Bensouda y otras poderosas que deberías conocer Por: Naiara Galarraga| 18 de junio de 2012
Angela Merkel y Christine Lagarde. / REUTERS
Cualquiera se topa con las señoras Merkel y Lagarde día sí día también en este diario y en otros, en boletines de radio e informativos de televisión, españoles e internacionales. No es para menos. Son las políticas más poderosas del mundo. Una jurista de Gambia, Fatou Bensouda, de 50 años, se acaba de unir al grupo de las poderosas. Al concluir el mandato de su hasta ahora jefe, se acaba de estrenar como la fiscal de la Corte Penal Internacional. Su misión: dirigir la persecución de criminales de guerra, genocidas y gentes de calaña similar. Isabel Ferrer cuenta desde La Haya en este perfil cómo ha llegado hasta aquí. Bensouda es la número 7 en la lista de Las mujeres más poderosas de las que usted nunca ha oído hablar que ha elaborado la revista Foreign Policy para su último número. En la lista le acompañan, la enviada de Obama que negocia los asuntos de dineros con los europeos, la hermana del anterior dictador norcoreano, la nueva fiscal general de México y otras mujeres a las que conviene estar atentos. Por cierto, ninguna es española.
Este periódico ha escrito en los últimos tiempos sobre muchas de ellas. Están aún en el banquillo, digamos, pero tienen muchísimas papeletas para saltar cualquier día a una primera fila. Cerca estuvo de hacerlo la ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, candidata a presidir el Banco Mundial y por la que el británico The Economist apostó fuerte: "El consejo debería rechazar al candidato de su mayor accionista, EEUU, y elegir a la nigeriana" para enseñarle a Obama "lo que de verdad signfica la meritocracia". No hicieron caso. Seguramente nunca ha oído hablar de la estadounidense Lael Brainard. Esta economista criada en la Polonia comunista (por el trabajo paterno), ahora vicesecretaria para asuntos internacionales del Tesoro, va y viene entre Washington y las capitales europeas en busca de soluciones (o paliativos) a la crisis económica en representación de la Administración Obama. Mary Chapiro es la persona a la que el presidente de Estados Unidos le encomendó dirigir el supervisor de los mercados de valores (la SEC) tras el fiasco de la megaestafa de Madoff y otras tropelías que dejaron, con razón, su reputación por los suelos. Otra estadounidense en este olimpo de las poderosas es Ann Dunwoody, la primera general de su ejército, esposa de un coronel y quinta generación de militares. "Nadie está más sorprendido que yo, salvo, por supuesto, mi marido", declaró al ser ascendida.
La más poderosa de las latinoamericanas es posiblemente la brasileña Gleisi Hoffman, la Dilma de Dilma, que dicen porque es la jefa de Gabinete de la presidenta Rouseff, que hizo lo propio en el Gobierno de Lula. Es parte del triunvirato femenino que gobierna Brasil. Otra es Josefina Vázquez Mota. Otras mexicanas antes que ella han optado a la presidencia pero es la primera que lo hace por un partido con opciones, el PAN, aunque a 15 días de las elecciones no está entre los favoritos.
Pero el premio a la más exótica de la lista se lo lleva la norcoreana Kim Kyong-hui, tía del actual dictador, hermana del anterior e hija del Gran Líder. Como contaba Georgina Higueras hace poco, pertenece a la camarilla que arropa al recién estrenado líder. La general Kim dirige el
departamento de industria ligera de ese país escalofriante donde uno nace en una familia catalogada por el régimen como leal, vacilante u hóstil (una división de castas de la que es casi imposible salir), según contaba estos días La Vanguardia.
También tiene grado de general como cantante del Ejército Popular Chino Peng Liyuan, conocida en Occidente porque es esposa del hombre señalado como el próximo mandatario chino, pero famosísima en su país desde hace muchos años. La fiscal general que dirige la lucha contra el narco en México, la baronesa británica que en marzo se convirtió en la primera representante de la ONU en entrar en Homs, la presidenta de Kosovo (la subdirectora de la policía convertida en candidata de consenso) o la ministra de comercio exterior de Emiratos Árabes Unidos son algunas a las que Foreign Policy nos propone seguirles la pista. Quedas invitado.
La crisis enfría la cumbre verde Río+20 arranca sin grandes promesas, frente a la ilusión creada en 1992 La ONU plantea un ‘PIB verde’ que mida el impacto ambiental y social
ESPECIAL Todo sobre la cumbre Río+20
Francho Barón Río de Janeiro18 JUN 2012 - 21:48 CET10
Marcha de los derechos de la mujer paralela a la cumbre. / F. Dana (AP) Arranca este miércoles la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 con pocas posibilidades de pasar a la historia como la cumbre que inauguró una nueva era en la preservación de los recursos naturales del planeta. El megacónclave, que congregará durante estos días en la ciudad más turística de Brasil a casi 130 jefes de Estado y Gobierno, instituciones y organizaciones de todo todo tipo, sumando un total de 50.000 asistentes, tropieza con el crítico momento que vive Occidente, más pendiente de resolver su grave coyuntura económica que de buscar alternativas para un modelo de desarrollo que muchos ya dan por muerto y amortizado. Por tanto, atrás quedan las ilusiones y expectativas que suscitó la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, cuando el mundo era otro y el compromiso de los gobernantes con el desarrollo sostenible aun sonaba a sincero. En aquella ocasión, los líderes mundiales firmaron tres convenciones internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, ademá de la Agenda 21, que sentó las bases de lo que hoy se conoce como desarrollo sostenible. Voces autorizadas alertan de que esta vez no habrá grandes acuerdos plasmados en medidas concretas. "Desafortunadamente el texto carece de la ambición para introducir un cambio radical que resuelva los problemas a los que nos enfrentamos, como la falta de alimentos y de agua, y el aumento de los precios de la energía", explica el exsecretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Yvo de Boer. Ante los escollos para alcanzar un acuerdo de máximos entre los 180 países participantes, el Gobierno brasileño cerró el domingo un borrador de conclusiones de 56 páginas que ya ha recibido un aluvión de críticas desde las ONG presentes en las conversaciones preliminares. "Ha sido hábilmente diseñado para evitar
controversias y promover el consenso, pero no reorientará el crecimiento económico a favor de las urgentes prioridades del planeta", valoró Oxfam a través de su representante, Antonio Hill.
