Vamos contextualizando el tema: “Ley de la Educación Superior” Para sintonizarlos, en que va la discusión sobre la reforma a la Educación Superior en Colombia, es importante mencionar brevemente algunos antecedentes ocurridos en 2011 que incidieron en que este tema llegara a ocupar un lugar importante en la agenda política,
mediática y en la opinión pública de este país. Tal como se mencionó, el 2011 se puede considerar como un año crucial para el tema de la Educación Superior en Colombia, puesto que en este periodo, el Gobierno a través del Ministerio de Educación tuvo la iniciativa de presentar un proyecto de ley que buscaba
reformarla. Esta propuesta fue producto de la necesidad del Gobierno por reorganizar el Sistema de Educación Superior, para que éste pudiera responder a las demandas sociales, productivas y económicas del país.
Cabe mencionar que, aunque esta iniciativa en un principio se creyó, iba a tener gran acogida
por todos los actores de la comunidad educativa, no se desarrolló de esta forma. El principal error de la primera propuesta de reforma al Sistema Educativo, fue la falta de una consulta previa a los diferentes actores involucrados en el proceso para su construcción. Esto tuvo un
impacto negativo, se convirtió en el detónate que propició los enfrentamientos entre estudiantes y académicos con el Gobierno Nacional. Entre los argumentos de estos actores para oponerse al proyecto de reforma y, que terminaron convirtiéndose en la causa de
enfrentamiento con el Gobierno, se encontraron principalmente tres: la priorización del Sistema Educativo, la violación del precepto constitucional del Sistema Educativo sobre la autonomía de la que gozan las universidades y la falta de claridad sobre cómo sería la
financiación de las universidades públicas. Las constantes diferencias y una seria de enfrentamientos que se empezaron a evidenciar entre estudiantes, maestros y rectores de las instituciones públicas y privadas con el Gobierno y el Ministerio de Educación durante el trámite legislativo de este proyecto, provocaron que estos últimos decidieran retirar el “proyecto de reforma a la Educación Superior”.
“proyecto de reforma a la Educación Superior”. Sin embargo, a comienzos del 2012, tras la decisión que tomó el Gobierno de retirar el
proyecto, la Ministra de Educación, María Fernanda Ocampo después de realizar una serie de reuniones con rectores, estudiantes y profesores sobre cómo construir una nueva propuesta de reforma a la Ley 30, volvió a pronunciarse sobre el tema, dejando en claro el interés que
aún tiene el gobierno y el propio ministerio para discutirlo. Frente a este hecho, a diferencia del 2011, este año el Ministerio de Educación no ha precisado cuál figura jurídica se empleará para buscar la reconfiguración del sistema de Educación Superior. Es decir, aún no
se conoce con certeza si se va a tratar de una reforma o de un decreto. Pero, lo que sí se tiene claro, es que esta vez la discusión debe ser “pluralista y participativa” para no incurrir en errores pasados.
Aunque este año han cambiado algunos aspectos frente a lo ocurrido en el 2011 en materia
educativa, todavía perdura el interés del Gobierno, estudiantes, rectores, universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y docentes por mejorar la educación superior del país. En este sentido, es importante señalar lo que esta ocurriendo con los actores involucrados en
este proceso, cuál es la hoja de ruta, objetivos, necesidades y expectativas que mantienen cada uno de ellos respecto a este tema coyuntural. •
Ministerio de Educación: Busca construir una política de Estado que garantice el acceso con equidad a una formación educativa de calidad. Con esta reforma el Ministerio pretende “generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingrese y se gradúe ampliando la cobertura de educación y reduciendo los niveles de deserción”. Además, espera que la reforma esté enfocada en la generación de conocimiento e innovación
•
Estudiantes: Este año, de acuerdo con la agenda del sector estudiantil, ya fueron elegidos 24 de los voceros nacionales que representarán en esta nueva discusión sobre la “reforma a la educación superior” a los estudiantes universitarios ante el Gobierno Nacional. Cabe mencionar, que aún falta elegir a un representante por las comunidades afrocolombianas y ratificar el vocero de los pueblos indígenas.
De igual forma, los estudiantes esperan que la nueva reforma asegure la educación como un derecho y proponen para ello, el financiamiento estatal de la universidad pública para garantizar calidad educativa. También esperan que se fortalezca la autonomía universitaria y que en este sentido, las instituciones de educación superior definan sus cuerpos de gobierno de manera democrática. El interés que tiene este grupo de actores es, que las universidades ofrezcan el bienestar universitario y aseguren prestaciones como salud, alimentación, vivienda, trasporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Entre los ajustes que solicitan, se contempla la calidad académica para lo cual exigen contratar más docentes de tiempo completo.
Asimismo esperan más libertades democráticas “respeto y apoyo a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las universidades y a las formas de organización estudiantil, profesional y sindical”. Por último, sugieren estrechar la
relación universidad-‐sociedad para que la segunda se nutra de las actividades académicas e investigativas de la primera.
•
Rectores: Para los rectores de las instituciones de educación superior asociadas a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la educación debe ser discutida como bien público. Los rectores consideran que el eje de la reforma debe ser “el fortalecimiento de la calidad educativa”. Entre los temas que ellos proponen discutir se encuentran: la necesidad de una ley estatutaria sobre autonomía universitaria, el fortalecimiento de la relación de educación superior-‐sociedad, la consolidación de la investigación y los posgrados como mecanismos de ingreso del país a la sociedad del conocimiento, la financiación estable y progresiva de la educación superior estatal, el apoyo a la educación superior privada y la articulación de los distintos subsistemas de la educación superior con los demás niveles educativos y sectores sociales.
•
Docentes: Para la Federación Nacional de Profesores Universitarios (Fenalprou), la nueva reforma debe solucionar los problemas de cobertura y calidad educativa. Los profesores esperan cambios en la financiación de las instituciones de educación superior. El magisterio aspira a que la nueva reforma mejore la contratación y la remuneración de los docentes, ya que en la actualidad el 80% de ellos tiene contratación temporal. Fenalprou también espera que la “reforma fortalezca la autonomía universitaria, para que las comunidades académicas puedan elegir a través de un ejercicio democrático sus autoridades y directivas. Los docentes además esperan que la nueva reforma resuelva los obstáculos que se presentan frente al bienestar universitario. Finalmente, los docentes se mostraron interesados en que la nueva reforma sea una política de Estado “orientada hacia la gratuidad y a la universidad de la oferta”.