20 ONG denuncian a España ante la ONU por el recorte de derechos Aseguran que las medidas de austeridad derogan garantías legales de los derechos sociales
El País Madrid7 MAY 2012 - 16:30 CET1 Una veintena de ONG han presentado hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se asegura que los derechos humanos se encuentran gravemente amenazados en España por las políticas de recorte adoptadas en respuesta a la crisis económica, además de alertar sobre la posible vulneración de compromisos internacionales. Las ONG apuntan recomendaciones concretas orientadas a superar la actual situación de crisis respetando estos compromisos. El Comité DESC, integrado por 19 expertos independientes, está evaluando a España para ver si cumple con los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. En su examen, el organismo analizará el informe de rendición de cuentas remitido por el Gobierno y estos dos alternativos presentados por las ONG, uno elaborado por Amnistía Internacional y el otro consensuado por una coalición de 19 organizaciones, como la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG de desarrollo y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales.
Las organizaciones destacan el deterioro en las condiciones de vida de la población" El informe elaborado por la coalición de ONG denuncia que el Estado español no está protegiendo los derechos sociales. Según el documento, las medidas de austeridad fiscal "no solo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales". Las organizaciones destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%". Además, recuerdan el compromiso internacional de los estados de evitar los desalojos forzosos y, "en caso de que sea ineludible, la obligación de los poderes públicos de garantizar un realojo adecuado". En el mismo sentido se pronuncia Amnistía Internacional en su informe, en el que, además, "ve con preocupación" los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud". Así, recomienda al Ejecutivo que evalúe de forma "transparente" los efectos de los recortes en el disfrute del derecho a la salud, al tiempo que le pide que garantice que la Ley General de la Salud Pública se aplica "plenamente" en todas las comunidades autónomas. Respecto a la violencia machista, la organización asegura que desde que comenzó la crisis económica, y especialmente en 2011, "determinadas" comunidades autónomas han limitado "considerablemente" la financiación de los centros de mujer, los centros de urgencia residenciales y los refugios.
Por ello, insta al Gobierno a que las leyes que protegen a las v铆ctimas se apliquen "plenamente" y que la crisis econ贸mica no menoscabe ni esa garant铆a ni la disponibilidad de alojamiento seguro, rehabilitaci贸n y otros servicios vitales.
Derechos sociales; el otro déficit El Estado debe rendir cuentas a los mercados, pero también a la ciudadanía. Un pacto internacional suscrito en 1977 obliga a España a respetar derechos esenciales de la población como la sanidad y la educación
Gaby Oré Aguilar 7 MAY 2012 - 00:08 CET
RAQUEL MARÍN Recientemente se ha debatido en el Congreso de los Diputados las enmiendas al presupuesto para el año 2012, calificado como el más restrictivo de la historia de la democracia española. A los 27.300 millones de euros de reducción en gasto público, se sumó una semana después, un recorte de 10.000 millones en salud y educación. El 83% de la reducción del presupuesto corresponde al gasto público directo, la mayoría en áreas sensibles de la política social. Estos recortes castigarán más duramente a las mujeres de bajos recursos, a los jóvenes y a la población inmigrante. Su impacto se sentirá más allá de nuestras fronteras debido al recorte dramático en cooperación al desarrollo, que se reduce en un 72%. En forma y en fondo, estas medidas se han adoptado de espaldas a los sectores sociales, a la creciente realidad de indefensión económica de las familias, y sobre todo, a las obligaciones que en materia de derechos humanos debe observar el Gobierno español. Sin embargo, ni el recorte sin precedentes del gasto social para lograr una reducción acelerada del déficit, ni los débiles anuncios de mayor recaudación vía impuestos incluida la cuestionada
amnistía fiscal, han servido para satisfacer las expectativas de Bruselas o las de los especuladores de la deuda. El creciente escepticismo de estos respecto a las cuentas públicas, unido al daño que las medidas de austeridad causarán en la economía doméstica, amenazan con profundizar la crisis económica. Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿Puede el Estado adoptar medidas de respuesta a la crisis ignorando los derechos sociales? ¿A quién rinde cuentas el Estado en última instancia, a los mercados o a la ciudadanía? En definitiva, es necesario analizar, más allá de la eficacia de las cuentas, si es legítimo que el gobierno, en su afán de cerrar el déficit presupuestario, profundice el déficit en materia de derechos sociales.
