Frontera Cero no.2 by CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado

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Invierno 2007 / 2008

Publicación trimestral de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – www.cear.es

Nº 2 – Invierno 2007/2008

Más de 400.000 refugiados birmanos han huido de la represión de la junta militar Juan Moreno Myanmar es el primer país “productor” de refugiados del sudeste asiático: más de 400.000 birmanos han tenido que desplazarse a los países vecinos y muchos de ellos permanecen en el exilio desde hace décadas debido a la sistemática represión desencadenada por las sucesivas juntas militares que gobiernan desde 1962. A pesar de la violencia con que el régimen aplastó las movilizaciones de los sectores democráticos que se desarrollaron en septiembre y octubre, no se ha producido un éxodo masivo de refugiados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 141.000 birmanos viven en los nueve campos de refugiados existentes en territorio tailandés a lo largo de su frontera con Myanmar. Estos campos están gestionados por el Ministerio del Interior de Tailandia y la alimentación, la atención sanitaria, la educación y otros servicios los proporcionan un consorcio integrado por varias ONG. ACNUR, por su parte, asegura la protección y garantiza que los refugiados vivan en condiciones de seguridad dentro de unos campos donde los karen constituyen el grupo étnico mayoritario. La presencia de refugiados birmanos en este país se prolonga ya más de dos décadas. A principios de los 90 el éxodo aumentó cuando la actual junta militar, en respuesta a la victoria lograda por la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi (premio Nobel de la Paz en 1991; en arresto domiciliario desde 1996) en las únicas elecciones democráticas celebradas en el país, anuló el resultado de los comicios y mantuvo su régimen opresivo. Según las leyes tailandesas, los refugiados no pueden salir de los campos, ni siquiera para trabajar o estudiar, y tampoco les está permitido asentarse de manera permanente en el país, por lo que la única solución para ellos es el reasentamiento. Desde 2005 ACNUR tiene en marcha un amplio programa (el más importante en este momento) que ha logrado enviar a más de veinte mil refugiados

El presidente de CEAR, Ignacio Díaz de Aguilar, compareció el 4 de octubre ante la Subcomisión de Inmigración del Congreso de los Diputados para exponer las propuestas de esta organización en materia de asilo y migraciones. Los principales partidos coincidieron con CEAR acerca de la necesidad de fortalecer el compromiso de España con los refugiados. Díaz de Aguilar recordó que existen más de 40 millones de refugiados, de los que la inmensa mayoría viven en los países del Sur, y se refirió a la crisis del derecho de asilo en Europa ya que, por ejemplo, España sólo concede el estatuto de refugiado a una media de 200 personas en los últimos años. Para revertir este proceso y avanzar hacia una nueva política de asilo en España y en la Unión Europea, planteó que entre los motivos de persecución que dan acceso al reconocimiento de la condición de refugiado

De Myanmar a Canarias

Como el campo de refugiados de Mae Ra Ma Luang (Tailandia) está construido sobre dos colinas separadas por un río, los refugiados deben atravesar los puentes para ir de una parte a la otra. FOTO: ACNUR / J. REDFEM.

birmanos a países como Canadá, Australia, Holanda, Reino Unido, Suecia o Irlanda. Bangladesh y Malasia.- Los refugiados birmanos asentados en Bangladesh se concentran en dos campos en el suroeste tutelados por ACNUR desde hace 16 años. Asimismo, allí viven otros 200.000 refugiados birmanos de la etnia rohingya, mezclados entre la población local, pero no registrados como refugiados.

En Malasia, no viven en campamentos, sino en las ciudades, entre la población local. ACNUR tiene registrados en este país a alrededor de 30.000 personas, pertenecientes a distintas religiones y grupos étnicos. Muchos refugiados birmanos en este país han podido encontrar un puesto de trabajo en el sector informal para garantizar la manutención de sus familias. ACNUR proporciona ayuda económica a los más vulnerables y su papel es garantizar la protección legal de los refugiados.

CEAR aboga en el Congreso por una nueva política de asilo se incluya a las víctimas de catástrofes medioambientales, a las de una vulneración grave de los derechos humanos económicos y sociales y a las de la violencia de género. Además, defendió la inclusión en la Ley de Asilo de los derechos básicos a los que debieran poder acceder los solicitantes de asilo (documentación, información, alojamiento, trabajo, formación, educación, sanidad, acceso a ACNUR y ONG…). En tercer lugar, subrayó que España debería otorgar un tratamiento especial a los refugiados especialmente vulnerables (menores, víctimas de tortura o persecución por motivos de género), sobre todo no aplicarles procedimientos acelerados. En cuarto lugar, CEAR propone la eliminación de la fase de

inadmisión a trámite y la implantación de un procedimiento acelerado para las solicitudes formuladas en frontera. Una de las mayores preocupaciones actuales de CEAR son las dificultades que la aplicación de las políticas de externalización de fronteras originan para garantizar el acceso al derecho de asilo. “Solicitamos que se garantice el acceso al procedimiento de asilo en los países de tránsito para evitar que los refugiados queden atrapados sin ninguna cobertura –aseguró el presidente de CEAR-. La ley contempla la posibilidad de pedir asilo a través de las embajadas, pero es un mecanismo utilizado de forma residual. Un caso paradigmático es el de los refugiados reconocidos por ACNUR que viven en Marruecos y que son

Ahamed nació en Kherbin, en la frontera de Myanmar con Bangladesh. Cuando tenía 12 años su tío fue hecho desaparecer por fuerzas de la junta militar por su condición de musulmán. En 1992, su padre vendió los escasos bienes familiares para poder pagar un hueco en un barco que les cruzaría el río Ramri, frontera natural con el país vecino. Las condiciones en el campamento de refugiados de Kutu Palank eran muy difíciles ya que no podía buscar trabajo y por ello, cuando tenía 24 años, viajó con su progenitor a Bangkok (Tailandia) puesto que les prometieron un lugar en un barco que les conduciría a Europa, pero el proyecto se malogró y se agotaron sus recursos económicos. Un tiempo después, Ahamed logró viajar en avión desde Bangkok a Etiopía, donde logró plaza en el barco Marine I que, como informamos en el número 0 de Frontera Cero, fue remolcado el 4 de febrero de 2007 por un barco español de Salvamento Marítimo y sus pasajeros desembarcados ocho días después en Nuadibú (Mauritania). Después de varios meses, Ahamed fue ingresado en el Centro de Migraciones que CEAR gestiona en Gran Canaria y presentó su solicitud de asilo, que ha sido admitida a trámite. Ahamed siempre tiene presente a su familia, anhela solicitar la extensión familiar del derecho de asilo si logra el estatuto de refugiado y añora regresar a Myanmar cuando su país sea “un lugar seguro para mi familia y para mí”. El Alto Comisionado ha solicitado en repetidas ocasiones al gobierno malayo que proporcione un estatus legal a los rohingya y a otros refugiados birmanos musulmanes que se establecieron en el país hace años; otros seis mil refugiados birmanos que carecen de vínculos sólidos en Malasia esperan ser reasentados próximamente. - Juan Moreno es responsable de Comunicación de CEARCanarias.

sometidos a toda clase de vejaciones, sin poder volver a su país ni acceder a Europa”. Por último, defendió que un porcentaje de los extranjeros que España tenga previsto acoger puedan ser refugiados (desplazados internos, refugiados que están en terceros países sin cobertura social como Marruecos, Senegal o Mauritania o refugiados en campamentos) a través de la participación en los programas de reasentamiento de ACNUR o dentro de los cupos destinados a la contratación en origen de trabajadores extranjeros. En la segunda parte de su intervención, Ignacio Díaz de Aguilar expusó varias propuestas en materia de migraciones, como lograr una mayor transparencia en los acuerdos con terceros países en materia de control de fronteras y repatriaciones, con cláusulas específicas sobre protección de los derechos humanos; garantizar una atención integral a los menores no acompañados y que se apliquen la ley y los tratados internacionales en las repatriaciones; avanzar hacia una verdadera convivencia intercultural y el concepto de “nueva ciudadanía” o la necesidad de ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias de 1990.

