El rostro de la violencia machista Comienza en Bruselas el juicio contra un hombre que desfiguró a su novia con ácido
Ricardo Martínez de Rituerto Bruselas12 MAR 2012 - 19:32 CET130
Patricia Lefranc y sus abogados, durante el juicio. / YVES HERMAN (REUTERS) La vida de Patricia Lefranc, de 45 años, dio un giro hacia el infierno la tarde del 1 de diciembre de 2009. Una llamada al portero automático de alguien que decía traerle un paquete le hizo tomar el ascensor para bajar a recogerlo. Al pisar el portal, una ducha de ácido sulfúrico le destruyó el rostro y le causó quemaduras gravísimas en el 30% del cuerpo. La gravedad de las lesiones hizo temer por su vida a los médicos, que durante tres meses la mantuvieron en coma inducido. Con dificultades para moverse, Lefranc asiste ahora al juicio contra su agresor y antiguo novio, Richard Remes, un hombre de 57 años que entre las muchas versiones que da de lo sucedido habla de “una broma que salió mal”. No quería causarle semejante daño, y prueba de ello es que había rebajado el ácido, dice Remes. Según él, solo se trataba de dar un susto a Patricia porque quería dejarle. En la primera sesión del juicio, Remes ha reconocido haber investigado sobre el ácido sulfúrico "únicamente por curiosidad". "Después, la idea [de la agresión con esta sustancia] fue germinando en mi espíritu. Quería marcarla, pero nunca imaginé que sería tan rápido", ha continuado. "Yo amaba sinceramente a Patricia Lefranc (...). Pero con ella, un día era blanco y otro negro, un día te amo y otro te dejo", ha asegurado el acusado. Distintos testimonios y las pesquisas policiales le contradicen y apuntan a un ataque premeditado perpetrado por alguien sin la más mínima capacidad de ocultar sus huellas, pese cubrirse de negro y con un casco en el momento de la agresión. “Ha sido Richard”, pudo decir Patricia, entre gritos de infinito dolor, a quienes la socorrieron. Richard vivía en otro piso del mismo inmueble. Ahora se juega 30 años de cárcel. Lefranc fue condenada a perpetuidad por Remes.
La modificación de la ley del aborto aleja a España de Europa En la mayoría de la UE abortar es un derecho en las primeras semanas de gestación Otros Gobiernos conservadores no han cambiado su regulación
María R. Sahuquillo Madrid12 MAR 2012 - 05:42 CET150 La intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo la semana pasada que hay una “violencia de género estructural” que impele a las mujeres a abortar. Si la reforma de Gallardón sigue adelante, España puede ver pasar a la católica Irlanda, uno de los países en los que más limitada está esta prestación, pero que ya da pasos de apertura. Volver a un sistema de supuestos como el vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— devolvería a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo dijo rotundamente hace unos días: “El aborto no es un derecho, es un fracaso”. Pero el cambio que se atisba en España lo han eludido otros Gobiernos conservadores, en Portugal o en Italia. Solo Hungría, con la ultraderecha de Viktor Orban en el poder, escenificó un movimiento similar al modificar su Constitución para recoger que la vida debe protegerse “desde su concepción”. El artículo abre las puertas a una futura reforma represiva de su ley de aborto (libre hasta la semana 18ª). Algo para lo que, sin embargo, el país “no está preparado”, según Orban. “Otros Estados, aunque no han llegado a emprender el camino que quiere iniciar España, han intentado limitar de alguna forma la interrupción voluntaria del embarazo”, expone Irene Donadio, experta de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF European Network), organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Se refiere, por ejemplo, a Lituania o Letonia, cuyos Parlamentos votaron propuestas para restringir sus leyes de plazos (hasta la semana 12ª). No progresaron. Tampoco tuvo éxito en Polonia el plan de endurecer aún más su ya limitada norma. Pasos que desoyen, además, las recomendaciones de órganos como el Consejo de Europa, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restringidas. “Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él”, dice la parlamentaria británica demoliberal Jenny Tonge. “Seguirán abortando, pero de manera clandestina e insegura”, añade. Tonge, una médica que antes de ocupar su escaño se dedicó a temas de planificación familiar, explica que las mujeres encuentran formas de hacerlo: “Desde introducirse objetos o sustancias en la vagina a autolesionarse o ingerir fármacos”, asegura. Solo las que se lo pueden permitir —como hacían
algunas españolas antes de la despenalización— viajan a países con leyes de plazos. Alrededor de 6.000 irlandesas se trasladan cada año a Reino Unido para poner fin a su embarazo, según un informe aún inédito de la IPPF, que analiza la situación del aborto en la UE. Algo que les puede costar entre 800 y 1.200 euros.
Irlanda impidió abortar a una mujer con cáncer, ahora revisa su normativa Irlanda es, tras Malta —donde abortar está prohibido—, el país más restrictivo. Solo lo permite si la vida de la mujer corre “grave y sustancial riesgo”. Un peligro que no se especifica en ninguna regulación y queda a diagnóstico del médico. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer, enferma de cáncer, a la que negó un aborto terapéutico. La afectada tuvo que irse a Reino Unido. Ahora, tras la resaca de la sentencia, en la que el Tribunal criticaba la ausencia de criterios legales para evaluar ese “riesgo sustancial” y las severas sanciones a las que se enfrentan quienes faciliten la intervención, el Gobierno irlandés ha formado un comité de expertos que estudia cómo introducir las recomendaciones de Estrasburgo. Denise Ryan, consejera de la organización irlandesa de planificación familiar IFPA, cree que ese debate es un avance. No obstante, recuerda que no es la primera vez que algo así ocurre y todo queda en nada. Si, finalmente, España decide alejarse de la tónica europea, el Gobierno debe decidir en qué espejo mirarse. ¿Un modelo atávico como el irlandés? Gallardón ha asegurado que el modelo de supuestos al que quiere volver “funciona en los grandes países occidentales”. Se refiere, quizá, a Reino Unido o Finlandia, donde la mujer debe alegar alguna razón para abortar. Supuestos que incluyen, no obstante, el de “riesgo económico y social”, un amplio paraguas que, de facto, permite el plazo de aborto libre.
Limitación temporal Prohibido Solo Malta prohíbe el aborto en cualquier circunstancia. En otros lugares, como Irlanda o Polonia, interrumpir el embarazo no es ilegal aunque está muy restringido. Supuestos Apenas cuatro países se rigen por un sistema de supuestos: Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. En este último, donde el Estado cubre los gastos de la intervención (salvo las tasas), las mujeres pueden abortar hasta la semana 12ª de gestación si seguir adelante les puede suponer “una carga”. En Chipre no hay límite de tiempo para abortar. Allí, además de los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre (físico o mental), existe opción de abortar si llevar a término el embarazo puede “perjudicar socialmente a la mujer o a su familia”. La paciente necesita el dictamen de dos médicos para aprobar la intervención. Autorización paterna En la República Checa y en España, las mujeres de 16 y 17 años no necesitan autorización paterna para abortar, aunque deben informar de ello a su familia. Un trámite que en España pueden evitar si contarlo en casa les puede causar un conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha asegurado, sin embargo, que cambiará la ley para exigir a las menores consentimiento paterno. Estonia, que hasta 2009 no exigía ese permiso, cambió su legislación para que fuera imprescindible. En Francia las menores de edad también necesitan permiso; pueden, sin embargo, salvar ese paso si por algún motivo prefieren mantener en secreto su decisión; pero deben ir acompañadas por un adulto. Reflexión
La mayoría de los países con leyes de plazos imponen un periodo de reflexión a la mujer antes de someterse a la intervención. En Bélgica es de seis días y antes las mujeres reciben asesoramiento obligatorio de las alternativas a la interrupción del embarazo. En Francia (ley de plazos hasta la semana 12ª) deben aguardar una semana después de la primera consulta. En Alemania, Hungría y España el plazo de reflexión es de tres días.
