SEGUNDO SEMESTRE
BOLETÍN INFORMATIVO
2018
XI INFORME ANUAL DE LABORES DE LA CICIG Tal como se realiza anualmente, la CICIG presentó su XI Informe Anual de Labores, el cuál resume varias de las actividades que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato. En este newsletter, presentamos una síntesis de los discursos del Comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General, María Consuelo Porras, en el evento de presentación. Posteriormente se presentan los avances en las lineas de investigación y litigio, así como en los proyectos impulsados en fortalecimiento del Estado de Derecho.
“Son tiempos difíciles, pero hay un futuro promisorio en el horizonte. Estoy seguro que el pueblo guatemalteco sabrá superar la adversidad y continuará su lucha aún más fortalecida por la construcción de un Estado de Derecho verdaderamente democrático”. “Es necesario renovar esfuerzos para una reforma constitucional de la justicia abra espacios a la independencia judicial y a la conformación de los órganos judiciales con los funcionarios más idóneos, capaces y honestos”. “A medida que se avanza, a medida que se profundiza la lucha contra la corrupción y los puntos neurálgicos, los núcleos de poder de las estructuras que están acostumbradas a beneficiarse del Estado que mantienen capturado”. El Comisionado Velásquez reiteró su compromiso de continuar apoyando a los guatemaltecos y guatemaltecas en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
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Impulso y fomento de una cultura de legalidad En su intervención la Fiscal General Consuelo Porras resaltó: “El presente informe, refleja el abordaje de diversos ejes de trabajo que contribuyen a la mejora del sistema político y por consiguiente favorecen a la consolidación del régimen democrático en el país”. Agregó: “No obstante, si queremos que los logros alcanzados perduren en el tiempo, es imprescindible el impulso y fomento de una cultura de legalidad, a fin de cambiar los patrones culturales en la sociedad, proceso que debe ir acompañado de cambios necesarios en la legislación nacional de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la realidad nacional y por supuesto, mediante un actuar eficiente e independiente del sistema de justicia”.
La CICIG y sus resultados El Estado de Guatemala buscó el apoyo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional en general para luchar contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (conocidos como CIACS), estructuras que cooptan el Estado debilitando la institucionalidad y atentando contra los derechos humanos de las guatemaltecas y los guatemaltecos, en búsqueda de beneficios económicos ilícitos e influencias. En sus 11 años de trabajo, la CICIG junto al Ministerio Público ha logrado importantes resultados: Más de 60 estructuras identificadas. Más de 100 casos presentados Actualmente más de 680 personas procesadas, de estas 60% con medida sustitutiva Más de 310 personas condenadas 34 reformas legales presentadas; entre ellas: Ley de Crimen Organizado, Reformas al Código Penal en materia de Anti-corrupción y la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo.
La Fiscal Porras agradeció el trabajo en conjunto que la CICIG ha realizado con el Ministerio Público en el país. “Hoy agradezco a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a cada uno de sus miembros y colaboradores, por su trabajo y dedicación durante estos años, el cual se hace visible y patente en el presente informe, objeto de este acto protocolario”, señaló.
Lo innovador del modelo de la CICIG es que trabaja en apoyo de las instituciones nacionales para llevar a cabo su mandato. Personas expertas internacionales avanzan de la mano con fiscales nacionales, trasladando capacidades y mejores prácticas de manera cotidiana. De esta manera, el fortalecimiento de capacidades ha sido permanente desde el establecimiento mismo de la Comisión, siendo el centro de su método de trabajo.
La Fiscal General hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para juntos afrontar los desafíos y retos como país, con determinación y ahínco.
Se estructura en dos capítulos, que corresponden con los principales aspectos de su mandato: apoyo al Ministerio Público en la identificación, investigación y desarticulación de los ciacs y acciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho, destinadas a prevenir la reaparición de los ciacs.
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En el Undécimo Informe de Labores, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en su tarea de apoyo a las instituciones nacionales registra los principales logros alcanzados entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.