La economía verde, punto de conflicto “Queda mucho por hacer”. Así resumió la negociación el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, el viernes antes de salir hacia Río. Uno de los principales obstáculos era la llamada economía verde, ya que los países en desarrollo “recelan de que estos compromisos no sean una forma de limitar su desarrollo”. “Tienen la sensación de que les pedimos esfuerzos que nosotros no hicimos. Se trata de convencerles de que vale la pena” un desarrollo sin esquilmar los recursos, señaló Ramos. Como en estas cumbres, España mantiene la postura de la UE, representada por la presidencia danesa y la Comisión, principalmente. Ramos consideró que no existe contradicción entre que España mantenga una defensa de la economía verde en Rio mientras que en casa dicta una moratoria a las renovables, algo que le ha valido el reproche de la Comisión Europea. Greenpeace denunció este lunes esa situación al señalar diez políticas nacionales que contradicen el discurso del Gobierno en Río. Además del parón a las renovables y las nuevas prospecciones petrolíferas, critican que olvida las políticas de eficiencia energética, suaviza la Ley de Costas, “margina la pesca artesanal” y “desprecia la participación ciudadana”. La UE es partidaria con convertir el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en una agencia de mayor rango. Este punto es complicado que salga, por los recelos de EE UU a aumentar la financiación. Ramos defendió que España mantiene su apuesta para que el acceso al agua y al saneamiento sea considerada un derecho humano, algo que “parece acordado”. Por su parte, el jefe de la delegación de la ONG ecologista WWF, Lasse Gustavsson, opina que los líderes aun pueden alcanzar un documento más ambicioso durante esta semana crucial, aunque para ello sea necesario "un milagro político". Según adelantó el ministro de Exteriores brasileño, Antonio Patriota, el texto reafirma el espíritu de la primera Cumbre de Río de 1992, en la que se estableció que el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida entre todos los países, aunque con diferencias. Además, el documento plantea el inicio de un proceso intergubernamental para dotar de recursos a las políticas de desarrollo sostenible. En resumen, grandes declaraciones de principios pero nada concreto. La falta de pulso de esta cumbre días antes de que haya comenzado también queda patente con la ausencia ya confirmada de tres nombres clave para la firma de cualquier acuerdo mundial de largo alcance, sea del ámbito que sea: los líderes de EEUU, Barack Obama, Reino Unido, David Cameron, y Alemania, Angela Merkel. Por su parte, Mariano Rajoy desembarcará en Río a primera hora del miércoles, aunque solo asistirá a la segunda sesión plenaria para realizar una intervención, hacerse la foto de familia y seguir su viaje rumbo a Sao Paulo. En un intento de acallar las críticas, la ONU presentó este lunes una propuesta para establecer un nuevo un nuevo indicador para impulsar la sostenibilidad, el Índice de Riqueza Inclusiva (IWI, sigla en inglés), ya rebautizado como PIB verde. Entre las variables para calcular el Índice de Riqueza Inclusiva, la ONU ha seleccionado los activos de un país como el "capital manufacturado" (infraestructuras, bienes e inversiones), el "capital natural" (combustibles fósiles, minerales, bosques, pesquerías y tierras para la agricultura) y el "capital humano" (educación y habilidades).
Para entender este novedoso PIB verde, nada mejor que analizar lo sucedido en los últimos 20 años. Según los cálculos realizados entre 1990 y 2008, el PIB de países como China, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil creció significativamente, mientras su capital natural se vio mermado. Es decir, mientras que el PIB oficial de China ascendió al 422 %, el IWI indica que ese crecimiento solo fue del 45%. EEUU caería del 37 % al 13 % y Brasil del 31% al 18 %. De los 20 países analizados, Japón es el único que no redujo su capital natural.
Otra arquitectura Las conversaciones de los 130 jefes de Estado y Gobierno que acuden a la Cumbre Río+20 —a la que no asistirán ni Barack Obama, ni David Cameron ni Angela Merkel— girarán en torno a dos grandes temas:
La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza. La ONU entiende que es necesario sustituir el actual modelo de desarrollo por otro que de verdad tenga en cuenta los aspectos medioambiental y humano. Para ello se ha propuesto la creación del Índice de Riqueza Inclusiva (IWI) o PIB verde.
La revisión del marco institucional necesario para volver a impulsar el desarrollo sostenible en el planeta. La Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 arrojó excepcionales resultados a la hora de montar una arquitectura institucional totalmente nueva que velara por un concepto acuñado en aquel cónclave mundial: desarrollo sostenible. Ha llegado el momento de revisar esa arquitectura y adaptarla a una nueva realidad.
La OMS aconseja medicar a todas las personas con VIH que tengan pareja La organización amplía los criterios que aconsejan dar antivirales Las embarazadas infectadas son otro grupo candidato a ser incluido en la lista
Emilio de Benito Madrid18 JUN 2012 - 19:22 CET6
Campaña de prevención del VIH en India. / NOAH SEELAM (AFP) El éxito del tratamiento antiviral como una manera de evitar la propagación del VIH es tal que la Organización Mundial de la Salud se plantea aumentar los grupos candidatos a ser medicados, según ha expuesto en una reunión mantenida en Londres. En concreto, las recomendaciones incluirán en una primera etapa a todo aquel con VIH que tenga pareja, para luego añadir a las mujeres que estén infectadas una vez que se quedan embarazadas y elevar el recuento de células CD4 a partir del cual se aconseja ser medicado. La decisión es de calado. El criterio actual es tratar a las personas cuyos CD4 (un tipo de glóbulo blanco) hayan bajado de 350 por mililitro de sangre (lo normal en una persona sana es tener por encima de 800). Este criterio es el que se aplica en España. Eso arroja que en el mundo hay unos 7,4 millones de candidatos a recibir la medicación, aunque solo lo consigue la mitad. Con los nuevos parámetros, la lista de candidatos a tomar la medicación antiviral casi se duplicaría, lo que quiere decir que si no hay un esfuerzo paralelo para hacerles accesible (y asequible) el tratamiento, la tasa de cobertura caerá al 25%.
La justificación de la primera de las medidas, la de tratar a todo el que tenga pareja independientemente de su nivel de CD4, está clara: la idea de que la medicación es la mejor manera de evitar la transmisión del virus ha revolucionado el abordaje de la pandemia. En los estudios se ha visto que aumentar un 1% la población medicada reduce un 1,7% las transmisiones. Dar medicación a las mujeres es una manera de asegurar que no transmitan el virus a sus hijos. Por último, la idea de aumentar el nivel de CD4 para empezar a tratar se basa en que se ha visto que la reconstitución del sistema inmunitario es mejor cuanto antes se empiece a medicar. Además, se evita que aparezcan infecciones oportunistas, y su salud general es mejor. En el fondo, las tres ampliaciones se corresponden con una idea: idealmente, el tratamiento debería empezar desde el diagnóstico. Los nuevos fármacos tienen un nivel de efectos adversos muy bajo, y en el fondo la única causa del retraso es el precio. En España, una combinación de primera línea cuesta unos 8.000 euros al año. Hay unas 70.000 personas que reciben medicación, y cada ampliación de criterios supone aumentar su número (y, por tanto, su coste). En los países pobres el precio –usando genéricos o productos subvencionados o vendidos a precios de coste- es de unos 300 euros al año, pero la cosa se encarece si hay que acudir a los de segunda línea (los que se dan cuando aparecen resistencias).
“Las poblaciones indígenas son las mejores protectoras de la naturaleza” Bianca Jagger suma un nuevo compromiso a sus causas Plant a Pledge pide un clic a los ciudadanos para reforestar 150 millones de hectáreas
Marta Nieto Madrid14 JUN 2012 - 16:58 CET11
Bianca Jagger. / PHIL POYNTER Comprometida y sin pelos en la lengua, Bianca Jagger (Nicaragua, 1950) ha dedicado su vida a defender los derechos humanos desde las ONG Amnistía Internacional, Coalición para la Justicia Internacional, Human Rights Watch America y XX Century Taskforce, y luego desde su propia organización, la Bianca Jagger Human Rights Foundation. Ahora ha tomado la bandera del medio ambiente y habla para promocionar la campaña Pant a Pledge que busca reforestar 150 millones de hectáreas en el mundo de aquí a 2020. Del compromiso de todos depende que este proyecto sea una realidad. Pregunta. ¿Qué es Plant a Pledge? Respuesta. Es una campaña de cara al público que está diseñada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), apoyada por Airbus. Su objetivo es lograr el apoyo del público para pedir a los Gobiernos, a las empresas, a los terratenientes y los individuos que restauren terrenos en todo el mundo, bosques, riberas de ríos, praderas, y recuperen estas áreas degradas o deforestadas. P. ¿Como funciona? ¿Qué le corresponde hacer al ciudadano? R. Animo a todo el mundo a que visiten la web www.plantapledge.com, para dejar su apoyo con un clic. Cuantos más tengamos, más podremos presionar a los gobiernos, empresas y propietarios, hacer que los temas medio ambientales pasen a los primeros lugares de sus agendas.
