendas actividades en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, con la participación de unas 250 personas, entre alumnos y profesores de las facultades de Derecho y Trabajo Social. En estas actividades han participado profesionales de CEAR-Sur y algunos refugiados para aportar un testimonio directo de las situaciones expuestas. ANA GÓMEZ HARO, responsable del área de Comunicación y Sensibilización
de CEAR-Sur.
CANARIAS
“Haciendo futuro”.- Con el lema “Haciendo futuro. La palabra y la vida contra todos los muros”, la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, en colaboración con CEAR-Canarias, inicia por tercer año consecutivo el programa de intervención social encaminado a la integración de los migrantes. Este proyecto, cofinanciado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, avanza desde la integración cultural hacia la integración económica con el convencimiento que la primera es inviable sin la segunda. En este marco destacan las Jornadas de Economía Sostenible que se celebrarán entre el 24 y el 26 de junio y que abordarán asuntos como el desarrollo económico sostenible y los derechos humanos, el codesarrollo, el comercio justo, el consumo responsable o el cooperativismo y el crédito alternativo. JUAN MORENO,
responsable de Comunicación de CEAR-Canarias.
EUSKADI
Mejora del sistema de gestión del voluntariado.- Las personas que trabajan de
forma voluntaria en CEAR-Euskadi son un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, inmigrantes, apátridas y desplazadas. Dos de ellas, Xabier Agirre y Ane Uria, han liderado un proyecto, financiado por La Caixa, para mejorar la gestión del voluntariado. A través de esta iniciativa analizaron los puntos fuertes y las posibilidades de mejora de la entidad respecto al voluntariado y organizaron un encuentro entre asociaciones para compartir inquietudes y experiencias en gestión del voluntariado. Con la información recogida, se creó un grupo formado por personal voluntario y remunerado que elaboró varias propuestas de mejora del sistema de gestión del voluntariado de CEAR-Euskadi. El siguiente paso será la implementación de dichas propuestas durante este año. IÑAKI RAMÍREZ DE OLANO, miembro del área de Incidencia y Participación
Social de CEAR-Euskadi.
MADRID
Premio “Pluma Institucional” a CEAR.- El 17 de mayo, con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales otorgó su premio “Pluma Institucional” a CEAR por su lucha por lograr que la nueva Ley de Asilo incluya la persecución por orientación y/o identidad sexual de forma expresa, propuesta que CEAR ha planteado en cada manifestación del Orgullo Gay. CEAR-Madrid ha realizado un trabajo continuado de apoyo a este colectivo que ha favorecido el reconocimiento de este premio como institución: desde 2002, el Servicio Jurídico y el Programa de Información y Orientación han asistido numerosos casos de personas perseguidas por su orientación sexual; en 2004, el área de Empleo puso en marcha un programa específico con mujeres transexuales; en 2005, el área de Sensibilización elaboró un informe sobre la situación de los derechos humanos de este colectivo en el mundo en el marco de una campaña por el reconocimiento del derecho de asilo para los perseguidos por su orientación sexual que dio sus frutos en el reconocimiento del colectivo en la Ley de Identidad de Género. JOAQUÍN AGUILAR, coordinador del área de Empleo y Formación
de CEAR-Madrid.
PAÍS VALENCIANO
Desalojo de migrantes en Valencia.- Hasta 70 migrantes, condenados a la exclusión
social por la crisis económica, han sido desalojados por una orden judicial del asentamiento que habían formado en una fábrica abandonada en Valencia, ante la dejación de responsabilidades por parte de las administraciones públicas en materia de protección social y la aparición en el barrio de focos de racismo y xenofobia. CEAR-PV había desarrollado un dispositivo de intervención social en este asentamiento junto con otras organizaciones sociales y planteó a las administraciones públicas medidas paliativas de la situación y políticas de integración del colectivo afectado por la dura crisis económica. El desalojo llevó aparejado una citación judicial de 55 personas y 20 personas fueron identificadas como irregulares. Los procedimientos de expulsión empezaron a abrirse el mismo día del desalojo, una injusticia que CEAR-PV también ha denunciado de manera enérgica. SALVA LACRUZ,
Imagen de una comunidad bosquimana que participa en los proyectos de la Fundación CEAR.
