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RECUENTO DE DAÑOS Estado de situación de la Libertad de Expresión en Guatemala
Primer semestre de 2011 I.
EL FUNESTO ESCENARIO
Guatemala atraviesa una de las etapas más violentas desde que finalizó el conflicto armado interno que duró 36 años y dejó al menos 200 mil asesinados, 38 mil desaparecidos, 330 aldeas arrasadas, cientos de viudas y huérfanos, con una cauda de incontable de víctimas y de sufrimiento. De acuerdo con el investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Mariano González, en el período de la postguerra se han producido un total de 64 mil 214 asesinatos en el país. Durante el gobierno del presidente Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), han ocurrido la mayor cantidad de asesinatos y por tanto, es la administración que registra el número más elevado de delitos contra la vida luego de finalizado el conflicto armado interno. Según un cálculo realizado por la ODHAG, el total de asesinatos en el período de la UNE sería de 24 mil, 233. En el 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala registró 4 mil 925 muertes violentas, de las cuales 564 fueron de mujeres y 393 de niños. Dicha Oficina señaló que a pesar de que las muertes violentas disminuyeron en relación al 2009, cuando se registraron más de 5 mil homicidios, la situación sigue siendo alarmante. Además del aumento desmedido de la violencia, con cerca de 6 mil homicidios al año, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el país se registra un altísimo índice de impunidad. Sólo el 2 por ciento de estos crímenes llegan a juicio. Las elecciones generales del 2011 en el país se realizan en un ambiente indeseable y no idóneo, dado los altos niveles de violencia, la polarización existente y las consideraciones de expertos sobre violaciones flagrantes a la Constitución y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. A dos meses de que el Tribunal Supremo Electoral diera el banderazo oficial para el inicio de la campaña, el 2 de mayo de 2011, el clima de violencia que ha caracterizado al proceso electoral se incrementó en el mes de junio de este año, con 10 atentados a alcaldías o corporaciones municipales, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 1
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En total, han sido asesinados 30 candidatos, funcionarios y familiares de candidatos de enero a junio. En todo el país, además de estas muertes violentas de candidatos(as) o aspirantes, han proliferado amenazas y enfrentamientos de correligionarios con otros partidos. Hasta la presidenta del TSE, María Eugenia Villagrán ha sido víctima de amenazas. El financiamiento de los partidos políticos es un aspecto trascendental en el tema de elecciones. Aunque algunos han rendido cuentas al TSE, sin embargo, estas están incompletas, según ha reportado la prensa local, ya que los aportes registrados parecen poco creíbles para algunos analistas, dado el volumen exagerado de propaganda en todas sus modalidades. Hay seria preocupación en diferentes esferas por la penetración de capital del crimen organizado y la narcoactividad que buscan poner a sus propios candidatos o financiar a otros para garantizarse impunidad, libertad de acción e incidencia en el espacio público. Este fenómeno es particularmente grave en algunos territorios rurales, donde estos poderes paralelos: el crimen organizado y la narcoactividad han llegado a controlar el poder local. Guatemala y Centroamérica ha sido considerada por las Naciones Unidas como una ruta cada vez más importante del tráfico de sustancias sicotrópicas, en especial de cocaína. Prueba del avance y control que han alcanzado los grupos del narcotráfico en algunas regiones del país es el Estado de Sitio que el gobierno del presidente Álvaro Colom decretó a finales de diciembre de 2010 en Alta Verapaz, al norte del país, con el fin de recuperar la gobernabilidad del departamento. Un informe del Procurador de los Derechos Humanos refiere que “Una de las más graves situaciones de la seguridad ciudadana en Guatemala es la criminalidad que se relaciona con la narcoactividad. Es un problema nacional-transnacional que se superpone a las políticas de seguridad comunes y a las capacidades del Estado para brindar seguridad y garantía de los demás derechos humanos inherentes contenidos en la Constitución Política de Guatemala”1. A mediados de mayo de 2011, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Guatemala puso al departamento de Petén y al país en la mira de la prensa nacional e internacional. El 15 de mayo fueron encontrados los cadáveres de 27 campesinos en la finca Los Cocos, La Libertad, Petén, cuyo asesinato fue atribuido a al grupo criminal Z200, parte del cartel mexicano Los Zetas. Según las versiones de la prensa, el grupo buscaba al supuesto narcotraficante guatemalteco Otto Salguero, que les habría robado 2 mil kilos de cocaína y en represalia, al no encontrarlo, asesinaron a sus trabajadores. La Situación de los Derechos Humanos, primer semestre de 2011; informe presentado por el PDH a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, julio 2011
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A raíz de este hecho Petén se convirtió en el segundo departamento donde el gobierno decretó estado de sitio por la presencia de grupos del crimen organizado y de la narcoactividad. Algunos de los hechos reportados por la prensa local en este período fueron los siguientes: 1. En Alta Verapaz, Allan Stowlinsky Vidaurre, auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), fue asesinado en Cobán. Su cuerpo fue desmembrado y las partes regadas en dos puntos de la ciudad. (Mayo) 2. Las fuerzas de seguridad allanaron seis viviendas, en Cobán, Alta Verapaz, en donde capturaron a 16 miembros de los Zetas, quienes, según las investigaciones, son los autores materiales de la muerte del auxiliar fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre. (Junio) 3. Un grupo de narcotraficantes trató de evadir a las fuerzas de seguridad cuando llevaban 334 kilos de cocaína. Desde Río Hondo, Zacapa, se inició el seguimiento hasta su captura en el kilómetro 81 jurisdicción de El Rancho, Guastatoya, El Progreso. (Junio) 4. En Escuintla, La Unidad Antinarcóticos de la Policía decomisó 495 kilos de cocaína que se encontraban en un camión de chatarra, en un predio ubicado en el kilómetro 85, Guanagazapa, Escuintla. (abril) 5. Fiscales del Ministerio Público (MP) inmovilizaron en Puerto Quetzal, Escuintla, cuatro contenedores, cada uno con 80 toneles que contenían ácido fenilacético, el cual es utilizado para elaborar droga sintética. 