Bases de un Plan Estratégico para América Latina y el Caribe

Bases de un Plan Estratégico para América Latina y el Caribe

Ante el mencionado entorno internacional y con el agravante de que países como los de América Latina y el Caribe podrán verse sumidos a la pérdida de más de una década de desarrollo social en términos de pobreza, desigualdad, informalidad y precariedad laboral, la región Latinoamericana y del Caribe han de aunar esfuerzos para concitar una posición comprensiva, e incluyente socialmente, sobre las bases de un Plan Estratégico.

Este plan debe abordar una necesaria transición en el corto plazo para afrontar con la mayor efectividad posible los principales impactos producidos y fracturas sociales agudizadas por la pandemia del COVID-19, cuya duración todavía podría prevalecer al menos durante el próximo año, planteando un conjunto de transformaciones estructurales que han de ser implantadas en la región para avanzar hacia un modelo de desarrollo incluyente y justo socialmente, resiliente y sustentable socioecológicamente, basado en la generación de cadenas de valor agregado doméstico a partir de sus propias riquezas, capacidades y potencialidades de diversa índole.

Es de resaltar que desde el mismo Plan de Transición se deben ir creando las bases para transformaciones estructurales fundamentales como:

1. El progresivo desmonte de las raíces de la segregación discriminatoria y excluyente de grupos sociales por raza, etnia, género a partir del reconocimiento de la diversidad sociocultural y territorial, además de, por ejemplo, la implantación de una renta básica de transición ―que podría ser destinada a las mujeres cabeza o responsable del hogar en calidad de renta ciudadana y no de remuneración de labores de cuidado― como uno de los primeros avances

hacia la instauración de una política social para las poblaciones pobres y vulnerables orientadas a garantizarles al menos un ingreso mínimo vital, el acceso a servicios públicos básicos y unas condiciones de vida digna. 2. La asunción del papel del Estado como responsable, en última instancia, de gestionar las bases para la reconstrucción económica, social y ecológica mediante la adopción de un plan estratégico de inversiones públicas y empleo para la reactivación económica, la reconstrucción del tejido social y productivo, mediante la generación de ingreso interno, de valor agregado doméstico y de empleo con acciones gubernamentales e inversiones de alta rentabilidad social y económica en una perspectiva duradera en clave de inclusión social y de transición ecológica hacia un modelo resiliente socioecológicamente. 3. La aprobación en 2021 de algún tipo de reforma tributaria de carácter progresivo, focalizada en el 5% de las personas naturales con mayores ingresos, que contribuya tanto a la financiación del Plan Estratégico como, a su vez, de una capacidad redistributiva en la estructura tributaria. 4. La revaloración del papel de la agricultura campesina y la de la pequeña y mediana escala en la provisión de alimentos de calidad, producidos con adecuados estándares ecológicos y a precios competitivos, como avance hacia la soberanía alimentaria comprendida como la garantía del derecho de la sociedad a decidir y asegurar la alimentación de la población. Además, otros campos de acción internacional de países de la región como los de la gestión para el tratamiento de la deuda externa, la intervención pública proactiva de cara a las dinámicas de la globalización y el multilateralismo, sin excluir el replanteamiento de derechos de propiedad intelectual y de tratados de libre comercio, y la concertación de esque-