INDICE PRESENTACIÓN CERIGUA y su observatorio de periodistas..................................................................01 Manuel de Mecanismos de Protección......................................................................02 Protocolo para la protección de periodistas.............................................................02 Cartilla y Guía Práctica para Periodistas....................................................................02 La Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina (IFEX-ALC). .................................................03 INTRODUCCIÓN Breve contexto de la libertad de expresión en el país.............................................04 I.Violaciones a la libertad de expresión 2011 .............................................................05 Cronología......................................................................................................................05 II.Violaciones a la libertad de expresión registradas en 2011 por el Observatorio de Periodistas de Cerigua..........................................................09 Agresiones por el sexo del o la periodista..................................................................10 Supuestos responsables de las agresiones a la prensa en 2011...............................11 III.Denuncias recibidas por el Ministerio Público y por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en 2011...................................11 Denuncias recibidas por la Unidad de Delitos contra Periodistas en 2011..............................................................................................12 IV.Ley de Acceso a la Información: intentos de reformarla. ...................................13 Denuncias recibidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos Por derecho vulnerado.................................................................14 V.La radiodifusión comunitaria y las recomendaciones de la Relatora de la Libertad de Expresión de la OEA ............................................15 VI.Situación de la libertad de expresión durante el Gobierno del Presidente Álvaro Colom (2008-2012). ............................................16 1.Contexto en que se desarrolló la libertad de expresión ......................................16 2.Violaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Álvaro Colom .........................................................................18 3.Relación del gobierno de Colom con la prensa.....................................................19 4. Crimen organizado, narcotráfico y violaciones a la libertad de expresión en la Administración Colom..................................................................21 5. Asesinatos de periodistas y/o comunicadores sociales en este período.................................................................................................22 CRONOLOGÍA DE LOS CRÍMENES.................................................................................22 VII.Preocupante situación de la libertad de expresión en la región.......................24 1.Contexto.........................................................................................................................24 2.Casos preocupantes..................................................................................................25 3.Peligro para el mandato de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos ......................................26 4.Censura en Internet: Leyes SOPA y PIPA..................................................................27 VIII.Conclusiones y recomendaciones..........................................................................28 1.Conclusiones.................................................................................................................28 2.Recomendaciones para periodistas y comunicadores........................................29 ANEXOS.
Informe sobre la Libertad de Expresión en Guatemala, CERIGUA
PRESENTACIÓN Cerigua y su Observatorio de los Periodistas. CERIGUA es una agencia de información alternativa y un centro de comunicación y análisis que se fundó en 1983, que desarrolla proyectos comunicacionales e informativos, consultorías, análisis de coyuntura, investigaciones, monitoreos, talleres de capacitación y trabaja géneros periodísticos, entre otros. Su Observatorio de los Periodistas, una propuesta inédita en la región, fue instalado en 2004 en las oficinas centrales de Cerigua y sus corresponsalías. Ese mismo año fue depositado en la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). El Observatorio promueve la defensa del derecho de libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información, pilares fundamentales en los procesos de construcción de la democracia. La Visión de CERIGUA es la de una Guatemala justa y equitativa con democracia real, funcional y participativa y con respeto a los derechos humanos. CERIGUA tiene como Misión hacer realidad el libre y equilibrado ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a través de la incidencia política y periodística, para provocar el cambio y la construcción de una sociedad justa e incluyente. El derecho a la libertad de expresión y su defensa forma parte de la identidad de CERIGUA y es un área donde la organización posee conocimiento teórico y práctico sobre las normativas, experiencias y dificultades para el ejercicio de la libertad de expresión en general y de la libertad de prensa en particular. Aún cuando aparentemente el ambiente para el ejercicio periodístico no es grave, los ataques a periodistas y a medios de comunicación persisten en el país. En varios departamentos actores, vinculados con el crimen organizado y la narcoactividad han impuesto censura y autocensura en varios casos a periodistas y comunicadores sociales sin que las autoridades correspondientes tengan la capacidad para garantizar una verdadera libertad de prensa. Tampoco se han realizado suficientes esfuerzos para terminar con la impunidad que rodea a estos ataques y amenazas. CERIGUA monitorea, investiga y analiza la situación de libertad de prensa en el país, de manera sistemática y cotidiana y se solidariza con los periodistas que sufren agresiones, los acompaña en la denuncia nacional e internacional de sus casos, llama a la solidaridad internacional y acude ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para indagar el avance de las investigaciones
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En respuesta a la difícil situación que vive Guatemala en relación a los altos índices de violencia sumado a la persistencia de agresiones directas e indirectas contra periodistas y comunicadores, en 2011 el Observatorio de los Periodistas de Cerigua con el apoyo de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH) ofreció dos talleres de presentación de tres documentos para la protección de periodistas: un Manual de Mecanismos de Protección para Periodistas y Comunicadores (as), un Protocolo para la Protección de los Periodistas y una Cartilla y Guía Práctica para Periodistas y Medios de Comunicación.
Manual de Mecanismos de Protección: El Manual de Mecanismos de Protección contiene una serie de herramientas y recomendaciones para que periodistas, comunicadores y comunicadoras puedan identificar los riesgos que conlleva el ejercicio del periodismo en Guatemala y tomen precauciones y medidas para prevenir y mitigar el riesgo.
Protocolo para la Protección de periodistas: El Protocolo para la Protección de Periodistas recoge procedimientos identificados como buenas prácticas que los periodistas, comunicadores y comunicadoras podrán seguir para ejercer el periodismo de una manera segura y ética.
Cartilla y Guía Práctica para Periodistas La Cartilla y Guía Práctica para Periodistas incluye información relacionada con temas de legislación nacional e internacional. Estos datos son útiles para que los periodistas, comunicadores y comunicadoras sepan cuáles son sus derechos y cómo los puedan invocar para su protección y seguridad. Los documentos se compartieron con 94 periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos de 14 departamentos, Alta y Baja Verapaz, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y de la ciudad capital. También participó personal de COPREDEH. Con el financiamiento de la Fundación Rory Peck que apoya a periodistas free lance en todo el mundo, el Observatorio también capacitó a 63 periodistas de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Alta y Baja Verapaz quienes expusieron los peligros y riesgos a los que se enfrentan en su trabajo. Cerigua es miembro de la red de Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX), formada por 90 organizaciones independientes de todo el mundo que defienden este derecho. Se le reconoce como una red mundial sumamente creíble y eficaz.
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IFEX circula Alertas diarias, que es uno de sus principales componentes, por medio del cual las organizaciones miembro informan de abusos contra la libre expresión en su región geográfica. Esta información se hace llegar a los miembros de IFEX y a más de 9 mil organizaciones y suscriptores individuales en todo el mundo. Las Alertas permiten una respuesta rápida y coordinada para proteger la libertad de prensa y las violaciones a la libertad de expresión.
La Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina (IFEX-ALC).