Se trata de que ellos sientan la presión de los ciudadanos, y cuantas más personas participen antes podremos llegar al objetivo. P. ¿Cuánta tierra se quiere restaurar y dónde? R. Queremos llegar a 150 millones de hectáreas por todo el mundo de aquí al 2020. Pienso que es un objetivo bastante racional. Ya hay Gobiernos que se han dado cuenta de que este objetivo es muy importante. Las zonas donde llevar a cabo a reforestación las decidirá la UICN decidiendo atendiendo a varios criterios. Se trabajará con cada país para señalar los lugares donde restaurar.
Antes y después de la restauración de la vegetación en un proyecto realizado en la meseta de Loess, provincia de Shaanxi, China. La foto del antes fue tomada en 1995 y el después, en 2009. / JOHN LIU P. ¿Se va a realizar alguna otra acción además de recuperar y reforestar? R. La restauración de zonas degradas y deforestadas permitirá recuperar la flora, la fauna, los ecosistemas y, lo que es más importante, permitirá inyectar 84.000 millones de dólares en la economía mundial gracias al beneficio que va suponer. El cultivo de las tierras recuperadas proporciona agua, progreso, y se repara el daño causado a los seres humanos, que vuelven a poder dedicar el suelo a sus usos tradicionales, a generar riqueza. Mejora las vidas de sus habitantes, la economía de los países y contribuye a solucionar el cambio climático. P. Una vez conseguido el apoyo ciudadano, ¿qué más necesita el proyecto? R. Lo fundamental es implicar de forma activa a las partes interesadas locales, a las poblaciones indígenas. P. Usted siempre ha defendido las causas de los pueblos indígenas. R. Esa es una de las razones por las que me he involucrado en este proyecto, porque mejora la vida de las comunidades indígenas y les devuelve su hábitat. Las poblaciones indígenas son las mejores protectoras de la naturaleza. Acabo de regresar de visitar a la tribu Surui en Brasil, con quienes el activista Almir Narayamoga Surui realiza un proyecto a 50 años de recuperación del
territorio. Para mi, como defensora de los derechos humanos y de la naturaleza las comunidades indígenas forman parte fundamental de la recuperación. P. Estamos en una mala época para la conservación de la naturaleza. R. Hace 20 años estuve en la Cumbre de la Tierra de Río, que duró 10 días, con intensos debates. Este año, Rio+20 sólo dura dos días y las perspectivas de lo que se puede conseguir ahí no son muy prometedoras. P. La crisis no hace más que restarle importancia al tema medio ambiental R. Tenemos encima la amenaza real del calentamiento de la Tierra, pero los Gobiernos están cada vez menos comprometidos con el medio ambiente. Y cada vez son más reacios a firmar protocolos vinculantes que les comprometan a reducir emisiones o a otras acciones. Por eso ahora pido la participación de todos en Plant a Pledge, para presionar a los Gobiernos y que se tengan que comprometer. P. La grave situación del planeta lo necesita. R. La mitad del planeta ha sido ya deforestada. Tendríamos que restaurar 2.000 millones de hectáreas. de momento, nos conformamos con 150 millones. P. ¿Qué más temas le interesan del medio ambiente? R. Una de las más importantes para mi es que estemos cerca de llegar al punto de no retorno en el calentamiento global y sigamos sin invertir en energías renovables. No debemos permitir que los Gobiernos nos sigan engañando diciéndonos que la nuclear es una energía verde. No debemos permitir que nos engañen diciéndonos que el gas de esquisto, la fractura hidráulica (fracking) y las energías hidroeléctricas son energías verdes. Quiero ser clara: las grandes presas que alteran el curso de los ríos no son bajo ningún concepto energía verde. P. Usted ha estado muy implicada en la lucha contra el proyecto de Belo Monte en Brasil. R. La represa de Belo Monte es una central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Xingú en el estado de Pará, en Brasil, y que va a causar un estrago tremendo. Va a tener un impacto descomunal en las comunidades locales, en las comunidades indígenas y en el medio ambiente y por eso es necesario detener su construcción. P. Apostar por las energías renovables supone una gran inversión y no lograrían abastecer a todas las poblaciones. R. Eso es una campaña de desinformación que ha hecho el lobby de las compañías petrolíferas, de gas y nucleares. Nos intentan convencer de que las renovables no tienen potencial y que son caras. Y nadie habla de todas las subvenciones que se han dado a las compañías nucleares, de gas y de combustibles fósiles para que se desarrollaran como lo han hecho, unas cantidades escandalosas que nunca se han puesto a disposición de las renovables. P. ¿Cree de verdad que las acciones individuales pueden influir en algo? R. Por supuesto. Los individuos podemos impactar en nuestro futuro. Estamos viviendo un momento muy difícil para los ciudadanos de todo el mundo. Estamos preocupados y desilusionados con nuestros gobernantes y tenemos que ser conscientes que los individuos pueden cambiar la historia. Los líderes políticos han sido elegidos por nosotros y deben rendirnos cuentas de sus gestiones, podemos y debemos exigirles que lo hagan. Lo que está ocurriendo es que muchos de nuestros líderes no están rindiendo cuentas de sus acciones. La economía, el medio ambiente, los derechos humanos, todo está entrelazado. Tiene que ver con la buena gobernanza. Y debemos exigir a nuestros líderes que cumplan con su obligación. Y si no, podemos cambiarlos. Creo realmente en el papel que juegan los individuos y en la importancia de la posición que adopta cada ser humano.
Los océanos, al límite La FAO alerta de que la producción pesquera roza el máximo La cumbre de Río busca crear áreas protegidas
Rafael Méndez Madrid18 JUN 2012 - 21:06 CET8
El consumo de pescado en el mundo ha crecido un 32% desde 1990. / NACHO DOCE (REUTERS) Los océanos tienen pendiente una transición. La demanda de pescado no deja de crecer: ha aumentado un 32% desde 1992 frente a un aumento del 22% de la población. Al contrario que la agricultura o la ganadería, en la pesca la única revolución tecnológica ha sido la de capturar más y más. Según la FAO, “hay razones para creer que la producción pesquera ha alcanzado el límite”. Johanne Gerhardt Fischer, responsable de pesquerías de la FAO, explica que hay tal cantidad de pesquerías por especies y por zonas que es muy difícil dar un estado global del océano. “Las especies de profundidad, como el bacalao, probablemente han alcanzado el pico, ya que desde los setenta se ha estabilizado el volumen de pescado desembarcado. En los pelágicos, sin embargo, se incrementaron mucho las capturas hasta principios de los noventa y luego se estabilizó. Crustáceos y moluscos están también más o menos estabilizados. Por eso tenemos razones para creer que probablemente los océanos están en el máximo de explotación aunque no lo sea para todas las zonas clave”. Pablo Abaunza Martínez, próximo jefe de área de pesca del Instituto Español de Oceanografía (IEO), pinta un panorama similar: “En Europa el 75% de los caladeros están sobreexplotados. Hemos tocado techo. Igual podemos capturar más, pero a costa de que los stocks acaben en peligro”. Uno de los temas en Río es el bajo nivel de protección de los océanos, menos del 1% de la superficie frente al 15% de la tierra. Por ahí vendrán movimientos de conservación. Australia, por ejemplo, ha anunciado que creará la mayor reserva marina del mundo.