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INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 se han judicializado varios casos en las siguientes líneas temáticas:
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
CASO CAJA DE PANDORA
CASO CORRUPCIÓN EN LAS MUNICIPALIDADES DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPÁN Se desarticuló una red de corrupción que operaba en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán, en la cual fueron involucrados exalcaldes y exfuncionarios, así como dueños de constructoras durante los años 2008 y 2009. Se evidenció un fraude de más de Q25 millones. Por este caso fueron enviados a juicio 15 sindicados.
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El 5 de octubre 2017 se reveló los resultados de una investigación que evidenció la cooptación del Sistema Penitenciario y el uso de fondos públicos de la Municipalidad de Guatemala para financiar gastos de campañas políticas. La investigación expuso que el ex Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla otorgó poder al reo Byron Lima Oliva (fallecido) quien nombraba el personal del Sistema Penitenciario, decisiones que le corresponden solo un funcionario público. Por este caso están ligados a proceso 13 sindicados, a quienes el El MP y la CICIG solicitaron enviar a juicio en la audiencia de la etapa intermedia, la cual continuará el próximo 31 de enero de 2019.
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CASO CORRUPCIÓN EN QUETZALTENANGO Se desarticuló una estructura criminal organizada para sustraer fondos públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango mediante la manipulación de adjudicación de obras públicas. La estructura fue liderada -entre 2004 y 2012- por el exalcalde de Quetzaltenango Jorge Rolando Barrientos Pellecer, quien implementó una estrategia que permitió el otorgamiento de más de 122 contratos municipales de manera fraudulenta a ciertos empresarios alcanzando más de 72 millones de quetzales. El pasado mes de diciembre de 2018 fueron ligados a proceso catorce sindicados incluidos el ex alcalde Jorge Barrientos.
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| INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO
CASO TRANSURBANO CASO TRAFICANTES DE INFLUENCIAS Recientemente se presentó en el Juzgado 10 de Instancia Penal la acusación en contra de Juan Milton Guillermo Molina Botrán por el delito de cohecho activo, luego de evidenciarse una organización criminal integrada por funcionarios de la SAT y agentes externos, cuyo propósito fue cobrar comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación de manera irregular de expedientes de crédito fiscal. Por este caso fueron ligadas a proceso 22 personas.
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CASO ODEBRECHT
Se identificó a una estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien gestionaba cobros ilegales que iban desde el 5 al 15%, a cambio de la adjudicación de contratos. Una de las entidades contratista era la constructora Norberto Odebrecht. Por este caso están ligadas a proceso 5 personas y recientemente fue sentenciado otro de los sindicados.
CASO CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN (FASE II) Se identificaron otras modalidades de cobro sobornos realizadas por estructura de alto nivel liderada por Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Los pagos que se realizaban en el extranjero (empresas off shore) con simulación de contratos de asesorías o préstamos; pagos por contratación de asesorías; pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito, y adquisición de bienes. Se encuentran ligadas a proceso 13 sindicados por este caso.
Se reveló una serie de anomalías en la implementación del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano, a través del cual se defraudó al Estado guatemalteco con aproximadamente Q270 millones. En Consejo de Ministros, se aprobó el Acuerdo Gubernativo No. 103-2009, el cual trasladaba toda la responsabilidad de la ejecución de dicha cantidad a la Asociación de Autobuses Urbanos. Por este caso se ligó a proceso a 13 sindicados. Recientemente, la Fiscalía presentó en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal, la acusación contra 8 sindicados por varios delitos.
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| INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO
CASO NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA MILITAR
CASO SEGURIDAD Y TRANSPORTE Durante el año 2008 y 2009 personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el Transurbano a funcionarios de la administración del gobierno de Álvaro Colom. Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q.80.1 millones, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción aproximada de Q.13 millones por parte de la estructura criminal. Por este caso se encuentran ligados a proceso 8 sindicados.
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CASO IGSS AMBULANCIAS (Fase II)
En el 2017 este caso permitió desarticular una estructura que adjudicó de manera irregular la compra de bienes y servicios por valores comprendidos entre Q880,000.00 y más de Q240 millones. En el 2018, se han profundizado las investigaciones vinculadas a estos hechos y se estableció la participación de varias personas entre funcionarios, representantes de empresas y otros particulares.
