ANTONIO GARAMENDI LECANDA

PRESIDENTE DE CEOE

Recientemente ha sido reelegido como presidente de CEOE, nuevamente con un amplio respaldo. ¿Qué objetivos se propone en este nuevo mandato?

Estoy muy agradecido a los empresarios españoles por este apoyo que significa, también, una apuesta por la gestión que se ha realizado en los últimos cuatro años.

Creo que hemos demostrado que se pueden defender nuestras posiciones con firmeza, pero con educación. Eso no es ser débil, sino que son los principios que fundamentan el diálogo, un diálogo real. Lo he dicho muchas veces, la competitividad y el humanismo no están reñidos, al contrario.

Nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años es: Trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar por todas las empresas españolas, las grandes, las medianas, las pequeñas y los autónomos, poniendo a las personas en el centro de las cosas.

Vivimos tiempos de incertidumbre y el papel del tejido empresarial es clave, por eso, nuestra hoja de ruta va de la mano de la transformación, de la digitalización, la sostenibilidad y la formación. Son las principales palancas para hacer que nuestras empresas crezcan en competitividad y, con ello, creen empleo y generen riqueza en nuestro país. Al contrario de lo que algunos están diciendo, las empresas no somos el problema, sino que somos la solución.

¿Cómo valora la propuesta de reforma de las pensiones?

Desde CEOE hemos mostrado nuestra más frontal oposición ante la propuesta de reforma del sistema público de pensiones planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Creemos que lo que nos han planteado no es una reforma del sistema, sino una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales de las empresas, poniendo en peligro la creación de empleo. Es decir, buscan el sostenimiento del sistema de pensiones a través de un impuestazo. Es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión.

Pero, además, tenemos que sumar las formas. Nos presentan esta reforma ya pactada con los sindicatos y sin una memoria económica en la que nos expliquen el impacto que esta reforma va a tener en empresas y trabajadores, un documento que llevamos reclamando desde hace meses. Resulta inconcebible que el Gobierno afronte esta reforma sin el necesario debate y diálogo social, tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes. En definitiva, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y es un desplante en toda regla del diálogo social.

Sinceramente, es otro ejemplo más de la voracidad recaudatoria de este gobierno y, además, supone un serio riesgo para las pequeñas empresas y los autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes, con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo.

Se cumple un año de la reforma laboral. A su juicio, ¿cómo se podrían calificar los resultados sobre el mercado laboral?

Sin duda, el pacto de la reforma laboral fue muy importante para el mantenimiento del empleo en nuestro país en un contexto de incertidumbre económica. No es exactamente el acuerdo que nosotros hubiéramos redactado, pero sí fue un pacto entre Gobierno, sindicatos y empresarios que ha permitido dar seguridad y certidumbre a las empresas y mayor estabilidad a los trabajadores, a la vista de la reducción de la temporalidad. En definitiva, creo que sí está cumpliendo su principal misión porque, frente a los indicadores económicos negativos que estamos viviendo, el empleo se está manteniendo en nuestro país.

En este sentido, tenemos que poner en valor la apuesta por el contrato fijo-discontinuo, una figura que da flexibilidad a las empresas y mayor estabilidad a los trabajadores.

Dicho esto, debemos dar tiempo a la reforma laboral, pues llegó en plena pandemia y ahora tiene de fondo la guerra en Ucrania y sus efectos negativos para la economía y las empresas. Por eso, creo que habrá que valorar su impacto en una situación de mayor normalidad.

Por cuanto a los fondos europeos y las expectativas que se crearon en su día, ¿cree usted que se están cumpliendo, que están llegando al grueso del tejido productivo?

Son parte de la solución, pero es imprescindible agilizar su ejecución y hacer un buen uso de esos recursos. Esta es una de las principales prioridades que se ha marcado CEOE para el año 2023. Hay que garantizar que el paquete Next Generation EU contribuye de manera efectiva a la recuperación económica y a la modernización del modelo productivo.

En este empeño, una de las cuestiones que mayor preocupación despierta en el tejido empresarial, como llevamos recordando durante más de un año, es la necesidad de contar con datos e información actualizada respecto de la cantidad de fondos que han llegado a la economía real y del impacto de éstos en el PIB. Algo que, desgraciadamente, todavía no tenemos.

Lo que sí sabemos, como pone de relieve un reciente informe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, es que España ha recibido 31.000 millones de fondos en concepto de subvenciones del total del Plan que, incluyendo la Adenda al Plan de Recuperación prevista, engloba una cantidad total de 164.000 millones de euros. Sin embargo, a nivel de ejecución, los datos oficiales del 20 de diciembre de 2022 señalan que se ha producido un despliegue de 22.000 millones de euros en convocatorias hasta la fecha, con datos de la Administración General del Estado (AGE). Más aún, de esta cantidad, solo

9.500 millones de euros están destinados al sector privado, alrededor de un 43% del total.

Esta situación es especialmente preocupante en tanto que el año 2023 va a ser clave para la ejecución de los PERTES. Dicho de otro modo, este año debe ser el de la consolidación de la mayor adjudicación de fondos de la historia de España.

¿Cómo valora la actividad que desempeñan las organizaciones empresariales?

Las organizaciones empresariales, como CECAM, son imprescindibles para el desarrollo del tejido empresarial de nuestro país. Creo que su importancia ha quedado clara durante la pandemia. Nuestra actividad no es equiparable a la que, legítimamente, puedan desarrollar grupos especializados en public affairs, o ONGs o asociaciones sociales o de otro tipo. Porque las organizaciones empresariales tenemos un papel reconocido en la Constitución, como lo tienen los sindicatos o los partidos políticos. En concreto, en el artículo 7, que forma parte del título preliminar. Es decir, de las bases políticas e institucionales del nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Las asociaciones empresariales somos sujetos constitucionales y un pilar fundamental dentro de nuestro Estado, por nuestro carácter asociativo y vertebrador del tejido productivo. La importancia de su papel queda clara también en otros puntos de la Constitución, como el artículo 131.2, donde se les reconoce también la función de colaborar con el Gobierno en la planificación económica de España.

De ahí, la permanente colaboración de las asociaciones empresariales y la Administración pública en ámbitos como la participación institucional, el diálogo social y decenas de comités, conferencias sectoriales, organismos públicos de distinta naturaleza y en materias de todo tipo en el ámbito estatal, autonómico, local e incluso internacional.

Las asociaciones empresariales estamos legitimadas para colaborar con el poder público; aportar nuestra posición; y ofrecer asistencia en materias que se vayan a regular gracias al conocimiento que tenemos de la realidad económica española en las cuestiones que nos afectan. También, por supuesto, a defender los intereses económicos y sociales que le son propios, es decir, no limitados únicamente al diálogo social.

En definitiva, las asociaciones empresariales somos un pilar de nuestro país y aprovecho que estoy hablando con vosotros para daros la enhorabuena por seguir manteniendo este pilar tan importante.