Cerigua es miembro de IFEX-ALC, una alianza de 16 miembros de IFEX América Latina y el Caribe, que nació en 2009 en una reunión realizada en Antigua Guatemala, organizada por Cerigua, donde las agrupaciones se embarcaron en desarrollar un mecanismo de cohesión para trabajar juntas. La misión de IFEX-ALC es promover y defender la libertad el derecho a la libertad de expresión a través de la Alianza regional permanente entre organizaciones que promueven este derecho en América Latina y el Caribe.(1) Una de las primeras acciones conjuntas de IFEX-ALC se realizó en noviembre de 2010, cuando la alianza se presentó al Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras en Ginebra Suiza, en donde manifestó su preocupación por la grave situación de libertad de expresión en ese país. IFEX-ALC se reunió con 30 delegaciones internacionales y recomendó la investigación de las violaciones a la libertad de expresión, de asesinatos de periodistas y el reconocimiento de los medios comunitarios. En el EPU Honduras acogió las 129 recomendaciones de los países participantes, incluyendo las de libertad de expresión, aunque el Estado no cumplió con ninguna. En vista de la situación de libertad de expresión en Venezuela, caracterizada por permanentes tensiones entre gobierno y la prensa, en septiembre de 2011 las entidades de IFEX, incluyendo Cerigua en Guatemala, concertaron reuniones con Embajadas de los países que participarían en el EPU que realizaría el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, así como con las instituciones pertinentes en el país como la Cancillería Guatemalteca y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) a donde se enviaron misivas y recomendaciones. IFEX-ALC solicitó recomendar al Estado venezolano: tomar las medidas necesarias para investigar los ataques contra periodistas y medios y determinar responsabilidades; hacer una condena explícita de los ataques físicos contra periodistas y medios; permitir visitas oficiales de los relatores para la libertad de expresión de la CIDH y de la ONU, que no ocurre desde 2002 y despenalizar los cargos por desacato y vilipendio. Sin embargo el Estado venezolano rechazó todas las recomendaciones sobre temas de libertad de expresión que se presentaron en el informe aprobado por el Consejo.
1) Conforman IFEX-ALC, Artículo 19, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI), de Brasil, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, la Asociación de Trabajadores de los Medios del Caribe (ACM) de Trinidad y Tobago, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) de México, Cerigua, de Guatemala, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) de Honduras, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), de Argentina, la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios (Fundamedios), de Ecuador, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú, IPYS de Venezuela, el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA), de Perú y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) de Paraguay.
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INTRODUCCIÓN Breve contexto de la libertad de expresión en el país. Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Colom se registraron dos de los años más violentos desde la última etapa democrática en el país, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El organismo estatal señala en su informe anual 2011 que la mayor cantidad de homicidios ocurrió en el 2008, con 6 mil 292 muertes y 2009, con 6 mil 498. En 2011 hubo un descenso, 5 mil 781. El promedio de homicidios por día es de 15, aunque en 2009 llegó a alcanzar 18. En su informe Guatemala: Narcotráfico y Violencia, publicado en octubre de 2011 el International Crisis Group hace mención de uno de los mayores problemas que enfrenta el país, la irrupción de los carteles dirigidos por mexicanos, debido a que su geografía lo ha convertido en una de las intersecciones más concurridas para las drogas ilícitas. La población, empobrecida y subempleada es una buena fuente de reclutas para esas organizaciones. Las pandillas y la delincuencia común florecen bajo las mismas condiciones que les permiten a los narcotraficantes operar con flagrante impunidad: fuerzas policiales desmoralizadas, un sistema judicial que suele ser objeto de intimidaciones, corrupción y una población que desconfía de las entidades encargadas de aplicar la ley, a tal punto que los ricos dependen de fuerzas de seguridad privada en tanto que los pobres se arman para formar grupos de autodefensa. (2) Los índices de pobreza en el país también se dispararon en este período. De acuerdo con la III Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de pobreza general se incrementó de 51 por ciento en 2006 hasta 53.71 por ciento en 2011, mientras que la extrema pobreza bajó de 15.2 a 13.33 por ciento de la población. Expertos en el tema señalan que los indicadores nacionales de pobreza, pobreza extrema se observan esencialmente en el área rural donde viven aproximadamente 6.6 millones de personas y es precisamente en estos lugares en donde se observa uno de los problemas más dramáticos del país, la desnutrición infantil. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Guatemala, cuatro de cada diez niños y niñas menores de cinco años presenta desnutrición crónica; este mal afecta a ocho de cada diez de los niños y niñas indígenas. Ocho municipios de Guatemala encabezan la lista de desnutrición en todo el mundo. San Juan Atitán, Huehuetenango, ocupa el primer lugar.
2) International Crisis Group. Guatemala: Narcotráfico y Violencia. Resumen Ejecutivo. Octubre 2011.
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La violencia contra la mujer es otro de los males endémicos en el país. Las autoridades guatemaltecas registraron 706 asesinatos de mujeres en el 2011. Desde el 2000 al 2008 las muertes violentas de mujeres han ido en aumento como lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en los últimos tres años. Según la Investigación en Prensa Escrita sobre Violencia contra las Mujeres, elaborada por la Agencia Cerigua, en los últimos 10 años se han cometido aproximadamente 6 mil asesinatos de mujeres; el nivel de saña ha ido en aumento cada año, tanto que en el 2011, hasta octubre se conocían 60 casos de mujeres torturadas y desmembradas
I.Violaciones a la libertad de expresión 2011 En el 2011 se registró un mayor número de violaciones a la libertad de expresión, al menos 33 agresiones confirmadas por el Observatorio de los Periodistas, en relación a los 19 casos que se reportaron en 2010. Algunas de estas agresiones estuvieron relacionadas con el impedimento que autoridades y grupos civiles pusieron a los periodistas en sus coberturas. Pero hay otros casos más graves, como un asesinato no esclarecido por las autoridades, amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, una detención, y amenazas a la prensa en general por parte del grupo criminal Los Zetas.
CRONOLOGÍA 01 En febrero, el periodista Óscar De León, corresponsal de Guatevisión en Quetzaltenango denunció ser víctima de amenazas por parte del entonces director de la Policía Municipal de Tránsito de ese departamento, quien posteriormente fue destituido del cargo.
En abril, el presentador de televisión Vasni Vásquez, del programa Q Rollo, de 02 Chiquimula, fue aprehendido y golpeado por agentes de las fuerzas de seguridad en esa ciudad, acusado de haber participado en un secuestro, cuando llegó a dar cobertura del hecho. El joven profesional de la información fue detenido arbitrariamente y encarcelado. Este caso paradigmático recibió el acompañamiento Cerigua y se logró llamar la atención internacional del mismo. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se pronunció y contactó con Vásquez. El comunicador fue liberado varios meses después sin que se le presentaran pruebas de su presunta participación en el hecho del que se le acusó.