La Fundación CEAR denuncia el planteamiento del programa televisivo “Perdidos en la tribu” Arantxa Freire El programa del canal Cuatro “Perdidos en la tribu”, un reality show con pretensiones de antropología barata, pretende hacer convivir a familias españolas con pueblos indígenas, en una especie de Gran Hermano exótico. Uno de los pueblos participantes, el san (o bosquimano), a ciencia cierta de los primeros que habitaron la Tierra, es también uno de los más explotados. Tras el fin del apartheid, el Gobierno de Namibia decidió reasentarlos en diferentes comunidades, que presentan altos índices de problemas sociales, falta de acceso a agua potable, desnutrición y pobreza. La Fundación CEAR-Habitáfrica lleva más de diez años trabajando en Namibia con la misión de combatir el desarraigo y mitigar las causas y consecuencias de las migraciones forzosas de poblaciones vulnerables o en riesgo de exclusión en África por medio de la promoción de asentamientos humanos estables, sostenibles, seguros y productivos. En la actualidad, desarrolla varios proyectos en Donkerbos-Sonneblom, en pleno desierto del Kalahari, precisamente con la comunidad de bosquimanos que participan en este programa de televisión, con el que obviamente no tiene nada que ver. Los proyectos, realizados con financiación de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, buscan favorecer la seguridad alimentaria de los pobladores con proyectos de huertos comunitarios, fortalecimiento de líderes, artesanía para la generación de ingresos y acceso al agua y saneamiento. Son proyectos a largo plazo que luchan contra la pobreza de estas comunidades y pretenden mejorar la calidad de vida de estos pueblos, que se basa en la implicación de los propios pobladores desde una perspectiva de respeto y aprendizaje mutuo. Este trabajo, que se desarrolla desde hace casi tres años, se ha visto afectado por la presencia del reality show, con el siguiente resultado, en palabras de Silvia Sala, responsable de la Fundación CEAR en este país: “Bajos pagos a los bosquimanos, que fueron sacaron de sus comunidades durante un mes y los llevaron a otras localizaciones en las que nunca han vivido en una actuación teatral. Las familias se fueron, además, en pleno periodo de cultivo (el único que pueden realizar en el año, ya que dependen del
agua de lluvia), dejando sus campos desiertos, con la disminución de todas estas familias en la participación en su producción. La consecuencia para los niños también ha sido terrible, pues se han visto forzados a dejar el colegio todo el mes para participar en este show”. “Además de dejar de participar en el proyecto –añade Silvia Sala-, aspecto fundamental en cada intervención, muchos de los líderes comunitarios utilizaron el dinero pagado en el consumo de alcohol. Lo más grave aún es que se trataba de comunidades que normalmente no tienen contacto directo con el alcohol, ya que vivían en zonas muy alejadas, y tienen como norma prohibir este tipo de bebidas en sus territorios”. La Fundación CEAR-Habitáfrica trabaja desde hace una década para sensibilizar a la población española sobre los valores y cualidades de África, desde el punto de vista de su diversidad cultural y de la riqueza que suponen su gran cantidad de pueblos indígenas y que enriquecería muchísimo su conocimiento a partir del respeto y la justicia. El enfoque de este programa de televisión, además de ridiculizar a muchos de los protagonistas y acercarse a los pueblos indígenas desde el punto de vista mediático, descontextualiza la situación de estas comunidades, recurre a estereotipos y trivializa sus formas de vida, que tan importantes han sido para el desarrollo de la cultura occidental. Se trata de una nueva oportunidad perdida para estas comunidades de mostrar en primera persona sus valores y su cultura y a nosotros de mostrar nuestra manera respetuosa de acercarnos. Asimismo, es una forma indignante de hacer perder el tiempo a los que allí se quedan trabajando cuando los focos y las cámaras se van. En todo caso, la Fundación CEAR-Habitáfrica no ha pedido la retirada de este programa, sino que apela al sentido común de los telespectadores para que exijan que el respeto a otros pueblos y una mirada solidaria a otras comunidades prevalezcan sobre algunos lucrativos espectáculos televisivos. - Arantxa Freire es responsable de Sensibilización de la Fundación CEAR-Habitáfrica.
responsable de Voluntariado de CEAR-PV.