España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que exija mayor carga fiscal a quiene más tienen España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que haga recaer el peso de la carga fiscal sobre quienes más tienen, las llamadas grandes fortunas o rentas de capital. Las medidas para aumentar la recaudación anunciadas por el Gobierno son tímidas e insuficientes. Estas no apuntan al objetivo de sentar las bases de una política fiscal progresiva. De este modo, si el Estado español no amplia su base de recaudación y no corrige el impacto discriminatorio de su actual modelo fiscal, seguirán siendo los sectores de la población más afectados por los recortes los que más obligados seguirán estando a contribuir al erario público. El desequilibrio entre los esfuerzos (mínimos) por aumentar la recaudación y las medidas de austeridad (desproporcionadamente duros) marcan una tendencia regresiva en materia de derechos sociales. Según la última Encuesta de Condiciones Vida del año 2011, en España, el 22% de los hogares vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de pobreza creció en más de dos puntos entre 2009 a 2011. A finales del año pasado, 580.000 hogares en España no recibían ingresos ni del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social; es decir, se encontraban en extrema pobreza. El aumento de la desigualdad también es palpable. La diferencia porcentual entre las rentas más altas con respecto a las más bajas pasó de 6 a 7 puntos en solo un año entre 2009 y el ejercicio siguiente. Además del impacto directo de las medidas de austeridad, la regresividad se hace evidente en la falta de un esfuerzo diligente del Estado para contrarrestar el retroceso en derechos que evidencian estos y otros indicadores sociales en los últimos años.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga defender los estándares básicos de la población Ahora bien, el Gobierno no ha explicado las razones ni los criterios utilizados para recortar más en un sector que en otro, ni proporciona elementos que permitan entender por qué se recorta cuatro veces más en cooperación al desarrollo internacional que en Defensa, o por qué se elimina la ayuda para implementar la Ley de Dependencia para las comunidades, por qué elimina el fondo de promoción del empleo, y en general, no da cuenta de los elementos que permitan entender el grado de razonabilidad e idoneidad de estas decisiones tal como lo exigen las norma internacionales de derechos humanos. Tampoco ha tenido en cuenta el Estado los derechos económicos y sociales contenidos en la Constitución como principios rectores de la política pública, según lo ordena este mismo instrumento. Más aún, no ha generado los mecanismos de participación y escrutinio por parte de la sociedad civil para opinar e influir en estas medidas.
La participación de la ciudadanía en las decisiones que le afectan no es una facultad optativa de los gobiernos; es un derecho fundamental e inalienable que da significado y contenido a la democracia. El Gobierno español debe rendir cuentas en el plano político pero también en función de las obligaciones que se derivan de firmar tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de Naciones Unidas para canalizar y articular sus reclamos o alternativas. España ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1977 y, en consecuencia, el Estado está obligado a seguir las reglas y estándares que se desprenden de este tratado. Precisamente esta tarde y mañana 8 de mayo en Ginebra, donde se encuentra la sede del comité que supervisa ese Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones, España será interrogada por este grupo de expertos sobre la situación actual de estos derechos en este país. El Gobierno y la sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante este comité sobre distintos ámbitos de preocupación en materia de estos derechos y el Estado español deberá asumir compromisos para implementar medidas correctoras en respuesta a las recomendaciones que emanarán de este comité. Con este fin, una coalición de 19 organizaciones ha presentado un informe conjunto proveyendo a los expertos de información alternativa a la presentada por el Gobierno. Este informe pone en evidencia la preocupante situación de desigualdad, discriminación y déficits en los distintos derechos protegidos por el PIDESC. De acuerdo a los parámetros establecidos por el PIDESC, el comité tendrá la oportunidad de interrogar al Estado español si utilizó “el máximo de los recursos” de que dispone para lograr el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales de la población; si realizó un esfuerzo cuidadoso y serio de evaluación de los recursos de que dispone así como de otras alternativas de generar y utilizar otros recursos. Las organizaciones de la sociedad civil le han pedido al comité que evalúe si el Estado actuó con la diligencia antes y durante el proceso de diseñar, implementar o supervisar las medidas de austeridad incluidos los recortes del gasto social; si dispuso de medidas destinadas a disminuir o contrarrestar el impacto de dichas medidas sobre la población más vulnerable y si se cuidó de manera prioritaria de respetar y asegurar la disponibilidad de los contenidos mínimos esenciales de derechos como la educación, salud, vivienda y otros establecidos por el pacto. El Estado español puede aprovechar esta oportunidad para explicar y, por qué no, enmendar los excesos y errores de sus políticas de austeridad. Lo que el Ejecutivo no puede hacer es seguir subordinando los derechos sociales a las exigencias del mercado, aceptando a pie juntillas las condiciones de Bruselas mientras ignora sus obligaciones en materia de derechos humanos y las exigencias de la sociedad civil. Tampoco debe olvidar que la obligación de rendir cuentas a Ginebra emana del consenso de las naciones que en un momento de la historia decidieron que todos los derechos y libertades de las personas merecen la protección de la comunidad internacional. Es, por lo tanto, una obligación tan legítima como la que tiene frente a Bruselas. Gaby Oré Aguilar es directora de Programas, Center for Economic and Social Rights
ONG ESPAÑOLAS DENUNCIAN ANTE NACIONES UNIDAS LOS RECORTES DE DERECHOS SOCIALES Por: FEAFES el 07/05/12 17:12 ONG de derechos humanos presentan hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se alerta sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentaron informes ante los miembros del mencionado Comité. En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años. Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.
Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados. Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo”. Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada”. Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social”. Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos. Preocupaciones de las ONG Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para envitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección. Frente a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional. En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso. En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en caso de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida. Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de cinco millones y medio de personas. Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes. Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos básicos de asistencia a mujeres afectadas porla violencia. En ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas de reducción del gasto público. Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, la vivienda. Una discriminación que, según la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, “las víctimas carecen de información sobre las vías para obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia”; por otro, “no existe una política sistemática de recolección y seguimiento de datos sobre discriminación, a pesar de la importancia fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminación”. Las organizaciones han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.
Sanidad derivará a los inmigrantes sin papeles a ONG La ministra, Ana Mato, afirma que así no quedarán sin cobertura Las organizaciones denuncian que se cree un circuito de beneficencia
Emilio de Benito Madrid9 MAY 2012 - 18:42 CET
Protesta en Zaragoza de organizaciones que atienden a personas con VIH por el recorte de fondos para la lucha contra el virus. / MEDIOSYSIDA Después de la alarma creada, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha esbozado, por fin, su respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular: la beneficencia. O, en lenguaje políticamente correcto, “convenios con ONG”. Esa es la solución que plantearon el miércoles Mato y el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, al preguntarles qué iba a pasar con las personas que, después de los recortes sanitarios, quedarán sin acceso al sistema (salvo las urgencias). “Van a seguir siendo atendidos”, insistió Mato en una entrevista en Radio Nacional. En concreto, la ministra se refirió a enfermos muy graves: aquellos inmigrantes en situación irregular “infectados por el VIH o enfermos de cáncer” tendrán la asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población”, dijo. No dijo qué pasará con otras patologías menos graves, aunque se supone que la idea es la misma. “La sanidad está garantizada porque somos titulares de ese derecho, el real decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley General de Sanidad sigue vigente al 100 por 100”, añadió Mato, aunque obvió que la ley habla de derecho universal, y el decreto se basa en la idea de aseguramiento. Eso “está previsto en el marco del desarrollo reglamentario”. “Todas las
comunidades tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria”, dijo. Mato y Echániz coincidieron en lo que dijeron. Y también en lo que no aclararon. Porque la atención así a estos colectivos tiene problemas para los que ni fuentes del PP ni portavoces de Sanidad dan respuesta. El primero, que si hay que dar fondos a las ONG para atender a los inmigrantes, los posibles recortes de la medida se pierden. El segundo es que no es que un servicio sanitario no es solo dinero. Un caso claro podría ser el de los tratamientos contra el VIH, que solo se dispensan en España en centros hospitalarios. Un tratamiento de primera línea (el que se da al principio de la infección) tiene un precio de venta al público de unos 8.000 euros anuales. Pero aunque el afectado pudiera pagarlo, su categoría de medicamento de uso hospitalario impide que pueda comprarse en una farmacia convencional. Y estos tratamientos deben tomarse durante toda la vida, y, además, la tendencia es darlos cada vez antes, no solo porque benefician al afectado, sino porque es la mejor prevención. Algunos tratamientos oncológicos tienen la misma consideración, y suponen el mismo problema. Para conseguir que los afectados siguieran recibiendo la medicación, habría que arbitrar un método para que las personas sin tarjeta pudieran acudir a la farmacia hospitalaria. O darlos fuera. Y esto nunca se ha conseguido. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Sanitario de Sandoval, de titularidad municipal, no lo ha logrado. Aunque atiende a una población que entra de pleno en la categoría de excluidos, ya que no se pide ningún tipo de papel. Pero, como dice el médico Jorge del Romero, del centro, una de sus limitaciones ha sido siempre que, cuando los pacientes empeoran y necesitan medicación, tienen que derivarlos a hospitales públicos, ya que ni siquiera a ellos, especializados en enfermedades de transmisión sexual, les está permitido dispensar los antivirales. Pero el anuncio de Ana Mato tiene otra vertiente, que podría calificarse de irónica si no fuera dramática. Siempre siguiendo con la infección por VIH, que se puede tomar como ejemplo de lo que sucede en general y cuya relevancia hace que el propio ministerio tenga un Plan Nacional al respecto (lo que no sucede con ninguna otra patología), llega justo al día siguiente de que Seisida, la mayor organización sociosanitaria de afectados por este virus, que agrupa tanto a personal sanitario como a ONG, denunciara los recortes que van a dejar sin seguimiento y atención (en campos que no incluyen la medicación) a muchos afectados. Esta mañana la protesta fue llevada a la calle por más de 300 ONG —teóricamente, las que deberían prestar ese servicio—. Estas creen que los recortes en el presupuesto del Plan Nacional o el hecho de que este no tenga titular desde que llegó Mato, son prueba de la falta de interñés del ministerio, que ahora acude a ellos. “Desde luego, el anuncio de Mato es sorprendente, sobre todo cuando desde que está en el ministerio no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones”, afirma Santiago Redondo, responsable de Salud de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, una de las organizaciones cuyos asociados serían candidatos a dar este tipo de tratamientos. Por eso, para Redondo, el anuncio de Mato es “un brindis al sol para lavarse la cara ante las críticas”. Una organización especializada en atender a población excluida, como Médicos del Mundo, también manifiesta su sorpresa. “No nos han dicho nada”. Y plantea muchas dudas acerca de los posibles convenios. “¿A qué atención sanitaria se refieren?”, dice su director, Álvaro González, quien es, además, médico. “Porque una cosa es dar información, pero dar tratamientos o hacer seguimiento es inviable”, afirma.