6. En Guatemala capital en enero la Policía decomisó 50 kilos de cocaína en un inmueble donde funcionaba un taller mecánico, en la 5a. avenida 3-85 de la colonia Balcones de San Cristóbal, zona 8 de Mixco. 7. La Policía decomisó 500 mil pastillas de pseudoefedrina en las bodegas de la empresa DHL, en la zona 13, que serían enviadas a Tegucigalpa, Honduras. 8. En Febrero: Un laboratorio donde se elaboraban "pipas" de cocaína fue desmantelado por la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. En el allanamiento fueron decomisados siete kilos de cocaína y se encontraron otras pruebas contra narcotraficantes. 9. Las autoridades antinarcóticas descubrieron uno de los nuevos métodos utilizados para el trasiego de drogas en el país; usar talleres de reparación mecánica como fachada para el almacenamiento y traslado de los cargamentos.
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10. En San Marcos, La Policía Nacional Civil localizó el cuarto laboratorio clandestino para elaborar drogas sintéticas, incluidas metanfetaminas, en la aldea El Olvido, Malacatán. El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, ha asegurado que el valor de las incautaciones es de Q200 millones. En la maleza había tres calderas y dos plantas generadoras de energía eléctrica, entre otros. El primer laboratorio clandestino se encontró el 8 de mayo en Concepción Melendres, Pajapita. En esa ocasión se incautaron 8 calderas de vapor. El 11 de junio se desmanteló otro laboratorio en el mismo municipio. Un día después se encontró otro en la aldea Palma Real, El Tumbador, San Marcos. (Junio)
De enero a junio del 2011, las fuerzas de seguridad le han incautado al narcotráfico más de 24 mil 305 millones de quetzales en concepto de drogas, bienes y dinero. Dicha cantidad supera la que el Estado requiere durante un año para cubrir los gastos de inversión de los ministerios del Organismo Ejecutivo. Las asignación presupuestaria para las carteras de Educación, Salud Pública, Comunicaciones y Gobernación, que son las que mayor inversión requieren, asciende a 19 mil 258.9 millones, una cantidad menor a lo incautado de enero a junio al narcotráfico. Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia, (SEDEM) afirma que con la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, los bienes y dinero podrían usarse para fortalecer y equipar a las fuerzas de seguridad. La División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA) reporta hasta junio la detención de 745 personas sindicadas de pertenecer a cárteles del narcotráfico. En mayo fueron capturados 11 presuntos integrantes de la organización los "Zetas", señalados de haber participado en la masacre de 27 jornaleros en una finca en Petén.
En respuesta a la violencia que vive la región centroamericana, que tiene la mayor tasa de homicidios en el planeta según la ONU, con 29.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo superada por la región sudafricana, los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron el 22 y 23 de junio último la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. El objetivo de la conferencia era solicitar apoyo político, técnico y financiero de la comunidad internacional para atender los problemas de violencia, narcoactividad y 4
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crimen organizado que afecta a los países centroamericanos. Al término de la conferencia, el canciller guatemalteco, Haroldo Rodas anunció que la ayuda para Centroamérica por parte de la comunidad internacional será de $2 mil millones en préstamos para financiar 22 proyectos de seguridad regional. La inseguridad en Guatemala es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en el área urbana. Es difícil encontrar una persona, que en carne propia o de sus familiares, círculo de amigos, vecinos o conocidos, no haya sido víctima de extorsiones, robo de celulares, amenazas, secuestros, asesinatos, femicidios u otras agresiones. En las áreas rurales, en donde la pobreza y la extrema pobreza son las pestes que asolan a la población, es la inseguridad alimentaria, la desnutrición aguda y grave, la falta de trabajo y otros factores de vida o muerte, lo que angustia a los habitantes. En nuestro país 7.5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, de las cuales 2.2 millones viven en extrema pobreza, es decir que no pueden satisfacer sus necesidades básicas; el 75% del total en esta situación son indígenas. La pobreza extrema en el área rural afecta a la cuarta parte de la población. La mitad de la niñez del país está desnutrida. La esencialidad de la pobreza se encuentra en el área rural, donde la falta de alimentos y de oportunidades laborales es cada vez más grave, la crisis va y viene, es recurrente, permanente. Guatemala ocupa el tercer lugar en América Latina en tasa de mortalidad materna. Esta inalterable situación estructural provoca conflictividad social que en ocasiones repercute en el trabajo periodístico. El movimiento campesino demanda reiteradamente la atención a sus problemas, sin embargo esta población está igual que hace 200 años; miles de familias carecen de un lugar para vivir y cultivar. La solución ha sido los desalojos violentos que han provocado la muerte de personas. Ante la falta de soluciones, se ha optado por criminalizar las luchas. Los partidos políticos replican las mismas estratégicas trilladas y la convulsión es de tal grado que la prensa se ha visto afectada por esa forma de hacer política. Políticos o sus allegados fueron en algunos casos quienes violaron la libertad de expresión.