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03 En mayo se registró el asesinato del periodista Yensi Ordóñez en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla. Su caso no fue investigado por la Fiscalía de Unidad de Delitos contra Periodistas Ministerio Público (MP) porque Ordóñez también trabajaba como maestro en la localidad, lo que fue tomado como su profesión principal. Sin embargo, el crimen del informador recibió la condena internacional de entidades como la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas y RSF. Otro suceso preocupante fue la advertencia que supuestos miembros del grupo Zeta200 dejaron a la prensa en mantas que se colocaron en cuatro departamentos del país, una semana después de la terrible masacre perpetrada en Petén, donde murieron 27 campesinos. En la manta se advertía la guerra no es contra la población civil, ni con el gobierno, mucho menos con la prensa y agregaba Prensa, bájenle a tanta mamada antes que la guerra sea contra ustedes . Fue la primera vez que se registró una amenaza tan directa contra la prensa de estos grupos criminales. No hay registros anteriores sobre la colocación de mantas con amenazas a los medios de comunicación, aunque sí de amenazas contra periodistas por parte de estos delincuentes. La cobertura de las elecciones generales para la elección de presidente, vicepresidente y diputados al Congreso que inició el 2 de mayo de 2011 motivó muchas de las agresiones que se registraron en este período.
En junio, en Retalhuleu, el periodista César López Valle, denunció que su programa de televisión fue cancelado por el alcalde Luis Galindo, por unas críticas que hiciera a su administración. Galindo buscaba la relección por la UNE y ganó la alcaldía.
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Este mismo mes en Ixcán, Quiché, el periodista Francisco López, quien dirigía el programa Centro de Noticias de Ixcán (CNI) fue despedido por un candidato a una diputación por ese departamento, Herber Cabrera, por negarse a apoyarlo en su campaña. El político era gerente de la Agencia de Desarrollo Económico Local, bajo cuya dirección funcionaba la radio. El corresponsal del noticiero Guatevisión, en ese municipio, Santiago Botón, también fue amedrentado por Cabrera cuando fue a dar cobertura al despido, ya que López fue sacado con lujo de fuerza de la cabina.
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A inicios de julio el diario Siglo.21 denunció en una nota periodística que sus periodistas fueron sacados de un mitin de la ex candidata a la presidencia por la entonces alianza UNE-GANA, Sandra Torres. Según la información publicada, seguidores de esa agrupación política sacaron a la periodista Suseth Casasola a la fuerza y al fotógrafo le arrebataron la cámara. Otra agresión similar se dio contra la reportera Astrid Blank y el camarógrafo Jorge Hernández, del canal Guatevisión, el 15 de julio, cuando daban cobertura a la repartición de las llamadas bolsas solidarias en la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad que supuestamente eran entregadas a cambio de votos para la ex candidata Sandra Torres. La persona que los agredió presuntamente era un trabajador del Estado.
En agosto, en Mazatenango, Suchitepéquez, los corresponsales de Prensa Libre y Nuestro Diario, denunciaron haber sido víctimas de amenazas, agresiones físicas y verbales e intimidación por parte del alcalde del lugar, Manuel Delgado, a raíz de unas publicaciones sobre corrupción que implicaban al jefe edil y a uno de sus hijos. Delgado también buscaba la relección a la alcaldía en ese municipio por un comité cívico.
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A finales de octubre, Lucía Escobar, columnista de elPeriódico y conductora de la Radio Ati que se transmite en línea, tuvo que salir del municipio de Panajachel, un sitio turístico en el departamento de Sololá, después de que fuera amenazada por integrantes de una Comisión de Seguridad, que contaban con el apoyo del alcalde. La periodista había denunciado en un artículo que los integrantes de la Comisión encubrían los abusos que cometían personas encapuchadas en la localidad, a quienes acusó de ser responsables de una desaparición forzada. Por su parte, los miembros de la Comisión se pronunciaron en la televisión local, señalaron a Escobar de tener vínculos con el narcotráfico local y manifestaron que no merecía terminar en el fondo de lago, sino en la basura, en alusión a un párrafo de su artículo en donde señaló si la próxima en descansar en el fondo del lago más lindo del mundo con piedras amarradas al cuerpo soy yo, ya sabrán a quien culpar . Una semana después, Gustavo Girón, corresponsal de Guatevisión, recibió una amenaza en su teléfono, después de que ese canal publicara una de sus notas, sobre el arresto de dos líderes de la Comisión. El desconocido le dijo al periodista que se arrepentiría de haberse metido con dicho grupo.
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Noviembre En el marco de la segunda vuelta electoral, que se realizó el 6 de noviembre, se registraron varios incidentes como la restricción del acceso a las fuentes a periodistas de Sacatepéquez, el intento de agresión contra el periodista Juman Villatoro en Tectitán, Huehuetenango, las amenazas contra un corresponsal de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) en Alta Verapaz y contra corresponsales de Cerigua y de Noti7 en Sololá. También sufrieron agresiones físicas y materiales los corresponsales de Guatevisión en Quiché, Héctor Cordero y Diego Morales por guardaespaldas del diputado Mario Rivera, uno de ellos era hermano del gobernador, quien mantenía una animadversión hacia Cordero por algunas notas críticas que éste había realizado sobre su gestión. El periodista sufrió varios golpes en el rostro y tuvo que ser hospitalizado y por la inseguridad que se generó de esta agresión tuvo que dejar Quiché por algunos días.
Estos casos fueron denunciados por el Observatorio de los Periodistas de la Agencia Cerigua a la opinión pública nacional e internacional por distintos medios, algunos a través de la Red IFEX, en su sistema de ALERTAS.
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II. Violaciones a la libertad de expresi贸n registradas en 2011 por el Observatorio de Periodistas de Cerigua
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Agresiones por el sexo del o la periodista
En 2011 el Observatorio registró que 40 periodistas de sexo masculino fueron víctimas de agresiones relacionados a su labor periodística en tanto que 5 periodistas mujeres sufrieron este tipo de abusos. En algunos casos fueron dos o más los periodistas agredidos. Medios de comunicación en general, que sufrieron algún tipo de agresión, como en el caso de la amenaza de los Zetas, fueron incluidos en el monitoreo.
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Supuestos responsables de las agresiones a la prensa en 2011.
*En el caso de agresiones por parte del crimen organizado únicamente se contabiliza una.
III. Denuncias recibidas por el Ministerio Público y por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en 2011. La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público recibió 26 denuncias de agresiones en 2011. Según la información proporcionada por esa fiscalía recibió 14 denuncias por amenazas, 1 por robo, 1 delito de falsedad, 2 por agresiones, 1 por extorsión, 2 denuncias de usurpación de calidad, 1 caso de patrocinio infiel y 4 casos de robo agravado.
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Denuncias recibidas por la Unidad de Delitos contra Periodistas en 2011
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por su parte reportó que en el 2011 únicamente fueron presentadas 7 denuncias en su oficina sobre agresiones contra periodistas. Como supuestos actores de las agresiones, la PDH señaló a la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), algunas autoridades del Organismo Judicial, simpatizantes de partidos políticos, grupos sindicalizados (maestros y arrendatarios de mercado), y 3 personas no identificadas, presuntamente pertenecientes al crimen organizado, quienes limitaron este derecho. (3) 3) Informe Anual Circunstanciado, Procuraduría de los Derechos Humanos, 2011.