Además, “esto plantea dos servicios paralelos; uno público, con una calidad estándar para los españoles, y otro de pura beneficencia, con inseguridades, para los demás. Y eso no asegura el seguimiento, no que sea universal, no que se pueda dar una cobertura en equidad”, añade González. “Y nosotros estamos conceptualmente en contra de esto”. Redondo coincide en la discrepancia entre lo que se les propone y su línea de trabajo. “Hoy por hoy no tenemos capacidad para dar una atención integral. Y, además, tendríamos que hacer una reflexión sobre si queremos participar en un sistema paralelo. Siempre hemos trabajado para incluir a la población atendida en la red sanitaria pública, no para mantener su exclusión”, afirma. Y, aun así, queda la duda de la capacidad práctica. “En temas como el VIH no se puede hacer una atención integral sin medicación. Y, además, hay dudas legales. Cuando ni siquiera las farmacias convencionales pueden dar la medicación, ¿van a dársela a una ONG para que la distribuya?”, se pregunta.
Recortes sin afectar a la igualdad Griñán y los rectores de las universidades andaluzas se conjuran contra el impacto de los recortes en las instituciones académicas
El País Málaga10 MAY 2012 - 20:46 CET1
Griñán, entre el consejero Antonio Ávila y la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle. / Daniel Pérez (EFE) El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se reunió ayer en Málaga durante dos horas con los rectores de casi todas las universidades andaluzas, para conjurarse contra el impacto de los recortes y garantizar la igualdad de oportunidades en la institución académica. Universidades y gobierno autónomo estudiarán conjuntamente el decreto ley del Gobierno del pasado 20 de abril que impone un tijeretazo en los recursos educativos “para ver de qué manera se puede hacer más eficiente” el gasto. Se trata, afirmó Griñán a la salida del encuentro, de “mejorar la eficiencia sin deteriorar la calidad de la universidad ni la igualdad de oportunidades”. “No tiene sentido una subida fuerte de tasas para alumnos que tienen becas y que, sin embargo, haya personas que por tener recursos económicos puedan tardar 25 años en estudiar una carrera”, afirmó Griñán. “Estamos en un momento en que todos deberíamos ser extremadamente cuidadosos con el lenguaje, y si hay que reformar y mejorar la universidad no es preciso ofender a las universidades y deteriorar la credibilidad y la confianza en el mundo universitario”, advirtió el recién nombrado presidente autonómico en su primera visita a Málaga tras tomar posesión. Griñán destacó que en Andalucía “el diálogo no se ha interrumpido nunca con las universidades” y que ha habido “un plan de financiación muy positivo, no sólo en infraestructuras físicas, sino también en la adaptación de la universidad a la realidad cambiante de los planes de estudios y de la situación socioeconómica”. Es raro el discurso de Griñán en el que no hace hincapié en la importancia de la educación. A su juicio, las universidades públicas andaluzas han supuesto “un enorme revulsivo”. El presidente autonómico recordó que una tercera parte de la población activa tiene titulación superior y se ha “multiplicado” el número de estudiantes de fuera que estudian en Andalucía.