EXTREMADURA
Pacto por el Empleo de Mérida.- El 11 de febrero CEAR-Extremadura suscribió
junto con el Ayuntamiento, los sindicatos, las asociaciones empresariales y otras organizaciones sociales el Pacto Local por el Empleo de Mérida, una iniciativa que es fruto del proyecto presentado por el Ayuntamiento a la convocatoria del Fondo Social Europeo de 2007 y aprobada para el periodo que comprende hasta 2013. Sus objetivos generales son integrar en el mercado laboral a los colectivos locales con dificultades, atender las nuevas necesidades de formación y cualificación que exigen el tejido económico local y definir una estrategia compartida a partir de la cooperación de todos los actores que lo han suscrito. Entre las personas a quienes se prestará una especial atención están los refugiados y los inmigrantes. MANUEL GARCÍA, coordinador de CEAR-Extremadura.
CATALUÑA
Inclusión de personas refugiadas.- En marzo, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
(CCAR, entidad asociada a CEAR) suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Mujeres Pa’lante a fin de aunar esfuerzos y emprender acciones para favorecer la inclusión de los refugiados e inmigrantes que viven en L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona), donde más del 20% de la población es de origen extranjero, y otras ciudades cercanas. Ambas entidades apuestan por compartir recursos e información en sus áreas de trabajo comunes y desarrollar de manera conjunta diversos proyectos e iniciativas. Entre éstas, una de las más importantes son los Talleres para el Empleo, unas sesiones grupales para ofrecer la información y orientación necesarias al objeto de que los participantes puedan mejorar su conocimiento del funcionamiento del mercado laboral y facilitar su acceso a éste. Desde marzo se han realizado seis talleres con un notable éxito de participación. ÒSCAR MORALES, coordinador del área de Empleo y Formación de la CCAR.
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Verano de 2009
Adiós a Mario Benedetti, poeta del exilio y el compromiso
ARGENTINA El primer exilio fue en Buenos Aires, ciudad bien conocida por mí. Había vivido antes, había trabajado antes, tenía cantidad de amigos. Muchos de ellos me dieron las llaves de sus departamentos para que yo las usara en el momento que me sintiera perseguido, sin necesidad de dar ningún aviso. Iba, abría y entraba. Yo las llamaba las “llaves de la solidaridad”. Las tuve hasta que vi que no alcanzaban. Había salido una lista con 18 escritores que debían salir en 48 horas o los mataban. Yo era el único escritor extranjero de la lista. Mis amigos todos dijeron: “Tenés que irte”. PERÚ Me fui a Perú, donde conseguí trabajo en un diario que dirigía... No me acuerdo del nombre del director, sí recuerdo que me dijo: “No trates nada de política, ni nada de Perú, ni de América Latina. Habla del Quijote, de los romances viejos, del Siglo de Oro. Sólo de clásicos”. Yo le obedecí estrictamente. Pero un día me tocan el timbre abajo, atiendo y oigo: “¿Mario Benedetti? Habla la policía”. Abrí. El policía subió. Se sentó en un sillón, me hizo una cantidad de preguntas y al final se durmió. Cosa que aproveché para tirar una serie de papeles comprometedores por el ducto. Cuando terminé -habrán pasado unos tres cuartos de hora-, lo desperté y le dije: “Si vino a detenerme, deténgame”. “Ay, perdone -dijo él-, estaba tan cansado.
