Seguridad Pública y Lucha Contra el Narcotráfico

Presentaré legislación para codificar en ley federal el que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) tenga que publicar una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, enfocada en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, tal como el Congreso legisló para codificar el requisito de una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera Suroeste y una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera Norte. No hacerlo expone a toda la nación a no tener fronteras herméticas, permitiendo que lo que no pueda entrar por el Suroeste o el Norte entre por la frontera sureña del Caribe.

Aseguraré que ONDCP implemente la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020 recientemente publicada y que el gobierno federal asigne los recursos necesarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos para llevarla a cabo. Igualmente, y mientras logramos su codificación en ley, velaré que la Estrategia se actualice e incluya en futuras versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, como se requiere actualmente gracias a los esfuerzos que realicé junto a la Congresista de Florida Stephanie Murphy.

Continuaré abogando en el Congreso y ante agencias como ONDCP, el Departamento de Justicia federal y el Departamento de Seguridad Nacional para incrementar y fortalecer los recursos de ley y orden en Puerto Rico, incluyendo equipo, personal, tecnología y asistencia técnica y financiera.

Puerto Rico necesita a alguien en el Congreso que tenga las relaciones y sirva de enlace con el gobierno federal para garantizar que los recursos y equipos necesarios para combatir las organizaciones criminales transnacionales e incrementar las operaciones antidrogas en el Caribe sean asignados a la Isla, ya que es crítico para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para atender la incidencia criminal en la isla. Además de mejorar las capacidades de monitoreo y maximizar la efectividad de las operaciones antidrogas en la región.

Utilizaré los hallazgos en este reporte, junto a la recién publicada Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, para que no solamente se provea un financiamiento robusto a los distintos programas federales que proveen fondos anualmente a nuestras agencias estatales y municipales de ley y orden, como he conseguido a lo largo de este cuatrienio, sino para que el gobierno federal fortalezca e incremente el apoyo al Caribbean Corridor Strike Force (CCSF), uno de los 19 grupos de trabajo en la nación bajo el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia federal, cuya misión es identificar, interrumpir y desmantelar las principales organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero que operan en el Caribe. El CCSF está compuesto por la Administración para el Control de Drogas; la Oficina de Investigación Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; el Negociado Federal de Investigación; el Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos; el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Buscaré que se procesen más casos federales en Puerto Rico contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe. Las autoridades federales en la Isla tienen el conocimiento y las capacidades investigativas para procesar las interdicciones que se den en aguas caribeñas, particularmente en la región cercana a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Estos casos no deben llevarse a otras jurisdicciones de la nación cómo ha ocurrido en el pasado, especialmente cuando la inteligencia o información que ayudó a llevar a cabo la operación surgió de agencias federales en Puerto Rico, o cuando es evidente que la actividad delictiva se dirigía o llevaría a cabo en la Isla.

Como Comisionada Residente trabajaré para que los fondos para la transición a helicópteros de mayor capacidad y efectividad MH-60 en la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera se incluyan en cualquier acuerdo final entre Cámara y Senado para financiar el gobierno federal durante el año fiscal 2021. Los helicópteros MH-60 incrementarán la capacidad de la Guardia Costera en Puerto Rico para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Continuaré abogando ante el Comité de Asignaciones de la Cámara federal por un financiamiento robusto para los programas federales que proveen fondos anuales a las agencias estatales y municipales de ley y orden que, junto a las agencias federales, ayudan a proteger la frontera del Caribe de nuestra nación. Estos programas son, entre otros, el Byrne Justice Assistance Grant (Byrne JAG) Program, el Community Oriented Policing Services (COPS) Hiring Program, el Project Safe Neighborhood Program, el Body Worn Camera Program, el Bulletproof Vest Partnership Program, el State Homeland Security Grant Program, el Operation Stonegarden Grant Program, el Port Security Grant Program, el Emergency Management Performance Grant Program y el High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) Program.

Como Comisionada, en coordinación con la Oficina del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, abogaré por nuevas plazas de investigadores criminales alguaciles adjuntos federales (Criminal Investigator Deputy U.S. Marshal) y por lo menos una plaza de inspector del Grupo de Operaciones Técnicas que estén asignados específicamente en el Task Force que sirve al Distrito de Puerto Rico. Procuraré que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes escuche esta necesidad presupuestaria y obligue los fondos para reclutar el personal necesario para que los alguaciles federales puedan continuar haciendo su trabajo efectivamente.

Como vicepresidenta del Caucus de la Mujer en el Congreso, siempre he apoyado la igualdad y la seguridad de las mujeres. Como Comisionada Residente mi compromiso es continuar abogando para que, a las instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales relacionadas a los asuntos de la mujer se les sigan asignando los fondos necesarios para combatir la violencia doméstica, empoderar a nuestras mujeres a salir adelante de cualquier relación de violencia. A su vez, nos aseguraríamos que tenemos comunidades más seguras.