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EDITORIAL

TRIBUNA ABIERTA

Refugiados y paz en Palestina

España y los derechos de los migrantes

Desde 1948 el conflicto israelí-palestino condiciona la agenda política internacional y desde hace años está completamente enquistado en la región más inestable del planeta. Hoy también es la zona en la que viven más refugiados, después del éxodo desencadenado por la guerra de Irak, que ya asciende a más de cuatro millones de desplazados y refugiados. Las perspectivas de una solución parecen hoy muy lejanas. Por una parte, el Gobierno de Israel se niega a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, que le exigen, por ejemplo, la retirada de los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días de 1967, o el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004 que declaró contraria al Derecho Internacional la construcción del Muro en el territorio palestino ocupado. Por otra, el enfrentamiento abierto entre distintas facciones ha situado a la población palestina al borde de un enfrentamiento fratricida. Además, los recurrentes intentos de mediación de la comunidad internacional han sido estériles para avanzar hacia una paz justa: en el caso de Estados Unidos, Israel es su gran aliado en una zona convulsa, de gran relevancia geoestratégica, en la que está envuelto en el gravísimo conflicto de Irak desde la invasión militar de marzo de 2003 y la posterior ocupación. En el de la Unión Europea, su política exterior ha resultado absolutamente inoperante. En este contexto, el pueblo palestino vive condenado a una situación dramática, producto de la implacable represión israelí, una crítica situación social y económica y los enfrentamientos entre las distintas fuerzas. De los casi ocho millones de palestinos, la mitad continúa viviendo en la Palestina histórica, unos tres millones en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este y alrededor de un millón en el Estado de Israel. Más de cinco millones de palestinos son refugiados. La reivindicación de su derecho al retorno está amparada por el Derecho Internacional y, además, es parte de otro más amplio, el de la libertad de movimientos proclamado por el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, los Convenios de Ginebra de 1949 proclaman “el derecho de una colectividad nacional a ser protegida en su integridad en caso de conflicto y de agresión o de ocupación armada por otros”. La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado 49 resoluciones sobre el derecho al retorno de los refugiados palestinos (la más relevante es la 194, del 11 de diciembre de 1948) y el Consejo de Seguridad esperó a las expulsiones de 1967 para aprobar la Resolución 237, que establece que Israel debe facilitar el retorno de los habitantes que se exiliaron tras el desencadenamiento de las hostilidades. Sin embargo, el Estado de Israel no se siente responsable de la marcha forzada de la población palestina de 1948 y nunca ha reconocido su derecho al retorno, puesto que siempre rechaza que las negociaciones con la OLP ayer y con la Autoridad Nacional Palestina hoy tengan en cuenta los principios de la Resolución 194 (III). Ningún gobierno israelí consentirá un cambio sustancial en el balance demográfico de su Estado entre judíos y árabes y por ello interpretan como una amenaza el derecho al retorno de los refugiados palestinos. En el acuerdo en torno al estatus final de los refugiados palestinos, las compensaciones económicas son otro punto que deberá resolverse. Los palestinos las reclaman en sus dos vertientes: la reparación individual para aquéllos que no puedan regresar a sus casas porque el Estado de Israel se apropió de ellas y la compensación general para el pueblo palestino como reconocimiento por la injusticia histórica que sufre desde hace 60 años, como subraya la Resolución 194 (III). Cuando empezaron las conversaciones de paz entre Israel y la OLP en 1991, decidieron que la discusión sobre el derecho al retorno de los refugiados se pospondría a las “cuestiones del estatus final”, con la intención de retrasar esta difícil negociación, pero este derecho es imprescriptible e inalienable para los palestinos. Ante la grave situación de este conflicto, CEAR expresa su apoyo al derecho al retorno y a una reparación integral de los refugiados palestinos y respalda el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y de los otros organismos de los que se ha dotado la comunidad internacional, que reconocen también los derechos nacionales del pueblo palestino, para avanzar hacia la paz en esta región. Como ha asegurado Salah Mohammad Salah durante su estancia en España para recibir el VI Premio Juan María Bandrés: “La paz no será posible en Oriente Próximo sin una solución integral y justa para los refugiados palestinos”.

POR CARMELO FALEH PÉREZ Secretario general de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Uno de los grandes retos jurídicos de este siglo es la regulación internacional de un fenómeno que no es ni será puramente coyuntural: los flujos migratorios. Ante las tremendas desigualdades mundiales que ocasiona una globalización radicalmente desigual, urge forjar un régimen internacional sobre migraciones que debe, al menos, impulsar decididamente la adhesión de los Estados desarrollados a la Convención internacional sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CTMF). Otros apoyos deberían ser el derecho a circular libremente (art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) y la consolidación jurídica del derecho a emigrar ante serias violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, o para proteger el derecho a la seguridad humana o el derecho a vivir en un entorno sano y seguro. La CTMF entró en vigor el 1 de julio de 2003. En 2007, con la adhesión de Albania y Mauritania y la ratificación de Argentina, el número de Partes alcanza el total de 37 Estados. Además, son 14 los Estados signatarios que aún no han ratificado la Convención, aunque cabe esperar su incorporación progresiva a este tratado internacional. Entre las Partes, ninguno es un Estado desarrollado europeo occidental de los llamados “de acogida” sino que, casi de modo absoluto, son Estados no desarrollados y, en buena parte, Estados “de origen” de migrantes. Como señaló en 2005 el actual Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes (Jorge Bustamante), esta diferencia entre países de origen y de acogida “se refiere tanto a intereses nacionales como a valores y preferencias que se revelan ante una decisión de ratificar o no la Convención, que es por cierto el instrumento internacional más comprehensivo sobre los derechos humanos y laborales de los migrantes internacionales que existe hasta ahora”. Entonces, ¿qué razones aconsejan la adhesión española a este instrumento, que figura entre los siete principales tratados internacionales en materia de derechos humanos? Pues bien, sea por razones de justicia histórica, sea por pragmatismo, es necesaria una respuesta en forma de régimen internacional concertado para gestionar adecuadamente y respetando el Derecho internacional de los derechos humanos, las dificultades que plantean los flujos migratorios. Por pragmatismo porque, como dice Stalker, “en un mundo de ganadores y perdedores, los perdedores no desaparecen; simplemente, buscan un lugar donde ir”. Y ante esto, las respuestas que apelan con simpleza a la soberanía estatal o a una concepción estrecha de la seguridad no son válidas ni eficaces si se quiere construir un modelo de convivencia social justo, duradero, no excluyente y respetuoso de la dignidad de los migrantes. Por

justicia histórica también, pues los grandes movimientos migratorios no son novedad de finales del siglo XX y principios del XXI, sino que los ha conocido la Humanidad desde hace mucho tiempo. En lo sustantivo, los trabajadores migratorios y sus familiares, incluso aquellos en situación irregular, verían ampliados sus derechos y garantías a consecuencia de la incorporación al Derecho español de la CTMF y los efectos interpretativos que ello supone, en los términos fijados en los arts. 96 y 10.2 de la Constitución, respectivamente. En consecuencia, la inclusión de la Convención en nuestro Derecho facilitará su conocimiento y aplicación por todos los operadores jurídicos, desde ONG y defensores de derechos humanos hasta jueces y tribunales. En particular, tras enunciar el principio de no discriminación, auténtico pivote de la CTMF, ésta reconoce a todos los trabajadores migratorios y sus familiares (documentados o no) una serie de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales, que intenta adaptar a la especial realidad y vulnerabilidad del trabajador migratorio. Asimismo, la adhesión española a este tratado debe servir para apartar definitivamente del combate político una cuestión que debe ser abordada y tratada en el ámbito de los derechos humanos, puesto que al fin y al cabo hablamos de preservar la dignidad de miles de seres humanos que contribuyen significativamente al crecimiento económico de las sociedades de acogida. Y de esta dignidad emana, por ejemplo, el reconocimiento y respeto de derechos inherentes a la prestación laboral desempeñada, con independencia de la regularidad o irregularidad de su situación. ¿Por qué debe España aguardar a que otros miembros de la Unión Europea fijen el rumbo de nuestra política exterior en materia de derechos humanos? ¿No debe acaso ser el Estado miembro pionero esta vez y señalar la senda, como sucedió con el proceso de regularización de 2005, estudiado y seguido por otros países, prestos a seguir el ejemplo? Pero, por encima de todo, ¿a qué esperar para dignificar la situación de un colectivo que supera en nuestro país la cifra de cuatro millones de seres humanos y ordenar sólidamente una convivencia social duradera, justa, no excluyente y digna para todos? Bastante tienen los inmigrantes con habitar en esa línea fronteriza que separa el apego y la pérdida, descrita magistralmente por Manuel Rivas al escribir en La mano del emigrante: “Si unimos apego y pérdida, como quien reúne dos hemisferios, el resultado es morriña, o su hermana saudade, dos palabras preciosas y carnales... El mundo, en su hechura verdadera, es decir, como geografía emocional, también está constituido por esos dos hemisferios. La vida humana transita entre el Apego y la Pérdida. Los emigrantes y los náufragos son experiencias extremas en esa ruta fronteriza. A veces, en la vida real y de forma mágica, coinciden esas circunstancias en las mismas personas, como vemos que ocurre ahora entre el norte de África y España, y en otros escenarios. Pero incluso en condiciones no tan dramáticas, hay algo muy fuerte que une al emigrante y al náufrago. La lucha por la supervivencia y el ansia de una nueva vida. De otra vida”.