Pero además traje un libro suyo para que me lo firme”. Me dio el libro a firmar y después me dijo: “Perdone, pero lo tengo que llevar al aeropuerto porque está deportado”. Y luego: “¿Qué prefiere, que lo pongan en un avión que lo lleve a la frontera con Ecuador o en un avión que lo lleve a Buenos Aires?”. Yo nunca había estado en Ecuador. Lo pensé unos segundos y dije: “Buenos Aires”. Cuando salgo de mi casa doy un traspié en un piso enjabonado, caigo y me hago un tajo en la frente. Tuvieron que vendarme la cabeza, lo cual llevó al capitán del avión a negarse a embarcarme. Hubo una larga discusión hasta que finalmente accedió. ARGENTINA Y PERÚ Y bueno, llegué a Ezeiza, donde Luz casi se desmaya cuando me ve llegar con la cabeza vendada. En Buenos Aires estuve escondido un tiempo hasta que se enteraron de que estaba y me mandaron directamente a Perú. En Perú, estaba en casa de un amigo cuando me llegó a través de la embajada cubana un mensaje de Haydée Santamaría donde decía que me fuera para allá. Acepté. El embajador de Cuba, acompañado por dos guardaespaldas, me llevó al ae-
MARIO BENEDETTI
ropuerto. Tenía miedo de que en ese trayecto pudiera pasar algo.
Un viento misionero sacude las persianas
CUBA En Cuba fundé y dirigí el Departamento de Literatura Latinoamericana de Casa de las Américas y además integré el consejo de dirección de la revista Casa de las Américas. En Cuba me sentí muy bien. Tú sabés cómo son los cubanos. Cálidos, amistosos. Es difícil pasarla mal, pero llegó un momento en que tanto Luz como yo nos sentimos muy aislados de nuestras familias en Uruguay. Mis padres vivían todavía. Comunicarme con ellos era una larga y complicada aventura. En Uruguay a quien recibía una carta de Cuba lo llevaban preso. Nos fuimos para España.
no sé qué noche lleva
ESPAÑA En España me sentí bien. Tuve mucho trabajo. Enseguida me invitaron a colaborar en El País con un sueldo muy bueno. Mis artículos a menudo aparecían en la página editorial. Me hice rápidamente muchos amigos. Aparte de las personas extrañaba mucho a los árboles. Cuando supe que los habían hecho desaparecer de la avenida 18 de Julio, fue como si hubieran hecho desaparecer a alguien de la familia. Extrañaba, aunque parezca un chiste, la Vía Láctea. Uno no se da cuenta, pero tenemos ese techo que allá no está. La Vía Láctea como techo era importante para mí y a eso súmale las calles, la manera de ser de la gente. DESEXILIO Volví a un Uruguay distinto. Habían pasado 15 años. La gente había pasado por una dictadura. La diferencia se veía en que había una separación entre unos y otros. La dictadura había sembrado cierta desconfianza. Además, muchos amigos ya no estaban. Fue una mezcla de cosas. Reencontrar a los amigos, la familia, qué alegría. Pero qué dolorosas otras cosas. “Tengo que ver a fulano”. “Mirá, fulano murió de un infarto”. Y tal otro murió en la cárcel. O murió en la tortura. O en un accidente. Y eso me dolió muchísimo. No encontrarme con toda esa gente que era como mi espejo. Incluso la ciudad estaba distinta. Me dolió tanto ver la 18 de Julio sin árboles... Buscaba rincones conocidos, balcones, algún pequeño viejo negocio. Quería reconocer esas calles.