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IV. Ley de Acceso a la Información: intentos de reformarla.
La Ley de Acceso a la Información fue aprobada en septiembre de 2008 y entró en vigencia el 23 de abril de 2009. De acuerdo con la PDH, autoridad reguladora de la ley, en 2011, las resistencias al derecho de acceso a la información fueron diferentes respecto a años anteriores. En el 2010 la dinámica estuvo marcada por el constante uso y abuso de reservas informativas por parte de las instituciones estatales. Durante el 2011, aunque el número de reservas disminuyó considerablemente, intentos para reformar la Ley, especialmente en la responsabilidad atribuida al PDH como autoridad reguladora en el tema, revelan la resistencia sistemática a la maduración y desarrollo del derecho a saber en el país, afirmó dicha Oficina. Además se agregó otra propuesta emanada del Ejecutivo del gobierno anterior y presentada al Congreso a principios de 2012, identificada como iniciativa 4328 para modificar lo relativo a información confidencial y reservada. Ambas intenciones suponen un retroceso en el incipiente avance del acceso a la información en Guatemala, señaló la PDH en su informe anual circunstanciado relativo al 2011. (4) Sobre la entrega de información por parte de los sujetos obligados, la PDH señala que se mantiene un porcentaje considerable, el 88.53 de solicitudes atendidas de manera satisfactoria. En el rubro de las respuestas negativas, la insatisfacción en el requerimiento de información no motivó la utilización de los procedimientos legales en número significativo. En cuanto a las reservas informativas la PDH reiteró la considerable disminución y reportó únicamente cuatro resoluciones de restricción, de las cuales tres ameritaron la interposición de acciones legales. La primera en el municipio de La Libertad, Petén, cuya municipalidad pretendió reservar información pública de oficio, tal es el caso de los salarios, bonos, dietas y viáticos. El recurso de revisión presentado por el PDH fue declarado con lugar. También se presentó un recurso de revisión contra un acuerdo emitido por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) por pretender ocultar durante 7 años un total de 48 renglones de información, algunos de los cuales no cumplían con las cláusulas reguladas en la ley.
4) PDH. Informe Anual Circunstanciado 2011.
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Denuncias recibidas por la Procuradur铆a de los Derechos Humanos Por derecho vulnerado. Enero a noviembre de 2011
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V. La radiodifusión comunitaria y las recomendaciones de la Relatora de la Libertad de Expresión de la OEA De acuerdo con los Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es un objetivo fundamental de cualquier marco regulatorio democrático. El reconocimiento y diferenciación de los medios comunitarios en la legislación nacional tiene como objetivo garantizar el derecho a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de los medios y promover este sector. En Guatemala, desde la firma de la paz en 1996 diversas expresiones de las comunidades y organizaciones han luchado por la aprobación de una Ley de medios comunitarios en el Congreso, debido al vacío legal que existe en relación al tema. La propuesta se basa principalmente en uno de los Acuerdos de Paz, el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados, para facilitar el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación y educación. En su último informe, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA reiteró al Estado guatemalteco el llamado acerca de la necesidad de implementar políticas efectivas que aseguren la igualdad en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión. La Relatoría instó al Estado a adecuar su marco legislativo sobre radiodifusión de acuerdo con los estándares internacionales sobre libertad de expresión en la materia. El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, también se ha pronunciado al respecto. En 2011 el Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala realizó un Encuentro Nacional para visibilizar a estos medios de comunicación y pedir que se aprobara la iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, que cuenta con dictamen favorable en el Legislativo. La petición de aprobación de la ley fue realizada en el Congreso de la República, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la presencia de comunicadores comunitarios de todo el país, sin embargo, no se obtuvo mayor impacto y ninguna respuesta. A finales de ese año, las organizaciones denunciaron que el diputado Roberto Villate, de la bancada LIDER había presentado al Congreso de la República la iniciativa de ley 4404 que buscaba ampliar el plazo de usufructo de radio y televisión de 15 a 25 años, para las entidades o particulares que ya tenían frecuencias.
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El proyecto de ley no se aprobó pero llegó a segunda lectura en el Congreso. A la fecha, continúa la criminalización de las radios comerciales hacia los medios comunitarios. Por su parte directivos de TV Maya, de la Academia de Lenguas Mayas (ALMG) denunciaron a finales de 2011 el intento por parte del gobierno de Álvaro Colom y la Secretaría de Comunicación Social de condicionar la renovación del usufructo de las frecuencias, que finalizaba en diciembre de ese año. Varias entidades entre ellas el Organismo Indígena Naleb y algunos columnistas se sumaron a ese rechazo.
VI. Situación de la libertad de expresión durante el Gobierno del Presidente Álvaro Colom (2008-2012). 1. Contexto en que se desarrolló la libertad de expresión El gobierno de Álvaro Colom fue el cuarto de la época democrática, después de 36 años de conflicto armado interno que dejó al país 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). La administración del mandatario, que se auto proclamó como socialdemócrata fue una de las más sangrientas en relación con muertes violentas. La gestión de su antecesor, Óscar Berger, identificado con el sector empresarial y que llegó al poder con el partido GANA, tuvo como saldo 21 mil 511 homicidios y el crecimiento de la violencia fue de un 58.36 por ciento, mientras que durante el gobierno de la UNE se elevó a 83.68 por ciento, según el estudio Violencia en Guatemala: Estudio estadístico en 5 departamentos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). (5) Según la PDH, 2008 y 2009 fueron los años más violentos de la administración de Colom, con 6 mil 292 muertes y 6 mil 498 respectivamente. A partir de ese año los índices de homicidios disminuyeron, sin embargo ese gobierno registró el mayor número de muertes violentas en comparación con los gobiernos anteriores. Uno de los esfuerzos del presidente Colom para enfrentar la inseguridad en el país, fue la firma del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ) por los tres poderes del Estado y el jefe del Ministerio Público que buscaba, a través de la coordinación interinstitucional, encontrar soluciones integrales en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, un año después, el grupo garante del Acuerdo, conformado por la Iglesia Católica y la Evangélica, la PDH y la Universidad de San Carlos, conocido como G4, señaló que no había avances significativos en los 101 compromisos que se firmaron. 5) ODHAG. Violencia en Guatemala. Estudio Estadístico en 5 departamentos.
Febrero 2011.