OPINIÓN

Marruecos: ¿Qué soluciones duraderas para los refugiados? AMAYA VALCÁRCEL, SECRETARIA GENERAL DE CEAR “Este papel dice que soy refugiado y que merezco protección, pero me han expulsado ya varias veces a la frontera con Argelia”, explica un marfileño en Rabat. “Cuando nos llevan a la frontera de Oujda, nos dejan ahí tirados, nos quitan lo que tenemos, la ropa, el móvil. Si alguien intercede por nosotros, volvemos a Rabat como podemos, algunas veces a pie, en tren o autobús”. Muestra el documento otorgado por el que ACNUR le reconoce su estatuto bajo mandato, pero el país donde vive desde hace dos años, Marruecos, no le reconoce como tal, a pesar de ser firmante de la Convención de Ginebra de 1951. Al igual que otros asuntos políticos en Marruecos, la gestión de las migraciones está en constante cambio, sin embargo, en lo referente al derecho de asilo, la evolución es muy lenta. En los últimos años, ACNUR ha acogido bajo su mandato a unos 600 refugiados, procedentes en su mayoría de República Democrática de Congo y de Costa de Marfil. Este organismo internacional debe asegurar su protección y buscar soluciones duraderas para ellos: repatriación voluntaria, integración en el país de acogida o reasentamiento en un tercer país. La situación de estos refugiados es un callejón sin salida: no pueden volver a sus países, pues están en guerra, y tampoco pueden integrarse en Marruecos. La opción del reasentamiento solamente se ha activado para casos muy excepcionales. Un refugiado nos habla de las dificultades de integración: “Marruecos no nos concede una tarjeta de residencia, por lo que es imposible encontrar un trabajo aquí. Muchos de nosotros comemos de lo que sobra en los mercados al atardecer. Vivimos hacinados en pisos que tenemos que alquilar nosotros, pero ¿con qué dinero? Muchas veces somos expulsados de las casas porque no tenemos dinero para pagar. Yo vivo con otros treinta compatriotas”. Por el propio contexto y por el hecho de ser mujer, las refugiadas sufren aún más la falta de protección y las consecuencias de la falta de asistencia. Son víctimas de violencia económica, psicológica, físi-

ca y sexual. Para aquellas que tienen hijos, el acceso a las escuelas marroquíes es prácticamente imposible. ACNUR ha iniciado un programa de microcréditos, pero en la mayor parte de los casos no funcionan, ya que los refugiados tienen como prioridad pagar los alquileres de las casas o los servicios médicos y muchas veces utilizan para ello el microcrédito (unos 150 dólares). Las mujeres en raras ocasiones se acogen a este programa, ya que tienen a su cargo a los hijos y no pueden dedicarse a organizar un negocio. Desde hace meses CEAR intenta sacar a la luz esta situación olvidada. Son refugiados invisibles (viven en las barriadas de grandes ciudades, no en campamentos, ni en centros de detención) y muchos países europeos opinan que Marruecos es un país seguro. Esto nos ha decidido a denunciar la situación de los refugiados ante organismos internacionales. En las últimas redadas de inmigrantes, ocurridas en Rabat durante la primera quincena de noviembre, los refugiados no fueron detenidos ni expulsados a la frontera. Este paso adelante nos alegra, aunque nos preocupa el trato que siguen recibiendo miles de inmigrantes. CEAR ha identificado a un grupo de mujeres y niños en situación de especial vulnerabilidad y para los que hemos pedido al Gobierno español que los traslade por razones humanitarias. Italia ha sentado un precedente notable: a principios de noviembre, el gobierno de Prodi aceptó, bajo una fórmula de reasentamiento ad hoc, a 36 refugiados eritreos que se encontraban desde hacía años en un centro de detención en Libia. Esta opción no deja de ser un privilegio para unos pocos ¿y el resto? CEAR denuncia una y otra vez que el cierre de fronteras está causando una situación insostenible en los países fronterizos con Europa: en Libia, Argelia o Marruecos, y también por el este, Ucrania o Moldavia, miles de refugiados e inmigrantes se encuentran atrapados, intentando encontrar un lugar seguro donde vivir. Cerrar las fronteras y delegar la gestión de las migraciones en los países fronterizos de la UE no es solución: los países de tránsito se están convirtiendo en países de destino inseguro para miles de personas.

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“El debate migratorio no puede quedar en manos de los gobiernos” Iván Forero El Comité Internacional y el Comité Preparatorio Estatal del III Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) se reunieron los días 8 y 9 de noviembre en Rivas Vaciamadrid con el objetivo de definir los ejes temáticos que finalmente articularán los seminarios, talleres y actividades culturales del III FSMM, que tendrá lugar en esta ciudad entre el 11 y el 13 de septiembre de 2008. Estos ejes son la globalización y las migraciones; las sociedades de origen y alternativas de desarrollo; las fronteras y los derechos humanos; las sociedades de llegada y la situación de los migrantes; y, por último, asilo, refugio y desplazamiento forzado. El debate, pues, girará en torno a temas como la globalización y su impacto en las migraciones; la desigualdad social y la mercantilización de las migraciones; la frontera en el marco de la globalización o el derecho a migrar, no migrar y retornar y su impacto. Precisamente éste fue uno de los puntos más controvertidos en la reunión de los miembros de los comités estatal e internacional, una muestra de lo que tendrá lugar en 2008. En la reunión del Comité Internacional también se realizó un análisis sobre la situación de las migraciones en el mundo. Las organizaciones procedentes de América Latina, como la Red de Migración y Desarrollo, el Grito de los Excluidos o la

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pusieron de relieve la cada vez mayor adicción a las remesas en sus países, la criminalización de las migraciones (especialmente en Estados Unidos y México) y la implantación de programas de trabajadores temporales como alternativa para la gestión de las migraciones. Desde Áfríca, organizaciones como Réaseau Africain Sur L’Etude des Migration (RAEM) o los Padres Blancos cuestionaron las políticas de codesarrollo tal y como se están desarrollando en estos momentos, es decir, como gestión de las migraciones más que como una alternativa al desarrollo. Por su parte, Agne Mamadou Cheick, de Senegal, destacó el problema de la inmigración clandestina en su región y propuso que se discutiera en el marco del Foro Social Mundial de las Migraciones para lograr soluciones más allá de las propuestas de los gobiernos. El análisis de la situación de las migraciones en Asia corrió a cargo del representante del Migrant Forum Asia, William Gois, quien denunció la creciente mercantilización de la mano de obra migrante, utilizada como un producto más dentro de los acuerdos de comercio que se realizan con los gobiernos receptores. Gois propuso que en el marco del FSMM se busquen alternativas para una reintegración social sostenible de los inmigrantes cuando retornan a sus países.

Ignacio Díaz de Aguilar, José Masa (alcalde de Rivas Vaciamadrid) y Luiz Bassegio (secretario general del Grito de los Excluidos) participaron en la reunión del Comité Internacional del FSMM.

Durante estos dos días también se dio a conocer que el Foro Social Mundial (FSM) había aprobado la solicitud del Comité Internacional del FSMM de formar parte del Consejo Internacional del FSM, por lo que a partir de este momento el Comité Internacional del FSM podrá intervenir en las reuniones del Consejo. El encuentro de noviembre entre el Comité Internacional y el Estatal también sirvió para la presentación del III FSMM. En la misma, el presidente de CEAR, Ignacio Díaz de Aguilar, destacó que

“el debate migratorio no puede quedar en manos de los gobiernos y de los políticos”, al tiempo que denunció que “nuestros dirigentes y determinados medios de comunicación criminalizan la inmigración y enfocan el asunto desde un punto de vista estrictamente policial o relacionado con el cierre de fronteras”. - Iván Forero coordina el área de Estudios y Movimientos Sociales de CEAR.