08F01206
El 16 de mayo falleció en Montevideo el poeta y escritor Mario Benedetti, reconocido y apreciado por muchas personas en todo el mundo como uno de los creadores que han sabido unir la belleza de la poesía con el compromiso con la construcción de un mundo más justo. Benedetti conoció en carne propia la tragedia del exilio y en distintos países tras el golpe de estado militar en su país de junio de 1973. Durante sus años como refugiado en España participó en la lucha por la recuperación de la libertad en Uruguay y conoció el trabajo de CEAR. El exilio influyó tanto en su vida (hasta el punto de que cuando regresó a su patria se definió como un “desexiliado”) como sus versos en tantas personas. Dejemos que su voz (en textos del semanario uruguayo Brecha seleccionados por el periodista Alberto Salazar Gutiérrez) nos recuerde la trayectoria por el destierro de un poeta imprescindible.
VIENTO DEL EXILIO
no sé qué jueves trae ni siquiera el dialecto que propone creo reconocer endechas rotas trocitos de hurras y batir de palmas pero todo se mezcla en un aullido que también puede ser deleite o salmo el viento bate franjas de aluminio llega de no sé dónde a no sé dónde y en ese rumbo enigma soy apenas una escala precaria y momentánea no abro hospitalidad no ofrezco resistencia simplemente lo escucho arrinconado mientras en el recinto vuelan nombres papeles y cenizas después se posarán en su baldosa en su alegre centímetro en su lástima ahora vuelan cómo barriletes como murciélagos como hojas lo curioso lo absurdo es que a pesar de que aguardo mensajes y pregones de todas las memorias y de todos los puntos cardinales lo raro lo increíble es que a pesar de mi desamparada expectativa no sé qué dice el viento del exilio
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Las 48 Horas por el Derecho de Asilo acogieron distintos seminarios y permitieron que numerosas personas expresaran su visión de los refugiados. Entre las personalidades asistentes estuvo el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien en la imagen de la izquierda dialoga con el secretario FOTOS: WENCESLAO SCYZORYK (arriba), JOSÉ MARÍA OYOLA (izquierda) y RAQUEL VALDAZO (derecha) general de CEAR, Alfredo Abad.
Pilar Bardem, Serrat, Genovés, Sacristán, Sabina... Cerca de mil adhesiones ha obtenido el Manifiesto en Defensa del Derecho de Asilo, promovido por CEAR ante el preocupante retroceso que supone el proyecto de nueva Ley de Asilo aprobado por el Gobierno. Entre las primeras pueden citarse las de: - Jorge A. Bustamante, Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes. - Federico Mayor Zaragoza, ex secretario general de la Unesco. - Bjarte Vandvik, secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE). - Comisiones Obreras. - Marcos Ana, poeta, ex refugiado en Francia. - Sami Naïr, director científico del Institut d’Etudes et de Recherche Europe – Méditerranée. - Pilar Bardem, actriz. - Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España. - Juan Genovés, pintor y escultor. - Eduardo Carreño, abogado de la de Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia). - José Sacristán, actor. - Salah Salah, presidente del Comité Permanente sobre Refugiados del Parlamento Palestino. - Centro de Estudios para la Acción Social de República Democrática del Congo.
- Alfons Cervera, escritor. - Cayo Lara, coordinador general de IU. - Laura González-Vera, ex refugiada chilena, viuda de Carmelo Soria (ciudadano español asesinado por la dictadura de Pinochet). - Cándido Méndez, secretario general de UGT. - Karen Musalo, profesora de Derecho de la Universidad de California. - Esperanza de la Cruz, refugiada peruana. - Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. - Federación Estatal de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE). - Plataforma 2015 y +. - SOS Racismo. - Pau Pérez Sales, psiquiatra. - Cáritas Española. - Red Acoge. - Asociación Pro Derechos Humanos de España. - Centro Exil de Barcelona. - Teófilo Rangel, refugiado colombiano. - Monseñor Samuel Ruiz, presidente del Secretariado Internacional de los Comités Óscar Romero (SICSAL). - Iglesia Evangélica Española. - Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid. - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. - Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. - Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. - Rossana Reguillo, antropóloga mexicana. - Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”. Universidad Carlos III de Madrid. - Francisco Frutos, secretario general del Partido Comunista de España. - Manuel Zaguirre, presidente de la Unión Sindical Obrera. - Joaquín Arango, catedrático de la Universidad Complutense. - Servicio Pastoral de los Migrantes de Brasil. - Joan Herrera, diputado y secretario general de Iniciativa per Catalunya. - Enrique Miret Magdalena, teólogo. - ASCODE (Senegal). - Iñaki Gabilondo, periodista. - Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique. - Joan Manuel Serrat, cantautor. - Joaquín Sabina, cantautor y poeta.