La obra social de las siete cajas de Bankia se queda en el aire Las pérdidas de la matriz BFA impiden entregar dinero a sus accionistas Las cajas, condenadas a perder peso en el grupo
Miguel Jiménez / Amanda Mars Madrid11 MAY 2012 - 00:01 CET
Fachada de la Casa Encendida (Madrid). / LUIS SEVILLANO Los problemas financieros de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el grupo de Bankia, tendrán como secuela la falta de fondos para aportar a la obra social de las siete cajas de ahorros que fundaron el grupo. Las cuentas registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores muestran que BFA, como sociedad individual, tuvo pérdidas de 439,3 millones de euros en 2011. Eso ha imposibilitado a BFA repartir dividendos a las siete cajas de ahorros que forman parte de su accionariado y que estas, a su vez, necesitarían para realizar aportaciones a la obra social. La obra social ha sido uno de los factores más distintivos de las cajas de ahorros dentro del sistema financiero español. Las entidades destinaban a ella una parte de sus beneficios. Pero con la llegada de la crisis, las pérdidas sufridas por algunas entidades, el traspaso a bancos de su negocio financiero y la nacionalización de algunas de estas cajas bancarizadas están amenazando la financiación de la obra social de las cajas de ahorros. En el caso de algunas de las rescatadas y luego subastadas, los bancos compradores se han comprometido a mantenerla en parte, como ocurre con el Sabadell y la CAM o el BBVA y Unnim.
Gorigolzarri promete mantener una parte de la labor humanitaria En el caso de BFA, la matriz de Bankia, siete cajas aportaron su negocio financiero a la nueva entidad a cambio de una participación en el nuevo grupo. Se suponía que con la nueva estructura,
las cajas, que quedaban como accionistas de BFA, recibirían dividendos de esta entidad para destinar a su vez el dinero a dotaciones a la obra social. Al no tener BFA ni beneficios ni dividendos, no habrá fondos generados por el negocio financiero que destinar a obra social. Además, esa situación se perpetuará con la nacionalización. Al perder las siete cajas o ver reducida a su mínima expresión su participación en BFA, ya tampoco recibirán dividendos (o solo de una cuantía ínfima) en el futuro, incluso suponiendo que la entidad enderece su rumbo y vuelva a ser rentable.
Vuelta al discurso asistencial La transformación de la obra social de las cajas de ahorros explica bien el desarrollo de España. El crecimiento económico, la universalización de la sanidad y la extensión del Estado de bienestar permitieron a las entidades centrar dar más peso en su labor a actividades culturales, de investigación y de medioambiente. Lo explica Victorio Valle, exdirector de Funcas (la fundación de análisis de las cajas de ahorros), en el informe El dividendo social de las cajas que (Papeles de economía, 100, 2004) que analiza el periodo 1992-2002. Con el estallido de la crisis, las necesidades de la sociedad española han cambiado y las labores altruistas de las entidades también se han esforzado en trasladar un giro para dedicar más recursos en el carácter asistencial. Caja Madrid advierte en su informe anual de 2010 de las “nuevas demandas sociales derivadas de la adversa situación económica” y por eso explica que “a lo largo del año se ha dedicado especial atención a la integración social de los colectivos más vulnerables”. La caja madrileña, con 110 centros propios y 35 de gestión cedida, tiene programas para la tercera edad, personas en riesgo de exclusión social y educación, entre otros. La Obra Social de Bancaja, con casi un centenar de centros, abarca cultura, desarrollo social y jóvenes. “Ahora estamos priorizando más lo social y los jóvenes, aunque no descuidamos la cultural”, explican también fuentes de la caja. Las cajas, sin embargo, cuentan con un remanente de anteriores ejercicios, con lo que la falta de nuevos fondos no supondrá un cese inmediato de esas actividades asistenciales, culturales y sociales. Pero todo queda en el aire. Por ejemplo, la Casa Encendida, uno de los principales símbolos de la Obra Social de Caja Madrid en el área cultural, es propiedad de la entidad financiera. Pero el presupuesto con el que contará de ahora en adelante para financiar su actividad es incierto. Y eso es lo que ocurre con toda la obra social de las cajas de Bankia: su esquema está por definir. El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, avanzó el miércoles por la noche, en la reunión del Consejo de Administración en la que asumió el cargo, que buscará la fórmula de seguir manteniendo al menos una parte de la obra social de las cajas de ahorros, especialmente las vinculadas a servicios que se prestan a sus clientes. De momento, las siete cajas que se integraron en Bankia tienen un colchón de ahorros o remanentes para tres años, según fuentes financieras. Y es que los años de vacas gordas en los beneficios de las cajas sirvieron para lograr jugosas dotaciones. En el caso de Caja Madrid, el récord se logró con los 252 millones a cargo del ejercicio de 2007, y en el de Bancaja, con los 83 millones a cargo del mismo año. La obra social también cuenta con activos en propiedad, como los inmuebles, o los ingresos procedentes de los colegios concertados o montes de piedad. Pero la carestía de recursos ya se ha notado en el último ejercicio. Las dotaciones bajaron desde ese dorado 2007, especialmente el año pasado, y para este año han desaparecido. La Obra Social de Caja Madrid no ha contado con dotación de los resultados de BFA este 2012, así que el presupuesto para sus actividades este año, unos 53 millones de euros (un 33% menos), procede