Mauritania, una encrucijada en la ruta de los refugiados Teresa Prado En Mauritania, un país con poco más de tres millones de ciudadanos, existe una elevada concentración de población inmigrante, localizada sobre todo en las ciudades de Nouakchott (capital administrativa) y Nuadibú (capital económica y punto de salida principal de los cayucos que se dirigen a Canarias). Entre los extranjeros hay refugiados y solicitantes de asilo, aunque también personas que desconocen la posibilidad de acceder a la protección internacional. La mayoría de los refugiados que viven en este país no pretende llegar a Europa a toda costa, sino que su deseo es poder vivir en paz e iniciar una nueva vida en un lugar seguro, preferiblemente en un país africano por las similitudes culturales, aunque la ilusión de casi todos es regresar a su país si se diesen unas condiciones de retorno seguro. Muchos de estos refugiados han llegado a Mauritania después de haber pasado por otros países, como Gambia, Senegal o Guinea Bissau, procedentes de naciones como República Democrática del Congo o Guinea Conakry. Mauritania, y en particular Nuadibú, es uno de los lugares de África occidental en los que existen mayores oportunidades laborales, un hecho conocido en esta región. Sin embargo, una vez instalados en este país, si sus expectativas no se cumplen, algunos se plantean continuar el viaje hasta territorio europeo. La mayor parte de los que adoptan la decisión de continuar hasta Europa expresan que no desean recurrir a vías irregulares, pero desconocen la existencia de opciones como el reasentamiento o la posibilidad de solicitar asilo en los consulados de algunos países. Por otra parte, entre los cientos de inmigrantes que salen de Mauritania con destino a Europa hay potenciales refugiados (marfileños, guineanos, congoleños…) que no han iniciado ningún procedimiento de protección internacional por diferentes razones, en algunos casos porque prefieren solicitar asilo en Europa. La opción más utilizada es embarcarse en cayucos, ya que atravesar el Sáhara Occidental (territorio ocupado militarmente por Marruecos desde el otoño de 1975) es muy peligroso puesto que existe una zona minada en la frontera entre ambos territorios. En el procedimiento de asilo en Mauritania, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cumple un papel importante porque, junto con dos ONG locales con las que tiene un convenio (APEAH en Nuadibú y ALPD en Nouakchott), localiza a los posibles refugiados, los entrevista y decide qué casos va a defender ante las autoridades. En un primer momento, estas dos organizaciones entrevistan a los posibles re-

Ministerio del Interior, que puede otorgarles el reconocimiento como refugiados. Conviene tener presente que el concepto de refugiado que ACNUR utiliza en Mauritania (orientación que sigue la citada Comisión) depende esencialmente del lugar de origen, por lo que aquellas personas procedentes de países considerados “seguros” pueden verse privadas del estatuto. Son los ciudadanos de Togo, Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea quienes logran la mayor parte de los reconocimientos como refugiados bajo mandato de ACNUR, aunque últimamente los liberianos y los sierraleoneses están dejando de obtener protección ante el “retorno a la democracia” de sus países. Djibril Ba, secretario general de la APEAH, ofrece las siguientes cifras relativas a 2007 y la ciudad de Nuadibú. Entre el 1 de enero y el 18 de octubre se han registrado 119 personas con estos perfiles: 17 mujeres y 102 hombres; 83 ciudadanos liberianos, 21 marfileños, 11 sierraleoneses y 4 togoleses. Durante este periodo ACNUR sólo concedió 7 acreditaciones de refugiados bajo su amparo y se renovaron 64. La Fundación CEAR desarrolla varios proyectos en Mauritania.

fugiados y, si creen que podrían merecer protección, ACNUR les realiza una segunda entrevista. Si este organismo acepta que son refugiados, les entrega un documento que acredita que están bajo su mandato que debe renovarse cada cuatro o seis meses. El único efecto que tiene es que evita una

expulsión en virtud del principio de no devolución, pero no implica una autorización de residencia o de trabajo. Posteriormente, tanto a través de ACNUR como a título individual, pueden presentar su caso ante la Comisión Nacional Consultiva para los Refugiados, de carácter interministerial y dependiente del

“Guerra contra los migrantes” Con el contundente título de Guerra contra los migrantes. El libro negro de Ceuta y Melilla (Éditions Syllepse, París, 2007), la Red Migreurop analiza la crisis humanitaria que se produjo en los perímetros fronterizos de estos enclaves españoles en agosto y septiembre de 2005. A la muerte de al menos 14 personas y las reiteradas violaciones de los derechos humanos, se sumaron las expulsiones masivas de Marruecos de personas que habían intentado entrar en territorio español y su abandono en condiciones muy precarias en el desierto. “Este libro negro analiza sus recorridos, los maltratos que sufrieron, los asaltos de las vallas españolas, las redadas, las expulsiones al desierto y el aislamiento, pero también la solidaridad y las esperanzas. Este libro muestra que estos hechos son una consecuencia de la política de la Unión Europea orientada a blindar sus fronteras exteriores y mantener a los potenciales migrantes en sus países. ¡Se ha declarado la guerra contra los migrantes!”. Más información: www.migreurop.org

Testimonio.- “Mi nombre es E. A. B., soy de Sierra Leona. Llegué a Nouakchott en diciembre de 1998 y desde entonces he vivido en Mauritania, aunque en algún momento me gustaría residir en otro país. La sociedad mauritana es muy racista y no es fácil encontrar trabajo o alojamiento. Además, la vida es muy cara aquí y lo salarios son bajos. Tengo un certificado de ACNUR que dice que soy refugiado, pero debo renovarlo cada seis meses, lo que dificulta la búsqueda de un puesto de trabajo. Por otra parte, la ayuda social que nos otorgan es insuficiente, de hecho sólo la recibí durante los tres primeros meses una vez que me reconocieron como refugiado en Nouakchott. Nos dieron dos mil ouguiyas (la moneda local) para cubrir nuestro alojamiento durante tres meses y un saco de arroz para cuatro personas, algo de aceite y poco más. Después, la ayuda se acabó porque la reservan para familias y mujeres solas con niños. Sé que en otros países los refugiados tienen permisos de un año o incluso de cinco. Aquí no: cada seis meses nos dicen si nos siguen considerando todavía refugiados. Y esto es muy duro porque no sabemos qué va a ser de nosotros. He perdido todo el contacto con mi país porque hace casi diez años que vivo en el exilio. Desconozco qué me sucedería si regresase ahora, la situación no es fácil; aunque ya no hay guerra, están ahí las huellas”. - Teresa Prado ha coordinado el proyecto “Mejora de las condiciones económicas, productivas y sociales de la población inmigrante y vulnerable de Nuadibú”, ejecutado por la Fundación CEAR.

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La medida de nuestro compromiso Katrine Camilleri Es obvio que no todos los inmigrantes irregulares que llegan a Europa necesitan protección internacional, sin embargo, todavía la única manera para muchos de los que lo hacen es dejar sus países de origen de forma ilegal. Incluso si se las arreglan para obtener un pasaporte, ningún Estado les dará un visado de entrada para solicitar protección. La alternativa es clara: permanecer y afrontar la persecución o arriesgar su libertad e incluso sus vidas. Parece un asunto sin importancia que una significativa proporción de los solicitantes de asilo que llegan a Malta reciba protección internacional y que tengan que afrontar graves perjuicios si son devueltos a su hogar. Sus necesidades se olvidan en tanto que los Estados se centran en contener el flujo de inmigrantes no invitados. En un intento de coordinar el control de fronteras de forma más efectiva y evitar las “tragedias humanitarias”, Frontex (la agencia de fronteras de la UE) llevó a cabo patrullas en Malta y España el verano pasado. Reportajes periodísticos citaron que Frontex Hera III, la misión de España, interceptó más de 1.500 inmigrantes irregulares intentando alcanzar el sur de Europa. Estas estadísticas plantean algunas cuestiones: ¿qué les ocurrió a los inmigrantes interceptados? ¿algunos fueron devueltos a sus puntos de partida durante estas operaciones?. Si es así, ¿se hizo algún esfuerzo para determinar si necesitaban protección internacional, antes de que se denegara su acceso a territorio de la UE? ¿Se les hizo regresar a un lugar en el que pudieran obtener protección si la necesitaban? Escuchando los testimonios de solicitantes de asilo en Malta una no puede más que preocuparse por el destino de cualquiera de los inmigrantes que fueron obligados a regresar. La mayoría de ellos transitó por países fronterizos a la UE, viviendo allí meses o, en ocasiones, años, antes de decidir moverse en busca de protección. Hablan de una vida caracterizada por el miedo y la inseguridad, en constante riesgo de encarcelamiento o deportación. Insisten en que es imposible obtener allí una protección efectiva. Un solicitante de asilo somalí que llegó a Europa en 2004 fue devuelto a Libia, el país a través del cual había transitado y allí fue puesto en manos de las autoridades. Describió cómo fue torturado, golpeado en

Katrine Camilleri con una refugiada somalí en Malta.

las espinillas y electrocutado, mientras se le mantenía en un centro de detención durante siete días. Con el tiempo, fue sentenciado a nueve meses de prisión por entrada ilegal. Tras su liberación, otras cinco personas y él fueron conducidos al desierto, dijo haber estado al límite y dejado por muerto. Sólo dos de ellos sobrevivieron. Desafortunadamente, la ayuda de la UE a los países vecinos para tratar el enorme número de inmigrantes, tanto de los que residen, como de los que transitan por su territorio, se ha limitado a medidas para combatir la inmigración irregular, en vez de aumentar su capacidad para defender los derechos humanos. En el pasado, por ejemplo, en el caso del acuerdo bilateral entre Italia y Libia, tal apoyo se materializó en la construcción de centros de detención, el suministro de equipamiento y la financiación de deportaciones. Semejantes soluciones están destinadas a fracasar en tanto que ignoran el hecho de que un número significativo de personas se enfrentará a perjuicios si son devueltos a sus hogares. Controles de fronteras