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Las entidades del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS), que monitorearon el cumplimiento de dicho pacto, también concluyeron en que no se habían logrado importantes avances, a un año de su firma. Las organizaciones abogaron porque los partidos políticos le dieran a dicho pacto el carácter de Acuerdo de Estado y por la apropiación del mismo por la sociedad civil. Por sus pocos logros, en septiembre de 2010 el Grupo Garante declinó de continuar como tal por los pocos avances que se registraron en el cumplimiento de los compromisos. En este período de gobierno, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala señaló en sus informes anuales la precaria situación de los derechos fundamentales en el país. Activistas de derechos humanos y periodistas fueron víctimas constantes de agresiones. Las situaciones de conflictividad social relacionadas con los derechos de la tierra y al territorio, con los derechos ambientales y en general, con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en las decisiones que les afectaban, no fueron abordadas con mecanismos efectivos, según esa Oficina. Problemas sociales como el femicidio registraron un incremento o bien escasa reducción de estos asesinatos y el incumplimiento del Estado a proteger la vida de las mujeres. Como logros se destaca la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las Mujeres y la creación de tribunales especializados contemplados en la ley. Fue de tal grado el incumplimiento que dicha oficina se abstuvo de hacer nuevas recomendaciones mientras las anteriores no fueran cumplidas. En marzo de 2011 la OACNUDH entregó al gobierno un documento que compilaba las recomendaciones contenidas en los informes de 2005 a 2010. (6) Durante su mandato el ex presidente Colom se enfrentó a una férrea oposición que criticó principalmente los programas de Cohesión Social manejados por su esposa Sandra Torres. El principal señalamiento fue centrado en la corrupción, con fines clientelares y de ser poco transparente. Por haberse negado a brindar datos sobre el mismo se destituyó al ministro de Educación, Bienvenido Argueta. La inversión social fue vista como un logro por la OACNUDH que en su informe 2010 sobre Guatemala instó a asegurar la institucionalización de la misma mediante un marco jurídico que garantizara su sostenibilidad y transparencia. Uno de los aciertos de su administración que fue reconocido por diversos actores nacionales e internacionales fue la designación de la nueva Fiscal General, Claudia Paz y Paz. Varios casos relacionados con la búsqueda de justicia por violaciones a derechos humanos en el pasado obtuvieron importantes avances, la mayoría impulsados por organizaciones de la sociedad civil. En este período se aprobó la Ley de Acceso a la Información, aunque su uso todavía no se ha generalizado y persisten los intentos de negar la información, usando figuras como información reservada e incumplir con la entrega de datos. Desde el Ejecutivo hubo intentos de restringir la ley.
6) OACNUDH. Compilación de recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Guatemala 2005-2010.
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La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) mediante el acuerdo gubernativo 107-2011 reservó por siete años información de importancia de esa secretaría. La PDH impugnó la restricción y la SAAS revocó el acuerdo para no dejar paso a malas interpretaciones, según consignó la prensa local. Otra reforma a la Ley fue la iniciativa 4328 que el Ejecutivo presentó al Congreso en abril de 2011 y que pretende clasificar la información relacionada con asuntos diplomáticos y militares de reservada a confidencial, como se consignó anteriormente. La iniciativa tiene dictamen favorable del Legislativo.
2. Violaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Álvaro Colom De acuerdo con el monitoreo sobre libertad de expresión que el Observatorio de Periodistas de Cerigua realizó en ese período, hubo constantes violaciones al derecho a la libertad de expresión, principalmente en los dos primeros años del gobierno.
Pese a la notable disminución de agresiones contra la prensa en los dos últimos años de la administración de Colom, preocupa al Observatorio la posible implementación de la censura y la autocensura como una práctica generalizada entre los periodistas como estrategia para resguardar su integridad física y la de su familia. En su informe anual sobre libertad de expresión correspondiente al 2010, el Observatorio hizo notar una ausencia de publicaciones sobre temas de crimen organizado y narcotráfico, a partir de un monitoreo realizado en los medios escritos más importantes del país del 2008 al 2010. (7)
7) Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala, 2010.
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Pocas notas se publicaron sobre estos temas en departamentos en donde es conocida la presencia de estos grupos, lo cual, según la hipótesis del Observatorio, se debe a la censura y autocensura que predomina en la prensa departamental, más vulnerable a las amenazas e intimidaciones de estos grupos. La ausencia de denuncias por parte de los periodistas y comunicadores sociales sobre las intimidaciones del crimen organizado hace más difícil saber hasta qué grado esos poderes paralelos imponen la censura en los departamentos en donde tienen presencia, señaló Cerigua en su informe semestral del 2011, que enfatizaba en que mucha de la información sobre crimen organizado y narcoactividad no es cubierta por la prensa local, aún teniendo conocimiento de los numerosos hechos ilícitos cometidos por las redes criminales. En los talleres impartidos por Cerigua en tres departamentos en 2011, algunos periodistas confirmaron esta situación. El accionar del narcotráfico aquí es conocido por todos, nosotros sabemos e incluso hemos tenido la oportunidad de saber quiénes son esas personas. Sin embargo es importante lo que se ha dicho, primero la vida de uno y de su familia y luego, la información . Periodista de Alta Verapaz. Se trabaja con miedo aquí. Porque no se puede platicar con mucha certeza que fulano es un narcotraficante o un marero porque mañana nos van a ir a sacar. Saben donde vivimos, qué hacemos y donde estamos . Periodistas de Alta Verapaz. En el departamento de Huehuetenango se ha reportado la compra de radios presuntamente por personas vinculadas al crimen organizado conocidos como polleros , en donde envían sus mensajes con total impunidad.
3. Relación del gobierno de Colom con la prensa. La administración de Álvaro Colom (2008-2011) sostuvo una relación conflictiva con la prensa durante su mandato, principalmente con la prensa escrita. En los primeros cien días de su gobierno se dieron varios roces con la prensa. A los periodistas se les sacó de actividades de Cohesión Social, en ocasiones guardaespaldas impidieron que estos se acercaran al gobernante. A un año de haber asumido el presidente Álvaro Colom, el matutino elPeriódico señaló al gobierno de premiar y castigar a los medios de comunicación con la denominada pauta oficial, debido a que ese mismo mes se canceló cualquier tipo de pauta comercial en los medios escritos, con el argumento de problemas presupuestarios. Los medios criticaron que se haya destinado recursos millonarios en publicidad oficial para los canales de televisión abierta, propiedad del empresario mexicano Ángel González. (8) 8) Cerigua. Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala. Primer semestre 2010.