CASO REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
Entre 2012 y 2015, se crearon más de 50 plazas fantasmas. Hasta el momento la perdida financiera está evaluada a más de 4 millones de quetzales. La toma de control de la institución se hizo a través de una cadena de personas incluyendo a la exvicepresidenta de la República Roxana Baldetti y personas cercanas a ella. A la fecha están ligados a proceso dos sindicados, y en desarrollo la primera declaración del resto de los involucrados.
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Se estableció un grupo criminal que operaba dentro de la Industria Militar sustrayendo al Estado de Guatemala sumas millonarias de dinero. Se evidenció el pago de comisiones plagadas de irregularidades que se elevaron a más de 23.4 millones de quetzales sobre ventas realizadas en su mayoría a instituciones del Estado de Guatemala. El Juzgado Séptimo de Instancia Penal condenó -el 27 de diciembre de 2018- a 3 y 4 años de prisión conmutables a 7 empresarios, quienes aceptaron su responsabilidad de haber cometido los delitos de cohecho activo y peculado. Están pendientes de enfrentar juicio 5 militares retirados.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CASO MANIPULACIÓN DE JUSTICIA
CASO COMISIONES PARALELAS Se expuso una estructura paralela a las Comisiones de Postulación para el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Su objetivo era influir en el nombramiento de las más altas autoridades del poder judicial del país. Por este caso fueron enviados a juicio tres sindicados.
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El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del militar Erick Fernando Melgar Padilla presuntamente por motivos relacionados con las disputas de tierras. Posteriormente, en abril de 2016 se presentó una denuncia ante la CICIG en contra de Erick Melgar Padilla y el exfiscal Fiscal Rony Elías López Jerez, y otros, sindicados, en la cual se señaló que estaba siendo manipulado el proceso seguido por el asesinato de José Armando Melgar Moreno. Recientemente, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que el militar Erick Melgar Padilla no goza de derecho de antejuicio. Por este caso se encuentran ligados a proceso cuatro sindicados.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CORRUPCIÓN EN EL CONGRESO
CASO EXDIPUTADO MARIO RIVERA A las numerosas investigaciones adelantadas en los años recientes contra diputados de la República se sumó en este período la del exdiputado Mario Israel Rivera Cabrera, de quien se estableció que recibió más de Q12,4 millones entre 2004 y 2015 de parte de contratistas del Estado, dinero que fue utilizado para la compra de vehículos, construcción de casas y pago de préstamos, entre otros. Además, se evidenció la tentativa del excongresista de manipular la verdad y de desvirtuar la investigación en su contra, elaborando documentos falsos. A través de un procedimiento abreviado, el Juzgado Quinto de Instancia Penal condenó al exdiputado Jorge Arévalo Valdez a 5 años de prisión conmutables, quien aceptó su responsabilidad de haber cometido los delitos de encubrimiento propio y falsedad ideológica.
CASO FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO FCNNACIÓN En la segunda fase de la investigación se estableció que un mecanismo ilegal había sido creado para gestionar el pago de fiscales de mesa y publicidad del partido FCN-Nación durante el proceso electoral de 2015 a través de la entidad Novaservicios, S.A, la cual fue utilizada para la captación de fondos, recepción de nominas de fiscales de mesa por parte del partido y distribución de los fondos, En mayo de 2018, se reveló la tercera fase de la investigación, la cual apunta aportes anónimos que recibió el partido FCN-Nación por parte de un grupo de empresarios. La Fiscalía presentó una nueva acusación contra los sindicados por el delito de financiamiento electoral no registrado. Por este caso se encuentran ligados a proceso siete sindicados.