Fuente: FAO. Si una pesquería colapsa, como la del bacalao en Terra Nova, la recuperación no siempre es sencilla, porque las interacciones en los ecosistemas marinos son muy complejas. “Si dejas de pescar, no se recupera tan rápido. Puede que en especies de vida corta, como la anchoa, sí que veas una recuperación más rápida. Pero en general cuesta recuperar”, explica Abaunza. Javier Garat, secretario general de Cepesca, la patronal del sector, relativiza la situación: “El 27% de los stocks están sobreexplotados, pero en muchos sitios se está haciendo una gestión sostenible” y critica que hay “mensajes apocalípticos de ONG” que anuncian océanos vacíos. En España había 21.000 barcos en 1986 y hoy hay 10.400. Eso no implica que la flota haya disminuido la capacidad pesquera, ya que las mejoras técnicas multiplican las capturas. La solución pasa —además de por adecuar la flota y buscar el rendimiento sostenible— por la acuicultura. En los últimos 20 años se ha conseguido criar especies que parecía imposible y que incluso sea competitiva la cría frente a salir al mar a pescarlos. Sin embargo, Abaunza pide tener en cuenta que “la alimentación de los organismos que se cultivan no puede ser a partir de la explotación de los recursos del mar”. Es decir, que si se consigue criar el atún rojo pero se le alimenta a base de peces obtenidos en alta mar, las ventajas se reducen. El objetivo, añade Abaunza, es “conseguir las proteínas a través de las algas, para no sobreexplotar”.
Miles de personas marchan por las calles de Río por la naturaleza y la igualdad Los manifestantes se declaran contrarios a las políticas de economía verde que se promueven en Río+20 porque "mercantilizan la naturaleza"
ESPECIAL: Todo sobre la Cumbre Río+20
EFE Río de Janeiro18 JUN 2012 - 20:10 CET2
Mujeres indígenas en la marcha convocada por la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro. / REUTERS Miles de personas han copado hoy las calles de Río de Janeiro para reivindicar el derecho a la igualdad, la preservación del medio ambiente y mejores condiciones sociales en una iniciativa promovida por la Cumbre de los Pueblos, que se celebra en paralelo a la Conferencia de la ONU Río+20. Dos marchas, formadas en su mayoría por mujeres, han partido de diferentes puntos hacia el centro de la ciudad. Vía Campesina y otras organizaciones sociales de todo el mundo, y especialmente de América Latina, han convocado estas manifestaciones para mostrar su rechazo a las políticas que se promueven en Río +20, "que no llevan a una solución de la crisis que viven los pueblos y la madre tierra", según informan en su página web. "Hemos venido por el derecho a la naturaleza y el derecho a nuestros cuerpos", ha dicho la colombiana Catalina Rebollo, de la Compañía de Teatro Flor de la Tierra Lilas y activista feminista presente en una de estas marchas. La activista estaba acompañada por una decena de personas, todas disfrazadas de panteras con pechos cónicos y genitales dibujados. "La sociedad capitalista-consumista hace que la mujer acabe siendo una mercadería", ha añadido.
Las dos columnas de manifestantes han mostrado pancartas en las que se se podían leer mensajes como: "Salario igual para trabajo igual", "No al patriarcado ni a la economía verde" y "Sí a la economía solidaria y feminista". Los movimientos sociales que participan en La Cumbre de los Pueblos y que han protagonizado estas manifestaciones, se declaran contrarios a la llamada economía verde -eje de la Conferencia de Río +20- porque conduce a la "mercantilización de la naturaleza".
España negó la protección internacional en 2011 al 74% de los solicitantes Pese a la 'primavera árabe', que provocó un alud de peticiones de asilo en Europa, en España solo lo hicieron 3.414 personas
El País Madrid19 JUN 2012 - 18:56 CET
NO ENTRAN: VÍDEO DE CEAR SOBRE EL 'NO' AL ASILO. Baltasar Garzón, Carmen Machi, Almudena Grandes, entre otros, participan en el vídeo de CEAR para pedir a Europa que abra sus puertas a los que huyen de la persecución. Podrías ser tú La llamada primavera árabe provocó en 2011 un alud de solicitudes de asilo en Europa, que respondió blindando sus fronteras. Así lo atestigua el informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) conocido hoy. En él se desvela que, solo durante las fechas de las revueltas, cerca de un millón de personas llegaron a concentrarse en el norte de África y, de ellas, apenas 58.000 alcanzaron el continente y pudieron pedir asilo. La avalancha de refugiados no llegó a Europa y, mucho menos, a España. De hecho, en todo 2011 un total de 3.414 personas accedieron al procedimiento de asilo en España. De ellas, solo el 26,5% vio reconocida su solicitud de protección internacional con el estatuto de asilo o, como mal menor, recibió una protección de carácter subsidiario. "Aunque esta cifra representa un aumento respecto al año anterior, no por ello deja de ser uno de los años que menos solicitudes de protección internacional se han presentado desde que entró en vigor la primera Ley de Asilo en 1984. Además el número de solicitudes presentadas es considerablemente inferior a las presentadas en otros Estados miembros de la Unión Europea como Francia o Alemania", puede leerse en el informe del CEAR. Los datos de España contrastan con lo ocurrido en Europa, donde se ha producido un "importante aumento de solicitudes de asilo, pasando de 259.000 en 2010 a 301.000 en 2011. La crisis humanitaria provocada por las revueltas árabes en el Mediterráneo contribuye a explicar en
buena medida esta situación, donde países como Italia han llegado a triplicar las peticiones de asilo", señala el documento. El CEAR achaca ese bajo índice de solicitudes en España a "las enormes dificultades existentes para acceder al procedimiento de protección internacional en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), puestos fronterizos y costas. Tanto en los CIE como en los aeropuertos se han detectado múltiples irregularidades que tienen que ver, esencialmente, con el derecho a una asistencia jurídica especializada. Además la ausencia de un procedimiento de identificación de personas que puedan requerir determinada protección (menores de edad, víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, etc.) hace que muchas de ellas no accedan al procedimiento de protección internacional". A esas trabas particulares de España, se añade que la Unión Europea "ha centrado sus esfuerzos en impedir la llegada de las personas que huían de estos países al territorio de los Estados miembros, reforzando el control de sus fronteras exteriores e interiores, impidiendo de esta forma el acceso a las mismas al procedimiento de protección internacional". "En ese contexto de externalización de fronteras", continúa el informe, "consiguieron alcanzar nuestras costas 5.443 personas, llamando poderosamente la atención que apenas se produjeran solicitudes de protección internacional cuando la mayoría proceden de países con un alto grado de vulneración de derechos humanos". El CEAR hace un mención especial a la situación de Ceuta y Melilla, donde en 2011 "se recrudeció más si cabe la imposibilidad de libertad deambulatoria de las personas solicitantes de asilo al serles impedido el acceso a la península". Llama la atención las sustanciales diferencias existentes entre la admisión a trámite de las solicitudes de asilo realizadas en el territorio español de las que se producen en fronteras y en los CIE. "Esto se debe", según el informe, "a la brevedad de los plazos en las solicitudes en frontera, la utilización de formularios estandarizados para averiguar la nacionalidad de las personas solicitantes y la aplicación generalizada del criterio de “falta de verosimilitud de las solicitudes”. Así las cosas, el CEAR concluye que en 2011, "solo 326 personas, el 9,5%, vieron reconocida su solicitud de protección internacional con el estatuto de asilo y un total de 595 personas, el 17,4%, recibieron una protección de carácter subsidiario. En cambio, 2.512 no obtuvieron protección internacional de las 3.414 que la solicitaron, un 73,5%".