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Tras el escándalo que generó el caso Rosenberg, (9) el vicepresidente Rafael Espada planteó una demanda por difamación y calumnia en contra de la columnista Marta Yolanda Díaz-Durán, debido a un artículo en que la periodista lo acusó de traidor y de tener conocimiento sobre las amenazas que habría recibido el abogado Rodrigo Rosenberg. Por su parte, en varios actos públicos, el ex mandatario Colom lanzó señalamientos en contra de la prensa, en la que acusó la existencia de plumas ponzoñosas y que los medios nunca iban a publicar algo en primera plana que favoreciera lo realizado por su gestión, además los acusó de publicar mentiras en los titulares . En julio de 2010, el gobierno y el partido oficial, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) señalaron a columnistas de estar involucrados en una serie de acciones oscuras contra su administración, para generar un ambiente de inestabilidad a través de la opinión pública. Los planes de desestabilización a su gobierno estarían impulsados en parte por oscuros personajes, que disfrazaban la opinión privada de opinión pública, que vendían sus plumas al mejor postor y que demostraban su ignorancia sobre lo que sucedía en el país. Tales declaraciones fueron calificadas por analistas como el resultado de una mala asesoría de sus colaboradores. (10) A raíz de estos enfrentamientos, el presidente Colom anunció en el primer semestre de 2010 la puesta en marcha de un sistema de información que complementaría a los medios de comunicación privados. Dicho proyecto incluyó la creación de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). Durante estos roces, la administración del presidente se valió de la radio nacional TGW, que cuenta con cinco estaciones nacionales y de cuatro canales de la televisión abierta, propiedad del mexicano Ángel González para contrarrestar el efecto de los grandes medios de comunicación, que según él distorsionaban la información sobre el gobierno. La difusión a través de los medios oficiales del programa Gobernando con la Gente y el noticiero matutino de la radio TGW Despacho Presidencial surgieron luego de la inestabilidad que provocó la difusión del video póstumo de Rodrigo Rosenberg, quien acusó al mandatario, su esposa y principales colaboradores de estar involucrados en su asesinato ocurrido en mayo del 2009. Por otro lado, en este gobierno se firmó la Declaración de Chapultepec, redactada en la ciudad de México, el 11 de marzo de 1994, con lo que Colom se convirtió en el mandatario número 53 en firmar este documento, que contiene los 10 principios básicos para garantizar el derecho a expresarse, a informar y ser informado.
9) El abogado Rodrigo Rosenberg planificó su muerte, contrató sicarios para ejecutarla y fue asesinado el 10 de mayo de 2009, con el objetivo de inculpar al Presidente, a su esposa y a cercanos colaboradores de su gobierno, para obligar, según él, a la investigación de un crimen cometido en contra de un conocido empresario y de su hija, lo que creó una convulsión social. 10) Diario La Hora. El Gobierno y la UNE denuncian complot. 01 julio de 2010 http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/131004-el-gobierno-y-la-une-denuncian-complot
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4. Crimen organizado, narcotráfico y violaciones a la libertad de expresión en la Administración Colom. Fueron pocos los casos conocidos por el Observatorio sobre las agresiones o amenazas de parte del crimen organizado y el narcotráfico a periodistas guatemaltecos durante el gobierno de Álvaro Colom. Sin embargo es preocupante la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la prensa, sobre todo departamental, en donde el crimen organizado transnacional y la narcoactividad están instalados y colocan a la población y a los medios de comunicación a merced de estos grupos cuyo poderío rebasa al del Estado. En marzo de 2008 ocurrió un enfrentamiento entre narcotraficantes en un balneario en el departamento de Zacapa, al oriente del país, que dejó 11 muertos, entre ellos Juan José de León, señalado por las autoridades de dirigir el Cartel de del Golfo/Sayaxché. Ese mismo día un grupo de periodistas que se conducía en un bus de retorno de Río Hondo a la ciudad capital, fue interceptado y apuntado con armas por dos hombres vinculados al tiroteo, mientras que cuatro individuos robaron un vehículo a otros comunicadores. Esto sucedió cuando los presuntos narcotraficantes huían. (11) En octubre de 2009 en el departamento de Huehuetenango, al occidente del país y fronterizo con México, tres corresponsales de diarios nacionales fueron buscados por narcotraficantes, luego de que cubrieran un crimen donde murieron tres personas, incluyendo un guardaespaldas de un presunto narco de la región. Uno de los periodistas tuvo que salir del departamento por sus propios medios, debido al peligro que corría. Otros de los casos registrados fueron las amenazas de muerte que recibiera un periodista del matutino elPeriódico en noviembre de 2010, aparentemente por haber publicado un reportaje sobre el robo de armas del ejército guatemalteco que terminó en manos del grupo criminal Los Zetas. El reportero investigaba temas de narcotráfico, corrupción, impunidad y seguridad en dicho medio. En mayo de 2011, una semana después de que el grupo Zeta200 perpetrara una de las peores masacres registradas en la historia reciente del país, se colocaron mantas en cuatro departamentos con amenazas contra la prensa, a la que advertían no publicar sobre los hechos que ocurrían en el país antes que la guerra sea contra ustedes. (12)
11) IFEX. Periodistas amenazados, un vehículo de la prensa robado, por narcotraficantes armados en Zacapa. http://www.ifex.org/guatemala/2008/03/28/journalists_threatened_a_press/es/ 12) elPeriódico. Zetas dejan mantas advirtiéndole a la prensa limitar su cobertura. 22 de mayo 2011. http://www.elperiodico.com.gt/es/20110522/pais/195722
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5. Asesinatos de periodistas y/o comunicadores sociales en este período. En el período 2008-2011 el Observatorio de Cerigua llevó registro de 8 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, sin embargo las autoridades no determinaron si la mayoría de estos crímenes estaban relacionados con la profesión periodística de las víctimas, con excepción del caso de Rolando Santiz, reportero de Telecentro 13, cuyo caso está siendo investigado actualmente por la Unidad de Delitos contra Periodistas.
CRONOLOGÍA DE LOS CRÍMENES 01
El 12 de abril de 2008 fue asesinado en Gualán, Zacapa, Rubén Bozarreyes, locutor de la emisora Gualán. El comunicador se encontraba en un negocio de la localidad, cuando un hombre bajo efectos de alcohol sacó un arma de fuego y le acertó tres disparos. Bozarreyes fue locutor de la emisora Gualán donde conducía un programa de música, también laboró en la municipalidad local.
En mayo de este mismo año, el corresponsal de Prensa Libre en Coatepeque, Quetzaltenango, Jorge Mérida, fue asesinado a balazos en su residencia. Mérida, de 40 años, quien se encontraba redactando una nota en su computadora en el momento del ataque, recibió cuatro impactos de bala en la cabeza. El entonces subdirector del diario Prensa Libre, Miguel Ángel Méndez dijo al CPJ que el periodista había informado sobre narcotráfico y corrupción a nivel local.
02
En enero de 2012, un tribunal de Sentencia de Coatepeque condenó a Wilson Estuardo Martínez Pérez a 33 años de cárcel por el asesinato de Mérida. Según la información, el Tribunal no proporcionó detalles sobre si Martínez Pérez había sido contratado como sicario para asesinar al periodista. El fiscal de la Unidad de Delitos contra Periodistas dijo a Cerigua que tampoco investigaron el caso y que éste estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
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03
Abel Girón Morales, diseñador gráfico de elPeriódico fue el tercer profesional de la información asesinado en octubre de 2008. Girón Morales fue seguido cuando salió de su casa en Villa Nueva y fue herido con una flecha disparada por un hombre descrito como joven, que le lanzó desde un automóvil en movimiento.