La 'farmacia de los pobres' india desafía al gigante Bayer Un anticancerígeno que cuesta 4.000 euros al mes tendrá un genérico por 134
Ana Gabriela Rojas Bangkok12 MAR 2012 - 18:02 CET18
India es conocida como la farmacia del mundo en desarrollo. / REUTERS Nexavar, un medicamento para el cáncer de riñón e hígado patentado por Bayer, podrá ser comercializado por Natco Pharma con el nombre de Sorafenat, según ha informado en un comunicado la Oficina de Patentes de India. Este es un caso que no se había producido hasta ahora y que sienta precedentes en India, que es considerada “la farmacia del mundo en desarrollo” por la producción de genéricos de calidad a bajo costo. De acuerdo a las leyes indias de patentes, se puede tomar esta medida cuando un fármaco no está disponible para el público a “un precio accesible” después de tres años de haberle sido otorgada la patente (en este caso fue en 2008). Para compensar los gastos de desarrollo, el fabricante del genérico tendrá que pagar regalías por el 6% de las ventas netas a Bayer, que seguirá teniendo la patente. El genérico solamente podrá ser vendido en India, donde hay unos 100.000 enfermos que lo necesitan. El tosilato de sorafenib es indicado en casos avanzados de cáncer de riñón e hígado. Bayer vende su medicina por el equivalente a 4.000 euros por mes de tratamiento, mientras que Natco venderá la suya por 134 euros, según el comunicado de la Oficina de Patentes.
La farmacéutica india está obligada a no subir el precio y dar tratamiento gratis a 600 pacientes, entre otras medidas. El fármaco no se considera un medicamento esencial, pero sí que alarga la vida, en caso de cáncer de riñón hasta cinco años y de hígado hasta ocho meses.
Los activistas aseguran que es un buen camino para bajar los precios “Es un gran paso para que las medicinas estén disponibles y sean asequibles para todos los enfermos”, asegura por teléfono el director de Natco, Bhaskar Narayana. Dice que a partir de ahora “se abre una posibilidad para que se produzcan genéricos de otros medicamentos aun con patentes, pero que están a un precio demasiado alto”. También los activistas aseguran que este es un buen camino para bajar el precio de las medicinas. “Esta decisión marca un precedente para la esperanza. Nuevas medicinas con patentes pueden ser producidas por farmacéuticas de genéricos a una fracción de su precio pagando regalías. Esto compensa al que tiene la patente, mientras asegura que la competencia baje los precios”, asegura en un comunicado el director de la campaña de acceso a los medicamentos de Médicos sin Fronteras (MSF), Tido von Schoen-Angerer. "Con el sistema actual, las nuevas medicinas son patentadas y las compañías defienden agresivamente sus monopolios a expensas de los pacientes que no pueden pagar los altos precios", asegura MSF. Esta organización pide que se cambie a un “sistema más equitativo” donde las nuevas medicinas tengan varios productores que paguen regalías al dueño de la patente, para que recupere sus gastos de desarrollo del producto, pero también para que las personas en el mundo en desarrollo tengan acceso a los medicamentos. Bayer todavía no ha realizado declaraciones al respecto y se negó a dar información mientras el caso estaba en la Oficina de Patentes de India, pero ofreció su medicamento a un precio subsidiado de 457 euros por mes de tratamiento a los pacientes que cuenten con la aprobación de los oncólogos. Esta medida de dar licencia a un genérico es especialmente importante en India, un país considerado “la farmacia de los pobres” por producir genéricos de calidad. Más del 90% de las drogas que usan los pacientes con VIH son producidos allí. India no es el primer país que decide romper la patente de un medicamento, aunque sí es la primera vez que se utiliza esta potestad para fármacos anticancerígenos. Brasil en 2007 y Tailandia en 2006 decretaron licencias obligatorias para fármacos antivirales, con el argumento de que necesitaban fabricarlos a bajo precio para combatir la epidemia de sida, informa Emilio de Benito. La posibilidad está prevista en los acuerdos TRIPS de la Organización Mundial de Comercio, pero estos tienen una estructura perversa. En ellos se autoriza a que un país se salte la patente de un producto si está en una situación de emergencia sanitaria. Pero para poder hacerlo tiene que tener la capacidad de producir el fármaco, ya que es muy difícil que otro se lo venda, porque saltarse una patente puede suponer graves sanciones por parte de los países donde están establecidas las multinacionales farmacéuticas, como acreditaron los papeles de Wikileaks. Por eso solo Gobiernos con cierta capacidad económica pueden arriesgarse –los casos de Brasil y Tailandia-. Cuando uno más pobre, como Guatemala, lo ha intentado, la presión de las grandes potencias le ha hecho dar marcha atrás.
India es considerada “la farmacia de los pobres” por producir genéricos de calidad
Y esta capacidad económica de los países que lo han intentado siempre ha sido argumentada por los grandes laboratorios. Por ejemplo, es uno de los argumentos de Novartis en el conflicto que mantiene con el Gobierno indio. Este afirma que tiene que rebajar los precios de los tratamientos antitumorales porque no puede pagarlo, pero, a la vez, tiene un potente programa espacial. Por eso el laboratorio suizo ha reabierto la batalla legal por la patente de su anticancerígeno Glivec. Había perdido el caso en 2008, pero ha apelado y espera que en abril salga una nueva sentencia. Este es uno de los debates que tiene abiertos India en cuanto a la producción de genéricos. Los activistas y productores de genéricos aseguran que la Unión Europea, mediante un Acuerdo de Libre Comercio que está en la mesa de negociaciones, “está presionando a India para que acepte una serie de medidas que afectarán la producción, registro y distribución de genéricos”, asegura MSF en un comunicado. Además, el hecho de aplicar la licencia obligatoria a fármacos que se utilizan como tratamientos de segunda línea a un tipo de tumor no demasiado extendido es considerado como una interpretación demasiado amplia de la regulación. Esta pensó en la excepción de las patentes para emergencias sanitarias, una idea que suele ir asociada a enfermedades infecciosas o a brotes de otras, no a dolencias de largo recorrido como el cáncer.
Desafío emergente Tailandia decretó en 2006 licencias obligatorias para elaborar genéricos de fármacos antivirales para el tratamiento del VIH.
Brasil tomó la misma iniciativa en 2007. Ambos países argumentan que necesitan fabricar estos medicamentos a bajo precio para combatir la epidemia de sida.
India tiene abierta un pleito con la farmacéutica Novartis por otro fármaco. También negocia con la UE un Acuerdo de Libre Comercio que limitaría los genéricos que ahora abastecen al 90% de personas con VIH.
El rostro de la violencia machista Comienza en Bruselas el juicio contra un hombre que desfiguró a su novia con ácido
Ricardo Martínez de Rituerto Bruselas12 MAR 2012 - 19:32 CET130
Patricia Lefranc y sus abogados, durante el juicio. / YVES HERMAN (REUTERS) La vida de Patricia Lefranc, de 45 años, dio un giro hacia el infierno la tarde del 1 de diciembre de 2009. Una llamada al portero automático de alguien que decía traerle un paquete le hizo tomar el ascensor para bajar a recogerlo. Al pisar el portal, una ducha de ácido sulfúrico le destruyó el rostro y le causó quemaduras gravísimas en el 30% del cuerpo. La gravedad de las lesiones hizo temer por su vida a los médicos, que durante tres meses la mantuvieron en coma inducido. Con dificultades para moverse, Lefranc asiste ahora al juicio contra su agresor y antiguo novio, Richard Remes, un hombre de 57 años que entre las muchas versiones que da de lo sucedido habla de “una broma que salió mal”. No quería causarle semejante daño, y prueba de ello es que había rebajado el ácido, dice Remes. Según él, solo se trataba de dar un susto a Patricia porque quería dejarle. En la primera sesión del juicio, Remes ha reconocido haber investigado sobre el ácido sulfúrico "únicamente por curiosidad". "Después, la idea [de la agresión con esta sustancia] fue germinando en mi espíritu. Quería marcarla, pero nunca imaginé que sería tan rápido", ha continuado. "Yo amaba sinceramente a Patricia Lefranc (...). Pero con ella, un día era blanco y otro negro, un día te amo y otro te dejo", ha asegurado el acusado. Distintos testimonios y las pesquisas policiales le contradicen y apuntan a un ataque premeditado perpetrado por alguien sin la más mínima capacidad de ocultar sus huellas, pese cubrirse de negro y con un casco en el momento de la agresión. “Ha sido Richard”, pudo decir Patricia, entre gritos de infinito dolor, a quienes la socorrieron. Richard vivía en otro piso del mismo inmueble. Ahora se juega 30 años de cárcel. Lefranc fue condenada a perpetuidad por Remes.