II.
VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE 2011
A pesar de que en los últimos años hay una percepción de que la mayoría de ataques contra periodistas y comunicadores podría provenir de grupos del narcotráfico, todavía no existen denuncias generalizadas sobre las amenazas e intimidaciones de estos grupos contra la prensa, a excepción de dos casos 5
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registrados en 2010, uno en la ciudad de Guatemala y otro en Cobán, Alta Verapaz. Esta situación tiene una explicación que ha sido la hipótesis de Cerigua: hay en Guatemala implantada una autocensura como forma de preservar la vida y la seguridad de los y las periodistas y una censura que deviene de actores que en última instancia son los censores de la libertad de expresión.
Publicaciones departamentales sobre narcoactividad en la prensa escrita, período enero – junio 2011
Elaboración propia CERIGUA. * El caso de Guatemala es diferente pues en la capital se concentra información sobre los hechos ocurridos en el resto del país. A eso se debe que el número de publicaciones sea elevado.
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En el primer semestre de 2011, el Observatorio de los Periodistas de la Agencia Cerigua registró 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, las que podrían estar directamente vinculados con el ejercicio informativo, de acuerdo con los datos recabados. Las cifras reportadas dan cuenta de un aumento de las agresiones en relación con 2010, cuando se dieron 19 violaciones a la libertad de expresión en todo el año. Por otro lado el aumento de las amenazas e intimidaciones en contra de los periodistas se presentó de manera significativa en mayo y junio, con 9 violaciones. En el segundo semestre del 2011 ya se han reportado varios ataques contra la prensa, principalmente por simpatizantes y allegados a partidos políticos., lo que será objeto de análisis del siguiente período.
Elaboración propia. CERIGUA.
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Tipo de violaciones registradas contra periodistas y comunicadores sociales Tipo de agresión Amenazas Limitación al libre acceso a las fuentes Intimidación/presión Asesinato Acoso
Total 9 2 2 1 1
Total
15
Elaboración propia. CERIGUA
Durante el primer semestre, la violación más grave fue el asesinato del periodista Yensi Ordóñez, cuyo cadáver fue encontrado en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, con heridas de arma blanca. Ordóñez trabajaba como conductor en el programa Rebotando TV que se transmitía por una canal local de TV; familiares y amigos del periodista señalaron que había sido víctima de extorsiones por $3 mil 250 e incluso dijeron que recibió amenazas por publicaciones pero no especificaron cuales. El crimen contra Ordóñez recibió la atención internacional y fue condenado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF). Contrario a otros años, este semestre, los profesionales de la información más afectados fueron los que trabajan en los departamentos de la República. De las 15 agresiones documentadas, 11 se registraron en los departamentos. En 2010 los ataques se concentraron en la ciudad capital, con 8 agresiones mientras que en el resto de los departamentos se contabilizaron 11. Según los registros de Cerigua, la mayor parte de las agresiones se originó de parte de funcionarios y políticos. Únicamente se tiene información de una amenaza proveniente del crimen organizado. Una semana después de que se perpetrara la masacre en Petén, tres individuos que presuntamente pertenecían al grupo Zeta200 fueron capturados en la ciudad de Quetzaltenango cuando colocaban mantas en las que advertían a la prensa sobre sus publicaciones sobre la actividad de estos grupos. La ausencia de denuncias por parte de los periodistas y comunicadores sociales sobre las intimidaciones del crimen organizado hace más difícil saber hasta qué
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grado esos poderes paralelos imponen la censura en los departamentos en donde tienen presencia. El informe sobre el Estado de la Situación de la libertad de Expresión en Guatemala 2010 hizo énfasis en que mucha de la información sobre crimen organizado y narcoactividad no es cubierta por la prensa local, aún cuando tenga conocimiento de los numerosos hechos ilícitos cometidos por las redes criminales.
Origen de las agresiones a periodistas durante el primer semestre de 2011 Agresor Autoridades Desconocidos Políticos Crimen organizado Agentes de seguridad Otros
Casos 5 3 2 1 1 3
Total
15
Elaboración propia. CERIGUA
III.
VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La prensa departamental es considerada el eslabón más débil del gremio periodístico. Los periodistas departamentales realizan su trabajo en medio de grandes dificultades, tienen varias ocupaciones y muchas veces no cuentan con el total respaldo de los medios de comunicación para los que trabajan. Ejercen en localidades en donde usualmente todas y todos se conocen, lo que vulnera la posibilidad de coberturas de temas riesgosos.