En abril de 2009 fue abatido por presuntos sicarios en la ciudad de Guatemala el reportero de Telecentro Trece, Rolando Santiz, cuando regresaba de una cobertura. Su camarógrafo Juan Antonio de León Villatoro resultó herido de tres balazos. El crimen contra Santiz está siendo investigado actualmente por el Ministerio Publico y es el caso de asesinato que lleva el ente investigador. El periodista tenía más de 20 años de trayectoria y cubría la nota roja en el telenoticiero Telecentro 13.
05
04
En junio de ese mismo año el periodista Marco Antonio Estrada Orla, corresponsal de Telediario en el departamento de Chiquimula, al oriente del país, fue atacado por un pistolero que le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte. Estrada cubría información general, incluyendo notas sobre crimen organizado y narcotráfico en la zona, fenómenos que han ido en aumento en ese departamento.
En octubre de 2010, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció el asesinato de Víctor Hugo Juárez, empresario y director de dos medios de comunicación digitales en el país. El periodista, quien había trabajado anteriormente para medios como los matutinos Siglo XXI y Nuestro Diario, fue encontrado muerto el 27 de septiembre de 2010, en compañía de su amigo Byron Dávila Díaz.
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RSF solicitó a las autoridades incluir la pista profesional en las investigaciones pero el MP no lo tomó en cuenta y el caso no fue llevado por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas.
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En abril de 2011 se registró el asesinato de Yensi Ordóñez, un joven presentador de televisión que colaboraba en un canal local en Nueva Concepción, Escuintla. Su cadáver fue encontrado en un auto, con heridas de arma de fuego en el cuello y en el pecho. Aparentemente el periodista habría sido víctima de extorsiones. El caso no pasó a la Fiscalía de delitos contra periodistas.
Un conocido periodista y escritor de Chiquimula fue otra de las víctimas mortales en este período. Jorge Arquímedes Manchamé, de 70 años, fue asesinado en el municipio de Esquipulas el 3 de julio de 2011. Según la información circulada el móvil del crimen pudo haber sido un robo.
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VII. Preocupante situación de la libertad de expresión en la región. 1. Contexto. La región de América Latina fue la más peligrosa del mundo para la integridad de los profesionales de la información en 2011, según un informe que publicó el International Press Institute (IPI) que enumeró 103 profesionales muertos en el año, 36 de ellos en la región. De acuerdo con IPI, México es el país donde los periodistas corren más peligro, con 10 reporteros muertos, por delante de Irak que contó nueve víctimas. Honduras registró el asesinato de seis periodistas y Brasil contó cinco víctimas. En su informe de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2011, Reporteros Sin Fronteras, señala que Guatemala descendió 20 puestos de una lista de 179 países, lo que lo ubica en la posición 97 por su inseguridad, su censura tenaz y por un pluralismo insuficiente. Nicaragua mejoró su lugar en el ranking, pese a la polarización vivida antes de la reelección de Daniel Ortega a la presidencia. El Salvador ascendió 14 lugares, lo que lo llevó a ocupar el puesto 37. Costa Rica llegó este año al primer rango de los países latinoamericanos, en el puesto 19, posición que tradicionalmente se disputaba con Uruguay, que quedó en el 32º.
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De acuerdo con RSF el contraste más fuerte se da en América Central. Honduras sigue estancado al final de la lista desde el golpe de Estado de 2009. Los cinco periodistas asesinados en 2005 y las persecuciones sistemáticas contra los medios de oposición y las radios comunitarias, ratifican su siniestra reputación como el país más peligroso para la prensa, justo después de México, según esa organización. Por su parte, México continúa el descenso al ocupar el puesto 149, en el trágico contexto de la ofensiva federal contra el narcotráfico. Hernán Uribe, presidente de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) denunció que en 2011 dicha Comisión registró 41 asesinatos de periodistas en América Latina, un número más elevado que el reportado por IPI. De acuerdo con el presidente de la CIAP los asesinatos de periodistas se registraron en Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. En México y Honduras, los países con mayor número de asesinatos, no hay una adecuada intervención de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo que fomenta la impunidad, señaló la CIAP, que considera los atentados en contra de órganos informativos y los asesinatos como el más serio obstáculo para la libertad de expresión.
2. Casos preocupantes: En 2011 se dieron algunos casos en la región que suscitaron la alarma de las organizaciones de prensa, tal es el caso de Ecuador, en donde directivos del diario El Universo, fueron condenados a pagar 40 millones de dólares en daños al presidente Rafael Correa, quien se sintió ofendido por un artículo publicado en ese diario. Asimismo fueron sentenciados a 3 años de prisión. En enero de 2012 la corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia, lo que obligó al director de El Universo a solicitar asilo en Panamá. Otros dos periodistas ecuatorianos fueron obligados por una jueza a pagar 2 millones de dólares al presidente Correa por año moral, tras escribir el libro El Gran Hermano, que afirmaba que se otorgaron 600 millones de dólares en contratos gubernamentales a empresarios vinculados con el hermano mayor del presidente Correa. Esta sentencia se trata del incidente más reciente en una cadena que señala una situación de la libre expresión perturbadora y en deterioro en Ecuador, señaló la alianza IFEX-ALC.
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3. Peligro para el mandato de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos A inicios de 2012 miembros de la alianza IFEX-ALC manifestaron su preocupación por las recomendaciones realizadas por un Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el mandato de la Relatoría, que fueron discutidas en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 25 de enero. De acuerdo con las organizaciones miembros de IFEX-ALC de la que Cerigua es miembro, las recomendaciones en vez de fortalecer el trabajo de la Relatoría disminuirían su impacto en la región. Las recomendaciones, impulsadas por el gobierno de Ecuador, eran que la Relatoría dejara de publicar anualmente su informe Especial sobre el Estado de la libertad de expresión en todos los países de las Américas, que la Relatoría incorpora al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de 10 años. Otra de las recomendaciones era que se igualara el financiamiento de todas las Relatorías sin aumentar a las demás con la intención de restarle el financiamiento específico a la de Libertad de Expresión que es la que tiene el presupuesto mayor. La creación del código de conducta para incrementar el control estatal de la gestión de las distintas relatorías era la tercera recomendación. De acuerdo con las organizaciones de IFEX-ALC incrementar el control sobre la Relatoría para la Libertad de Expresión podría limitar su derecho a hablar libremente y podría tener un impacto negativo en la región. Las organizaciones de IFEX-ALC enviaron el documento al Consejo Permanente de la OEA y en el caso de Guatemala, a la cancillería guatemalteca. Pese a la solicitud de los miembros de IFEX-ALC y otras redes, las recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron adoptadas por el Consejo Permanente de la OEA. (13) Nuevamente las entidades se manifestaron y esta vez pidieron a los miembros de la CIDH realizar una cuidadosa evaluación de cada recomendación planteada por el Grupo de Trabajo y adoptar únicamente aquellas que condujeran al fortalecimiento real del sistema de protección de derechos humanos y de la propia Relatoría para la Libertad de Expresión. Por el momento las recomendaciones no son vinculantes. Según el Centro Knight para el Periodismo en las Américas la aprobación final depende de los votos de las 34 naciones miembros en la próxima Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Bolivia en junio de 2012.