Quinientos lingüistas apoyan a Bosque y su informe sobre el lenguaje sexista El documento asegura que las conclusiones del académico son "inobjetables" Según los firmantes, "la gramática no tiene ideología"
Winston Manrique Sabogal Madrid12 MAR 2012 - 19:46 CET89 “Inobjetable”. “La gramática no tiene ideología”. Lo dicen 500 lingüistas (“independientemente de nuestro sexo y edad”) en apoyo al académico Ignacio Bosque y su informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, publicado por EL PAÍS el domingo 4 de marzo. Un tema que ha trenzado las diferentes pasiones que suelen despertar las cuestiones relacionadas con el idioma. A lo largo de seis páginas, el manifiesto de los lingüistas asegura que “la gramática no puede ser sexista, de la misma forma que no puede ser comunista, anarquista, liberal o ecologista”. El documento responde en seis grandes (y detallados) apartados a las personas que han criticado el informe de Bosque. Desde su primer punto deja clara su posición y señala el principal problema de la discriminación de la mujer: “Si se observa distanciadamente, la discusión que subyace a las intensas polémicas sobre este texto —y sobre otros anteriores— no es acerca de un problema social, sino acerca de cómo ese problema social se refleja —o no— en distintos aspectos del uso de la lengua. Nadie discute que la mujer ha sido tradicionalmente discriminada en numerosos aspectos de la vida laboral y la legislación española; este aspecto queda fuera de la polémica y lo asumimos como cierto, así como entendemos que es cierto que de algún modo deben promoverse cambios sociales que disuelvan esta desigualdad”. Una declaración que recuerda el artículo que escribió el académico Pedro Álvarez de Miranda titulado El género no marcado, en el cual decía que primero tiene que cambiar la sociedad y no al revés. La carta de los 500 lingüistas asegura que “los cambios tienen que provenir de otras vías, al menos si queremos evitar que el lenguaje no sexista sea un modo de maquillar una realidad que sigue siendo discriminatoria con la mujer”. Antonio Fábregas, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Tromsø (Noruega); María Carmen Horno Chéliz, profesora titular de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza; Silvia Gumiel Molina, profesora de Lengua española de la Universidad de Alcalá y Luisa Martí, profesora de Lingüística e Inglés de la Universidad de Kent (Reino Unido), son los cuatro jóvenes lingüistas (todos menores de 40 años) promotores del manifiesto al que luego se han adherido centenares de profesionales de la lengua. Bosque es defendido de las “críticas feroces, cuando no juicios morales inaceptables” que el académico ha recibido a raíz de su análisis a las nueve guías de lenguaje no sexista editadas por sindicatos, comunidades autónomas y universidades. El manifiesto recuerda y explica por qué es importante diferenciar tres niveles: el léxico, el morfológico y el gramatical, y plantea lo siguiente: “Aun considerando que la lengua fuera cómplice y ayuda de los sesgos sexistas de la sociedad española y que un cambio obligado en el uso lingüístico de la administración ayudara a conseguir una sociedad más igualitaria, las guías a las que hacemos referencia no serían adecuadas”. El documento se cierra con tres conclusiones: “Es falso y aun absurdo afirmar que una gramática tenga una ideología”.
El manifiesto recuerda y explica por qué es importante diferenciar tres niveles: el léxico, el morfológico y el gramatical
“Aun si esto fuera cierto —que no lo es— no es labor del lingüista hacer juicios morales sobre esa ideología”. “Y aun si el lingüista debiera hacer juicios morales, no sería posible ni deseable forzar los cambios mediante reglas que afecten al uso de la lengua. Los cambios tienen que provenir de otras vías, al menos si queremos evitar que el lenguaje no sexista sea un modo de maquillar una realidad que sigue siendo discriminatoria con la mujer”.
Violencia Las palabras de Gallardón son un insulto a la inteligencia
Almudena Grandes 12 MAR 2012 - 00:05 CET Violencia es no llegar a fin de mes. Violencia es soportar que las instituciones celebren el 8 de marzo con una bonita foto de los cargos públicos y sus secretarias, en un país donde se incumple el principio de igualdad en los salarios. Violencia es que los equipos de selección de personal pregunten a las solicitantes femeninas en edad fértil si tienen previsto quedarse embarazadas. Violencia es una reforma laboral que flexibiliza unos criterios de despido que discriminarán, con toda seguridad, a las trabajadoras que osen quedarse embarazadas. Violencia es que en España no exista una red suficiente de guarderías públicas, y que las privadas no desgraven en el IRPF. Violencia es la asfixiante presión mediática que soportan unas adolescentes abocadas a identificar su éxito personal con un peso, una talla y un aspecto físico determinado. Violencia es que los recortes priven de recursos a los centros de acogida de mujeres maltratadas, mientras la violencia machista desangra poco a poco este país. Violencia es que permanezcan en su cargo los jueces que culpabilizan a las víctimas de agresiones sexuales por provocar a sus agresores. Violencia es la trata de mujeres esclavas, que ejercen la prostitución en la vía pública y a la vista de todos, sin que la policía detenga a los chulos que las vigilan desde las esquinas. Violencia es que las jóvenes españolas mejor formadas de la Historia no encuentren un empleo que esté a la altura de sus capacidades. La suma de todas estas violencias limita estructuralmente el ejercicio de la maternidad de las mujeres paradas, mal pagadas, sin familiares que puedan cuidar de sus bebés, con empleos precarios, maltratada, prostituídas y muertas. Esto es tan evidente como que las palabras de Gallardón son un insulto a la inteligencia de todas las mujeres. También a la de los hombres, por cierto.
Y, ¿qué aportaría María Moliner al debate sobre el sexismo? Por: Inmaculada de la Fuente| 12 de marzo de 2012
El informe de Ignacio del Bosque y otros académicos de la RAE es clarificador en cuestiones gramaticales. Ese es su papel. Pero no ofrece soluciones al doble hecho de que el Diccionario de la RAE siga dando cobijo a acepciones y ejemplos sobre la mujer anclados en el prejuicio y el anacronismo y que pervivan por tanto en el lenguaje (no solo coloquial sino también culto) vocablos que la discriminan. Vocablos que perviven aún n el lenguaje precisamente por estar avalados por el diccionario oficial. Un lenguaje que como todo organismo vivo cambia, se transforma y se enriquece con el uso y el paso del tiempo, sin que esta puesta al día se refleje con la misma celeridad en el aspecto normativo. Si el informe ha desatado el debate no es tanto por lo que dice como por lo que calla. Y por lo que sugiere y hace evocar.