También hay varios casos en que trabajan de manera independiente. Durante el semestre monitoreado se concluyó que al menos 15 comunicadores sociales sufrieron de amenazas e intimidaciones por su trabajo periodístico.
Oscar de León, corresponsal de Guatevisión en Quetzaltenango fue víctima de múltiples amenazas y hostigamientos tras haber recibido de manera anónima un portafolio con denuncias contra el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMTQ) de esa ciudad, Manuel Blanco.
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En Retalhuleu, el alcalde Luis Galindo, quien busca su reelección por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), canceló el programa Punto Crítico, que conducía el periodista César Augusto López Valle, aparentemente tras transmitirse entrevistas con personajes que cuestionaban su gestión.
El alcalde también fue señalado por el comunicador Carlos Salgado, director del semanario El Defensor, de no permitir las coberturas del Concejo Municipal debido a que Salgado era muy crítico con esa administración.
En Ixcán, Playa Grande, el periodista radial Francisco Pérez fue despedido del programa Centro de Noticias de Ixcán (CNI) por negarse a apoyar la campaña proselitista del candidato a diputado por el Partido Patriota (PP) por ese departamento, Herber Cabrera; el político también amedrentó a un corresponsal del noticiero Guatevisión, cuando fue a dar cobertura al hecho.
En este informe destacamos que por primera vez en tres años la mayoría de agresiones contra periodistas fueron registradas en los departamentos y no en Guatemala. De las 146 violaciones a la libertad de expresión registradas por el Observatorio en los últimos tres años, 84 se dieron en el departamento de Guatemala y 62 en los demás departamentos.
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Las agresiones contra la prensa según su ubicación geográfica fueron de de esta manera:
Elaboración propia. Cerigua.
La agresión reportada en Petén fue una manta con advertencias del grupo Z200 contra la prensa. También se colocaron mantas similares en Quetzaltenango, Huehuetenango y Baja Verapaz.
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IV.
CASOS PARADIGMÁTICOS DE AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS
a) Caso Vasni Vásquez: A mediados abril de 2011, el presentador de televisión Vasni Vásquez, del programa Q’Rollo, de Chiquimula, fue aprehendido y golpeado por agentes de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Chiquimula, cuando llegó a dar cobertura a un secuestro. De acuerdo con la versión del comunicador, al llegar al lugar de los hechos uno de los agentes del Comando Antisecuestros lo apartó de los periodistas que estaban dando cobertura al suceso. El policía lo despojó de sus celulares y sus identificaciones, revisó sus llamadas y luego lo interrogó sobre el hecho y le pedía que confesara su participación en el secuestro, a lo que Vásquez se negó. Al parecer, el secuestrado había dicho a los agentes que el periodista era quien le llevaba la comida durante el período de secuestro, afirmación que no pudo ser comprobada por las autoridades. Vásquez fue ligado a proceso pese a que las pruebas y testimonios aportados en la audiencia no probaron que él haya participado en el hecho. El director del programa Q’Rollo, donde laboraba el periodista, colegas y la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula manifestaron en repetidas ocasiones su apoyo al comunicador, reconocido como una persona íntegra y trabajadora, al tiempo que consideraron su detención como una intimidación hacia los profesionales de la información de ese departamento, pues cualquier periodista podría encontrarse en una situación similar y ser víctima del abuso de las autoridades. A partir de la información trabajada por Cerigua, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en Francia se pronunció por el caso y se contactó con Vásquez. “Como periodista, creo que el caso que estoy viviendo es una intimidación a la prensa y que no hay otro motivo”, dijo el comunicador a la entidad de prensa. Ante la ausencia de pruebas, RSF pidió a las autoridades guatemaltecas la liberación inmediata del profesional de la información y exigió a las autoridades realizar una investigación imparcial sobre los hechos que se le imputan. Sin embargo, Vásquez siguió detenido. Aunque este caso no se incluyó en las violaciones a la libertad de expresión por no estar vinculado directamente a su trabajo periodístico, el Observatorio de Periodistas de Cerigua dio cobertura al hecho y se solidarizó con el comunicador y sus colegas. Esta agencia ha dado seguimiento informativo al desenvolvimiento de los acontecimientos judiciales. 12