“¡No se vende a las personas”! Bruselas propone una estrategia contra el tráfico de seres humanos, que permite comprar niños por 20.000 euros
Ricardo Martínez de Rituerto Bruselas19 JUN 2012 - 16:56 CET Por 20.000 euros usted se puede comprar un niño esclavo. Aunque también lo puede conseguir gratis. Para lo primero tendrá que lidiar con mafias dedicadas al tráfico de personas, y para lo segundo solo necesitará unir la suerte a su propia inmoralidad. En Europa hay cientos de miles de víctimas de tráfico humano, aunque a escala mundial la cifra ronda los 21 millones de personas, de las cuales 5,5 millones son niños, según la Organización Mundial del Trabajo. Para combatir esta inhumana lacra, la Comisión Europea propone una estrategia para coordinar actuaciones entre los Veintisiete, acción que el 93% de los europeos considera más necesaria que la propia moneda única. La estrategia va dirigida a la erradicación a medio plazo de la trata de personas, una tarea hercúlea dada la naturaleza del delito y las simas en que puede caer el ser humano. El plan complementa una directiva aprobada hace un año y que debe estar implantada y en aplicación en toda la UE en abril de 2013. “Todos los países están haciendo esfuerzos y todos están fallando a la hora de acabar con el fenómeno”, dice Cecilia Malmström, comisaria de Interior. La Comisión estima que en la UE hay cientos de miles de víctimas con una amplia casuística, desde menores engañados y aprisionados en labores domésticas esclavistas a adultos perfectamente capacitados que por razones no explicadas caen en redes de explotación laboral. Es el caso del esclavizado Mark Ovenden, de 26 años y aparentemente un hombre normal, que aparece en el vídeo con que la comisaria ha presentado la iniciativa. “Depende de las circunstancias”, responde Ovenden a la pregunta de cómo es posible que a alguien como él le haya ocurrido algo semejante. “Le puede pasar a cualquiera”. En el vídeo aparecen junto al británico, y como sangrantes estereotipos, una joven de Costa de Marfil convertida en esclava doméstica, una mujer rumana arrojada a la prostitución o una adolescente, también rumana, obligada a robar en España y Bélgica. “Es una esclavitud moderna”, se lamenta Malmström. “Es estremecedor que haya 21 millones de personas forzadas a realizar trabajos de los que no pueden escapar. Y que 5,5 millones de ellos sean niños y que se les venda por 20.000 euros. ¡No se vende a las personas!”. Por la propia naturaleza del fenómeno, no hay cifras exactas sobre el número de víctimas en Europa, pero la Comisión tiene estimaciones sobre el desglose por actividades: explotación sexual, que ha subido del 70% de 2008 al 76% en 2010; trabajos forzados, que bajó del 24% al 14% en ese mismo lapso de tiempo; mendicidad (3%) y servidumbre en el hogar (1%). Como era previsible, la diversificación sexual pone a las mujeres en cabeza de la explotación: 79% (12%, niñas) frente al 21% de varones (3%, niños).
21 millones de personas son forzadas a realizar trabajos de los que no pueden escapar “El tráfico de personas es una actividad delictiva que todas las policías dicen que va en aumento y sin embargo las condenas bajan. Es un escándalo”, se enciende la comisaria, cuyas cifras indican que las 1.500 condenas dictadas en 2008 bajaron a 1.250 en 2010. “Es un fenómeno enorme”, agrega. La estrategia propuesta prevé cinco grandes líneas de acción: reforzamiento de la identificación, protección y asistencia a las víctimas, con especial atención para con los niños; incrementar las
medidas de prevención, incluida la de atacar la demanda; estrechar la persecución de traficantes; potenciar la coordinación y la cooperación en la UE y con terceros países, incluidas la sociedad civil y el sector privado, y desarrollar el conocimiento y las respuestas a dar a las tendencias sobre este tipo de tráfico que puedan ir apareciendo. “La coordinación, la cooperación y el mejor conocimiento de lo que pasa sobre el terreno es incluso más importante que la legislación”, comenta Malmström, que valora el hecho de que haya unidades policiales especializadas en este tipo de combate. “Hay países europeos que ya las tienen. Queremos que todos las tengan”, dice. La comisaria considera que aún es pronto para ver los resultados de una directiva que todavía no rige en toda la UE. La iniciativa con la nueva estrategia será debatida en el próximo futuro por el Parlamento Europeo, el Consejo y los Gobiernos de la Unión.
Cierra el sórdido centro de internamiento de extranjeros de Málaga tras 22 años El CIE ha sido escenario de numerosos incidentes e irregularidades policiales Los 14 internos que quedaban han sido trasladados a Algeciras y Madrid
Fernando J. Pérez Málaga20 JUN 2012 - 14:30 CET15
Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. La semana pasada, el Gobierno, a través de su delegado en Málaga, Jorge Hernández Mollar, anunció el cierre definitivo del centro porque las instalaciones “no permitían que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad”. La clausura del centro de extranjeros había sido reclamada por las ONG de derechos humanos casi desde el año de su apertura, 1990. A las peticiones de las organizaciones humanitarias se fueron sumando con el paso de los años los Defensores del Pueblo central y autonómico, la fiscalía, los jueces e incluso los mandos policiales. El CIE, un edificio ruinoso desde su puesta en funcionamiento, ha sido escenario de diferentes polémicas e irregularidades policiales. Las más sonadas fueron la deportación, previa sedación con haloperidol, de 103 inmigrantes africanos en el año 2000 y el caso de corrupción policial en el que cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueron acusados de delitos sexuales contra internas del centro. Todavía están pendientes de juicio. Pero el centro también ha padecido incendios, suicidios y, sobre todo, ha sido tildado de tener instalaciones "peores que una cárcel".
Río+20 cierra el pacto posible Los 193 países participantes alcanzan un acuerdo que salva la cumbre del fracaso El documento declara la pobreza como el mayor desafío global
Activistas protestan en Río contra la impunidad de dictaduras. / R. MORAES (REUTERS) Los 193 equipos negociadores de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio+20 alcanzaron este martes un acuerdo de mínimos que al menos servirá para que los más de 100 jefes de Estado y de Gobierno asistentes al cónclave puedan salvar la cara durante los próximos tres días. Poco después de conocerse los detalles del borrador de conclusiones de la cumbre, las organizaciones ambientales se apresuraron a tacharlo de "decepcionante" o de "fracaso colosal". Sin embargo, el ministro de Exteriores brasileño, Antonio Patriota, principal promotor del consenso, salió al paso de las críticas tachando el acuerdo de "satisfactorio", aunque la delegación de la Unión Europea (UE) lo rebajara a la categoría de "único trato posible". "Es lo mejor que podemos conseguir", se pronunció en la misma línea el secretario general de Rio+20, el chino Sha Zukang. Efectivamente, esta cumbre tropieza abruptamente con la crisis galopante que sufren las potencias occidentales, algunas de ellas opuestas frontalmente a ciertos avances que supongan destinar más recursos económicos al desarrollo sostenible. Lo que no falta en el documento de 49 páginas titulado El futuro que queremos son generalidades.
No se prevén nuevas fuentes de financiación para políticas de desarrollo sostenible El documento parte de la reafirmación de los principios alumbrados en la Cumbre de la Tierra de 1992, también celebrada en Río, cuando los líderes firmaron tres convenciones internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, y la Agenda 21. Como en aquella ocasión, el nuevo documento establece que el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por todos los países del planeta, aunque con diferencias en función de su nivel de desarrollo. Los países
asumen que la erradicación de la pobreza es el mayor desafío global e implícitamente amplían el campo de actuación para su combate, puesto que en el borrador anterior se hablaba de "extrema probreza". La falta de alcance de este acuerdo se vislumbra en varios puntos. Por ejemplo, el borrador no contempla que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) adopte la forma de nueva agencia de la ONU, aunque sí se asegura que los países firmantes se comprometen a fortalecer el papel de este programa. De momento tampoco habría nuevas fuentes de financiación para el fomento de las políticas de desarrollo sostenible, si bien se admite que los países en vías de desarrollo no pueden afrontar solos este reto. En este sentido, el documento se limita a anunciar el lanzamiento de un proceso intergubernamental de consultas con el objetivo de analizar las necesidades de cada país y buscar futuras vías de financiación. Occidente pide que países emergentes con buena musculatura económica, como Brasil y China, pasen a formar parte del grupo de donantes. Uno de los asuntos sobre los que se vertían más expectativas se refiere a los océanos, aunque finalmente la Conferencia tampoco entra en compromisos concretos y simplemente insta a los países a crear instrumentos jurídicos en el marco de la Convencion de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) para la conservación y el uso sostenible del medio marino.