Obvia el infomre el tradicional papel de la RAE como institución que ha revisado y definido la lengua desde una visión reduccionista y exclusivamente masculina durante siglos; una visión inevitablemente sesgada y pretendidamente universal que englobaba –y se apropiaba- del pensar de las mismas mujeres que dejaba al margen. No en vano hasta 1978, entrada ya la democracia, la institución no permitió que ingresara en su seno ninguna mujer. Ciertamente, la RAE tiene competencia para decidir lo que es correcto y lo incorrecto. Lo propio de la RAE es la norma, y por tanto, no se puede negar su función pedagógica respecto a los excesos de unas Guías o de un lenguaje políticamente correcto que tal vez hayan pretendido subsanar de golpe desigualdades seculares. Un papel que la RAE tendría que haber asumido en vez de limitarse a criticarlo o incluso a ironizar sobre su polémico empeño o su escaso éxito. A estas alturas queda claro que nuestra lengua distingue entre sexo y género, y que desde un punto de vista puramente gramatical no existe problema en utilizar el plural masculino cuando se escribe de hombres y mujeres; como tampoco es un desdoro utilizar modista, futbolista o periodista para denominar indistintamente a hombres y mujeres que ejercen tal dedicación. Pero hay cuestiones de más calado que subyacen en esta corrección gramatical y que sin embargo, no se abordan. Para empezar, se hace más hincapié en la normativa que en el papel transformador de la lengua: pero al igual que la vida, la lengua cambia, los códigos se modifican y nada permanece inamovible, por lo que no tiene mucho sentido convertir la gramática en dogma y descartar que el estado de cosas actual pueda evolucionar en otra dirección. Pero es que, además, es mucho lo que la RAE tiene que hacer aún para reducir el machismo residual de algunas de las voces del diccionario oficial y para equilibrar la presencia de la mujer en las diferentes entradas. El lenguaje es sexista, porque la sociedad es sexista, recuerda con acierto Pedro Álvarez de Miranda. Pero también sucede al revés: la sociedad sigue siendo machista porque el lenguaje continúa siéndolo, porque el sustrato intelectual e ideológico que alimenta el machismo sigue vigente o no se cuestiona de raíz, en el léxico. Puede ser ingenuo corregir el lenguaje sin que cambie la sociedad. Pero esperar a que esto último ocurra siendo conscientes de que el lenguaje es sexista, puede ser también un ejercicio de cinismo. En los diccionarios clásicos y en concreto
en el de la RAE, hay un poso ideológico que se ha construido siglo a siglo, definiciones dictadas desde la supremacía masculina en las que la mujer sale malparada o subordinada.
El modelo del Diccionario de Uso del español (María Moliner) ¿Qué haría María Moliner si pudiera tener voz en este debate? No tiene sentido hablar en su nombre, pero su Diccionario, publicado entre 1966-1967, nos da algunas pistas. Resulta reconfortante comprobar cómo la autora, sin planteamientos feministas de por medio, pero dueña de una claridad mental privilegiada, es capaz de definir de nueva planta definiciones completamente anquilosadas. Así, mientras la RAE utiliza la voz coloquial “marisabidilla” como una crítica general hacia el sexo femenino, al definirla como “mujer que presume de sabia”, Moliner hila más fino y puntualiza: “Mujer de poca cultura, pedante o redicha, que habla con presunción”. No lo atribuye a cualquier mujer, sino a algunas. Lo mismo sucede con la definición que hace el DRAE de la voz coloquial “hazana”: “faena casera habitual y propia de la mujer”, y que Moliner, como recordó Pilar García Mouton el 16 de enero durante un homenaje a la lexicógrafa celebrado en Madrid, redactó así: “faena. Trabajo casero”. Simplemente eso, ni propio de la mujer ni del hombre. Trabajo casero, sin más.
Naturalmente, todo eso en los años sesenta del pasado siglo. De haber entrado Moliner en la RAE en 1972, mucho y bueno habría aportado a la institución. La excusa de que en 1972 se necesitaba más un gramático que un lexicógrafo fue puramente retórica, porque aunque Emilio Alarcos Llorach (el elegido) fuera un buen candidato, Moliner también lo era. Josefina Carabias, en su columna del Ya, vio claro el núcleo del problema en las fechas previas a la votación: cuando la RAE rechaza o acepta a un escritor o a un intelectual, poco se puede decir, porque son muchos los autores de mérito que no llegan a la institución, observó la columnista. Pero cuando se trata de especialistas (lingüistas, lexicógrafos, etcétera) el rechazo es más delicado. Los académicos que decidieron enfrentar a Alarcos y a Moliner en la misma votación (la primera de la historia en la que aceptaban una candidata) tenían claro que no querían que entrara la lexicógrafa. A pesar de que Dámaso Alonso había confesado que él hubiera querido hacer lo que había hecho Moliner: revisar el Diccionario (algo que hubiera tenido que hacer y no había hecho la RAE). Una hazaña individual en una época en la que las mujeres no definían palabras ni podían revisar prácticamente nada. Ni siquiera una persona tan serena y tan poco apegada a los honores como la autora del DUE entendió que no la quisieran en la Corporación tras tantos años dedicados a la investigación filolófica: “Desde luego es una cosa indicada que un filósofo entre en la Academia y yo ya me echo fuera, pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: «¡Pero y ese hombre, cómo no está en la Academia!». Con razón rechazó intentarlo por segunda vez. Pero lo cierto es que quien quiera conocer el español que se hablaba en la segunda mitad del siglo XX tendrá que consultar el Moliner y no necesariamente el DRAE. Por destacable que sea la labor emprendida por la Real Academia en los últimos años para equilibrar la presencia de voces referidas a las mujeres en el DRAE y eliminar acepciones obsoletas u ofensivas, queda mucho por hacer. En De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en la 22ª edición del DRAE, una publicación del Instituto de la Mujer, tres especialistas (Eulàlia Lledó; Mª Ángeles Calero y Esther Forgas) rastrean las entradas relacionadas con la mujer y analizan las modificaciones, supresiones y nuevas aportaciones introducidas en la edición del DRAE de 2001 respecto a la de 1992. Las autoras recogen que se han suprimido 174 acepciones referidas a mujeres que en la edición de 2001 han sido sustituidas o bien por “personas”, por “alguien” o por un masculino que engloba a hombres o mujeres. Muchos de estos cambios se han producido al definir oficios que en el pasado se atribuía solo a mujeres o a hombres. De modo que “mercadera” que en la edición de 1992 se definía como “mujer que tiene tienda de comercio”, en la de 2001 pasaba a ser “persona que trata o comercia con géneros vendibles”. La expresión coloquial "andar/estar o ir de pingo”, que se definía en 1992 como “andar una mujer de visitas y paseos en vez de estar dedicada al recogimiento y a las labores de su casa”, en 2001 se redefine como “pasar mucho tiempo fuera de casa para divertirse y sin hacer nada de provecho”. En el caso de “pimpollo” se ha optado por redactarlo en masculino: “Niño o joven que se distingue por su belleza, gallardía o donosura”, mientras que en la de 1992 se detallaba: “Niño o niña, y también el joven y la joven que se distingue por su belleza, gallardía y donosura”. No obstante, la tendencia a englobar en el masculino a hombres y mujeres plantea, pese a su corrección, dificultades obvias en determinadas voces. Por ejemplo, “escritorio” se define en una de sus acepciones como “aposento donde tienen su despacho los hombres de negocios; como los banqueros, los notarios, los comerciantes, etcétera”, lo que implica un acto de fe e imaginación por parte del lector para incluir a las mujeres entre esos comerciantes y banqueros. Con todo, el
principal problema de las últimas modificaciones es su incoherencia: se eliminan voces vejatorias o anacrónicas, pero se introducen palabras y acepciones nuevas referidas a la ropa o a la apariencia física e igualmente sexistas. Y se mantienen viejos tópicos sobre lo femenino (“débil, endeble”) y lo varonil (“esforzado, valeroso, firme”). Anacronismos que se perpetúan en expresiones como “ser mucha mujer”: "ser admirables por su rectitud de carácter, por la integridad moral o por sus habilidades” o “ser mucho hombre”: "ser persona de gran talento e instrucción o de gran habilidad”; al igual que “ser toda una mujer”: "tener valor, firmeza y fuerza moral y “ser todo un hombre”: “tener destacadas cualidades varoniles, como el valor, la firmeza y la fuerza". Un mundo de palabras que requiere un esfuerzo de precisión y de coherencia. Más que destacar lo que no sirve, deberían dedicar su empeño a abordar de una vez todo lo que falta.