Verano de 2009
José Antonio Rubio Si algo puede caracterizar un fin de semana de encuentro, compromiso y solidaridad con los refugiados es la alegría y la indignación. Alegría de juntarnos, de reconocernos como compañeros y compañeras que trabajamos por un mundo mejor, de saber que no estamos solos y solas, que nuestra causa es la causa de muchas personas más. Indignación por la pérdida que supone la reforma de la Ley de Asilo que se está tramitando en el Parlamento. Indignación por la pérdida de calidad humana y democrática que implica para nuestra sociedad. Indignación por el retroceso en nuestro compromiso colectivo con los derechos humanos y la insolidaridad que, debido a esta reforma de la ley, manifestamos hacia las personas perseguidas en el mundo. Con esos contradictorios sentimientos nos dimos cita, un fin de semana de abril, un buen puñado de personas y organizaciones sociales para mostrar nuestro rechazo a la reforma de la ley de asilo y nuestra solidaridad con las personas refugiadas. Nos encontramos en la Ciudad Universitaria, en el Colegio Mayor Chaminade, un lugar emblemático para defensores de las más diversas causas. Un colegio mayor que acogió desde algunas acciones de la mítica campaña por el 0,7% hasta encierros en contra de las sucesivas reformas de las leyes de extranjería. Allí, en el Chaminade, desarrollamos una frenética actividad durante 48 horas ininterrumpidas. El reto que nos marcamos merecía semejante esfuerzo: tratar de frenar el actual proyecto de reforma de la ley de asilo. Las 48 Horas se plantearon como un espacio de convergencia y visibilización de los diferentes apoyos recibidos por la campaña en defensa del derecho de asilo y como acción de presión hacia las instituciones y grupos políticos que están negociando los contenidos de la reforma de la Ley de Asilo. De tal suerte que en las actividades de las 48 Horas participaron diversas personalidades y organizaciones que querían mostrar su preocupación por la crisis que está atravesando el derecho de asilo y su apoyo a la defensa del mismo como derecho humano fundamental. Periodistas, artistas, dirigentes políticos, músicos, actores, escritores, sindicalistas, refugiados, defensores de derechos humanos, miembros de los más variados movimientos sociales, militantes de causas justas, nos alegramos e indignamos juntos en el Chaminade durante todo un fin de semana. Durante las 48 Horas por el Derecho de Asilo realizamos múltiples actividades solidarias, artísticas, musicales, festivas y de sensibilización, mientras por las noches nos manteníamos despiertos velando por el difunto “señor asilo”. 48 horas continuas de esfuerzo y celebración solidaria para expresar ante la sociedad nuestra indignación por la vulneración del derecho de asilo y exigir a los partidos políticos que cumplan con las obligaciones éticas y morales de proteger los derechos humanos de aquellas personas perseguidas por no cometer más “delito” que mostrarse como realmente son ante los demás. - José Antonio Rubio coordina el área de Incidencia y Participación Social de CEARMadrid.
Lee el Manifiesto de CEAR en www.cear.es
Edita: Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Comité de redacción: Alfredo Abad, Mario Amorós (coordinador), Iván Forero, Eugenia García Raya y Mauricio Valiente. Maquetación: Creatividad y Comunicacion de Acción Social. Impresión: AFANIAS. Servicios Centrales de CEAR: Avda. General Perón, 32. 2º Dcha. 28020 Madrid. Tf.: 91 598 05 35. fronteracero@cear.es Depósito legal: M-26266-2005. Puedes leer los números anteriores de Frontera Cero en www.cear.es