Premio Nansen 2007

FOTO: ACNUR / A. PACE.

más efectivos significarán, simplemente, que sus viajes serán más duros y más arriesgados, pero es improbable que les impidan moverse. Las leyes europeas e internacionales nos obligan a garantizar que estas personas no serán, directa o indirectamente, devueltas a un lugar donde se enfrentarán a la persecución o a otras graves violaciones de los derechos humanos. Nos imponen asegurar que todos aquellos que se encuentren dentro de nuestra jurisdicción efectiva y necesiten protección la obtengan. También nos obligan a recibir inmigrantes y solicitantes de asilo de forma que se respete su dignidad humana. En un último análisis, la medida de nuestro compromiso con los derechos humanos, seguramente, debe consistir en cómo tratamos a aquellos de entre nosotros que son más vulnerables e indefensos; aquéllos que no tienen voto, ni frecuentemente, voz. - Katrine Camilleri, abogada del Servicio Jesuita a Refugiados en Malta, ha obtenido el Premio Nansen 2007.

El 18 de septiembre de 2007 ACNUR anunció que el Premio Nansen 2007 había recaído en Katrine Camilleri, abogada de 37 años del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Malta, por su trabajo en la defensa de los derechos de los refugiados y los inmigrantes. Este galardón de casi medio siglo de existencia, llamado inicialmente Medalla Nansen, debe su nombre al noruego Fridtjof Nansen, gran explorador del Ártico, que en 1921 fue nombrado primer Alto Comisionado para los Refugiados por la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. El premio se otorga a una persona o grupo que haya destacado en la defensa de los refugiados y consiste en una medalla y una dotación de cien mil dólares. En respuesta al incremento de las llegadas en Malta, en 2002 el SJR comenzó a asistir a los solicitantes de asilo detenidos, estableciendo un servicio de visitas con voluntarios y proyectos de asistencia social, además de facilitar el acceso a la asistencia médica. Desde 1997, Camilleri ha proporcionado asistencia legal a cientos de personas que estaban recluidas en los centros de detención, ayudándoles con sus solicitudes de asilo y cuestionando sus detenciones. Sus esfuerzos se han concentrado en la defensa de los más vulnerables, como víctimas de traumas o tortura y supervivientes de violencia sexual y de género. Durante el año pasado, el SJR y Katrine Camilleri hicieron frente a distintos ataques. En abril unos incendiarios prendieron fuego al coche de Camilleri y a la puerta principal de su casa, poniendo en peligro a su familia que estaba atrapada en el interior de la vivienda. Los ataques causaron un gran impacto en la sociedad maltesa y fueron ampliamente condenados. “La Dra. Camilleri y el SJR son contrapartes clave del ACNUR en su objetivo de brindar asistencia a los gobiernos para poder identificar a los refugiados que llegan entre los flujos migratorios y para responder a sus necesidades”, aseguró António Guterres, máximo responsable de ACNUR.

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ENTREVISTA A MALALAI JOYA, DIPUTADA AFGANA

“El pueblo es rehén de los fundamentalistas que gobiernan Afganistán ante los ojos de las tropas internacionales” Eugenia García Raya Malalai Joya es la diputada más joven de Afganistán, pero no puede cumplir con su trabajo porque ha sido expulsada del Parlamento tras exigir que sean procesados los miembros del Gobierno que han cometidos graves delitos. El Parlamento afgano, en lugar de atender sus denuncias respaldadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos, la ha amenazado de muerte. Sin embargo, ella sigue denunciando que Afganistán se encuentra en manos de criminales y corruptos fundamentalistas, ahora con la connivencia de Estados Unidos. Malalai Joya ha pedido durante su visita que se presione a los gobiernos que tienen tropas en Afganistán, entre ellos España, para que apoyen a los partidos y organizaciones democráticas en el país en vez de seguir la senda abierta por las tropas estadounidenses. FC: Afganistán fue invadido por tropas estadounidenses y británicas a finales de 2001 durante la operación “Libertad duradera”. El gobierno de los talibanes fue derrocado y Hamid Karzai, con la Alianza del Norte, fue puesto al frente del Gobierno. Desde entonces, tropas de Estados Unidos y de otros países, entre ellos España, se encuentran en Afganistán. ¿Hay efectivamente libertad en su país? - Hoy nuestro país está ocupado. El gobierno de Estados Unidos manifiesta que sus tropas están en Afganistán para traer la libertad, pero aquí lo que hay es una situación mucho peor que cuando ellos no estaban. Los Estados Unidos han actuado de acuerdo a su propia estrategia política, no por los intereses de los afganos. En los últimos seis años han muerto 65.000 afganos, más que durante el periodo de los talibanes. No hay libertad de expresión. Se ha promulgado una ley de amnistía que permitirá que queden impunes los crímenes cometidos por algunos de los que hoy son ministros, parlamentarios o embajadores. Afganistán sigue produciendo el 93% del opio en el mundo y los principales narcotraficantes son miembros del Gobierno, incluso ministros y miembros del Parlamento. Ha aumentado el tráfico de armas con Irán, Rusia y Pakistán. Estos traficantes y corruptos están hoy en el poder en Afganistán. Según un informe de Human Rights Watch, controlan el 80% del Parlamento. Son tan fundamentalistas como los talibanes y actúan como títeres de los países vecinos. En esta situación, el pueblo afgano es rehén de los fundamentalistas que están en el poder con la connivencia de Estados Unidos y de los talibanes, que cada vez tienen más control de la situación porque incluso el presidente Karzai está dispuesto a negociar con ellos. En definitiva, seis años de tropas extranjeras son muchos años para nosotros y no vemos ningún resultado positivo. Las tropas extranjeras bombardean las provincias buscando talibanes, pero los que mueren con sus bombas son las personas desarmadas. FC: ¿Qué deben hacer entonces los países que están interviniendo de diversas maneras en Afganistán? - La comunidad internacional debe presionar a sus gobiernos para que actúen de manera independiente en Afganistán, en lugar de imitar a Estados Unidos. Eso significa que deben apoyar a los partidos y las organizaciones democráticas afganas, y no a los gobernantes fundamentalistas y corruptos, y presionar para que los criminales que hoy controlan el país sean llevados a una corte penal internacional.

Malalai Joya durante la rueda de prensa que ofreció en Madrid.

Las próximas elecciones no van a ser democráticas. El Gobierno está negociando con los talibanes. El Parlamento ha votado una ley de “autoindulto” para todos estos gobernantes que deberían ser juzgados y que, sin embargo, son ministros, parlamentarios, embajadores y se van a poder volver a presentar como candidatos. Por tanto, los gobiernos tienen que presionar para que esa ley no pueda ser desarrollada, porque supone la impunidad de crímenes gravísimos. Hay también que presionar para que la ayuda internacional no siga llenando los bolsillos de los gobernantes y los corruptos, algo que incluso el propio presidente Karzai ha reconocido. FC: Los gobiernos occidentales aseguran que la situación de las mujeres es mejor ahora porque no gobiernan los talibanes y por la presencia de ejércitos bajo mando de la OTAN en el país… - Los fundamentalistas que controlan el poder usan la religión contra las mujeres. Las

mujeres afganas tenían hace 25 años mucha más libertad que ahora, tenían los mismos derechos que en Europa occidental y nuestra cultura secular era muy importante. Ahora, sólo en los seis primeros meses de 2007, las estadísticas recogen el suicidio de 250 mujeres. Impunemente, delante de los ojos de las tropas extranjeras, a las mujeres afganas se las viola y secuestra cotidianamente. En las grandes ciudades estamos un poco más protegidas, pero en el resto del país las mujeres viven un infierno. Incluso son cambiadas por mercancías. Llevamos el burqa para protegernos, porque nos da seguridad. Antes se hablaba mucho en los medios de comunicación sobre lo que los talibanes hacían a las mujeres, ahora, a pesar de que los comandantes de la Alianza del Norte violan a niñas de 11 años que luego son intercambiadas hasta por perros, los medios de comunicación no lo cuentan. Los talibanes y los nuevos gobernantes son iguales en su desprecio a las mujeres.

