Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México
A pesar de los esfuerzos colectivos de las mujeres, de los movimientos feministas y de la existencia de mecanismos nacionales, regionales e internacionales –como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará)– la violencia contra las mujeres continúa asolando al continente latinoamericano en múltiples formas, una de ellas es el feminicidio/femicidio.
Diferentes acuerdos internacionales, entre ellos la declaración de París y de Acra, Declaración de los Derechos Humanos, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW) y Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, enfatizan el papel clave que tiene el Estado en el abordaje de la violencia, mediante la garantía de un marco legal adecuado y la provisión de los servicios, coordinado, eficiente, confiable y de calidad para la atención y prevención de las mujeres que viven o han vivido violencia.
Son preocupantes los datos más recientes de asesinatos de mujeres en la región de Centroamérica y México. En el 2009, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala informó que existieron 720; en El Salvador, el Instituto de Medicina Legal documentó 579; en Honduras, el Centro de Estadística de la Suprema Corte de Justicia reportó 405; en Nicaragua la Red de Mujeres contra la Violencia, a través de un monitoreo en medios de comunicación, registró 79, y en México el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 529 a través de la información obtenida únicamente de ocho Procuradurías estatales (Baja California, estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas).
Ante esta situación las organizaciones mexicanas Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Nuestras Hijas de Regreso a Casa y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), junto con la Alianza para la Acción Previniendo los Femicidios en Guatemala, la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres en El Salvador, La Red de Mujeres Contra la Violencia en Nicaragua y el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” en Honduras, lanzamos la Campaña por el acceso a la Justicia para las Mujeres. Los asesinatos de mujeres El objetivo es promover el acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio/femicidio en Centroamérica y México y erradicar la impunidad asociada a estos casos, a través de la adopción de mecanismos adecuados por parte de los Estados.
constituyen una de las formas más extremas de violencia por razones de género, la mayoría de estos casos sigue sin resolverse. En 2009 se perpetraron más de 2 mil 300 feminicidios/femicidios en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México.
Acciones Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres:
Convocar a diversas instancias internacionales protectoras de los derechos humanos para integrar una misión que revise, documente y conozca la problemática a nivel regional, a través de visitas a zonas donde se estén documentando altos índices de violencia contra las mujeres y feminicidio/femicidio, para que se pronuncien sobre la atención que los Estados dan a esta problemática. Capacitar a operadoras y operadores de justicia a través de seminarios con especialistas en investigación criminal, con el fin de proveer insumos básicos al personal encargado de levantar los datos de la escena del crimen y procesar la información disponible para obtener una documentación eficaz que permita aplicar la justicia en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio/femicidio. Generar un procedimiento para declarar una zona de alerta de violencia contra las mujeres en la región, dirigido a los mecanismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres, que permita evaluar la eficacia y aplicación de las medidas nacionales creadas para erradicar esta problemática. Generar un protocolo modelo de investigación criminal y procesos penales que contenga las mejores prácticas para evaluar los protocolos domésticos de los países que forman parte de la campaña, con el objetivo de hacer recomendaciones que mejoren los protocolos existentes así como su implementación para incrementar el acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia, a las victimas directas y colaterales del feminicidio/femicidio y se garantice la reparación del daño.
La campaña regional adopta el primero de los cinco objetivos de la Campaña ÚNETE del Secretario General de Naciones Unidas, “adoptar y hacer valer las leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”, ya que enfoca todos sus esfuerzos en el tema de impunidad y acceso a la justicia. El objetivo uno afirma que la ausencia de leyes para poner fin a la violencia y su no implementación donde existen es generalizada en el mundo y la impunidad es –con frecuencia– el resultado de que los Estados no apliquen las normas internacionales en los niveles nacionales y locales. El propósito de los cinco objetivos de la Campaña de la ONU es poner fin a la violencia contra las mujeres y deben cumplirse por todos los países del mundo en 2015. Para las Naciones Unidas la violencia contra las mujeres debe ser un asunto prioritario en todos los niveles. Hasta el momento, no se le ha asignado la importancia que se necesita y que permita un cambio significativo, para ello el liderazgo y la voluntad política son primordiales, considera este organismo.