La Eurocámara urge a la Comisión a imponer la cuota femenina en los consejos Los diputados exigen reducir un 10% la brecha salarial
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GRÁFICO Mujeres y puestos de responsabilidad en la UE
Lucía Abellán Bruselas13 MAR 2012 - 20:18 CET53
Eurodiputados votan durante el pleno de este martes. / CHRISTOPHE KARABA (EFE) Las mujeres deben ganar peso en la toma de decisiones políticas y empresariales, pero la vía voluntaria se ha revelado insuficiente. Con esta convicción, la Eurocámara ha pedido hoy a la Comisión Europea que se decida a imponer este mismo año cuotas femeninas en los consejos de administración de las empresas. A los países comunitarios, los diputados les exigen reducir al menos un 10% la brecha salarial entre hombres y mujeres. “La verdadera igualdad solo se alcanzará si llegamos a tener tantas mujeres incompetentes como hombres incompetentes en puestos de mando”. La ponente de esta iniciativa, la liberal holandesa Sophia in’t Veld, arrancó así el agitado debate sobre la infrarrepresentación de la mujer en la política y la empresa. El informe, más atrevido que otros sobre esta materia, aborda las dificultades de la mujer para avanzar desde distintas perspectivas, incluida la ligada a los permisos maternales y paternales y hasta al derecho al aborto “seguro y legal”. Esta última referencia provocó el rechazo de muchos diputados conservadores, con lo que el texto salió respaldado por un estrecho margen (361 votos a favor, 268 en contra y 70 abstenciones). MÁS INFORMACIÓN
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Bruselas avanza hacia las cuotas de mujeres en los consejos de administración La violencia machista y la brecha salarial lastran la igualdad en la UE Botella prefiere que la igualdad “tarde más” a “un cambio ficticio" de cuotas
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, celebró la votación como un avance pero evitó referirse a la petición expresa de la Eurocámara para que ella misma se atreva a fijar cuotas. Reding pretende averiguar antes de verano si este mecanismo tiene suficiente respaldo y, en función de las conclusiones, instar o no a los Estados a que asuman ese reto. Hubo un segundo informe, menos polémico y por tanto más respaldado, que aboga por legislar a favor de la paridad en política y recomienda sanciones para quienes no cumplan. Estas son las principales novedades de lo aprobado: Cuotas en los consejos. La Eurocámara exige al Ejecutivo comunitario que
“presente en 2012 propuestas legislativas que incluyan la introducción de cuotas”. El objetivo es que las mujeres constituyan el 30% de los consejos de administración en 2015 y el 40% en 2020. La meta no es sencilla, teniendo en cuenta que las consejeras no suponen ni un 14% del total y que el porcentaje mejora con cuentagotas. “Los recortes presupuestarios agravan la situación. Y tampoco se están tomando medidas para conciliar mejor”, argumentó la diputada socialista Antigoni Papadopoulou en el debate, que se prolongó durante casi tres horas en la tarde del lunes. Entre las voces contrarias, la de la británica conservadora Marina Yannakoudakis, más por la reticencia a recibir lecciones de Bruselas que por el contenido: “No creo que las cuotas y los permisos de maternidad deban fijarse en el ámbito europeo”. Más señorías féminas en los escaños. Los diputados remiten a los “éxitos
registrados en Noruega, España, Alemania, Italia y Francia” al fijar por ley la presencia de mujeres en los Parlamentos y considera que las próximas elecciones a la cámara europea, en 2014, son una buena excusa para ensayarlo. Las mujeres suponen apenas una cuarta parte de los arcos parlamentarios nacionales y algo menos en los Consejos de Ministros. Brecha salarial. Teniendo en cuenta que las mujeres cobran, de media, un
17,5% menos que sus compañeros por un trabajo similar, según datos de Eurostat (la oficina estadística comunitaria), el informe pide a los Estados que acorten un 10% esa diferencia, aunque no aclara en qué periodo, lo que resta fuerza a la iniciativa. Para lograrlo “también los hombres tienen que asumir la responsabilidad que les toca –que nos toca- en el ámbito público, político y económico”, admitió Raül Romeva, diputado catalán del grupo de Los Verdes. Aborto. Es uno de los aspectos más polémicos y ha permanecido en texto
pese a que el Partido Popular Europeo se opuso casi en bloque. El texto constata “los recientes recortes en los fondos destinados a la planificación familiar y a la educación sexual” y “las restricciones al acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva en algunos Estados, en particular en relación con la protección del embarazo y de la maternidad y al aborto seguro y legal”. España es el caso más claro de ese freno al aborto legal, con la intención expresada por el nuevo ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, de liquidar la ley de plazos. Maternidad. El primer informe “lamenta la falta de avances por parte de los
Estados miembros” en el desarrollo de los permisos de maternidad y paternidad y pone como ejemplo la resolución que aprobó la Eurocámara para elevar a 20 semanas el primero (el mínimo europeo son 14) y a dos semanas el segundo
La UNED retira el capítulo de un libro de Derecho por su contenido sexista El texto entraba en el temario para el examen de acceso a la universidad para mayores de 25 Culpa de la crisis de la familia a la generalización del trabajo femenino o el matrimonio gay Una petición de Actuable firmada por 1.600 personas había exigido su retirada
María R. Sahuquillo Madrid13 MAR 2012 - 18:34 CET88 Archivado en:
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha decidido retirar un capítulo del libro Nociones Básicas de Derecho que culpa a la generalización del trabajo femenino, el control de natalidad o las uniones entre personas del mismo sexo, de la crisis de la “familia actual”. El texto formaba parte –como otros capítulos del libro, editado en 2008-- del temario del examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y había recibido críticas de los alumnos en Internet por su contenido sexista. Además, en los últimos días, más de 1.600 personas firmaron una petición en la web de activismo Actuable en la que exigían al rector de la universidad su retirada. El capítulo, titulado Persona, familia, herencia, ya no formará parte del temario y será reescrito por sus autores, Manuel García Garrido y Federico Fernández de Buján, según ha confirmado una portavoz de la UNED. “El rectorado de la UNED se ha puesto en comunicación con los autores, quienes lamentan que una confusa redacción del texto haya provocado una interpretación diferente a la deseada por los propios autores, razón por la cual se procede a una retirada y reelaboración del capítulo”, han explicado los responsables de la universidad en un comunicado.
El rectorado de la UNED ha pedido a los autores que reescriban el texto El capítulo hablaba de “una serie de factores y hechos” que, según los autores, han ocasionado la crisis de la familia. Entre ellos, como explica la petición de retirada, citan “la promiscuidad sexual, la frecuencia de divorcios, la admisión de uniones estables e incluso de matrimonios entre personas del mismo sexo” o “la generalización del trabajo femenino”; también “el control y disminución de la natalidad, las nuevas técnicas de inseminación a implantación de óvulos fecundados con la consiguiente coparticipación en la maternidad”. La web Actuable se ha hecho muy conocida. Hace unos meses recabó miles de firmas con una petición a favor añadir una casilla en la declaración de la renta para que aquél que lo desee pueda aportar el 0,7% de sus impuestos a la investigación. La propuesta, lanzada por un joven científico español, recabó más de 60.000 firmas en unas 48 horas.