“Para que vuelvan los refugiados, tiene que haber un gobierno democrático en nuestro país”

A Malalai Joya no le gusta mucho hablar de su situación personal. Esta diputada, elegida con la segunda mejor votación por su circunscripción, ha sido amenazada de muerte públicamente. Han intentado matarla cuatro veces. Ha sido agredida físicamente y amenazada de violación dentro del Parlamento. Cuando tomaba la palabra, le apagaban el micrófono. No puede entrar allí donde los votos le han situado. Durante su visita a España en noviembre, diputadas del PSOE, Izquierda Unida y el PP se comprometieron a seguir estrechamente su caso, al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las organizaciones e instituciones que la invitaron (CEAR, la APDHE y la Universidad Autónoma de Madrid) o con las que se reunió. Cuando se le muestra respeto por su valentía, responde: “No es una cuestión de valentía. Estoy cumpliendo con mi responsabilidad”. Malalai Joya salió de Afganistán como refugiada a los 4 años. Vivió con su familia en un campo de refugiados de Irán y de allí se trasladó a Pakistán, donde terminó sus estudios. Volvió a Afganistán en 1998 y enseguida se convirtió en una tenaz opositora de los talibanes. Daba clases a mujeres clandestinamente y fundó un orfanato y una clínica. Es líder de una ONG (OPAWC) que trabaja por los derechos de las mujeres y la democracia en su país. Ella es un ejemplo de que los refugiados no son una carga para los países de acogida, sino una apuesta por el futuro democrático del mundo. FC:¿Qué es ser refugiada? - Estar físicamente en un sitio y tener la mente en tu país, sobre todo si tu país vive una tragedia que mata gente todos los días. Nosotros sentíamos que no estábamos completos fuera de Afganistán, que habíamos perdido algo precioso. Por eso la esperanza de volver no se pierde, quieres volver porque sientes que, aparte de llorar, no puedes hacer mucho más. FC: Pero usted se formó y trabajó por Afganistán desde el exilio... - Sí, eso es cierto. Yo trabajaba como profesora y me enorgullezco de muchas cosas que implicó ser refugiada. Te quedan recuerdos de gente maravillosa, de respeto, de lucha por la democracia en los campos de refugiados. Y es cierto que no importa donde se esté, lo que importa es lo que se haga. También las fronteras cambian. Y algún día no existirán. FC: Ahora nuevamente usted y su familia corren un gran peligro en su país... - Sí, pero soy joven y puedo hacer algo por Afganistán. En este momento todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. No me gustaría tener que salir del país sin saber si voy a volver. FC: Según Naciones Unidas, en 2006 había más de dos millones cien mil afganos refugiados, casi un millón de ellos en Irán, país que por cierto está expulsando a miles. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que vuelvan con garantías? - Tiene que haber un gobierno democrático en Afganistán, algo que no tenemos. Los refugiados al menos tienen algo de seguridad fuera del país. A su regreso hay que garantizarles seguridad para ellos y sus familias y acceso a la educación, a la salud, a unas condiciones mínimas de dignidad. Y eso no se da. El problema es que muchos refugiados se encuentran en Irán y Pakistán, países cuyos gobiernos de día apoyan al gobierno afgano y de noche proporcionan armas a los talibanes. Los refugiados son encarcelados en Irán e incluso muchos de ellos han sido asesinados allí. - Eugenia García Raya es responsable de Información Pública de CEAR.

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ANDALUCÍA Un transexual argelino obtiene el estatuto de refugiado.- El servicio jurídico de CEAR-Sur ha defendido la solicitud de asilo de un joven argelino que había sufrido persecución en su país por su identidad sexual y que temía volver a padecerla en el caso de ser obligado a regresar, puesto que Argelia castiga la homosexualidad con penas que pueden alcanzar hasta los tres años de cárcel. En los últimos años, España ha otorgado el estatuto de refugiado a algunas mujeres víctimas de la violencia de género y a activistas por los derechos de los colectivos homosexuales. Ahora, en virtud de la Ley de Asilo y de la Ley de Igualdad, el Ministerio del Interior ha dado un paso adelante al otorgar el estatuto de refugiado a un transexual. LOURDES NAVARRO, responsable del servicio jurídico de CEAR-Sur.

CANARIAS Sensibilización para la convivencia.- La Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria en colaboración con CEAR-Canarias ha ejecutado en 2007 un plan de trabajo en el que se engloba el Programa ISI (Inmigración, Sensibilización, Integración), con el lema “Con el Sur hacia una Ciudadanía Universal”. Para clausurar esta iniciativa, entre el 12 y el 15 de diciembre se imparten tres conferencias a cargo del profesor Ramón Díaz (“Génesis de los procesos migratorios: causas en origen y causas en destino”), de la profesora Rosalía Rodríguez (“Género e inmigración: de la doble a la triple victimización”) y de Mauricio Valiente (“La crisis del derecho de asilo: una profundización de la negación de los derechos humanos”). JUAN MORENO. EUSKADI Programa para familias inmigrantes y refugiadas.- El equipo de primera acogida del

Programa de Información y Orientación de CEAR-Euskadi desarrolla esta iniciativa a fin de apoyar los procesos de integración plena, paliando la aparición de procesos de desestructuración familiar a consecuencia del proyecto migratorio, y para gestionar de manera constructiva la conflictividad derivada de los mismos. El programa está dirigido a familias monoparentales con hijos a cargo en el país de origen, en la fase previa a la reagrupación, y a familias recién reagrupadas. El trabajo se realiza mediante intervenciones sociales preventivas y talleres periódicos de habilidades familiares diseñados en función de las demandas. JOSUNE GARCÍA, miembro del

Programa de Atención para Familias Inmigrantes, Refugiadas y/o Mixtas de CEAR-Euskadi.

MADRID Los refugiados y los inmigrantes en el voluntariado.- En los últimos años la participación de los inmigrantes y los refugiados como voluntarios en las organizaciones sociales ha aumentado de manera notable. En este contexto, CEAR-Madrid está desarrollando una investigación, financiada por el ayuntamiento de la capital, para conocer la participación de los refugiados y los inmigrantes en el voluntariado. El objetivo es plantear propuestas y líneas de actuación para la elaboración de un decálogo y diferentes herramientas interculturales a fin de contribuir a una mejor gestión del voluntariado intercultural en las entidades sociales. ESTRELLA PÉREZ GALÁN, coordinadora de CEAR-Madrid.

PAÍS VALENCIANO Escuela de Músicas del Mundo.- A lo largo de 2007, CEAR-PV ha desarrollado el proyecto Escuela de Músicas del Mundo en Buñol (Valencia), financiado por el ayuntamiento y la Obra Social de la CAM. Esmumbu propone un encuentro y un reconocimiento mutuo entre las culturas a través de la música y la convivencia que su disfrute propicia. Durante todo el verano se organizaron talleres de capoeira, charango, danza oriental y percusión africana y se celebraron dos conciertos. Además, en el marco de este proyecto, los ciudadanos de Buñol tuvieron la oportunidad de convivir durante una semana con inmigrantes y refugiados llegados de muy diversos países quienes, bajo el lema “Abre tu casa al mundo”, fueron acogidas en régimen de alojamientos solidarios. SALVA LACRUZ, coordinador de Sensibilización y Voluntariado de CEAR-PV. EXTREMADURA I Foro Social Extremeño de las Migraciones.- El primer Foro Social Extremeño de las

Migraciones, organizado por CEAR y celebrado el 16 y 17 de noviembre en Mérida, ha sido un espacio democrático de debate de ideas, de reflexión en común, de formulación de propuestas, intercambio de experiencias y de articulación de los movimientos sociales y ONG extremeñas que trabajan por los derechos de los inmigrantes y los refugiados. En la inauguración del Foro intervinieron el alcalde de la ciudad y el presidente de CEAR. JOSÉ ÁNGEL CALLE SUÁREZ,

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ENTREVISTA A ENRIQUE MIRET MAGDALENA