únicamente de los ingresos por su actividad (18 millones de euros) y 31 millones del fondo de reserva, es decir, de los ahorros, según explican fuentes de la entidad de ahorro. La entidad ha tenido que cerrar o traspasar Ayuntamientos, centros de día para mayores y bibliotecas, en algunos casos para evitar duplicidades, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Pero también prepara el cese de la bibliotecas como la de Madrid o Santiago de Compostela. Gecesa, la empresa al 100% a través de la que Caja Madrid gestiona los centros de la Obra Social, reducirá un centenar de puestos de trabajo. La compañía firmó el pasado lunes un acuerdo con el comité de empresa sobre un expediente de regulación de empleo (ERE), según las mismas fuentes. El pacto ofrece prejubilaciones a los trabajadores de a partir de 55 años, excluye a los que tiene más de 50 de los despidos y para el resto abre un periodo de bajas incentivadas con las indemnizaciones previas a la reforma laboral, es decir, de 45 días por año trabajado. En el caso de la segunda gran caja del grupo, Bancaja, el presupuesto ha quedado para 2012 en 28,3 millones, un 22%. La entidad tampoco tiene noticia de cuál será el futuro de la actividad a medio plazo. “Sin dinero para la obra social, todo el mundo asociativo se paralizará y los bancos no cubrirán todo lo que se hace aquí, ellos no tienen la obligación”, se lamentaba el empleado de una de las fundaciones de Bankia.
De Sorolla a la Casa Encendida “Proyecto Generaciones, Generación 2013”. Es uno de los proyectos del ámbito cultural de Caja Madrid y selecciona 10 trabajos artísticos de jóvenes con una dotación de 12.000 euros, según las bases de este año. Los elegidos se expondrán en La Casa Encendida, seguramente el centro cultural más popular de la entidad madrileña. En 2010, por ejemplo, su programación de conferencias, muestras y concierto atrajo a 734.864 personas. Además de la acción social y la cultural, la obra de Caja Madrid también incluye la educación (con becas y centros de estudios) y el medio ambiente. En Barcelona, es Espai Cultural el centro en el que la entidad realiza sus actividades culturales. En el caso de Bancaja, entre el patrimonio cultural de la entidad destaca una buena colección de obras de Joaquín Sorolla. La caja valenciana, además, llevó a cabo una exposición de relumbrón en 2009, Sorolla: Visión de España, con obra de la Hispanic Society of America y la colaboración del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). La entidad valenciana también saca pecho por su trabajo recuperación y difusión de la obra gráfica de Picasso, que ha recibido un premio. Los programas de formación y ayuda a los emprendedores y las becas de estudios internacionales son los principales programas
Progresismo en la “matriz roja” La socialdemocracia debería aspirar a generar el Estado de las Oportunidades
Antonio Estella 12 MAY 2012 - 00:04 CET La “matriz roja” es un modelo que intenta explicar el declive de la socialdemocracia en España y en Europa. Indica, consecuentemente, una senda cuyo tránsito permitiría la recuperación. El modelo es muy simple. Parte de la base de que hay tres variables fundamentales que explican el declinar de la socialdemocracia en el siglo XXI. Empleo el ejemplo español porque es el que tengo más a mano, pero obviamente la “matriz roja” podría aplicarse a muchos otros partidos socialistas en Europa. Las tres variables a las que me refiero son las siguientes: modernidad, progresismo e internacionalismo. Y la explicación, como había prometido, es también aproximadamente sencilla: la posición que la socialdemocracia ocupe en cada momento del ciclo político depende directamente de esos tres factores. Por tanto, cuanto más moderno, progresista e internacionalista es un partido socialdemócrata, más altas son sus posibilidades de ganar elecciones y por tanto de gobernar. Y al revés, cuando el partido es percibido como poco moderno, progresista e internacionalista, peor para sus perspectivas de futuro. La relación es pues lineal y directa. Lo primero que tenemos que decir es que la variable de la modernidad es, a primera vista, bastante elusiva. Desde mi punto de vista, el conceder o no la etiqueta de “moderno” a un partido político tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo, con la capacidad de generar equipos solventes. La gente tiene que percibir que los políticos que forman parte de un partido socialdemócrata están, al menos, tan bien preparados como ellos, si no mejor. Pues bien, existen muchas indicaciones que permiten pensar que los ciudadanos españoles no conceden al PSOE esa característica en el momento actual. Por ejemplo, en la encuesta pre-electoral de Octubre de 2011, realizada por el CIS, se preguntaba qué partido político estaba más capacitado para gestionar una serie de áreas de intervención pública, 15 en total. El resultado fue que la gente pensaba que el PP estaba más capacitado para gestionar 11 de esos 15 ámbitos. Entre ellos, por supuesto, la economía: el 41% de la gente pensaba que el PP estaba mejor preparado, mientras que solamente el 15% pensaba que lo estaba el PSOE. No siempre ha sido así. Ha habido épocas, por ejemplo en 1993 o en 2008, en las que la gente entendía que era el PSOE el que estaba más capacitado pa<CP8.8><CS8.8><CL10.5>ra gestionar las políticas públicas, en particular la economía. La tesis sería pues la siguiente: mientras el PSOE no sea capaz de darle la vuelta a esta percepción, seguirá perdiendo una parte muy importante de su reputación como partido de gobierno.