Las ONG reaccionaron con virulencia tras el anuncio del acuerdo Las organizaciones ambientales y defensoras de los derechos humanos reaccionaron con virulencia tras el anuncio del acuerdo. "Una madrugada de negociaciones para que los diplomáticos acaben decepcionando al mundo. Deberían sentir vergüenza de su incapacidad para alcanzar un acuerdo en un asunto tan crucial", declaró Jim Leape, director general de la ONG ecologista WWF. Matthew Gianni, de High Seas Alliances, criticó la postura de los anfitriones sobre la protección de los océanos. "Una de dos, o Brasil le está dando a los EE UU lo que quiere, o cambió de intenciones". Por su parte, el representante de Oxfam, Stephen Hale, manifestó que esta cumbre "debería ser un punto de inflexión, aunque no es esto lo que estamos viendo". Bajo fuertes presiones del Vaticano, que está presente en calidad de observador de la ONU, la delegación brasileña se vio forzada a eliminar del texto la expresión "derechos reproductivos", que se refería a la autonomía de la mujer para decidir sobre su maternidad. En el borrador aprobado tan solo se habla de "salud reproductiva" para no levantar ampollas en la santa sede. Patriota admitió sentirse "personalmente frustrado" por esta alteración del texto final. A la cumbre de Río —en la que el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, es media partner— asisten este miércoles más de un centenar de mandatarios, pero también habrá sonadas ausencias, como las de los líderes de EEUU. Barack Obama, Reino Unido, David Cameron, o Alemania, Angela Merkel. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá únicamente una presencia testimonial para hacerse la foto de familia y hacer un pronunciamiento en la segunda sesión de trabajo.
Sanidad elimina el reparto de condones en su campaña contra el sida El ministerio decide no distribuir 200.000 preservativos y lubricantes donados por el "alto coste" que supone su empaquetamiento
El País / EP Madrid19 JUN 2012 - 19:04 CET6 Sanidad ha decidido no repartir los 100.000 preservativos y 100.000 lubricantes donados por la empresa Durex para ser repartidos junto a sus nuevos folletos de prenvención contra el sida. La razón, según el ministerio que dirige Ana Mato, es el "alto coste" que supone su empaquetamiento, que ronda los 9.000 euros. "Estamos en tiempo de maximizar la eficiencia y se puede dar el mismo producto, el folleto y el preservativo, pero por separado", explican fuentes del ministerio. La decisión ha provocado el rechazo de los colectivos de gais y lesbianas, que han anunciado que no va a seguir colaborando en el reparto de los folletos de la nueva campaña. Los grupos considera que "el preservativo y el lubricante son elementos fundamentales en el trabajo de prevención" y por ello ha decidido hacerse cargo de forma independiente del material para repartirlo en sus propias campañas, "desestimando la distribución del folleto informativo del ministerio", que ya no forma parte de la campaña de prevención acordada" Sanidad viene realizando desde 2006 campañas específicas dirigidas a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Estas campañas se organizan junto con las ONG del movimiento LGTB (FELGTB, Coordinadora gai-lesbiana de Cataluña, Stop sida, Hispanosida, Fundación Triángulo y Confederación Española Colegas), con la colaboración de las comunidades autónomas
"Me siento impotente. No podemos atajar solos la prostitución" Sònia Martínez es la alcaldesa del municipio de La Jonquera, en Girona, que se ha hecho famoso por la prostitución
Antía Castedo Girona25 JUN 2012 - 02:23 CET16
Sònia Martínez, alcaldesa de La Jonquera, conversa con una prostituta. / PERE DURAN Cinco minutos de recorrido en coche por La Jonquera (Girona) bastan para entender la impotencia que siente su alcaldesa ante el fenómeno de la prostitución. Bajo los puentes, en las rotondas, en los aparcamientos de camiones destacan los cuerpos semidesnudos de las mujeres que intentan atraer a los conductores. En un día pueden llegar a ganar 300 euros, pero también ocurre que se van sin nada. Llueva, nieve o bajo un sol castigador, las prostitutas forman parte de la vida de este pueblo fronterizo de 3.000 habitantes. Siempre ha sido un supermercado de Francia. Ahora lo es también para el sexo de pago. La Jonquera, a su pesar, se ha hecho famosa por la prostitución. La competencia es feroz: en el pueblo conviven las prostitutas de carretera con las que ejercen en el Paradise, un macroprostíbulo, cuyo dueño ha sido condenado a tres años de cárcel por transportar ilegalmente
a mujeres desde Brasil para prostituirse. La lucha contra el fenómeno a nivel municipal la dirigen dos mujeres, ella y la jefa de la Policía Local, Lluisa Santos. En una rotonda, dos chicas rumanas intentaban llamar la atención de los conductores hace poco más de una semana. Martínez (La Jonquera, 1973) se acercó para hablar con ellas. Mientras una se alejaba, la otra, rumana de 25 años, rompió a llorar al ver al fotógrafo. “¡Mi familia no sabe lo que hago aquí!”.
“En 2011 abrió el Paradise con 90 habitaciones. Vienen muchos jóvenes” —¿Sabes que tu trabajo es peligroso y que nosotros te podemos ayudar desde el Ayuntamiento?, le preguntó Martínez. —Tengo una amiga, me ayuda si hay problemas. —¿Nadie te obliga a estar aquí? —No. Lo hago porque quiero. Pero el móvil de Silutza no paró de sonar mientras la alcaldesa hablaba con ella. Era un hombre que observaba la escena desde la terraza de un bar situado a escasos metros. “Es mi amigo”, dijo la mujer. “Desde ahí las vigilan. Se pasan todo el día en el bar y jugando a las tragaperras”, explicó Martínez. El cuerpo de Silutza está quemado por el sol. Sobre una piedra, ella y su compañera apoyan el bolso, un espejo y un peine. Sus traseros están al descubierto y su escasa ropa es de color chillón y aspecto barato. —¿Cuántas horas trabajáis? —Unas ocho, desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde. Soy libre y me voy cuando quiero. De pronto corta la conversación y vuelve al trabajo. Martínez pone cara de resignación. “Siempre que hablamos con ellas es lo mismo. No se dejan ayudar”.
“¿Cómo se puede dar licencia para un prostíbulo a un imputado?” Pregunta. ¿Cuándo se convirtió La Jonquera en un foco de prostitución? Respuesta. Desde hace unos años, cada vez hay más mujeres en la carretera. En 2010 abrió el Paradise, que tiene unas 90 habitaciones. ¡Vienen clientes franceses que hacen horas de camino para llegar! Muchos son jóvenes de 18 o 20 años que no deberían tener problemas para mantener relaciones. En Francia están muy preocupados por este fenómeno. P. Ustedes estaban en contra de la apertura del Paradise, cuyo dueño ya estaba imputado en dos causas cuando solicitó la licencia. R. Sí. Nadie en el pueblo lo quería. Les denegamos la licencia pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos obligó a dársela. ¿Cómo se puede dar una licencia de un prostíbulo a una persona que tiene causas pendientes? Yo creo que cada municipio debe poder decidir y nosotros no queríamos el Paradise aquí. P. Algunos argumentan que un establecimiento de esas dimensiones proporciona grandes ingresos al pueblo.