“Es el momento de hablar menos y actuar más” Susana Pérez A sus 93 años, Enrique Miret Magdalena (Zaragoza, 1914), teólogo seglar, conserva la lucidez que ha volcado a lo largo de su vida en más de veinte libros y centenares de artículos. Referencia capital del pensamiento teológico progresista, don Enrique participó en la fundación de CEAR en 1979. FC: ¿Cómo se implicó en la fundación de CEAR? - Estaba muy cerca de alguna de las personalidades que fundaron CEAR y como tenía experiencia de trabajo con extranjeros decidí colaborar en el proyecto. CEAR se fundó porque desde diferentes sectores descubrimos que la atención a los refugiados era un problema pendiente de solución y necesitaba que personalidades y grupos de diferentes ideologías y ocupaciones se ocuparan del asunto con el fin de lograr que los refugiados tuvieran un puesto razonable dentro del país. FC: En la fundación de CEAR convergieron personalidades de diferentes opciones políticas, sindicatos, confesiones religiosas... y pese a sus diferencias primó el consenso. ¿Qué cree que lo motivó? - La verdad es que no era un proyecto partidista, sino al contrario, era un trabajo abierto a diferentes ideas porque la preocupación fundamental era resolver el vacío en la atención a los refugiados en el país. La diferencia de tendencias, de ideas y preocupaciones ideológicas tuvo mucha importancia en el inicio de CEAR porque comprendimos que las ideologías están detrás de las realidades, por tanto, es necesario olvidarse de las diferencias para ir adelante en la labor de acoger a los refugiados y a los inmigrantes. FC: ¿Cuál es su implicación actual en CEAR? - Ahora estoy un poco apartado de CEAR porque tengo que dividir mi tiempo entre tantas cosas que no puedo atender todas y pienso que también hay otros asuntos que son muy importantes y que debo contribuir al desarrollo de estos nuevos caminos que se abren en la sociedad. Creo que en estos momentos hay muchas cosas que mejorar en CEAR, ahora bien como en todas las cosas de los humanos. Es necesario que haya una mayor autocrítica de nuestra actividad con el fin de que sea lo más eficaz posible y no nos perdamos en pequeñas cosas de posición de unos contra otros, defecto de casi todos los grupos que hacen cosas amplias, como CEAR. Hay que volver al consenso fundacional para que nuestra labor no se quede en bonitas palabras, sino que realmente se realicen nuestros objetivos. Es necesaria una labor de aperturismo, de colaboración de unos con otros, de conocimiento de los datos que existen en el mundo actual de tipo social, humano y hacer algo más con ello. FC: Desde su visión de teólgo ¿cuáles creen que han sido las aportaciones del mundo cristiano en el ámbito de las migraciones?

- La verdad es que soy cristiano y católico, pero muy crítico con la forma de pensar de muchos que se llaman lo mismo que yo. No confío mucho en que los cristianos actuales vayan a hacer gran cosa a favor de los refugiados e inmigrantes, sino que creo que estarán pensando siempre en ellos mismos más que en el conjunto de la humanidad. Estoy muy preocupado por el tema de la pobreza, no se ha hecho todo lo que se debería para resolver este problema. Pobreza no sólo económica, sino pobreza cultural, humana, en la convivencia... Porque los seres humanos debemos convivir y cooperar. CEAR tiene una misión importante de convivencia y de deseo de convivencia auténtica en el mundo actual. FC:¿Cuáles cree que son las pautas para lograr que la convivencia intercultural sea una realidad? - Soy poco partidario de las frases bonitas que se utilizan muchas veces justamente para tener apoyos que luego, en lugar de utilizarse de forma positiva, se desperdician. Desde el punto de vista religioso también soy muy crítico en este ámbito. Creo que en España, por ejemplo, pocos obispos han sabido vivir a fondo el problema de la convivencia, de la ayuda mutua. Hay que promover que la globalización no sea sólo para la fuertes, sino también para los más débiles. Es el momento de hablar menos y actuar más. - Susana Pérez es coordinadora del III FSMM.

responsable de Sensibilización de CEAR-Extremadura.

CATALUÑA Protección a los homosexuales perseguidos.- La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR, entidad asociada a CEAR) presenta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el libro Perseguit per haver escollit la meva sexualitat, con la colaboración de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El libro describe la situación actual de los derechos de las lesbianas, gays y transexuales en el mundo y analiza el reconocimiento del estatuto de refugiado a las víctimas de la persecución por orientación sexual y/o de género por parte de diversos países occidentales, con especial atención a las políticas españolas. Este documento forma parte de una serie de publicaciones cuyo objetivo es dar a conocer las “otras formas de persecución” y lograr que sus víctimas puedan acogerse a la protección internacional. ÓSCAR MORALES, coordinador de Empleo de CCAR.

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Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: una herida abierta Mauricio Valiente Colombia es uno de los países con mayor número de refugiados y desplazados internos debido a las sistemáticas y diarias violaciones de los derechos humanos. A principios de octubre una misión internacional compuesta por juristas, periodistas, antropólogos forenses y especialistas en derechos humanos independientes visitó este país para realizar una investigación en terreno sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad, invitados por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), la principal red de organizaciones sociales que trabaja en este ámbito, y con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. La misión recopiló testimonios de familiares y testigos referidos a 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales (consideradas un crimen contra la humanidad en el Derecho Internacional), así como información sobre procesos judiciales con participación de organizaciones de derechos humanos, y mantuvo entrevistas con representantes de las altas instituciones del Estado y el gobierno colombiano, autoridades regionales y diversas organizaciones sociales. Este trabajo ha sacado a relucir la inquietante práctica de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Según datos del Centro de Información y Estadística del Ministerio de Defensa Nacional, entre agosto de 2002 y septiembre de 2006 cayeron en combate 8.104 “presuntos guerrilleros”. El último informe señala que, entre julio de 2006 y junio de 2007, fueron abatidos 2.072 integrantes de grupos armados ilegales. Entre julio de 2002 y junio de 2007, aparecen registrados en Colombia e imputados a la fuerza pública al menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales, además de 235 casos de desaparición forzada de personas, según el informe de las organizaciones que integran la CCEEU. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación está investigando disciplinariamente 670 casos y ha emitido hasta el momento once fallos disciplinarios. Pautas represivas.- Del análisis de los casos estudiados, se extrae con claridad la existencia de un patrón común de comisión: los casos de

ínfimo de condenas a responsables de ejecuciones extrajudiciales, lo que supone una situación de impunidad generalizada. La Fiscalía no actúa de manera efectiva para reclamar la jurisdicción penal ordinaria frente a la penal militar, puesto que existe un ambiente general de intimidación que dificulta el acceso a la justicia, con amenazas a familiares y testigos de los hechos. Se han observado casos de testigos asesinados o forzados a desplazarse, lo que coloca a las víctimas en una situación de especial vulnerabilidad.

Imagen de una zona pobre de Bogotá que acoge a mucha población desplazada por la violencia del FOTO: ACNUR / P. SMITH. conflicto.

ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares contrainsurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate. En un número elevado de casos, la víctima fue capturada de modo ilegal en su domicilio o lugar de trabajo y conducida al lugar de la ejecución. Las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores o personas marginadas; un porcentaje significativo son líderes comunitarios. Las víctimas aparecieron muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con sus ropas habituales y desarmadas. En muchas ocasiones, las víctimas fueron previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados susceptibles de facilitar información falsa debido a su situación y en otras ocasiones fueron seleccionadas al azar.

Habitualmente el levantamiento del cadáver se realiza por los mismos miembros de la fuerza pública que previamente le han dado “de baja en combate”; no se preservan la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes; se aprecia superficialidad en la práctica de necropsias; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura y varios testimonios evidencian estas prácticas. Los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad. Se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para el reconocimiento de los mismos. Se inhuman como “no natos” (con las siglas N.N que nos remiten a los genocidios de los años 70 en Chile o Argentina), a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas. Ante esta realidad, la acción de la justicia exhibe serias deficiencias, ya que existe un porcentaje

Propuestas.- En su informe preliminar, la misión sugiere un conjunto de medidas que permitan esclarecer los hechos, combatir la impunidad y establecer mecanismos preventivos ante una violación tan grave del derecho a la vida. En primer lugar, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, que depende de la Fiscalía, debería encargarse siempre de realizar el registro de la escena del crimen y el transporte del cadáver. En segundo lugar, debería garantizarse una investigación inmediata e imparcial de todos los casos en que existe sospecha de ejecuciones extralegales a cargo de los órganos competentes. Como regla general, toda la investigación y procedimiento deberá corresponder a la jurisdicción ordinaria y no a la militar, conforme a la legislación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, debería asegurarse la supresión de incentivos referidos a números de bajas, toda vez que pueden estimular la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, quienes estén presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, deben ser suspendidos del servicio activo, mientras dure la investigación. La misión se dirige a la opinión pública internacional, ya que consideramos que se debe resaltar la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia e insistir ante el Gobierno de este país para que implemente las recomendaciones realizadas por los organismos de protección de derechos humanos. La misión entiende que los gobiernos extranjeros deben supeditar la ayuda militar al Estado colombiano a la finalización de las ejecuciones extrajudiciales. - Mauricio Valiente es adjunto secretario general de CEAR y miembro de esta misión internacional en Colombia.