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b) Advertencia del crimen organizado: Otro hecho que preocupó al Observatorio fue la amenaza contra la prensa por parte de grupos del crimen organizado. En mayo de 2011, una semana después de la masacre realizada en Petén por parte del grupo Zeta200, célula del cártel mexicano Los Zetas, presuntos integrantes de este grupo colocaron mantas en Petén, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quetzaltenango, con advertencias contra la prensa. La manta señalaba que “la guerra no es contra la población civil, ni con el gobierno, mucho menos con la prensa…” y agregaba “Prensa bájenle a tanta mamada antes que la guerra sea contra ustedes”. La aplicación de la censura por parte de grupos del crimen organizado y las intimidaciones contra los periodistas no son fenómenos nuevos en el país pero ésta es la primera vez que se amenaza de manera tan directa a la prensa en general. No hay registros anteriores sobre la colocación de mantas con amenazas a los medios de comunicación. c) Caso de la periodista Alaíde Foppa Como organización miembro de la Red IFEX y del Grupo de Trabajo de Género de la Red, (Gender Group) el 23 de noviembre de 2010 Cerigua lanzó a nivel internacional una campaña para exigir a las autoridades guatemaltecas el esclarecimiento del paradero de la periodista Alaíde Foppa, secuestrada y desaparecida el 19 de noviembre de 1980. La primera acción que apoyó Cerigua fue el acompañamiento de los familiares de Foppa ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que junto con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), presentaron un recurso de exhibición personal a favor de la escritora, poetisa y feminista. La acción fue publicada en la página web de IFEX, conformada por más de 90 organizaciones de defensa de la libertad de prensa en el mundo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los hijos de Foppa, Julio Solórzano y Silvia Solórzano, asesorados por el GAM, entregaron a los magistrados de la Corte una solicitud de procedimiento de averiguación especial por la desaparición de la feminista, escritora y periodista. La solicitud consiste en que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se involucre en la investigación del caso, además del MP. A principios de junio la Cámara Penal de la CSJ recibió a los familiares de la periodista, quienes dieron su testimonio sobre la desaparición de Foppa cuando estaba de visita en Guatemala, junto con su chofer Leocadio Ajtún. 13
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La Cámara Penal de la CSJ aceptó la petición del procedimiento de averiguación, con lo que la PDH se involucró en la investigación con un plazo de 90 días y que aún no ha concluido, según el GAM.
Campañas y Defensa CERIGUA exige investigación del caso de periodista secuestrada y desaparecida hace 30 años
Disponible en: English Español (CERIGUA/IFEX) - 23 de noviembre de 2010 - El comunicado abajo será presentado frente a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el 24 de noviembre de 2010, por los hijos y familiares de Alaíde Foppa que estarán acompañados por CERIGUA, miembro de IFEX, y por otras organizaciones. La periodista y escritora guatemalteca Alaíde Foppa fue secuestrada y desaparecida hace 30 años; en ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, su familia y organizaciones de derechos humanos de Guatemala exigirán que se inicien las pesquisas, a fin de determinar la autoría material e intelectual del crimen. 24 de noviembre de 2010
¿Dónde está Alaíde Foppa? Alaíde Foppa, guatemalteca, poetiza, periodista, académica y defensora de los derechos de las mujeres, regresó a Guatemala luego de residir muchos años en México a causa de la persecución de que era objeto su compañero de vida, Alfonso Solórzano Fernández. El 19 de diciembre de 1980, poco tiempo después de haber ingresado legalmente a Guatemala, fue capturada ilegalmente y posteriormente desaparecida por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Se debe recordar que en esos momentos Guatemala era gobernada por una de las más terribles dictaduras, responsable de haber provocado miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; esto implica que posiblemente los culpables sean personajes que fueron poderosos en ese periodo. La captura ilegal de Foppa ocurrió en las cercanías del mercado de artesanías de la Placita Quemada de la zona 1, Ciudad de Guatemala, cuando se transportaba en el vehículo de su 14
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madre, doña Julia Falla, que era conducido por el chofer Leocadio Ajtún Shiroy, quien también fue desaparecido. Han transcurrido 30 años desde aquel fatídico 19 de diciembre de 1980, cuando Foppa fue privada de su libertad. El 2 de diciembre de 1999 se abrió proceso ante la Audiencia Nacional de España, pero en Guatemala esto no había sido posible y hasta el momento, no se ha realizado investigación alguna y tampoco hay personas detenidas a causa de este crimen. La familia Solórzano Foppa y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), con el respaldo y acompañamiento de diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y de víctimas, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, han tomado la decisión de interponer a su favor un recurso de exhibición personal. Con esta acción se espera iniciar las pesquisas a fin de determinar la autoría material e intelectual de su detención, posteriormente se impulsará un procedimiento especial de averiguación, que permitirá realizar una investigación exhaustiva y determinar la autoría material e intelectual de este crimen. Aunque hayan transcurrido tres décadas desde su detención y desaparición forzada, los responsables de este crimen de lesa humanidad que continúen con vida, deberán ser juzgados y en caso de ser hallados culpables, condenados. Si queremos una Guatemala democrática donde el Estado, lejos de agredir, proteja a sus ciudadanos, no debemos permitir que los crímenes cometidos en el pasado reciente queden impunes. Debe impulsarse la justicia y el fin de la impunidad y solamente así garantizaremos un mejor futuro y la garantía de un "Nunca Más".
Fuente: Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala 2a. Calle 1-42, Zona 1 Ciudad de Guatemala Guatemala informacion@cerigua.org Tel: +502 2221 2521 Fax: +502 2221 2521
V.