“Hay que prohibir este negocio en la calle por la dignidad de la mujer” R. No en nuestro caso. Pagan lo mismo en impuestos que cualquier otro establecimiento y tienen sus propios proveedores. Es verdad que las prostitutas utilizan las peluquerías y los centros de estética, pero no es eso de lo que vive La Jonquera. Ni siquiera es cierto que compren los preservativos en la farmacia del pueblo. P. ¿Cuántas mujeres se prostituyen en la carretera?
R. Hay varias decenas. Hace unos meses realizamos un muestreo con 41 de ellas. La mayoría son rumanas, pero también identificamos a cuatro búlgaras, tres senegalesas y cinco nigerianas. Todas dijeron que ejercen de forma libre y voluntaria y algunas, además de prostituirse, también trabajan como empleadas domésticas o cuidando ancianos. P. ¿Qué han hecho para intentar poner freno al fenómeno? R. Hace cuatro años aprobamos una ordenanza de convivencia que sancionaba a prostitutas y clientes. El resultado es que colapsamos los servicios administrativos del Ayuntamiento y a la Policía Local, que tenía que destinar todos sus efectivos a hacer cumplir esta ordenanza. P. ¿Por qué no ha tenido el efecto deseado?
“En cuatro años hemos puesto 500 multas. Todas a franceses” R. La ordenanza sigue en vigor, pero nosotros no podemos solos. Hemos puesto 500 multas, todas a ciudadanos franceses. Solo medio centenar las pagaron en el momento por miedo a que les llegase a casa la multa. Los Ayuntamientos no tenemos suficientes recursos, deben colaborar todas las Administraciones. No entiendo que se nos deje a nosotros el problema. Me siento impotente. P. ¿Alguna prostituta ha denunciado su situación? R. Una, después de que le pusiéramos una multa. Vino andando una noche desde Figueres y dijo que ejercía obligada. P. ¿Qué habría que hacer? R. Creo que hay que diferenciar entre prostitución en la vía pública, la cual hay que erradicar, y la que se ejerce en locales. En la vía pública hay que prohibirla por la vía penal. Y no solo porque da mala imagen, sino porque debemos preservar la dignidad de la mujer y su seguridad. Cuando se suben a un coche, no podemos controlar quién va dentro. P. ¿Y en los llamados locales de pública concurrencia? R. Se deberían aprobar leyes más estrictas que garanticen que las mujeres no ejercen obligadas y controlar que trabajan en un ambiente seguro. Las prostitutas deberían poder cotizar a la Seguridad Social. Se trata de un negocio que mueve mucho dinero negro. P. ¿Servirá de algo la iniciativa de la Generalitat de multar a prostitutas y clientes a través de la normativa de carreteras? R. Cualquier implicación del resto de Administraciones, con más recursos que nosotros, es positiva. En La Jonquera se han producido cinco accidentes de camiones en los últimos dos años por distracciones de los conductores al volverse a mirar a las mujeres.
La marca de la posesión machista Miles de mujeres son atacadas cada año con sustancias corrosivas Los agresores intentan condenarlas al ostracismo social
Cuando Elena se mire al espejo
Caras abrasadas por ácido
María R. Sahuquillo 22 JUN 2012 - 20:36 CET2
El 80% de las personas agredidas con ácido son mujeres. / Cordon Press Son agresiones con una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida. Dejar en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio. Una huella imborrable y dramática. El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma que no solo pretende causar un sufrimiento físico enorme —o, incluso, la muerte—, sino también para imponerle una condena social que la acompañará de por vida. Al mirarse al espejo, al observar las reacciones de los otros. Es la marca de la posesión. Una firma ardiente que lastra la vida, o lo que queda de ella, de miles de mujeres en todo el mundo. Las cicatrices en su cara, abrasada, las hacen perfectamente reconocibles; pero no existen estadísticas que digan cuántas personas sufren ataques con ácido u otros productos de este tipo en el mundo. Acid Survivors Trust International (ASTI), una organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos 1.500 agresiones, más del 80% a mujeres. La mayoría localizadas en países del sureste de Asia, África subsahariana, India occidental y oriente medio; aunque se contabilizan cada vez más casos en América Latina. Como en Colombia, donde la proliferación de ataques con químicos abrasantes ha llevado a las autoridades a revisar la ley para endurecer las penas contra los agresores que empleen este instrumento de terror. El 90% de los atacantes son hombres; casi siempre conocidos o con alguna relación con la agredida; un patrón común en todos los lugares.
Una organización que trabaja para la ONU cifra en 1.500 las agresiones al año Pretenden destruir la vida de la mujer a través de lo que la ONU considera una forma “devastadora” de violencia de género. Como la que cegó a la iraní Ameneh Bahrami, a quien un pretendiente despechado lanzó ácido y desfiguró hasta hacerla irreconocible cuando tenía 23 años. O a la joven camboyana Ponleu, atacada con un líquido corrosivo por su marido al que había pedido el divorcio tras cuatro años de malos tratos. En Europa, estas agresiones son anecdóticas, pero ocurren. Hace cuatro años, el exnovio de Katie Piper contrató a un hombre para que le rociase con un líquido corrosivo. La joven, de 24 años, modelo, sufrió lesiones severas. Hoy, tras decenas de operaciones, las huellas del terror que le surcan el rostro no se han borrado del todo. En Madrid, el pasado martes, María Ángeles, de 29 años, fue atacada en plena calle por un desconocido que le arrojó ácido. La policía investiga el caso y el entorno del marido de la chica, del que se está separando. El uso de productos como el ácido sulfúrico —que se extraen muchas veces del motor de los coches o motocicletas— es un acto premeditado con el que el agresor persigue un objetivo claro: “Tienen la intención de desfigurar permanentemente a la víctima, de causarle daños físicos y psicológicos brutales, de provocarle graves cicatrices y condenarla al ostracismo”, explica Meryem Aslan, responsable del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Un crimen cometido la mayoría de las veces por aquellos a quien la agredida ignoró o rechazó. “Los motivos más frecuentes para estos ataques son el rechazo por parte de las mujeres de las insinuaciones sexuales o las ofertas de matrimonio”, dice John Morrison, director de ASTI. O de maridos contra sus esposas, a las que pretenden repudiar o castigar. A veces, escudándose en acusaciones de supuestas infidelidades o comportamientos para ellos indecorosos. “También se ven ataques así de vez en cuando en los casos de violencia doméstica, por parte de las familias políticas; o son provocados por disputas comerciales o de tierras entre distintos clanes”, explica. Situaciones en las que los agresores atacan a la parte más vulnerable y sensible de la familia: una mujer joven en edad casadera o una niña que quedará marcada toda la vida. “Con la agresión le arrancarán su capital social, su aspecto; y el capital económico de su familia, que muchas veces se ve obligada a vender sus posesiones y, por supuesto, las tierras en disputa, para pagar los cuidados médicos de la menor”, enumera el director de ASTI, una organización que trabaja en países como Nepal, Uganda, Camboya o India. El 40% de las víctimas no ha cumplido los 18 años en el momento de la agresión. Y desde entonces llevará una vida difícil y con secuelas brutales físicas y psicológicas. Graves quemaduras —casi siempre en el rostro y cuello—, daños en las vías respiratorias o incluso ceguera. La mayoría no llegará a recuperarse nunca. “El trauma para estas mujeres es severo”, explica Linda Guerrero, directora de la Fundación del Quemado de Bogotá, que en los últimos años ha atendido a 33 mujeres. Todas jóvenes. “Necesitan muchas operaciones de reconstrucción e implantes de piel. Todas han sido agredidas en la cara, donde las marcas son muy visibles; muchas, además, han perdido un ojo”, enumera. Suelen tener afectados los huesos y funciones como la respiración o la deglución. “Además, tienen pánico a salir solas a la calle, sufren depresión y pesadillas”, dice Guerrero. A veces, cuenta, sueñan que vuelven a recuperar su rostro. Aquel que su agresor les quiso robar para atacar su feminidad. Patricia Lefranc cree que su expareja quiso matarla. Y si no lo lograba, provocarle la “muerte social”. Excluirla del mundo destruyendo su aspecto. Esta belga fue atacada en 2009 por su exnovio, Richard Remes, que la esperó en el portal de su casa y le lanzó ácido sulfúrico. El líquido le abrasó el rostro y el torso de tal forma que si no hubiera sido por las prótesis mamarias
que llevaba, le hubiera alcanzado los pulmones y el corazón. “Sentí que me quemaba, que me derretía. El dolor era inmenso”, explica por teléfono. En marzo, Remes fue condenado a 30 años de cárcel, pero la condena de Lefranc es para siempre. “Me ha convertido en un monstruo”, lamenta. Se ha sometido a 87 operaciones vitales y de cirugía reconstructiva, pero su rostro, convertido en un mar de cicatrices, sigue desfigurado. No queda nada de la mujer rubia y atractiva de antes de la agresión. Además, cuenta, no puede hacer una vida normal. El dolor le impide trabajar y como el ácido le abrasó también la garganta, tiene dificultades para tragar. “Es una agresión perversa, tremenda. En una sociedad como esta, donde se da tanta importancia a la imagen, desfigurar a alguien es imponerle una tortura constante”, dice su abogado Sven Mary. Lefranc tiene clarísimas las maquinaciones de su exnovio. Pero los expertos también sostienen que tras el uso de sustancias abrasantes no solo se haya la intención de dañar físicamente a la víctima. “Es un acto simbólico claro”, afirma Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia y especialista en delincuencia violenta. “Si ella le deja, él la dejará mutilada para que ningún otro hombre pueda disfrutar a su lado. Y además recibirá un castigo por rechazarle”, dice.