TESTIMONIO DE UN REFUGIADO MAURITANO

“Mis expectativas de vida en España se han visto defraudadas” Mi nombre es Abdul Boubou, nací el 1 de enero de 1952 en Mauritania. La historia de mi persecución está directamente relacionada con mi militancia política. Hacia 1968 empecé a participar de manera activa en el Movimiento Nacional Democrático, una formación marxista-leninista cuyos objetivos, compartidos por muchos compatriotas, eran poner fin a la dominación colonial francesa y al pillaje de las riquezas del país y luchar por la igualdad y la unidad de nuestras cuatro nacionalidades (árabes, pulares, soninky y wolofes). A principios de los 90 fui detenido y torturado. Eran años muy difíciles en mi país, volví a ser detenido y en 1992 el régimen dictatorial, en el poder desde el golpe de diciembre de 1984, manipuló los resultados y nos arrebató la victoria que habíamos obtenido en las elecciones presidenciales. En 1996, recibí el aviso de que el régimen pretendía asesinarme y por ello dejé a mi esposa y a mis cuatro hijos y decidí exiliarme en España. Solicité el estatuto de refugiado directamente en la Oficina de Asilo y Refugio, en Madrid, donde al contrario de lo que he escuchado en otros casos, me trataron muy bien. Cuando fue admitida a trámite, ingresé en el Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas. Como supongo que les sucederá a muchísimos refugiados, mis expectativas de lograr una mejor calidad de vida en España se han visto defraudadas, puesto que, una vez obtenido el estatuto de refugiado, surgieron otros problemas, como la búsqueda de una vivienda y de un puesto de trabajo. Pensaba que, cuando obtuviese la homologación de mi título universitario de ingeniero industrial, mi vida mejoraría, pero ha sido imposi-

ble y aún no he logrado trabajar en lo que he estudiado, a pesar de que he realizado todos los cursos de perfeccionamiento que existen en mi campo, pero es imposible. Hoy participo en la Asociación Mauritano Española de Intercambio Cultural, de la que soy delegado en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Nuestra asociación tiene tres grandes objetivos: hacemos una labor de sensibilización social; trabajamos en la acogida a los compatriotas que llegan: les proporcionamos formación, orientación, acompañamiento e información sobre los recursos sociales existentes; y también hemos llevado a cabo proyectos de cooperación en nuestro país puesto que hace cinco años reconstruimos una escuela y una maternidad. Desde el año 2000 hemos participado en los diversos intentos por constituir una plataforma estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados con la intención de influir en las políticas migratorias de España y de la Unión Europea. La fundación de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) el 3 de diciembre de 2005, en la que participamos, ha sido muy importante porque pienso que tenemos que organizarnos y coordinar nuestra actuación para tener una mayor influencia en la vida sociopolítica española. La vida de mi familia en España está llena de dificultades. Desde diciembre cobro el subsidio de desempleo y mi esposa también está en paro. Con el tiempo, de manera incomprensible, pierdes las ayudas sociales que el Estado proporciona a los refugiados, nos deja desamparados. Por suerte, mis hijos (de 25, 21, 19, 11 y 5 años) están estudiando y se han integrado perfectamente en la sociedad, están

Abdul Boubou se exilió en España en 1996.

contentos con su vida aquí, tienen muchos amigos españoles, participan en grupos de teatro y música, juegan al fútbol… La situación de mi país es ahora más tranquila. En marzo hubo elecciones democráticas y ahora sí tenemos esperanzas en el desarrollo democrático de Mauritania. Se ha puesto sobre la mesa la reconciliación nacional, ya que hubo una herida muy profunda. Además, desde Senegal y Malí ha empezado el retorno de los refugiados mauritanos auspiciado por ACNUR. Tengo una visión muy crítica de la actuación de los países de la Unión Europea en África. Por una parte, Europa interpreta las migraciones como un grave problema y no como un fenómeno social e histórico natural. Por otra, en los últimos años la UE ha

endurecido sus políticas de asilo y además apoyan a las dictaduras que oprimen a los pueblos africanos para impedir las migraciones. Las inversiones se dirigen a la compra de helicópteros, lanchas motoras rápidas, el pago y mantenimiento de los agentes de seguridad, en lugar de ayudar a los candidatos a la muerte en la arriesgada travesía hacia Europa. La gente viene a Europa por la inestabilidad política en nuestro continente, sin embargo, la Unión Europea intenta de manera obsesiva frenar la “inmigración ilegal”, como si ya no existieran los refugiados. Sé perfectamente que aquí nuestra situación es muy dura, pienso que, al igual que muchos revolucionarios, no he podido conseguir mis metas. Pero soy fiel a mis convicciones y no quiero alterarlas por nada del mundo.

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El 17 de octubre Salah recibió el VI Premio Juan María Bandrés de manos del presidente y la secretaria general de CEAR, los tres en la imagen de la derecha. En aquel emotivo acto, este refugiado regaló un pañuelo palestino al pintor Juan Genovés, presidente del jurado del Premio, quien aparece en la imagen de la izquierda.

El refugiado palestino Salah M. Salah recoge el VI Premio Juan María Bandrés

Volver a casa “Hay personas que aún conservan las llaves de su casa”, dice Salah M. Salah, presidente del Comité Permanente sobre Refugiados del Parlamento Palestino. Personas que fueron expulRaquel Celis Fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina y miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Salah ha participado en la promoción de asociaciones de estudiantes, mujeres, trabajadores y refugiados palestinos en Líbano y, desde 1988, preside el Comité Permanente sobre Refugiados del Consejo Nacional Palestino. “Mi principal éxito ha sido que mi familia siga comprometida con la causa palestina”, asegura. Su biografía cuenta el asesinato de su padre en 1939 (Salah tenía 3 años); habla de su mujer, Samira (directora de Asuntos de Refugiados de la OLP en Líbano) y de la labor de sus hijos e hijas, Rabí, Rima, Roula y Rasha. Salah agradeció el reconocimiento del Premio Juan María Bandrés como “un homenaje al pueblo palestino y sus derechos legítimos encabezados por el derecho de retorno de los refugiados a sus hogares”. Defendió el retorno como “eje principal del conflicto palestino israelí” e incidió en que no “habrá ninguna posibilidad de que se logre la paz

sadas de su tierra en 1948, como él. Entonces tenía 12 años y la ocupación israelí marcó su camino, el exilio, y su compromiso vital, la lucha por el retorno de los refugiados palestinos. En octubre, visitó

en Oriente Medio sin dar una solución justa a este problema”. Quiso recordar el origen de la situación que vive el pueblo palestino: la ocupación de los colonos israelíes promovida por el movimiento sionista. “El movimiento sionista cambió el nombre de nuestra tierra en 1948 –con la creación del Estado de Israel-; transformó las condiciones de acceso a la ciudadanía y está trabajando para cambiar nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones”. En 1968, había un millón de palestinos en el exilio, hoy hay siete millones de refugiados palestinos que viven en los países limítrofes (Jordania, Líbano,…), en el Estado de Israel y en la diáspora. “Países como Estados Unidos han ido a la guerra para obligar a otros a cumplir resoluciones de la ONU (en Iraq, Sudán,...)”. Israel rechaza el retorno de los refugiados (Resolución 194 de Naciones Unidas, adaptada y reconocida por el propio Israel), el reconocimiento de Jerusalén como capital de Palestina y sigue construyendo el muro racista en Cisjordania y ampliando sus colonias. “Es el único Estado construido mediante una resolución de

España para recoger el VI Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados que otorgan CEAR y la Fundación CEAR.

la ONU, que le adjudicó el 54% de la Palestina histórica cuando los judíos no poseían más que el 6%. Actualmente ocupan todo. Los países europeos no hacen fuerza y los países árabes nos han abandonado a nuestra suerte”. Apoyo internacional.- “Los fracasos han repercutido en la esperanza y expectativas de la gente en un proceso nuevo de paz”. “¿Sobre qué va a negociar el pueblo palestino? ¿Cómo va a tener éxito el proceso de paz?”, se interrogó en alusión a la conferencia de Annapolis. Para Salah, la política “radical” del Estado israelí y la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio no permiten percibir señales importantes de cambio. Ante la falta de apoyos de los Gobiernos europeos y el incumplimiento sistemático de las resoluciones internacionales, Salah reivindica el papel de la sociedad civil a través de la creación de una Plataforma Internacional para la solidaridad con los refugiados palestinos. Una plataforma en la que estén integradas las distintas organizaciones que trabajan desde Europa en defensa del pueblo

“La paz no será posible en Oriente Próximo sin una solución integral y justa para los refugiados palestinos” palestino, “que se constituya como fuerza de presión política para exigir el cumplimiento de las resoluciones de la Naciones Unidas”. Salah ha vuelto a Líbano, a su casa en el exilio, pero ha dejado en España un llamamiento a la solidaridad internacional; el recuerdo de su buen humor, de quien narra los atentados contra su vida como anécdotas de la lucha; y una lágrima, derramada en su abrazo con Juan Mari Bandrés. - Raquel Celis es miembro del área de Sensibilización y Voluntariado de CEAR-Euskadi.

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