LA RED IFEX Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN:
Cerigua forma parte de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), la red más grande alrededor del mundo de defensa de este derecho. La Red IFEX está conformada por más de 95 organizaciones miembro en todo el mundo que defienden y promueven la libertad de expresión en sus respectivos países y regiones. En Guatemala, Cerigua y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), son los únicos miembros de la Red y en la 15
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región centroamericana junto con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) de Honduras. Por medio de la Red IFEX se circulan alertas diarias, que consisten en información que las organizaciones miembro de IFEX difunden sobre los abusos contra la libertad de expresión en su región geográfica o país. En 2010 el Observatorio de Periodistas de Cerigua lanzó 12 alertas. En 2011 hemos elaborado 7 alertas sobre agresiones, intimidaciones y amenazas contra la prensa guatemalteca que han sido difundidas por la Red. Los miembros de IFEX envían cartas a las autoridades guatemaltecas exigiendo el respeto a este derecho y en casos graves la protección del periodista o medio de comunicación agredido. Las cartas de reclamo se hacen llegar a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al Ministerio Público, a la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), entre otras instancias. Cerigua también forma parte de IFEX América Latina y el Caribe (IFEX-ALC), una alianza de 17 organizaciones conformada por Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación de México (CENCOS), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia, C Libre de Honduras, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC), el Observatorio Latinoamericano de Expresión (OLA), el Instituto Prensa y Sociedad de Perú y Venezuela (IPYS Perú e IPYS Venezuela), Fundamedios de Ecuador, ADC, de Argentina, el Sindicato de Periodistas de Paraguay, Abraji de Brasil, ACM de Trinidad y Tobago, entre otras entidades. IFEX-ALC nace a principios de 2008 cuando los miembros de América Latina expresaron su deseo y motivación de construir una colaboración sostenible que satisficiera las necesidades de redes de libre expresión de todas las organizaciones involucradas y que fortaleciera las perspectivas de una red regional. Este impulso culminó con una reunión realizada en enero de 2009 en Antigua, Guatemala, organizada por Cerigua, donde las organizaciones se embarcaron en un mecanismo de cohesión para trabajar juntos. En marzo de 2011, IFEX-ALC, la alianza de 17 organizaciones, miembros de IFEX de América Latina y el Caribe, que defienden y promueven la libertad de expresión en sus respectivos países, tuvo una intervención destacada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal a Honduras. La intervención de la Alianza logró que el gobierno de Honduras aceptara y se comprometiera a dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de libertad de expresión. La Alianza destacó las relativas a investigar los asesinatos y 16
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agresiones contra periodistas así como el reconocimiento a los medios comunitarios.
VI.
Otras restricciones al derecho de libertad de expresión, emisión del pensamiento y acceso a la Información
1. Radios Comunitarias En lo relativo al funcionamiento de los medios de comunicación comunitaria en Guatemala, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reiteró en su Informe anual sobre libertad de expresión 2010 el llamado de atención hecho al Estado guatemalteco en 2009 acerca de la necesidad de implementar políticas efectivas que aseguren la igualdad en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión. Informes anteriores contienen esta misma recomendación que no ha sido atendida. La Relatoría Especial instó al Estado guatemalteco a adecuar su marco legislativo sobre radiodifusión de acuerdo con los estándares internacionales sobre libertad de expresión en esta materia. En su informe anual 2010, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, (OACNUDH) señaló que la falta de reconocimiento jurídico de las radios comunitarias ha permitido que sean perseguidas penalmente, mientras la legislación establece criterios fundamentalmente económicos para la asignación de frecuencias radioeléctricas, lo que afecta el acceso a las frecuencias en igualdad de condiciones para todos los sectores de la población. Contrario a las recomendaciones de la Relatoría, en abril pasado los legisladores Clemente Samines Chalí y Efraín Asij pidieron en el Congreso de la República la aprobación de una iniciativa de ley que apunta a prorrogar por 20 años más las concesiones de las licencias de las frecuencias de radio y televisión, a pocos meses de que caduquen los títulos de usufructo. Actualmente al menos 80 radios comunitarias aglutinadas en el Movimiento Nacional de Radios Comunitarias en Guatemala buscan la aprobación de la iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, con la realización del primer Encuentro Nacional de Radios Comunitarias que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el 8 y 9 de agosto. El Encuentro tuvo varios objetivos, entre ellos, dar mayor visibilización a las radios comunitarias, generar opinión pública, posicionamiento político y jurídico de las emisoras comunitarias y pedir en audiencia al presidente del Congreso de la República ya la Comisión de Pueblos Indígenas del Legislativo, aprobar la Ley de 17
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Medios de Comunicación Comunitaria antes de que culmine la legislatura 20082012. Se espera que después del encuentro se logre la aprobación de la iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria que tiene dictamen favorable en el Congreso de la República desde enero de 2010 pero que sin embargo no ha puesto en agenda para su discusión. Esta es la cuarta iniciativa de ley que las organizaciones presentan en el Legislativo. La Agencia Cerigua está dando acompañamiento y cobertura a este esfuerzo que busca democratizar el espectro radio eléctrico, que el Estado asuma las recomendaciones de la Relatoría, que se cumpla la única consideración que se hizo en los acuerdos de Paz sobre el tema de comunicación y que se devuelva la palabra a la población.