El grueso de los ataques se registra en el sureste de Asia, el África subsahariana, India y Oriente Medio El profesor de Psicología y de Criminología Clínica de la Universidad de Barcelona Santiago Rendondo cree que para saber qué pasa por la mente del agresor cuando usa este arma habría que iniciar una serie de estudios epidemiológicos. “Probablemente en un intento de asesinato hay un objetivo de venganza más salvaje que no se detiene a pensar las consecuencias sutiles. Pero en el uso de ácido hay una mayor sofisticación intelectual para hacer sufrir a la víctima y condenarla a una vida de sufrimiento prolongado”, observa. Miguel Lorente, profesor de Medicina Forense de la Universidad de Granada, ha analizado los instrumentos que utilizan los agresores machistas. Para él, este —y todos aquellos que signifiquen quemar a la víctima— tiene un doble objetivo: “Buscan ocasionar daño grave, mucho dolor y complicaciones severas o incluso la muerte; y, por otro lado, pretenden dejar a la persona marcada con secuelas estéticas brutales. Esto satisface al agresor que, si no mata a la víctima, deja de perseguirla y acosarla porque ve en sus cicatrices su firma y la devaluación de la mujer desde el punto de vista estético”, abunda el exdelegado de Gobierno contra la Violencia de Género. “Es como si dijeran: „Vete con quien quieras, que nadie te va a querer, te he marcado, he dejado mi firma”. Motivación que parece subyacer tras el ataque a la colombiana Gloria Piamba, de 25 años, agredida con ácido por un desconocido horas después de decirle a su expareja que no quería reconciliarse con él. El atacante le arrojó un líquido que le quemó la sien izquierda, parte de un ojo y el mentón. A veces, como ha relatado a varios medios colombianos, su exnovio —en libertad y sin que se le haya podido imputar ningún cargo— aún la llama y le dice “lo bella” que quedó tras lo ocurrido.
El motivo más común es el rechazo a relacionarse con el agresor Pero incluso cuando el agresor no tiene ninguna relación con la víctima —pocos casos, pero los hay y cada vez más, según ASTI—, el acto tiene un componente de posesión y dominio. “Lo consideran una forma de aleccionar a la mujer, a la que ven como alguien perverso. Intentan satisfacer sus principios y sus valores atacando su estética porque para ellos es la parte más
superficial de su poder y de su sexualidad”, explica Lorente. El desconocido que arrojó ácido a Gina Potes en Bogotá, por ejemplo, le gritó: “¡Eso le pasa por ser tan bonita!”. Porque el castigo no solo queda ahí. Luego empieza, sobre todo en los países en vías de desarrollo, otra condena: el rechazo social. “Las que sobreviven a un ataque con ácido tienen altas probabilidades de ser rechazadas por sus familias y sus comunidades, que de alguna manera las culpabilizan. La mayoría no puede volver a su trabajo, no son tratadas con respeto por parte de las autoridades que, a menudo, les niegan su apoyo”, remarca Morrison, de ASTI. Organizaciones como la suya trabajan para cambiar las leyes de los países donde más ataques se producen y endurecer las penas a los agresores, que la mayoría de las veces quedan libres y sin ningún cargo. Eso si la víctima denuncia, porque, según Maria José Alcalá, jefa de la sección de Violencia de ONU Mujeres, muchas deciden callar por miedo a que los familiares del agresor o su entorno se venguen. Por eso, dice, y por la falta de registros, es complicado cuantificarlas. Camboya trabaja en un proyecto de ley que, además de contemplar penas severas para este delito, regula la venta de sustancias corrosivas, muy fáciles de conseguir. Un camino por el que avanzan también las autoridades colombianas. En ese país, la detección de casos en los últimos años ha impulsado un proyecto de ley que amplía las condenas para los agresores y restringe la comercialización de estos productos.
Colombia va a endurecer la ley para castigar más este tipo de delitos Cristina Plazas, alta consejera para la Igualdad de la Mujer de Colombia, explica que además de ese trabajo legislativo se han revisado los protocolos de atención a las víctimas. También se ha creado una unidad policial específica que investiga estos delitos. Plazas, sin embargo, no habla de un aumento de casos —dice que han sido unos 30 en los últimos años, frente al recuento de más de 50 cada año que hacen las organizaciones que las tratan—, sino de una “mayor visibilización” del fenómeno. La consejera se muestra preocupada por el “manejo” que determinados medios o entidades dan al problema. “Puede estar generando una influencia para el aprendizaje criminal y el aumento de nuevos casos”, considera. Se están haciendo estudios sobre el perfil de la víctima y el atacante, para poder trabajar más en la prevención, añade. La abogada colombiana Mónica Roa, directora de programas de Women's Link Worldwide, se muestra alarmada por el fenómeno y cree que el abordaje legal no es suficiente. “En los últimos años hay una cantidad de leyes que recrudecen las penas para los diferentes tipos de violencia contra la mujer, pero en la práctica los fiscales y jueces no las están aplicando. Se vive un grave clima de impunidad rampante que deja estas reformas legales convertidas en letra muerta”, dice. También María José Alcalá, de ONU Mujeres, habla de prevención. “Es el arma esencial para transformar las actitudes y comportamientos que perpetúan y toleran la violencia contra la mujer, que entre otras formas de agresión, se manifiesta también en ataques con ácido”, opina. Pero mientras se lucha por cambiar determinados comportamientos y mentalidades, urge alejar este arma de los violentos. Un instrumento del terror con gravísimas consecuencias que se puede obtener levantando la tapa de un motor o por mucho menos de un dolar en muchas tiendas