Hay que trazar una agenda más específica para la UE, que tenga un papel activador más claro La siguiente variable que incluye la “matriz roja” es el progresismo. Parece una variable contraintuitiva: ¿la socialdemocracia, poco progresista? Pues sí, puede ocurrir. Y puede ocurrir incluso que se le conceda a la derecha, en determinadas circunstancias, esta etiqueta, antes que a la izquierda. Porque, ¿qué es ser progresista? De nuevo, estamos ante un concepto elusivo, difícil de medir. Hasta ahora, la izquierda socialdemócrata ha identificado progresismo con igualdad. Y ello le ha permitido, efectivamente, ser vista como un partido, o un movimiento, sumamente progresista. Pero puede que haya llegado el momento en el que la igualdad no sea un elemento suficiente como para seguir manteniendo esa etiqueta. Sobre todo cuando la insistencia en la
igualdad nos puede llevar, más que al progresismo, a la sensación justamente opuesta: la de conservadurismo. Ello conecta directamente con el Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar ha sido la herramienta que ha inventado sobre todo la socialdemocracia para hacer más iguales a las sociedades. ¿Cuál es el problema? El problema se llama globalización. Y con la globalización será difícil mantener el Estado del bienestar tal y como lo conocemos. A pesar de ello, el acento del discurso socialdemócrata actual está puesto en su protección, su mantenimiento. Por ejemplo, en el último programa electoral del PSOE, se empleó el término “Estado del Bienestar” en 14 ocasiones. Todas ellas, asociadas a palabras como “proteger” “preservar” o “salvaguardar”, salvo en una, en la que se mencionaba de manera casi circunstancial la reforma del Estado del Bienestar. Sin quererlo, con la globalización, nos hemos metido en un discurso no sé si conservador, pero al menos sí “conservacionista”. Y ese discurso de la conservación casa mal con la idea de progreso, con la idea de transformación, incluso aunque le demos un matiz igualitario. El problema, desde mi punto de vista, ha estado en centrarse tanto en la igualdad en su vertiente más pasiva, olvidando la igualdad en su vertiente más activa, en su vertiente de generación de oportunidades. Por decirlo de manera muy breve: la socialdemocracia tendría que ser capaz de pasar del Estado del Bienestar al Estado de las Oportunidades. Ello podría reconciliarla con la idea más general de progresismo. Por último, el internacionalismo. Por volver los ojos hacia el PSOE (aunque insisto, la “matriz roja” puede ser de aplicación general), es evidente que este partido tuvo un día esta etiqueta que retuvo, además, durante mucho tiempo. Cuando llegó al poder en 1982, el PSOE tenía diseñada una agenda internacional clara, la incorporación a la Unión Europea. Y una vez que nos incorporamos, la agenda se transformó en alcanzar al resto de Europa. Hoy en día, en pleno siglo XXI, una vez en Europa y una vez hemos alcanzado al resto de Europa, pareciera como si la agenda internacionalista de la socialdemocracia española hubiera quedado vacía de contenido. El problema se complica, una vez más, con la globalización. Y es que si la socialdemocracia no tiene respuestas para la globalización en el ámbito interno, todavía las tiene menos en el ámbito internacional. Hay incluso tentaciones involucionistas —afortunadamente no dentro de la socialdemocracia española— puesto que en algunos lugares se empieza a coquetear con una retórica anti-globalización. Desde luego ese no es el camino. El camino para la socialdemocracia está en desarrollar mucho más ampliamente un discurso favorable a la gobernanza internacional en el que sobre todo la Unión Europea tenga un papel central en ella. Eso implica que hay que trazar una agenda mucho más específica para la UE, en la que esta organización haga menos, pero lo que haga tenga un perfil activador mucho más claro. E implica, en segundo lugar, dejar a un lado el discurso sobre la democratización de la UE. Sobre todo porque el problema no está ahí: el problema está, ahora mismo, en la capacidad de la UE de hacer, más que en su capacidad de decidir cómo se hacen las cosas. Antonio Estella es profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Las mujeres y las empresas, primero Los planes de empleo deben fomentar el empleo femenino y favorecer la puesta en marcha de nuevos tipos de propiedad, de actividades y de fuentes de ingresos