2. Ley de Acceso a la Información Pública A más de dos años de aprobada la Ley de Acceso a la Información los balances de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de organizaciones de la sociedad civil no son tan positivos por la existencia de una pobre cultura de acceso a la información en las instituciones públicas y funcionarios y la falta de una verdadera política de transparencia y de lucha contra la corrupción dentro del Estado. En el lado positivo existe una buena percepción en organizaciones del uso de la ley por parte de los ciudadanos. Según el informe anual de la Secretaría Ejecutiva de la PDH en 2010 las entidades estatales y sujetos obligados recibieron 16 mil 908 solicitudes de información. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la PDH señala que el 2010 fue marcado por muchas reservas informativas de instituciones como el Ministerio de Gobernación, el de Economía y de municipalidades. A pesar de que los funcionarios hablan de transparencia hay un nivel muy bajo de rendición de cuentas y de cultura de informar a la ciudadanía, según esa Comisión. En 2010 la Secretaría recibió 108 denuncias por comercialización de datos, por violación al derecho a conocer y proteger datos personales, el derecho a agilizar el procedimiento de acceso a la información pública y a la gratuidad en el acceso a la información. Existen dificultades técnicas para el cumplimiento de la ley como el tiempo que los sujetos obligados se tardan para responder las solicitudes de información, cuyo plazo máximo es de 10 días. Entidades sociales señalan que en los departamentos muchas entidades no cuentan con unidades de información.
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En su informe anual 2010, la Relatoría de la CIDH reiteró la importancia de que el país haya aprobado una Ley de Acceso a la Información y señaló que resulta indispensable adoptar medidas que permitan generar la cultura de transparencia que la Ley pretende impulsar. Tanto el Ejecutivo como la PDH reconocen avances en la aplicación de la ley, desde que entró en vigencia en abril de 2009. Sin embargo, señalan debilidades como un elevado incumplimiento del informe anual obligatorio acerca de la aplicación de la normativa, desconocimiento entre la población, escasa capacitación de los funcionarios para aplicarla, resistencia en algunas instituciones a hacer pública su información, declaración injustificada como “información reservada” de datos de interés público, así como algunas amenazas e intimidaciones a personas que han hecho uso de la ley, señala la Relatoría.
VII.
CERIGUA Y SUS APORTES A LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Como parte de los esfuerzos que Cerigua realiza para la promoción y protección de la libertad de expresión, y con el apoyo de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH) se elaboraron tres documentos para la protección de periodistas: una Cartilla y Guía Práctica para Periodistas y Medios de Comunicación, un Protocolo para la Protección de Periodistas y un Manual de Mecanismos de Protección. La Cartilla y Guía Práctica para Periodistas y Medios de Comunicación contiene conceptos básicos, leyes y normativas sobre la libertad de expresión, de emisión del pensamiento y del derecho a la información. El Manual de Mecanismos de Protección está dirigido a llamar la atención sobre la obligación de las y los periodistas de prevenir y asumir normas mínimas de seguridad y que estos puedan exigir sus derechos contenidos en las leyes nacionales e internacionales, en caso de que sean violentados. El Protocolo para la protección de Periodistas que es un documento que ofrece mecanismos y dispositivos para proteger a las y los periodistas y para exigir el cumplimiento de las garantías vulneradas. Contiene medidas de seguridad para preservar la vida del periodista y su integridad personal, en caso de ataques de personas o grupos que atentan contra la libertad de expresión, información, emisión del pensamiento, opinión y prensa. Los tres instrumentos buscan contribuir con las y los profesionales de la comunicación en el ejercicio profesional, ético y con medidas de protección que ayuden a minimizar los riesgos que corren las y los comunicadores sociales. Los documentos fueron presentados públicamente el 22 y 26 de mayo de 2011 en dos talleres auspiciados por COPREDEH dirigidos a periodistas departamentales, de 19
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la ciudad capital, comunicadores sociales, representantes de organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos. Se contó con las intervenciones de la doctora Ruth del Valle, presidenta de COPREDEH, quien inauguró los talleres y del Relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue.