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FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO PARA PREVENIR LA REAPARICIÓN DE LOS CIACS Los casos investigados por la CICIG han puesto en evidencia las fallas sistémicas y estructurales que permitieron la comisión de delitos y la captura del Estado por parte de los ciacs. Las investigaciones permiten por tanto identificar y generar análisis sobre las debilidades legales, institucionales, presupuestarias y de políticas públicas que requieren acción, desde una perspectiva de prevención y garantía de no repetición. De esta manera, en cumplimiento de su mandato, basándose en la información que arroja la investigación de casos y en coordinación con las instituciones pertinentes, la CICIG apoya: la formulación e implementación de políticas públicas adecuadas a la realidad nacional; la identificación y aprobación de las reformas legales e institucionales necesarias para la erradicación y prevención de los Ciacs; y el fortalecimiento de capacidades institucionales que se identifican como críticas para avanzar hacia la erradicación de las Ciacs. A continuación se describen los programas, proyectos y actividades apoyados por la CICIG en su labor de fortalecimiento del Estado de Derecho.
En marzo del presente año se inició un proceso de discusión sobre la propuesta de reformas al Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva; en una mesa técnica integrada por el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal, y la Procuraduría de los Derechos Humanos , la cual se basa en estándares internacionales relativos a los derechos de los procesados; actualiza la normativa, actualiza el proceso penal y supera las tendencias a la privación de libertad. El contenido medular del anteproyecto contiene las siguientes reformas: Prevalece la independencia judicial para determinar qué medida de coerción es la aplicable y toda decisión sobre la materia debe fundamentarla en cuatro principios: razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
REFORMAS LEGALES: Legislar contra la impunidad Durante el periodo de referencia, la CICIG trabajó conjuntamente con la sociedad civil y las instituciones de justicia en la elaboración de propuestas técnicas de reformas legales encaminadas al fortalecimiento institucional y una mayor eficacia y eficiencia del sistema de justicia. Por ejemplo, se elaboraron proyectos de reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos y prisión preventiva. Asimismo se ha dado seguimiento a la agenda legislativa través de la Red de Justicia.
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Se actualiza el catálogo de las medidas de coerción no privativas y privativas de la libertad, encontrándose dentro de las segundas, la reclusión en centro de detención y la reclusión en vivienda del imputado. Se establecen supuestos en que el juez debe considerar la aplicación de la privación de libertad en
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vivienda del imputado: enfermedad, discapacidad, maternidad y otras circunstancias personales. Establecimiento de una unidad de control de medidas de coerción que deberá recopilar información útil para que el juez tome la decisión sobre las medidas de control a imponer, así como el control del cumplimiento de las mismas; centralizar información de detenciones y emitir alertas sobre los plazos de prisión preventiva. Se establece legalmente la facultad de la víctima y el querellante adhesivo de solicitar la imposición de medidas de coerción. Se transforma el concepto de peligro de obstrucción a la averiguación de la verdad, en peligro de obstaculización a la justicia, y el concepto de medida sustitutiva, en medida de coerción no privativa de libertad. Se reafirma la obligación de poner fin al encarcelamiento cuando finalizada una etapa procesal, el sistema de justicia no ha cumplido con la actividad que le corresponde, salvo en aquellos casos en que el retraso sea atribuible a las acciones dilatorias planteadas por el procesado. Cuando se han planteado acciones dilatorias por el procesado, este plazo no se contabiliza como parte de la prisión preventiva.
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Se elimina la posibilidad de establecer prórrogas indefinidas a la prisión preventiva y queda establecida una sola prórroga en casos en que sea indispensable por la complejidad del caso.
fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena.
Para formalizar el apoyo, en agosto de 2018 se firmó una Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el TSE y la CICIG que establece los parámetros de cooperación.
Se establecen un plazo para realizar las audiencias de revisión de medidas de coerción (tres días siguientes de haber sido solicitada), plazo que actualmente no existe. Se establece expresamente la posibilidad de apelar las resoluciones sobre medidas de coerción, lo cual mediante jurisprudencia de la CC se había limitado.
Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. La sospecha debe estar fundada en hechos específicos, no en conjeturas o intuiciones abstractas.