"Los derechos de la mujer son los que antes se resienten por la crisis" Inmaculada Montalbán teme que los recortes afecten a la asistencia de las víctimas de violencia
Reyes Rincón Sevilla13 MAR 2012 - 11:17 CET
Inmaculada Montalbán (Iznalloz, Granada, 1960) empezó a trabajar con mujeres maltratadas hace 25 años, cuando la violencia de género ni existía como concepto ni estaba en la agenda pública. A revertir esta situación ha contribuido desde la primera línea en su trabajo como juez. Desde 2008 es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y Comisión de Igualdad. Pregunta. Queda mucho por hacer en materia de igualdad. ¿Pero qué avances son los fundamentales en los últimos años? Respuesta. Estamos poniendo en marcha muchas medidas para atajar la violencia de género, pero quedan pendientes otras previstas en la Ley de Igualdad. Lo importante es que hay más conciencia de los derechos por parte de las mujeres. Hoy saben que tienen derecho a una reducción de jornada o a que la empresa modifique los horarios. Desafortunadamente, la crisis lo dificulta todo porque la mujer se retrae a la hora de reivindicar. Es también muy importante conseguir la corresponsabilidad de los hombres. Por ejemplo, ya vemos jueces que piden permiso de paternidad. P. Son derechos que también están pensados para hombres, pero hasta que no los ha reclamado la mujer ellos no lo habían hecho. R. Efectivamente. Los derechos de conciliación están muy feminizados, los usan mayoritariamente las mujeres. Y están penados, porque quien pide una reducción de jornada sufre una reducción de sueldo. Quien pide una excedencia para cuidar del hijo se encuentra luego que ese tiempo se le descuenta de la cotización.
La clave está en intervenir en la educación para evitar comportamientos machistas
P. ¿La crisis puede provocar pasos atrás en lo conseguido? R. Sí los puede haber. Por ejemplo, la congelación del salario mínimo carga particularmente contra las mujeres porque sobre un 15% de mujeres cobran menos de ese salario. La crisis también puede golpear a la mujer en la función pública. Educación y medicina son profesiones muy feminizadas. Si no se ofertan plazas, les afectará a ellas más. P. Se habla, por ejemplo, del peligro de que mujeres que se queden sin empleo vuelvan al hogar y ya no salgan. ¿Puede ser común esta situación? R. Corremos un serio peligro de que las mujeres con contratos eventuales hagan las cuentas y resulte que no les compense trabajar y vuelvan a casa a cuidar a los hijos. Detectamos que prima el trabajo del hombre. La mujer es la que se plantea si le merece o no la pena seguir trabajando.
Los derechos de conciliación están feminizados y penados P. ¿La lucha contra la violencia de género está a salvo de los recortes? R. Espero que no afecten a las víctimas. Porque sin ayudas, sin crearles una red de apoyo, la mujer no consigue cortar el vínculo con el agresor. Confío en que las Administraciones van a ser respetuosas, pero siendo realistas, me temo que los servicios asistenciales se verán afectados. P. Quedan también aspectos de la organización judicial pendientes de desarrollar, como los juzgados de violencia comarcales. ¿Se podrán acometer? R. Estamos trabajando en eso. Se trata de hacer una nueva demarcación judicial, ya estamos elaborando un mapa que afectará a todo tipo de juzgados con el objetivo de que la especialización sea real no solo para gente de ciudad, sino también para los pueblos. Nos preocupan las mujeres que no pueden acceder a los juzgados especializados en violencia. Se trataría de crear un modelo parecido al que hay en Andalucía en sanidad. Está el ambulatorio, pero cuando necesitas una atención especializada, te llevan al hospital. La crisis económica es un buen momento para esta reordenación. P. Cuando empezó a ocuparse de estos asuntos trabajó con las mujeres de ámbitos rurales de Andalucía. ¿Ha cambiado la situación en esas zonas? R. Sí. Sobre todo en las jóvenes. Son más conscientes de sus derechos. Las mujeres con las que yo trabajé hace años han evolucionado pero tienen un sentimiento de tristeza porque les tocó vivir una época en la que los derechos de las mujeres no estaban en la agenda pública. Ahora ven que la cosa está cambiando.
Hay que participar en la gestión pública para no perder avances logrados P. ¿Pero lo ven como algo ajeno? R. Creo que sí. Y eso es un problema porque tenemos casos de mujeres mayores víctimas de malos tratos y son las que menos denuncian. P. ¿Las generaciones jóvenes valoran lo que se ha conseguido? R. Las personas que han nacido ya en el periodo de bonanza se creen que siempre fue así. La historia nos demuestra que hay que participar en la gestión pública para no perder avances que hemos logrado. Los derechos de las mujeres son los primeros que se resienten cuando hay retrocesos económicos o en valores. Por eso es importante explicar a las chicas de dónde venimos. P. ¿Se está trabajando en la educación, en evitar que se creen determinados comportamientos? R. Ahí está la clave. En intervenir en el momento de aprendizaje para evitar comportamientos machistas. Intervenir en los colegios, en los institutos, en las familias.
Soy partidaria de las cuotas. Son un instrumento temporal necesario
P. ¿Qué modelo debería seguirse para conseguir una sociedad más igualitaria? R. Lo fundamental es que los instrumentos que tenemos, como la Ley de Igualdad, se cumplan de forma efectiva. Por ejemplo, asegurando la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones. P. ¿Es partidaria de las cuotas? R. Sí. Creo que es un instrumento temporal necesario para que las mujeres puedan estar presentes en centros de decisión a los que de otra forma no accedería. P. ¿Qué soluciones propondría para mejorar la presencia de la mujer en la política? En Andalucía existen las listas cremallera, pero sigue dando la sensación de que las cuerdas de la política la mueven hombres. R. La lista cremallera es una buena medida, pero hace falta el compromiso de las personas para hacer real las previsiones legales. Puede suceder que se cumpla con la lista cremallera pero nos encontramos con que las mujeres son intercambiables, algo que le oí decir a Amelia Valcárcel. Mujeres que han demostrado ser muy válidas una legislatura, a la siguiente ya no están, se las cambia por otra, como si fueran cromos. P. ¿En el ámbito judicial también ocurre? R. Desde la comisión de igualdad que presido en el CGPJ hemos conseguido que algo más del 40% de directores de cursos sean mujeres magistradas. Y también que en las ponencias haya paridad. Pero, por ejemplo, a los altos cargos judiciales siguen presentándose muy pocas mujeres. Es un gran problema. P. ¿A qué cree que se debe? R. A que son ellas las que mayoritariamente asumen las tareas de la casa. Y también porque aún no se ha desarrollado mucho la cultura de la competitividad en la carrera judicial para acceder a estos altos cargos.
No es gramática, es ideología Por: EL PAÍS| 13 de marzo de 2012 Por Pilar Careaga Castrillo El 4 de marzo, EL PAÍS publicó un largo informe, sobre guías publicadas en España con recomendaciones tendentes a evitar el sexismo en el lenguaje, del académico de la Española don Ignacio Bosque, que suscribían 23 académicos y tres académicas de número, así como siete correspondientes, de ellos dos mujeres. No fue una declaración institucional, sino la opinión de una minoría cualificada, y como tal hay que valorarla. Algunas de estas guías llevan publicadas más de quince años. Si tan mal estuvieran ¿por qué no ha intervenido la Real Academia Española cuyo lema conocido es limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua? Y no será porque en otras ocasiones la docta corporación no haya hecho declaraciones institucionales contra usos lingüísticos legítimos que ellos no aprueban; hay antecedentes de sus críticas como más abajo se verá. ¿Pero por qué ahora este informe?