VIII. LA REGIÓN Situación de la libertad de expresión en Latinoamérica El Instituto de Prensa Internacional (IPI), miembro de la Red IFEX, señaló en su “Análisis de la Libertad de Prensa 2010 – Enfoque en las Américas”, que en 2010 América se aproximó más a convertirse en la región más peligrosa para los periodistas en todo el mundo. México y Honduras representan casi una cuarta parte de los periodistas asesinados en 2010, con 32 muertes de los 102 asesinatos que registraron ese año. En México, donde continúa un violento enfrentamiento entre los carteles de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad, ocurrieron 12 muertes, mientras que en Honduras, donde se observó un aumento en los asesinatos desde la expulsión del presidente Manuel Zelaya en el 2009, mediante un golpe de Estado respaldado por los militares y la posterior elección de Porfirio Lobo como presidente, se reportaron 10 muertes. En el marco del día mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH reconoció en un comunicado los importantes avances alcanzados en los Estados de la región en materia de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los y las periodistas, así como progresos en los marcos legales referentes a la libertad de expresión. Sin embargo, la Relatoría manifestó que la violencia contra las y los periodistas ha aumentado en algunos Estados. Sólo en 2010, la Relatoría registró en la región la muerte de 26 comunicadores que podrían estar relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y múltiples hechos de agresión, amenazas y criminalización vinculadas con el ejercicio de este derecho. Durante el primer semestre de 2010, la Comisión de Investigación de Atentados contra Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) informó sobre la muerte de 17 comunicadores en América Latina en diez países. Bolivia, Guatemala, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela reportan un asesinato cada uno, mientras que en Honduras ocurrieron dos crímenes, igual 20
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que en Brasil. México sigue siendo el país con mayor número de homicidios, con 6 casos, señaló la CIAP. La entidad hizo énfasis en que la mayoría de los asesinatos han quedado en la impunidad. Mientras que la prensa en México, Honduras y Guatemala es afectada principalmente por la violencia, los países de Suramérica sufren de otro tipo de amenazas a la libertad de expresión. En Ecuador, un juez provisorio condenó el 20 de julio de 2011 a los directivos del diario El Universo y a un periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de 40 millones de dólares por indemnización en beneficio del presidente Rafael Correa. La condena contra los críticos del presidente Correa fue calificada como un importante golpe a la libertad de prensa, que infringe las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador, según la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de los Medios (FUNDAMEDIOS), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros miembros de la Red IFEX. El caso se originó en una columna de opinión de Palacio, el 6 de febrero de 2011, titulada “No a las mentiras”, en la que cuestionaba con duros calificativos presuntas decisiones tomadas por el presidente Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. En Centroamérica, Honduras ha sido el país en donde la situación de la libertad de expresión no ha mejorado y los ataques y amenazas contra periodistas han continuado de manera reiterada. En 2010 se registraron 10 muertes violentas de comunicadores sociales en ese país y en 2011 ya son cuatro los periodistas asesinados según denuncias de varias organizaciones de prensa. CONCLUSIONES: 1. En Guatemala la violencia y violencia extrema ha alcanzado grados similares a los existentes durante el conflicto armado. El problema de la inseguridad es uno de los que más preocupa a la población del área urbana. Entidades de derechos humanos calculan que son asesinadas diariamente entre 14 y 16 personas. 2. La situación social del país es una de las más deterioradas de toda la región latinoamericana en relación con el desarrollo humano como la pobreza, la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, la desigualdad, la salud, salud sexual y reproductiva, la baja calidad educativa y la falta de oportunidades para las mayorías. Guatemala seguramente no alcanzará las metas trazadas en los Objetivos del Milenio. 3. La violencia política, una característica del proceso electoral que se está desarrollando en el país, ha afectado a la prensa. Algunos de los agresores que aquí fueron identificados, están vinculados con políticos o candidatos. 21
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Autoridades también constituyen amenaza para la prensa cuando se extralimitan en sus funciones. 4. La presencia de poderes paralelos en todo el territorio: crimen organizado en todas sus variantes y narcoactividad, se hace cada día más evidente y provoca temor, inestabilidad y más inseguridad. Mucha información del área rural no trasciende a los medios de comunicación, salvo cuando sean casos muy graves o explícitos. 5. La incapacidad del Estado de resolver las demandas sociales y de impulsar una política de seguridad democrática abona en la presencia delincuencial, sobre todo por la debilidad del sistema de justicia que ha sido permanentemente señalado por la falta de aplicación de una justicia pronta y cumplida. Los casos denunciados por periodistas y comunicadores no avanzan en su investigación. 6. Hay en Guatemala implantada una autocensura como forma de preservar la vida y la seguridad de los y las periodistas y una censura que deviene de actores que son los que en última instancia son los censores de la libertad de expresión: los poderes paralelos: el crimen organizado y la narcoactividad. 7. En este período no hubo denuncias generalizadas sobre las amenazas e intimidaciones de estos grupos contra la prensa, a excepción de dos casos registrados en 2010, uno en la ciudad de Guatemala y otro en Cobán, Alta Verapaz. 8. Cerigua registró 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en este semestre, cifra más elevada que el año 2010 cuando ocurrieron en todo el período 19 hechos violatorios de este derecho, la violación más grave fue el asesinato del periodista Yensi Ordóñez, 9. Contrario a otros años, este semestre, los profesionales de la información más afectados fueron los que trabajan en los departamentos de la República. 10. En el período reportado se presentaron algunos casos paradigmáticos que en el informe se relatan. RECOMENDACIONES: 1. En los documentos que Cerigua ha trabajado en apoyo a la prevención y protección de periodistas hay protocolos y medidas de seguridad básicas que pueden ser fácilmente adoptadas por el gremio. 2. La denuncia de violaciones ante las entidades de derechos humanos, autoridades y organizaciones de protección siempre es una estrategia que puede prevenir hechos irreversibles. 3. La unidad del gremio y el trabajo con ética y responsabilidad es otro de los factores que pueden contribuir a prevenir riesgos y peligros. 4. Cerigua considera que ninguna noticia o primicia vale la vida y seguridad de un periodista o de su familia.
Guatemala, julio 2011 22