Lina Gálvez Muñoz y Juan Torres López 13 MAY 2012 - 18:35 CET En su discurso de investidura, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, señaló que la lucha contra el desempleo será un eje central de su nuevo Gobierno y anunció la puesta en marcha de planes urgentes basados en tres ejes: un plan de choque contra el desempleo de jóvenes y desempleados de larga duración, que incorporará un programa en materia forestal, un programa de apoyo al empleo en la rehabilitación de viviendas y la realización de obras en colegios públicos. Valoramos que luchar contra esta lacra sea una preocupación del nuevo Gobierno. Pero como tenemos la seguridad de que esos planes deberán ser concretados y matizados por el nuevo Ejecutivo nos permitimos realizar dos modestas consideraciones. La primera es que se vuelve a incurrir en una limitación que viene lastrando las políticas de empleo, aunque no solo en nuestra comunidad. Para combatir el paro no basta con que se destinen recursos públicos a “colocar” a los parados. Es verdad que así se resuelve inmediatamente la carencia de ingresos, lo que permite que la actividad económica no siga deteriorándose al poner en circulación nuevos recursos que dinamizan la demanda, y se reduce el sufrimiento que supone el desempleo (aunque el Ministro de Economía y otros economistas de la patronal se empeñen en afirmar que los parados lo son por gusto). Pero la cuestión estriba en que estas medidas de viejo keynesianismo no son ni mucho menos suficientes cuando el paro viene producido por defectos estructurales profundos y no solo por una mala coyuntura de gasto. En realidad, más bien serían parte de la lucha contra la exclusión que de una auténtica, efectiva y potente política de empleo. Los puestos de trabajo no se pueden generar, en toda la cantidad en que es necesario en una sociedad como la nuestra, recurriendo solamente a las políticas redistributivas. Es preciso que se creen ingresos originarios (es decir, directamente generadores de riqueza, de ingreso o valor añadido) de los cuales surjan después los recursos públicos. Sin estos recursos originarios (públicos o privados), los redistributivos serán siempre insuficientes. Por eso no basta con que las Administraciones públicas den una colocación a los parados, sino que también y sobre todo hay que propiciar y facilitar que las personas desempleadas sean capaces de poner en marcha por sí mismas nuevas actividades. Y esa capacitación debe ser no solo la que pone a su disposición formación, conocimientos, habilidades, aptitudes, disposición y actitudes, sino también el entorno cultural adecuado, capital y recursos públicos y privados suficientes. Siendo importante que el presidente ofrezca colocaciones a los parados, creemos que lo fundamental sería que con la mayor urgencia se adopten otro tipo de medidas que favorezcan la creación de empresas, la dinamización de la actividad, la generación de nuevas fuentes de creación de ingresos, modos distintos de encarar los asuntos sociales. Otras medidas que, aunque se deben dar en otros campos (sobre todo en el financiero y en el de la mediación social) son las que deberían tener el mayor protagonismo. La segunda consideración se refiere a que esta estrategia de empleo anunciada por Griñán una vez más (como ocurrió con el Plan E y el Proteja) se basa en crear muy mayoritariamente empleo masculino y, sobre todo, en actividades vinculadas con la construcción. De esa forma se sigue discriminando a las mujeres que también han perdido empleos y tienen el mismo derecho que los hombres a que se intente recuperar su actividad laboral retribuida. Además, se vuelve a incidir en
la construcción como motor de la economía andaluza, lo que nos parece que es caer en una inercia que no nos llevará muy lejos. Y, finalmente, se pierde eficacia porque sabemos que hoy cada nuevo empleo femenino “arrastra” la creación de más empleos en mayor medida y de mayor calidad que si lo que se crea es uno masculino, dado que la ocupación de las mujeres en trabajos retribuidos genera demanda de servicios de cuidado y porque su dotación potencial de capital humano es más elevada. E incluso porque al tener ingresos más bajos y mayor propensión al consumo su ingreso asociado genera una mayor demanda efectiva. En suma, nos parece que para impulsar el empleo se debería enriquecer la propuesta original de Griñán por varias vías: fomentando principalmente el empleo femenino, aumentando el capital humano, social y financiero necesario para crear un ambiente social, cultural y productivo que incentive la puesta en marcha de nuevos tipos de propiedad, de actividades y de fuentes de ingresos, fortaleciendo la capacidad de creación de empresas, de gestión empresarial y de creación de equipos, actuando rápidamente sobre el sector financiero para facilitar el acceso al capital y a los recursos financieros, y ayudando a que la sociedad visualice los yacimientos ocultos de actividad y se pongan en valor mediante el esfuerzo cooperativo y colectivo además de por la iniciativa individual. Lina Gálvez Muñoz es Profesora Titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide y Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.