La historia nos demuestra que siempre que un movimiento social avanza en sus reivindicaciones y consolida apoyos intelectuales y sociales se desata una reacción directamente proporcional de las fuerzas reactivas porque ven amenazados sus privilegios. En los últimos veinticinco años se ha avanzado mucho en el camino de la igualdad de mujeres y varones: Ley contra la Violencia de Género, Ley de Igualdad, Ley de Derechos Reproductivos, Legalidad de matrimonios entre homosexuales… Últimamente los ataques a estas leyes por parte de comandos resistentes están siendo muy clamorosos cosa que se puede seguir a través de los medios de comunicación. Parecería que la crítica a las guías citadas se ha contagiado de este ambiente.
Vaya por delante esta anécdota alusiva a don Víctor García de la Concha, anterior director de la Real Academia Española, y sucedida en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Cartagena de Indias (Colombia) en 2007. Allí en un panel en el que se le planteó que cuándo iba a tenerse en cuenta la perspectiva de género en el DRAE, él dijo que había "encargado a un grupo feminista que hiciera proposiciones y las aceptamos casi todas"…no todas, claro, "porque no quisimos hacer militancia feminista". Precioso el relato. Queda claro que las aportaciones eran pertinentes pues de lo contrario no se habrían aceptado. Convertirse en feministas le parece a don Víctor algo horroroso. Imagínense que llega doña Margarita Salas con una batería de nombres biomoleculares, y los colegas académicos le dicen: “Margarita, a ver lo que nos traes, solo te vamos a aceptar dos o tres, no sea que nos tomen por científicos”. "Gensanta!", diría algún personaje de Forges. La docta corporación también demostró su alejamiento del discurso ilustrado feminista cuando en el Parlamento Español se debatió y aprobó la Ley de Violencia de Género. La Real Academia se pronunció en contra de que se usara la expresión violencia de género en una Ley Orgánica, alegando que en español “no existe tradición de uso de la palabra sexo como sinónimo de género”. ¡Exacto! Eso es lo que se reprocha al DRAE, que sancione voces como overbooking, free-lance o cameraman frente a los castizos sobreventa, autónomo/a, cámara, que recoja toda la serie maruja, marujear, marujeo, marujil, y que todavía no haya incorporado la acepción de género como “construcción que atribuye a cada sexo características sociales y culturales”, término ampliamente usado en sociología, antropología y el lenguaje común desde hace muchos años. La Real Academia Española es una institución que en su diccionario normativo y usual se lee, patriarcado: “Organización social primitiva”; sexismo: “Discriminación de un sexo hacia otro” (¿?); feminismo: “1) Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. 2) Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”. Con respecto a la acepción 1), los académicos se olvidan de que existe la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Las mujeres tienen los mismos derechos que los varones; los derechos ya están conseguidos legalmente ahora estamos en que sean una realidad en la calle. La acepción 2) explica claramente lo que es el androcentrismo académico: ¿Cuál será desiderátum último de una mujer? Pues, según el DRAE, tener los mismos derechos que los hombres (léase varones), porque son el referente, el canon. El feminismo se ve como algo compacto y no se recoge feminismo burgués, sufragista, católico, socialista, radical, ilustrado, de la diferencia, de la igualdad, ecofeminismo, posfeminismo..., cosa que sí se hace con las voces de otras disciplinas; en economía se define hasta la de escala, dirigida... y en sociología: nada menos que la sociología vegetal. Como se ve son recomendaciones de usos y referentes verbales sexistas que, por proceder del DRAE, la comunidad hablante acepta e interioriza como si del Código Civil o Penal se tratara. Pero no es así, no es incuestionable. El hombre universal, el llamado genérico masculino, no es un concepto lingüístico, sino cultural, patriarcal, que subsume la categoría mujer en la categoría hombre quitándola sus rasgos específicos de ser humano-mujer. Y a esto hay que buscarle solución: las mujeres no pueden
construir su identidad si tienen que mirarse en el espejo de un varón; los varones se están construyendo mal porque solo se ven a ellos mismos en el universo. De ahí la propuesta, de evitar eso del masculino genérico y de desdoblar los nombres de acción en sus formas gramaticales femeninas y masculinas. Por supuesto que en una buena novela policiaca en cualquier momento puede aparecer una víctima que deberá llevar a la captura del asesino, lo marca la preceptiva del género, nada que objetar. Cada ámbito tiene sus reglas. Ahora las instancias, los impresos, los títulos académicos y otros muchos documentos no pueden ir redactados sólo con la forma masculina, como el solicitante, ni debo recibir cartas personalizadas con "estimado cliente Don Pilar Careaga" o hay que conseguir que el masculino invisibilice lo femenino o confunda: Los asturianos son simpáticos (¿sólo los varones o las mujeres también?; no desearás la mujer de tu prójimo (¿las mujeres pueden desear a la mujer o al marido de la prójima?). Y de toda la vida, las conferencias se han iniciado enfatizando y nombrando a los grupos y rangos presentes, acabando con el conocido… señoras y señores, cierto que en los conciertos de rock, se suele usar el ¡Hola Benicasinn! ¡quién no recuerda: Good morning, Vietnam! Son niveles lingüísticos diferentes. Estas guías dan pautas para redactar documentos, y buscan ejemplos difíciles; no están pensadas para escribir poesía. Puede que muchas recomendaciones no le gusten a la RAE, pero si respetan la estructura idiomática no pasa nada; eso sí, la comunidad hablante, que en definitiva es quien consagra los términos, rechazará aquello que le resulte complicado, innecesario y ajeno. Quizá algunas propuestas no sean muy felices, pero tampoco vale todo lo que diga la RAE –como los ejemplos de más arriba– y a veces aboga por soluciones contrarias a su propia gramática. Hay nombres que por su etimología desarrollan formas gramaticales dobles: geólogo/a, capitán/a, fontanero/a; otros marcan el femenino o el masculino con el artículo: el/la periodista, el/la policía, el/la estilista, el/la cantante, el/la yogui, el/la modelo, el/la soldado. Si esto se hubiese mantenido así desde hace cientos de años, habríamos interiorizado el sistema y no tendríamos ningún problema: sabemos que Monserrat Caballé es soprano, y Escribá de Balaguer, cura. Sin embargo, hay una tendencia popular en nuestra lengua a colocar aes finales en nombres que marcan el femenino con el artículo y que la RAE tiene sancionados desde hace mucho tiempo dependiente/a, presidente/a, practicante/a, asistente/a, aunque recientemente admite los usos de la arquitecto, la médico, la psicólogo, innecesarios y que confunden al hablante porque rompen la norma de construcción de femeninos y masculinos. Curiosamente el DRAE solo aboga por estos usos en titulaciones universitarias superiores -la cirujano, la biólogo, la ingeniero-, pero hay que aplicar la norma desdoblada en obrero/a, peluquero/, carnicero/a. No es gramática, es ideología. Un último ejemplo: Derecho de pernada, según el DRAE, es “ceremonia de algunos feudos, que consistía en poner el señor o su delegado una pierna sobre el lecho de sus vasallos el día que se casaban.” Leído así resulta un cuadro folclórico de fiestas patronales. Pero falta la segunda parte, que nos la da el Diccionario feminista de Victoria Sau: “...casaban, pudiendo así yacer la primera noche de bodas con la mujer de sus vasallos, apropiándose de la virginidad de la recién casada y obligándola al adulterio”. Diferente ¿no?