La cooperación y asistencia técnica se circunscribe a dos aspectos puntuales:
A efecto de agilizar la investigación y cumplir con los plazos se faculta al MP a solicitar información de personas individuales y jurídicas sin autorización previa de juez competente, salvo en aquellos casos en que por el tipo de diligencia se afecten derechos fundamentales protegidos en la Constitución (por ejemplo, allanamientos o escuchas telefónicas). En las disposiciones enumeradas se reconoce que la función de la prisión preventiva es únicamente asegurar la presencia del imputado en el proceso, y conforme a las disposiciones legales y estándares internacionales aplicables se ratifican las siguientes determinaciones referentes a la prisión preventiva: Es una medida cautelar y no punitiva. Debe estar dirigida a lograr
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Está sujeta a revisión periódica. No debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción, por lo que las autoridades deben valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta y que el plazo de la detención no haya sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. Además de legal, no puede ser arbitraria. La ley y su aplicación deben respetar una serie de requisitos previamente establecidos. Se reitera que la propuesta pretende fortalecer la cultura jurídica de legalidad, propia de un Estado de Derecho democrático y garantista, que atiende a las situaciones de vulnerabilidad propiciadas por las deficiencias del sistema de justicia en cuanto a la prisión preventiva.
FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO: Acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral Atacar el financiamiento electoral ilícito es atacar directamente el origen de la corrupción y la cooptación del Estado en Guatemala. Por esta razón, en 2013 la CICIG identificó el Financiamiento Electoral Ilícito como una de sus prioridades estratégicas, temática que desde entonces se ha abordado de forma integral por medio de la investigación de casos penales, un informe temático, propuestas de reformas legales y actividades de fortalecimiento institucional. Desde 2016 la CICIG, junto con cooperantes y organizaciones sociales guatemaltecas, ha apoyado al TSE en la definición de modelos de fiscalización del financiamiento electoral, instrumentos, protocolos y, en particular, la implementación de la nueva Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las finanzas partidarias.
Fortalecer y transferir capacidades y conocimientos al TSE. En este punto se ha avanzado con el diseño e implementación de un programa de capacitación al personal del TSE por parte de la CICIG con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Guatemala. Este programa se inició en el mes de agosto con la participación de autoridades del TSE, la KAS y el Comisionado de la CICIG. La lección inaugural estuvo a cargo del Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Asistir al TSE en la implementación y seguimiento del Mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, establecido entre el TSE, la SAT, la SIB, la SIT y la CGC. A la fecha, se ha apoyado técnicamente en la definición y aprobación de protocolos de intercambio de información.
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PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD La CICIG, junto a los Ministerios de Educación y de Gobernación y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC, continua sus esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho y promover la cultura de legalidad. Durante este año, las actividades del proyecto estuvieron concentradas en el rediseño del material educativo desde una perspectiva multicultural y de género, que será destinado a la formación de formadores, quienes más tarde replicarán el tema en diferentes ámbitos provocando un efecto multiplicador.
SISTEMA INTEGRADO DE JUSTICIA La CICIG ha asesorado y acompañado a las instituciones del Estado en la elaboración de una plataforma informática llamada Sistema Integrado de Justicia (SIJ), que brinda información confiable y detallada sobre las capacidades y funcionamiento del sistema de justicia en general. El SIJ funciona como un espacio de articulación en materia de planificación y asignación armónica de recursos entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial, Instituto Na-
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cional de Ciencias Forenses -INACIF- y el Instituto de la Defensa Pública Penal, respondiendo a la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación entre estas instituciones para la reducción de los índices de impunidad. Durante este año, el SIJ ha prestado asesoría especializada al MP y al Inacif. También se visitó el departamento de Alta Verapaz, para presentar datos de esa región y procurar un diálogo con distintos actores que allí operan.
COMUNICACIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD El combate a la corrupción y a la impunidad requiere de transparencia, de una ciudadanía activa e informada que pueda ejercer auditoría social y de la promoción de la Cultura de Legalidad. Los medios de comunicación, especialmente el ejercicio periodístico, desempeñan un papel fundamental en esta tarea. Para sumarse a este esfuerzo, en 2018 la CICIG aprobó y publicó el documento “Políticas y prácticas de comunicación de la CICIG” con el objeto de protocolizar las comunicaciones de esta entidad. La CICIG renovó su sitio web, avanzando hacia una comunicación de carác-
ter multilingüe, y ha reforzado la difusión de sus mensajes a través de las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Por último, como parte de los esfuerzos para promover en la sociedad mecanismos de lucha contra la corrupción y la impunidad, la CICIG desarrolló junto a la representación en el país de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el “Manual de Periodismo de Investigación”. La CICIG reitera su compromiso de seguir aportando a la construcción del Estado de Derecho y a la cultura de legalidad en Guatemala y, con ello, a un futuro más próspero para todos sus habitantes.
OBSERVATORIO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUATEMALA Promovido por el OJ, la USAC, la URL, la GIZ y la CICIG, esta iniciativa tiene como propósito identificar, mediante el estudio de procesos concluidos, las principales necesidades o nudos problemáticos que existen en el sistema de justicia penal con la intención de proponer soluciones que promuevan la eficacia del sis-
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tema. Busca proveer a los tomadores de decisiones de una herramienta de política pública capaz de generar información objetiva, rigurosa y fiable sobre el flujo de los casos, que contribuya a mejorar el sistema en su conjunto.
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA DESDE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES La CICIG considera fundamental concebir y abordar la lucha contra la impunidad de forma integral, intersectorial y desde una perspectiva de género. Es importante que al hablar de lucha contra la impunidad se analice y visibilice el impacto diferenciado que la impunidad y la corrupción tienen en los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres. Con ese objetivo, en 2018 la CICIG ha presentado y empezado a ejecutar su nuevo Plan de Promoción de la Equidad de Género 2018-2019, que tiene como objetivo transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas de trabajo de la Comisión y en su sistema interno de gestión.
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EVENTOS Y CAMPAÑA
CONFERENCIA INTERNACIONAL “EXPERIENCIAS COMPARADAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” En noviembre del 2018 se llevó a cabo la Conferencia Internacional: “Experiencias comparadas de combate a la corrupción y la impunidad”, la cual se realizó con el apoyo de la Cooperación Alemana a través del Proyecto de Fortalecimiento de la CICIG, que se implementa por iniciativa del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El propósito de la actividad fue conocer las distintas experiencias en América Latina con relación a estos dos problemas. La actividad se desarrolló en cuatro paneles de discusión, en los cuales participaron invitados internacionales y nacionales, quienes abordaron diferentes temáticas relacionadas al rol desempeñado por los distintos actores de la sociedad en el combate a la corrupción y la impunidad.
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DIÁLOGOS CIUDADANOS Durante noviembre de 2018 se realizaron cuatro diálogos ciudadanos sobre Cultura Legalidad y la situación de la justicia en Guatemala, en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Quetzaltenango y Zacapa, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ -a través del Proyecto de Fortalecimiento de la CICIG-. Estos foros se impulsaron por la iniciativa del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), con el propósito de fortalecer las acciones de sensibilización, difusión y gestión de la información con relación al fortalecimiento de la justicia y el combate a la impunidad en Guatemala.
CAMPAÑA CIUDADANA: #YONOMEPRESTO En noviembre pasado se presentó la Campaña Ciudadana #YoNoMePresto impulsada junto a GIZ, la Universidad San Carlos y la Universidad Rafael Landívar, cuyo objetivo es la concientización de las y los ciudadanos en la importancia al combate a la corrupción. La campaña se convirtió en tendencia nacional en redes sociales y fue acompañada por spots de radio, televisión y puntos ciudadanos donde se compartió material educativo sobre la importancia del respeto a la cultura de legalidad en Guatemala.
Los conversatorios regionales fueron inaugurados con un mensaje de autoridades de la CICIG y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en Guatemala. El propósito de los diálogos ciudadanos fue reflexionar sobre la importancia de la cultura de legalidad y de la situación actual de la justicia en cada uno de los departamentos del país.
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