13) IFEX. OEA adopta propuestas que podrían debilitar papel de relator especial de libertad de expresión. http://www.ifex.org/americas/2012/02/08/ecuador_proposals_adopted/es/
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4.
Censura en Internet: Leyes SOPA y PIPA
La discusión de dos proyectos de ley sobre piratería en Internet, Stop Online Piracy Act (SOPA) y el Protect IP Act (PIPA) que se trataron en el Congreso de Estados Unidos al iniciar el año despertó críticas de ciudadanos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión en todo el mundo. Sitios como Wikipedia, Reddit y Reporteros Sin Fronteras (RSF) apagaron sus páginas web en señal de protesta. La Ley SOPA se proponía emitir órdenes judiciales en contra de sitios que promuevan o faciliten el robo de material protegido por el autor mientras que PIPA era una propuesta que buscaba otorgar más herramientas para identificar a los poseedores de sitios web de vándalos dedicados a infringir o traficar con contenido según la cadena televisiva CNN. Los Relatores especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH y de la ONU, Catalina Botero y Frank La Rue, se pronunciaron ante esta situación en un comunicado conjunto. Ambos expertos señalaron que si bien dichas normas tenían el objetivo legítimo de procurar los derechos de propiedad intelectual, existían serias preocupaciones respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión. De acuerdo con los relatores, algunas versiones de los proyectos de ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un procedimiento extrajudicial de notificación y rescisión , al exigir a los sitios Web que controlen el contenido generado por los usuarios para identificar violaciones de los derechos de autor y al permitir que la totalidad de un sitio web pueda verse afectada aún cuando solo una pequeña proporción de su contenidos se consideren ilícitos. Los Relatores recordaron que junto con sus colegas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet que señalaba que si bien la libertad de expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al mismo tiempo, reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad de promover el goce de la libertad de expresión. En el documento los Relatores especiales de la ONU y la CIDH instaron a Estados Unidos a cumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión, incluyendo aquellas reflejadas en la mencionada Declaración Conjunta, que procura fomentar el acceso universal a Internet.
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VIII.
Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones I. Aún cuando aparentemente el ambiente para el ejercicio periodístico no es grave en este momento, los ataques a periodistas y a medios de comunicación persisten en el país. II. Pese a la notable disminución de agresiones contra la prensa en los dos últimos años de la administración de Colom, preocupa al Observatorio la posible implementación de la censura y la autocensura como una práctica generalizada entre los periodistas como estrategia para resguardar su integridad física y la de su familia. . III. No se han realizado suficientes esfuerzos para terminar con la impunidad que rodea a estos ataques y amenazas. IV. En el 2011 se registró un mayor número de violaciones a la libertad de expresión que el año anterior, al menos 33 agresiones. V. Ocho periodistas fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Colom. Ningún caso ha sido esclarecido. VI. En ese período 2011 el Observatorio registró que 40 periodistas de sexo masculino fueron víctimas de agresiones relacionadas a su labor periodística en tanto que 5 periodistas mujeres sufrieron este tipo de abusos. VII. Un caso emblemático ocurrió el año anterior que debe servir de precedente: la aprehensión y detención arbitraria del presentador de televisión Vasni Vásquez, de Chiquimula. VIII. Otro suceso preocupante fue la advertencia que supuestos miembros del grupo Zeta2000 a la prensa en mantas que se colocaron en cuatro departamentos del país, una semana después de la terrible masacre perpetrada en Petén, donde murieron 27 campesinos. IX. La cobertura de las elecciones generales que inició el 2 de mayo de 2011 motivó muchas de las agresiones que se registraron en este período. X. Durante el 2011, aunque el número de reservas en relación con la Ley de Acceso a la Información disminuyó considerablemente, hubo intentos para reformarla y para modificar lo relativo a información confidencial y reservada. XI. El Estado no ha dado cumplimiento a las reiteradas recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA para implementar políticas efectivas que aseguren la igualdad en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión. XII. En contraposición, Roberto Villate de la Bancada Lider insistió en privilegiar el monopolio a través de una iniciativa que buscaba ampliar el plazo de usufructo de radio y televisión de 15 a 25 años, para las entidades o particulares que ya tenían frecuencias. XIII. Al final de su mandato, el gobierno de Colom y su Secretaría de Comunicación social intentaron condicionar la renovación del usufructo de la frecuencia de TV Maya. XIV. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala señaló en sus informes anuales la precaria situación de los derechos fundamentales en el país. Activistas de derechos humanos y periodistas fueron víctimas constantes de agresiones. Fue de tal grado el incumplimiento que dicha oficina se abstuvo de hacer nuevas recomendaciones mientras las anteriores no fueran cumplidas.
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XV. La región de América Latina fue la más peligrosa del mundo para la integridad de los profesionales de la información en 2011. México es el país donde los periodistas corren más peligro, Honduras registró el asesinato de seis periodistas. XVI. Reporteros Sin Fronteras, señala que Guatemala descendió 20 puestos de una lista de 170 países, en el 2011 por su inseguridad, su censura tenaz y por un pluralismo insuficiente. XVII. En 2011 se dieron algunos casos en la región que suscitaron la alarma de las organizaciones de prensa, tal es el caso de Ecuador, en donde directivos del diario El Universo, fueron condenados a pagar 40 millones de dólares en daños al presidente Rafael Correa, fueron sentenciados a 3 años de prisión. IV. También se reportaron riesgos para el mandato de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos debido a recomendaciones impulsadas por el gobierno de Ecuador que podrían debilitar su funcionamiento. XVIII. Se presentaron intentos de censura en internet a través de aprobación de las leyes SOPA y PIPA.
2. Recomendaciones para periodistas y comunicadores 1. Asumir con ética y responsabilidad su función y adoptar protocolos y medidas de seguridad para resguardar su vida y su seguridad. 2. El conocimiento de la legislación nacional e internacional es fundamental en la defensa de los derechos de los periodistas. 3. Denunciar públicamente las agresiones y violaciones a los derechos de los periodistas. 4. Acudir a las instancias de Derechos Humanos a presentar sus casos. 5. Denunciar ante el sistema de justicia las violaciones a sus derechos como periodistas o comunicadores. 6. Buscar acompañamiento y apoyo de entidades especializadas cuando se ven en situaciones de riesgo. 7. Estar vigilantes ante los intentos de congresistas movidos por intereses aviesos que buscan restringir o modificar derechos conquistados relacionados con la profesión periodística a través de regulaciones legales. 8. Defender los derechos que garantizan el ejercicio de la profesión. 9. Demandar al Estado el estricto cumplimiento de la ley, la investigación pronta y oportuna así como el castigo en caso de agresiones 10. Exigir al Estado garantías para el libre ejercicio de la profesión. Ninguna noticia o primicia vale la pena si conlleva riesgo inminente para la vida del periodista. Guatemala, 2 de marzo de 2011.
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