En el largo artículo de Bosque se reconoce la discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad, la existencia de comportamientos verbales sexistas, el hecho de que instituciones internacionales, nacionales y autonómicas han abogado por el uso de un lenguaje no sexista y que es necesario extender la igualdad social entre mujeres y hombres, aunque se afirma que el lenguaje no es el responsable último de estos hechos y que además hay cosas muy serias como las mujeres que mueren al año por “violencia doméstica” o las grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres. Sigue diciendo que aunque no hay discusión en nuestra sociedad sobre la discriminación, sí hay “discrepancia entre las mujeres acerca de cuáles son las medidas que la evitarían”. Como no nos ponemos de acuerdo por eso vamos mal. Las discriminaciones las padecen las mujeres pero incumben a toda la sociedad: mujeres y varones. Para acabar, una reflexión: siempre que el feminismo propone nuevas vías o estrategias, el sistema se las ingenia para dirigir la mirada hacia otros lugares. El no toca ahora ya está sabido. Incluso el “conseguiríais más si dejárais esas tonterías del todos y todas porque eso distrae y no oye vuestro mensaje, con lo importante que es”, que nos recuerda al zorro y al cuervo. Pero no vamos a graznar ni se nos va a caer el queso; el lenguaje está en nuestra agenda actual pues (sigue la maestra Marcela Lagarde): “incontables mujeres construimos desde hace por lo menos dos siglos nuestra identidad de género, marca de nuestra condición humana específica. Al dotar a la palabra mujer de una historia hasta ahora misóginamente silenciada e inferiorizada, la hemos resignificado y la hemos hecho imprescindible en todo discurso abarcador. Es evidente que la condición masculina resulta limitadísima y equívoca para representar y simbolizar a las mujeres”.
Margallo dice que mejor recortar en cooperación que en pensiones La Ayuda Oficial al Desarrollo española supuso en 2011 el 0,29% del PIB
Madrid Mariano Rajoy y José Manuel García-Margallo. / Paco Campos (EFE) El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha asegurado que "recortar en cooperación es una opción extremadamente dolorosa, pero la otra opción, a lo mejor, es recortar pensiones o cerrar ambulatorios". García-Margallo ha respondido así en su intervención en la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados al ser preguntado por el portavoz de PSOE, César Luena, sobre cómo van a afectar los recortes presupuestarios a su departamento. El ministro ha avanzado que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española cerró 2011 representando el 0,29% del Producto Interior Bruto (PIB). Luena ha criticado que el primer recorte de 1.000 millones de euros en el presupuesto de Exteriores se haya "imputado casi íntegramente a cooperación", lo que supone reducir la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "en un 50%" y ha confiado en que los Presupuestos Generales del Estado para 2012 "no sigan con recortes de esa magnitud". En respuesta, el portavoz del PP, Juan Carlos Grau, ha criticado que "hasta ahora, la prioridad ha sido la cantidad de dinero invertida dejando de lado conceptos como la calidad, eficacia, eficiencia, concentración e impacto". El ministro, que no ha querido aventurar cuál será el presupuesto destinado a este capítulo, ha subrayado en respuesta a la diputada de UpyD, Irene Lozano, que "cuando se presenten los presupuesto y sepa con cuánto contamos veremos cómo se invierte de la forma más eficiente". Lo que sí está claro es que la nueva Ayuda Oficial al Desarrollo deberá llevarse a cabo con criterios de "gestión y transparencia, eficacia y eficiencia, y una estricta rendición de cuentas", ha dicho.
Además, ha detallado que la política de cooperación tendrá como ejes fundamentales la buena gobernanza, la lucha contra el hambre, la atención a servicios sociales básicos y "aquellas acciones que permitan una mayor aportación privada", ha detallado. En cuanto a la concentración geográfica, el ministro ha apuntado que España "se va a volcar" con Iberoamérica, por "intereses históricos, culturales y de afinidad casi familiar"; el norte de África, especialmente en los países "en transición democrática", y el África Subsahariana occidental y el Cuerno de África, dos zonas en las que hay verdaderos problemas de hambre, mortalidad infantil y vulnerabilidad. García-Margallo también se ha declarado "absolutamente partidario" de la participación privada en materia de cooperación y de la coordinación entre todos los actores -Gobierno central, Comunidades autónomas y Ayuntamientos- para evitar "la dispersión". Preguntado por la labor de las Fuerzas Armadas, el ministro ha explicado que en muchas ocasiones el Ejército "llega donde no pueden ir otros" y que su trabajo "tiene un valor esencial" a efectos de imagen exterior de España, por lo que seguirán haciendo labor humanitaria.
La Ley contra la Violencia de Género divide al Senado en Estados Unidos La reforma de la norma amplía la protección a gays y lesbianas y los inmigrantes sin papeles
Eva Sáiz Washington16 MAR 2012 - 01:13 CET5
La senadora demócrata, Barbara Mikulski, en el Senado de EE UU. / MARK WILSON (AFP) La reforma de la Ley contra la Violencia de Género podría convertirse en las próximas semanas en una nueva arma arrojadiza entre el partido demócrata y republicano. Para evitarlo, todas las senadoras demócratas han acudido esta mañana a la Cámara alta para defender la necesidad de un apoyo general a la nueva redacción de la ley –sostienen que la violencia de género debe situarse por encima de la lucha de partidos- y que no se demore su aprobación.
El partido republicano considera que estas novedades constituyen una puerta abierta a la inmigración ilegal La reforma amplía la cobertura de la protección a gays y lesbianas y a los inmigrantes sin papeles y, por primera vez, permite que los indios y los americanos nativos de Alaska puedan procesar por violencia de género a cualquier agresor, pertenezca o no a su misma tribu. También contempla un aumento de visados -de 10.000 a 15.000- para las mujeres que huyen de sus países denunciando lesiones y abusos sexuales. El partido republicano considera que estas novedades constituyen una puerta abierta a la inmigración ilegal y que se corre el riesgo de distorsionar el propósito de la ley al ampliar el ámbito de protección a otros colectivos. El partido demócrata ve en este rechazo un ejemplo más de la insensibilidad de los republicanos hacia las mujeres, que llega cuando todavía no se ha enfriado el debate sobre la política anticonceptiva de Barack Obama y coincide con la aprobación en Estados de leyes conservadoras que buscan restringir el acceso al aborto. Esta mañana, Dianne Feinstein, senadora demócrata por California y miembro del Comité Jurídico, compartía esa teoría en el Senado. Tras hacer hincapié en el hecho de que “la violencia doméstica es violencia doméstica no importa quien la sufra”, Feinstein ha mostrado su temor a que esa medida “forme parte de una tendencia a recortar los derechos por los que han luchado las mujeres”.
En EE UU, cada año 2,3 millones de personas son violadas o acosadas físicamente por un pariente cercano La Ley contra la Violencia de Género en Estados Unidos siempre ha contado con el apoyo unánime del partido demócrata y republicano desde su aprobación en 1994, bajo el mandato de Bill Clinton, y en las sucesivas renovaciones en 2000 y 2005. Una pauta que tiene los visos de no repetirse este año. El mes pasado, todos los miembros republicanos del Comité Jurídico del Senado votaron en contra de la reforma de la norma -los votos demócratas (10 contra 8), no obstante, fueron suficientes para lograr la autorización del nuevo texto-. Es la primera vez que la Ley contra la Violencia de Género no tiene la aprobación del partido republicano pese a que su redacción fuera avalada por 36 senadores, seis de ellos conservadores. Algunos senadores republicanos se sienten en una posición incómoda conscientes de que con su oposición corren el riesgo de ser percibidos como una formación “antimujeres”. Es el caso de Lisa Murkowski, senadora por Alaska y la única representante del partido republicano que ha intervenido hoy en la Cámara alta. Murkowski, una de las redactoras de la nueva ley, ha defendido su contenido apelando a los datos: “En EE UU, cada año 2,3 millones de personas son violadas o acosadas físicamente por un pariente cercano, una cifra que es 2,6 veces más alta en Alaska”. Aunque también ha pedido que se tengan en cuenta las objeciones republicanas para lograr un apoyo similar al de las anteriores reformas. Mientras se decide cuándo se votará la norma -los demócratas quieren que sea a finales de este mes-, los líderes de los nativo-americanos están buscando a los dos senadores que hacen falta para que la norma salga adelante. De momento hay 58 a favor.